Se cumplieron ocho años de la derogación de las leyes de impunidad

Fue durante el gobierno de néstor kirchner
Se cumplieron ocho años de la derogación de las leyes de impunidad
Publicado el 3 de Septiembre de 2011
Por Gimena Fuertes
Los organismos defensores de los Derechos Humanos recordarán esa jornada histórica que terminó con cinco lustros sin justicia.

Un día como ayer, pero hace ocho años, quedaban sin efecto las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impidieron por más de 25 años juzgar a los genocidas que protagonizaron la más sangrienta dictadura de la historia del país.
“Desde H.I.J.O.S. estábamos acostumbrados a hacer escraches, y la nulidad de las leyes de impunidad hizo que nos replanteáramos nuestras políticas y nos abocamos a propiciar el avance en todos los juicios en todo el país”, contó Charly Pisoni, integrante de la agrupación. Para conmemorar la abolición de las leyes de impunidad, miembros de organismos de Derechos Humanos brindarán una charla este lunes para hacer un balance y plantear nuevos desafíos.
Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Horacio Pietragalla, de Abuelas de Plaza de Mayo; Eduardo “Wado” De Pedro, querellante en la causa ABO; y Pisoni, de H.I.J.O.S. se encontrarán este lunes en Bartolomé Mitre 1984 a las 18:30 horas.
El 2 de septiembre de 2003, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impidieron que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. Días antes, el 20 de agosto, la Cámara de Diputados sancionaba la ley que fue refrendada por el Senado el 25 de agosto.
El 24 de diciembre de 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, el Congreso promulgó la Ley de Punto Final por la que se establecía que “se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983.” Luego, el 8 de junio, se promulgaba la Ley de Obediencia Debida que benefició a “quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias” por haber “obrado en virtud de obediencia debida”. Si bien gracias a la lucha Abuelas se había logrado horadar la impunidad y juzgar a algunos militares, entre ellos Jorge Rafael Videla, por robo de bebés, recién a partir del 2 de septiembre se inició una etapa en la que se comenzó a juzgar masivamente a los genocidas.
Pisoni contó a Tiempo Argentino que “la nulidad de las leyes es uno de los hechos más importantes de los últimos tiempos en materia de Derechos Humanos y de lesa humanidad, porque fue el momento en el que se empezaron a abrir las puertas que estaban cerradas con muchos candados, producto de la lucha inclaudicable de los organismos y gran parte de la sociedad, y de la decisión política de Néstor Kirchner que rompió esos candados”.
La Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, que depende de la Procuración General de la Nación, contabilizó hasta el momento 807 personas procesadas, de las cuales 389 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio y otras 65 tienen alguna causa en la que la fiscalía solicitó la elevación a juicio. De este modo, más de la mitad (454) de los 807 procesados actuales, ya tiene alguna causa en etapa de juicio o cuenta con requerimiento fiscal de elevación a juicio.
Fuente:TiempoArgentino