13 de octubre de 2011
Una mujer que fue secuestrada en 1976 y estuvo detenida en el Batallón de Comunicaciones 181 prestó hoy declaración, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Bahía Blanca.
Se trata de María Cristina Jessene, quien se desempeñó como docente en una escuela de Bahía Blanca y que fue secuestrada el 20 de julio de 1976.
Ese día Jessene fue secuestrada por un grupo de hombres con uniforme del Ejército y de civil en momentos en que se aprestaba a ingresar a la vivienda de un familiar de Bahía Blanca.
Durante el testimonio, la mujer señaló que le preguntaron su nombre, que uno de los hombres le tomó el teléfono y tras ello la obligaron a abordar un automóvil para trasladarla a la Unidad Regional V de la Policía Bonaerense y tras ello al Batallón de Comunicaciones 181.
Ante el Tribunal Federal, la mujer señaló que "me cubrieron con una frazada, me ataron las manos y no sabía dónde estaba".
"Alguien me hacía preguntas, me pasaba un arma por la manos, hasta que alguién entró y dijo que pararan porque me costaba respirar", agregó.
La testigo relató que luego la trasladaron a una habitación donde "estuve seis días, sólo nos traían de comer y nadie me decía nada ni me preguntaba nada, yo no sabía porqué estaba allí".
Por último, la mujer afirmó que: "tenía mucho temor que me mataran, cuanto te apuntan con un arma en la cabeza te da ese temor, ese miedo siguió después de mi detención y en la calle me daba mucho temor encontrarme con personal policial".
La mujer fue liberada el 28 de julio de 1976 luego de diversas gestiones llevadas a cabo por su padre quien se desempeñaba como agente consular de Francia.
Fuente:Telam
Publicado el 11/10/2011
LA GARANTE
Esta mañana declaró que en septiembre de 1977 un grupo de personas irrumpió en su domicilio y la secuestró: “Me llevaron encapuchada. Me tuvieron unas horas, me picanearon, me dijeron que no diga nada y después me dejaron en mi casa”.
Las personas que realizaron el secuestro estaban de civil y le preguntaban por su hermana, militante de la Juventud Peronista, y por su firma como garante de la casa de calle Catriel donde el Ejército fraguó un enfrentamiento que tuvo como víctimas a Zulma Matzkin, Manuel Tarchitzky, Juan Carlos Castillo y Pablo Fornasari.
La testigo mencionó que “tiempo después me di cuenta que estuve en La Escuelita secuestrada. En ese lugar escuchaba el sonido del tren y perros”.
Sobre el alquiler de Catriel 321 dijo no recordar quiénes eran los inquilinos y que accedió a salir de garante porque su hermana se lo había solicitado. Esto sucedió luego del golpe de estado.
La inmobiliaria Martínez Falcón fue la que realizó las gestiones para el alquiler de la vivienda. Dora afirmó que el titular de esa empresa “ante un llamado de mi mamá” realizó gestiones y “me devolvió a la vida”.
“Supongo que esas gestiones fueron ante militares”, manifestó. Una vez liberada fue a agradecerle y el empresario “me contactó con una persona, para que cuando andará por la calle no me molestaran”. Castilla visitó a esa persona donde hoy funciona la Secretaría de Inteligencia de Estado en calle Vieytes al 400.
De la Masacre de Catriel solo recuerda que por los medios se hablaba de un enfrentamiento.
Su hermana Silvia Laura desapareció a mediados de 1977 y al día de hoy no su familia no sabe nada. Por testimonios de víctimas de la ESMA supieron que estuvo en ese lugar y que estaba embarazada.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
Publicado el 12/10/2011
"TEMÍA QUE ME MATEN"
María Cristina Jessene es docente jubilada. Tres décadas atrás vivía en Soler al 200 y trabajaba como profesora de matemática en el Ciclo Básico y en la escuela Media Nº 3.
Fue secuestrada el 20 de julio del 1976 en el domicilio de una familiar, en Irigoyen 252. Había salido a realizar unas compras y cuando regresó un grupo de efectivos del Ejército estaba apostado dentro y fuera del departamento. Sus captores estaban vestidos con ropas militares y civiles.
En el lugar le preguntaron su nombre, uno de los uniformados tomó el teléfono, le pidieron el documento de identidad y que los acompañara. La subieron a un auto donde había un muchacho en su misma situación. Los llevaron al destacamento policial Regional V en avenida Alem. Finalmente María Cristina fue encerrada en el Batallón de Comunicaciones 181.
En ese lugar “me cubrieron con una frazada, me ataron las manos. No sabía dónde estaba. Estaba sentada en una silla. Alguien me hacía preguntas. Me pasaba un arma por las manos, hasta que alguien entró y dijo que pararan porque me costaba respirar”.
María Cristina dijo que después del violento interrogatorio la trasladaron a una habitación donde había una mujer embarazada. “Ahí estuve seis días. Solo nos traían de comer y nadie me decía nada ni me preguntaba nada, yo no sabía por qué estaba ahí”.
La mujer embarazada con la que compartió su cautiverio era Estrella Marina Menna de Turata. Jessene aseguró que en el lugar y durante un día también estuvo una mujer de la que no recordaba su apellido pero se hacía llamar Felicitas.
Recordó que un cabo y el coronel Cipriano Argentino Tauber eran los que entraban al lugar y le hablaban sobre la situación por la que estaba “atravesando” el país y de las acciones que realizaba el Ejército.
“Tenía mucho temor que me mataran, cuando te apuntan con un arma en la cabeza te da ese temor. Este miedo siguió después de mi detención, en la calle me daba mucho temor encontrarme con personal policial”, comentó.
El padre de María Cristina Jenesse fue agente consular de Francia, condición que facilitó las gestiones para su liberación el 28 de julio de ese mismo año.
Posteriormente, logró conseguir un certificado de su detención por los días que faltó a su trabajo. Las autoridades militares le entregaron un papel que mencionaba que estuvo a disposición del Poder Ejecutivo Nacional durante ocho días pero nada decía sobre la falta de mérito dictada sobre la acusación en su contra.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
Publicado el 12/10/2011
CASO SOTUYO - MERCERO
Luis Alberto Sotuyo y su esposa Dora Rita Mercero vivían en 1976 en San Lorenzo 740 de la ciudad de Bahía Blanca. El 14 de agosto de ese año, personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército irrumpió en el domicilio y secuestró al matrimonio y a Roberto Lorenzo, un joven oriundo de Necochea que tenía una relación laboral y de amistad con Luis Alberto.
Esta mañana el Tribunal Oral comenzó a recibir testimonios en torno al caso y lo seguirá haciendo a partir de las 16 en la sede del rectorado universitario de Colón 80.
El mayor Ibarra y su patota -oficialmente conocida como Agrupación Tropas- participaron de la ejecución del operativo que incluyó el cercamiento de la zona aledaña al domicilio que atacarían, la irrupción por la fuerza, el secuestro de las personas que encontraron y su posterior traslado al centro clandestino reducidos para ser interrogados acerca de sus vidas y sus actividades políticas.
Luego del secuestro los dos hombres fueron subidos en un Peugeot y la mujer fue obligada a abordar un Fiat. Los tres jóvenes fueron llevados a “La Escuelita”. La casa permaneció ocupada por personal militar durante más de quince días y todas las pertenencias de la familia Sotuyo fueron robadas por sus captores. Se apropiaron hasta del contrato de alquiler suscripto por las víctimas y la propietaria del inmueble.
Mientras estaban encerrados en La Escuelita, el diario La Nueva Provincia publicó una nota titulada “Abatieron en nuestra ciudad a tres sediciosos”. Allí se difundía un comunicado del V Cuerpo de Ejército según el cual: “ante denuncias formuladas por la población sobre movimientos sospechosos que se observaban en la vivienda ubicada en la calle San Lorenzo 740 de esta ciudad en la madrugada del día de hoy, 14 de agosto de 1976, siendo aproximadamente la 00:30 efectivos del Ejército y de la Unidad Regional Quinta de la Policía de la Provincia de Buenos Aires bajo control operacional, efectuaron un procedimiento en la finca mencionada”.
“Al iniciarse la operación tres delincuentes subversivos pretendieron huir por los fondos de la casa, cubriendo su repliegue haciendo fuego con armas de grueso calibre. Los efectivos legales repelieron la agresión y como consecuencia del enfrentamiento, fueron abatidos tres delincuentes subversivos, dos hombres y una mujer, cuya identificación se procura establecer…””.
La falsedad de la publicación del diario fue asumida por el propio Adel Vilas, quien encuadró la noticia en una actividad “estrictamente operacional” prescripta por el “Reglamento de Operaciones Psicológicas”.
Según sus palabras la “confección del texto del comunicado oficial no se ajustó a la realidad de una parte de los hechos (…) dado que el operativo en cuestión había fracasado parcialmente, puesto que al llegar los presuntos ocupantes habían huido, no produciéndose por tal causa enfrentamiento ni detenciones, ni muertos, aunque sí hubo algunos disparos al ingresar a una habitación, pero ello fue con objeto intimidatorio por sombras, que luego se comprobó eran de algunos elementos colgados”.
En el mismo testimonio, el comandante de la subzona 51 no sólo reconoció que la casa quedó bajo custodia militar sino que también admitió el robo de los muebles y otras pertenencias de las víctimas.
Después del operativo “personal militar del Comando V Cuerpo de Ejército, quedó a cargo de la casa de la calle San Lorenzo que era donde funcionaba el frente territorial de la banda de delincuentes terroristas denominados Montoneros (…) la custodia quedó por un plazo de dos meses, estimándose que ese era el plazo prudencial para que el propietario tomara posesión de la casa nuevamente (…) los pocos muebles existentes, muy deteriorados y de casi ningún valor, fueron depositados en el Comando del V Cuerpo de Ejército, hasta tanto determinase quiénes eran los propietarios”.
Por si fuera poco, a la declaración de Vilas, se sumaron otras pruebas que, en su conjunto, refutan el contenido del comunicado y demuestran la concreción del secuestro, encierro y posterior asesinato del matrimonio.
Por ejemplo, una testigo compartió cautiverio con la pareja en La Escuelita y otro sobreviviente aportó datos sobre la forma en que fueron asesinados. Esta persona aseguró que tiempo después de haber sido liberado y mientras vivía en Bélgica, otra víctima le comentó que cuando se encontraba secuestrada en ese centro clandestino, pudo escuchar que un guardia decía que Junquera, González, Sotuyo y una chica apodada “Cortita” habían sido arrojados al mar desde un avión.
En tanto un conscripto oyó cuando el sargento primero Nievas aseguraba que “había limpiado” a Sotuyo y por ese motivo quería evitar ser visto por los familiares de la pareja que concurrían al V Cuerpo de Ejército buscando información sobre su paradero.
Según los informes dados por las municipalidades de Bahía Blanca, Villarino, Pringles, Tornquist y Saldungaray no existen registros que prueben la inhumación de los cuerpos de los tres “sediciosos” que habrían sido asesinados el 14 de agosto de 1976, en la finca de San Lorenzo 740.
Finalmente el capellán Dante Inocencio Vega, quien recibió en la capilla del Comando a familiares de las víctimas, les expresó que existía un lugar llamado “La Escuelita” y que allí estaban detenidos los jóvenes.
Los hechos reseñados, dieron lugar a múltiples diligencias por parte de los padres de Dora Rita Mercero y Luis Alberto Sotuyo. Todos los recursos de habeas corpus presentados fueron rechazados por la Justicia Federal de Bahía Blanca, también resultaron infructuosas las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia, instituciones religiosas, dependencias militares y policiales.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
Publicado el 13/10/2011
LA AMANSADORA DE DELMÉ.
José Antonio Aloisi, militante peronista y ex intendente de Necochea a principios de la década del ’90, declaró ayer en el juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
Aloisi, colectivero de profesión en los ’70, relató ante el Tribunal Oral la búsqueda y el peregrinar de su familia para obtener información acerca de lo sucedido con su cuñado Luis Sotuyo y su esposa Dora Rita Mercero, militantes de la Juventud Peronista que, según la versión oficial publicada por La Nueva Provincia habían sido abatidos en un “enfrentamiento” con las fuerzas del V Cuerpo.
El informe militar, reproducido también por medios nacionales como Clarín, mencionaba que una tercera persona había sido “abatida”. Se trataba de Roberto Lorenzo, amigo y compañero del matrimonio Sotuyo-Mercero. El lugar del supuesto “enfrentamiento” con las fuerzas represivas era el domicilio de San Lorenzo 740.
Aloisi mencionó que “después de esto nos cambió la vida. Pasaron dos semanas y recién ahí tuvimos noción de la gravedad. Me vine a Bahía y ayudé a mi suegro que era un hombre mayor. A medida que pasó el tiempo, nuestra casa empezó a despoblarse de amigos, empezamos a ser leprosos dentro de la misma familia”.
El ex intendente de Necochea dijo que al llegar a Bahía “pasamos por San Lorenzo 740, había un camión del Ejército y nos fuimos al V Cuerpo. Allí había personas como nosotros, preguntando lo mismo”.
Los martes y jueves en la puerta del V Cuerpo integrantes de la fuerza al mando del represor Hugo Delmé atendían a familiares de desaparecidos. “Había días que éramos 30 o 40, hasta 100 personas se juntaban. Nos trataban como si no fuésemos seres humanos, intentaban destruirnos moralmente”, recordó.
Aseguró que les hacían formar fila si les blanqueaban que algún familiar estaba “detenido”. “Todos queríamos estar en esa fila, porque sabías que estaba ahí”.
La familia Sotuyo no se quedó quieta más allá de las negativas militares y se vinculó con familiares de otros lugares y organismos de derechos humanos. Por esos días el testigo conoció al posteriormente presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, del que guarda un buen recuerdo.
Por gestiones de altos miembros de la Iglesia Católica contactó al capellán Dante Inocencio Vega que residía en el seminario de nuestra ciudad. En una de las visitas que le hizo José Antonio, el cura manifestó que “estos episodios en la Argentina -por el fusilamiento y la desaparición de personas- son como un partido de River y Boca”. José y su suegra le respondieron: “Indigna la cruz que usted lleva en el pecho”.
No menos de cinco encuentros hubo entre Aloisi y el capellán. En uno de ellos le comentó que había visto a los chicos en el Comando y que uno estaba herido, pero sabía que los iban a llevar a un lugar mejor. Vega intermedió para que “gente de Comunicaciones” recibiera a los familiares de Sotuyo.
Aloisi sostuvo que el cura le dijo que “había un libro negro con los nombres. La persona que me atiende viene con un libro. Cuando pedí por mi cuñado se termino la audiencia”.
La búsqueda de José también lo llevó al Juzgado Federal de Bahía Blanca, donde presentó tres habeas corpus. El actual diputado nacional Juan Pedro Tunessi fue quien le facilitó el trámite y por eso aun hoy valora su solidaridad y la ayuda recibida.
En las largas jornadas de espera para ser atendido por el juez vio como desfilaban por los pasillos muchos militares con papeles y documentación. En el juzgado, una empleada les comentó que en la sede de la Policía Federal existía un libro de fotos con personas que habían muerto en la vía pública.
“No encontré a mi cuñado. Pero todas las semanas había 10 o 12 fotos nuevas, jóvenes masacrados. En ese libro apareció quien había sido secuestrado junto a mi cuñado y que después aparece fusilado en una ruta”, denunció.
Por otra parte, relató que solicitaron al general Adel Vilas por carta, que los militares se retiraran de la vivienda de San Lorenzo al 700 para poder dar de baja el alquiler. Fueron atendidos por Jorge Alberto Burlando que, de mala manera y acusándolos de traidores a la patria por la forma en que se dirigieron al Ejército Argentino, les entregó una nota firmada por Vilas donde restituía el inmueble.
La misiva prueba que el Ejército estuvo involucrado en la desaparición del matrimonio Sotuyo-Mercero y contradice la versión del comunicado oficial. La vivienda fue destrozada tras la ocupación militar.
Finalmente, Aloisi insistió en que el represor Hugo Delmé era el militar responsable de contener y desgastar en la búsqueda a los familiares que se acercaban hasta el V Cuerpo de Ejército.
Su aporte sirvió para que el fiscal –con el acompañamiento de la querella- solicite la ampliación de la imputación contra el ex Jefe de la División “Registro y Enlace” del Departamento I “Personal” del Estado Mayor del Comando y de la subzona de seguridad 51. El pedido fue cuestionado por la defensa y el Tribunal comunicará su resolución durante la próxima audiencia.
Fuente:JuicioVCuerpoEjercitoBB
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