Analizan una posible reparación patrimonial a dos empresarios.

Los iaccarino fueron secuestrados y despojados de sus compañías en la dictadura
Analizan una posible reparación patrimonial a dos empresarios
Publicado el 11 de Enero de 2012
Por Gimena Fuertes

El planteo de las víctimas se debatirá en un juicio a partir de marzo. La figura legal nunca fue utilizada en el país.

Por primera vez en el país, empresarios expropiados bajo tortura durante la dictadura podrían recuperar el equivalente a su patrimonio después de 35 años de lucha judicial y personal. Los hermanos Iaccarino, prósperos empresarios lecheros que perdieron todo su patrimonio cuando fueron secuestrados por un grupo de tareas y llevados al centro clandestino El infierno donde fueron obligados a firmar la sesión de las acciones de sus empresas, llegarán en marzo a la instancia de juicio oral que les abrirá las puertas al pedido de reparación, una figura legal formulada por la ONU y que nunca fue utilizada hasta el momento en el país.
En noviembre de 1976, los hermanos Rodolfo, Carlos y Alejandro Iaccarino fueron secuestrados por grupos de tareas y tras estar en cautiverio durante 22 meses en distintos centros clandestinos y sufrir torturas y vejaciones fueron obligados en la Brigada de Investigaciones de Lanús a vender dos estancias de 25 mil hectáreas en Santiago del Estero y un avión de 120 millones de dólares. También bajo tortura les quitaron las acciones de una empresa láctea, a modo de “fianza” para obtener la libertad. A cambio les prometieron 28 hectáreas de una cancha de golf del Sierras Hotel de Alta Gracia, Córdoba, que nunca les entregaron. “Los valores de las tierras donde está la cancha de golf son los más altos que hay en todo Córdoba, es evidente que los intereses son demasiado fuertes. El daño que se nos viene haciendo es de mucho tiempo. Es por eso que vamos a pedir la reparación, porque saben perfectamente que sufrimos una situación de detención, tortura y extorsión por la cual tuvimos que firmar lo que nos pedían”, explicó Alejandro Iaccarino en diálogo con Tiempo Argentino.
La reparación integral es una figura del derecho internacional y será la primera vez que se reclame judicialmente en el país. Según explicaron fuentes judicales, normalmente se reclama una indemnización, pero los victimarios son policías bonaerenses enmarcados en un accionar terrorista desde el Estado, lo que habilita a que las víctimas puedan invocar esta figura. “Es una causa innovadora, la reparación integral y la investigación del accionar de la dictadura sobre empresarios donde no había motivación política sino un propósito económico”, detallaron fuentes judiciales.
El largo peregrinar de los hermanos en la justicia tuvo su primer logro el 13 de mayo pasado cuando la Sala II de la Cámara Federal de La Plata confirmó la decisión del magistrado Arnaldo Corazza a cargo del Juzgado Federal Nº 3 también de esa ciudad de procesar a los policías que los habían secuestrado. Los comisarios Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús fueron encontrados culpables de los delitos de extorsión, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos. Luego de la cesión compulsiva, los alojaron en la Unidad Nº 9 de La Plata, donde compartieron cautiverio con el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
El fallo de la Cámara, firmado por el juez Leopoldo Schiffrin, destaca que los Iaccarino “no militaban en ninguna organización enfrentada con el gobierno de facto, pero el plan criminal de la dictadura no estaba dirigido a atacar solamente a las personas que sí lo hacían. Ha quedado en evidencia que ese plan incluyó también como objetivo el aprovechamiento de la maquinaria represiva ilegal para favorecer intereses políticos y económicos vinculados a la dictadura, a expensa de hombres de empresa, cuyo desenvolvimiento en los negocios era apetecido por aquellos intereses, o significaba obstáculo para sus planes”.
Ahora, el 20 de diciembre pasado el juez Corazza se declaró competente para todas las causas que habían quedado gravitando en la justicia cordobesa, donde están las tierras que los empresarios pretenden recuperar, queden bajo su órbita. A su vez, se espera para marzo el primer juicio oral en el país que se llevará a cabo contra estos dos policías bonaerenses autores del secuestro de los empresarios con motivos económicos. Según explicaron fuentes cercanas a la causa, la apropiación de bienes bajo tormento da cuenta del accionar de la maquinaria del Estado y el de los Iaccarino constituye uno de los primeros casos en los que se va a investigar el accionar de la dictadura sobre empresarios. A su vez, marcará cuáles fueron las complicidades civiles, ya que para cometer los delitos participaron escribanos y funcionarios judiciales.
La sentencia de este histórico juicio oral abrirá las puertas a que las víctimas puedan pedir la reparación integral por los bienes perdidos y el daño sufrido. “Pedimos una reparación a través de un expediente de acción civil que se presenta en sede penal. Tienen que reconocer el daño causado por el Estado a la familia y sobre eso establecer el monto para ponernos en la misma situación patrimonial al día anterior a la detención. Todo lo que nos sacaron, nos lo tienen que devolver”, relató Alejandro Iaccarino.
Fuentes judiciales estimaron que el juicio oral que se llevará a cabo en el Tribunal Oral Federal Nº 1 contra los policías secuestradores será expeditivo ya que las víctimas que prestarán su testimonio son sólo dos y el desapoderamiento ilegal en base al accionar terrorista ya está probado en el expediente. El juez que llevará el juicio oral es Carlos Rozanski, con Hernán Shapiro y Marcelo Molina como fiscales. Este juicio se convertirá a su vez en un relato público de los hechos, lo que tendrá repercusión en la causa por la apropiación de bienes.
Florencia Arietto, abogada de los empresarios Iaccarino explicó que para pedir la reparación “se realizará un análisis pericial de lo que robaron, incluyendo el avión particular, los campos y las acciones de las empresas”. “Está todo probado en el expediente, incluso con confirmación de la Cámara. Con la condena en la mano podremos pedir la reparación económica. Es la primera vez que se presenta como terrorismo de Estado esta acción y en un juicio reparación económica. No hay antecedentes. Nos basamos en el protocolo de Naciones Unidas para el tratamiento de las víctimas del terrorismo de Estado.

Opinión
Hacia una justicia completa
Publicado el 11 de Enero de 2012
Por Luis Alén Subsecretario de Derechos Humanos.

Entre los crímenes de la última dictadura cívico-militar, no fueron pocos los que tuvieron una motivación económica, fuera por la ambición personal de sus autores, o porque las víctimas no encajaban en el modelo de exclusión, sometimiento y marginación que impulsaba José Martínez de Hoz. Entre esos casos está el de la familia Iaccarino, despojada de propiedades en distintas provincias al mismo tiempo que se frustró un proyecto productivo que aspiraba a crear un polo de desarrollo lácteo en el NOA, fuera de los grupos tradicionalmente monopólicos en el sector.
Detenidos en Santiago del Estero, trasladados a La Plata y víctimas del macabro Circuito Camps, recién ahora los Iaccarino ven cómo sus reclamos progresan, en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y esperan no sólo que el juez Corazza eleve su causa a juicio oral y público sino también que se les otorgue la reparación económica por la que tanto lucharon.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación creó, para casos como estos, una Unidad Especial de Investigación de los Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica. Más de 600 empresas e industrias de distintas magnitudes fueron relevadas como apropiadas, destruidas, obligadas a la quiebra o a la desaparición por el accionar de los terroristas de Estado. Sus casos están siendo investigados para determinar los crímenes de lesa humanidad que pudieron haberse cometidos, y los responsables. Uno de ellos, con la presentación como parte querellante ya efectuada, es el de los Iaccarino. Pero tal vez el más notable siga siendo Papel Prensa.
Es indudable el avance que mostraron los procesos contra militares e integrantes de las fuerzas de seguridad responsables del genocidio en los últimos años. Pero ello debe extenderse a los responsables civiles, que hasta ahora vienen eludiendo el castigo de la justicia. Y, para que esa justicia sea completa, habrá que lograr que paguen también por los daños económicos causados.
Fuente:TiempoArgentino