Año 5. Edición número 197. Domingo 26 de febrero de 2012
Por Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal
dcecchini@miradasalsur.com
Arnaldo Corazza, el magistrado que investiga a la CNU, enfrenta una queja por “retardo de justicia”.
Las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Justicia Ya y Abuelas de Plaza de Mayo de La Plata están evaluando la posibilidad de presentar ante la Cámara Federal un recurso de queja por retardo de justicia contra el titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Arnaldo Corazza –quien tiene a su cargo el grueso de las causas por los crímenes cometidos por el grupo de tareas platense de la Concentración Nacional Universitaria (CNU)–, en otras tres causas relacionadas con crímenes de lesa humanidad.
La presentación del recurso se debe a las tardanzas del magistrado en dictar las medidas solicitadas por los querellantes y por los fiscales (básicamente citaciones y procesamientos de policías identificados como integrantes de patotas represivas) en las causas que investigan los crímenes cometidos en los centros clandestinos del Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y la Brigada de San Justo.
Según fuentes judiciales, en estos tres casos, además de no responder a los pedidos e ignorar las solicitudes de pronto despacho presentados en abril y en diciembre de 2011, el juez corrió vista a la Fiscalía y a las querellas para cerrar la instrucción y elevar las causas a juicio en las condiciones actuales, en las que prácticamente no hay detenidos ni procesados, más allá de un grupo de policías ya condenados o procesados por otros delitos. “En todas las causas importantes (Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, comisarías de San Justo y Lanús) y en las residuales de Arana, Comisaría Quinta de La Plata y Brigada de Investigaciones, los acusados son siempre los mismos: un copy-paste de los ocho comisarios que aparecen en las causas madres de Camps y Etchecolatz. “En realidad ahora son siete porque uno de ellos falleció”, explicó a Miradas al Sur un abogado cercano a las querellas. “Según la jurisprudencia deben darse dos condiciones básicas para que proceda un recurso por retardo de justicia: la primera es que la causa objeto del recurso esté en condiciones de que se dicten los pronunciamientos solicitados y la segunda es que los plazos legales estén vencidos. Para las querellas ambos requisitos estarían plenamente acreditados para interceder el recurso que, de prosperar, permitiría la intervención del tribunal superior para eventualmente obligar al Juzgado a resolver favorablemente las solicitudes de los querellantes y las requisitorias fiscales”, agregó.
En este contexto, Miradas al Sur pudo saber que el accionar del juez Corazza y de su secretario, Ricardo Botto, también provoca preocupación entre las querellas de las causas que deben investigar el accionar del grupo de tareas de la CNU platense capitaneado por Carlos Ernesto Castillo (a) El Indio. Se trata de una preocupación que no carece de fundamentos, no sólo porque estos procesos avanzan con llamativa lentitud, sino debido a una serie de actitudes que viene tomando el secretario Botto ante querellantes y testigos.
El amanuense funcional. Nombrado por Corazza como titular de la Secretaría Especial del Juzgado, Ricardo Botto es el hombre de confianza del juez. “La Secretaría Especial está conformada por Botto, Mariano Pérez y Pablo Schapiro. Pero es evidente que todo el poder sobre la operación cotidiana y los procedimientos procesales recae sobre Botto, quien es el que concede audiencias, organiza reuniones, sugiere cursos de acción, y ordena o desestima las medidas y procedimientos”, describió a Miradas al Sur una fuente del juzgado platense.
Ricardo Botto trabajó en la década de los ’90 y principios de 2000 en el juzgado de Corazza como empleado común, sin cargos o responsabilidades importantes. En 2007 pasó a la Cámara de Apelaciones donde llegó a ser prosecretario. Estuvo poco tiempo. “Lo eyectamos por inútil”, dijo a este dominical un abogado que se desempeña en la Cámara. Volvió entonces al Juzgado Federal Nº3 de La Plata donde –con el egreso casi simultáneo de dos antiguos secretarios, Juan Martín Nogueira y Edgardo Salatino a fines de 2009– fue designado por el juez en la Secretaría Especial. El procedimiento para los nombramientos del personal que no concursa es absolutamente discrecional: los jueces y camaristas designan prácticamente “a dedo” sus colaboradores con el sólo requisito formal del título de abogado para secretarios y prosecretarios.
“El nombramiento de Botto muestra los resultados de este proceder, que deja mucho margen para que la carrera judicial de cualquier ingresante se construya en base a relaciones de parentesco, amistad, afinidad política, religiosa o simple azar. Corazza eligió a Botto por considerarlo fiel, pero se trata de un hombre que no tiene ninguna formación jurídica sólida, ni en los fundamentos filosóficos ni en los vericuetos procesales”, explicó a Miradas al Sur un abogado penalista que suele fatigar los pasillos del Juzgado platense. La impresión unánime de varios abogados querellantes consultados por los autores de esta investigación es que su falta de conocimientos, su impericia y cierta animosidad o displicencia en el trato con letrados, querellantes y testigos resultan en un perjuicio objetivo en la marcha de los juicios que están. “Cuando los abogados discuten con él sobre las causas, es evidente que las conoce apenas superficialmente, no sabe los detalles, no recuerda nombres de acusados, detenidos o prófugos, no expone claramente líneas de investigación a seguir y, sobre todo, no avanza en la citación e indagatoria de personal policial denunciado por las querellas”, precisó uno de ellos.
Botones para una muestra. Sin embargo, Botto no puede hacer nada sin la anuencia de Corazza. “Quien imparte justicia es el juez. El secretario es un funcionario que no tiene poder de decisión. Y si hay un planteo que no fue resuelto en un juzgado cuando debería haber sido resuelto (por ejemplo, un pedido de excarcelación o un habeas corpus, que son presentaciones que sí o sí deben ser resueltas, por la negativa o por la positiva), el retardo de justicia se presenta ante la inacción del magistrado. En todo caso, si existe alguna responsabilidad del secretario, que sólo da fe de la actuación del magistrado, el juez deberá promover un sumario administrativo para deslindar su responsabilidad. Pero en el proceso en sí, el que manda y el que es responsable es el juez”, explicó a este dominical el penalista Rodolfo Yanzón. La investigación de Miradas al Sur recogió algunos ejemplos del accionar del tándem Corazza-Botto.
Causa Brigada de investigaciones de La Plata: la Fiscalía emitió requisitorias para el procesamiento de 29 represores. Fueron procesados 12, sólo seis de ellos continúan detenidos y algunos con prisión domiciliaria. Aquí corre también la impunidad biológica: de los 29 solicitados, cuatro murieron sin ser citados.
Causa Pozo de Banfield: en el inicio de la causa, cuando se discutía el camino a seguir y los probables enjuiciamientos de personal policial, Botto –hablando del titular de la Brigada sede del centro de detención– manifestó: “Yo no sé si este comisario sabía que en la comisaría funcionaba un centro clandestino”. Es como decir que Chamorro no sabía que funcionaba un centro clandestino en la Esma. Los querellantes tenían identificados a 32 represores de los cuales ninguno ha sido citado a declarar, ni siquiera en calidad de testigos.
Causa Pozo de Quilmes: están identificados en detalle 41 represores. No hay imputaciones ni citaciones.
Causa Comisaría Quinta: las requisitorias fiscales solicitaron 30 procesamientos. Se concretaron sólo nueve, de los cuales hay tres en prisión y –otra vez la biología– dos fallecidos. Escuela Naval de Río Santiago: en diciembre de 2010 el juzgado ordenó una inspección ocular de las instalaciones. En ese acto, varios ex detenidos reconocieron con precisión las características del lugar. Se solicitó –y finalmente se logró– que el Juzgado dicte medida de no innovar sobre esas instalaciones a fin de preservar su estado actual. Botto se opuso férreamente a la medida argumentando que no “se le podía hacer eso a una institución como la Marina”. No sería ajena a esa postura su amistad con un abogado que defiende los intereses de la Armada.
“A full con la CNU.” Los autores de esta investigación han señalado en reiteradas ocasiones la lentitud con que avanzan las causas por los secuestros y asesinatos cometidos por la banda de la CNU platense radicadas en el juzgado de Corazza. Hasta ahora hay solamente dos detenidos: Carlos Ernesto Castillo (a) el Indio y Juan José Pomares (a) Pipi. Varios de los querellantes se han quejado a Miradas al Sur por lo que consideran maltratos, intimidaciones y muestras de negligencia por parte del secretario especial de ese Juzgado, Ricardo Botto. Aquí van algunos ejemplos:
–Durante una reunión con un funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos Provincial, en la oficina de Botto, el secretario salió de su despacho y dejó la puerta abierta. Mientras lo esperaba, el atónito funcionario vio circular por el pasillo, sin esposas, a Carlos Ernesto Castillo. Lo vivió como una intimidación.
–En el momento que familiares de una de las víctimas de la patota de la CNU estaban dialogando con uno de los auxiliares de Botto, éste entró a la oficina y, sin mirarlos, se dirigió a su subordinado. “Fulano (Miradas al Sur mantendrá este nombre en reserva) vino como querellante y tuvo que irse como testigo protegido”, le dijo sin que viniera a cuento.
–A principios de este mes, otro querellante, cuyo hermano fue asesinado por la CNU en 1975, se presentó en el Juzgado para aportar el domicilio de un integrante de la patota de Castillo. Lo atendió Botto. “No le prestó ninguna atención a la información. Ni siquiera quiso revisar el número de la causa. Sin embargo, nos dijo que uno de los canas que había sido miembro de la CNU de La Plata, que le había ofrecido entregarle a todos los miembros de la patota a cambio de su inmunidad, confesó haber participado de muchas de las operetas de la patota, y que se los quería entregar porque era el único que había quedado fuera de la repartija. Y nos explicó que por ‘razones de ética’ había rechazado el acuerdo. Lo extraño es que a pesar de que este hombre le confesó su participación, no fue detenido ni en ese momento ni nunca”, relató a los autores de esta investigación.
Mientras tanto, ante abogados de otras querellas que se quejan por la lentitud del Juzgado, Ricardo Botto defiende su inoperancia –y la de su jefe, Arnaldo Corazza– con una frase sorprendente: “Lo que pasa es que estamos a full con la causa CNU”.
Fuente:MiradasalSur
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