Famatina: la minera frenó su plan hasta obtener la “licencia social”
Publicado el 1 de Febrero de 2012
Por Rodolfo González Arzac
La compañía Osisko Mining Corporation difundió ayer un comunicado en el que anuncia que no avanzará en el proyecto minero en Famatina si no obtiene la licencia social. La licencia social es una exigencia de la Ley Nacional de Protección Ambiental para la actividad minera. Y es, al fin, el acuerdo de los pobladores conseguido a través de diversas instancias como consultas populares o audiencias públicas. El parte de prensa surgió en medio de una baja de las acciones de la empresa canadiense ante el corte de ruta que mantienen hace un mes los pobladores de la zona en oposición al proyecto de minería a cielo abierto. Los asambleístas recibieron las noticias con incredulidad. Dos días atrás, la misma firma y el gobierno de Luis Beder Herrera habían lanzado, con gran impulso, una campaña de información para tratar de dar vuelta la opinión de los riojanos.
El intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, escribió para este diario una columna en la que retrata el clima con el que se recibió la noticia. “Una noticia alentadora, que sin embargo no fue recibida con mucha alegría en nuestra comunidad, sino con mucha cautela; una cautela propia de alguien que desconfía, de alguien que ha recibido muchas mentiras y engaños, de alguien que vio y escuchó cómo las palabras se las lleva el viento”, contó Bordagaray, del Frente para la Victoria (ver aparte). María Pía López, comunicadora social, vecina de Chilecito y asambleísta, completó el panorama. “El comunicado dice lo mismo que dijo Barrick Gold, en 2007, cuando abandonó el proyecto. El problema fue que no dijo que lo abandonaba y tuvimos que sostener el corte igual. Pero lo que sí sabemos es que las acciones de Osisko han bajado. Y que la empresa, tal vez, lo haga para recuperar la confianza de sus accionistas”, analizó. Y sembró de dudas la jugada de la compañía, teniendo en cuenta la campaña de información lanzada pocos días atrás por el gobernador (tras una marcha que convocó a 10 mil personas en la capital riojana). “El comunicado de Osisko va de la mano con lo que dijo el gobernador. No responde a lo que pedimos: que es que se rompa el convenio. Y no hace más que dilatar el conflicto”, añadió López.
Los vecinos de Famatina y de los pueblos cercanos dieron a conocer su punto de vista con otro parte informativo. “Nosotros, las comunidades organizadas en defensa de la vida y por el principio básico de la autodeterminación de los pueblos, ratificamos el corte informativo y selectivo por tiempo indefinido ubicado en Alto Carrizal en el departamento Famatina, iniciado el día 2 de enero de 2012. Confirmamos con esta acción que ninguna empresa ni proyectos mega mineros tienen licencia social en nuestros territorios”, dicen en sus primeras líneas los asambleístas. “La pueblada del Famatina conoce las prácticas y metodologías que realiza el gobierno liderado por Luis Beder Herrera, es por eso que rechazamos el ‘plan de información y capacitación’ entendiendo que se trata de un disfraz de compra de voluntades”, agrega. Y, luego, pasa a detallar las exigencias que le hacen al gobierno de La Rioja y también al nacional.
Una semana atrás, Tiempo Argentino, publicó una columna de la socióloga Norma Giarraca donde se destacaba que la Ley 24.585 obligaba a Beder Herrera a consultar para darle la licencia social a la minera. “Si no se han llevado a cabo las consultas es porque las autoridades conocen muy bien la voluntad absolutamente mayoritaria de las comunidades de no habilitar ninguna inversión minera”, razonaba Giarraca. El lanzamiento de una campaña de información, a todo vapor, parece haberle dado la razón.
Opinión
Llámenos incrédulos
Publicado el 1 de Febrero de 2012
Por Ismael Bordagaray Intendente de Famatina.
Finalmente y luego de mucho esperar hemos recibido la noticia, mediante comunicado de prensa de la empresa, que sin licencia social Osisko no continuará con el proyecto Famatina. Una noticia alentadora, que sin embargo no fue recibida con mucha alegría en nuestra comunidad, sino con mucha cautela; una cautela propia de alguien que desconfía, de alguien que ha recibido muchas mentiras y engaños, de alguien que vio y escuchó como a las palabras se las lleva el viento.
En nuestro pueblo la gente continúa organizada y movilizada hasta tanto el convenio de Osisko y EMSE sea rescindido. Ese será el punto en el cual nuestra ciudadanía cesará en su reclamo para volver a la normalidad.
Extraña, y hasta parece increíble, como aún el gobierno provincial no abre un canal de diálogo y no comprende que la resistencia de la gente sólo decaerá con el convenio rescindido.
La fuerza del reclamo popular se hizo sentir en la última marcha en la capital riojana y aún así sólo escuchamos funcionarios que pretenden minimizar y politizar un reclamo tan simple y claro como la defensa de la vida y el agua.
Considero que los integrantes de la clase política debemos entender que es necesario inaugurar una nueva manera de hacer política basada en el consenso y en el respeto de las decisiones de la comunidad. La mejor manera de honrar y fortalecer la democracia es acompañar al pueblo, que es en definitiva el soberano
La minería y la doble moral en el debate
Publicado el 1 de Febrero de 2012
Por Gustavo Sánchez InfoNews.
Mientras el segundo de Clarín busca avanzar con un emprendimiento arrocero que amenaza los Esteros del Iberá, desde las páginas y pantallas del monopolio se agitan las movilizaciones contra la megaminería. La dosis de emoción insoslayable y la falta de discusión profunda.
Como quedó demostrado durante el fugaz protagonismo del “Grupo A” en la Cámara de Diputados, la complejidad de los alineamientos políticos poco tiene que ver con supuestos ideológicos o lineamientos estratégicos. Y cuando comienzan a tallar los monopolios mediáticos, el panorama puede resultar todavía más inverosímil.
Durante estos días, asistimos a una nueva dosis de cinismo del Grupo Clarín, y de oportunismo político por parte de una oposición variopinta que busca montarse sobre un activismo social asambleario que, como sucedió en Gualeguaychú, suele ser presa fácil del fundamentalismo.
Mientras el segundo del Grupo, José Antonio Aranda, busca avanzar impunemente con un emprendimiento arrocero que amenaza los Esteros del Iberá, desde las páginas y pantallas del monopolio se agitan las movilizaciones contra la megaminería, a las que por todos los medios –valga la redundancia– se busca asociar con el gobierno nacional.
El “ambientalista” Pino Solanas, visitante asiduo de TN, ha sido coherente en la consigna contraria a la megaminería, pero lamentablemente con una formulación que, lejos de ayudar al debate, tiende a impedirlo. Su recurrente denuncia acerca de la “depredación de los recursos naturales” poco aclara, por ejemplo, sobre qué debería hacerse con unos minerales que en todo el mundo son sometidos a actividad extractiva.
Planteada así la consigna, se elude el debate sobre cuestiones más interesantes, como la eventual estatización del recurso o la discusión sobre las regalías y cargas impositivas acordes con la rentabilidad de la actividad. También se evitan las menciones a la situación en otros países, como Brasil, que buscan aprovechar los altos precios de los commodities minerales para apuntalar el desarrollo industrial, algo en lo que se esperaría acordar con gente como Solanas.
Lamentablemente, entre la maraña de voces de funcionarios, empresarios del sector, políticos de la oposición y, sobre todo, vecinos indignados, que tan bien encuadran en las lógicas mediáticas del escándalo y la denuncia solanista, no es posible dar con otras voces que sería interesante oír. No para dirimir la cuestión, que es materia inobjetable de la política y las fuerzas sociales, sino para encauzarla en términos más racionales.
Esas voces, provenientes de la academia, no tienen lugar hasta el momento en el debate sobre la explotación minera, sus impactos diversos y sus condiciones de posibilidad, como no la tienen tampoco en ninguna otra cuestión de importancia tratada por los medios dominantes, demasiado ocupados en generar escándalos para pegarle al gobierno.
Fuente:TiempoArgentino
01.02.2012
La minera de Famatina aclaró que el proyecto "no se cancela"
En un comunicado difundido ayer, Minera El Portal, subsidiaria de Osisko, aseguró que el proyecto de exploración en Famatina "está en etapa de organización". Además, acusó a los manifestantes de cometer un "error" y dijo que las versiones sobre la contaminación de la megaminería son "mitos imperantes".
La empresa mendocina Minera El Portal S.A., subsidiaria de Osisko Mining Co., aclaró en un comunicado que el proyecto de explotación minera en Famatina “está en etapa de organización” y que se encuentran preparando un plan de comunicación para “despejar dudas” sobre el impacto ambiental.
El texto comienza desmintiendo las versiones periodísticas: “Es terminantemente falsa la interpretación indicando que se cancela el proyecto de exploración en la zona de Famatina, en la provincia de La Rioja” y luego aclara que “los potenciales recursos mineros del Proyecto Famatina son propiedad de los riojanos y parte importante de su desarrollo económico”.
Más adelante niega que vaya a haber, en principio, un plan de explotación: “En el presente, el proyecto Famatina es sólo un proyecto de exploración. Al día de la fecha no existe ningún plan, diseño o intención en el corto o mediano plazo de tener una operación minera”.
También asegura que el equipo profesional de El Portal “está integrado por geólogos argentinos, egresados de las universidades públicas del país” y “comprometidos en el cuidado y preservación del medio ambiente”, a la vez que asegura que “la empresa se compromete a realizar un trabajo social y ambientalmente responsable”
Alegando que “todas las preguntas y dudas de la comunidad tienen respuestas científicas y técnicas concretas” y que lo que se ha divulgado son “mitos imperantes”, informaron que se está trabajando en un “plan de comunicación dirigido al total de la comunidad riojana, en sintonía con el propuesto por el Gobierno de La Rioja, para esclarecer, informar y despejar dudas sobre la actividad y el proyecto” y brindar “tranquilidad a los residentes de Famatina”.
Además, la empresa criticó a los habitantes de Famatina y a las organizaciones ambientalistas que se movilizaron contra la instalación de la minera, a las que acusó de cometer un “error” al referirse al proyecto como “megaminería”. “El desarrollo de una mina es aún altamente hipotético debido al poco conocimiento acerca de la cantidad, calidad y ubicación del recurso mineral que podría existir”, señala el comunicado, y agrega que las protestas “han obstaculizado los esfuerzos de los representantes de MEP de realizar los contactos iniciales de diálogo e información con las comunidades vecinas al proyecto Famatina”.
Por último, indica que, “en caso de que la futura exploración fuera exitosa”, la empresa “se compromete a fomentar la creación de organismos de control comunitario, que se encarguen de forma independiente del monitoreo y el cuidado del agua, el aire y el suelo”.
Fuente:InfoNews
LA VISION DE UNA ORGANIZACION AMBIENTALISTA
El contramapa de la megagaminería
Por Darío Aranda
“En Argentina hay decenas de Famatina”, avisa Urbano Cardozo, jubilado, militante socioambiental, que vive desde hace 73 años en la cuna de la megaminería argentina: Andalgalá (Catamarca), donde hace 18 años se instaló Bajo la Alumbrera, el yacimiento de oro y cobre más grande del país. “Es el caso testigo de que no produce ni trabajo, ni desarrollo local y sí produce contaminación”, denuncia Cardozo y advierte que Famatina es “un paso más hacia la pueblada nacional que tenemos que hacer contra el saqueo y la contaminación”. Según datos de la Secretaría de Minería de Nación, la exploración minera aumentó en los últimos ocho años un 664 por ciento. Un informe de la Red de Asistencia Jurídica contra la Megaminería (Redaj) detalla que en la actualidad se encuentran en explotación 14 yacimientos y existen al menos 121 proyectos en exploración. “El avance minero tiene directa vinculación con la violación de derechos humanos, observamos que ante cada intento de instalación se produce una alta conflictividad social que lleva años sin resolverse, como es el caso de Famatina y Andalgalá”, denunció Soledad Sede, de la Redaj.
En la década del ’90 se sancionó la ingeniería legal para el de-sarrollo de la megaminería. En 1994, comenzó la construcción del yacimiento Bajo la Alumbrera, de capitales suizo-canadiense. En la actualidad están en marcha otros 13 proyectos: Cerro Vanguardia, San José-Huevos Verdes, Manantial Espejo, Martha y Espejo (Santa Cruz); Veladero, Casposo y Gualcamayo (San Juan); Pirquitas y El Aguilar (Jujuy); Salar del Hombre Muerto (Catamarca), Campo Quijano (Salta) y Andacollo (Neuquén). San Juan cuenta con dos proyectos en construcción: Pachón y Pascua Lama, el primer megayacimiento binacional, en manos de la Barrick Gold.
La Secretaría de Minería de la Nación informó en un comunicado el 13 de enero: “Histórica inversión de riesgo. 1.031.600 metros perforados. Se perforó un 41,3 por ciento más que en 2010 y un 664 por ciento con respecto al inicio de 2003. Permite promover nuevos emprendimientos productivos”, destacó la Secretaría (“metros de perforaciones” es la forma en que se mide la actividad exploratoria).
El comunicado remarcó que “el record histórico ratifica a la Argentina como uno de los países con mayor dinámica en esta actividad”. Y explicó que “el fuerte aumento de la actividad exploratoria generó la aparición de nuevos emprendimientos, el país ya cuenta con más de 600, en todo concepto”. Y detalló que las principales provincias con proyectos mineros son Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca, Jujuy, Mendoza, Neuquén y La Rioja.
Según datos oficiales del informe de 2009, “La minería en números”, en 2003 había sólo 40 proyectos mineros. En 2009 ya eran 336 (840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
La Red de Asistencia Jurídica presentó a fines de 2011 ante la Defensoría del Pueblo de la Nación el relevamiento “Informe preliminar sobre vulneración de derechos y conflictividad socio-ambiental minera”, en el que focalizó en la megaminería. Contabilizó 121 proyectos en “exploración avanzado” (en los que ya se conocen las ubicación y calidad de las reservas pero aún no se resuelve la solvencia económica para dar inicio a la explotación). Encabezan la lista Santa Cruz (36 proyectos), Salta (17), Chubut (14), San Juan (11) y Jujuy (ocho). Le siguen Neuquén (siete); Mendoza, La Rioja y Río Negro (seis cada una) y Catamarca (cuatro).
“Los proyectos son propiedad de 51 empresas, sólo dos de capital nacional y 49 de capital transnacional: Canadá, Reino Unido, Australia, Estados Unidos y Suiza (entre otros)”, destaca el informe y advierte que “la instalación de transnacionales mineras implica diferentes conflictos sociales, jurídicos y ambientales, entre los que destacamos la utilización intensiva de químicos de alta toxicidad y el consumo masivo de agua y energía, situación que coloca a la actividad en una condición estructural de tensión con las poblaciones y actividades económicas locales”.
Argentina cuenta con 5000 kilómetros de cordillera. En una centena de pueblos existen asambleas socioambientales. Siete provincias limitan algún aspecto de la megaminería (Tucumán, Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tierra del Fuego y Chubut).
Río Negro también limitaba la megaminería (prohibía el uso de cianuro). Al asumir en diciembre pasado, el Frente para la Victoria (Carlos Soria, luego reemplazado por Alberto Weretilneck) derogó la ley y dieron luz verde a la minería. Hubo movilizaciones en Viedma, Ingeniero Jacobacci y todos los miércoles se reúnen en Bariloche en rechazo a la actividad extractiva. Las organizaciones sociales y comunidades mapuches se declararon en estado de alerta y movilización.
En febrero de 2010, los asambleístas catamarqueños cortaron un camino vecinal en rechazo a un nuevo proyecto (Agua Rica), publicitado como tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros del pueblo. Sufrieron una dura represión por la noche, con una decena de heridos y detenidos. La violencia policial motivó una pueblada con históricas marchas en la plaza de Andalgalá. La instalación de Agua Rica fue paralizada, momentáneamente, por un fallo judicial.
Desde hace una semana, y en paralelo a las protestas riojanas, vecinos de Andalgalá realizan bloqueos en Belén y Santa María, en las rutas de acceso a Alumbrera. Sólo se detiene a los vehículos mineros.
En Famatina habían sido imputados ocho asambleístas por participar en el acampe en la base del cerro. En Catamarca fueron apresadas cuatro personas el jueves y 18 asambleístas más el viernes 27. En ambos casos fueron liberados a las pocas horas, pero siguen en calidad de imputados.
“Registramos un preocupante proceso de persecución y criminalización de la protesta social en contextos de conflictividad por el desarrollo de la megaminería”, denunció Soledad Sede, de Redaj. Explicó que, donde se movilizan contra la megaminería, son “cotidianos” los casos de amenazas y detenciones ilegales. Sede afirmó que existe evidencia de la “vulneración sistemática de los derechos ciudadanos y, en particular, la violación al derecho de manifestarse legítimamente que se ha puesto en jaque tras la sanción de la ley antiterrorista”.
En los últimos días se sumaron cortes en Amaicha del Valle (Tucumán), también contra Alumbrera y en rechazo a Agua Rica. “Estamos jugados, decididos, no importa que nos encarcelen o repriman, acá está en juego el futuro de nuestros hijos y nietos”, alertó Urbano Cardozo, asambleísta de Catamarca, y lanzó una propuesta: “Iremos a Buenos Aires si hace falta. Plaza de Mayo o la 9 de Julio, ahí también gritaremos ‘el agua vale más que el oro’”.
Fuente:Pagina12
Los casos que están en la Justicia
Por Darío Aranda
Asambleas socioambientales, organizaciones sociales, campesinos y pueblos originarios están unidos contra la megaminería. Son bien conocidas las acciones directas: cortes de ruta, asambleas, movilizaciones. Pero también existe la herramienta judicial. El avance del modelo extractivo (minería, petróleo, agronegocios) suele chocar con el derecho indígena. En Argentina está vigente legislación nacional e internacional que obliga a consultar y obtener el “consentimiento libre, previo e informado” de los pueblos originarios en cualquiera actividad que pudiera afectar sus territorios. Otra herramienta es el derecho ambiental.
En la minería actual toma relevancia el avance en la exploración de litio. El epicentro de esa conflicto está en las Salinas Grandes de la Laguna de Guayatayoc, en Jujuy y Salta, donde viven 33 comunidades kolla-atacama. El caso ya mereció la atención de dos áreas de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y del Relator Especial de Derechos de Pueblos Indígenas. “El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advirtió la ONU en diciembre pasado y llamó a respetar el Convenio 169 de la OIT.
Comunidades tehuelches de Chubut enfrentan desde hace cinco años a la empresa de plata más importante del mundo (Panamerican Silver), que pretende instalar un yacimiento de plata y plomo en la meseta patagónica. Denuncian la violación del Convenio 169 y de la Constitucional Nacional (artículo 75). La comunidad Mellao Morales, junto a las asambleas de vecinos de Neuquén, lograron frenar la instalación de una minera china en la localidad de Campana Mahuida que pretendía extraer cobre. Tuvieron un fallo favorable en 2009 y otro, del Superior Tribunal de Justicia, en marzo de 2011. El máximo tribunal provincial marcó la vigencia del derecho indígena.
La unión de comunidades indígenas y asambleas socioambientales también hizo posible la prohibición de la megaminería en la Quebrada de Humahuaca (pretendían extraer uranio). El Superior Tribunal de Justicia se basó en la Ley General del Ambiente y dispuso aplicar el “principio precautorio”: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Fuente:Pagina12
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