Por qué y para qué una YPF del Estado
Mientras se aguarda una definición del Gobierno, un enfoque diferente de abordaje al que suelen difundir los ex secretarios de Energía que privatizaron el sector indica las razones por las que es válido el actual debate. Un recorrido al tema en seis interrogantes.
Producción: Raúl Dellatorre
El comportamiento observado por las empresas privadas energéticas en el país, a partir de la desregulación y privatización de los hidrocarburos, ha sido privilegiar la maximización de ganancias en el corto plazo y la remisión de las utilidades al exterior. Estos conceptos son contradictorios con la necesidad del país de contar con disponibilidad y producción de energía suficiente para garantizar el de- sarrollo del aparato productivo, a un costo que asegure las ventajas competitivas, en el mercado interno y en el exterior, de los productos elaborados en el país. El cumplimiento de estos objetivos nacionales demanda una planificación de largo plazo que considere la explotación racional de recursos, la búsqueda de nuevas fuentes de energía y asegure la disponibilidad a futuro. De allí que, según los especialistas consultados, sea imprescindible la consideración de los hidrocarburos como recurso estratégico de interés nacional y no un bien libre de mercado.
- ¿Esto implica excluir a la empresa privada de la actividad de extracción de hidrocarburos?
No. Aunque en orden al criterio anterior de dar prioridad a los objetivos nacionales en materia energética, las empresas privadas que participen en la actividad deberían quedar encauzadas en los lineamientos que establezca la planificación estatal para el logro de aquellos objetivos. Esto puede significar la obligación de asociarse al Estado en cada explotación, con la posibilidad de que la operación técnica quede en manos del privado pero bajo control de la explotación y del destino del recurso en manos del Estado. Este es el modelo que se aplica, por ejemplo, en Venezuela (Pdvsa) y Brasil (Petrobras).
- ¿Por qué YPF debería volver al Estado?
Porque desde que el Estado perdió el control de la empresa ha dejado de cumplir con todos los objetivos estratégicos mencionados. Desde su creación (1922) hasta que se inició el proceso de desregulación y privatización (1992), YPF expandió la producción y oferta de energía en todas sus formas, brindó energía abundante y barata, desarrolló un aparato productivo industrial y tecnológico de gran importancia a nivel regional y fue la responsable de descubrir y desarrollar prácticamente todas las áreas petrolíferas hoy en producción. Actuaba como empresa testigo en todas las etapas de la producción y coordinaba, junto a las empresas estatales de generación y distribución eléctrica, y distribución de gas, el conjunto de recursos energéticos para asegurar precios y abastecimiento. En materia de combustibles, regulaba la compra y cuotas de producción asignadas a cada refinería a través de una “mesa de crudos” que garantizaba, también en este caso, precios y abastecimiento en cada etapa. Si bien buena parte de estas tareas podrían ser asignadas a otros organismos, teniendo en cuenta que los hidrocarburos satisfacen casi el 90 por ciento de las necesidades energéticas de la economía nacional e YPF es el principal operador integrado del sector (34 por ciento de la extracción de petróleo y 23 por ciento de la del gas natural, a diciembre de 2011; 51,7 por ciento de la capacidad instalada de refinación de crudo y 55,2 de la oferta de combustibles líquidos de producción nacional), para muchos especialistas es una herramienta imprescindible para cumplir los objetivos de política nacional expresados más arriba.
- Frente a tantos vaivenes en la Bolsa desde enero a esta parte, ¿cuál es el precio al que debería negociarse una eventual compra de YPF?
El precio bursátil de YPF es una ecuación con un muy alto componente especulativo. La parte del capital que se opera o “flota” en el mercado es minoritaria y muy poco representativa del valor de la empresa. El 57,5 por ciento de YPF está en manos de Repsol y el 25,5 por ciento en el Grupo Petersen (familia Eskenazi), con lo cual el capital “flotante” es de alrededor del 17 por ciento. De esta porción, sólo una parte ínfima se ofrece a diario en el mercado, porque la mayoría de ese 17 está en manos de inversores particulares o institucionales (fondos bancarios, carteras de ahorristas) de poca movilidad, es decir que no los compran y venden a diario.
YPF es un papel de los denominados de “baja liquidez”, de pocas operaciones regularmente. Sin embargo, ante la disputa con el Gobierno y la ola de rumores, la acción adquirió un alto vuelo especulativo a diario, con operatoria no siempre transparente y movimientos carentes de lógica. Rumores de “intervención” o “expropiación” han provocado, por ejemplo, fuertes bajas (29 de febrero, 15 por ciento) o fuertes alzas (último jueves, 7,4 por ciento) en días diferentes y ante presunciones similares (sendos anuncios que se suponía iba a hacer la presidenta de la Nación en las horas siguientes). El “precio de mercado”, en estas condiciones, pasó de unos 16 mil millones de dólares el año pasado a menos de 9000 millones esta semana, pero los acontecimientos de estos días vuelven a demostrar que una y otra punta pueden representar, ambos, una ficción manejada por especuladores que sacan partida del desconcierto, tanto cuando sube como cuando baja la acción.
- Entonces, ¿cuál es el valor de referencia que debería tomarse para YPF?
De acuerdo con los estados contables de la empresa al 31 de diciembre de 2011, el patrimonio neto de la empresa (activos totales menos pasivos totales) es de 18.375 millones de pesos. A cotización actual (4,40 pesos por dólar) equivaldrían a 4176 millones de dólares. Sobre esa base, una negociación entre el gobierno nacional y los accionistas principales (en este caso, Repsol y Grupo Petersen) debería tomar en cuenta los pasivos ambientales no contabilizados (daños al medio ambiente en zonas de producción o transporte) e incumplimientos en los que pueda haber incurrido la empresa y puedan ser considerados, en consecuencia, como “pasivos contingentes” (reclamables por la parte afectada).
- YPF no implica un doble costo para el Estado, ya que al pago de las acciones se debe sumar las inversiones necesarias que la empresa en manos privadas no hizo? ¿No sería más conveniente crear una nueva empresa y arrancar de cero?
La respuesta que dan los analistas en ambos casos es que no. Con YPF se parte de una situación de posición dominante real, porque tiene instalaciones y capacidad productiva y de distribución en toda la cadena, desde el pozo (equipos de perforación y otros servicios) hasta la red de estaciones de servicio, pasando por las refinerías, oleoductos y flota de transporte, aunque no se tome en cuenta los yacimientos, que son de propiedad pública. Empezar de cero supondría hacer toda esa enorme inversión. Por otro lado, ajustar los números a partir del “valor de libros” y no respecto de un ficticio valor de mercado implica dejar margen para las inversiones más urgentes. Además, la existencia de una empresa estatal supondría la posibilidad de asociarse con otras firmas privadas, lo que atraería capitales privados que hoy no acceden por la posición dominante de la YPF privada en el área.
Quienes sostienen que un esquema de empresa estatal fuerte y un programa energético nacional de largo plazo serían más atractivos para el capital privado productivo que el esquema actual (que atrae fundamentalmente a capitales financieros especulativos al mercado petrolero), aportan el siguiente dato como argumento: durante el período 2004 a 2011, las obras en infraestructura energética concluidas insumieron una inversión de 73.540 millones de pesos, gestionadas por el Ministerio de Planificación. El 74 por ciento correspondió a inversiones públicas, el resto fueron mixtas o privadas. Actualmente se encuentran en ejecución obras en el mismo rubro que representan inversiones por 52.360 millones de pesos, mayoritariamente con aportes públicos. Estas cifras evidenciarían que el Estado tiene la capacidad de llevar adelante y gestionar las inversiones necesarias en el upstream (exploración y explotación) y en el downstream (refinación y comercialización) para poner en marcha de inmediato el proceso de recuperación y dinamización del sector.
Informes y estadísticas: Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas (Clicet).
Director: Ricardo De Dicco.
De competir ni hablemos
Por Raúl Dellatorre
El rol dominante que ostenta YPF en el mercado de combustibles ha sido constante a lo largo de los años, pese a los nulos esfuerzos realizados por atender las necesidades de un mercado en expansión. Lo más grave para el usuario, sin embargo, no ha sido esa posición dominante respecto de la competencia, sino el juego de ventajas mutuas que desarrolló YPF en los últimos años, lo que ha convertido al mercado en un virtual oligopolio que, prácticamente, obliga a los automovilistas a pagar la nafta más cara porque las que no aumentan, o no tienen, obligan a hacer largas colas y pagar en efectivo para conseguirla.
YPF mantiene hoy el 53 por ciento de las ventas de naftas súper en el mercado local y el 62 por ciento en gasoil y en naftas ultra o plus. Posee las dos principales plantas de refinación: La Plata, con una capacidad de procesar 30 mil metros cúbicos por día de crudo, y Luján de Cuyo (Mendoza), con 16.800 m3/día. También posee una planta más chica en Plaza Huincul (4000 m3) y el 50 por ciento de Campo Durán, en Salta (capacidad de planta 4500 m3/día). Con dichas instalaciones abarca el 51,7 por ciento de la capacidad de refinación del país.
Las inversiones realizadas en los últimos años en modernización de plantas le han permitido mejorar el rendimiento del crudo procesado, obteniendo más naftas y gasoil por metro cúbico de petróleo, aunque sin ampliar la capacidad de planta. Eso hizo posible que entre 2007 y 2011 mantuviera relativamente constante la oferta de combustible al mercado, pero con una disminución notable del volumen de crudo procesado, del 18,7 por ciento en esos cuatro años.
Reducción que, además de notable, es absolutamente injustificada, dada la creciente demanda de un parque automotor que viene creciendo incesantemente y un ritmo de actividad que también conlleva mayor consumo de combustibles líquidos.
YPF enfrenta una denuncia por abuso de posición dominante en la comercialización de gasoil desde enero de este año, por ventas a granel a transportistas de carga por encima del precio del mercado. Pero la empresa hoy de capitales mayoritariamente españoles no está sola, porque otras cuatro abastecedoras fueron denunciadas en la misma causa por ejercer la misma conducta en el mercado.
Más anuncios que perforaciones
Por Raúl Dellatorre
En los últimos seis años, de 2006 a 2011 inclusive, el ritmo de perforación exploratoria de YPF promedió los siete pozos por año en todo el territorio nacional. Considerando que la empresa tenía concesionadas durante ese período unas 60 áreas en el país, el ritmo de búsqueda de nuevas reservas podría considerarse casi nulo, muy semejante a un virtual abandono de esa actividad, fundamental para sostener la oferta de largo plazo de hidrocarburos a medida que se agotan las reservas en explotación. Un dato significativo es que, en medio de este proceso, en diciembre de 2010, la empresa accionista de control, Repsol YPF, convocó a las autoridades nacionales a compartir el anuncio de un “megadescubrimiento” en la cuenca neuquina, que supuestamente estaría en condiciones de triplicar las reservas de gas hasta entonces conocidas del país. La presidenta de la Nación fue invitada a compartir el anuncio, que abría una perspectiva inédita en las últimas décadas a partir del gas no convencional (shale gas), cuya técnica de extracción está particularmente desarrollada en Estados Unidos. Sin embargo, el poco esfuerzo posterior en perforaciones de exploración motivó, por un lado, la irritación del Gobierno, que se sintió burlado por haberlo hecho partícipe de un “megaanuncio” que quedó vacío. Por otro, la sospecha de los expertos sobre si se trató de un descubrimiento o fue, simplemente, hacerse cargo de los méritos de las investigaciones de la YPF estatal ya realizados hace más de dos décadas.
Según los especialistas, un desarrollo de un área del potencial denunciado hubiera demandado la perforación de no menos de 60 a 80 pozos en el año. Los pozos no se abren, los números no cierran.
OPINION
España, ¿cuál España?
Por Atilio A. Boron
El entredicho entre el gobierno argentino y la empresa Repsol YPF ha desencadenado una virulenta reacción de funcionarios del gobierno ultraconservador español. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, de la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y del secretario de Estado de España para la Unión Europea, Iñigo Méndez de Vigo, revelan que a pesar del largo tiempo transcurrido estos funcionarios de la corona todavía no se percataron del resultado de la batalla de Ayacucho, que en 1824 terminó de demoler los restos del imperio español en esta parte del mundo. Tanto su “puesta en escena” –rostros endurecidos de furia, frases altisonantes, dedo índice en ristre de García-Margallo– como el contenido amenazante de sus declaraciones, especialmente la del tal Méndez de Vigo diciendo que la Argentina se convertiría en un “apestado internacional” y sufriría “consecuencias malísimas” en caso de que se afectaran los intereses de Repsol YPF son un oportuno recordatorio de que, lamentablemente, las peores tradiciones del colonialismo español siguen vivas y regurgitan cada vez que sienten que alguna de sus antiguas colonias se aparta del curso de acción fijado por la antigua metrópolis.
La violencia simbólica desatada en estos días se inscribe en el sórdido panorama que presenta la España actual, atribulada por una profunda crisis económica y por el fenomenal retroceso experimentado en materia de derechos ciudadanos y libertades públicas. Hace apenas un par de días que el presidente del gobierno Mariano Rajoy hizo pública su intención de vigilar y maniatar las redes sociales, por lo que toda convocatoria a protestas o manifestaciones políticas de cualquier tipo hecha a través de las mismas será tipificada nada menos que como un delito penal. Todo esto con el afán de impedir que las víctimas del brutal ajuste neoliberal puedan luchar contra la injusticia de un proyecto al que sola y exclusivamente le preocupa salvaguardar los intereses del capital, no el bienestar del pueblo.
El argumento más socorrido por estos enardecidos funcionarios de la corona es que cualquier agresión a Repsol YPF sería un ataque a España y, por ende, a los españoles. No hay que caer en esa trampa. El pleito no es con España o los españoles sino con su burguesía, que explota y desangra a los pueblos tanto fuera como dentro de España, cosa que hoy es evidente hasta para un ciego. Porque España no es esa pandilla de saqueadores profesionales, dignos descendientes de quienes cometieron en nuestras tierras el mayor genocidio de la historia, amparados por la maléfica alianza entre la cruz y la espada. España no son esos especialistas en vaciar empresas y en arrancar pingües ganancias como lo han hecho por toda Latinoamérica y el Caribe bajo la protección de sus padrinos políticos, sean estos Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. España no es esa corona nauseabunda y parasitaria, hundida en una ciénaga de escándalos que “la prensa seria” de la península se encarga de disimular. Para nosotros España es la poesía de Miguel Hernández, Rafael Alberti y Federico García Lorca; las pinturas de Pablo Picasso; la música de Manuel de Falla y Pablo Casals; la filosofía de Manuel Sacristán Luzón y de mi inolvidable maestro Adolfo Sánchez Vázquez. España es la extraordinaria labor de los republicanos exiliados en México: Wenceslao Roces, José Gaos y Eugenio Imaz, entre otros, eximios traductores al castellano de El Capital y otros textos de Karl Marx, así como de muchos otros autores del pensamiento clásico. España, por último, es el indoblegable heroísmo de la Pasionaria y los anarquistas y comunistas que lucharon contra la barbarie franquista, de la cual Rajoy, Aznar y el Partido Popular son sus indiscutibles herederos. Estos energúmenos, tardíos sobrevivientes de un conjuro medieval, representan con sus exabruptos de hoy lo peor de España. Son los perros guardianes de los filibusteros de traje y corbata que siembran miseria dentro y fuera de España. La lucha es contra esa España, no contra los españoles ni mucho menos contra la otra España, con la cual nos sentimos hermanados.
OPINION
Chiste catalán
Por Alfredo Zaiat
Antonio Brufau, presidente de Repsol.Imagen: Télam
Argentina perdió el autoabastecimiento energético con necesidades mayores de importación de combustible para alimentar un ciclo de crecimiento inédito, por duración y magnitud. Así se expresa el agotamiento del modelo energético de desregulación y privatización de un sector estratégico de la economía. Definir una nueva estructura de la propiedad de las acciones de YPF es un comienzo para recuperar el autoabastecimiento como parte de una política energética global que acompañe el desarrollo de las fuerzas productivas. Para lograr ese objetivo, los españoles de Repsol son parte del problema; no una opción de solución. Las cifras de producción, reservas, ganancias y distribución de utilidades desde que tomaron el control de la petrolera nacional son elocuentes.Repsol adquirió casi la totalidad de las acciones de YPF en 1999 desembolsando 15.169 millones de dólares, cuando el precio del barril de crudo había alcanzado un mínimo de 10,75 dólares a comienzos de febrero de ese año, con una media de 12,28 dólares en 1998; hoy cotiza arriba de los 100 dólares. Desde entonces su estrategia productiva fue principalmente extractiva. Esto significa explotar al máximo los pozos de petróleo y gas existentes sin realizar inversiones significativas para recuperar o mantener reservas, violentando la lógica del negocio de las petroleras. Esta consiste en extraer recursos y reponer reservas con inversiones para de esa forma mantener el valor de la compañía. Repsol no aplicó con YPF esa norma esencial de funcionamiento de las petroleras. Los fondos obtenidos devastando los pozos de YPF fueron desviados para su expansión global, orientando inversiones hacia Norteamérica (Alaska), Brasil, Golfo de México, el Caribe y el norte de Africa (Argelia y Libia). Argentina no figuró en esos planes pese a los publicitados y reiterados anuncios de inversiones de los españoles.
El crecimiento de Repsol en otros mercados fue con capital obtenido de las ganancias de YPF. Como se mencionó, siendo Repsol una petrolera de escasa relevancia a nivel internacional, se endeudó para comprar YPF por 15.169 millones, y en el período 2001-2006 distribuyó dividendos en efectivo por 8200 millones de dólares. En apenas seis años Repsol recuperó casi el 55 por ciento de lo que había desembolsado. En el lapso 2007-2010 el giro de utilidades sumó unos 5100 millones de dólares. Las del año pasado, equivalentes a 1200 millones de dólares (5296 millones de pesos), no pudieron remitirlas por la oposición del gobierno de CFK. En total, desde que tomó el control de YPF los españoles repartieron entre sus accionistas 13.300 millones de dólares, que si se agregan a las que fueron detenidas suman casi lo mismo que habían pagado para adquirir la ex petrolera estatal. Es lo que se conoce en libros de historia como depredación de recursos naturales por parte de multinacionales.
Todas esas inmensas ganancias remitidas a la casa matriz en Madrid restaron fondos para invertir en exploración y explotación de las áreas hidrocarfuríferas que posee en Argentina. El resultado fue la caída de la producción y reservas de petróleo y gas, que explica en gran parte la pérdida de la categoría de país con autoabastecimiento energético. La producción de petróleo y gas a partir de la administración de YPF por Repsol se basó en la extracción de recursos existentes antes de 1998, es decir, descubiertos bajo la administración estatal.
El especialista Ricardo De Dicco ofrece datos contundentes de esa conducta de la firma española. La declinación de los volúmenes de extracción de crudo fue de -27,8 por ciento en 2011 respecto a 2003; y la de gas natural fue de -36,8 por ciento desde el pico de 2004 en comparación con 2011. La refinación alcanzó su máximo en 2007, para luego descender y en relación a 2011 bajó 18,7 por ciento. “Con respecto a las inversiones de capital de riesgo en exploración por parte de YPF S.A., durante el período 2003-2011 fue de apenas ocho pozos. La comparación es impresionante: durante la década del ’80, YPF estatal había alcanzando un promedio anual de 117 pozos de exploración”, señala De Dicco.
La descapitalización de YPF realizada por Repsol ha sido impresionante, en línea con lo hecho por sus colegas españoles de Iberia, primero, y el Grupo Marsans, después, con Aerolíneas Argentinas. Para recuperar la línea de bandera vaciada se pagó simbólicamente un euro. Según los números de la propia compañía que presentó en la Bolsa de Nueva York, su pasivo a fines de 2011 ascendía a 8351 millones de dólares, lo mismo que hoy vale YPF en el mercado bursátil luego de la caída de la cotización desde comienzos de año. La descapitalización se originó en la distribución de todas las ganancias entre los accionistas, en el endeudamiento para mantener en funcionamiento la empresa, y en la reducción de su patrimonio por la perdida de reservas de petróleo y gas debido a pobres planes de inversión en exploración de hidrocarburos.
Los investigadores Andrés Asiain y Agustín Crivelli en “La explotación de hidrocarburos en Argentina. Estudio de caso: YPF S.A.” explican que “se observa una lógica predatoria que se encuentra muy lejos de un comportamiento racional para una empresa petrolera”. Si las reservas son el principal activo de una compañía petrolera, YPF se está descapitalizando. ¿Cómo se entiende entonces la estrategia de Repsol sobre uno de sus activos más importante? Asiain y Crivelli responden: “No, justamente ahí reside la gravedad del problema. No se trata de una mala administración de los yacimientos argentinos por parte de la empresa española. Este comportamiento se inscribe en la estrategia global que el grupo Repsol se ha venido trazando en los últimos años”. Los españoles no están dispuestos a asumir riesgos de exploración en las cuencas argentinas. Por ese motivo desde que se hicieron cargo de la administración de YPF no se volcaron a la exploración para incrementar reservas. “La estrategia de negocio en la Argentina se basó, y se basa, en extraer las reservas existentes para, a partir del persistente incremento de los precios internacionales del crudo, generar crecientes niveles de utilidad que luego utiliza para expandirse globalmente”, afirman Asiain y Crivelli.
Argentina requiere de inversiones de largo plazo y de riesgo, un tipo de inversión que no responde al objetivo de alta rentabilidad inmediata que busca Repsol con YPF. Dentro de los planes del grupo español, la empresa argentina aparece como uno de los activos a exprimir para luego desprenderse de ellos, no sin antes extraer toda la ganancia posible para financiar su expansión global. Esta política desplegada con la petrolera nacional YPF tuvo su premio para el presidente de Repsol, Antonio Brufau. Muchos en Argentina lo muestran abrumado por el trato que le dispensa el gobierno de CFK. Es un chiste catalán. No debería ser motivo de preocupación ni su estado de ánimo ni su situación patrimonial. Brufau cobró el año pasado 7,0 millones de euros: 2,4 millones de retribución fija, a la que se sumaron 1,9 millón en variable y 2,7 millones por una gratificación extraordinaria por los resultados de Repsol en 2011. Esos ingresos le significaron cobrar un 78 por ciento más que lo percibido en 2010, cuando embolsó 2,3 millón en retribución fija más 1,6 millón en variable, es decir 3,9 millones. Brufau no estuvo sólo en abultar su cuenta. Los diez miembros de la alta dirección de la petrolera también se vieron beneficiados por ese bono, recibiendo en total 18 millones de euros en 2011, frente a 12,5 millones de euros del ejercicio anterior.
azaiat@pagina12.com.ar
OPINION
Un regreso necesario
El kirchnerismo y las reestatizaciones. Los comienzos y las tácticas posteriores. Un repaso veloz de éxitos y resultados. La entrega de YPF. Las primeras políticas del Gobierno, una visión compleja. La argentinización, el saldo. Las provincias frente al nuevo esquema. Indignados en España, con acompañamiento local.
Por Mario Wainfeld
Los gobiernos kirchneristas no tuvieron, desde el vamos, un designio reestatizador. Su “modelo” se pensó reparador de los desquicios de la dictadura y de las políticas económicas noventistas. La reversión de las concesiones de servicios públicos o la recuperación de empresas estatales regaladas o malvendidas no figuraban en su menú inicial. Los objetivos originarios fueron la restauración del poder político y el estatal, la recuperación de la autonomía nacional. Y un programa económico productivista, muy atento a la generación de empleo, al crecimiento del PBI y a incentivar el consumo interno. En ese devenir, el repertorio original dejó de lado revertir concesiones atendiendo a las contrapartidas económicas y (muy especialmente) financieras o de gestión que podían suscitarse. El estado real existente, colonizado y diezmado, contribuía a desalentar iniciativas muy desafiantes.
Como en tantos otros rubros, el kirchnerismo no siguió una estrategia definida. Su devenir futuro enlazó una serie de tácticas y correcciones de rumbo, usualmente impuestas por las circunstancias. A esta altura de la soirée, mientras se esperan inminentes definiciones sobre alguna forma de recuperación de la presencia estatal en YPF, se han sucedido variadas experiencias de corrección del paradigma privatista. No es el objeto de esta nota un recorrido a fondo de los cambios producidos, aunque sí un panorama orientador.
En nueve años se han sucedido reestatizaciones de distinta magnitud, volumen y resultados. La más exitosa es la supresión de las AFJP y la reinstalación del sistema jubilatorio estatal. Un salto cualitativo, que mejoró la ecuación económico-financiera y (hasta ahora, contra todo pronóstico agorero) la ampliación del universo de jubilados, los incrementos progresivos, estipulados por ley, de sus haberes y la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Una reformulación, virtuosa por donde se la mire, de una de las más insignes estafas del peronismo, en su estadio menemista.
Aguas Argentinas es otro caso de recuperación interesante. El ex ministro de Economía Roberto Lavagna, a la sazón en funciones, marcaba distancia con el proyecto pidiendo un vaso de agua “de la canilla” para su interlocutor y lo invitaba a echarse un trago. Destacaba que en muchos parajes de la Argentina podía beberse el agua potable sin resquemor y sugería dudas sobre si subsistiría ese patrón bajo la batuta de los compañeros sindicalistas. Visto a la distancia, eso sucedió y no se conocieron escándalos de gestión ni problemas sustanciales en la prestación del servicio.
El Correo Argentino, un área menos relevante en los tiempos que corren, funciona sin mayor estrépito ni caos.
Aerolíneas Argentinas suscita oleadas de polémicas, en algunos casos promovidas por quienes predican ideologías privatistas. También hay quejas, formuladas por emisores mejor legitimados y sin especial mala leche, acerca de los servicios prestados. La existencia de numerosos sindicatos es un jeroglífico que los privados (saqueadores insignes, por lo demás) no pudieron resolver... también genera canas verdes a la administración estatal. El déficit económico no es un argumento serio en el mundo actual, signado por los costos crecientes de los combustibles. Su magnitud sí debe ponerse bajo la lupa, esfuerzo que trasciende las incumbencias de esta nota y de su autor. Para éstos, lo sustantivo es puntualizar que, entre las recuperaciones para el Estado de servicios o empresas, el promedio es mucho más que aceptable, con un punto altísimo en la Anses.
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Así se llega al actual trance de YPF. O sea, a la corrección en un sentido deseable de la peor medida del gobierno menemista acompañada en tropel por el peronismo. Hubo contadas excepciones que merecen su mención: el Grupo de los Ocho, Fernando “Pino” Solanas, la CTA de Víctor De Gennaro y Germán Abdala y, por su lado, Saúl Ubaldini. Rectificar las defecciones históricas, de buena fe, incluye el deber de valorar trayectorias y no sólo alineamientos actuales. Todos los oficialismos en auge cuentan con el aval de conversos o recién llegados, sayo que le calza al menemismo y también al kirchnerismo.
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Ningún país de la región entregó tanto por tan poco. El estrago se consumó mientras se entonaba la marchita peronista. Su demiurgo fue Roberto Dromi, un paladín de la versatilidad ideológica, hoy acodado del otro lado del mostrador. Las consecuencias son consabidas: pueblos fantasma, miles de desocupados, pérdida de soberanía y de recursos, solo para empezar.
La política energética del kirchnerismo es recusada en block hoy mirando los resultados en materia de producción y de costos de importación. Huelga reconocer que son aspectos híper relevantes pero, entiende el cronista, no agotan la lectura de una política económica compleja. En sus primeros años, el Gobierno potenció el crecimiento a todo trapo, la generación de puestos de trabajo, la batida contra el desempleo, la reconstitución del aparato productivo y de la autoestima de los argentinos. La ecuación, si se permite una metáfora inspirada en las lecciones de Adrián Paenza, es una polinómica con varios factores. El combustible barato alimentaba el motor del “modelo”. Las compras de gas a Bolivia y el intento de generar una red gasífera regional apuntan a finalidades trascendentes: la gobernabilidad en toda América del Sur (máxime en sus eslabones más débiles), la integración con los países hermanos. Lo ideal hubiera sido que eso confluyera con aumento de producción pero esos objetivos adicionales tuvieron un peso singular en la construcción de una nueva era política.
Sin ánimo de fijar una lectura etapista ni una fecha de agotamiento del esquema, es claro que éste empezó a resultar contraproducente con el correr del tiempo. La “argentinización” del capital accionario de YPF con la entrada del grupo Petersen-Eskenazi fue una apuesta fuerte para frenar la decadencia. Presuponía que con empresarios locales sería más fácil articular, negociar, presionarlos si fuera menester. “Kirchnerismo” o hasta “guillermomorenismo” básicos: una idea fuerza simple para cortar un nudo gordiano. Hubo muchos casos en que acciones semejantes arrojaron resultados valiosos, no fue éste. La iniciativa fracasó y generó costos importantes, que ahora hay que subsanar.
No se conoce gobierno que no haya tenido zigzags en sus políticas económicas o sectoriales. El alfonsinismo pasó de Grinspun a Sourrouille y luego a una seguidilla de manotazos de ahogado. El menemismo transitó del Plan Bunge y Born a las destrezas de Erman González, antes de recalar en Cavallo. La Alianza acollaró, sin respirar, a Machinea, el efímero López Murphy y luego, de nuevo, Cavallo. El kirchnerismo reversiona su política petrolera, lo que no excusa sus errores ni dispensa sus responsabilidades ante el pueblo soberano que, hasta hoy, lo viene convalidando. Pero su deber es ser revisionista y el camino que elige es el más razonable y coherente. Lo que no le resta dificultad ni desafíos, de lo que se pasa a hablar.
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Una de las astucias fundacionales de la entrega de YPF fue interesar a las provincias en una política antinacional. La venta de YPF les concedió regalías que aliviaron la asfixia de la convertibilidad. La Constitución de 1994 redondeó el círculo, al reconocerle la propiedad del subsuelo.
De paso, se debilitaba a los interlocutores frente a poderosas multinacionales, diseminándolos en gobiernos locales. Las regalías y la propiedad del subsuelo granjearon apoyos bajo la bandera del federalismo. En el largo plazo, todos perdieron: nación y provincias. De cualquier forma uno de los intríngulis a resolver hoy día es no afectar los intereses económicos de las provincias. Su contingencia financiera es, en promedio, dificultosa. Los bancos locales padecen complicaciones severas. Sea cual fuere el diagrama que proponga la Presidenta deberá contemplar no desbalancear las economías regionales en el corto plazo. Las movidas de estos meses, dinamizadas por los gobernadores y conducidas desde la Casa Rosada, parten de ese supuesto. Ponerlo en acto será uno de los bretes del nuevo diseño.
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Calibrar las reacciones internacionales y en especial las de España integra el paquete. Repsol es la mayor multinacional hispana, lo que unifica en el rechazo al gobernante Partido Popular, al desvaído Partido Socialista Español, a la corona y a los medios de la península. A diferencia de lo que ocurre acá, allá prima la unanimidad nacional. La gran prensa argentina aporta su montaña (que no granito) de arena a ese conjunto de, ejem, indignados VIP.
La furia española se habría desatado en cualquier escenario. La fenomenal crisis económica seguramente agrava esa tendencia y acicatea las amenazas de retaliación. Una salida prolija o negociada aliviaría al Gobierno de réplicas paralizantes, recursos ante tribunales internacionales o domésticos en los que siempre hay un magistrado dispuesto a otorgar una cautelar pro corporativa.
No rendirse ante esos adversarios pero anticipar y mitigar sus represalias es otro reto para el gobierno nacional.
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El jueves se anunció, en medios dominantes y españoles, que sobrevendría el anuncio sobre la implementación. Que está al caer, sin duda, acaso en la semana que empieza mañana. El rumor fue alimentado con la divulgación de un supuesto proyecto de ley de expropiación que habría entrado al Congreso. El paper que lo contiene se propagó como un reguero de pólvora. Bien mirado, parece un anteproyecto pero no era más que eso. Había varios datos que podían poner en duda la veracidad de la operación. El primero es que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner suele reservarse esos anuncios y su explicación. El segundo era la falta de ingreso al Congreso del supuesto proyecto. Como fuera, la especie circuló, se analizó vivazmente en radios y canales de cable del multimedios. La noticia que no fue y su análisis a fondo: otro estadio de la asombrosa etapa mediática argentina. En el ínterin las acciones subieron y bajaron como en una montaña rusa. Algunos vivos habrán ganado fortunas, otros pícaros mordieron el polvo. Los mercados bursátiles son así, casquivanos y costosos como divas.
La expropiación, la compra de parte del paquete accionario, la incorporación del Estado por otras vías están entre las hipótesis posibles. Vano es especular en las vísperas, cuando la respuesta sigue encriptada.
La incógnita se develará pronto. Será entonces el momento del debate público, del análisis prospectivo, de los pronósticos.
En sesgo, ir recuperando la presencia estatal es una decisión adecuada, impuesta por la coyuntura. En el corto plazo no es imaginable, ni aún con gran optimismo, que se reparen las dificultades de producción y el consiguiente impacto deficitario en la balanza comercial. Por decirlo en términos sencillos: en 2012 habrá que afrontar costos económicos y financieros. El corto plazo es peliagudo, la apuesta es al mediano y al largo. Habrá que ver, cuando se conozcan todas las barajas.
Entre tanto, los alineamientos y el camino emprendido ubican al kirchnerismo en su salsa. Una medida audaz, plena de riesgos, en sentido inverso a los errores del pasado (anche de los propios). Y los adversarios de siempre, enfrente. La partida recién comienza. Hagan juego señores.
mwainfeld@pagina12.com.ar
La renuncia y sus circunstancias
Por Mario Wainfeld
Ya antes de la denuncia pública del vicepresidente Amado Boudou, en el Gobierno le recriminaban al procurador Esteban Righi haberse desentendido de lo actuado por el juez federal Daniel Rafecas y sobre todo el fiscal Carlos Rívolo. Rafecas es discípulo de Righi, trabajó con él. Hay funcionarios que consideran que fue un acto irresponsable del juez haber delegado la instrucción de un expediente tan sensible en el fiscal. “Lavarse las manos” o algo peor. Los argumentos de Righi eran su imposibilidad de “conducir” al juez y al fiscal. Es claro que el reclamo era influir en ellos y no darles órdenes: el Poder Judicial tiene una curiosa organización, escasamente jerárquica. Es relativa la autoridad del procurador para sugerir conductas, tal fue el argumento de Righi.
Las discrepancias estallaron cuando se conoció el allanamiento al departamento propiedad de Boudou. Luego llegó el discurso de éste, que atribuyó conductas desdorosas al estudio en el que laboran la esposa de Righi, uno de sus hijos y la esposa del ministro macrista Guillermo Montenegro. Esos hechos, como todo proceder sospechoso de cualquier funcionario o magistrado, deberán ser pesquisados a fondo.
Eso insumirá mucho tiempo, los plazos políticos son más acuciantes. La entidad de la acusación forzaba al entonces procurador a poner su renuncia a disposición del Gobierno. Conversó desde Nueva York con el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini y, ni bien llegó, se reunió con él, tal como informó en exclusiva este diario. El coloquio fue tan cordial como parco, insumió pocos minutos. Se acordó que Righi redactaría su dimisión y la entregaría el martes. Así lo hizo, en un texto encomiable en el que defendía su honor, reivindicaba su trayectoria, prometía probar sus razones en los Tribunales y ratificaba su identificación con los logros y rumbos del Gobierno.
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La renuncia fue aceptada por ventanilla, se propuso en su reemplazo a Daniel Reposo. El respectivo acuerdo en el Senado requiere las dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión. Una mayoría exigente, que se complica por la oposición de los radicales y del Frente Amplio Progresista. La oposición tiene 21 votos seguros, necesitaría 25 para garantizar su veto a la propuesta, si hay asistencia perfecta. En tal caso, el Frente para la Victoria (FpV) necesitaría 48 senadores votando por la afirmativa. Por ahora, cuenta entre 41 y 45, según quien calcule el “poroteo”, lo que da cuenta de su indefinición. Conseguir los faltantes dependerá de la adhesión de algunos miembros del desperdigado Peronismo Federal. La forma de contribuir puede ser la abstención mediante ausencia o el voto afirmativo. Los operadores oficialistas se mueven en busca de ese puñado de votos, combinando el escepticismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. El final es abierto.
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Ocupantes de la Casa Rosada añaden en el “debe” de Righi faltas de tesón o de eficiencia previos. Desde luego, se trata de cuestiones opinables. En la mirada de este cronista, el desempeño del procurador durante muchos años fue correcto, con puntos altos como el dictamen que presentó en la causa referida a la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín contra la vigencia plena de la Ley de Medios. También fue consistente en materia de derechos humanos. Ciertamente en tanto trayecto habrán existido errores o negligencias, como en cualquier otra área de gobierno.
Está entre las incumbencias presidenciales renovar su elenco y nadie puede decir, en serio, que el procurador general no necesita el aval presidencial para seguir en su cargo. Lo que, a los ojos del cronista, fue desmedido e injusto fue el modo de despedirlo. Buceando en la memoria, hay que remontarse a los casos del ex banquero central Martín Redrado o del ex ministro Gustavo Beliz para hallar una renuncia que incluyera tanto castigo adicional. Los ejemplos son llamativos porque tanto Beliz como Redrado estaban de punta contra políticas esenciales del oficialismo y nadie puede decir algo parecido sobre Righi.
El impacto en la primera línea del Gobierno no fue menor. Desde la Rosada se instó a defender públicamente a Boudou. No todos lo hicieron con el mismo entusiasmo, ni todos lo verbalizaron del mismo modo. En el breve lapso del segundo mandato de la presidenta Cristina renunciaron dos funcionarios relevantes: Juan Pablo Schiavi y Righi.
Las diferencias entre sus trayectorias saltan a la vista y a muchos les chocó el contraste entre la amigable despedida a Schiavi y la que sufrió Righi. Al parecer de este cronista, el mensaje es un paso en falso de un Gobierno que sabe utilizar el mensaje de los signos.
Fuente:Pagina12
HIDROCRBUROS
Una pelea no convencional
Año 5. Edición número 204. Domingo 15 de abril de 2012
Por Gabriel Bencivengo y Daniel Cecchini
El Estado nacional, las provincias, España y un recurso clave: el gas no convencional. El tablero de la negociación y los motivos de la reacción de Rajoy.
A poco más de cien días de su asunción, Mariano Rajoy sabe que puede perder en poco tiempo lo que mucho le costó ganar. El pobre resultado electoral que obtuvo el Partido Popular (PP) en las regionales de Andalucía y Asturias encendió la alarma en La Moncloa. Presionado por la Unión Europea, las centrales sindicales y la poca receptividad del Banco Central Europeo a sus demandas de liquidez, el presidente español encontró con la ayuda de los grandes medios de comunicación una causa nacional: YPF. No es para menos. La empresa representa casi las dos terceras partes de la producción de crudo de Repsol (62%) y casi la mitad de sus reservas, evaluadas en unos 1.000 millones de barriles, sobre un total de 2.200 millones. En la Argentina, Repsol controla, a través de YPF, el 54,4% de la producción nacional de hidrocarburos y una red de 1.600 estaciones de servicio. El negocio le reportó a la multinacional ganancias por 1.416 millones de euros en 2010; el 21,41% del total que obtuvo en el período. Apenas una pequeña parte de lo que podría aportar en el futuro.
“La relación con España está mal. Declaraciones hay y habrá muchas más, pero la negociación sigue abierta.” La evaluación, confiada a Miradas al Sur por una fuente con llegada al gabinete nacional, se completa con lo que está en juego. “No es poco. Es la batalla más importante desde la renegociación de la deuda externa. Es una pulseada por el futuro, por la soberanía energética”, concluyó la fuente. Antes, enumeró los factores involucrados: España, las provincias y, muy especialmente, los recursos en gas no convencional (shale gas) que, según el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), constituyen el tercer reservorio mundial en su tipo. Unos 774 trillones de metros cúbicos (TCF) de gas técnicamente recuperables. Casi tanto como las reservas de Estados Unidos o el 60% de las declaradas por China. Una Argentina con reservas de gas equivalentes a diez veces las halladas en Loma La Lata, el megayacimiento gasífero que permitió alcanzar durante la década del ’80 el autoabastecimiento y un salto cualitativo en materia de energía.
Según los especialistas, existe una diferencia sustancial entre los conceptos “recursos técnicamente recuperables” y “reservas”. La estimación de los primeros es todo lo que se supone que podría obtenerse del reservorio. Por su parte, las “reservas” es lo que desde el punto de vista técnico y económico puede ser obtener en el momento de realizar la estimación. La clave para que un recurso se constituya en “reserva” depende del costo de extracción, a su vez ligado a la tecnología y a los precios internacionales y locales. En el caso argentino, las reservas se localizan en la cuenca de Neuquén, en la formación Los Molles y en Vaca Muerta. “Se llevaron desde la privatización más de 15 mil millones de dólares y la quieren vender por una suma similar. Es un disparate. No pusieron un mango en exploración. Lo único que hicieron fue explotar lo que había descubierto YPF en su etapa estatal”, sentenció otra fuente consultada.
El tema es prioritario para el país, pero también para las provincias de la Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), cuyos mandatarios concurrieron a la reunión convocada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, el jueves por la noche, tras el cara a cara que el titular de la cartera sostuvo con el presidente de Repsol-YPF, Antonio Brufau. Dos gobernadores llegaron con declaraciones públicas realizadas. El neuquino Jorge Sapag y el chubutense Martín Buzzi. Ambos habían hablado de tiempos de cambio y explicitado que sus provincias quieren participar, mediante las compañías de energía locales, en la explotación de los yacimientos que les quitaron a YPF. El tono de la reunión, calificado como “muy bueno” por un asesor, discurrió por las estrategias negociadoras de cara a la posición de Repsol-YPF y las posibles ingenierías societarias por venir. Una negociación compleja que en nada se parece al supuesto proyecto oficial que se filtró a los medios y que Clarín dio por cierto.
Según algunos, son al menos cinco los borradores elaborados hasta el momento. Otros hablan de cuatro. Pormenores al margen, hay un antecedente que nadie soslaya. En 1990, cuando el menemismo avanzó con la transformación de YPF en sociedad anónima, las acciones quedaron atomizadas. Una diferencia sustancial con las privatizaciones de Entel, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas. En ese marco, el Estado Nacional mantuvo el 20% y el poder de veto. Las provincias recibieron el 11% y los empleados el 10%. El resto pasó a cotizar en las Bolsas de Buenos Aires y Nueva York. El gerenciamiento, liderado por José Estenssoro, quedó en manos del Estado nacional y las provincias. Una etapa de expansión que rescató la presidenta Cristina Kirchner durante la apertura de las sesiones legislativas, pero que culminó en forma abrupta a mediados de los ’90, en plena crisis del tequila, cuando mediante una nueva ley se abrió el cerrojo que le impedía al Estado nacional desprenderse del 20% de las acciones. Un dato más: las provincias eran representadas en el directorio por Daniel Cameron, el actual secretario de Energía, quien trabajó codo a codo con Estenssoro.
Ayer como hoy. La década del ’90 representó un punto de inflexión para las inversiones extranjeras en el país. Un contexto que aprovecharon a destajo las empresas españolas. El proceso se enmarcó en la aplicación del recetario de ajuste estructural del neoliberalismo predominante a escala global, que aplicó a rajatabla el menemismo. No es extraño que casi diez años después de iniciado aquel saqueo, más precisamente el 27 de diciembre de 2001, a una semana de la caída de Fernando de la Rúa y cuando Argentina seguía en llamas, un pequeño grupo de empresarios españoles se reunió en el Hotel Alvear de la Recoleta para dialogar con un importante interlocutor de sus intereses. Se trataba de Josep Piqué, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de España. Había llegado a Buenos Aires con instrucciones precisas del presidente José María Aznar: defender a capa y espada los privilegios obtenidos por los grupos económicos españoles en los ’90.
Las enfáticas demandas provenían, entre otros, de los CEO Alfonso Cortina, de Repsol-YPF, y Antonio Brufau, de Gas Natural. Este último sucedería a Cortina al frente de la petrolera. No eran los únicos. También se enrolaban entre los reclamantes los máximos responsables de Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona y los bancos Santander y BBVA. Algunas de esas compañías, representadas hoy por apellidos diferentes pero iguales intereses, son los que acudieron a la Embajada de España el jueves por la noche. Fue tras la reunión que el ministro de Planificación, Julio De Vido, mantuvo con Brufau. El encuentro en la sede diplomática lo presidió el embajador Román Oyarzun. Allí, el diplomático realizó promesas de apoyo incondicional y apuntaló el lobby que despliega por estas horas La Moncloa.
“La Argentina debe aplicar políticas serias, rigurosas y predecibles, y respetar las reglas del juego y la seguridad jurídica para recuperar la confianza de los mercados”, había soltado Piqué en 2001 ante un grupo de periodistas, tras la reunión en el Hotel Alvear. “De lo que se trata es de conocer cuáles son los planes del nuevo presidente. Ese es otro motivo del viaje. A partir de allí podemos seguir apoyando”, finalizó el funcionario. Pocos días después, las retenciones a las exportaciones petroleras, el congelamiento de las tarifas y la pesificación asimétrica hicieron sonar la alarma en La Moncloa.
Esta vez fue Aznar el que tomó al teléfono para hablar con Eduardo Duhalde. Sin medias tintas, exigió que se mantuvieran dolarizadas las tarifas y que se atendieran los reclamos de las empresas. “A la Argentina le conviene ser un país confiable para seguir recibiendo inversiones extranjeras”, dijo a los periodistas madrileños poco después de cortar. La propia Izquierda Unida española puso el dedo en la llaga denunciando el papel que estaba jugando Aznar. Reconocimiento tardío, pero reconocimiento al fin, de una realidad lamentable: desde el mismo arranque de las privatizaciones, su antecesor, el socialista Felipe González, y hasta el rey Juan Carlos, jugaron fuerte a favor de una clase empresaria española, mimada por conservadores y socialistas, que nació al amparo del proceso privatizador que comenzó en España con González y que concluyó Aznar. Un caso emblemático es el de Carlos Solchaga, ex ministro de Economía, que en 1999 se asoció con Juan Recio, accionista de BBVA, para brindar servicios de lobby en América latina.
La reacción actual es casi un calco de la de hace una década. “Cualquier agresión violando el principio de seguridad jurídica a Repsol será tomada como una agresión por España, que tomará las reacciones que crea oportunas y pedirá el apoyo que considere necesario a sus socios y aliados”, disparó este semana el canciller conservador José Manuel García-Margallo. “La ruptura de una negociación entre España y la Argentina no sería una ruptura sólo en términos económicos, sería la ruptura de una relación fraternal que hemos tenido en mucho tiempo. Por tanto, para nosotros esa ruptura es el peor de los escenarios”, agregó. Minutos antes, sus operadores habían dejado en claro que Rajoy había solicitado la ayuda de sus aliados europeos y de la Casa Blanca.
Allá como acá. Muy lejos del nacionalismo que sacaron a relucir en las últimas semanas los voceros españoles de la petrolera, cruzada donde se confunden socialistas y populares –y no pocos comentaristas locales–, Repsol-YPF está lejos de ser una empresa española. Hay un dato que suele pasar inadvertido, pero que explica las prácticas de sus CEO, educados en la escuela trasnacional. Apenas el 22,84% de las acciones de Repsol están en poder de grupos españoles. Uno de ellos es Sacyr Vallehermoso (10,1%). El otro, Caixabank (12,83%). El resto –con excepción del 9,49%, en manos de la petrolera mexicana Pemex– son acciones que “flotan” en el mercado y que concentran fondos de inversión angloestadounidenses (42%).
Los propios balances de la empresa dan cuenta de la situación. Según los últimos datos disponibles (2010), Repsol-YPF obtuvo 6.613 millones de euros en beneficios –antes de impuestos–. Es decir: lo que declaró haber ganado. Del total, 1.641 millones (24,8%) los obtuvo en España; 1.416 millones (21,41%) en Argentina y 3.556 (53,77%) en el resto de países. Vale decir: el “mercado” español no representa ni la cuarta parte del beneficio de la multinacional.
Sin embargo, ni en España conforman las declaraciones fiscales de la compañía. De allí que Repsol-YPF, al igual que otras multinacionales con intereses en América latina, esté en la mira de quienes critican sus prácticas predatorias. Muchas de ellas, entre las se cuentan Endesa, Iberdrola, los bancos BBVA y Santander, además de la aseguradora Mapfre, el Grupo Prisa y Gas Natural, han sido denunciadas por el Observatorio de Responsabilidad Corporativa español por las filiales que tienen en paraísos fiscales y que les permiten triangular inversiones con escasos o nulos costos impositivos.
La plataforma predilecta de las compañías españolas son las Islas Caimán. Desde allí captan fondos mediante la emisión de “participaciones preferentes”, instrumentos financieros normalmente gravados por impuestos locales. La situación es pasada por alto por los partidos mayoritarios y los grandes medios controlados o dependientes de la publicidad corporativa, que prefieren, como hizo el presidente Mariano Rajoy, aplicar políticas de ajuste fiscal que recaen sobre los españoles de a pie. Incluso cuando la desocupación afecta a 4,7 millones de personas, casi el 30% de la población económicamente activa.
Entrevista. Mariana Matranga. Investigadora de la UBA
Por Demián Verduga
dverduga@miradasalsur.com
“El Estado debe tener presencia en el directorio y en el yacimiento”. La especialista analiza la situación de la energía en la Argentina, en medio de la polémica por el futuro de YPF. Las necesidades inmediatas, las de mediano y largo plazo. La inexorable necesidad de una intervención fuerte del Estado.
El objetivo en el mediano y largo plazo debe ser diversificar la matriz energética para no depender tanto de los recursos no renovables.” La ingeniera química Mariana Matranga empieza con esta definición su análisis sobre la situación de los hidrocarburos en la Argentina. “No hay que hablar en términos de hidrocarburos –aclara de inmediato–. Hay que hablar de energía.” Matranga es investigadora de la UBA y trabajó en el sector petrolero diseñando y operando instalaciones de superficie. Hizo esta tarea en latitudes muy diversas del mundo: Argentina, Canadá y Noruega. Su visión, en medio del candente debate sobre el futuro de YPF, sirve para salir unos minutos de la coyuntura y analizar qué esquema energético necesita la Argentina en el mediano y largo plazo para consolidar el modelo de desarrollo actual.
“La economía del país crece mucho –explica la especialista–. Cuando esto pasa, el consumo energético aumenta del mismo modo. Por cada dólar de incremento del PBI crece el consumo de energía, motorizado por las fábricas, el transporte y el mayor poder adquisitivo de la población. El tema es que en el caso argentino hablar de energía es casi sinónimo de combustibles fósiles. Esto, en alguna medida, explica la situación actual.”
–¿Por qué?
–Alrededor de un 65% de la electricidad que consumimos viene de centrales térmicas, que usan combustible fósiles. Un 30% viene de hidroeléctricas y alrededor de un 5% tiene origen atómico. En el caso del transporte, por ejemplo, el 100% se alimenta con combustibles fósiles. Estos datos indican que los hidrocarburos monopolizan la generación de energía en la Argentina. El problema de tener una dependencia tan definida de un recurso es que cuando aparece un conflicto con ese elemento todo el sistema entra en crisis.
–¿Cuáles son los desafíos de la situación actual, en términos de energía?
–Lo primero es no agrandar el problema, que no crezca más la brecha entre lo que se produce y lo que se consume. El objetivo inicial tiene que ser volver a lograr el autoabastecimiento de combustible. El país está importando entre un 10% y un 20% de lo que necesita. En lo inmediato, hay que apostar a un aumento de la producción de combustibles fósiles. Lo que yo creo es que debería hacerse sólo para asegurar lo mínimo indispensable. Luego habría que pensar en la diversificación. De todos modos, ahora, tenemos un desafío técnico muy grande. El proceso es muy complejo. Se debe invertir en exploración para ver cuántos recursos hay y al mismo tiempo hay que sostener la importación porque el país no puede dejar de funcionar. Los recursos financieros se irán en ambos sentidos.
–Para estos objetivos, ¿es necesaria la intervención del Estado?
–Yo creo que es inexorable. Tiene que ver con un debate conceptual que se viene dando de un modo más claro el último año. La pregunta central es si los combustibles se consideran un commodity o un recurso estratégico.
–¿Cuál sería la diferencia?
–Si son un commodity se lo puede explotar en tanto y en cuanto sea rentable. En cambio, si es estratégico, su función consiste en sostener el desarrollo industrial de la Argentina. Esta es justamente la gran diferencia entre Repsol-YPF y Petrobras. La empresa brasileña tiene un esquema mixto, pero la presencia del Estado es preponderante. Entonces se hacen inversiones muy costosas, porque no se calcula la relación costo beneficio del recurso que se va a extraer, sino el beneficio que trae para el modelo de desarrollo en su conjunto.
–Una mirada neoliberal diría que da pérdida.
–Claro. Pero lo cierto es que ese es el debate conceptual central. Yo no extraigo el petróleo para hacer un negocio solamente vendiendo el recurso, sino para sostener todos los otros negocios que se hacen con el petróleo y el gas. Ahí radica la diferencia. Y además ahorro porque siempre va a ser más barato que importarlo. Una cosa importante es que no alcanza con que el Estado esté presente en el directorio. Debe actuar en el yacimiento mismo. En Petrobras el Estado no tiene el poder sólo en los papeles, también tiene una presencia fuerte y concreta en la operatoria.
–¿Cuáles son las inversiones que no resultan negocio para los privados, que tienen como objetivo sacar más dinero del que pusieron?
–Hay muchas. Claro que también depende de cuanto se quiera ganar. Cuando un yacimiento comienza a envejecer, por ejemplo, cada vez hay que invertir más para extraer la misma cantidad de crudo o gas. Es habitual que una empresa privada decida dejar caer la producción y punto, porque en la relación costo beneficio no le conviene invertir tanto para lo que saca. El tema es que esa decisión puede dejar a una zona o a una fábrica sin luz, entonces se vuelve inevitable comenzar a importar.
–En los últimos tiempos, se pusieron de moda los yacimientos no convencionales. ¿Cuáles son las potencialidades y los costos?
–Los yacimientos son superficies rocosas. En general, los fluidos-gas, petróleo, agua, se van alojando en las regiones de la roca que tienen mayor porosidad. Los yacimientos convencionales son los que tienen los fluidos en la zona más porosa de la roca. En este caso, lo que se hace, es punzar en la zona y el fluido comienza a brotar. El recurso no convencional es el que está alojado en zonas mucho más compactas. Son menos porosas y por lo tanto extraerlo es más caro. En esas formaciones hay que hacer fracturas hidráulicas múltiples para poder abrirlas y que el fluido salga. Todo eso consume mucha energía, muchos insumos. Para darse una idea, la extracción no convencional cuesta entre tres y cinco veces más que la convencional.
–Entonces, no sería negocio para los privados.
–Todo depende del precio internacional y de otra multiplicidad de factores. Pero lo seguro es que los costos son mucho mayores. Lo mismo pasa con la exploración en el mar. Es mucho más caro extraer los recursos de allí.
–Antes habló de diversificar la matriz energética. ¿Es muy difícil cambiarla?
–Sí. Es algo que puede tomar una década o más. La matriz es una estructura muy rígida, muy inercial. Desde que se toma la decisión de diversificarla hasta que se plasma pasa mucho tiempo. Imaginemos el tiempo que se demora en construir un edificio. Bueno, una central nuclear, lógicamente, lleva mucho más tiempo y una central hidroeléctrica también. Son obras faraónicas y muy caras.
–¿Cuáles serían las alternativas de diversificación?
–Hay varias. Lo estratégico es apostar a la energía que utiliza recursos renovables, como la geotérmica, que utiliza el calor del centro de la tierra. También están la hidroeléctrica y la eólica. En la Patagonia, ya hay algunos parques para generar energía eólica. La Secretaría de Energía contabilizó en el 2010 su participación en el sistema interconectado nacional. Estuvo cerca del 0,5%. Parece poco, pero sobre el total de la matriz energética es un dato considerable. Hay otras posibles fuentes de energía con recursos renovables, como la mareomotriz y la solar.
–¿Qué ventajas tiene la diversificación?
–Hay una que es central y es no depender de un sólo recurso. Supongamos que la matriz tuviera cinco fuentes que más o menos aportaran un 20% cada una. Si hubiese conflicto con alguna de las cinco, por cuestiones económicas, climáticas, o lo que fuere, y esa fuente bajara en un 10% su capacidad de generación, alcanzaría con elevar un 2,5 % las otras cuatro para cubrirse. En cambio, al depender tanto de un solo recurso (los fósiles), cualquier conflicto que aparezca en ese frente complica toda la matriz.
–En este cambio, ¿hay algún rol que le quepa a la sociedad en su vida cotidiana?
–El uso racional de la energía es otro punto importante. Ahí la sociedad tiene mucho que ver. Es un aspecto cultural. Hay datos que son muy precisos. Si todas las lamparitas de una zona urbana como la de Capital y conurbano fueran de bajo consumo, el nivel de ahorro de energía equivale a todo lo que genera una central termoeléctrica.
–O sea que los hábitos de la población no son un detalle.
–Para nada. El estilo de vida, la relación con el medio ambiente, el tipo de energía que se usa, son cuestiones que están ligadas y necesitan de un debate de mucha madurez, en el que se entiendan los costos y beneficios de todos los aspectos.
España amenaza con represalias, pero conoce su inviabilidad
Año. Edición número 204. Domingo 15 de abril de 2012
Por Roberto Montoya
Desde Madrid
La obligación del gobierno es defender, con todos los instrumentos a su alcance, los intereses generales de España”, dijo Soraya Sáenz de Santamaría. Ante las preguntas de los periodistas sobre las posibles represalias que podría adoptar España si el Ejecutivo de Cristina Kirchner concretara la nacionalización de un alto porcentaje de la participación de Repsol en la petrolera argentina, la vicepresidenta española añadió: “Las medidas no se anuncian, se adoptan”.
Por su parte, el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Manuel García-Margallo, tras citar en su despacho al embajador argentino en Madrid, Carlos Antonio Bettini, aseguró que “cualquier agresión contra Repsol violando los principios de seguridad jurídica, será considerada como una agresión contra el gobierno español, que tomará las medidas que considere oportunas”.
Las espadas están en alto y España parece decidida a poner toda la carne en el asador en este diferendo que ya todos temen aquí que se transforme en un conflicto diplomático de primera magnitud entre los dos países.
Todos con Rajoy. El Partido Socialista Obrero Español (Psoe), tratando el tema, al igual que el Partido Popular y el rey Juan Carlos, como una verdadera “cuestión nacional” y no como el conflicto de una empresa en el exterior, se apresuró a dar su apoyo total al gobierno del presidente Mariano Rajoy. “Si el gobierno estima que en algo podemos ser útiles, sabe perfectamente que puede contar con nosotros”, declaró la portavoz de los socialistas españoles en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Los periódicos también se han lanzado en tromba a cerrar filas con el gobierno y la dirección de Repsol como si se tratara de los preparativos de una guerra con Reino Unido para recuperar la soberanía sobre el peñón de Gibraltar.
El monárquico ABC titulaba el viernes pasado con grandes caracteres en su portada: “Kirchner amenaza a España” y su principal editorial, titulado “Asalto a Repsol”, se iniciaba así: “La presidenta Fernández ha decidido sustituir las reglas de conducta de un país serio y fiable, como la seguridad jurídica, por la de un Gobierno basado en prácticas populistas y reaccionarias”.
El País, recurriendo también al lenguaje belicista, titulaba ayer sábado en su portada: “España activa a la UE y a EE.UU. para defenderse de Argentina”, sosteniendo en su editorial: “Rajoy ha sacado su artillería pesada en defensa de Repsol en Argentina. Es razonable que el Gobierno defienda a las empresas privadas españolas en el extranjero”.
En España reina la confusión sobre qué hay de real sobre los “cuatro borradores” que supuestamente manejaría el Ejecutivo argentino para concretar su intervención en la empresa. Lo que está en juego es demasiado importante para España y el conflicto se agudiza precisamente en la semana más negra de la economía española desde que Rajoy llegó al poder.
La producción de YPF representa para Repsol más de la mitad de su producción total (472.000 barriles diarios) y de sus reservas. Los beneficios que obtiene esta multinacional en Argentina suponen más de un 30% (1.200 millones de euros) de sus beneficios brutos globales, lo que le ha permitido repartir durante años casi el 90% en dividendos, reinvirtiendo solo el 10%.
La compra en 1999 de buena parte de YPF por el grupo español le supuso a Repsol el inicio de su internacionalización, convirtiéndose así en poco tiempo en la octava productora del mundo y en la decimoquinta empresa energética.
De ahí la importancia que tiene para el grupo español el futuro de YPF.
Por ello, el gobierno de Rajoy buscó el apoyo de países aliados para ejercer presión sobre Argentina y tratar de impedir una hipotética nacionalización.
El viernes pasado hubo reuniones con EE.UU. a través del embajador en Madrid, Alan Solomont. También con la Cancillería mexicana, dado que México preside temporalmente el G-20, del que Argentina es miembro. Otro contacto se dio con la embajada colombiana; en este caso, por ser Colombia el anfitrión de la Cumbre de las Américas que se desarrolla este fin de semana en Cartagena de Indias; y, finalmente, también con la Unión Europea.
Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado de la Comisión Europea (CE) –órgano ejecutivo de la Unión Europea–, ha advertido a Argentina que “romper las reglas de juego tiene un coste”, asegurando que de decidir la nacionalización de YPF podría convertirse en “un apestado internacional”.
España y la UE saben, sin embargo, que las amenazas son más declamativas que reales.
Represalias, ¿Qué represalias? La inversión española en Argentina es de casi 29.000 millones de euros, mientras que la argentina en España es de sólo 67 millones. En el hipotético caso de que se concretara la nacionalización, el conflicto seguramente acabaría en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), donde su resolución podría demorar años.
Ni el Tratado de Lisboa, por el que se rige la UE, ni la Organización Mundial del Comercio (OMC) cuentan con instrumentos jurídicos que pudiera utilizar España a su favor.
El gobierno, al igual que el conjunto de las decenas de multinacionales de origen español presentes en Argentina, teme que la batalla por YPF no sea la única a librar a corto o medio plazo.
El nuevo embajador español en Buenos Aires, Román Oyarzun, que ha estado durante los últimos días pegado al presidente de Repsol, Antonio Brufau, en Argentina, mantuvo intensas reuniones en su residencia con empresarios españoles.
Telefónica, Endesa, Gas Natural Fenosa, Inditex (Zara), Mapfre, OHL, ACS, el Banco Santander y el BBVA son algunas de las principales grandes empresas españolas con fuertes intereses en Argentina, de donde obtienen una parte muy significativa de sus ingresos globales.
A pesar de las amenazas iniciales de represalias, tanto Repsol como el resto de empresarios y el gobierno español saben que Argentina, y América latina en general, son demasiado apetitosas como para mantener posturas inflexibles. En otras palabras: que es mejor recortar beneficios y aceptar las nuevas reglas de juego de los gobiernos progresistas que perderlos. De allí que, tal vez, podría preverse que Madrid intentará “reencauzar” por todos los medios las negociaciones.
Fuente:MiradasalSur
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