La iniciativa apunta a determinar si hubo empresarios que cometieron delitos contra los derechos humanos. Estudian si apoyaron el golpe de 1976.
Los economistas de La Campora y el CENDA liderados por el viceministro y subinterventor de YPF, Axel Kicillof, junto a Esteban Kiper del CEP (Centro de Estudios Políticos de La Campora) y Juan Manuel Vázquez Blanco (USAM Conicet) están finalizando un trabajo de investigación sobre los delitos económicos cometidos en la dictadura. Estos supuestos delitos serían investigados por una supersecretaría con rango similar al de la Secretaria de Derechos Humanos.
El estudio indica que "en muchos casos hubo empresarios que llegaron también a participar directamente en la violación de derechos humanos". Desde La Campora y desde varias agrupaciones defensoras de los derechos humanos se sostiene que numerosas compañías y empresarios fueron autores directos de crímenes de lesa humanidad.
"Una parte del empresariado local apoyó y protagonizó el golpe de Estado de 1976 y luego le dio sustento con cuadros políticos y económicos, empezando por el propio ministro de Economía José Martínez de Hoz, con vínculos nacionales e internacionales con el Estado terrorista que los benefició con sus políticas económicas. Por es necesario saber lo que pasó y hay que crear un ente para que investigue estos hechos", dice el estudio.
En esa categoría se incluirían a dueños y directivos de empresas como Loma Negra, Ingenio Ledesma, Ford, Mercedes Benz, Veloz del Norte, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Pérez Compac, Alpargatas, Celulosa, la Sociedad Macri (SOCMA), el Banco de Italia, y el First Bank of America. También se investiga la estatización de las deudas de los grandes grupos económicos cuando Domingo Cavallo fue presidente del BCRA en el 82 y estatizó esas deudas de empresas privadas.
Según los economistas de La Campora, "la estatización que llevó a cabo Cavallo a través de los seguros de cambio le habrían costado al estado unos 20.000 millones de dólares". Entre los principales acusados se encontrarían la fallecida Amalia Fortabat, algunos empresarios dueños de empresas que todavía están en actividad, y el vocero de un grupo empresarial. Además se sumarían directores de empresas estatales de esa época como YPF y Aerolíneas Argentinas. También se apunta a lo ocurrido con la empresa Papel Prensa.
Es importante mencionar que dentro de la secretaría de Derechos Humanos funciona la Dirección de Delitos Económicos que fue creada en el 2010, pero al parecer ésta se podría transformar en una superestructura con el mismo rango de la mencionada, que se encargue de investigar esos delitos. En ese sentido un grupo de diputados encabezados por los dirigentes de La Cámpora Andrés "El Cuervo" Larroque, Eduardo "Wado" de Pedro y Juan Cabandie trataran de impulsar la creación de una especie de Secretaria de Delitos Económicos para investigar el accionar de los principales grupos económicos en la dictadura. Aunque el Gobierno podría crearla por un decreto.
Una de las primeras empresas investigadas sería la cementera Loma Negra. Esto va en línea con la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata que acaba de sentenciar a tres militares y dos civiles por la muerte de un abogado en Tandil. "Lo más importante del caso es que se ordenó abrir una investigación a la cementera Loma Negra por plurales elementos de convicción que permiten sospechar que integrantes del directorio habrían inducido los delitos" comentan desde de La Cámpora.
FuentedeOrigen:Cronista.com
Fuente:Agndh
Eduardo saiegh, ex dueño del banco latinoamericano
“El jefe de la dictadura fue Martínez de Hoz”
Historia de un despojo que incluyó persecución, secuestro y tortura. Ahora, como querellante junto con el Estado, puede llevar a la cárcel al ex ministro de Economía.
Saiegh tiene 75 años y desde los 17 es peronista. A principios de la década del ’70 perteneció a la denominada “burguesía nacional” y eso le costó, como a tantos otros, ser víctima del terrorismo de Estado. Fue secuestrado y torturado durante una semana, en 1980. El motivo de su fugaz desaparición: robarle el Banco Latinoamericano de Inversiones que había fundado en el año 1975.
Actualmente es co-querellante junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en una causa penal por delitos de lesa humanidad contra José Alfredo Martínez de Hoz –ex ministro de Economía durante la última dictadura– y Alejando Reynal –ex vicepresidente del Banco Central durante ese período–. La causa es llevada adelante por el juez federal Norberto Oyarbide, luego de que la Cámara Federal apartara a Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo por incompetencia.
“Esta es la única causa abierta que hay en el país por la cual se los puede sentar en el banquillo de los acusados a Martínez de Hoz y a Reynal y que sean juzgados igual que los militares”, explica Saiegh a Veintitrés.
Su caso, como el de tantos otros, es un claro ejemplo de la complicidad que ejercieron civiles y militares para llevar adelante el terrorismo de Estado e instaurar la nueva matriz económica neoliberal.
Corría el año 1975 y, tras regresar de Europa, Saiegh decidió fundar el primer banco de inversiones de la Argentina. Con seis millones de dólares como capital inicial, comenzó a gestar los trámites en el Banco Central para acceder a la habilitación. “Cuando dieron el golpe, me agarraron con el caballo en el medio del río, yo ya no podía retroceder y no me imaginé para nada lo que sucedería cuatro años después”. Pero los palos en la rueda comenzaron a hacerse sentir y los integrantes del directorio del banco –compuesto por peronistas, radicales, liberales y hasta por algunos militares– tuvieron que rebuscárselas para que les dieran la habilitación.
“Desde el Banco Central no nos querían dar la habilitación. Un día Reynal nos citó a mí, a Bernardo Grinspun (luego ministro de Economía de Raúl Alfonsín) y al general Jorge Shaw y nos manifestó su ‘preocupación’ porque él decía que era el banco de José Ber Gelbard (ministro de Economía de Perón) y que estaba vinculado al grupo Montoneros. Shaw lo agarró del cuello y le dijo: ‘Pendejo de mierda, a mí, a un general de la Nación, me venís a decir que tengo que ver con montoneros, qué tomaste imbécil’”. Así fue como consiguieron la habilitación. “Se la arrancamos”, detalló Saiegh.
Sin embargo, en septiembre de 1980, el gobierno de facto sacó un decreto que estableció la estatización de la línea aérea Austral, transfiriéndole al Estado una deuda de 150 millones de dólares y dejando constancia de que el único acreedor privado que tenía la línea de aviación era el Banco Latinoamericano.
“Para completar la estatización ellos necesitaban el paquete accionario de Austral, que lo tenía el banco, por lo que querían liquidarme tanto a mí como al banco”, señala.
Fue por eso que el 31 de octubre de ese mismo año un grupo de militares lo secuestró y lo torturó durante una semana con el objetivo de que Saiegh confesara algún delito inexistente que les permitiera apropiarse del banco y, por ende, de las acciones.
“Me largaron porque negocié mi vida por quinientos mil dólares con la policía, hice un pacto mafioso. Durante diez semanas tuve que entregar cincuenta mil dólares hasta completar el total. Lo hice escalonado porque si lo hacía todo de una me mataban al día siguiente”.
Pero Saiegh no confesó ningún ilícito y las presiones en el Banco Latinoamericano continuaban por doquier. Por caso, en un nuevo encuentro entre Reynal, Shaw y Grinspun, el vicepresidente del Banco Central volvió a amenazarlos.
“Reynal les dijo: o piden la autoliquidación voluntaria del banco, o les va a pasar lo que le pasó a Saiegh”. Así fue como el dueño del banco firmó lo que él mismo denomina el “autosuicidio”. “Así fue como se robaron las acciones”, sintetizó.
–Su caso, así como el de Papel Prensa, es un típico ejemplo de cómo funcionó la complicidad entre civiles y militares…
–Totalmente. Yo siempre sostuve que este golpe fue más cívico que militar. Es más, el verdadero jefe de la dictadura fue Martínez de Hoz, y las Fuerzas Armadas estuvieron a su servicio. En mi caso particular, era desde el Banco Central que daban las directivas a la policía para que me secuestraran y torturaran.
–¿Cuál es la particularidad de su caso, a diferencia de otros?
–En primer lugar, yo tengo las manos limpias. No tuve nunca una causa penal ni nada en mi contra. Nunca el Banco Central me pudo vincular con nada, fui siempre transparente. Por otra parte, la importancia que tiene la causa 1875/09 de lesa humanidad y terrorismo de Estado en la cual yo soy querellante junto a la Secretaría de Derechos Humanos, es que Martínez de Hoz y Reynal pueden ser condenados al igual que los miliares.
–Usted sostiene que el objetivo principal de Martínez de Hoz era liquidar a la burguesía nacional. ¿Por qué?
–Porque él abrió el sistema financiero para que entren todos. Después hicieron una crisis en el sistema económico para hacer una concentración y quedarse con los bancos.
–Usted fue doblemente torturado por su condición de judío, y en el año 1999 el juez Baltasar Garzón falló en su favor y caratuló su causa como terrorismo de Estado, particularizando su agravamiento por su condición de judío. ¿Esto marcó un antes y un después?
–Sí, absolutamente. Los judíos fuimos doblemente perseguidos, y esto hasta lo dijo Cristina Fernández de Kirchner muchísimas veces. Yo, además, soy una prueba de que el Estado tiene una fuerte convicción en la búsqueda de justicia, porque el solo hecho de que me esté acompañando como co-querellante es porque sabe que está reparando un error cometido por un Estado terrorista y tiene la obligación jurídica de acompañarme, porque ha probado que todo lo que yo dije es cierto.
–Usted le inició un juicio político al fiscal Carlos Rívolo. ¿Cuál fue el motivo?
–Él y el juez Rafecas eran quienes estaban llevando adelante la causa. Durante dos años y medio ninguno de los dos hizo nada, estaban “cajoneando” el expediente. La Cámara le sacó la causa a Rafecas por incompetencia. Jurídicamente mi juicio es por incompetencia en su actividad como fiscal. Entonces, ¿por qué actuaron con tanta celeridad en el caso de Boudou y, en mi caso, el fiscal ni siquiera me recibió?
–¿Por qué cree?
–Y… Reynal es un tipo muy poderoso, con mucho dinero. La familia judicial es una cofradía, es el gran cáncer de la Argentina. La impunidad es la madre de la corrupción. No son todos iguales ante la ley, hay justicia que se compra y se vende. Pero igualmente tengo esperanza de que se avance con la causa, que ahora está en manos de Oyarbide.
FuentedeOrigen:Revista23
Fuente:Agndh
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