13 de abril de 2012

NEUQUÉN: Vitón: “Me echaron del Ejército por subversivo”.

Vitón: “Me echaron del Ejército por subversivo”
Así se defendió el ex director de Control Urbano platense en su ampliación indagatoria en el juicio por crímenes de lesa humanidad de Neuquén. Está acusado de comandar una comisaría rionegrina que fue centro clandestino.
12.04.2012
Gustavo Vitón escribe, ubicado detrás de los imputados Camarelli y Sosa (Foto: Matías Subat. Sindicato de Prensa de Neuquén)
Por Pablo Roesler
pabloroesler@gmail.com
“Sufrí durante el Proceso (dictadura militar) todo tipo de amenazas y condicionamiento. Me echaron del ejército, lisa llanamente, como dijo un general en Campo de Mayo en ese momento, por considerarme un subversivo”. Con esa tónica argumentó su defensa el ex director de Control Urbano de La Plata a finales de los ’90 y empresario de esta ciudad, Gustavo Vitón, en la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la región de Neuquén y el Alto Valle del Río Negro durante la última dictadura cívico militar.

El militar retirado habló ayer ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal de Neuquén, que juzga a 24 militares, policías y gendarmes por los crímenes cometidos contra 39 personas -6 de ellos permanecen desaparecidos-, en el centro clandestino de detención conocido como “La Escuelita”, que funcionó en terrenos del Ejército, y en cuatro dependencias de las fuerzas de seguridad.

Vitón organizó su defensa argumentando que integró el grupo de militares conocido como “Los 33 orientales” que fue expulsado del ejército en 1980 hacia el final de la dictadura, por no estar consustanciado con el objetivo del golpe militar.

No dijo nada, sin embargo, sobre lo que se lo acusa en la causa: que en dictadura fue jefe del Área 5.2.1, con asiento en la comisaría 24 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, seccional que “fue utilizada como centro de detención y tortura durante los primeros meses posteriores al golpe de estado”.

“Mi última profesión fue política. Estuve 10 años en el ejército y casi 30 en política”, dijo Vitón en el inicio de su declaración y destacó que ingresó “en el año 70, y el Ejército me echó con un proceso en el año 80”.

- ¿Tiene presente haber prestado servicio en la región de Neuquén?- preguntó el Tribunal.
- Si.- respondió.
- ¿Recuerda en que años fue?
- Me salió el pase obligatorio en la escuela de suboficiales en octubre del año ‘74 hasta el ’77.

Sólo esos datos aportó en la ampliación indagatoria sobre su rol operacional en dictadura. El resto fue un alegato político.

En su defensa ofreció un documento fechado en 1982 –que presentó como un “informe de inteligencia militar”- titulado “Informe sobre la situación del ejercito nacional para ser leído a todos los oficiales”, que dijo que fue elaborado para que los oficiales no se reúnan con ellos en los que, según leyó, lo vinculaban a un grupo de oficiales que se reunían con miembros de Montoneros

“Entre 1978 y 1970 por declaraciones de algunos integrantes de conducción de Montoneros se confirma el listado de oficiales con contactos políticos. En 1980 se elimina del ejército, de un listado de más de 100, a 33 oficiales”, leyó el imputado.

También aseguró que comenzó a militar en el peronismo en 1974 siendo Teniente del Ejército, y resaltó su actividad como en el Partido Justicialista en La Plata, del que fue interventor –afirmó- en 1986. También realzó su actividad política: dijo que entre 1987 a 1991 fue nombrado por el gobernador Antonio Cafiero como Coordinador General de Seguridad de la Provincia; que entre 1991 a 1994 fue asesor de Cafiero en el Senado de la Nación e intervino en la comisión bicameral de seguimiento de seguridad e inteligencia.

También aseguró que durante la gobernación de Eduardo Duhalde fue nombrado Director de Operaciones en la Zona Franca. Dijo que propuso la creación de las policías comunales y que por esa propuesta el entonces intendente de La Plata, Julio Alak, lo llamó para aplicar su idea y lo nombró secretario de Gobierno y de Control Urbano. De ese último cargo fue separado luego de un escrache de HIJOS La Plata en 1998.

En la misma audiencia ampliaron su declaración indagatoria los imputados Jorge Eduardo Molina Ezcurra, que igual que Vitón no aceptó preguntas; el ex policía rionegrino Oscar Ignacio Del Magro, quien habló y respondió cuestionamientos. También Sergio Adolfo San Martín y el médico militar Hilarión de la Pas Sosa, quienes se abstuvieron de hablar.

Las audiencias continuarán el miércoles 18 con la declaración de los testigos. El primero en exponer su caso será el dirigente docente del Neuquén, Orlando Nano Balbo, detenido y torturado en la dictadura.
Informe: Sindicato de Prensa de Neuquén (www.spnqn.com.ar)


Acusan a ex funcionario platense de dirigir un centro clandestino en la dictadura
Continuaron las lecturas de las acusaciones a los imputados en el juicio por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en Neuquén, entre los que está acusado Gustavo Vitón, director de Control Urbano de La Plata en 1998.
29.03.2012 
Gustavo Vitón, detenido
Por Pablo Roesler
pabloroesler@gmail.com
En la segunda audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Neuquén y el Alto Valle del Río Negro durante la última dictadura, el Tribunal Oral Federal de Neuquén continuó con las lecturas de las acusaciones contra los 24 acusados que tiene el proceso, entre los que se encuentra el ex director de Control Urbano de La Plata, el mayor del Ejército retirado Gustavo Vitón, quien está acusado de dirigir una comisaría que funcionó como centro clandestino de detención durante la represión en esa región.

La audiencia se puso en marcha minutos antes de las 10 en los tribunales ubicados en calle Carlos H Rodríguez Nº 46 de la capital neuquina con la presencia de 20 imputados.

Vitón, que estuvo presente en la sala, es un militar retirado de 64 años que a finales de la década del 90 fue designado al frente de la oficina de transito de la Municipalidad de La Plata por el entonces intendente Julio Alak. Esa fue su última excursión en la función pública y fue separado del cargo luego de que ese mismo año la agrupación HIJOS La Plata realizara un escrache en su casa de avenida 60 y 23. Antes, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, en 1996 y 1997 se había desempeñado como gerente de operaciones de la Zona Franca de La Plata.

Según la causa que comenzó a ventilarse en Neuquén, el por entonces teniente primero Gustavo Vitón estaba a cargo la Compañía “A” del Batallón de Ingeniero de Construcciones 181 en 1976 y tras el golpe de estado del 24 de marzo se le asignó la Jefatura del Área 5.2.1, con asiento en la comisaría 24 de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.

Esa seccional, según indica la acusación fiscal, “fue utilizada como centro de detención y tortura durante los primeros meses posteriores al golpe de estado”, y se utilizó antes de la instalación del centro La Escuelita en territorio del Ejército.

Entre otros hechos se lo acusa al ex funcionario platense de comandar un operativo conjunto con la Policía para secuestrar en su propia casa durante una semana a Silvia Noemí Barco quien se encontraba embarazada y a sus dos hijos menores, mientras esperaba la llegada de su marido Norberto Osvaldo Blanco, a quien al término de ese lapso se presentó en la Comisaría de Cipolletti y fue entregado a otro grupo represivo.

En el mismo expediente se precisa que “dos o tres días después del 24 de marzo efectivos militares y policiales allanaron la vivienda de Raúl Sotto en Cipolletti, quien al día siguiente fue detenido en su lugar de trabajo en el Hospital de esa ciudad”.

Tras ser interrogado por la Policía Federal Argentina (PFA) de Neuquén, fue liberado, pero a la semana siguiente lo detuvo la policía provincial de Río Negro y lo llevó “a la Comisaría de Cipolletti, dependencia en la que pudo ver a efectivos militares y donde fue víctima de la aplicación de tormentos psíquicos y físicos”. En esa seccional permaneció hasta el 3 de abril de 1976 cuando fue trasladado a la PFA neuquina. Fue liberado de la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal, ubicada en pleno centro de la ciudad de Neuquén, seis días más tarde.

En el expediente de acusación que comprende a Vitón, también figura el secuestro de Oscar Dionisio Contreras, detenido en su casa de Cipolletti pocos días después del golpe. En la causa se explica que a la víctima “la llevaron a la Comisaría de esa ciudad, lugar en el cual le fueron aplicados tormentos psíquicos y físicos y sometido a interrogatorios, habiendo recuperado su libertad a la semana aproximadamente desde la misma seccional”.

“En tanto –sigue el expediente- , el 28 de marzo de 1976 en horas de la noche, efectivos militares y policiales privaron ilegalmente de la libertad a Ricardo Novero habiendo ingresado violentamente a su domicilio sito en la ciudad de Cipolletti y a quien condujeron a la Comisaría de esa ciudad, donde le aplicaron tormentos físicos y psíquicos, habiendo sido interrogado y sacado de esa comisaría en algunas ocasiones, habiendo permanecido detenido aproximadamente durante dos meses”.

Vitón también está acusado de participar de una serie de operativos conjuntos del Ejército y las Policías Federa y de las provincias de Río Negro y Neuquén realizados entre el 9 y el 14 de junio de 1976, en el que fueron detenidas unas 34 personas.

El juicio conocido como “La Escuelita II”, es el segundo por crímenes de lesa humanidad que se sustancia en Neuquén. El primer juicio por los delitos ocurridos durante la dictadura militar en el Alto Valle ventiló en 2008 la situación de 17 detenidos – desaparecidos que fueron torturados en ese centro clandestino y condenó a 8 militares.

En este segundo tramo, cuyas audiencias comenzaron ayer, la investigación judicial planteó como centros de tortura a la comisaría de Cipolletti, la de Cutral Co, la sede de la policía Federal en la ciudad de Neuquén, el centro “La Escuelita”-en los fondos del Batallón- y en algunos casos oficinas de la U 9.

El fiscal y el juez federal de primera instancia vincularon a los 24 militares y policías imputados en la causa con delitos cometidos en perjuicio de 39 personas, 6 de las cuales están desaparecidas.
Fuente:Diagonales

Los Valles
Aprueban proyecto de resolución para proteger a asistentes al juicio
13/04/2012
NEUQUÉN (AN).- La Legislatura neuquina aprobó ayer por un proyecto de resolución presentado por el bloque Encuentro Frente Grande MUN solicitando al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial medidas de protección para los asistentes a los juicios por La Escuelita II.

El mismo establece solicitar al Ministro de Coordinación de Gabinete Gabriel Gastaminza que se garantice proteger la integridad física de las personas que actualmente se encuentran acompañando en la vía pública el desarrollo de los juicios en el Tribunal Oral Federal de Neuquén.

En otro de sus artículos plantea solicitar al Poder Judicial de la Nación que se arbitren las medidas necesarias a efectos de garantizar la seguridad, integridad y protección de las víctimas, testigos y público asistente al juicio por la "escuelita II" desarrollado desde el 28 de marzo en el Tribunal Oral Federal.

"Actualmente, se teme por la seguridad no sólo de las víctimas, querellantes y testigos sino también de las personas que acompañan el desarrollo de dicho juicio, ya que encontrándose fuera del recinto del juzgado pero en la vía pública en las proximidades del Tribunal Oral Federal de Neuquén, están expuestas al accionar cobarde e intimidatorio de quienes pretenden defender -de alguna manera- a los genocidas y represores hoy enjuiciados", destacaron los legisladores que presentaron la iniciativa.
Fuente:RioNegro.com.ar

Los Valles
causa LA ESCUELITA II
Piden investigar a Balza por terrorismo de Estado
13/04/2012
La delegada local de la secretaría de Derechos Humanos elevará la solicitud al organismo nacional.

La declaración de Jorge Molina Ezcurra es considerada trascendente en la causa.

NEUQUÉN/CENTENARIO (AN/ACE) - La delegada de Nación en Neuquén de la secretaría de Derechos Humanos, Beatriz Gentile, adelantó que elevará a la secretaría nacional las acusaciones en contra de Martín Balza de que mandó a quemar documentación durante la dictadura y que supo del funcionamiento de al menos dos centros clandestinos de detención, "para que se lo investigue y para cruzar información" con otros antecedentes.

La acusación la hizo el coronel (R) Jorge Molina Ezcurra al declarar como imputado en el juicio de "La Escuelita" II que se hace en esta ciudad por delitos de lesa humanidad.

Gentile opinó que las declaraciones de Molina Ezcurra son "importantes porque modificó su estrategia de no reconocer que había un plan sistemático, de no reconocer que había centros clandestinos y desaparecidos. Esta vez dejó en claro que sí los hubo", reafirmó. E indicó que si bien era un imputado que estaba desplegando su estrategia de defensa, "nos pareció importante esta aceptación implícita de que fueron responsables de este plan sistemático en Argentina".

"Pareciera que (Molina Ezcurra) escupiera un montón de información, pero habrá que investigar", advirtió Gentile.

Destacó igualmente la postura "de alguien que se siente responsable" y que está "denunciando hasta sus cómplices en el delito" y sostuvo que esta estrategia defensista del imputado es "un avance" respecto a la postura anterior de negar la existencia de un plan sistemático de exterminio.

La secretaría de Derechos Humanos es querellante en distintos juicios penales en los que se debaten los crímenes del terrorismo de estado.

Al pedido de opinión sobre las declaraciones de Molina Ezcurra, a través de sus colaboradores la ministra de Gobierno, Educación y Justicia, Zulma Reina, de quien depende la subsecretaría de Derechos Humanos, optó por el silencio.

Victoria López, directora de Derechos Humanos del municipio capitalino, dijo que "está claro que si bien hay que lograr una condena judicial a los responsables del terrorismo de estado, ya hay una condena social. Esta actitud -de Molina Ezcurra- pareciera ser un intento de escapar de sus responsabilidades". Y añadió que "de todos modos dio datos importantes a evaluar y además puede ayudar a otros hablen y salgan más cosas a la luz. Ojalá que sea así".

Para Oscar Ragni, de la Corriente por los Derechos Humanos, "no es raro lo que dijo, pero aunque ya lo sabíamos es un indicio de que han empezado a cortarse los eslabones de esa cadena de sangre que hicieron en algún momento".

Agregó que "después de 30 años eso se ha roto, porque si bien ellos dicen que siguen perteneciendo a las fuerzas armadas, no tienen ese vinculo tan poderoso de jerarquías y es posible que por resentimiento, venganza, odio, empiecen a contarse estas cosas". Aún así dijo "de Balza no puede esperarse mucho porque siempre mintió, pero lo de Molina Ezcurra sirve porque puede ser una incentivación y que otros hablen".
Fuente:RioNegro.com.ar

No hay comentarios: