Primer acto para la reforma al Código
La Presidenta recibió en su despacho a los cinco integrantes –tres de ellos de la oposición– que buscarán devolverle coherencia al Código Penal. La propuesta, alentada por el juez Zaffaroni, había sido anticipada por Página/12.
Por Irina Hauser
Cristina Kirchner recibió a León Arslanian, Raúl Zaffaroni, Federico Pinedo y Ricardo Gil Lavedra.Imagen: Luciana Granovsky
Cristina Kirchner reunió por primera vez en su despacho de la Casa Rosada a la comisión que tendrá la misión de elaborar un anteproyecto para reformar de punta a punta el Código Penal en 180 días. En presencia de sus cinco miembros –tres de ellos referentes de fuerzas políticas opositoras–, la Presidenta firmó el decreto que establece el objetivo de devolverle “coherencia” al conjunto de normas penales y “proporcionalidad a las escalas” de penas para los distintos delitos, cualidades alteradas con cerca de mil modificaciones y la creación de leyes especiales a lo largo de noventa años.
Otras dos cuestiones que menciona el texto son la integración de las definiciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos y la “armonización” de la legislación local con la del resto de los países de la región. La propuesta para renovar de manera integral el Código –que anticipó la semana pasada Página/12– fue alentada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien hará equipo con el ex camarista León Arslanian, los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO) y la ex diputada María Elena Barbagelata (en representación del Frente Amplio Progresista).
La flamante comisión tuvo ayer una reunión inicial con el ministro de Justicia, Julio Alak, y después vino el encuentro de más de una hora con la Presidenta, al que asistieron también el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. Ante las cámaras se los vio a todos sonrientes. A puertas cerradas, también se mostraron entusiastas y de buen humor, aunque nadie arriesgó grandes definiciones, que se discutirán de ahora en adelante. Cristina Kirchner planteó sus expectativas de que un nuevo Código Penal le sirva a toda la sociedad para la convivencia, para dar confianza y también habló de la protección frente al delito, según pudo reconstruir este diario.
Un concepto central que transmitió es que se ofrezcan garantías tanto para quien es enjuiciado como para las víctimas. Insistió en el papel de la comunidad y, en ese punto, se explayó a favor del juicio por jurados. Lo expertos escucharon y le deslizaron dos sugerencias: que se intente avanzar con la creación de un régimen penal juvenil (para los menores) y también con la reforma del Código Procesal Penal, que cambie la lógica del sistema imperante de juicios eternos y centralizados en la figura del juez.
Desde el momento en que Za-ffaroni contactó a los juristas hubo una voluntad común de lograr una reforma que integre las leyes especiales que ahora se encuentran dispersas (que van desde las ambientales hasta los que se refieren a delitos aduaneros y cambiarios), equilibre las penas, incorpore delitos previstos en la legislación internacional (como la desaparición forzada y el genocidio) y establezca un sistema de penas mínimas y nuevos topes, entre muchos otros aspectos. Lo que terminaron de acordar ayer, incluso con la Presidenta, es que se excluirá del anteproyecto cualquier referencia a la despenalización del aborto, ya que ese punto fue el que trabó el último intento de reforma seis años atrás. Eso no quita que se redacte un texto claro –siguiendo el reciente fallo de la Corte– que especifique que cualquier mujer que es víctima de una violación puede acceder a un aborto no punible.
“El Código Penal ha estado sometido a muchas reformas y las de los últimos años terminaron por desarmar su armonía”, le dijo Za-ffaroni a este diario luego del encuentro en la Casa de Gobierno. “Todo esto ha creado un grado de falta de certeza jurídica serio. Un Código Penal es un apéndice de la Constitución. Debe definir bien qué pena tiene cada delito. De lo contrario todo queda librado a interpretaciones torcidas y arbitrarias. Se trata de evitar que haya sentencias anuladas porque se confundieron la ley que está vigente.
Y de lograr equilibrar los bienes jurídicos, de modo que no valga más la propiedad que la vida”, advirtió el penalista. Zaffaroni explicó que la cuestión del aborto, en todo caso, deberá ser contemplada por una ley especial. Ese criterio, sostuvo, se trasladará a aquellos temas que “sean susceptibles de sufrir reformas a corto plazo” y que “la experiencia muestra que a cada rato se legisla de modo diferente”. En ese espectro no descartó que también quede reservada al texto de una ley aparte la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal.
La idea de que la comisión reformadora esté conformada por mayoría de representantes de la oposición política también surgió de Zaffaroni. Está basada en la experiencia previa a la propia creación del Código Penal, que sólo pudieron destrabarse y lograr la sanción en 1922, después de que tomara las riendas una mayoría opositora al gobierno de Hipólito Yrigoyen conducida por el diputado conservador Rodolfo Moreno.
El antecedente aparece mencionado en el decreto firmado ayer por Cristina, que además recuerda que aquel Código inicial significó la abolición de la pena de muerte y la incorporación de la libertad condicional, además de haber unificado la legislación penal. El texto designa a los integrantes del grupo al que la Presidenta le encomendó elaborar el anteproyecto. Señala que el Código Penal fue objeto de “múltiples reformas” que le han hecho perder “coherencia” y han afectado la “proporcionalidad” de las escalas penales con la adopción de “normas represivas especiales”. También dice que “la incorporación de instrumentos internacionales de máxima jerarquía” a partir de la reforma constitucional de 1994 “ha impuesto una interpretación en la jurisprudencia que conforma un conjunto de cuestiones que demandan de un tratamiento integrador”. Sostiene que la ley local debe estar en consonancia con las legislaciones de la región para facilitar la cooperación entre Estados y las estrategias comunes.
El decreto invoca como referencia un proyecto de reforma que fue elaborado en 2006, por una comisión coordinada por el entonces secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar (ahora juez de Casación Penal). Aquel diseño del Código estaba encabezado por el delito de Genocidio, como el más grave, ya que “la humanidad” era tomada como un valor central. Ponía la pena máxima en 30 años, en reemplazo de los 55 actuales, que quedaron establecidos después del endurecimiento introducido en las llamadas “leyes Blumberg”, que generaron otras serie de incongruencias, como que ciertos robos tengan más pena que un homicidio. Eliminaba la reclusión perpetua, proponía penas alternativas y les daba protagonismo a las víctimas en el impulso de la acción penal. Ampliaba derechos laborales, incorporaba delitos ambientales, elevaba penas para delitos de funcionarios públicos, reemplazaba la figura de asociación ilícita y precisaba que a los menores no se les puede aplicar el Código Penal, sino que requieren un régimen propio. También abarcaba la despenalización de la tenencia de droga para autoconsumo y del aborto en los tres primeros meses de gestación. Este último punto fue el más conflictivo, que impidió que avanzara el proyecto.
Zaffaroni explicó que la comisión hará un análisis de las leyes especiales vigentes para resolver cuáles y cómo se sistematizan, y mencionó entre otros temas claves a discutir desde qué sistema de penas mínimas (y máximas) se aplica hasta qué medidas de seguridad adoptar para los inimputables.
EL ANALISIS DE JURISTAS
La oportunidad de ordenar y modernizar- Gustavo Arballo, abogado y profesor universitario, blog Saber Derecho : “Es una buena idea por varias razones. El concepto de una legislación penal ordenada y sistematizada en un Código ha ido perdiéndose con el tiempo porque hay muchas disposiciones penales afuera del Código, leyes complementarias. En segundo lugar, muchas reformas episódicas fueron rompiendo en buena medida la proporcionalidad en la escala de las penas, bienes jurídicos sensibles han quedado desenganchados con penas muy altas, la importancia relativa de la vida y la integridad física está sesgada en favor de delitos contra la propiedad, hay escalas de penas sin correlación. No es lo mismo un robo a mano armada que los robos de cuello blanco, algunas escalas deben recotizarse para arriba y otras para abajo. Entonces, primero la organicidad y luego una buena relación entre las penas. Así como queremos recodificar y racionalizar, es una buena ocasión para pasar en limpio, incorporar y eliminar figuras con aspectos problemáticos de redacción del Código existente, es un buen momento para repensar los agravantes de la ley antiterrorista. Aun manteniendo el elenco de figuras, porque al respecto no hay mucho que inventar, en algunos casos hay problemas de redacción. Es una oportunidad de revisar, emprolijar, adaptar y actualizar algunos aspectos. El Código viejo tiene varias capas de reformas, pero no es justo decir que es el mismo Código de su origen, la última gran reforma es del ’84. También habría que trabajar en la parte de imputabilidad y abrir el elenco de penas alternativas a la prisión”.
- Alberto Binder, vicepresidente Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip): “Creo que es una iniciativa muy positiva porque el nivel de desorden e incoherencia que hay en el Código Penal obliga a un trabajo de estas características. Sería importante tenerlo cuanto antes para presentarlo al Parlamento. Respecto del modo de la iniciativa, hubo una comisión revisora anterior que hizo un proyecto que tuvo mucha participación académica; ahora hay que darle sustento político, por eso es necesario el consenso y que la conformación sea plural, con gente muy idónea pero también con capacidad de consenso político. El fracaso de situaciones similares se dio porque quedan atrapadas en el debate puramente académico. Esperamos que la reforma integral del Código Penal y la reforma del Código Civil y Comercial se completen con una necesaria reforma del Código Procesal Penal”.
- Javier De Luca, ex presidente de la Asociación de Profesores de Derecho Penal: “Tuve el honor de integrar la comisión que elaboró el anteproyecto de Código Penal en 2006, que fue bastante federal y heterogénea. Realizó un trabajo gigantesco de depuración de leyes penales vigentes, y se proponía el regreso de leyes dispersas. El gran problema de la legislación penal es que viola el principio de código: todas las leyes deben estar en el mismo código. Hay muchas leyes complementarias, la ley de Propiedad Intelectual prevé delitos, igual que las leyes de sangre, trasplantes, o la ley de marcas. El Código Aduanero, el Régimen Cambiario, la ley de DNI tienen delitos penales. Antes se trató de limpiar todo eso, sobre la base del código original de 1921 volviendo a una cierta racionalidad, y darle sistematización. Pienso que deben abordar esto de la misma manera. Por ejemplo, a partir de las leyes Blumberg secuestrar a una mujer embarazada tiene más pena que el homicidio de esa mujer embarazada. Hay que tener en cuenta los fallos de la Corte Interamericana sobre libertad condicional porque lo que sucede ahora genera desigualdad. Se cometen disparates como condenar a 50 años de prisión por sumar la cantidad de robos de una persona. El gran desafío es reducir las penas de prisión, que no logra fines de resocialización, por medidas alternativas. Es muy fuerte decir esto hoy, va en contra de lo que (Raúl) Zaffaroni llama la criminalización mediática, el clamor popular que termina en agravar las penas y propone soluciones simplistas a los problemas sociales. Pero la pena de prisión no debe ser la reina de las penas. Además habría que derogar la reincidencia, que todas las penas se cumplieran, sin agravante en el segundo o tercer delito. Hay que eliminar figuras como el duelo. Y si la comisión decide no abordar el tema del aborto, entiendo que es un tema que traba. De los 15 mil mails que recibimos en aquella comisión, 10 mil eran por ese tema”.
- Natalia Gherardi, directora ejecutiva Equipo Latinoamericano de Género: “La composición de la comisión podría haber sido más equilibrada, pero no sólo porque hay una sola mujer, sino en lo regional y en lo cultural. Hay que tener en cuenta equilibrios sociales más amplios. Esta reforma hay que hacerla porque el Código Penal es una suma de demasiados parches e intervenciones, poca gente puede dudar de que hace falta una reforma integral que le devuelva coherencia y proporcionalidad. Lo que nos interesa a nosotras es que mantengan los avances. Esto es, no retroceder en la derogación del advenimiento o los cambios en los delitos contra la integridad sexual, o en los agravantes del homicidio para contemplar el femicidio. Esperamos que mantengan ese espíritu. Y también esperamos avances, que tengan en cuenta la perspectiva de género en la reforma. Respecto del tema del aborto, puedo entender que es un debate complejo que genera reacciones encontradas, pero tampoco se lo puede obviar, meterlo debajo de la alfombra y fingir que no existe. Entiendo las razones que los puedan llevar a no incluirlo, pero tendrán que buscar la manera de abordarlo porque es un tema que está en la sociedad, al contrario de lo que dicen algunos funcionarios. Está en la Corte y en la gente. Si no que nos aseguren que lo van a contemplar de otra manera. Quedó demostrado que cuando el Ejecutivo quiere un debate mueve lo que tiene que mover para que salga. No nos parece que puedan seguir mirando de costado luego de semejante anuncio respecto de la reforma. El reciente fallo de la Corte no mereció un solo comentario de apoyo de las máximas autoridades del Ejecutivo. Plantean una reforma del Código Civil para legislar de cara a la sociedad actual y si semejante iniciativa como la reforma del Código Penal da la espalda a la sociedad en este aspecto, estamos ante un problema”.
- Paula Litvachky, directora del área Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels): “Para nosotros es importante que avance una propuesta como ésta, de revisión del Código Penal, como había sucedido en aquella oportunidad para poder racionalizar y sistematizar lo que es hoy un Código sin sistemática ni proporcionalidad. Es necesaria una reforma que pueda hacer proporcional la escala de penas, revisar algunas figuras muy discutibles, como el agravante que se introdujo en la ley antiterrorista, y revisar las consecuencias de la reforma Blumberg. El corazón de la reforma debe revisar la aplicación del derecho penal a los conflictos sociales. Y sobre todo el aumento del máximo de la pena y los requisitos para la libertad condicional. Y en esa línea, discutir las cuestiones vinculadas con los avances del derecho de derechos humanos. El Código debe ser modernizado y racionalizado, hay que desandar lo que fue la tendencia a la inflación penal, a incorporar nuevas figuras, más penas y agravantes en contra del principio de legalidad porque son indefinidas, como el agravante de la finalidad terrorista, por ejemplo. El tema del aborto claramente debería estar adentro, porque es una discusión pendiente sobre la que hay que avanzar. De un modo u otro, cuando se debata habrá que tomar posición”.
Fuente:pagina12
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