Año 5. Edición número 218. Domingo 5 de agosto de 2012
Por Raúl Arcomano
Noticia de ayer. La nota del diario Clarín informando el hecho
Fallo de la corte suprema. En julio de 1976, una bomba en el comedor de esa área de la policía mató a 23 personas. El Tribunal declaró “inadmisible” un recurso presentado por las familias de las víctimas.
Otra batalla perdida para los grupos pro castrenses que pretenden equiparar los crímenes cometidos al amparo del aparato represivo del Estado, durante la última dictadura, con las acciones de las organizaciones guerrilleras. Eso queda claro tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que esta semana ratificó la prescripción de la causa por el atentado que Montoneros realizó el 2 de julio de 1976 en el comedor de la ex Coordinación Federal. No es la primera vez que el máximo tribunal se expide sobre este tema: junto con la Cámara Federal y la Cámara Nacional de Casación Penal ya dictaminaron que las acciones de las organizaciones político-militares no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra. Al estar prescriptos, no pueden juzgarse hoy. La Superintendencia de Coordinación Federal estaba en el edificio de Moreno 1417, en Balvanera, a una cuadra del Departamento Central de la Policía Federal. En los ’60 comenzó a cumplir un rol importante de la maquinaria policial de persecución y represión a adversarios políticos. A fines de 1975 comenzó a operar allí el Grupo de Tareas 2, creado por el general Albano Harguindeguy, entonces jefe de la Federal, y bajo el mando de otro general, Carlos Guillermo Suárez Mason. Durante la dictadura, varios pisos del edificio funcionaron como centro clandestino de detención. Cuando la dictadura se apagaba, le cambiaron el nombre: hoy el área se llama Superintendencia de Seguridad Federal. A las 13.20 del 2 de julio de 1976, una bomba con nueve kilos de trotyl y cinco bolas de acero explotaron en el comedor del edificio. Murieron 23 suboficiales y oficiales. También Josefina Melucci de Cepeda, una empleada de YPF que había ido a visitar a una amiga, con la que estaba tomando café. Hubo sesenta heridos. El mismo día del atentado, Montoneros se lo atribuyó por medio de un “parte de guerra”. “A nuestro pueblo: en la mañana del día de la fecha, el pelotón de combate Sergio Puigross del Ejército Montonero, aprovechando una falla en el dispositivo de vigilancia y control de la Superintendencia de Seguridad Federal (ex Coordinación Federal), colocó en su sede central un artefacto explosivo (…) Los daños causados al edificio son importantes, estimándose que la capacidad operativa de este centro represivo quedó seriamente afectada por un lapso de tres meses. Este hecho de guerra demuestra –como lo demostraron en su momento, las ejecuciones de los torturadores Villar y Cardozo– que no puede haber lugar seguro para los que responden a la resistencia de los trabajadores con el secuestro, el asesinato y la tortura.” Quien puso la bomba fue José María Pepe Salgado. Había hecho la colimba en la Policía Federal y, una vez que terminó, se quedó en la fuerza. En paralelo, militaba en la JP. Conoció a Rodolfo Walsh y empezó a colaborar con él en Inteligencia de Montoneros. Salgado fue un blanco deseado por la dictadura. Lo secuestraron el 12 de marzo de 1977 y lo llevaron a la Esma. Cuando los marinos confirmaron quién era, se lo entregaron como un “regalo” a los federales. Lo torturaron de la peor manera: le sacaron los dientes y los ojos. Y lo mataron de diez tiros en un “enfrentamiento” que nunca existió. Tenía 22 años. Los autores Pablo Agustín Torres y Luis Wiernes analizaron la historia de Salgado y del atentado en el libro Policía y montonero. El atentado al comedor de la policía, ¿una historia de los antagonismos argentinos? “Creemos que es un hecho central en los acontecimientos de la lucha armada de los ’70. Afectó directamente a la policía como no había hecho otra acción. Endureció la postura entre distintos sectores de la Policía, que discutían la aplicación o no de ‘mano dura’ represiva. Toca personajes claves de ese momento histórico: como Rodolfo Walsh, que al momento de su asesinato –supuestamente– iba a un encuentro con Salgado. Saca a la luz actividades importantes de Montoneros: en su eficaz estrategia, inteligencia, y manejo de documentación, entre otros aspectos”, explicaron en el blog sobre el libro. Luego del atentado, la dictadura tomó represalias. La primera, a los dos días, con la masacre de San Patricio. Asesinaron a tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos en una iglesia del barrio de Belgrano. “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, escribieron los asesinos con tiza en una puerta. Y con sangre, en una alfombra: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes. La segunda parte de la venganza ocurrió el 20 de agosto de ese año. Veinte hombres y diez mujeres fueron secuestrados por fuerzas militares y policiales dependientes del Cuerpo I de Ejército. Fueron apilados y dinamitados en un camino vecinal cercano a la localidad de Fátima. Antes fueron atados, vendados y recibieron disparos en el cráneo desde una distancia menor a un metro. La causa tiene una larga lista de “no” en la Justicia. Fue declarada “prescripta” en primera instancia por la jueza federal María Servini de Cubría. Esa medida la confirmó luego la Cámara Federal porteña. Y en marzo de 2011 la resolución fue ratificada también por la Casación Penal. Los querellantes argumentaban que “un crimen de lesa humanidad es un ataque sistemático y organizado contra una población civil” y que en el Estatuto de Roma, que consagró internacionalmente el concepto, “no hay nada que exija que sólo el Estado puede cometer tales crímenes”. Pedían, entonces, que el atentado en Coordinación Federal sea catalogado como de lesa humanidad. Sin embargo, todas las instancias judiciales rechazaron declarar “imprescriptible” el hecho. El caso llegó a la Corte Suprema por un recurso extraordinario presentado por Antonio, María Alejandra, Gabriel y María Carolina Cepeda, viudo e hijos de Melucci de Cepeda. Pero el máximo tribunal lo declaró “inadmisible” y, por lo tanto, “improcedente”. La medida alcanza a Mario Eduardo Firmenich, al periodista Horacio Verbitsky y a Laura Silvia Sofovich, Miguel Angel Lauletta y Lila Pastoriza. Ellos estaban acusados por el ataque. En la causa también están mencionados Marcelo Kurlat y Norberto Habegger. Ambos están desaparecidos. El abogado de la familia Cepeda es José María Sacheri. Hijo de Carlos Alberto Sacheri, un filósofo integrista que dirigió la edición argentina de la revista Verbo, que era amigo de Videla y que fue asesinado por el ERP-22 de Agosto en diciembre de 1974. Sacheri hijo integra la Asociación de Víctimas del Terrorismo y suele pedir la “amnistía” de los “presos políticos”. Un eufemismo para decir: represores enjuiciados y condenados por su rol en dictadura.
Fuente:MiradasalSur
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