El proyecto político económico represivo de la dictadura cívico militar.

20 de Octubre
El proyecto político económico represivo de la dictadura cívico militar 
Por Andrea Holgado * 
El proyecto económico de la Junta Militar, diseñado y ejecutado por Martínez de Hoz, no permitía oposición ni vestigios del pasado, ni grietas posibles. Como paso fundamental, venía a desmontar lo que quedaba del Estado de Bienestar. La Junta vino a romper el equilibrio de fuerzas y las negociaciones que habían caracterizado el largo período que iba de 1958 a 1976. 

En este marco, más allá de las disputas internas de poder, hubo unidad monolítica en el objetivo y los métodos para lograrlo: redefinir la estructura política, económica y social de la Argentina. 

Como bien lo plantean los economistas Basualdo, Azpiazu y Khavisse en su trabajo sobre la formación de los grupos económicos en la Argentina, se trató de un programa de reestructuración integral de la propia organización social, lo cual plantea diferencias básicas y sustantivas respecto de las políticas económicas aplicadas históricamente en el país, aunque hayan sido instrumentadas bajo otros regímenes militares. 

¿Fueron los militares sólo el brazo armado represivo de un modelo económico? Cualquiera de las polaridades: Militares genocidas o militares brazo armado de un modelo, deja por fuera los matices y variantes de los cruces entre el poder económico concentrado, las viejas oligarquías y las cúpulas militares.

Hubo entre las victimas de la Junta Militar actores sociales que históricamente habían sido aliados en las asonadas militares: empresarios, periodistas del establishment, hijos de los sectores oligárquicos y de los propios militares. Nadie estaba a salvo en este nuevo esquema de intervención que se inaugura en 1976. 

Timerman, Madanes, la familia Graiver, Gutheimn, Perrota, Delgado, Helena Holmberg, Iaccarino, Casariego y sigue la extensa lista. En los espacios del poder (económico, político, religioso) se sabía que el nuevo golpe traería un baño de sangre. No son pocos los testimonios que así lo documentaron posteriormente. 

Según plantea María Seoane en su trabajo de investigación sobre José Bel Gelbard, el hasta entonces ministro de Economía y gestor de la CGE le confesó a sus allegados que se vendría un baño de sangre. Quizás, más consciente que otros, por eso se fue del país sin esperar las clásicas negociaciones entre el poder y los militares de turno. 

A partir del avance en los juicios por Delitos de Lesa Humanidad, y los avances sobre las complicidades civiles, se comienza a hablar de delitos económicos y violación a los DDHH durante la dictadura cívico militar 1976-1983. 

Sin embargo habría que reenfocar la mirada para comprender que no hubo “delitos” en sí, o excepciones, sino un modelo político económico represivo, del mismo modo que no hubo “exceso” en la represión, es decir fueron parte del proceso de implementación de un modelo económico. 

Alejandro Iaccarino, víctima junto a sus hermanos y sus padres del despojo patrimonial mientras estuvieron en cautiverio, plantea que hubo una cierta forma de continuidad en la impunidad en la imposibilidad de avanzar en los juicios por la política del Punto Final. 

Y que sólo fue posible avanzar a partir de la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante el gobierno de Néstor Kirchner permitiendo avanzar en juicios y reparación recién 30 años después. 

Si tomamos las declaraciones de los ex delegados de la Ford, vemos una línea de continuidad donde los trabajadores fueron secuestrados y torturados dentro de la fábrica. 

En el caso del abogado de los obreros de la cementera Loma Negra Carlos Moreno, que fue secuestrado y asesinado, su hijo Matias detalla que Loma Negra se vio favorecida en todas las obras de gobierno, centralmente en la de las autopistas. 

Todos estos crímenes confluyen no sólo en la represión ilegal, sino además en la transferencia de enormes cuotas de poder a favor del bloque socioeconómico que hegemonizó la vida política entre 1975 y 2003. 
* Docente e investigadora UNLP
Fuente:Telam