EN LA LONA
Por Adriana Meyer
PROHIBEN SALIR DEL PAIS AL EX JUEZ FEDERAL RICARDO LONA Y LO CONSIDERAN COAUTOR DE CRIMENES DE LESA HUMANIDAD
Cuando la Justicia es parte de la injusticia
La Cámara de Casación revocó el último sobreseimiento que le quedaba al ex magistrado salteño y agravó los cargos contra Lona, acusado de delitos de lesa humanidad. Sesenta y siete magistrados se excusaron por sus vínculos con el ex juez.
Por Adriana Meyer
Ricardo Lona estuvo varios años imputado sin resolución en tres grandes causas vinculadas con delitos cometidos durante la última dictadura.Imagen: Rafael Yohai
Fue casi como mover una montaña, pero se logró. La Cámara de Casación revocó el último sobreseimiento que le quedaba al ex juez federal Ricardo Lona, acusado por delitos de lesa humanidad en tres procesos judiciales, y le prohibió la salida del país. Además, los jueces de ese tribunal agravaron los cargos contra Lona en la causa por supuesto “encubrimiento y prevaricato” en once denuncias por secuestros y homicidios, antes y durante la dictadura cívico-militar. “Consideraron que su actuación no fue sólo de encubridor, sino también de coautor de los hechos junto con los militares y policías imputados y, por lo tanto, podría recibir una pena más grave, pero como paso previo le impidieron que salga del país”, explicó a Página/12 el fiscal federal Horacio Azzolin. Casación ya había revertido dos sobreseimientos dictados por la Cámara Federal de Salta que favorecieron a Lona y ahora vuelve a estar imputado, pero en un escenario en el que 67 magistrados salteños se excusaron por sus vínculos con el ex juez. El fallo no es un caso aislado, se enmarca en el avance del juzgamiento de los autores civiles del terrorismo de Estado, y más específicamente de su capítulo judicial.Los jueces de la Sala II del máximo tribunal penal del país hicieron lugar a un planteo de los fiscales Azzolin y Javier De Luca, de la Unidad Especial que coordina Jorge Auat. Lona había sido sobreseído el 23 de junio de 2010 por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en un fallo que ayer fue revocado y calificado de “arbitrario” por los camaristas Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Mariano Borinsky. “Se advierte que en la resolución impugnada se desvincularon los delitos atribuidos a Lona del contexto en el que habrían ocurrido. Tal escisión es arbitraria toda vez que no contiene un análisis valorativo de los elementos de juicio colectados que sustenten el aserto” de que los delitos atribuidos al ex magistrado estaban prescriptos. A Lona se le atribuye no haber investigado once denuncias que llegaron a su conocimiento como único juez federal de Salta, sobre desaparición de personas, homicidios y privaciones de la libertad antes y durante la dictadura. Según quedó establecido, “no realizó investigación ni diligencia alguna” hasta el retorno democrático. Los camaristas mencionaron en su fallo uno de los argumentos que había expuesto el fiscal De Luca: “Con tristeza estamos descubriendo que esos abogados fueron nombrados jueces federales para cumplir el rol de denegar justicia a cualquiera que mediante su reclamo cuestionara o revelara el plan sistemático de eliminación de oponentes políticos”.
Lona estaría en Buenos Aires y, según fuentes judiciales, asistió a la audiencia de lectura del fallo. Pese a ello se ordenó al Juzgado Federal 2 de Salta instrumentar la prohibición de salida del país y, además, “con la celeridad y resguardos que el caso reclama”, continuar la investigación. En este sentido, la Justicia podría dictar alguna otra medida para con el ex magistrado.
La Cámara salteña había cerrado la causa por considerar que no se trató de delitos de lesa humanidad y, por ende, estaban prescriptos, pero Casación entendió que los cargos que se atribuyen al ex juez deben analizarse “en el contexto ocurrido”. Según los jueces de la Sala II de Casación, la Cámara de Salta “ha cancelado indebidamente la investigación de otros comportamientos que podrían constituir delitos de lesa humanidad, imprescriptibles”. Tras calificar como “arbitrario” el sobreseimiento definitivo de Lona, ordenó devolver la causa al Juzgado Federal 2 de Salta para que se reactive la pesquisa.
Lona estuvo varios años imputado sin resolución en tres grandes causas: la que investigó la denominada Masacre de Palomitas –ocurrida el 6 de julio de 1976 cuando un grupo de presas y presos políticos del penal de Villa Las Rosas fueron asesinados en el paraje de ese nombre–, la que lo investigó por el presunto encubrimiento y la omisión de sus deberes en la investigación por la desaparición del gobernador Miguel Ragone, y el expediente en el que acaba de expedirse Casación por once casos en los que Lona recibió las denuncias y miró para otro lado.
“Los jueces de instrucción salteños avanzaron de a poco contra Lona, con sus tiempos, pero lo indagaron y lo procesaron en su momento. Sucede que la Cámara de Salta consideró que todos esos delitos estaban prescriptos, pero ahora Casación dijo no, hay que investigarlo, en tres resoluciones dijeron que puede ser partícipe directo. Hay que tener en cuenta que Lona es muy poderoso en Salta porque fue juez federal por mucho tiempo, tiene vínculos y amigos, incluso entre los militares”, describió Azzolin. El fiscal agregó que
“Lona es un apelador sistemático, como sucedió en el caso de (el crimen de Walter) Bulacio, y llegó al punto de hacer renunciar al abogado que lo defendió durante años el mismo día de la audiencia en Casación, con la intención de que fuera levantada. Pero no lo logró porque estos jueces no le hicieron el juego a esa estrategia que bastardea los principios del derecho a la defensa”.
En febrero de 2004 el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura no reunió los votos necesarios para la destitución del magistrado y ordenó reintegrarlo en sus funciones, en una audiencia que culminó con un tibio aplauso, mientras los familiares de las víctimas de Palomitas le gritaban “torturador”. Para evitar el juicio, había renunciado, pero el ex presidente Néstor Kirchner no había aceptado la dimisión para que el proceso siguiera su curso. Sin embargo, la avaló dos días después de la absolución y así Lona tuvo que ir a buscar empleo.
La masacre en el Chaco
Los fiscales de Chaco Carlos Amad y Patricio Sabadini terminaron ayer sus alegatos de acusación al capitán de Ejército Norberto Tozzo para quien pidieron la pena de 24 años de prisión en una cárcel común, por su responsabilidad en cuatro casos de desapariciones en la Masacre de Margarita Belén. Así se conoce al fusilamiento de presos políticos y detenidos-desaparecidos en ese paraje de Chaco, el 13 de diciembre de 1976. A partir del 4 de abril, comenzará el alegato de la defensa de Tozzo y luego el militar tendrá derecho a decir sus últimas palabras antes de que el Tribunal Federal dicte una sentencia. A Tozzo se le imputa la privación ilegítima de la libertad agravada por el tiempo en cuatro hechos en concurso real de Fernando Piérola, Roberto Horacio Yedro, Reynald Zapata Soñez y Julio Andrés Pereyra. Los cuatro figuran en la lista de traslado y fueron objeto de las maniobras burdas de la dictadura para hacerlos pasar por prófugos luego de aniquilarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Durante su alegato, Amad dio detalles sobre la manifiesta complicidad judicial con la represión del terrorismo de Estado y expuso las falencias más notorias de la versión del enfrentamiento y posterior fuga de cuatro detenidos políticos. “Los jueces federales Córdoba y Vivas formaron parte de la trama judicial de ocultamiento, nunca investigaron nada”, recalcó el fiscal Amad.
Despertar de la conciencia
El abogado querellante Franco Catalani afirmó que “si bien falta mucho por la recuperación de la memoria histórica, con los juicios se está despertando una conciencia presente de lo que fue el terrorismo de Estado y lo que es por contraste un sistema democrático”. Catalani es abogado en el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en la Subzona 14 que se llevó a cabo en 2011 en La Pampa. “Creo que se ha avanzado muchísimo. De todos modos estamos a mitad de camino porque falta mucho por hacer en cuanto a la recuperación de la memoria histórica y en general, con los juicios recién se está despertando una conciencia presente en forma permanente de lo que fue el terrorismo de Estado y lo que es por contraste un sistema democrático”, opinó. “Hemos llegado a nivel nacional a una cantidad importante de juicios y condenas, pero faltan muchos, como en el caso de La Pampa, que tuvo su primer juicio en 2010 y queda pendiente el próximo, que es más grande por los hechos y cantidad de imputados”, detalló. “Estos procesos y condenas nos dejan una reivindicación en cuanto a los querellantes, porque hay un reconocimiento de parte de la Justicia del delito de genocidio, y esto no es una formalidad”, indicó Catalani. “Sabemos que la calificación de genocidio no aumenta las penas ni la gravedad de ellas, pero es reparador porque se trata de un poder, como el Judicial, que menciona los hechos con lo que nosotros creemos que verdaderamente pasó: un genocidio”, dijo.
405 sentencias
“Por la democratización de la Justicia” reza el lema que acompañará a la marcha en recuerdo de la instalación de la última dictadura cívico militar en el país, que se desarrollará este domingo 24 de marzo, desde las 12. En ese marco, el Centro de Estudios Legales y Sociales difundió algunas estadísticas relativas al estado de los juicios por delitos de lesa humanidad desarrollados hasta la actualidad. Según las cifras difundidas por el organismo, de las 2071 personas, entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que están o estuvieron involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado, 405 han obtenido sentencia, 370 se encuentran condenadas y 35 absueltas. En tanto, apuntó que desde la celebración del primer juicio por estos delitos en 2006, ha habido 91 sentencias, aunque “resulta preocupante”, resaltó el CELS, que de ellas “únicamente 14 han alcanzado instancia final, 12 confirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Según el documento del CELS, sólo 28 de los 370 condenados en la actualidad tiene firme su sentencia.
Fuente:Pagina12
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