Nosotros en el medio
La problemática del narcotráfico en Argentina ha llegado a las grandes voces mediáticas y políticas a lo largo de todo el país. Pero sólo ocurrió con el fin de permitirles a distintos representantes de los gobiernos señalarse entre sí, responsabilizando a las respectivas veredas de enfrente de haber permitido sin barreras el desarrollo de uno de los negocios más importantes de los últimos tiempos. Por otro lado, en aquellos rincones del país donde no abundan las cámaras y las propagandas, el escenario de esta problemática se plantea de otra forma, buscando la causa para poder trabajar sobre el presente, de cara a un futuro inmediato que permita otra realidad. En este contexto, se pone tanto al Estado municipal, como al provincial y al nacional en el lugar de cómplices, junto a las fuerzas de seguridad y a los grandes empresarios que manejan el dinero producto de este negocio.
En la nueva casa popular rosarina del Frente Popular Darío
Santillán-Corriente Nacional, el día 19 de marzo se llevó a cabo un panel de
debate que reunió en un análisis de la situación a distintas organizaciones
sociales, culturales y políticas que trabajan en los barrios de Rosario. Entre
los exponentes se encontró el periodista e investigador del tema en cuestión,
Carlos Del Frade, junto a otros militantes de diversos movimientos. Fue un
desarrollo explicativo de la posición actual del narcotráfico como mecanismo del
sistema, y de su necesaria relación con otros accionares del Estado que no por
casualidad siempre terminan perjudicando y complicando la existencia de los
sectores más desprotegidos de las grandes ciudades que son a su vez, por
excelencia, el terreno predilecto de los grupos de poder involucrados en esta
conflictiva situación.
En el eje del debate se planteó la necesidad de relacionar a la
precarización laboral por un lado, y a las pésimas condiciones y modos de
trabajo de ciertos lugares que en teoría deberían funcionar como centros de
recuperación, como lo es el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de
Rosario (IRAR), como factores que profundizan la complejidad del narcotráfico,
provocando que los jóvenes como víctimas se encuentren en la situación actual.
El panelista Guillermo Campana, de Causa y Efecto, Movimiento Cienfuegos y
Abogado de Dirección de Justicia Penal Juvenil, explicó que la situación de
precarización laboral es así mismo una precarización de la política pública que
como consecuencia afecta directamente a sus destinatarios. La realidad afirma
que en Rosario funcionan 136 kioscos de drogas reconocidos, en los cuales
trabajan menores de edad que ven en el negocio una rápida entrada económica.
Carlos Del Frade asegura que en las escuchas relacionadas al triple crimen de
Villa Moreno del año 2012, se deja en claro que un cuidador de búnker cobra
alrededor de cuatro mil pesos mensuales. La educación como base fundamental, y
un trabajo en dignas condiciones luego, no aparecen en esta plataforma y se
tiene como consecuencia a la explotación de jóvenes que además ponen
constantemente en peligro a sus vidas.
Un concepto importante de destacar, desarrollado tanto por la panelista Ana
Laura Pinto, de Movimiento Cienfuegos y becaria del CONICET, como por Del Frade,
es el del rol del Estado no como ausente, sino como presentes dentro de un
círculo de corrupción. Permitiendo la complicidad de la policía, no
interviniendo para la celeridad de las causas, y sobre todo siendo causantes de
las condiciones de vida de los sectores desfavorecidos, el Estado en sus tres
niveles aparece en escena de una forma totalmente funcional a determinados
intereses de los grandes actores del sistema. “El Estado en vez de generar
seguridad a la población, genera seguridad con los negocios que se hacen sobre
las necesidades de la población, porque la única seguridad que el sistema quiere
mantener es la seguridad económica de los poderosos”, sintetizó Del Frade. De
esta forma, el negocio del narcotráfico moviliza dos mil millones de pesos
anuales según el investigador, lo que sería un ochenta por ciento del
presupuesto municipal en un año.
Carlos del Frade hace un paréntesis en la problemática de raíz, y se mete
de lleno en lo que implica la disputa entre el gobierno provincial de Antonio
Bonfatti y el nacional de Cristina Fernández de Kirchner. “Esto no tiene que ver
con que esta sea la provincia del narcosocialismo como dijo Larroque (Andrés,
Secretario General de La Cámpora), porque la cocaína no brota desde el
territorio santafesino, sino que llega por la fenomenal corrupción que tienen
las fuerzas de seguridad nacional”, sostuvo. Así, explica que el incremento de
la tasa de criminalidad deviene en lo que desde la escena nacional llamarán
“Sensación de Inseguridad”, y desde la provincia “Una sucia campaña de
desestabilización en contra del gobierno socialista provincial”. “Mentirosos y
cómplices los dos, en el medio nosotros”, remató.
Un monstruo que crece y el trabajo desde abajo como mecanismo de
lucha.
El hilo conductor de Del Frade llevó a situar la problemática desde sus
comienzos. Hace aproximadamente cuarenta años, Rosario era una ciudad portuaria,
ferroviaria, industrial y obrera. “Hoy no tenemos nada de eso, y ese costo lo
pagó la gente con su dolor, con su pibe asesinado, drogado”, explicó haciendo
referencia a que las consecuencias de las políticas que provocaron el vacío de
la ciudad son estas que hoy se pagan con la falta de educación, salud y demás
derechos fundamentales. A su vez, destacó la ausencia de lugares en los cuales
se pueda asistir a las víctimas de la drogadicción, aún cuando una ley de Salud
Mental que continúa sin aplicarse debería amparar la creación de centros de
atención gratuitas con el fin de superar lo que el periodista llama la situación
de “consumidor consumido”. “El narcotráfico es lo que más ha crecido en los
últimos cuarenta años, desde 1973 a 1988 se habían secuestrado tres kilos de
cocaína, mientras que en el 2012 la cifra fue de 400 kilos”, detalló.
Ante esta problemática que parece crecer con el paso del tiempo, uno de los
principales actores que buscan una solución o un cambio profundo, son las
organizaciones políticas, culturales y sociales que trabajan en los barrios
directamente con quienes son los perjudicados principales. María Eugenia
Rodríguez, del espacio de Derechos Humanos del Frente Popular Darío Santillán-
Corriente Nacional, explicó: “La situación que se está viviendo desde el 2010 en
adelante nos obliga a las organizaciones sociales de Rosario a tomar con
profundidad este tema. Entender que en el medio de todo el escenario están los
pibes, y que hay que contextualizar que ellos son los condenados de la ciudad,
sujeto de castigo, de muerte y de exclusión, y pocas veces son sujetos de
protección y contención social y estatal”. Desde estas organizaciones se plantea
la necesidad de un trabajo territorial que también ponga como actores
fundamentales a los jóvenes de aquellos barrios invadidos por la corrupción del
narcotráfico bajo la complicidad de la policía y grupos empresarios.
Rodríguez explicó que el rol de las organizaciones es en cierta parte
reclamar al Estado la implementación de políticas públicas que generen “una
niñez y una adolescencia integrada, digna, con derecho y sobre todo con futuro,
y que al mismo tiempo que suceda con los derechos de los trabajadores”. Como
avance en esta situación, se destacó el trabajo del Colectivo Cienfuegos para
lograr la declaración de emergencia respecto del presente de los niños, niñas y
adolescentes.
Después de las consecuencias
A comienzos del año 2012, Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián
Rodriguez, César Oviedo más tarde, todos militantes del Movimiento 26 de Junio
en Villa Moreno, fueron asesinados en manos de reconocidos narcos. A comienzos
del 2013, Mercedes Delgado, integrante del Centro Comunitario San Cayetano de
barrio Ludueña también fue asesinada cuando quedó en medio de una disputa entre
distintas bandas de narcotraficantes. Como ellos, otros hechos se dieron con
estas características en todo el territorio donde se afianzó este
negocio.
Pero allí no se termina. Cuando desde los compañeros y familiares de las
víctimas se comienza a transitar el camino de la búsqueda de la justicia, se
trata del adentramiento a otra problemática tan compleja como la desarrollada en
líneas anteriores. Aquí aparece el Poder Judicial y sus maneras de tratar la
cuestión, entre la lentitud y la complicidad. El caso más reciente, que es el de
Mercedes Delgado, desde lo judicial no ha evolucionado prácticamente nada. Sólo
hay un detenido, que no se relaciona directamente con el asesinato de la
militante. Desde el Colectivo El Caleidoscopio y el Centro Comunitario San
Cayetano se denuncia que los responsables de la muerte de Mercedes se pasean sin
pedido de captura por otras partes del país.
En una nueva movilización realizada el 14 de marzo en la puerta de
Tribunales Provinciales y con traslado a la sede de Gobernación en Rosario, nada
cambió. El Doctor Negroni, juez de la causa, por diferentes motivos nunca estuvo
presente al momento de los reclamos. Tampoco el gobernador Antonio Bonfatti
recibió a los familiares de la víctima aquel 14 de marzo, siendo que se
encontraba por otro evento en la misma sede de Gobernación.
Así, se permite ver una realidad que se aleja profundamente de los
discursos prometedores. Los barrios más desfavorecidos, sus trabajadores, sus
jóvenes y las organizaciones que allí se desempeñan, son los perjudicados en
este negocio que funciona como una herramienta más en las hambrientas ambiciones
del sistema.
Publicado el: 20/03/2013 Por Martín Stoianovich.
Fuente:enREDando.org.ar
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