Las querellas pidieron penas máximas. Las defensas, absolución.
Jujuy: Concluido el proceso, se fijó el 4 de mayo para oír la "última palabra" de los imputados
La expectativa del juicio a los responsables militares y civiles de la Noche del Apagón, produjo una movilización inédita en la provincia de Jujuy.
Jujuy.-El Tribunal Oral Federal dio por concluidos hoy los pasos procesales en el primer juicio de lesa humanidad que se realiza en la provincia desde el pasado 12 de julio, y que tiene tres imputados por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura, y cinco causas acumuladas. La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el 2 de mayo, cuando se concederá la "ultima palabra" a dos oficiales de inteligencia del Ejército, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, y el ex interventor del Servicio Penitenciario provincial, Antonio Orlando Vargas. La causa principal es "Luis Aredes y otros", por los detenidos desaparecidos en llamada "Noche del Apagón de Ledesma".
Jujuy.-El Tribunal Oral Federal dio por concluidos hoy los pasos procesales en el primer juicio de lesa humanidad que se realiza en la provincia desde el pasado 12 de julio, y que tiene tres imputados por secuestros, torturas y homicidios cometidos durante la dictadura, y cinco causas acumuladas. La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el 2 de mayo, cuando se concederá la "ultima palabra" a dos oficiales de inteligencia del Ejército, Rafael Mariano Braga y José Eduardo Bulgheroni, y el ex interventor del Servicio Penitenciario provincial, Antonio Orlando Vargas. La causa principal es "Luis Aredes y otros", por los detenidos desaparecidos en llamada "Noche del Apagón de Ledesma".
La fiscalía, al igual que los abogados querellantes, pidieron prisión perpetua para Braga y Bulgheroni, mientras que solicitaron 25 años de prisión para Vargas. Las defensas, por su parte, solicitaron la absolución lisa de culpa y cargo durante las audiencias de debates.
En la jornada de hoy se hizo lugar a la réplicas de los fiscales y querellas y las dúplicas de las defensas, sin que hubiera mayores aportes sobre los hechos conocidos durante las indagatorias de más de 150 entre testigos víctimas, familiares de presos políticos, detenidos desaparecidos, policías, guardiacárceles, profesiónales, exjueces y testigos por los imputados. El eje de la réplica y dúplica fue la validez de los decretos que ponían a los detenidos bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional anteriores al golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que para el fiscal Francisco Snopek, fueron utilizados por el posterior gobierno militar como una "fachada legal".
Snopek dijo que quería dejar constancia que con los decretos que llevan los números 2720, 2771 y 2772 los militares "blanquearon las posteriores detenciones" realizadas con el marco de la ilegalidad. También refutó argumentos de la defensa en el sentido que los imputados actuaban por desconocimiento en torno a las detenciones, y otro tanto hizo el fiscal ad hoc, Pablo Pelazzo, argumentando con declaraciones de un testigo empleado del Servicio Penitenciario quien dijo que "sabía que las detenciones eran ilegales".
Ambos fiscales se opusieron también al pedido de la defensa del imputado Braga sobre un supuesto falso testimonio de cuatro testigos durante las indagatorias. Juan Manuel Sivila, abogado querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, dijo hoy que las detenciones que se realizaban integraban un "conjunto de prácticas" y que el plan sistemático de exterminio dl ejército contribuía al Plan de la Seguridad Nacional. Agregó que las órdenes que recibían los subalternos "pasaban por la cadena de mandos, esto claramente apoyado por el imperativo de cumplimiento".
Los abogados querellantes hicieron conocer sus adhesiones a las expresiones de los fiscales y el rechazo al pedido de falso testimonio del defensor de Braga. La abogada María José Castillo, querellantes en la causa Luis Aredez y otros, dijo a Télam que Vargas conocía perfectamente la ilegalidad de las detenciones y el plan, pero además las detenciones a disposición del PEN , no volvía legal la privación ilegítima de la libertad; era una simple fachada legal, concluyó.
El abogado defensor de Vargas, Matías Gutiérrez Perea insistió en que los detenidos en el penal a su cargo eran presos comunes, mientras que efectivos de otras fuerza como Ejército, tenían sus responsabilidades antes los detenidos.
Por su parte Ricardo Vitellini, quien defiende a Braga, principal imputado por la desaparición de de Julio Rolando Álvarez García, nada tuvo que ver con este hecho, como tampoco tuvo que ver Bulgheroni con la desaparición de Santos Rosa Mamaní.
Fuente:Telam
Réplicas y dúplicas
18.04.13
La próxima audiencia será el 2 de mayo a las 16: el TOF dará la última palabra a los imputados y se conocerá fecha de sentencia.
El Ministerio Publico Fiscal (MPF) y los querellantes hicieron ejercicio de su derecho a réplica y más tarde fue el turno de la duplica de la defensa de los imputados.
El presidente del Tribunal, Vicente Casas, abrió la audiencia de debate y antes de dar la palabra al MPF reitero que la réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que antes no hubieran sido discutidos durante el proceso penal que se está desarrollando.
El fiscal Francisco Snopek inició la exposición de la réplica respondiendo sobre los decretos del PEN, que fueron el eje en los alegatos de la defensa. Destacó fechas y nombres en actas de detención de las víctimas de la dictadura civico militar de Jujuy.
Reforzó así que Vargas (ex interventor del penal de Gorriti en 1976) sabía de las detenciones del plan sistemático de exterminio, y que decidía a pesar de tener las liberaciones de los detenidos, esperaba que se pronuncie la Jefatura del Area 323. Lo constató con antecedentes que surgieron de algunos detenidos.
Otro réplica fue sobre el “error de prohibición” que planteó en su momento la defensa de Braga, Bulgheroni y Vargas. Resaltó una testimonial donde el testigo marcó diferencias claras sobre los detenidos, entre presos ilegales políticos y presos comunes.
El fiscal ad hoc Pablo Pelazzo califico a los decretos PEN de “fachada legal”, destacando un supuesto de legalidad, y que en algunos casos esos decretos “eran una sentencia de muerte” como en el caso Rosa Mamaní y Luis Arédez. “Fundamentaron las estrategias clandestinas de la represión que tenían efecto”, dijo.
El MPF se opuso al pedido de la defensa de pedir falso testimonio a varios testigos, después adhirieron las querellas. También la Fiscalía solicito la sanción 18 para el abogado defensor Ricardo Vitellini, que “se restablezca el respeto a los testigos víctimas en los próximos juicios”.
La querella que representa a la Secretaría de Ddhh de la Nación, Juan Manuel Sivila, replicó sobre el “error de prohibición” que incurrió Vargas, resaltando que en el plan sistemático clandestino había un “saber hacer” por la cadena de mando.
En tanto Ariel Ruarte, querellante de la causa “Alvarez García”, replicó “desarmar esta verdad armada” sobre la estrategia de la defensa de situarlo a Braga lejos del secuestro de Julio Alvarez García. “A Braga no lo condena la mala suerte sino la cantidad de pruebas en su contra”, dijo el querellante, entre otros planteos.
También solicitó una sanción para el defensor Vitellini, por “acusar a la Justicia argentina de participar en un plan sistemático de pena de muerte a los militares”
La querellante Paula Alvarez Carrera, por la causa de “Reynaldo Aragón y otros”, replicó sobre el planteo de la defensa respecto a los programas de atención a las víctimas. destacando que el acompañamiento profesional facilitó que muchos testigos participen del proceso.
La querellante María José Castillo, de la causa “Arédez”, replicó sobre la ilegalidad de las detenciones, y el sistema de “tortura” en las cárceles.
La defensa de los imputados en su oportunidad realizaron la duplica sosteniendo sus estrategias y pedido de absolución de los imputados.
Fuente:ElTribuno
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