A López “lo desaparecieron para frenar los juicios a los represores”
En su libro sobre la desaparición del albañil platense, los periodistas Werner Pertot y Juliana Rosende plantean los vínculos de la Policía Bonaerense con el secuestro.
Por PABLO MONTANARO
Neuquén - En el libro “Los días sin López”, de editorial Planeta, los periodistas Luciana Rosende y Werner Pertot realizan un exhaustivo análisis del expediente judicial de la causa, que se encuentra parada, sobre la desaparición de Julio Jorge López, luego de que éste declarara en el juicio oral y público que se realizó en la ciudad de La Plata por crímenes cometidos en la dictadura militar por el ex comisario Miguel Etchecolatz, quien fue condenado a cadena perpetua.
Para los autores, hubo en el expediente tres hipótesis o líneas de investigación que, por desinterés de la Justicia o complicidad de sectores de la Policía Bonaerense, se perdieron en las decenas de cuerpos de la causa o no se investigó exhaustivamente, y en las que quien fuera mano derecha del general Ramón Camps aparece vinculado “en algunas más y en otras menos”.
Represores, en la mira
La primera de las pistas está relacionada con el entorno del ex comisario, más precisamente la familia y algunos allegados que aparecen en comunicaciones telefónicas que se detectan el 18 de septiembre de 2006, día en que desaparece López.
“Esta línea es el ex infante de marina Jorge Boynak, del entorno de Etchecolatz, quien cruzó llamadas con la esposa del ex comisario, Graciela Carballo, y con la suegra el día de la desaparición de López. Además, le mandó un mail cuestionando la declaración de López el mismo día de su desaparición. A este hombre se lo ubicó pero no se fue más allá”, explicó Pertot.
Por otra parte, otra pista era un ex médico de la Policía Bonaerense, Carlos Falcone. Los autores señalan en el libro que el mismo 18 de septiembre de 2006, la esposa de Etchecolatz se comunicó con Falcone, un médico policial exonerado de la Bonaerense quien era su chofer. “A Falcone le allanan la casa a raíz de una denuncia de un testigo de identidad reservada, un familiar de Falcone, que lo señala como uno de los que habría participado del secuestro de López con su auto. Se encontró el auto desmantelado, estuvo a la intemperie tres años. En el auto aparecieron algunas manchas de sangre pero no se pudo extraer ningún perfil genético porque recién comenzó a ser investigado en 2009. Esa pista nunca avanzó: se lo citó a indagatoria donde sólo le preguntaron por el auto, pero no por las llamadas a la mujer de Etchecolatz”, comentó Pertot.
La pista policial
La otra línea de investigación que nunca avanzó es la que está relacionada con los policías mencionados por López durante su declaración en el juicio realizado en la ciudad de La Plata a los que vio en el Circuito Camps, el nombre con que se denominó a las dependencias de la Policía Bonaerense del general Ramón Camps y señalados como centros clandestinos de detención.
“Muchos de estos policías vivían en Los Hornos, el barrio de López, incluso algunos muy cerca de su casa, por lo tanto merecían ser investigados con mayor rigurosidad”, sostuvo Pertot.
También López mencionó al policía Julio César Garachico, que al comienzo de la dictadura fue oficial principal del Comando Radioeléctrico de La Plata y en 1981 ingresó a la Dirección de Inteligencia (DIPBA) con el cargo de subcomisario. López lo ubicó en el centro clandestino Arana. “Resulta que después de la dictadura Garachico se fue a Puerto Madryn, donde era gerente de un casino. Un par de semanas después del testimonio de López, cuando un diario local iba a sacar justamente que Garachico había sido mencionado por López, Garachico se borró de Puerto Madryn, dejó su casa y su cargo de gerente en el casino. Esto tampoco fue investigado en la causa”, describió.
La línea carcelaria
Pertot y Rosende identificaron otra pista, la de un ex agente penitenciario que, afirmaron, era una de las líneas investigativas más fuertes pero que también quedó trunca. “Se trata de un ex jefe de inteligencia del Servicio Penitenciario bonaerense, quien tenía vínculos con el entorno de Etchecolatz y con los ex agentes penitenciarios de la Unidad 9 de La Plata condenados en 2010 por delitos de lesa humanidad”.
“La misma semana de la desaparición de López, Etchecolatz habló por teléfono con el represor platense Carlos ‘Indio’ Castillo, quien fue miembro de la organización parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU). A eso se sumó la declaración de un testigo de identidad reservada que lo señaló como el asesino de López”, dijo Pertot.
Según los autores, fue determinante que la Bonaerense quedará durante más de un año al frente de la investigación para que la desaparición de López “no avance o se desviara a pistas disparatadas que no conducían a encontrar al responsable de su desaparición. Incluso la Bonaerense impulsaba la hipótesis de que López era un viejito que se había extraviado”.
Conocer a los responsables
Los autores señalan que, si en la Argentina se pudieron llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, “es fundamental que se pueda saber quiénes fueron los responsables de la desaparición de López”. Pertot afirmó que a López “lo desaparecieron para intentar frenar los juicios a los represores”.
Entre los entrevistados para el libro, aparece Felipe Solá, quien en el momento de la desaparición de López era gobernador de Buenos Aires, y León Arslanian, ex ministro de Seguridad Bonaerense. Para Pertot, el Gobierno “reaccionó” cuando ocurrió el segundo secuestro de un testigo en los juicios, Luis Ángel Gerez, quien denunció haber sido torturado por Luis Patti. “Ahí el Gobierno hizo un click, Néstor Kirchner se reunió con Solá y le dice: ‘Estos tipos vienen a secuestrar a testigos, incluso puede haber mucha más gente conocida, si estas personas están haciendo esto para frenar los juicios nosotros tenemos que hacer lo contrario, tenemos que hacer que los juicios avancen mucho más rápido”, contó el periodista.
Pertot recordó que en diciembre de 2006 Kirchner “habló por cadena nacional mencionando que a López lo secuestraron y lo desaparecieron, lo que él identificaba como la mano de obra desocupada, y dijo que no iba a ceder a extorsiones ni iba a haber ningún tipo de amnistía que era lo que venían reclamando los grupos encabezados por Cecilia Pando”.
Para Pertot, una cara de la respuesta fue que los juicios siguieron avanzando y la otra que no hubo el mismo nivel de compromiso y de presión política sobre la causa López para encontrar a los responsables de su desaparición. “La causa López primero quedó en manos de la Bonaerense y luego por lo que podemos llamar la burocracia del Poder Judicial donde una serie de funcionarios judiciales, fiscales no demostraron el más mínimo interés por avanzar en las líneas de investigación. No se puede esperar seis meses para allanarle la casa a un sospechoso. Todo esto llevó a que en esa causa no haya procesados ni imputados.
Fuente:laMañanaNeuquen
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