UN LISTADO UNIFICADO DE LAS VICTIMAS JUDICIALIZADAS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO.

UN LISTADO UNIFICADO DE LAS VICTIMAS JUDICIALIZADAS DEL PRIMER CUERPO DE EJERCITO

Cada uno por su nombre

La nómina la confeccionó el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. Es la primera en su tipo hecha en la Justicia. Puede ser una herramienta clave para reorganizar la información que surgió tras la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Por Alejandra Dandan

El juez Daniel Rafecas y parte de las listas de víctimas de la dictadura que confeccionó el juzgado a su cargo.

El juzgado de Daniel Rafecas terminó de pulir un listado unificado de víctimas judicializadas del Primer Cuerpo del Ejército que puede ser clave para pensar alguno de los modos de reorganizar la enorme masa de información que está generando la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad luego de casi diez años. La lista reúne 1720 nombres de varones y mujeres, fechas de secuestro, liberación o desaparición y tramo judicial en el que están incluidos. No más. Pero es el primer listado del tipo, es el primero que hace la Justicia y es una metodología muy esperada por quienes trabajan sobre los crímenes de la dictadura. Entre los muchos ingresos posibles, la lista permite comparar datos que parecen simples, como viejos y nuevos nombres de víctimas o la evolución del proceso de justicia. Lo más interesante de todos modos es que la lista también es un dato en sí mismo y el énfasis puesto en la recuperación de los nombres también habla de los potentes efectos de estos juicios.

Lorena Balardini es coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, socióloga y experta en datos. “Mas allá de esta lista en particular, el hecho de que exista una información sistematizada sobre los universos de víctimas que están siendo objeto de causas judiciales es algo fundamental a nivel de construcción de verdad sobre los hechos”, señala. Los listados de víctimas de la dictadura que fueron elaborados históricamente a partir del trabajo de la Conadep, sus actualizaciones posteriores y aquellos registros sobre los que trabajan áreas de la Secretaría de Derechos Humanos no están actualizados ni cruzados con la información que todos los días generan los juicios que se llevan adelante. En ese contexto, señala Balardini, iniciativas como las de Rafecas parecen centrales y sobre todo muy necesarias de reproducir. “Los juzgados saben quiénes son sus víctimas y les sería muy sencillo facilitar esa información para poder reunirla”, señala la experta. “La Corte Suprema, por ejemplo, podría instar a los juzgados a reunir esa información que podría compilar el Poder Judicial o el área de crímenes de lesa humanidad de la Procuración. Sería cuestión de que los actores principales discutan para ponerse de acuerdo cómo llevar eso adelante”. Esto lo tienen otros países como Chile o Perú, pero la Argentina, que aparece como uno de los lugares con los procesos más avanzados, aún no lo hace.

El camino
Una de las cosas más interesantes que muestra la lista del juzgado es que de alguna manera es uno de los efectos o productos de los diez años de reapertura de las causas. El CELS, por ejemplo, señala que en este momento hay entre 350 y 400 causas más o menos grandes abiertas en todo el país. El número no incluye pequeñas causas, como las que se abrieron al comienzo organizadas en torno de una víctima o un represor, de las que pueden llegar a haber miles y miles. En general, son causas más grandes e incluyen las llamadas megacausas, que se multiplicaron en los últimos años: están los casos de ESMA III, Arsenales, La Perla, Circuito Camps, entre otros. El número, además, contempla las denuncias que ya llegaron a convertirse en casos con procesados. Y en el total muchas se hallan en etapa de juicio oral. Uno de los primeros datos que se advierten de los juicios es que están produciendo mucha y variada cantidad de información distinta a la de otras etapas, mucha sobre las víctimas, información que no se conocía y que no estaba sistematizada.

Balardini señala, por ejemplo, que hay víctimas que declaran por primera vez o dan cuenta de otros compañeros vistos en centros clandestinos de los que no habían hablado. En el juzgado de Rafecas señalan que hay causas en las que “aparecen víctimas todo el tiempo”. A esa lista informal se puede agregar que también varió el tipo de organización de los juicios para producir esa información, como el debate sobre la ESMA, por ejemplo, cuyas líneas de investigación intentan reconstruir cómo eran los grupos de militantes para saber quiénes más pudieron haber sido secuestrados o desaparecidos en los mismos períodos.

En ese contexto, la información que aparece es rica. “Hay mucho conocimiento de que se está construyendo sobre las militancias políticas, pero también hay otras cuestiones como el tema de las profesiones, ocupaciones, la cuestión campesina u obrera, por mencionar algunas”, agrega Balardini. “La cuestión campesina, por ejemplo, solió ser investigada desde las Ligas Agrarias con la impronta política de esa organización, pero qué le pasó al campesinado medio con la represión ahora podemos saberlo por lo que está saliendo en el juicio de Tucumán, el Operativo Independencia llega a ese universo de víctimas”. Las razones de qué es lo que hace que ahora aparezcan estas cosas en los relatos o estas búsquedas seguramente son muchas, pero Balardini menciona que esto también puede leérselo como resultado de la consolidación y expansión del proceso de justicia, no sólo en el tiempo, sino también a lo largo del territorio.

La extensión
“La Conadep funcionó por un período acotado, tanto en términos temporales como territoriales –dice Balardini–, porque si bien sus integrantes viajaron a las provincias, el funcionamiento de la comisión fue breve para el proceso de justicia. Los abogados y funcionarios del interior, sobre todo, dicen que aunque se hicieron viajes la idea de que hubiese habido una comisión bicameral o comisiones legislativas habría sido importante por la extensión en el tiempo. En muchos lugares este tema empieza a convertirse en tema de agenda una vez que empiezan los juicios. Estela de Carlotto, de hecho, dijo justamente días pasados en Página/12 que las organizaciones bregaban en ese momento por la bicameral para que durara más tiempo el proceso y por ende para llegar a más gente.” En ese contexto se expandieron los escenarios de los juicios en los últimos años. Hay otra información y otras prioridades. Y también cambió la necesidad de organizar esa información. Y la mirada sobre lo que se estaba produciendo. En la etapa Conadep y post Conadep, sigue Balardini, se trabajaron las identidades de las víctimas, pero luego los contextos de impunidad y los nuevos juicios hicieron que se priorizaran la búsqueda y visibilización de los represores. El CELS, por ejemplo, que se dedicó a hacer un seguimiento de la evolución de la información sobre los juicios desde la reapertura, miraba en el comienzo elementos que también sirven para ver cuáles eran las prioridades. “En general, el relevamiento seguía la impronta de los ’80 –dice Balardini–: producir información sobre los responsables. Y en ese momento era quiénes eran, en qué causas, qué rangos tenían. Se miraba si eran rangos medios, altos o bajos. Se intentaba entender el mapa de los procesos”. Hoy, señala, con la multiplicación de causas, ocurrieron dos cosas. Hay un Estado que “afortunadamente” comenzó a producir datos de seguimiento de las causas, a través de la Procuración entre otras áreas. Y por otro lado, desde el CELS notan que ellos mismos también analizan otras cosas como el universo de las víctimas, ya sea como producto de la extensión en el tiempo de los juicios o porque hay algo de las prioridades que cambiaron con la consolidación de esta etapa. “Podemos pensar que como la información fluye en cierta manera respecto de los responsables, las cadenas de mandos, los roles, las fuerzas; lo que faltaba ahora era empezar otra vez por el comienzo, volver a las víctimas y ver por todas esas líneas que se habían iniciado.”

La intuición
Seguramente el reingreso no será el mismo de la Conadep. Allí está el tema de las militancias políticas y cómo son replanteadas y reconstruidas en los juicios orales para probarlo. El caso del listado de Rafecas mientras tanto muestra otras funciones de las muchas posibles, y da cuenta de esa experiencia de trabajo. Rafecas empezó a elaborar el listado hace meses con gente del juzgado. Les llevó mucho tiempo depurar datos repetidos y establecer el modelo. El juzgado publicó una primera versión en la web de la Corte y la nueva versión con 20 nuevos casos está concluida “en un 90 y 95 por ciento”. “Hace meses estamos trabajando en esto, lo impulsé directamente yo con la intuición de que era absolutamente necesario un listado de víctimas dado que puede abrir líneas de trabajo de justicia, pero también en términos de verdad y de memoria”, señala el juez. “Además lo pensamos como una plataforma y una herramienta de trabajo para investigadores locales e internacionales que quieran proyectar la información de manera sistemática para trabajar distintos aspectos como género, tiempos de detención, estratos sociales, intencionalidad del terrorismo de Estado a lo largo de los años, porcentaje de detenidos-desaparecidos o asesinados o hasta indagar sobre el carácter antisemita de la represión en un contexto como el Primer Cuerpo en el que fue importante”. Los datos son públicos. “A pesar de los errores está allí, hay nombres a lo mejor que están tomados como apellidos y se repiten, pero el listado como punto de partida está listo, es oficial, y en un 90 o 95 por ciento está concluido”. La lista incluye cuatro columnas: nombre, fecha de secuestro, fecha de liberación o desaparición y el nombre del tramo judicial en el que la persona aparece como víctima. Allí se aclara si está mencionado en un tramo o en varios. Los tramos son los nombres con los que suelen conocerse las causas: jefes de Area, Videla, o la de los centros clandestinos como Cuatrerismo o Atlético-Banco-Olimpo, entre otros. “No se multiplica a la víctima, sus nombres en ese sentido fueron y vinieron varias veces hasta que encontramos el mejor modelo que apareció. Yo quería que estuviera organizado por nombre de víctimas y abecedario, para que no sólo sea útil en el juzgado, sino para otras personas, agencias del Estado, organismos de derechos humanos, periodistas, académicos”.

Uno de los trabajos que Rafecas personalmente ya empezó a hacer con el listado es el cotejo de los nombres con la lista de víctimas inscriptas en el Parque de la Memoria. “Esto para mí es fundamental”, dice. “Cotejar nuestro listado de desaparecidos/asesinados con el listado del Parque, con que de ese cotejo surja un nombre que no está allá, el esfuerzo habrá valido la pena”. En ese sentido, en los últimos días pidió al Parque la lista oficial. Está convencido de que hay varios nombres, entre ellos extranjeros y de personas de pueblos más chicos, que en su momento no fueron denunciados y esos nombres surgieron ahora. También señala otros espacios, como la causa de Coordinación Federal, donde no dejan de sumarse víctimas. “Lo que digo siempre en el juzgado es que no-sotros tenemos un compromiso con la cuestión de la justicia, pero también con la verdad y la memoria. Este listado con la depuración va en ese sentido”.

MILANI Y EL ROL DEL EJERCITO

“Parte del nuevo nacer”

El jefe del Ejército, César Milani, afirmó que la fuerza que conduce debe “ser parte de este nuevo nacer, defendiendo todos los derechos humanos y la Constitución nacional”. Lo dijo al encabezar junto al ministro de Defensa, Agustín Rossi, el acto de egresados de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.

El jefe del Ejército se dirigió a los 775 suboficiales que egresaron. “A 30 años de la vuelta de la democracia, ustedes son parte de una institución que defiende la Constitución nacional”, les aseguró. “Queremos una gran Argentina de todos y para todos, donde el Ejército sea parte de este nuevo nacer, defendiendo los derechos humanos todos los ciudadanos”, remarcó.

Por su parte, Rossi indicó que los suboficiales deben “ser protagonistas del proyecto de Nación”. “Después de treinta años de democracia, debemos proyectar las Fuerzas Armadas para las próximas décadas, que deben ser parte de un proyecto nacional y protagonistas de la historia de los nuevos tiempos”, afirmó el ministro de Defensa. “Tanto civiles como militares somos ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones en la Argentina de hoy”, destacó.

El Senado tiene previsto tratar esta semana el pliego de ascenso de Milani a teniente general, luego de que el oficialismo obtuviera el último miércoles dictamen de comisión para poder llevarlo al recinto. En julio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió postergar el envío del pliego a la Cámara alta para sacar de la campaña electoral el debate sobre el militar, a quien se investiga para determinar si tuvo alguna participación en violaciones a los derechos humanos.

Milani fue acusado por el ex preso político Ramón Olivera de haber participado, siendo subteniente, de la detención de su padre. También fue mencionado en otra causa por ser el oficial que redactó el sumario de “deserción” del conscripto Alberto Agapito Ledo, quien se encuentra desaparecido.

El jefe del Ejército, quien enfrenta además una causa por enriquecimiento ilícito que investiga el juez Daniel Rafecas, no está imputado ni procesado en ninguno de los expedientes. Eso es lo que argumentó el oficialismo para dictaminar a favor de su pliego, frente a quienes pedían su rechazo, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Otros organismos de derechos humanos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, se manifestaron a favor del ascenso de Milani, quien esta semana fue sobreseído en una causa en la que había sido acusado de realizar inteligencia militar para cuestiones de política interna.
Fuente:Pagina12

Nueva denuncia del CELS contra Milani Miércoles 11 de Diciembre de 2013 

Una nueva presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales objeta el ascenso de Julio César Milani a Teniente General.

Por Nicolás Adet Larcher
La polémica entorno al ascenso del jefe del ejército, Julio César Milani, presenta un nuevo capítulo ante una nueva denuncia efectuada por el CELS que se suma a las ya mencionadas de Ramón Olivera -que acusó a Milani por apremios ilegales - y la del soldado Ledo que “desertó”: entendiendo la deserción como uno de los tantos eufemismos utilizados la dictadura para encubrir desapariciones, según consta en la documentación presentada con la firma del propio Milani.

A estas dos denuncias, se suma ahora el caso de Plutarco Schaller (fundador de la Cooperativa COPEGRAF), que tuvo una historia similar a lo que sucedió con Papel Prensa. Schaller formaba parte del grupo de laicos que trabajaba con Enrique Angelelli, y además integraba la filial riojana de la CGT. En plena dictadura militar, Schaller fue secuestrado y mientras recorría más de diez centros clandestinos de detención, la cooperativa era tomada por los militares.

En la querella presentada por la familia en la causa 1828/00 contra Luciano Benjamín Menéndez, en la cual se basa el CELS para emitir la denuncia, el testimonio de Schaller detalla la presencia de Milani durante su detención. Según consta en la documentación otorgada por Plutarco Schaller a Agencia Paco Urondo, se relata: “Un día Moliné me dijo que era probable que me tengan que internar porque lo mío era un 'problema mental'. A los pocos días y producto de aquellas torturas me enviaron al Hospital Plaza por unos 25 o 30 días, con permanente vigilancia policíaca ya que tenía el cuerpo cubierto de moretones de distintos colores (verdosos, azulados, morados, amarillentos), principalmente en brazos, piernas y costillas.”

A continuación relata el ingreso de Milani al lugar donde se encontraba: “Ahí mismo, unos oficiales del ejército argentino una noche simularon o inventaron un supuesto rescate que se me quería hacer para sacarme a mí del hospital y fugarme. No fue más que unos tiros al aire en las afueras del pabellón, algunos gritos de mando y la brusca entrada a destaparme en la cama para constatar mi permanencia, diciendo: ‘El hijo de puta este está acá’. (…) En la guardia siguiente le pregunté quién había sido el que me había corrido las sábanas para ver si estaba y me respondió: ‘Es el tenientito Milani’. Como colofón de ese operativo aquella noche fueron a mi casa y detuvieron a mi hijo Oscar Plutarco Schaller, de 18 años de edad, llevándolo detenido al Batallón de Ingenieros 141 que seguía funcionando como centro clandestino de detención, sospechado responsable del supuesto intento de rescatarme del Hospital.”

Schaller relata que nunca vio a otro secuestrado en el lugar donde estuvo previo a su liberación. En su testimonio reitera el nombre de Milani: “Cuando faltaban minutos para mi liberación, se acercó un uniformado de verde y me preguntó si me habían hecho algo, si estaba bien. Esa persona de mi edad aparentemente, hoy puedo asegurar que se trataba del actual jefe del ejército, César Milani. En uno de los interrogatorios me dijeron que no importaba cuántos datos revelara sobre las actividades de mis padres pues la familia ya estaba destruida, yo sentí que era un manejo psicológico, pero con los años comprobé que fue cierto”.


El Informe del CELS enviado a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación sentencia que se “indica a Cesar Milani como uno de los responsables de la privación ilegitima de la libertad de Schaller”. El Oficialismo plantea tratar la designación de Milani en comisión y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, determinó que debe primar la “presunción de inocencia” ya que en los tres ascensos anteriores que tuvo
Milani no se detallaron denuncias de este tipo que lo involucren con el terrorismo de Estado. El propio CELS había remarcado que la documentación se agregó recientemente, lo cual motivó la impugnación del ascenso, y agregó un nuevo problema para Milani en su camino hacia su cargo de Teniente General.
Fuente:AgPacoUrondo