En un sorpresivo cambio del criterio que sostuvo en los últimos años, según el cual los condenados por delitos de lesa humanidad cumplen la pena en cárceles comunes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la detención domiciliaria del represor Roque Italo Pappalardo (uno de los militares condenados a prisión perpetua en marzo de 2012 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata como autor del homicidio del abogado laboralista Carlos Alberto Moreno, secuestrado en Olavarría y luego detenido en la chacra de los hermanos Emilio y Julio Méndez, también condenados, que funcionaba como Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio durante la dictadura cívico militar).
El fallo consta de sólo tres líneas que invocan el artículo 280º del Código Procesal Civil y Comercial, que se usa para decir que un planteo carece de trascendencia o de agravio suficiente. La situación de Pappalardo llegó a la Corte por un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general Raúl Pleé, que es el que fue rechazado sin explicaciones con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Enrique Petracchi. La página web del Centro de Información Judicial consigna el informe de una cardióloga del Cuerpo Médico Forense, que dice que el represor tiene enfermedad coronaria, hipertensión y otras afecciones, y que aunque está clínicamente estable puede sufrir un infarto o muerte súbita.
Esta decisión no hace más que profundizar la preocupación que hace tiempo venimos manifestando aquellos que trabajamos con el compromiso de la construcción de una cultura democrática -basada en la reconstrucción de la memoria histórica sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la oscura noche de la dictadura que asolo a nuestro país- a través de las diversas políticas de memoria, verdad y justicia que se han desarrollado en los últimos tiempos.
Durante más de 30 años las víctimas sobrevivientes de aquellos crímenes atroces, junto a organismos de derechos humanos, familiares, HIJOS, Madres y Abuelas, lucharon por la posibilidad de juzgar a los responsables conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos vigente en nuestro país. Luego de una veintena de años de impunidad, en el año 2003 Néstor Kirchner asume el compromiso de recoger esas banderas que flamearon tanto tiempo en soledad y transformarlas en políticas activas de estado.
Como era de esperarse, estas políticas encontraron algunos escollos en su ejecución porque implicaban desde su esencia intentar reparar lo irreparable. Pero con la convicción de que es necesario conocer e interpelar el pasado para poder proyectar nuestro futuro como Nación, se avanzó a pasos agigantados innovando a nivel internacional como ningún otro estado en materia de justicia transicional. De esta manera es que día a día se intenta reconstruir los lazos rotos con el estado de las víctimas y familiares del terrorismo de estado y de la sociedad en su conjunto.
Una de las vías de reparación es la apertura o reapertura de causas que posibiliten el juzgamiento de estos delitos. Desde entonces, cientos de personas han comparecido en carácter de procesados, víctimas y testigos en múltiples causas que se desarrollan en todo el territorio nacional. Cabe destacar que, dadas las características propias de estos procesos judiciales, la complejidad en la producción de la prueba, el número de testigos y víctimas y el valor histórico y reparador de sus audiencias públicas –no sólo para las víctimas directas sino para la sociedad en su conjunto–, su programación y desarrollo han demandado una coordinación sin precedentes entre los poderes del Estado. Esta articulación tuvo que sufrir algunos hechos tristemente célebres, como la desaparición de Jorge Julio López, para entender que había que elaborar nuevas políticas para proteger a aquellos que declaraban en el marco de estas causas. Hoy en día contamos con excelentes programas de acompañamiento a víctimas – testigos y sistemas de protección que están a la altura de las circunstancias.
A su vez, y dada la complejidad mencionada se crearon diversas unidades fiscales especializadas para posibilitar una mejora en las investigaciones.
Actualmente y con la cantidad de condenas que se han dictado, el desafío que se nos presenta es otro. En la actualidad existen más de 500 condenados por crímenes de lesa humanidad, 300 procesados y 74 prófugos. Esta novedad nos invita a repensar los mecanismos de control y ejecución de las penas privativas de libertad, un tema que al inicio de los juicios era difícil prever y por lo tanto actuar en consecuencia.
Es imposible soslayar que estamos juzgando hechos cometidos hace muchísimos años, por lo tanto los autores de los mismos en su gran mayoría son personas que rondan los setenta años y muchos de ellos debido a su edad avanzada presentan problemas de salud. Por este motivo es que deviene sumamente necesario programar acciones que puedan garantizar la infraestructura y atención médica suficiente, para que los condenados por crímenes de lesa humanidad en dependencias del Servicio Penitenciario Federal puedan gozar de la atención que requieren las patologías que sufren.
Asimismo, y dada la cantidad de prófugos que existen actualmente, será necesario articular los mecanismos que se requieran para fortalecer los controles que se efectúan sobre el cumplimiento de la pena en los domicilios de los represores, extremando los recaudos ante el riesgo de fuga de personas que formaron parte del aparato represivo, que podrían contar con logística y con poder para escapar u obstaculizar.
La ley de ejecución penal dice que los jueces pueden –pero no están obligados– disponer la prisión domiciliaria cuando el interno tiene más de 70 años, o si tiene una enfermedad terminal, o cuando la privación de libertad le impide un tratamiento adecuado. Frente a esta posibilidad es que aguardamos que la Corte Suprema revea su criterio, sin dejar de lado las consideraciones expuestas con anterioridad, en los casos que tiene que resolver de aquí en adelante. Fundamentalmente, deberán tener en cuenta que el grado de revictimización o reactualización del hecho traumático de las víctimas y familiares, y de la sociedad en general, que estas decisiones generan –más aún en ciudades como Tandil, donde a diario debemos pasar por la puerta donde se alojan estos criminales- puede poner en riesgo la confianza en los procesos judiciales que se avecinan.
Mucho esfuerzo, mucha política y mucho compromiso se ponen en acompañar a las víctimas, en la búsqueda de los nietos, en el BNDG, en el EAAF, en las políticas reparatorias y en muchas otras cuestiones si quieren más simbólicas pero no por eso menos importantes (como la señalización de los ex CCDTYE, entre otras). Estos beneficios a represores nos dejan un sabor amargo que no queremos volver a sentir para poder reparar de una buena vez está herida enorme que hicieron a toda la sociedad.
Fuente:LaOpiniondeTandil
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