Condenaron a perpetua por genocidio a 15 represores
25 de octubre de 2014
La Justicia condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura militar.
La Justicia condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura militar. Los crímenes fueron en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”. Entre los casos por los que fueron condenados está la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó esta tarde a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, afueras de la capital provincial.
La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus. Los represores fueron juzgados por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos “en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar”.
Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo para su destrucción física total y parcial”, según leyó el presidente del Tribunal ante una sala de audiencias colmada por familiares de víctimas de la represión.
La máxima pena se le aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart y al ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, por unanimidad condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e, Isaac Crespín Miranda y a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico.
Por otro lado, el Tribunal condenó a Juan Carlos Herzberg a 12 años de prisión; a Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande a 13; se absolvió por mayoría a Luis Orlando Perea y dejó en suspenso la pena de Eduardo Gargano debido a que presentó un informe médico que lo declara inimputable.
Entre los casos por los que fueron condenados están la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España y los asesinatos de Luis Bearzi y Olga Noemí Casado.
Al finalizar la lectura del veredicto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo a Télam que ”ahora tenemos la tranquilidad de que los represores pasarán lo que les quede de vida en la cárcel”.
Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio.
Fuente:RosarioNet
25 de Octubre de 2014
Por su "complicidad con el genocidio perpetrado por la dictadura al intervenir en la matanza de un grupo nacional"
La Cacha: perpetua para 15 represoresEl fallo del TOF 1 de La Plata hizo justicia por los asesinatos de Laura Carlotto, Olga Casado, Marcelo Bettini y Luis Bearzi.
Festejo - El público estalló en un aplauso al conocerse las condenas a los represores. Carlotto se mostró conforme con el fallo.
Las víctimas del centro clandestino de detención La Cacha tuvieron justicia: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 imputados por los secuestros y torturas de más de un centenar de víctimas de la dictadura cívico-militar, entre ellos, a los ex militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, espías que dependían del temible Batallón 601. Además, condenó a penas de 13 años a tres ex agentes civiles de inteligencia y a 12 años a un marino. A todos, "por su complicidad con el genocidio perpetrado en la dictadura cívico-militar de 1976-1983, al intervenir en la matanza de un grupo nacional".
A los tres policías que les cupieron las penas máximas los hallaron culpables de los asesinatos de Luis Bearzi y Marcelo Bettini, hermano del embajador en España, Carlos Bettini. Los militares fueron condenados también por los homicidios de Olga Noemí Casado y Laura Carlotto, la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, y la madre del nieto Nº114, Ignacio Guido Montoya Carlotto. Al civil y ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Lamont Smart, lo condenaron por los cuatro asesinatos. Sólo absolvieron a un militar de bajo rango.
La lectura de la sentencia se extendió durante una hora y once minutos, y sobre el final del fallo, los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, exhortaron a los poderes Ejecutivos de la Nación y la Provincia a desafectar el edificio donde funcionó el Destacamento 101 y el predio de la antigua planta Transmisora de Radio Provincia donde funcionó La Cacha, para ser "destinados como sitios de memoria". Además, ordenaron la "exoneración de los condenados y la suspensión del goce de jubilación, pensión y retiro".
"Ahora vamos a estar en paz, porque creo que nuestros seres queridos asesinados estarán descansando en paz", dijo Estela de Carlotto apenas terminó la audiencia. "Están hablando con una abuela feliz que recuperó a su nieto, que se está enterando de este acontecimiento en el que se ha mencionado a su mamá; con estas condenas a quienes no tienen un rasgo de humanidad, porque todavía se sublevan, insultan y se creen que son víctimas. Esta es la democracia que felizmente tenemos. Nos vamos bien", completó.
La Abuela escuchó el veredicto en la primera fila, junto a su hijo y secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto; al presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; al diputado del Frente para la Victoria, Horacio Pietragalla; el embajador argentino en España, Carlos Bettini; la Madre de Plaza de Mayo, Adelina de Alaye; la decana de Periodismo, Florencia Saintout, y otras Madres y Abuelas. Las víctimas, los querellantes y el público colmaron el resto de la sala. Todos aplaudieron cada condena, todos cantaron y festejaron, antes y después de las condenas.
Las penas de prisión perpetua recayeron sobre 12 de los 13 ex integrantes de la inteligencia del Ejército, organismo del que dependía La Cacha: Carlos del Señor Hidalgo Garzón; Jorge Héctor Di Pasquale; Gustavo Adolfo "El Francés" Cacivio; Roberto Armando Balmaceda; Emilio Alberto Herrero Anzorena; Carlos María Romero Pavón y Pedro Anselmo Palavezzati, culminarán sus vidas en prisión. Sólo Ricardo Armando Fernández y Miguel Ángel Amigo fueron beneficiados con prisión domiciliaria, mientras que el ex espía Luis Orlando Perea, fue absuelto.
También recibieron la pena máxima, y deberán cumplirla en una cárcel común, los ex guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense Héctor Raúl "El Oso" Acuña (a quien el Servicio Penitenciario Federal retiró entre ocho personas del tribunal porque pretendía arremeter contra el público al grito de "asesinos") e Isaac Crespín Miranda.
Todos fueron considerados coautores de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad de las víctimas de La Cacha y responsables del secuestro con resultado de muerte de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, una embarazada que dio a luz en la maternidad clandestina que funcionó en ese centro y cuya hija fue apropiada y restituida.
Los policías Miguel Osvaldo Etchecolatz, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico fueron condenados a perpetua por los asesinatos de Luis Bearzi y Marcelo Bettini. Mientras que el civil Smart, fue condenado a la misma pena por esos homicidios, los de las dos mujeres y el resto de los delitos cometidos en La Cacha.
Los ex espías civiles del Destacamento 101 de inteligencia, denominados Personal Civil de Inteligencia (PCI), Raúl Ricardo Espinoza, Rufino Batalla y Claudio Raúl Grande, fueron condenados a 13 años de cárcel. Los consideraron "partícipes secundarios" de los secuestros, las torturas y los asesinatos. Al marino Juan Carlos Herzberg le dieron 12 años, que cumplirá en su casa. A todos los condenaron "por su complicidad con el genocidio".
"Esta condena consolida la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que siempre llevamos adelante desde este proyecto político", aseguró Domínguez al finalizar la audiencia. "Es la mejor manera de honrar a Néstor Kirchner, que fue quien convirtió a los Derechos Humanos en una política de Estado. Pasó lo mejor que podía pasar que es que los asesinos estén presos", concluyó.
Bettini manifestó la dualidad de sensaciones que le produjeron las condenas. Por un lado aseguró que le generaron felicidad, pero "por otro lado es la vuelta a recuperar toda la historia vivida, todos los sacrificios y los tormentos que han padecido los míos y todos los demás", finalizó.
En el fallo, el TOF Nº1 también ordenó investigar la participación en los hechos del ex guardiacárcel bonaerense Lucas Manuel Gordillo, mencionado en el juicio. Por otra parte, no dijeron nada respecto del pedido de la querella de HIJOS que solicitó investigar al diario platense El Día por sus presuntos vínculos con el Destacamento 101, tal como delató el imputado Palavezzati en el debate .
Fuera del ex teatro de la AMIA, donde funciona el TOF, era una fiesta. Desde un escenario montado sobre la calle, la música a todo volumen envolvía a un tumulto de gente que se abrazaba, festejaba, bailaba. La celebración por el acto de justicia se extendió más allá de la medianoche.
25 de Octubre de 2014
También se identificó al ex destacamento de inteligencia 101 del ejército
El lugar fue señalizado horas antes del veredictoLa Cacha fue marcado como ex centro clandestino de detención con un cartel sobre la ruta 36. Asistieron funcionarios y sobrevivientes.
Homenaje - Familiares de las víctimas recordaron a los detenidos en La Cacha.
"Estos actos de reconocimiento y reparación que estamos protagonizando desde 2003 son parte de este presente que estamos viviendo y que nos repara, y que tienen un pasado que es el de la lucha de los organismos de Derechos Humanos, de las Madres y las Abuelas (de Plaza de Mayo) que nos muestran todos los días cuál es el camino", indicó el director nacional de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Matías Moreno, al señalizar La Cacha. "Sabemos también que esto es posible por una decisión política", completó.
De la señalización participó Guido "Kibo" Carlotto, secretario de Derechos Humanos de la provincia, integrantes de la Red Federal de Sitios de Memoria, querellantes del juicio y sobrevivientes del centro clandestino.
"Esto es un poco de justicia", señaló la sobreviviente Patricia Rolli. "Y ahora que estoy cerca del centro clandestino siento conmigo a los compañeros que estuvieron aquí y recuerdo la alegría y la solidaridad de esos compañeros", dijo. Después de descubrir el cartel con la tríada "Memoria, Verdad y Justicia" y una descripción del centro clandestino, los sobrevivientes recorrieron el centro clandestino.
La señalización del Destacamento de Inteligencia 101 (sede platense del Batallón 601) fue por la tarde. "Desde aquí se planificaron y ejecutaron crímenes de lesa humanidad", dice el cartel instalado junto a la puerta de la casona de dos pisos, de fachada verde, que todavía conserva la torreta de vigilancia de sus épocas más oscuras en el centro de La Plata.
24-10-2014
La Cacha
Esta tarde es la sentencia del juicio
"No van a alcanzar los años para condenar el genocidio cometido acá"
La Cacha
Esta tarde es la sentencia del juicio
"No van a alcanzar los años para condenar el genocidio cometido acá"
La señalización del centro clandestino La Cacha, reunió a sobrevivientes y familiares. Kibo Carlotto, en su doble rol de hermano de Laura, que estuvo secuestrada ahí, y secretario de DDHH bonaerense, dijo: "Ojalá que les den 500 años a cada uno, con prisión efectiva".
Los discursos de militantes y funcionarios se improvisaron delante de la cartelera gris que recordará de ahora en más que a metros de esa ruta fueron torturadas cerca de 200 personas. La primera en hablar fue Judith Said. “Esto no puede ser de un solo sector político y partidario. Los convoco a que todos juntos defendamos estas políticas de Memoria, Verdad y Justicia porque es así como vamos a construir el país que soñaron nuestros compañeros”, dijo.
Después tomó la palabra Matías Moreno: “Este presente que de alguna manera hoy nos repara, tiene un pasado. Ese pasado está muy ligado a la lucha de los organismos de derechos humanos, a esas Madres que se juntaron en el año 77 por primera vez, a esas Abuelas que nos demuestran día a día cuál es el camino. A los organismos más jóvenes que nacimos en el fragor de la lucha de los ’90, en la resistencia”, destacó el hijo del abogado laboralista Carlos Moreno, asesinado con la complicidad de la empresa Loma Negra. “Y también sabemos que este presente es gracias a una decisión política, que atraviesa ya al actual gobierno y que pone a los derechos humanos como una filosofía de Estado”, concluyó.
Ramón Baibiene, hoy director provincial de Políticas Reparatorias, recordó a su padres y agradeció a Verónica Bogliano, su abogada durante el juicio. “Porque me convocó a presentarnos como querellantes. Sin ellos hubiera sido difícil llegar acá. No puedo decir que haya sido fácil pero sí que estuvo bueno”.
Sobre el cierre, habló Guido Carlotto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y aunque sea funcionario, no pudo evitar hablar también desde el lugar de hermano de Laura, que pasó nueve meses secuestrada ahí. “Ojalá que les den quinientos años de prisión efectiva a cada uno. No les van a alcanzar los años para condenar el genocidio que se cometió acá”, dijo Carlotto. “Mi sobrino pudo haber nacido ahí”, y señaló con su brazo en la dirección al predio donde sólo quedan los cimientos del chupadero.
El acto estuvo lleno de testigos y sobrevivientes que pasaron por el estrado durante estos nueves meses, y quisieron volver al lugar donde sus vidas se partieron al medio. “Es una sensación muy grata, Hay mucha gente alegre, se celebra la colocación de esta marca, y la sensación es de vida y justicia, sobre todo por ver a tantos conocidos que hemos luchado en estos años”, dijo Mariano Slutzky, hijo de Samuel, un médico desaparecido. Volvió por segunda vez a ver al centro clandestino. La anterior había sido hace dos años, y la experiencia muy distinta. “En esa ocasión me dejó una sensación muy triste. Era un día gris y solamente se veían los restos de La Cacha. Aquella vez fue de muerte y sufrimiento. Pensaba que nos podían contar los árboles de tantos secretos que han guardado. Hoy esa sensación ya no está”, le contó a Infojus Noticias.
También estuvo Julia Pizá, hija de Liliana, que creció de una familia devastada por la dictadura. “Es un día muy particular porque vamos a tener justicia y sentencia después de 37 años de esperar. La justicia es reparadora, y me permite seguir construyendo y seguir materializando estos sueños que tuvieron ellos”, le dijo a esta agencia con la emoción en la voz. Anoche se juntaron a cenar con toda su familia. En la sobremesa, el tema fue la sentencia. “Charlamos sobre cuál puede llegar a ser la pena, y llegamos a la conclusión de que si hay alguna absolución o monto con el que no estamos conformes, no va a importar. Que lo importante es el hecho colectivo, haber llegado hasta acá, después de tantos años de sufrimiento y de lucha”.
Carlotto agradeció a los sobrevivientes que estaban ahí, y llamó a Rubén López, a quien habia visto entre los asistentes. "Quiero resaltar la gravedad de que López haya secuestrado nuevamente en plena democracia. Un rato antes, el hijo del testigo desaparecido había relatado a Infojus Noticias esa “sensación extraña, porque yo vine a representar a mi viejo, y es él quien tendría que estar acá, yo no”. Consideró que era “un día tan importante, donde se marcan dos sitios de Memoria Verdad y Justicia”.
Volver
Adelina de Alaye escuchaba en silencio. Su hijo Carlos había estado secuestrado ahí. Varios se acercaban a Patricia Pérez Cattan, una de las sobrevivientes que más tiempo pasó en La Cacha. Hoy Gonzalo Reggiardo Tolosa, hijo de María Rosa Tolosa -que estuvo secuestrada en La Cacha- pisaba por primera vez el predio vecino a la maternidad de Olmos, donde nació. Ana María Caracoche y su marido Oscar -cuyos hijos fueron recuperados en 1984 y 1985- habían viajado desde Brasil para estar ahí. Mario Cugura, llegó con su prima desde Rawson y también estaba por por primera vez en el centro donde pasó varios meses su mamá, Elisa Cayul. En La Cacha le decían “Rosita” y compartió la habitación de las embarazadas con Laura Carlotto. Tuvo a su quinto hijo días antes que ella. Mario y la familia lo siguen buscando.
A un puñado de ellos se les permitió recorrer brevemente el lugar, que sigue en manos del Servicio Penitenciario Bonaerense. “Quiero ver y saber dónde estuve”, decía Viviana, una sobreviviente que permaneció unos días ahí, encapuchada y engrillada. “Está todo muy cambiado, no sólo el predio”, decía un exmilitante de la JUP y recordaba que antes se llegaba por un sendero de tierra, que escuchaban los ladridos de los perros al llegar y el mugido por las vacas en la noche. Al llegar a los cimientos destrozados del edificio principal, trataban de ubicarse.
-Acá era el baño de hombres. A veces alguno dejaba tirado el diario y así nos enterábamos de algunas noticias.
-Acá estuvimos con un equipo de antropólogos hace unos años. Encontramos una picana y un camastro de tortura.
-¿Y la casilla donde nos torturaban, dónde estaba?
-Allá, debajo de los árboles.
Fuente:Infojus
SEÑALIZARON DONDE FUNCIONO EL CENTRO CLANDESTINO
Para que la gente lo vea
El acto se realizó ayer sobre la ruta provincial 36.
Representantes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes de La Cacha realizaron ayer una señalización a 200 metros de donde funcionó ese centro clandestino de detención, en el marco de la sentencia dictada ayer. El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, remarcó que la acción, en la ruta provincial 36, en Olmos, permite recordar “lo que se vivió en uno de los centros más terribles y cruentos de la historia argentina”. Además, se señalizó el lugar donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 101, en La Plata.
Representantes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes de La Cacha realizaron ayer una señalización a 200 metros de donde funcionó ese centro clandestino de detención, en el marco de la sentencia dictada ayer. El secretario de Derechos Humanos bonaerense, Guido Carlotto, remarcó que la acción, en la ruta provincial 36, en Olmos, permite recordar “lo que se vivió en uno de los centros más terribles y cruentos de la historia argentina”. Además, se señalizó el lugar donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 101, en La Plata.
Desde ese destacamento, que dependía del Ejército, se diseñó y controló las acciones de represión ilegal en La Plata y otras localidades bonaerenses, además de controlar lo que sucedía en La Cacha. En el marco de las investigaciones, sobrevivientes del centro de detención reconocieron a personas del destacamento que tuvieron a su cargo los interrogatorios, las torturas y las guardias en ese lugar.
“Hoy es un día histórico”, sostuvo Carlotto, y recordó a su hermana Laura, detenida y torturada en La Cacha antes de ser asesinada por el terrorismo de Estado, en 1978. “Ahí enfrente, posiblemente cuando funcionaba la Unidad Penitenciaria 8, nació Ignacio (Montoya Carlotto). Es un lugar terrible, de acá muy poca gente quedó con vida”, añadió. El acto, expresó el funcionario bonaerense, fue “para que la gente lo vea y recuerde lo que se vivió en uno de los centros más terribles y cruentos de la historia argentina”.
Perpetua a los 15 genocidas de La Cacha
Sáb, 25/10/2014
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó ayer a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” que funcionó en las afueras de la Capital provincial.
La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, quienes condenaron a los imputados por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos “en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar”.
Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo para su destrucción física total y parcial.
La máxima pena se le aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart y al ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”.
La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército. También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e, Isaac Crespín Miranda y a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico.
Fuente:NuevoDiariodeSalta
Los máximos responsables de ese centro clandestino de detención que funcionó durante la dictadura fueron sentenciados por "genocidio"..
La Cacha: Prisión perpetua para todos los represores
La Cacha: Prisión perpetua para todos los represores
Los máximos responsable del Centro Clandestino de Detención conocido como "La Cacha", entre ellos el ex comisario Miguel Etchecolatz, fueron condenados a la pena de prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que los encontró responsables del delito de "genocidio perpetrado durante la última dictadura militar" al "intervenir en la matanza de miembros de un grupo nacional".
Además del ex director General de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta los también represores
Anselmo Palavezzati; Carlos Romero Pavón; Isaac Miranda; Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Héctor Di Pasquale; Ricardo Fernández; Jaime Lamont Smart; Horacio Elizardo Luján; Miguel Angel Amigo; Julio César Garachico; Roberto Balmaceda; Gustavo Cacivio; Emilio Herrero Anzorena; y Héctor Acuña.
En tanto, las condenas para Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande fueron de 13 años de prisión perpetua; de 12 años para Juan Carlos Herzberg; mientras que el único absuelto fue el militar retirado Luis Perea.
Asimismo, el tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus exhortó al Ejecutivo nacional y provincial a que, una vez firme la sentencia, "dé inicio al proceso por exoneración de los condenados y a la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro".
A la vez, los magistrados encomendaron a ambos gobiernos a que desafecten los predios donde funcionaron el destacamento 101 y el CCD "La Cacha" para que sean destinados a sitios de la memoria.
La decisión del TOF Nº1 de La Plata se dio en el marco de la causa que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en "La Cacha" y que alcanzaba a 135 víctimas, siete de las cuales estaban embarazadas y una de ellas era la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El proceso, que unificó tres causas, había comenzado el 18 de diciembre de 2013 y tenía 21 imputados que pertenecían a la Armada, el Ejército, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Tras leer las 19 condenas y una absolución, el Tribunal remitió al Juzgado Federal en turno los testimonios "a fin de que se investigue la conducta de Lucas Manuel Gordillo, agente del Servicio Penitenciario que habría sido visto en La Cacha por una testigo".
Algunas de las víctimas que pasaron por el CCD se encontraban embarazadas, como fueron los casos de Laura Carlotto (madre del nieto restituido Guido Montoya Carlotto),
Graciela Quesada (cuyo hijo/a debió nacer en enero de 1978), Olga Casado (madre de la nieta restituida Silvia Cugura Casado), María Elena Corvalán (madre de la nieta Natalia Suárez Nelson Corvalán), María Rosa Tolosa de Reggiardo (madre de los nietos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa), Cristina Lucía Marrocco de Picardi (su hijo/a debió nacer en noviembre de 1977), y de la embarazada liberada Elsa Mattía.
Además, se había incluido el caso de Ana María Caracoche, madre de los nietos restituidos Felipe y María Eugenia Gatica Caracoche.
Fuente:RadioProvincia
Además del ex director General de Investigaciones de la Policía de Buenos Aires, fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta los también represores
Anselmo Palavezzati; Carlos Romero Pavón; Isaac Miranda; Carlos Hidalgo Garzón; Jorge Héctor Di Pasquale; Ricardo Fernández; Jaime Lamont Smart; Horacio Elizardo Luján; Miguel Angel Amigo; Julio César Garachico; Roberto Balmaceda; Gustavo Cacivio; Emilio Herrero Anzorena; y Héctor Acuña.
En tanto, las condenas para Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande fueron de 13 años de prisión perpetua; de 12 años para Juan Carlos Herzberg; mientras que el único absuelto fue el militar retirado Luis Perea.
Asimismo, el tribunal integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus exhortó al Ejecutivo nacional y provincial a que, una vez firme la sentencia, "dé inicio al proceso por exoneración de los condenados y a la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro".
A la vez, los magistrados encomendaron a ambos gobiernos a que desafecten los predios donde funcionaron el destacamento 101 y el CCD "La Cacha" para que sean destinados a sitios de la memoria.
La decisión del TOF Nº1 de La Plata se dio en el marco de la causa que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en "La Cacha" y que alcanzaba a 135 víctimas, siete de las cuales estaban embarazadas y una de ellas era la hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
El proceso, que unificó tres causas, había comenzado el 18 de diciembre de 2013 y tenía 21 imputados que pertenecían a la Armada, el Ejército, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Tras leer las 19 condenas y una absolución, el Tribunal remitió al Juzgado Federal en turno los testimonios "a fin de que se investigue la conducta de Lucas Manuel Gordillo, agente del Servicio Penitenciario que habría sido visto en La Cacha por una testigo".
Algunas de las víctimas que pasaron por el CCD se encontraban embarazadas, como fueron los casos de Laura Carlotto (madre del nieto restituido Guido Montoya Carlotto),
Graciela Quesada (cuyo hijo/a debió nacer en enero de 1978), Olga Casado (madre de la nieta restituida Silvia Cugura Casado), María Elena Corvalán (madre de la nieta Natalia Suárez Nelson Corvalán), María Rosa Tolosa de Reggiardo (madre de los nietos Gonzalo y Matías Reggiardo Tolosa), Cristina Lucía Marrocco de Picardi (su hijo/a debió nacer en noviembre de 1977), y de la embarazada liberada Elsa Mattía.
Además, se había incluido el caso de Ana María Caracoche, madre de los nietos restituidos Felipe y María Eugenia Gatica Caracoche.
Fuente:RadioProvincia
Sábado 25 Octubre 2014
Cadena perpetua a 15 militares y civiles por crímenes cometidos durante dictadura argentina
Cadena perpetua a 15 militares y civiles por crímenes cometidos durante dictadura argentina
El ex jefe de la policía de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz, fue condenado a cadena perpetua por segunda vez.
REUTERS/Enrique Marcarian
Los acusados fueron condenados el viernes a cadena perpetua por violaciones a los Derechos Humanos bajo la dictadura argentina (1976-1983). Los crímenes fueron cometidos en el centro de detención clandestino conocido como “La Cacha”, en la periferia de La Plata, a 62 kilómetros de Buenos Aires.
En total, una decena de soldados retirados fueron juzgados por un tribunal de La Plata por tortura y el asesinato de 135 personas. La corte condenó también a un marino y a otros tres civiles a penas de entre 12 y 13 años de cárcel y ordenó a las Fuerzas Armadas darles la baja a los militares implicados, según informaron fuentes judiciales.
Entre las víctimas figura la hija de Estela de Carlotto, hija de la líder de las abuelas de la Plaza de Mayo. Carlotto estaba presente durante la lectura de la sentencia, a la que recibió con efusivos aplausos, de acuerdo a imágenes difundidas en Internet por el Centro de Información Judicial.
El cadáver acribillado de la Laura Carlotto, militante peronista, fue entregado a su familia en 1978 tras ser ejecutada por responsables del centreo clandestino La Cacha.
Centro de exterminio de opositores
En el banquillo de los acusados se encontraba también el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz. Este último fue condenado a una segunda cadena perpetua por “su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura militar”, declaró uno de los jueces durante la lectura de la sentencia.
La mayoría de condenados a prisión de por vida son militares jubilados, pero algunos son civiles y miembros de la administración, como Jaime Smart, ex funcionario del régimen de facto de la época.
La Cacha, una antigua estación de radio fue convertido durante la dictadura en un centro clandestino y de exterminio de opositores, que operó bajo el comando 101 de Inteligencia del Ejército terrestre.
Desde que las leyes de amnistía fueron anuladas hace 10 años, 547 ex militares y ex policías han recibido condenas. Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura.
Fuente:rfiEspaol
Perpetua para Etchecolaz y otros represores
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó esta tarde a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” que funcionó en las afueras de la capital provincial.
La pena la aplicaron los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, quienes condenaron a los imputados por los delitos de homicidios calificados, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos “en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar”.
Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo para su destrucción física total y parcial”, según leyó el presidente del Tribunal ante una sala de audiencias colmada por familiares de víctimas de la represión.
Según el veredicto, por unanimidad la máxima pena se le aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart y al ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e, Isaac Crespín Miranda y a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico.
En tanto, el Tribunal condenó a Juan Carlos Herzberg a 12 años de prisión; a Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande a 13; se absolvió por mayoría a Luis Orlando Perea y dejó en suspenso la pena de Eduardo Gargano debido a que presentó un informe médico que lo declara inimputable.
Entre los casos por los que fueron condenados están la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España y los asesinatos de Luis Bearzi y Olga Noemí Casado.
Al finalizar la lectura del veredicto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo a Télam que ”ahora tenemos la tranquilidad de que los represores pasarán lo que les quede de vida en la cárcel”.
Además, aseguró que se va “conforme” con el fallo “porque nuestros queridos asesinados y desaparecidos estarán descansando en paz”.
En tanto, el embajador argentino en España, Carlos Bettini, que también estuvo presente en la audiencia, aseguró a Télam que “se juzgó los asesinatos de mi hermano Marcelo, de mi padre Antonio y de mi abuela Mercedes Francese”.
“Si bien ocurrió 37 años después, es reparador. Se hizo justicia y el tribunal en un año hizo maravillas para arribar a este fin. Me voy con la satisfacción e poder contarle a mi madre a España que se hizo justicia”, sostuvo.
En la audiencia, realizada en La Plata, el Tribunal exhortó también a los Poderes Ejecutivos Nacional y provincial a exonerar a los condenados, a suspenderles los beneficios de la jubilación o retiros y a que desafecten los inmuebles donde funcionó La Cacha y la Dirección de Inteligencia del Ejército para transformarlos en museo de la memoria.
Precisamente hoy, ambos inmuebles fueron señalizados por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
La señalización se hizo en la ruta provincial N° 36 y calle 197, de la localidad platense de Lisandro Olmos, en el acceso al ex centro clandestino de detención que operó entre 1976 y 1978.
La misma metodología se hizo también en el Destacamento 101 de Inteligencia, ubicado en calle 55 entre 7 y 8, de la capital bonaerense, donde se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en La Plata y otras localidades cercanas a partir de 1975.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
El centro se denominó "La Cacha" ya que los represores se jactaban en decir: "Estas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente", en referencia al personaje del dibujo animado Hijitus de Manuel García Ferré.
En los más de 10 meses que duró el juicio oral y público y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.
Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio.
Fuente:Jornadaonline
El Tribunal Oral Federal Nº 1 dictó la sentencia del juicio oral. Militares, policías y funcionarios públicos recibieron la máxima pena. En tanto, cuatro imputados fueron condenados a 12 y 13 años de prisión. El único absuelto fue argento primero de Infantería Luis Orlando Perea. El centro de detención funcionó en La Plata durante la última dictadura militar. Allí fue torturada, entre tantas otras personas, Laura Carlotto, hija de la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Los condenados, entre ellos Miguel Osvaldo Etchecolatz. Foto: Télam.
Entre las víctimas figura la hija de Estela de Carlotto, hija de la líder de las abuelas de la Plaza de Mayo. Carlotto estaba presente durante la lectura de la sentencia, a la que recibió con efusivos aplausos, de acuerdo a imágenes difundidas en Internet por el Centro de Información Judicial.
El cadáver acribillado de la Laura Carlotto, militante peronista, fue entregado a su familia en 1978 tras ser ejecutada por responsables del centreo clandestino La Cacha.
Centro de exterminio de opositores
En el banquillo de los acusados se encontraba también el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, Miguel Etchecolatz. Este último fue condenado a una segunda cadena perpetua por “su complicidad en el genocidio perpetrado durante la última dictadura militar”, declaró uno de los jueces durante la lectura de la sentencia.
La mayoría de condenados a prisión de por vida son militares jubilados, pero algunos son civiles y miembros de la administración, como Jaime Smart, ex funcionario del régimen de facto de la época.
La Cacha, una antigua estación de radio fue convertido durante la dictadura en un centro clandestino y de exterminio de opositores, que operó bajo el comando 101 de Inteligencia del Ejército terrestre.
Desde que las leyes de amnistía fueron anuladas hace 10 años, 547 ex militares y ex policías han recibido condenas. Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura.
Fuente:rfiEspaol
Perpetua para Etchecolaz y otros represores
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó esta tarde a prisión perpetua a 15 de los 21 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha” que funcionó en las afueras de la capital provincial.
Para el tribunal, los condenados “intervinieron en la matanza de miembros de un grupo nacional y en el sometimiento intencional del grupo para su destrucción física total y parcial”, según leyó el presidente del Tribunal ante una sala de audiencias colmada por familiares de víctimas de la represión.
Según el veredicto, por unanimidad la máxima pena se le aplicó al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Lamont Smart y al ex comisario y Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en 2006 a reclusión perpetua por delitos cometidos en el denominado “Circuito Camps”, en referencia al ex jefe de la Policía durante la última dictadura.
La misma pena se le aplicó a Gustavo Cavicio, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Pedro Anselmo Palavezzati, Miguel Angel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón y Carlos del Señor Hidalgo Garzón, miembros del ex destacamento de Inteligencia 101 del Ejército.
También se condenó a prisión perpetua a los ex agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, Héctor Raúl Acuña e, Isaac Crespín Miranda y a los ex policías de la provincia de Buenos Aires, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico.
En tanto, el Tribunal condenó a Juan Carlos Herzberg a 12 años de prisión; a Rufino Batalla, Raúl Espinoza y Claudio Grande a 13; se absolvió por mayoría a Luis Orlando Perea y dejó en suspenso la pena de Eduardo Gargano debido a que presentó un informe médico que lo declara inimputable.
Entre los casos por los que fueron condenados están la detención y homicidio de Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; el homicidio de Marcelo Betini y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, hermano y padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España y los asesinatos de Luis Bearzi y Olga Noemí Casado.
Al finalizar la lectura del veredicto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo a Télam que ”ahora tenemos la tranquilidad de que los represores pasarán lo que les quede de vida en la cárcel”.
Además, aseguró que se va “conforme” con el fallo “porque nuestros queridos asesinados y desaparecidos estarán descansando en paz”.
En tanto, el embajador argentino en España, Carlos Bettini, que también estuvo presente en la audiencia, aseguró a Télam que “se juzgó los asesinatos de mi hermano Marcelo, de mi padre Antonio y de mi abuela Mercedes Francese”.
“Si bien ocurrió 37 años después, es reparador. Se hizo justicia y el tribunal en un año hizo maravillas para arribar a este fin. Me voy con la satisfacción e poder contarle a mi madre a España que se hizo justicia”, sostuvo.
En la audiencia, realizada en La Plata, el Tribunal exhortó también a los Poderes Ejecutivos Nacional y provincial a exonerar a los condenados, a suspenderles los beneficios de la jubilación o retiros y a que desafecten los inmuebles donde funcionó La Cacha y la Dirección de Inteligencia del Ejército para transformarlos en museo de la memoria.
Precisamente hoy, ambos inmuebles fueron señalizados por las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.
La señalización se hizo en la ruta provincial N° 36 y calle 197, de la localidad platense de Lisandro Olmos, en el acceso al ex centro clandestino de detención que operó entre 1976 y 1978.
La misma metodología se hizo también en el Destacamento 101 de Inteligencia, ubicado en calle 55 entre 7 y 8, de la capital bonaerense, donde se diseñó, controló y ejecutó el accionar represivo ilegal del Estado en La Plata y otras localidades cercanas a partir de 1975.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia.
Funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
El centro se denominó "La Cacha" ya que los represores se jactaban en decir: "Estas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente", en referencia al personaje del dibujo animado Hijitus de Manuel García Ferré.
En los más de 10 meses que duró el juicio oral y público y en el que prestaron declaración más de 130 testigos, se investigaron los casos de más de 120 víctimas que estuvieron en ese centro y cuatro homicidios conexos.
Además, se juzgó la sustracción de Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y de Natalia Suárez Nelson, nacidos mientras sus madres estaban cautivas en ese centro clandestino de detención, tras lo cual fueron apropiados y décadas más tarde recuperaron su identidad.
Según un informe elaborado por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por La Cacha pasaron al menos 239 personas, 98 de las cuales fueron desaparecidas, 64 liberadas, de 15 se desconoce el destino, y hubo al menos nueve niños nacidos en cautiverio.
Fuente:Jornadaonline
Juicio por el centro clandestino "La Cacha": Condenaron a prisión perpetua a 15 genocidas
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata leyó la sentencia a los 20 imputados por cometer crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino denominado "La Cacha", que funcionó en la capital provincial durante la última dictadura militar.
En este sentido, el Ministro de Gobierno, Jaime Smart, y el Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, recibieron la pena de prisión perpetua, al encontrarlos cómplices del genocidio y coautores del homicidio calificado premeditado de dos o más personas.
En tanto, el capitán del destacamento 101 de Inteligencia Gustavo Adolfo Cavicio, recibió la misma pena por los delitos de privación ilegitima de la libertad, con violaciones y amenazas en 55 oportunidades.
Asimismo, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense Isaac Crespín Miranda y Héctor Raúl Acuña; el capitán de Infantería Ricardo Armando Fernández; los tenientes Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati y Carlos María Romero Pavón, también fueron condenados a la máxima pena.
Lo mismo para los capitanes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Miguel Ángel Amigo y Jorge Héctor Di Pasquale; el comisario Horacio Elizardo Luján; y el oficial de la Policía Bonaerense Julio César Garachico.
Por su parte, el capitán de la Marina Juan Carlos Herzberg recibió la pena de 12 años de prisión; y el personal civil de inteligencia Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza y Claudio Raúl Grande fueron condenados a 13 años de prisión al ser participes secundarios de los crímenes.
Por último, el sargento primero de Infantería Luis Orlando Perea, fue el único absuelto del caso.
El juicio oral comenzó en abril de este año. Fue en este centro clandestino donde Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo detenida embarazada de quien es hoy Ignacio Hurban, nieto restituido 114. Allí fue víctima de torturas y donde finalmente fue asesinada.
De acuerdo a las investigaciones realizadas allí también estuvieron cautivas Ana María Rosa Tolosa, Cristina Lucía Marrocco, Olga Noemí Casado, María Elena Isabel Corvalán, Susana Beatriz Pegoraro, Adriana Leonor Tasca, Elisa Elvira Cayul y Graciela Irene Quesada Ayub, entre tantos otros que aún permanecen desaparecidos.
Fuente:LaNoticiaUno
Por: Laureano Barrera y María Eugenia Ludueña
En este sentido, el Ministro de Gobierno, Jaime Smart, y el Director de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, recibieron la pena de prisión perpetua, al encontrarlos cómplices del genocidio y coautores del homicidio calificado premeditado de dos o más personas.
En tanto, el capitán del destacamento 101 de Inteligencia Gustavo Adolfo Cavicio, recibió la misma pena por los delitos de privación ilegitima de la libertad, con violaciones y amenazas en 55 oportunidades.
Asimismo, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense Isaac Crespín Miranda y Héctor Raúl Acuña; el capitán de Infantería Ricardo Armando Fernández; los tenientes Roberto Armando Balmaceda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati y Carlos María Romero Pavón, también fueron condenados a la máxima pena.
Lo mismo para los capitanes del Ejército Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Miguel Ángel Amigo y Jorge Héctor Di Pasquale; el comisario Horacio Elizardo Luján; y el oficial de la Policía Bonaerense Julio César Garachico.
Por su parte, el capitán de la Marina Juan Carlos Herzberg recibió la pena de 12 años de prisión; y el personal civil de inteligencia Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza y Claudio Raúl Grande fueron condenados a 13 años de prisión al ser participes secundarios de los crímenes.
Por último, el sargento primero de Infantería Luis Orlando Perea, fue el único absuelto del caso.
El juicio oral comenzó en abril de este año. Fue en este centro clandestino donde Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, estuvo detenida embarazada de quien es hoy Ignacio Hurban, nieto restituido 114. Allí fue víctima de torturas y donde finalmente fue asesinada.
De acuerdo a las investigaciones realizadas allí también estuvieron cautivas Ana María Rosa Tolosa, Cristina Lucía Marrocco, Olga Noemí Casado, María Elena Isabel Corvalán, Susana Beatriz Pegoraro, Adriana Leonor Tasca, Elisa Elvira Cayul y Graciela Irene Quesada Ayub, entre tantos otros que aún permanecen desaparecidos.
Fuente:LaNoticiaUno
25-10-2014
Justicia
Los fundamentos del fallo, el 19 de diciembre
Sentencia La Cacha: un día de luz sobre la casa del terror
Justicia
Los fundamentos del fallo, el 19 de diciembre
Sentencia La Cacha: un día de luz sobre la casa del terror
La lectura del veredicto que condenó a quince represores a perpetua duró una hora y diez minutos. Hubo tensión y emoción. El fallo ordenó quitar jubilaciones y pensiones. Y exhortó a convertir La Cacha y el Destacamento 101 en sitios de memoria. Afuera, la ciudad de La Plata asistía a un juicio emblemático.
Fotos:Leo Vaca
Los querellantes y referentes de derechos humanos hicieron su entrada a la sala ex AMIA para la lectura de la sentencia sobre los crímenes de La Cacha casi como celebridades de cine. Hubo fuertes aplausos para las llegadas de Estela de Carlotto, Chicha Mariani, Adelina de Alaye (fundadora de Madres de Plaza de Mayo La Plata), María Esther Tello, Rosa Bru (Asociación Miguel Bru), Hugo Cañón (ex fiscal de Bahí Blanca, hoy en la Comisión provincial de la Memoria), Ramón Baibiene (hijo de desaparecidos y director de Políticas reparatorias de la secretatría de DDHH de la provincia de Buenos Aires) y Verónica Bogliano (abogada querellante de varios HIJOS y familiares).
En la primera fila, el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, fue de los primeros en llegar junto a su hermana. El homicidio de su hijo era uno de los cuatro juzgados con esa misma figura en el juicio que llevó diez meses, junto a los de Luis Bearzi, Laura Carlotto, Olga Noemía Casado.
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Nunca la sala había estado tan llena de medios ni de público: algunos habían hecho largas filas para entrar. Desde temprano, muchos jóvenes, organizaciones y militantes se fueron acercando a la esquina y siguieron la lectura de la sentencia desde una pantalla montada afuera.
Era la sentencia de un juicio paradigmático en la ciudad con la tasa más alta de desaparición por cantidad de habitantes, según un informe de la secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez se había logrado juzgar a los servicios de Inteligencia del Ejército en La Plata y también el rol activo del Servicio Penitenciario Bonaerense en un centro clandestino de detención.
La presencia de muchos sobrevivientes (María Laura Bretal y Nilda Eloy, entre tantos), familiares e hijos (los mellizos Reggiardo Tolosa, Julia Bearzi, Julia Pizá) y familiares se respiraba en el aire. Estaban Lita Boitano, Claudia Carlotto -en primera fila, no se separó un minuto de su madre-, su hermano Kibo Carlotto (secretario de DDHH bonaerense) y algunas nietas de Estela. También los diputados Horacio Pietragalla y Julián Domínguez. El presidente de la Cámara baja lidera el Grupo San Martín, donde muchos de sus compañeros han declararon en el juicio. También estuvo la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout.
Para los familiares de los represores se había dispuesto, como siempre, un sector en el primer piso junto al área de prensa. Pero esta vez, a diferencia del día de los alegatos, fueron muy pocos. La mujer del Oso Acuña escuchó toda la sentencia ahí, sentada sola y custodiada fuertemente por tres policías.
La sentencia
La lectura estaba prevista para las 18 pero empezó casi dos horas tardes por problemas técnicos. Minutos antes de de las ocho y en un ritual que sigue pareciendo fuera de época- o de una justicia de otros tiempos- una voz anunció al auditorio ponerse de pie para la entrada del Tribunal Oral Federal N°1: Carlos Rosanski (presidente), Pablo Jantus y Vega.
Cuando Rosanksi pidió que entraran los imputados -había doce sillas dispuestas en el “corralito”-, la tensión acumulada en 38 años de espera estalló. “Como a los nazis/les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”, cantaba el auditorio a pleno mientas once represores entraron custodiados por 8 penitenciarios con chalecos antibalas y escudos antidisturbios y un médico. Todos ellos se mantuvieron en riguroso alerta el resto de la audiencia.
El primero de ellos en entrar, el Oso Acuña, atinó a hacer sus habituales gestos al público. El último en sentarse fue Miguel Etchecolatz, exjefe de investigaciones de la policía provincial, entró con una sonrisa desafiante. Rosanski advirtió que si el auditorio no mantenía las formas, la sala sería desalojada y la sentencia, leída sin público. “Los fundamentos del fallo se leerán el 19 diciembre, a las 18hs”, anunció.
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La lectura del veredicto a los 20 imputados abrió con la condena a Etchecolatz. El público celebró con fuertes aplausos y cánticos. Etchecolatz no se inmutó. Tampoco sus compañeros de banquillo, por lo menos, mientras las quince prisiones perpetuas fueron cayendo, una por una, como martillazos.
Se fundaron en las figuras penales de privación ilegítima de la libertad y tormentos triplemente agravada –por haber sido cometidos por funcionarios públicos, por haberse cometido con violencia o amenazas y haber durado más de un mes-, sumado a los homicidios calificados de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, y los de Bearzi y Bettini.
Los 15 condenados a prisión perpetua fueron, además de Etchecolatz, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Herrero Anzorena, Gustavo “El Francés” Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Ricardo Fernández, Jorge Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón. También el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda y el ex agente penitenciario Raúl " Oso" Acuña, “quienes intervinieron en la matanza de un grupo y la lesión grave de la integridad física y mental de los miembros del grupo, y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total y parcial" en calidad de autores, según leyó el presidente del Tribunal Carlos Rozanski.
Las penas menores
Los montos de penas menores –con la disidencia de Carlos Rozanski- fueron para los agentes civiles del Destacamento 101 Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y para el marino Juan Carlos Herzberg. Los consideraron “partícipes secundarios” y no “autores” de los crímenes, Al final, fue absuelto Luis Orlando Perea, a quien el Ministerio Público Fiscal había desistido de acusar. El abucheo y los silbidos colmaron la sala Amia.
Quedó fuera de la sentencia Eduardo Gargano, porque al momento de los alegatos su abogado defensor presentó un examen médico hecho un hospital público –coincidente con el de los forense de la Corte- que dice que el policía bonaerense padece una enfermedad degenerativa y no está en condiciones de comprender la sentencia en su contra.
Sin jubilaciones y con sitios de memoria
La sentencia tuvo aspectos novedosos. Decretó por unanimidad que cuando esté firme el fallo “se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados, y a la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro”. Fue unánime también el pedido de los jueces a los poderes ejecutivos Nacional y de la provincia de Buenos Aires “a fin de que adopten las medidas necesarias para que se desafecten” los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha –que aún permanece en manos del Servicio Penitenciario- y “sean destinados como sitio de Memoria”. Por último, pidió que se abra una investigación por el agente penitenciario Lucas Miguel Gordillo, visto en el centro clandestino de detención por una testigo durante el juicio.
Apenas terminó la lectura, que duró una hora y diez minutos, Estela se abrazó fuerte con sus hijos Claudia y Kibo. El mismo gesto se repitió acá y allá en la sala. Muchos de los hijos de los desaparecidos en La Cacha se deshacían en llanto como nunca antes. Los cánticos sobre los nazis y la tenacidad con la que buscarán sus condenas se hacían más fuertes. Ellos se fueron retirando sin mirar a sus espaldas, a excepción de dos de los reos que habían sido agentes penitenciarios: Isaac Crespín Miranda y Héctor “el Oso” Acuña. El “Oso” estaba fuera de sí y quería saltar sobre el público. El grito fue unánime, ensordecedor: “¡Asesinos-asesinos!”.
Al Oso tuvieron que reducirlo como a un animal desbocado más de cinco guardias federales. Lo arrearon cuerpo a cuerpo. Les pegaba para que lo soltaran. Miguel Osvaldo Etchecolatz quiso dirigirse hacia el Tribunal –aunque no se lo permitieron- para entregarle un trozo de papel que había apretado junto a su rodilla durante toda la lectura. El fotógrafo de Infojus Noticias captó con su lente lo que decía el papel: Jorge Julio López.
37 años para llevarlos al banquillo
Afuera, en la antesala, se palpaba que la sentencia había dejado un sabor de conformidad general, con alguna mueca de incertidumbre por la absolución de Luis Orlando Perea, las condenas leves a los agentes civiles de inteligencia –doce y trece años- y por las prisiones domiciliarias que no fueron revocadas: Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Juan Carlos Herzberg y Eduardo Gragano. Colleen Torre y Emanuel Lovelli, querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, dijeron a Infojus Noticias: “No estábamos de acuerdo con la absolución, porque cumplió un rol, sabía lo que estaba sucediendo en La Cacha aunque no haya estado ahí. Estamos contentos con las perpetuas pero no con las penas leves a los guardias que tuvieron un rol activo, no eran partícipes secundarios”.
“Creemos que se ha hecho justicia pero necesitamos más justicia”, dijo la abogada Verónica Bogliano, en su rol múltiple de abogada querellante, hija de dos padres -María Susana Leiva y Adrián Bogliano- que pasaron 42 dos días en La Cacha y testigo, en el hall de entrada a la ex Amia.
“Las perpetuas están muy bien, es lo que corresponde, porque son atrocidades las que han cometido, sobre un montón de víctimas. Hay algunas penas que han sido menos. No nos sorprende. No consideramos que sean partícipes secundarios, son tan autores como los otros, porque además fueron reconocidos por muchísimos testigos en el centro clandestino de detención, entonces vamos a apelar”, dijo. Y agregó, la abogada que comenzó su militancia en la década del ’90, en la agrupación HIJOS: “Nada nos fue gratis nunca en la vida. Para poder llegar acá tuvimos que pasar 37 años, tuvimos que anular leyes de obediencia Debida y Punto Final, tuvimos que hacer marchas interminables, marchas contra el indulto y todo eso, no nos paró. Ahora vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar porque si lo que cometieron fue el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos, se merecen perpetua y que se los condene por desaparición forzada de personas”.
Matías Moreno, director de Formación de la Secretaría de DDHH de la Nación también estaba feliz después de una jornada que había empezado temprano con las señalizaciones de La Cacha y del Destacamento 101. “Estamos muy conformes con las 15 perpetuas. Con sacarles las pensiones y jubilaciones. Las penas bajas o que no se hayan revocado las domiciliarias hablan del hecho de que todavía falta mucho por hacer. Pasaron casi 40 años para llevarlos al banquillo. Siempre hay algo a mejorar”, dijo.
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Afuera, había un clima de festivo. Los abrazos se multiplicaron, interminables, entre las víctimas, los abogados, los militantes y familiares que habían llegado para asistir a un día histórico. En la esquina, seguían los bombos y había montado dos escenarios: uno en la esquina, donde estaba la militancia de izquierda, y treinta metros más abajo, por la calle 4, el de las agrupaciones kirchneristas como La Cámpora. A primera hora del día había habido alguna escaramuza por la esquina, pero en aquél momento todos hacían sonar sus bombos y flamear sus banderas por la condena. Al escenario subió María Laura Bretal, una de las detenidas desparecidas en La Cacha, que advirtió sobre el pedido desestimado por el Tribunal de juzgar a los delitos sexuales como figuras autónomas, separadas de los tormentos, y de algunos prófugos en la causa, como el PCI Aníbal Gauto. Al final un cántico: “el Oso está en la cueva, chirivín, chirivín, chunchán. El oso están en la cueva y ya no volverá, se va para Marcos Paz”.
Después de diez meses, era la noche de los aplausos y las sonrisas de alivio, de la alegría por un feliz que nadie podría llamar feliz pero sí el gran final posible: una noche luminosa de Justicia sobre la casa del terror.
Agradecemos la colaboración de Virginia Ilariucci, periodista de Radio AM Universidad de La Plata, a lo largo de la cobertura del juicio por los delitos de La Cacha.
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La sentencia había entrado en la etapa final. Eran los últimos minutos y el juez Carlos Rosanski se sirvió un vaso de agua después de una hora de lectura. De pronto, en el corralito donde escuchaban los represores, alguien miró desafiante a los familiares de las víctimas.
Fiel a su estilo, Miguel Etchecolatz, exjefe de investigaciones de la policía provincial, se concentró en Estela de Carlotto. Con cara de póker, le sostuvo la mirada durante unos minutos. Fue uno de los primeros en recibir la condena a perpetua, y ni se había inmutado ante los aplausos del público, que festejó el fallo. Pero ahora estaba fuera de control.
Agarró un papelito y anotó un nombre. Al terminar la lectura, quiso entregárselo al Tribunal. No lo dejaron. Algunos pensaron que había escrito algo en contra del proceso que lo condenó. Sin embargo, cuando hicieron foco sobre sus manos, los fotógrafos de Infojus Noticias descubrieron un detalle macabro. Decía, de su puño y letra, “Jorge Julio López”.
En otro ángulo fotográfico, la lectura del papel sugiere un dato que, de comprobarse, sería aún más horrendo. De forma entrecortada, aparecerían la palabras "secuestro" y el verbo "secuestrar". En rigor, si se ordena su peritaje, la precisión echaría más luz sobre la exactitud del mensaje.
Así lo contó Leo Vaca: “El corralito estaba tapado por guardias, era difícil de fotografiar. En un momento, uno de ellos se corrió y vi cómo Etchecolatz miró fijamente a Estela y a otros familiares. Entonces es con sus dedos de la mano derecha empezó a tamborilear sobre la rodilla y sacó un papelito. En ese momento, lo observo que está escribiendo y cuando hice foco, no pude creer lo que estaba viendo. Después se levantó y se lo quiso entregar a los jueces, pero no lo dejaron. Mostré la foto a otros colegas y a la gente que estaba allí y se mordían los labios de la bronca. Fue un escándalo”.
¿Qué habrá querido significar Etchecolatz? ¿Cuál fue su verdadera intención? ¿Fue un gesto de desesperación al recibir una nueva condena por delitos de lesa humanidad?
Lo cierto es que la última provocación de Etchecolatz antes de regresar a la cárcel evidenció un hecho: el de no pasar desapercibido ante la desaparición de Julio López. Fuentes judiciales mostraron cautela ante el hecho, aunque enfatizaron que tomarán las medidas correspondientes. Se calcula que, en los próximos días, se lo interrogará sobre por qué quiso acercar el nombre a la justicia.
Excomisario, Etchecolatz fue director de investigaciones de la policía bonaerense entre marzo de 1976 y fines de 1977. Era la mano derecha del exgeneral Ramón Camps. En 1986 fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de 91 tormentos. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 2003, fue el segundo condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio donde fue el único acusado. Ocurrió en 2006, cuando tuvo sentencia a prisión perpetua por seis homicidios. Entonces Jorge Julio López –desaparecido en 2006- lo señaló como uno de los torturadores. En una de las audiencias del juicio de La Cacha, se desmayó mientras declaraba una sobreviviente y el debate se suspendió. En otro momento del juicio pidió hablar y dijo que la dictadura luchó contra “insectos foráneos”. En La Cacha lo acusan del homicidio agravado de los militantes montoneros Luis Eduardo Sixto Bearzi y Marcelo Gabriel José Bettini.
En el juicio, protagonizó varios sucesos que bordearon el escándalo y la polémica. En la audiencia del 5 de febrero de 2014, el arquitecto de la represión en la provincia de Buenos Aires tomó la palabra y, fiel a su estilo, provocó a la audiencia. "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo", dijo. Después, agregó : “Defendimos a la patria y nuestros soldados fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, y del derecho a la familia cristiana”.
En mayo, se desmayó escuchando a una sobreviviente. Lo llevaron al Hospital San Martín con un pico de presión. Dos semanas después, visiblemente recuperado, volvió a declarar. Dijo que en los ´70, llegaban “insectos foráneos” y se “entrometían en el país”. El ex comisario intentó desligarse del asesinato de Marcelo Bettini, militante de Montoneros. Y, una vez más, se adjudicó el papel de víctima: objeto de la venganza jurídica de quienes fueron derrotados bajo la ley de las armas en aquella época, donde asesinó y mandó a asesinar “en combate”.
- ¿A qué se refiere con insectos foráneos?- repreguntó Rozanski.
- Los que llegaban desde Cuba, de afuera. No solo personas, también ideas- respondió el represor, sin titubear.
El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó por unanimidad a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz, Jaime Lamont Smart, Gustavo Adolfo Cacivio, Héctor Raúl "El Oso" Acuña, Roberto Armando Balmaceda, Ricardo Armando Fernández, Isaac Crespín Miranda, Emilio Alberto Herrero Anzorena, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Horacio Elizardo Luján, Miguel Ángel Amigo, Jorge Héctor Di Pasquale, Julio César Garachico por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “La Cacha”, que funcionó en la localidad de Olmos durante la última dictadura.
Además, condenaron a 12 años de prisión a Juan Carlos Herzberg y a 13 años a Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande; y absolvieron Luis Orlando Perea.
El Tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, empezó a leer la sentencia a minutos antes de las 20, en la sede de la ex AMIA, donde desde diciembre de 2013 juzgó a los 21 represores por las detenciones ilegítimas de unas 128 personas alojadas en ese centro clandestino. Se trata de delitos que incluyen homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años.
Entre las víctimas de este juicio están Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
La fiscalía había pedido la pena de prisión perpetua para 18 acusados, entre ellos Miguel Etchecolatz; y penas de 16 años prisión para Juan Carlos Herzberg y de 14 años de prisión para Rufino Batalla, a la vez que solicitaron la absolución de Luis Perea.
Por otro lado, la querella que representó a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, pidió la pena de prisión perpetua para Anselamo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Crespín Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo Cacivio, Emilio Herrero Anzorena, Héctor Acuña, Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Perea y Jaime Lamont Smart.
La querella encabezada por Verónica Bogliano y Leticia Baibiene requirió la pena de prisión perpetua para Hidalgo Garzón, Fernández, Anzorena, Pavón, Smart, Cascivio, Perea, Palavezatti, Espinosa, Grande, Batalla, Miranda y Acuña, por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte.
En tanto, la querella que representa a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó la pena de 15 años de prisión para Grande y Espinoza y para los otros 19 acusados pidió la pena de prisión perpetua.
Mientras que los representantes de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires solicitaron la pena de prisión perpetua para 20 acusados, entre los que se encuentra Etchecolatz y pidieron la pena de 20 años de prisión para Juan Carlos Herzberg.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia; funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
El centro se denominó "La Cacha" ya que los represores se jactaban en decir: "Estas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente", en referencia al personaje del dibujo animado Hijitus de Manuel García Ferré.
QUINCE PERPETUAS
El tribunal oral condenó por genocidio a quince de los acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el campo de tortura y exterminio conocido como La Cacha. Entre ellos el ex ministro de Gobierno bonaerense James Smart y el ex comisario Miguel Etchecolatz.
Para los sobrevivientes del infierno de La Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer, tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1, Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”, les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó. El resto, solo miró con desdén.
Ninguno de los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101: Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha, e Isaac Miranda, los únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.
Los cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas, algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha, una estructura no muy grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada: estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135 integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.
Pero el juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los delitos.
“Esto no es una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los 30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés nacidos y apropiados en La Cacha, ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró conforme con el fallo.
“Este juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos, Claudia y Guido. La sobreviviente y militante
Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.
Por Ailín Bullentini
El bulevar de la 51 a la altura exacta donde nace la 4, vallada de punta a punta, fue propio de los colectivos que integran Justicia Ya!, que representó a una querella en el debate. A menos de media cuadra de distancia, las organizaciones ligadas al gobierno nacional armaron el suyo, con promesa de show musical para celebrar la sentencia. El objetivo de uno y otro fue el mismo: celebrar la Justicia, incentivar la memoria, asegurar la verdad.
La esquina en la que se instalaron los colectivos de Justicia Ya! se llenó de banderas. Los árboles y los palos de luz sirvieron para sostenerlas: HIJOS La Plata fue el que más espacio copó; también hubo del Frente Popular Darío Santillán, Apel y Patria Grande, entre algunas otras. Las caras de los 21 acusados manchadas de sangre y rematadas con el grito de ¡JUSTICIA! así, con mayúscula, enmarcaron el escenario desde donde se repitió, una y otra vez, el mismo pedido: “Condena a los genocidas, justicia para los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”.
A 20 metros, el otro escenario iba recibiendo a militantes, que terminaron de llegar a medida que el momento de la sentencia se acercaba. Miembros de Hijos sede Ciudad de Buenos Aires aguardaron allí la sentencia, que llegó pasadas las 20.
Fuente:Pagina12
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 imputados por los secuestros y torturas de más de un centenar de víctimas de la dictadura cívico-militar, entre ellos, a los ex militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, espías que dependían del temible Batallón 601.
Además, condenó a penas de 13 años a tres ex agentes civiles de inteligencia y a 12 años a un marino. A todos, "por su complicidad con el genocidio perpetrado en la dictadura cívico-militar de 1976-1983, al intervenir en la matanza de un grupo nacional".
En tanto, los jueces del TOF 1 de la capital provincial, Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, condenaron al represor de la policía Miguel Etchecolatz y al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Smart, a cadena perpetua por los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos "en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar".
Entre los casos por los que fueron condenados, se encuentran el de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre biológica de Ignacio Guido, quien se supo de su filiación este año por el cotejo de ADN. Estela de Carlotto presenció en el tribunal el veredicto.
Emotivas definiciones de Estela, antes de la sentencia:
"Ahora vamos a estar en paz, porque creo que nuestros seres queridos asesinados estarán descansando en paz", dijo Estela de Carlotto apenas terminó la audiencia.
"Están hablando con una abuela feliz que recuperó a su nieto, que se está enterando de este acontecimiento en el que se ha mencionado a su mamá; con estas condenas a quienes no tienen un rasgo de humanidad, porque todavía se sublevan, insultan y se creen que son víctimas. Esta es la democracia que felizmente tenemos. Nos vamos bien", completó.
Fuente:DiarioRegistrado
Lesa Humanidad
Los condenados fueron considerados "cómplices en el genocidio"
El juicio por los crímenes en “La Cacha” culminó con 15 perpetuas y penas de 12 y 13 años
24.10.2014
Quince represores condenados a prisión perpetua, otros tres a 13 años de prisión, uno a 12 y la absolución de otro fueron los puntos más relevantes de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata que esta noche culminó, tras 10 meses de audiencias, el juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención "La Cacha".
Además de las altas penas impuestas, la sentencia tuvo como puntos salientes la exhortación del Tribunal a los poderes del Estado para que se desafecten los lugares donde funcionaron el centro clandestino "La Cacha" y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y se los convierta en sitios de memoria, y para que se "dé la baja por exhoneración a los condenados" y se disponga "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro".
En todos los casos, los condenados, cuyas conductas -según los casos- fueron encuadradas en los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños, fueron considerados cómplices "en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar 1976-1983 al intervenir en la matanza de miembros un grupo nacional, en la lesión grave a la integridad físico mental de los miembros del grupo y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total o parcial".
Entre las cuestiones jurídicas relevantes que dejó la sentencia, el fiscal General Hernán Schapiro destacó que los jueces condenaron a los acusados como autores mediatos del homicidio de Marcelo Betttini, quien se suicidó tomando una pastilla de cianuro durante una emboscada en la vía pública el 9 de noviembre de 1976. La Fiscalía consideró que los imputados habían utilizado a la víctima para cometer el crimen, dado que no le dejaron opción frente a una segura captura y un periplo por centros clandestinos de detención.
Schapiro, que durante el debate intervino junto al fiscal ad hoc Gerardo Fernández, dijo a Fiscales que estaba "conforme" con la sentencia del tribunal porque "receptó todo lo que la Fiscalía pidió, salvo detalles de índole técnica que no tienen repercusión a nivel práctico".
No obstante, señaló que aguardará a que se brinden los fundamentos -esto ocurrirá el 19 de diciembre a las 18:00- para conocer el criterio del Tribunal para graduar las penas en 13 años de prisión de los civiles de inteligencia del Ejército, Claudio Raúl Grande y Raúl Ricardo Espinoza, a quienes había solicitado en su alegato la prisión perpetua.
"Las situaciones de Grande y Espinoza fueron las más complejas del debate y la verdad que en ese contexto hay que leer los fundamentos para ver las razones por las que los condenaron de esa manera, como partícipes secundarios y no como coautores", añadió Schapiro.
Los 15 condenados a prisión perpetua fueron los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón; el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda; el ex agente penitenciario Raúl "el Oso" Acuña; el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex jefe de la Unidad Regional La Plata, Horacio Elizardo Luján; y el jefe del Servicio de Calle de esa repartición, Julio César Garachico.
En tanto, el ex civil de inteligencia del Ejército, Rufino Batalla, fue condenado a 13 años de prisión (la Fiscalía había pedido 14 años), al igual que sus colegas Grande y Espinoza; y el ex jefe de la Armada en la región, Juan Carlos Herzberg, recibió doce años de prisión (los representantes del MPF había requerido 16).
Finalmente, el guardia del Destacamento 101, Luis Orlando Perea, resultó absuelto, tal como lo habían requerido los fiscales, que consideraron que durante el proceso no había podido acreditarse su contribución al plan criminal.
El Tribunal no llegó a pronunciarse por la responsabilidad del ex sub director General de Seguridad de la Policía bonaerense, Eduardo Gargano, quien fue separado del juicio por problemas psíquicos, luego de una junta médica que dictaminó en ese sentido. La Fiscalía había llegado a requerir para él la pena de prisión perpetua.
El juicio por los crímenes en La Cacha comenzó el 18 de diciembre pasado. Desde entonces, declararon 134 testigos a lo largo de 37 audiencias dedicadas a indagar sobre la responsabilidad de los 21 imputados que llegaron al proceso por 127 casos de víctimas que pasaron por aquél centro clandestino en 1977 y por dos homicidios ocurridos en 1976 en la vía pública.
"La Cacha" fue un centro de detención de características singulares: fue controlado por la inteligencia del Ejército, pero tuvo una importante inserción de la Armada en su funcionamiento, y la participación del Servicio Penitenciario Bonaerense en la custodia de los prisioneros. La vieja casona donde funcionó estaba ubicada en un predio situado junto al complejo carcelario de Lisandro Olmos, al oeste de La Plata.
Fuente:Fiscales.gob.ar
En la primera fila, el embajador de Argentina en España, Carlos Bettini, fue de los primeros en llegar junto a su hermana. El homicidio de su hijo era uno de los cuatro juzgados con esa misma figura en el juicio que llevó diez meses, junto a los de Luis Bearzi, Laura Carlotto, Olga Noemía Casado.
Nunca la sala había estado tan llena de medios ni de público: algunos habían hecho largas filas para entrar. Desde temprano, muchos jóvenes, organizaciones y militantes se fueron acercando a la esquina y siguieron la lectura de la sentencia desde una pantalla montada afuera.
Era la sentencia de un juicio paradigmático en la ciudad con la tasa más alta de desaparición por cantidad de habitantes, según un informe de la secretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires. Por primera vez se había logrado juzgar a los servicios de Inteligencia del Ejército en La Plata y también el rol activo del Servicio Penitenciario Bonaerense en un centro clandestino de detención.
La presencia de muchos sobrevivientes (María Laura Bretal y Nilda Eloy, entre tantos), familiares e hijos (los mellizos Reggiardo Tolosa, Julia Bearzi, Julia Pizá) y familiares se respiraba en el aire. Estaban Lita Boitano, Claudia Carlotto -en primera fila, no se separó un minuto de su madre-, su hermano Kibo Carlotto (secretario de DDHH bonaerense) y algunas nietas de Estela. También los diputados Horacio Pietragalla y Julián Domínguez. El presidente de la Cámara baja lidera el Grupo San Martín, donde muchos de sus compañeros han declararon en el juicio. También estuvo la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Florencia Saintout.
Para los familiares de los represores se había dispuesto, como siempre, un sector en el primer piso junto al área de prensa. Pero esta vez, a diferencia del día de los alegatos, fueron muy pocos. La mujer del Oso Acuña escuchó toda la sentencia ahí, sentada sola y custodiada fuertemente por tres policías.
La sentencia
La lectura estaba prevista para las 18 pero empezó casi dos horas tardes por problemas técnicos. Minutos antes de de las ocho y en un ritual que sigue pareciendo fuera de época- o de una justicia de otros tiempos- una voz anunció al auditorio ponerse de pie para la entrada del Tribunal Oral Federal N°1: Carlos Rosanski (presidente), Pablo Jantus y Vega.
Cuando Rosanksi pidió que entraran los imputados -había doce sillas dispuestas en el “corralito”-, la tensión acumulada en 38 años de espera estalló. “Como a los nazis/les va a pasar/adonde vayan los iremos a buscar”, cantaba el auditorio a pleno mientas once represores entraron custodiados por 8 penitenciarios con chalecos antibalas y escudos antidisturbios y un médico. Todos ellos se mantuvieron en riguroso alerta el resto de la audiencia.
El primero de ellos en entrar, el Oso Acuña, atinó a hacer sus habituales gestos al público. El último en sentarse fue Miguel Etchecolatz, exjefe de investigaciones de la policía provincial, entró con una sonrisa desafiante. Rosanski advirtió que si el auditorio no mantenía las formas, la sala sería desalojada y la sentencia, leída sin público. “Los fundamentos del fallo se leerán el 19 diciembre, a las 18hs”, anunció.
La lectura del veredicto a los 20 imputados abrió con la condena a Etchecolatz. El público celebró con fuertes aplausos y cánticos. Etchecolatz no se inmutó. Tampoco sus compañeros de banquillo, por lo menos, mientras las quince prisiones perpetuas fueron cayendo, una por una, como martillazos.
Se fundaron en las figuras penales de privación ilegítima de la libertad y tormentos triplemente agravada –por haber sido cometidos por funcionarios públicos, por haberse cometido con violencia o amenazas y haber durado más de un mes-, sumado a los homicidios calificados de Laura Carlotto y Olga Noemí Casado, y los de Bearzi y Bettini.
Los 15 condenados a prisión perpetua fueron, además de Etchecolatz, los integrantes del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Herrero Anzorena, Gustavo “El Francés” Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Ricardo Fernández, Jorge Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón. También el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda y el ex agente penitenciario Raúl " Oso" Acuña, “quienes intervinieron en la matanza de un grupo y la lesión grave de la integridad física y mental de los miembros del grupo, y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total y parcial" en calidad de autores, según leyó el presidente del Tribunal Carlos Rozanski.
Las penas menores
Los montos de penas menores –con la disidencia de Carlos Rozanski- fueron para los agentes civiles del Destacamento 101 Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y para el marino Juan Carlos Herzberg. Los consideraron “partícipes secundarios” y no “autores” de los crímenes, Al final, fue absuelto Luis Orlando Perea, a quien el Ministerio Público Fiscal había desistido de acusar. El abucheo y los silbidos colmaron la sala Amia.
Quedó fuera de la sentencia Eduardo Gargano, porque al momento de los alegatos su abogado defensor presentó un examen médico hecho un hospital público –coincidente con el de los forense de la Corte- que dice que el policía bonaerense padece una enfermedad degenerativa y no está en condiciones de comprender la sentencia en su contra.
Sin jubilaciones y con sitios de memoria
La sentencia tuvo aspectos novedosos. Decretó por unanimidad que cuando esté firme el fallo “se dé inicio al proceso de baja por exoneración de los condenados, y a la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro”. Fue unánime también el pedido de los jueces a los poderes ejecutivos Nacional y de la provincia de Buenos Aires “a fin de que adopten las medidas necesarias para que se desafecten” los inmuebles donde funcionaron el Destacamento 101 y La Cacha –que aún permanece en manos del Servicio Penitenciario- y “sean destinados como sitio de Memoria”. Por último, pidió que se abra una investigación por el agente penitenciario Lucas Miguel Gordillo, visto en el centro clandestino de detención por una testigo durante el juicio.
Apenas terminó la lectura, que duró una hora y diez minutos, Estela se abrazó fuerte con sus hijos Claudia y Kibo. El mismo gesto se repitió acá y allá en la sala. Muchos de los hijos de los desaparecidos en La Cacha se deshacían en llanto como nunca antes. Los cánticos sobre los nazis y la tenacidad con la que buscarán sus condenas se hacían más fuertes. Ellos se fueron retirando sin mirar a sus espaldas, a excepción de dos de los reos que habían sido agentes penitenciarios: Isaac Crespín Miranda y Héctor “el Oso” Acuña. El “Oso” estaba fuera de sí y quería saltar sobre el público. El grito fue unánime, ensordecedor: “¡Asesinos-asesinos!”.
Al Oso tuvieron que reducirlo como a un animal desbocado más de cinco guardias federales. Lo arrearon cuerpo a cuerpo. Les pegaba para que lo soltaran. Miguel Osvaldo Etchecolatz quiso dirigirse hacia el Tribunal –aunque no se lo permitieron- para entregarle un trozo de papel que había apretado junto a su rodilla durante toda la lectura. El fotógrafo de Infojus Noticias captó con su lente lo que decía el papel: Jorge Julio López.
37 años para llevarlos al banquillo
Afuera, en la antesala, se palpaba que la sentencia había dejado un sabor de conformidad general, con alguna mueca de incertidumbre por la absolución de Luis Orlando Perea, las condenas leves a los agentes civiles de inteligencia –doce y trece años- y por las prisiones domiciliarias que no fueron revocadas: Miguel Ángel Amigo, Ricardo Armando Fernández, Juan Carlos Herzberg y Eduardo Gragano. Colleen Torre y Emanuel Lovelli, querellantes de Abuelas de Plaza de Mayo, dijeron a Infojus Noticias: “No estábamos de acuerdo con la absolución, porque cumplió un rol, sabía lo que estaba sucediendo en La Cacha aunque no haya estado ahí. Estamos contentos con las perpetuas pero no con las penas leves a los guardias que tuvieron un rol activo, no eran partícipes secundarios”.
“Creemos que se ha hecho justicia pero necesitamos más justicia”, dijo la abogada Verónica Bogliano, en su rol múltiple de abogada querellante, hija de dos padres -María Susana Leiva y Adrián Bogliano- que pasaron 42 dos días en La Cacha y testigo, en el hall de entrada a la ex Amia.
“Las perpetuas están muy bien, es lo que corresponde, porque son atrocidades las que han cometido, sobre un montón de víctimas. Hay algunas penas que han sido menos. No nos sorprende. No consideramos que sean partícipes secundarios, son tan autores como los otros, porque además fueron reconocidos por muchísimos testigos en el centro clandestino de detención, entonces vamos a apelar”, dijo. Y agregó, la abogada que comenzó su militancia en la década del ’90, en la agrupación HIJOS: “Nada nos fue gratis nunca en la vida. Para poder llegar acá tuvimos que pasar 37 años, tuvimos que anular leyes de obediencia Debida y Punto Final, tuvimos que hacer marchas interminables, marchas contra el indulto y todo eso, no nos paró. Ahora vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar porque si lo que cometieron fue el secuestro, la tortura y el asesinato de cientos, se merecen perpetua y que se los condene por desaparición forzada de personas”.
Matías Moreno, director de Formación de la Secretaría de DDHH de la Nación también estaba feliz después de una jornada que había empezado temprano con las señalizaciones de La Cacha y del Destacamento 101. “Estamos muy conformes con las 15 perpetuas. Con sacarles las pensiones y jubilaciones. Las penas bajas o que no se hayan revocado las domiciliarias hablan del hecho de que todavía falta mucho por hacer. Pasaron casi 40 años para llevarlos al banquillo. Siempre hay algo a mejorar”, dijo.
Afuera, había un clima de festivo. Los abrazos se multiplicaron, interminables, entre las víctimas, los abogados, los militantes y familiares que habían llegado para asistir a un día histórico. En la esquina, seguían los bombos y había montado dos escenarios: uno en la esquina, donde estaba la militancia de izquierda, y treinta metros más abajo, por la calle 4, el de las agrupaciones kirchneristas como La Cámpora. A primera hora del día había habido alguna escaramuza por la esquina, pero en aquél momento todos hacían sonar sus bombos y flamear sus banderas por la condena. Al escenario subió María Laura Bretal, una de las detenidas desparecidas en La Cacha, que advirtió sobre el pedido desestimado por el Tribunal de juzgar a los delitos sexuales como figuras autónomas, separadas de los tormentos, y de algunos prófugos en la causa, como el PCI Aníbal Gauto. Al final un cántico: “el Oso está en la cueva, chirivín, chirivín, chunchán. El oso están en la cueva y ya no volverá, se va para Marcos Paz”.
Después de diez meses, era la noche de los aplausos y las sonrisas de alivio, de la alegría por un feliz que nadie podría llamar feliz pero sí el gran final posible: una noche luminosa de Justicia sobre la casa del terror.
Agradecemos la colaboración de Virginia Ilariucci, periodista de Radio AM Universidad de La Plata, a lo largo de la cobertura del juicio por los delitos de La Cacha.
25-10-2014
Lesa Humanidad
En el final de la sentencia por La Cacha
Etchecolatz escribió "Jorge Julio López": el papel no pudo entregarlo a la justicia
Lesa Humanidad
En el final de la sentencia por La Cacha
Etchecolatz escribió "Jorge Julio López": el papel no pudo entregarlo a la justicia
La sentencia había entrado en la etapa final. Fiel a su estilo provocativo, Miguel Etchecolatz miró a Estela de Carlotto y otros familiares. De pronto, agarró un papelito y anotó un nombre. Al terminar el veredicto, quiso entregárselo al Tribunal. No lo dejaron. Los fotógrafos de Infojus Noticias captaron el escrito. Decía "Jorge Julio López".
Fotos:Leo Vaca y Sebastián Losada
Fiel a su estilo, Miguel Etchecolatz, exjefe de investigaciones de la policía provincial, se concentró en Estela de Carlotto. Con cara de póker, le sostuvo la mirada durante unos minutos. Fue uno de los primeros en recibir la condena a perpetua, y ni se había inmutado ante los aplausos del público, que festejó el fallo. Pero ahora estaba fuera de control.
Agarró un papelito y anotó un nombre. Al terminar la lectura, quiso entregárselo al Tribunal. No lo dejaron. Algunos pensaron que había escrito algo en contra del proceso que lo condenó. Sin embargo, cuando hicieron foco sobre sus manos, los fotógrafos de Infojus Noticias descubrieron un detalle macabro. Decía, de su puño y letra, “Jorge Julio López”.
En otro ángulo fotográfico, la lectura del papel sugiere un dato que, de comprobarse, sería aún más horrendo. De forma entrecortada, aparecerían la palabras "secuestro" y el verbo "secuestrar". En rigor, si se ordena su peritaje, la precisión echaría más luz sobre la exactitud del mensaje.
Así lo contó Leo Vaca: “El corralito estaba tapado por guardias, era difícil de fotografiar. En un momento, uno de ellos se corrió y vi cómo Etchecolatz miró fijamente a Estela y a otros familiares. Entonces es con sus dedos de la mano derecha empezó a tamborilear sobre la rodilla y sacó un papelito. En ese momento, lo observo que está escribiendo y cuando hice foco, no pude creer lo que estaba viendo. Después se levantó y se lo quiso entregar a los jueces, pero no lo dejaron. Mostré la foto a otros colegas y a la gente que estaba allí y se mordían los labios de la bronca. Fue un escándalo”.
¿Qué habrá querido significar Etchecolatz? ¿Cuál fue su verdadera intención? ¿Fue un gesto de desesperación al recibir una nueva condena por delitos de lesa humanidad?
Lo cierto es que la última provocación de Etchecolatz antes de regresar a la cárcel evidenció un hecho: el de no pasar desapercibido ante la desaparición de Julio López. Fuentes judiciales mostraron cautela ante el hecho, aunque enfatizaron que tomarán las medidas correspondientes. Se calcula que, en los próximos días, se lo interrogará sobre por qué quiso acercar el nombre a la justicia.
Excomisario, Etchecolatz fue director de investigaciones de la policía bonaerense entre marzo de 1976 y fines de 1977. Era la mano derecha del exgeneral Ramón Camps. En 1986 fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de 91 tormentos. Después de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de 2003, fue el segundo condenado por delitos de lesa humanidad en un juicio donde fue el único acusado. Ocurrió en 2006, cuando tuvo sentencia a prisión perpetua por seis homicidios. Entonces Jorge Julio López –desaparecido en 2006- lo señaló como uno de los torturadores. En una de las audiencias del juicio de La Cacha, se desmayó mientras declaraba una sobreviviente y el debate se suspendió. En otro momento del juicio pidió hablar y dijo que la dictadura luchó contra “insectos foráneos”. En La Cacha lo acusan del homicidio agravado de los militantes montoneros Luis Eduardo Sixto Bearzi y Marcelo Gabriel José Bettini.
En el juicio, protagonizó varios sucesos que bordearon el escándalo y la polémica. En la audiencia del 5 de febrero de 2014, el arquitecto de la represión en la provincia de Buenos Aires tomó la palabra y, fiel a su estilo, provocó a la audiencia. "Por mi cargo me tocó matar, y lo haría de nuevo", dijo. Después, agregó : “Defendimos a la patria y nuestros soldados fueron muertos en enfrentamientos ocasionados por los terroristas. Fuimos en defensa del hombre civilizado, y del derecho a la familia cristiana”.
En mayo, se desmayó escuchando a una sobreviviente. Lo llevaron al Hospital San Martín con un pico de presión. Dos semanas después, visiblemente recuperado, volvió a declarar. Dijo que en los ´70, llegaban “insectos foráneos” y se “entrometían en el país”. El ex comisario intentó desligarse del asesinato de Marcelo Bettini, militante de Montoneros. Y, una vez más, se adjudicó el papel de víctima: objeto de la venganza jurídica de quienes fueron derrotados bajo la ley de las armas en aquella época, donde asesinó y mandó a asesinar “en combate”.
- ¿A qué se refiere con insectos foráneos?- repreguntó Rozanski.
- Los que llegaban desde Cuba, de afuera. No solo personas, también ideas- respondió el represor, sin titubear.
24-10-2014
La Cacha
Sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata
Perpetuas para quince represores de La Cacha
La Cacha
Sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata
Perpetuas para quince represores de La Cacha
Además sentenciaron a 12 y 13 años de prisión a otros acusados. Se investigaron los crímenes de lesa humanidad contra 128 personas. Entre las víctimas están Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo. La fiscalía había pedido la pena de prisión perpetua para 18 acusados. El centro operó además como una maternidad clandestina.
Foto:Leo Vaca
Además, condenaron a 12 años de prisión a Juan Carlos Herzberg y a 13 años a Rufino Batalla, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande; y absolvieron Luis Orlando Perea.
El Tribunal, integrado por Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, empezó a leer la sentencia a minutos antes de las 20, en la sede de la ex AMIA, donde desde diciembre de 2013 juzgó a los 21 represores por las detenciones ilegítimas de unas 128 personas alojadas en ese centro clandestino. Se trata de delitos que incluyen homicidio, privación ilegítima de la libertad y retención y ocultamiento de un menor de 10 años.
Entre las víctimas de este juicio están Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; y la privación ilegítima de la libertad de Antonio Bautista Bettini, padre de Carlos Bettini, actual embajador argentino en España.
La fiscalía había pedido la pena de prisión perpetua para 18 acusados, entre ellos Miguel Etchecolatz; y penas de 16 años prisión para Juan Carlos Herzberg y de 14 años de prisión para Rufino Batalla, a la vez que solicitaron la absolución de Luis Perea.
Por otro lado, la querella que representó a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, pidió la pena de prisión perpetua para Anselamo Palavezzati, Carlos Romero Pavón, Isaac Crespín Miranda, Carlos Hidalgo Garzón, Jorge Di Pasquale, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Gustavo Cacivio, Emilio Herrero Anzorena, Héctor Acuña, Batalla, Raúl Espinoza, Claudio Grande, Perea y Jaime Lamont Smart.
La querella encabezada por Verónica Bogliano y Leticia Baibiene requirió la pena de prisión perpetua para Hidalgo Garzón, Fernández, Anzorena, Pavón, Smart, Cascivio, Perea, Palavezatti, Espinosa, Grande, Batalla, Miranda y Acuña, por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte.
En tanto, la querella que representa a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos solicitó la pena de 15 años de prisión para Grande y Espinoza y para los otros 19 acusados pidió la pena de prisión perpetua.
Mientras que los representantes de las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires solicitaron la pena de prisión perpetua para 20 acusados, entre los que se encuentra Etchecolatz y pidieron la pena de 20 años de prisión para Juan Carlos Herzberg.
El centro clandestino de detención La Cacha estaba ubicado entre las calles 191, 196, 47 y 52 de la ciudad de La Plata, contiguo al penal de Olmos y en las antiguas instalaciones de Radio Provincia; funcionó desde 1976 a 1978 y además operó como una maternidad clandestina para las detenidas que se encontraban embarazadas.
El centro se denominó "La Cacha" ya que los represores se jactaban en decir: "Estas en La Cacha de Cachavacha, la bruja que desaparece gente", en referencia al personaje del dibujo animado Hijitus de Manuel García Ferré.
QUINCE PERPETUAS
Por Ailín Bullentini
EL TRIBUNAL ORAL Nº 1 DE LA PLATA CONDENO A PERPETUA A 15 DE LOS 21 IMPUTADOS POR LOS CRIMENES COMETIDOS EN LA CACHA
“No es una alegría, es un gran paso de la Justicia”
Se juzgaron los crímenes cometidos contra más de 100 hombres y mujeres que pasaron por el centro clandestino que funcionó en Olmos durante la dictadura. También hubo penas de 13 y 12 años de prisión, y un absuelto.
Por Ailín Bullentini
La titular de Abuelas, Estela de Carlotto, abrazó a sus hijos Claudia y Guido después de escuchar la sentencia del tribunal.Imagen: Carlos Cermele
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el abucheo ante la absolución fue total.
El Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 de los 21 imputados por los delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 100 hombres y mujeres en el centro clandestino de tortura y exterminio conocido como La Cacha durante la última dictadura cívico-militar argentina. La sentencia incluyó condenas de 13 y 12 años de cárcel para tres civiles y un marino que participaron de la cotidianidad de aquel centro de detención ilegal que funcionó entre 1976 y 1978 en la localidad platense de Olmos, en la provincia de Buenos Aires, y la absolución de un militar. Entre los condenados a perpetua están Jaime Smart, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, y Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la policía provincial. Si bien la recepción de la condena entre el público que colmó la sala Amia de los Tribunales platenses –sobrevivientes y familiares de víctimas, pero también militantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de izquierda– fue buena, el abucheo ante la absolución fue total.
Para los sobrevivientes del infierno de La Cacha y los familiares de las víctimas que no lograron salir con vida de allí, la Justicia llegó 37 años tarde. Para ellos y el resto del público que colmó la sala ayer, tardó dos horas más de lo pautado: recién a las 20 el presidente del TOF 1, Carlos Rozanski, ocupó su asiento y llamó a los acusados a que ocuparan sus sillas. “Asesinos”, los recibió el público. “Como a los nazis les va a pasar”, les dedicó. Uno de ellos se ofendió: “Váyanse a la puta que los parió”, gritó. El resto, solo miró con desdén.
Ninguno de los acusados reaccionó ante las condenas. Por genocidio, por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos, los jueces condenaron a prisión perpetua a casi todos los militares que integraron el Destacamento de Inteligencia 101: Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Jorge Di Pascuale, Gustavo Cacivio, Ricardo Fernández, Miguel Angel Amigo, Roberto Balmaceda, Emilio Herrero Anzorena, Carlos Romero Pavón y Anselmo Palavezzati. Luis Perea, por fallo voto mayoritario de los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, fue absuelto. Los tres civiles miembros del destacamento, Raúl Ricardo Espinoza, Claudio Raúl Grande y Rufino Batalla, recibieron 13 años de prisión por ser considerados partícipes necesarios y no coautores de los mismos delitos. Lo mismo ocurrió con el marino Juan Carlos Herzberg, quien recibió 12 años de cárcel. Prisión perpetua también recibieron Héctor “Oso” Acuña, uno de los más feroces torturadores de La Cacha, e Isaac Miranda, los únicos dos penitenciarios sometidos a este juicio.
Los cálculos no son específicos, porque todo es a fuerza de reconstrucción permanente, pero permiten una idea: 200 personas, más o menos, pasaron horas, algunos días o meses encerradas en el edificio central de La Cacha, una estructura no muy grande de dos pisos y sótano. Engrilletadas. Encapuchadas. Algunas, como las embarazadas, reunidas en una zona igual, las “cuevitas”. La mayoría, mezclada: estudiantes secundarios, jóvenes militantes universitarios, obreros recientes y experimentados, sus mujeres. Sus padres e incluso meros conocidos. Las torturas sucedían en una estructura separada de la principal, pero lo suficientemente contigua como para que los prisioneros oyeran los gritos de los castigados con golpes o picana, insultados, amenazados, violados. La Cacha dejó de funcionar como centro clandestino en 1978. Unos años después, funcionarios de la aún viva dictadura ordenaron la demolición. De aquellas más o menos 200 víctimas, sólo un tercio logró salir con vida de La Cacha. De aquellos, más o menos 200 casos, 135 integraron el juicio que ayer culminó su etapa formal.
Pero el juicio también integró el análisis de la muerte de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, por quienes sólo fueron imputados y condenados Etchecolatz y otros tres policías bonaerenses, Eduardo Gargano, Horacio Elizardo Luján y Julio César Garachico. El Tribunal los sentenció a prisión perpetua. “Fueron más de 30 años de esperar este momento de Justicia. No repara por completo, pero es un buen final para contarle a mi mamá, que siempre esperó por esto”, evaluó emocionado Carlos Bettini, embajador argentino en España. Además del homicidio, la familia Bettini –asistieron a la sentencia su hermana y sus sobrinas– también obtuvo justicia por el secuestro del padre del grupo, Antonio Bettini, y la abuela Mercedes Hourquebie. A Smart, la perpetua le correspondió por todos los delitos.
“Esto no es una alegría, pero es un gran paso de la Justicia. Por fin esta gente estará donde siempre debió, la cárcel.” Estela de Carlotto abandonó la sala con una sonrisa, después de pegar los tres gritos de ¡presente! Por los 30 mil desaparecidos. La muerte de su hija, Laura Carlotto, así como la de Olga Casado, no fueron tenidas en cuenta como homicidios en el fallo, sino como agravantes de los secuestros, y se les atribuyó a los miembros del 101, a los penitenciarios y a Smart. Pese a eso, y a que el tribunal no se expresó por los casos de bebés nacidos y apropiados en La Cacha, ni por el pedido para que se investigue a Fernández específicamente por uno de los casos, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Emanuel Lovelli, se mostró conforme con el fallo.
“Este juicio ha terminado”, soltó casi dos horas después de haber iniciado la lectura Rozanski y, entonces, el público puso su sello. Como al principio, pero más fuerte y ruidoso: “Asesinos”, les enrostraron a los culpables, que entonces sí mostraron su cara, aún manchada de odio. Al Oso Acuña se lo tuvieron que llevar entre siete ex colegas. Entre las butacas, Carlotto se abrazó con sus hijos, Claudia y Guido. La sobreviviente y militante
Nilda Eloy, firme en las primeras filas como lo estuvo desde la primera audiencia, lloró de emoción.
LA PRESENCIA DE LOS ORGANISMOS
Apostados en la callePor Ailín Bullentini
La espera de la sentencia tuvo, en las calles de La Plata, múltiples expresiones. Mientras, desde temprano, familiares y sobrevivientes de La Cacha recorrieron el lugar donde estuvo emplazado ese centro clandestino de detención y las instalaciones donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 101 y lo señalizaron como espacio para la memoria.
Organismos defensores de los derechos humanos, agrupaciones sociales y políticas a uno y otro lado del kirchnerismo se repartieron en las calles aledañas a la sala AMIA, donde se desarrolló el juicio, a la espera del veredicto.
El bulevar de la 51 a la altura exacta donde nace la 4, vallada de punta a punta, fue propio de los colectivos que integran Justicia Ya!, que representó a una querella en el debate. A menos de media cuadra de distancia, las organizaciones ligadas al gobierno nacional armaron el suyo, con promesa de show musical para celebrar la sentencia. El objetivo de uno y otro fue el mismo: celebrar la Justicia, incentivar la memoria, asegurar la verdad.
La esquina en la que se instalaron los colectivos de Justicia Ya! se llenó de banderas. Los árboles y los palos de luz sirvieron para sostenerlas: HIJOS La Plata fue el que más espacio copó; también hubo del Frente Popular Darío Santillán, Apel y Patria Grande, entre algunas otras. Las caras de los 21 acusados manchadas de sangre y rematadas con el grito de ¡JUSTICIA! así, con mayúscula, enmarcaron el escenario desde donde se repitió, una y otra vez, el mismo pedido: “Condena a los genocidas, justicia para los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”.
A 20 metros, el otro escenario iba recibiendo a militantes, que terminaron de llegar a medida que el momento de la sentencia se acercaba. Miembros de Hijos sede Ciudad de Buenos Aires aguardaron allí la sentencia, que llegó pasadas las 20.
Fuente:Pagina12
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata condenó a prisión perpetua a 15 imputados por los secuestros y torturas de más de un centenar de víctimas de la dictadura cívico-militar, entre ellos, a los ex militares del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, espías que dependían del temible Batallón 601.
Además, condenó a penas de 13 años a tres ex agentes civiles de inteligencia y a 12 años a un marino. A todos, "por su complicidad con el genocidio perpetrado en la dictadura cívico-militar de 1976-1983, al intervenir en la matanza de un grupo nacional".
En tanto, los jueces del TOF 1 de la capital provincial, Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, condenaron al represor de la policía Miguel Etchecolatz y al ex ministro de Gobierno bonaerense, James Smart, a cadena perpetua por los delitos de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad agravada y tormentos "en el genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar".
Entre los casos por los que fueron condenados, se encuentran el de Laura Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre biológica de Ignacio Guido, quien se supo de su filiación este año por el cotejo de ADN. Estela de Carlotto presenció en el tribunal el veredicto.
Emotivas definiciones de Estela, antes de la sentencia:
"Ahora vamos a estar en paz, porque creo que nuestros seres queridos asesinados estarán descansando en paz", dijo Estela de Carlotto apenas terminó la audiencia.
"Están hablando con una abuela feliz que recuperó a su nieto, que se está enterando de este acontecimiento en el que se ha mencionado a su mamá; con estas condenas a quienes no tienen un rasgo de humanidad, porque todavía se sublevan, insultan y se creen que son víctimas. Esta es la democracia que felizmente tenemos. Nos vamos bien", completó.
Fuente:DiarioRegistrado
Lesa Humanidad
Los condenados fueron considerados "cómplices en el genocidio"
El juicio por los crímenes en “La Cacha” culminó con 15 perpetuas y penas de 12 y 13 años
24.10.2014
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata coincidió en gran parte con la Fiscalía. Las penas de 12 y 13 años fueron para cuatro represores, en tanto que un imputado resultó absuelto. Exhortaron a construir sitios de memoria en donde funcionó el centro clandestino y el Destacamento de Inteligencia castrense.
Quince represores condenados a prisión perpetua, otros tres a 13 años de prisión, uno a 12 y la absolución de otro fueron los puntos más relevantes de la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de La Plata que esta noche culminó, tras 10 meses de audiencias, el juicio por los crímenes de lesa humanidad en el centro clandestino de detención "La Cacha".
Además de las altas penas impuestas, la sentencia tuvo como puntos salientes la exhortación del Tribunal a los poderes del Estado para que se desafecten los lugares donde funcionaron el centro clandestino "La Cacha" y el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y se los convierta en sitios de memoria, y para que se "dé la baja por exhoneración a los condenados" y se disponga "la suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro".
En todos los casos, los condenados, cuyas conductas -según los casos- fueron encuadradas en los delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de niños, fueron considerados cómplices "en el genocidio perpetrado durante la última dictadura cívico militar 1976-1983 al intervenir en la matanza de miembros un grupo nacional, en la lesión grave a la integridad físico mental de los miembros del grupo y en el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que han acarreado su destrucción física total o parcial".
Entre las cuestiones jurídicas relevantes que dejó la sentencia, el fiscal General Hernán Schapiro destacó que los jueces condenaron a los acusados como autores mediatos del homicidio de Marcelo Betttini, quien se suicidó tomando una pastilla de cianuro durante una emboscada en la vía pública el 9 de noviembre de 1976. La Fiscalía consideró que los imputados habían utilizado a la víctima para cometer el crimen, dado que no le dejaron opción frente a una segura captura y un periplo por centros clandestinos de detención.
Schapiro, que durante el debate intervino junto al fiscal ad hoc Gerardo Fernández, dijo a Fiscales que estaba "conforme" con la sentencia del tribunal porque "receptó todo lo que la Fiscalía pidió, salvo detalles de índole técnica que no tienen repercusión a nivel práctico".
No obstante, señaló que aguardará a que se brinden los fundamentos -esto ocurrirá el 19 de diciembre a las 18:00- para conocer el criterio del Tribunal para graduar las penas en 13 años de prisión de los civiles de inteligencia del Ejército, Claudio Raúl Grande y Raúl Ricardo Espinoza, a quienes había solicitado en su alegato la prisión perpetua.
"Las situaciones de Grande y Espinoza fueron las más complejas del debate y la verdad que en ese contexto hay que leer los fundamentos para ver las razones por las que los condenaron de esa manera, como partícipes secundarios y no como coautores", añadió Schapiro.
Los 15 condenados a prisión perpetua fueron los miembros del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército Emilio Alberto Herrero Anzorena, Gustavo Adolfo Cacivio, Roberto Armando Balmaceda, Miguel Ángel Amigo, Anselmo Pedro Palavezzati, Carlos María Romero Pavón, Ricardo Armando Fernández, Jorge Héctor Di Pasquale y Carlos Del Señor Hidalgo Garzón; el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda; el ex agente penitenciario Raúl "el Oso" Acuña; el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart; el ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz; el ex jefe de la Unidad Regional La Plata, Horacio Elizardo Luján; y el jefe del Servicio de Calle de esa repartición, Julio César Garachico.
En tanto, el ex civil de inteligencia del Ejército, Rufino Batalla, fue condenado a 13 años de prisión (la Fiscalía había pedido 14 años), al igual que sus colegas Grande y Espinoza; y el ex jefe de la Armada en la región, Juan Carlos Herzberg, recibió doce años de prisión (los representantes del MPF había requerido 16).
Finalmente, el guardia del Destacamento 101, Luis Orlando Perea, resultó absuelto, tal como lo habían requerido los fiscales, que consideraron que durante el proceso no había podido acreditarse su contribución al plan criminal.
El Tribunal no llegó a pronunciarse por la responsabilidad del ex sub director General de Seguridad de la Policía bonaerense, Eduardo Gargano, quien fue separado del juicio por problemas psíquicos, luego de una junta médica que dictaminó en ese sentido. La Fiscalía había llegado a requerir para él la pena de prisión perpetua.
El juicio por los crímenes en La Cacha comenzó el 18 de diciembre pasado. Desde entonces, declararon 134 testigos a lo largo de 37 audiencias dedicadas a indagar sobre la responsabilidad de los 21 imputados que llegaron al proceso por 127 casos de víctimas que pasaron por aquél centro clandestino en 1977 y por dos homicidios ocurridos en 1976 en la vía pública.
"La Cacha" fue un centro de detención de características singulares: fue controlado por la inteligencia del Ejército, pero tuvo una importante inserción de la Armada en su funcionamiento, y la participación del Servicio Penitenciario Bonaerense en la custodia de los prisioneros. La vieja casona donde funcionó estaba ubicada en un predio situado junto al complejo carcelario de Lisandro Olmos, al oeste de La Plata.
Fuente:Fiscales.gob.ar
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