1 de febrero de 2015

DISOLUCIÓN DE LA SIDE - CREACIÓN DE LA AFI.

EL SENADOR FUENTES DEFENDIO LA REFORMA DE LA LEY DE INTELIGENCIA
“Es una deuda de la totalidad de los partidos políticos”
En una entrevista con Página/12, el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado criticó el rechazo anticipado de la oposición y consideró que el proyecto “apunta a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de los derechos humanos”.
Por Nicolás Lantos

Imagen: Télam
”La reforma apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de la democracia y de los derechos humanos”, asegura el senador por la provincia de Neuquén, Marcelo Fuentes (Frente para la Victoria), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, respecto del proyecto de modificación de la ley de Inteligencia presentado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En diálogo con Página/12, el legislador defendió la letra de la iniciativa y criticó duramente a los opositores que anticiparon su rechazo del texto aun antes de haberlo leído. También defendió la postulación de Roberto Carlés para completar la Corte Suprema de Justicia y se mostró confiado en que, a pesar de la resistencia inicial, su pliego sea aprobado en el recinto.

–¿En qué consisten los principales cambios que establecería la nueva ley de Inteligencia? ¿Es un cambio de raíz o, como denuncia la oposición, sólo una modificación cosmética?
–Primero y fundamental, sobre el sistema vigente, la reforma establece lo más importante, que es un nuevo marco jurídico sobre el que se deben desarrollar las actividades de Inteligencia, siempre subordinadas a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. Con este objetivo, se establecen figuras penales autónomas para determinar castigos a quienes se aparten de las líneas previstas por la ley, lo que va a permitir un control mucho más estricto de legalidad de los actos llevados a cabo por los agentes del nuevo organismo de inteligencia.
–¿Se puede lograr eso si se mantiene, como establece el proyecto, el mismo personal que hasta hoy trabaja en la ex SIDE?
–Bueno, es cierto que el texto establece que se trasladarán todos los recursos, incluidos los humanos, al nuevo organismo. Pero recordemos que no sólo tiene que venir la reglamentación de la ley sino también los actos que irá dictando la autoridad que sea designada al frente de la AFI. Aunque en un principio se transfiere la totalidad del personal, habrá decisiones al respecto, reasignación de tareas y nuevos criterios de jerarquización en manos de quien deba conducir el organismo. Eso, sumado a un control más estricto de los ingresos lleva a pensar en una Agencia más profesional y con mayor control político en el futuro.

–Fue muy criticada la decisión de pasar las escuchas judiciales al Ministerio Público...
–Esto se decide en función de la reforma constitucional del ’94, que determina que el Ministerio Público es un órgano extrapoder, lo cual asegura su autonomía respecto de los tres poderes del Estado. Además, ese traspaso es concordante con la reforma de las normas de procedimiento aprobadas el año pasado, estableciendo un proceso acusatorio en lugar del inquisitorio. Forma parte de la campaña electoral hacer centro en la figura de la procuradora general, descalificando cualquier medida que tenga que ver con el órgano que ella encabeza a partir de un ataque a su figura. Dicen que debería hacerse cargo la Corte Suprema. ¿Qué tiene que ver la Corte con esto? No es un rol que le corresponda. La Procuraduría es independiente a los tres poderes. Luego, el Poder Judicial ejercerá su control, ya que son los mismos jueces los que deben autorizar y solicitar escuchas, así como el Poder Ejecutivo lo hace a través de las autoridades de la AFI y el Poder Legislativo mediante la Comisión bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia...

–¿Funciona bien la comisión bicameral como órgano de control?
–Las funciones de la bicameral están claras y su trabajo también, aunque no siempre sea público por las características que tiene. Sus miembros quedan encuadrados bajo los requisitos de confidencialidad y reserva que la ley establece para todos los que trabajan en el ámbito de Inteligencia. Y respecto de su funcionamiento, no hubo ninguna denuncia que llegara a la comisión y que no fuera objeto de tratamiento.

–¿Se estudian modificaciones al proyecto durante su tratamiento o se buscará aprobar tal como lo envió el Ejecutivo?
–Depende de varios factores. Hay que ver si la oposición se presenta a debatir o no. Además hay que coordinar con el gobierno nacional, que es el propulsor del proyecto. Todavía no tuvimos ninguna conversación, mañana nos juntaremos con el jefe de bloque para avanzar en la dinámica de tratamiento.

–¿Es posible “democratizar” un espacio tan poco público y controlado como un sistema de Inteligencia?
–Creo que hay que separar dos aspectos: uno es la necesidad de un sistema de Inteligencia en defensa de los intereses de la Nación ante el conglomerado de amenazas existentes. Otro son los episodios concretos propios de la resistencia de sectores reacios a la democratización. Esto no sólo tiene que ver con Inteligencia, es una respuesta a una tarea que el Gobierno ha emprendido y puede verse en muchos ámbitos: tuvo su punto culminante durante el tratamiento de reforma de la Justicia, que algunos sectores lograron frenar parcialmente. En el caso particular de inteligencia, hay que estar atento al entrecruzamiento de intereses de otros organismos de Inteligencia internacionales, en torno de sus propias agendas geopolíticas. Es necesario contar con la capacidad de tener una Inteligencia autónoma, propia, en salvaguarda de los propios intereses nacionales y no dependiente de centros de poder extranjeros. La reforma apunta fundamentalmente a jerarquizar la actividad de Inteligencia en el marco de la democracia y de los derechos humanos.

–¿Tiene fuerza política el Gobierno, en el tramo final de su mandato, para afrontar esta tarea?
–No hay en nuestro sistema constitucional una categorización de la segunda mitad de un mandato, que ordene al Gobierno abstenerse de gobernar. Como dice la Presidenta, ésta es una deuda de la totalidad de la democracia y de los partidos políticos. La oposición debe tener el criterio patriótico y la idoneidad de saber que es una cuestión de Estado y no un tema de campaña política. La construcción de la democracia requiere calidad tanto de parte del oficialismo como de la oposición. Hay que distinguir cuestiones de Estado de cuestiones electorales, y discutir las primeras en el marco de las segundas, carece de seriedad.

–¿Qué sucederá con las tareas de Inteligencia a cargo de otros organismos, como las Fuerzas Armadas o las fuerzas de seguridad?
–La creación de una agencia federal implica un criterio distinto, ya no con un sistema de arrastre unitario sino, siguiendo a la Constitución, de criterio federativo. Esto implica mayor nivel de coordinación con las jurisdicciones distritales, dando un salto de calidad en la cooperación con las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen. La ley además marca un principio rector sobre el que luego las provincias deberán interpretar y dictar sus normativas, para tener una gestión eficaz en el nuevo marco.

–¿Qué lectura política hace de los últimos acontecimientos vinculados con la causa AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman?
–Yo creo que hay un episodio trágico que es utilizado por sectores de la oposición, atentos a una necesidad electoral. Si recordamos los augurios de colapso económico y caos social, y de golpe nos encontramos con una Presidenta que mantiene altísimos niveles de consideración en la población, y por otra parte vemos una incapacidad por parte de la oposición de armar una propuesta competitiva, creo que se agarraron de esto para sacar ventaja.

–¿Puede perjudicar esto las chances electorales del Frente para la Victoria?
–De ninguna manera, porque queda claro, objetivamente, la utilización de determinados elementos para perjudicar al Gobierno. Es evidente que las primeras acusaciones que se hicieron para tirar un manto de sospecha sobre la Presidenta quedaron rápidamente descartadas.




Sobre la designación de Carlés
Por Nicolás Lantos


¿Cómo van a tratar el pliego de Roberto Carlés en reemplazo de Raúl Zaffaroni ante la postura de la oposición de no dar debate?
–Forma parte de atribuciones plenas de la señora Presidenta proponer a los miembros de la Corte ante una vacante. Oponerse a esto no por la calidad o la solvencia del candidato, sino por un capricho es la expresión más clara de la mediocridad opositora. Con cosas así se nota que están acostumbrados a no gobernar. El Gobierno tiene sus atribuciones y las ejerce. Discutamos si el candidato tiene o no las cualidades necesarias, no otra cosa.

–¿Cree que hay chances de que se apruebe la propuesta?
–Creo que hay condiciones, dada la solvencia y la calidad del candidato. Una cosa es decir que no y otra tener que argumentarlo y sostenerlo en un debate público.
Fuente:Pagina12





31-1-2015
Inteligencia
La AFI “es una oportunidad que tenemos para sentar bases nuevas”

Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y democracia (Ilsed) y especialista en sistemas judiciales y mecanismos de control democrático, conversó con Infojus Noticias sobre sus primeras impresiones del proyecto de reforma del Sistema Nacional de Inteligencia enviado al Senado.
Leo Vaca

El proyecto de reforma al sistema nacional de inteligencia, mediante la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), fue enviado ayer al Senado. El jurista Alberto Binder, director del Instituto Latinoamericano sobre Seguridad y democracia, se mostró optimista sobre el sistema de protección de datos y con el nombramiento de las autoridades – director y subdirector- mediante un acuerdo con el Senado porque  le va a dar “transparencia a un modelo que era siempre extraño”. Binder cree que es necesario estudiar en detalle el texto y detectó falencias en el traspaso integral del sistema de escuchas al Ministerio Público Fiscal, pero le parece importante modificar el actual “sistema concentrado”, que funciona con la Dirección de Observaciones Judiciales  (Ojota). Para el jurista es fundamental que la AFI trabaje sobre lo preventivo y que se dinamiten las relaciones carnales de inteligencia con el Poder Judicial. “Los vínculos con jueces y fiscales se están rompiendo, ese es uno de los grandes avances de este proyecto”, opinó.

- ¿Qué le pareció en líneas generales el proyecto de Ley para la creación de la Agencia Federal?
- Creo que el proyecto de ley se corresponde con muchos de los anuncios que se hicieron y es, como ya habíamos dicho antes, un paso para adelante y una oportunidad que tenemos para sentar algunas bases nuevas.

- ¿Qué reformas le parecen más destacadas?
- Vamos a tener que estudiarlo más en detalle, pero todo el sistema de protección de la base de datos y de generar un subsistema de base de datos controlados me parece que algo muy importante.  Además, el tipo de nombramiento de las autoridades del organismo con acuerdo del Senado le da transparencia a un modelo que era siempre extraño y no quedaba claro por qué se nombraba a una persona o a otra.

- ¿Tiene alguna observación para hacer al proyecto de ley?
- Quiero aclarar primero que se trata de temas muy complejos y mis reflexiones surgen de una primera lectura del texto. Pero tengo algunas observaciones que me parece que habría que discutir en el Senado. Por ejemplo, no queda claro cuándo es inteligencia nacional y cuándo es inteligencia criminal pero me parece que la limitación de los casos de inteligencia interior está mucho más precisa; en ese sentido todo el sistema de protección de datos amplía derechos; la ley da nuevas posibilidades, regula niveles de clasificación que estaban siempre en una incertidumbre.

- ¿Y respecto al sistema de escuchas?
- El sistema de escuchas actual es un sistema concentrado, altamente deficiente y muy criticado. Estoy de acuerdo con que parte de él sea trasladado a la Procuración General, pero no de forma integral. Eso se va a tener que discutir en el Senado. Porque existen tres tipos de escuchas: las escuchas vinculadas a causas federales, ya sea de investigaciones propias del ministerio Público o investigaciones que ya están judicializadas, y esas sí son investigaciones federales. Esas podrían pasar a la Procuración. Luego están las escuchas que se hacen a pedido de  investigaciones de los Ministerios Públicos de las provincias, y esas también podrían pasar a la Procuración, pero con un sistema integrado, en conjunto con procuradores de las provincias y con el Consejo Federal de Política Criminal.

- ¿Cuál es el tercer tipo?
- El tercer tipo de escuchas son las que son propiamente de inteligencia, por el seguimiento de alguna de las amenazas que dice la ley o por alguna razón de contrainteligencia, que tienen un control judicial pero que no están vinculadas a una causa criminal. Ahí la Procuración no tiene por qué meterse ni es conveniente que ingrese en lo que son acciones puramente de inteligencia. Deberían seguir en el marco de la Agencia Federal de Inteligencia.

- ¿Qué diferencias habrá con la actual Dirección de Observaciones Judiciales  (Ojota)?
- Hasta que cambie con esta ley, todas las escuchas telefónicas y todas las interceptaciones de comunicaciones que se hacen en el país entero –un fiscal de La Rioja, Salta o Chubut- tienen que pasar por la división de observaciones de la SIDE y eso genera una enorme dificultad. Los procuradores, los jefes de ministerios públicos del país lo conocen perfectamente. El sistema concentrado es sumamente ineficiente y estaba descontrolado. Hay que reorganizarlo para establecer un sistema no solamente más transparente, sino también más eficiente.

- ¿Qué sucederá con el traspaso del personal de la Secretaría de Inteligencia a la AFI?
- El traspaso del personal es parte de lo central y es un traspaso que debería ser hecho mediante sistemas de reclasificación, de análisis de las personas, un sistema mucho más institucional de contrataciones, por más que sean confidenciales, reservadas. Y diría que es importante que la Comisión Bicameral participe de este sistema de traspaso.

- Cómo debe ser la relación entre la Agencia Federal de Inteligencia y el Poder Judicial?
- Estamos en un contexto (a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Procesal Penal de la Nación) en el cual van a ser los fiscales los que van a investigar y en el cual los jueces no tienen motivos para tener contacto con la Agencia de Inteligencia. Y los fiscales tampoco. Tienen que tener contacto con la policía, que es la que investiga. Cada tanto, en casos particulares puede haber información que sirva para la planificación estratégica, pero se deberían hacer a través de organismos específicos que tiene la Procuración. La Agencia Federal de Inteligencia tiene que trabajar sobre lo preventivo y evitar que se produzcan casos vinculados a crímenes complejos. Los vínculos con jueces y fiscales se están rompiendo, ese es uno de los grandes avances de este proyecto.
Fuente:Infojus




Domingo 01 de Febrero de 2015
Los intentos fallidos de la democracia por reformar la estructura de inteligencia
Por claudio mardones 
Desde 1983, los gobiernos encabezaron al menos cuatro intentos para limitar y controlar la autonomía de la estructura del secreto estatal. El debate del proyecto de creación de la AFI será el cambio más importante desde la sanción de la ley promulgada en 2001 por De la Rúa. Los puntos de inflexión para promover reformas siempre fueron situaciones complejas.
Esta semana, cuando las dos cámaras del Congreso Nacional arranquen febrero con un intempestivo ciclo de sesiones extraordinarias, debatirán por primera vez en una década sobre el papel del aparato de inteligencia, integrado por una decena de organismos. Lo harán en torno al viejo y remozado proyecto de creación de una Agencia Federal de Inteligencia que suplante a la disuelta ex SIDE.

Según consignó Tiempo Argentino, si el debate alumbra un nuevo organismo de espionaje, será el cambio más importante en esa estructura desde la sanción de la Ley de Inteligencia promulgada por Fernando De la Rúa en 2001 y la purga previa que dispuso el banquero Fernando De Santibañes antes de ser acusado de usar al organismo para el pago de sobornos con el fin de sancionar la Ley de Reforma Laboral.

La arqueología de ese proceso, investigada por decenas de especialistas y recopilada por Marcelo Saín en el año 2001, confirma el escarpado camino que tuvo que recorrer la democracia para intentar el fallido control de los organismos de inteligencia o, al menos, su subordinación al poder civil. 

Ahora, los dos mayores recintos de la democracia volverán a transformarse en el escenario de un nuevo examen para todas las fuerzas políticas, que pondrán en juego sus posicionamientos respecto de uno de los temas más espinosos y controversiales desde la recuperación democrática: la subordinación de las estructuras de espionaje estatal a los mandos civiles y la aplicación de métodos que permitan controlar desde el Parlamento la histórica discrecionalidad y autonomía de la ex SIDE que la presidenta Cristina Fernández propuso disolver y remplazar por la AFI, un diseño que originalmente había impulsado Gustavo Béliz desde 2003, cuando se transformó en el primer ministro de Interior de la gestión del presidente Néstor Kirchner y dejó el cargo un año después, entre otras razones, por el fracaso en el intento de reformar "la casa" de los espías ante las presiones del, por entonces, director de contrainteligencia del organismo Antonio Horacio Stiuso, que fue desplazado en diciembre. El funcionario secreto, que ingresó al organismo en 1972, ganó la partida frente al ministro más famoso que tuvo el Opus Dei en el gobierno. Sin embargo, el malherido Béliz, apenas dejó el cargo, reveló en televisión el rostro y la identidad del espía que mayores relaciones ha mantenido con los aparatos de inteligencia exterior en un enorme abanico de temas, pero especialmente en la investigación de los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

Por entonces, la primera Ley de Inteligencia de la democracia, que lleva el número 25.520 y rige en la actualidad, no había cumplido sus primeros tres años de vigencia desde que el presidente Fernando de la Rúa la promulgara poco antes de presentar su renuncia al cargo y abandonar la Casa Rosada en helicóptero. Lo hizo luego de haber declarado el estado de sitio y activar el consejo de seguridad interior, un mecanismo dentro de la arquitectura legal vigente que reafirmó la debilidad del poder civil ante la autonomía de los organismos de inteligencia civiles y militares en situaciones de crisis institucional, con el acompañamiento en las calles de las fuerzas de seguridad federales y provinciales. Esa estructura dejó su huella con balas de plomo entre el 19 y 20 de diciembre de 2001, tras el asesinato de 40 personas en todo el país.

La misma letalidad, bajo la coordinación institucional de la ex SIDE, volvió a funcionar con eficiencia técnica el 26 de junio de 2002, durante el operativo conjunto de fuerzas federales que dispuso el presidente interino Eduardo Duhalde para reprimir los cortes de los principales accesos del Gran Buenos Aires a la Capital Federal y que tuvieron su epicentro en el Puente Pueyrredón, donde la movilización fue brutalmente reprimida con balas de plomo. El plan represivo fue comandado por la Policía Bonaerense, coordinado por la ex SIDE, filmado desde el aire por la Policía Federal y visto como un partido de fútbol en las oficinas de la seguridad interior, cuyo ministro del área, Juan José Álvarez, sostuvo hasta la medianoche de esa jornada que se trataba de una pelea entre piqueteros. El operativo, debatido dos semanas antes en el seno de ese consejo de seguridad estuvo acompañado por Gendarmería Nacional, además de Prefectura, y terminó con 500 detenidos, 30 heridos por balas de plomo y el asesinato institucional de los jóvenes militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. El derrotero del ministro de Seguridad de Duhalde sería aciago años después con la publicación de un expediente de la ex SIDE donde aparecía su ingreso al organismo antes del fin de la dictadura.

En menos de dos años, la flamante Ley 25.520 legitimó en las sombras de una institucionalidad crujiente las peores prácticas que sus creadores legislativos buscaron suprimir, luego de varios años de intentos, revisiones y debates. Trece años después, al calor de un nuevo cimbronazo, ese complejo entramado legislativo volverá a ser revisado en el Congreso que la creó, aunque una de sus principales herramientas, como la comisión de seguimiento y control de organismos de inteligencia, está a un paso de cumplir una década y media sin haber ejercido ningún control efectivo sobre los organismos que llevan 32 años de autonomía ininiterrumpida.

La arqueología de ese proceso, investigada por decenas de especialistas y recopilada por Marcelo Saín en el año 2001, confirma el escarpado camino que tuvo que recorrer la democracia para intentar el fallido control de los organismos de inteligencia o, al menos, su subordinación al poder civil. El primer paso, puertas adentro de la Casa Rosada, estuvo en manos del entonces presidente Raúl Alfonsín que, recién llegado, y luego de una dura disputa, logró quitarles a las Fuerzas Armadas el comando de la ex SIDE. El organismo, hasta entonces, debía estar en manos de un general de División. Fue el prólogo de una serie de intentos que buscaron desarticular "la tutela militar sobre todo el aparato de inteligencia" a través de la derogación de la Ley 16.970 de Defensa Nacional, un cambio que al mismo Congreso le llevó cuatro años lograr. El 13 de abril de 1988 Alfonsín pudo promulgar la nueva Ley 23.554 de Defensa Nacional, que  reemplazó a la anterior y ordenó la separación entre defensa nacional y seguridad interior. El capítulo siguiente tardó cuatro años más, durante la presidencia de Carlos Menem, con la sanción de la Ley de Seguridad Interior, (Nº 23.554). La norma creó una primera comisión bicameral de control de organismos de inteligencia que, al igual que su sucesora de 2001, nunca tuvo garantía alguna de funcionamiento ni eficacia, al calor de los años que vendrían, atravesados por los atentados terroristas contra la Embajada de Israel el 12 de marzo de 1992 y contra la AMIA el 18 de julio de 1994.

Entre la sanción de ambas leyes, hubo intentos para recortar algunas atribuciones de la autonomía del espionaje nacional, pero el trabajo de Saín, titulado "Las Fuerzas Armadas, la seguridad interior y las 'nuevas amenazas': el caso argentino (1983-2000)", recuerda que "Alfonsín, tras promover la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, firmó dos instrumentos muy controversiales. Los decretos 83/89 y 327/89 que autorizaban y disponían la intervención militar en inteligencia interior. Las medidas cercenaron "el impulso desmilitarizante de la seguridad interior que se había conseguido con la promulgación de aquella ley. De este modo, la respuesta institucional dada por la administración alfonsinista al copamiento del cuartel de La Tablada significó una renovada concesión gubernamental al interés manifiesto de la conducción del Ejército en favor de reconquistar espacios y funciones institucionales que habían perdido desde la derrota militar en la guerra de Malvinas."

Primer paso
Alfonsín logró quitar la tutela militar sobre el aparato de inteligencia. Luego hizo concesiones.

Los proyectos de cada gestión
De las reformas posteriores al fin de la dictadura, la primera fue la sanción de la Ley de Defensa, que sucedió a los alzamientos carapintadas, la segunda fue la norma de Seguridad Interior de 1992, y la tercera la Ley de Inteligencia Nacional de 2001, sancionada luego  del escándalo de las coimas del Senado y la purga que ordenó Fernando De la Rúa el año anterior mediante el banquero Fernando De Santibañes.

La comision bicameral que existía por entonces estuvo presidida por la senadora cordobesa Beatriz Raijer y tuvo en sus manos ocho proyectos. Recordarlos aporta un pantallazo de las pujas internas, las visiones en marcha, y las relaciones políticas de cada bloque con la autonomía de los organismos afectados.

Por el radicalismo en el gobierno, el secretario general de la Presidencia, y ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena había presentado uno, pero el por entonces jefe de la SIDE Carlos Becerra, había ingresado otro, que no había sido solicitado por la comisión y que fue presentado espontáneamente.

Ante el intento del organismo de presentar su propia regulación para el futuro, también hubo inciativas provenientes de Diputados, como los proyectos impulsados por Darío Alessandro, del Frepaso y por Ricardo Quintela, del PJ riojano.

El Senado aportó cuatro iniciativas, una bajo la firma del ex ministro de Carlos Menem, el senador Carlos Corach, otra impulsada por su compañero de bancada, el formoseño Ricardo Branda, un tercer borrador redactado por el radical de La Pampa Néstor Rostán y el cuarto era de la titular de la comisión, la cordobesa Raijer.

Los temas mas espinosos giraban en torno al control de los fondos reservados, que fueron incluidos en el articulo 37 de la nueva ley, y el control parlamentario, que fue resuelto con la creación de otra comisión bicameral.

Hace dos años el Institituo Latinoamericano de Seguridad y Democracia, creado por el experto Alberto Binder, junto a la Asociación por los Derechos Civiles, presentaron un pedido de informes sobre el cumplimiento de la ley y el funcionamiento del organismo.

Tras la muerte del fiscal Nisman, dos años despues del pedido y de una investigación al respecto, los organismos publicaron un informe urgente, donde denunciaron que "el espionaje político interno es una de las principales actividades de inteligencia en la Argentina a pesar de que se encuentra expresamente prohibido por una ley del Congreso y es consecuecia de la falta de controles parlamentarios y judiciales eficientes."

También concluyó que "desde 1983 los gobiernos democrátiicos no han sabido o querido establecer controles efectivos. Respecto a la ley sancionada en 2001 agregó que su "mecanismo de control parlamentario no funciona" y recomendó que sea "objeto de una revisión profunda y una reforma integral".

En términos históricos de balance desde 1983, al calor de los vaivenes politicos de la democracia, el documento tambien advierte que "ninguno de los escánalos producidos en los últimos años generó cambios significativos en el control de las actividades de inteligencia."

LEY VIGENTE
La primera Ley de Inteligencia de la democracia lleva el número 25.520 y rige en la actualidad, fue sancionada durante la presidencia de Fernando de la Rúa, quien la promulgó poco antes de presentar su renuncia y abandonar el cargo.



El martes el Senado tratará el texto en el plenario de comisiones
El FPV tiene los votos para la creación de la AFI pero pide un debate a la oposición
Con el rechazo anticipado de los bloques del PRO, la UCR, el massismo y el Frente Amplio UNEN, el oficialismo buscará aprobar antes de fin de mes el proyecto de ley que dispone modificar el servicio de Inteligencia del país.
Agustín Alvarez Rey
Discusión - El oficialismo propondrá el debate desde este martes, aunque desde algunos sectores opositores ya anunciaron que no participarán de las comisiones - Foto: télam

La reforma integral de la Ley de Inteligencia impulsada por el Poder Ejecutivo, que dispone la disolución de la Secretaria de Inteligencia (SI) y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), comenzará a ser debatida el próximo martes a partir de las 14 en el Senado de la Nación y volverá a convertir al Congreso en el epicentro de la discusión política que atraviesa la coyuntura.

El tratamiento de la norma que ingresó el viernes al Parlamento, en el marco del período de sesiones extraordinarias decretado por el Ejecutivo, no escapará de la lógica electoral de 2015 y, en principio, el Frente para la Victoria se apresta a enfrentar en soledad la discusión legislativa. El PRO, la UCR, el massismo y el Frente Amplio UNEN se apresuraron a rechazar el debate inmediatamente después de que la presidenta Cristina Fernández anunciara en Cadena Nacional el envío del proyecto. El interbloque del peronismo disidente –de funcionamiento inorgánico– se reunirá recién el martes por la mañana para intentar unificar una posición.

En ese escenario, según confirmaron a Tiempo desde el bloque oficialista, el objetivo es emitir dictamen durante la primera semana de febrero –probablemente el miércoles– para dejar al proyecto en condiciones de ser tratado en el recinto el 11, una semana después.

Luego será el turno de la Cámara de Diputados donde el Frente para la Victoria espera obtener dictamen el 18 de febrero y darle sanción definitiva el 25.

Ruperto Godoy, senador sanjuanino del FPV, fue uno de los representantes del oficialismo que cuestionaron la reacción opositora: "Esperamos que la oposición esté a la altura y demuestre la responsabilidad institucional que requiere una tarea de esta envergadura, tan importante para nuestra democracia."

Sin escuchar el reclamo del oficialismo la mayoría de la oposición no esperó a conocer el texto definitivo y rechazó de plano el debate. Cuestionaron la posibilidad de que un gobierno que transita su último año pueda avanzar en una reforma tan profunda, aseguraron que se trata de una "cortina de humo" para tapar lo sucedido en torno a la causa AMIA y la muerte del fiscal Nisman, y luego apuntaron sus cañones contra la decisión de que a partir de la sanción de la norma sea el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Alejandra Gils Carbó, el que conduzca la Dirección de Observaciones Judiciales –conocida como "Ojota"–que se ocupa de las "escuchas".

El propio titular de la UCR y senador mendocino, Ernesto Sanz, apuntaló la teoría de la "cortina de humo" y bajo ese argumento justificará la ausencia de su bloque el próximo martes a las 14 cuando el plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales se reúnan en el Senado para debatir el proyecto. "Todos los partidos de la oposición estamos aunando esfuerzos para que nada, de todo este terrible caso, sea tapado por las cortinas de humo que levanta el gobierno", sentenció el referente radical.

Por su parte, el senador del interbloque Frente Amplio Progesista (FAP), Fernando "Pino" Solanos, se diferenció de la cerrazón radical y planteó interrogantes para el debate. Solanas es el único senador con un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia presentado. "Tenemos muchos interrogantes graves sobre el proyecto oficialista: ¿qué pasará con el autogobierno de la inteligencia del Ejército y su monstruoso presupuesto en manos de Milani?; ¿cuáles serán los límites, hoy violados, entre la Inteligencia militar, la Inteligencia criminal y la seguridad interior?; ¿qué podemos esperar de que las operaciones de escuchas queden bajo control directo de una funcionaria adicta al gobierno como Gils Carbó?", se preguntó el cineasta.

Además la oposición cuestionó que sea "un gobierno de salida" el que designe las autoridades del nuevo organismo por los próximos cuatro años. En este caso, el cuestionamiento devino en abstracto antes del debate ya que la norma que disuelve la Secretaría de Inteligencia y crea la Agencia Federal de Inteligencia establece que las autoridades serán designadas con Acuerdo del Senado y que podrán ser removidos por un decreto del PEN. Tampoco establece plazos de duración en los cargos. La introducción de este criterio, diferente al esperado, no alcanzará para modificar la rígida postura opositora.

Las voces parlamentarias del oficialismo comenzaron a poner en discusión la necesidad de la reforma de la Ley de Inteligencia 48 horas después de que falleciera Alberto Nisman, el fiscal a cargo de la UFI AMIA. Posición que, como es lógico, se fortaleció una vez conocida públicamente la decisión del Poder Ejecutivo de avanzar en ese sentido.

Si bien desde su comienzo hasta su fin el debate estará teñido por la lógica mediática-electoral, el punto más alto lo alcanzará durante los 15 días que dure la discusión en la Cámara Baja. En el Frente para la Victoria esperan los discursos encendidos de las legisladoras del PRO, Patricia Bullrich y Laura Alonso, en torno a la causa AMIA, la denuncia contra la presidenta y la muerte del fiscal Alberto Nisman, para cuestionarles su relación con el fiscal y, en el caso puntual de Alonso, "su falta de colaboración con la justicia".

La representación de los espacios de izquierda garantiza en diputados la recriminación a la posición pública del PRO luego de que su jefe político fuera procesado por escuchas ilegales, el recordatorio de que Juanjo Álvarez, actual jefe de campaña de Sergio Massa, fue agente de la SIDE durante la dictadura cívico militar, y el recordatorio a la bancada de la UCR de las tropelías de la SIDE al mando de Fernando de Santibañez durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

Más allá de la intensidad y beligerancia que pueda alcanzar el debate en cada una de las
cámaras, lo cierto es que, como es habitual, el FPV cuenta con los votos necesarios para aprobar la ley en ambos recintos y, por lo tanto, para llegar al comienzo del período de sesiones ordinarias con la reforma sancionada.

El comienzo de 2015, en términos parlamentarios, marcará claramente la continuidad de una convivencia que no se permitirá consensos y donde al parecer cada propuesta que llegue desde el Poder Ejecutivo será cuestionada, en primer término y antes de ser leída, por tratarse de un gobierno encabezado por una presidenta que no tiene la posibilidad constitucional de ser reelegida en su cargo. Por lo menos eso es lo que señalaron taxativamente los distintos jefes de bloque de las bancadas opositoras en cada una de las conferencias de prensa que brindaron en los últimos 15 días.

Negri: "no nos vamos a prestar al juego"
"No nos vamos a prestar al juego del gobierno. Sería dar por terminada la búsqueda de la verdad con el entierro de Nisman", opinó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, sobre el proyecto de creación de la AFI. "Lejos de una iniciativa para modificar los servicios de inteligencia, de los cuales hizo uso y abuso el gobierno durante 12 años, lo que envía al Congreso era lo previsible", dijo el legislador, que sostuvo que el oficialismo intenta "cambiar la atención de la sociedad del hecho más grave y doloroso que ha vivido la democracia argentina, como lo es la muerte del fiscal Nisman".

"Una ley de esa magnitud requiere tiempo y amplio consenso de las fuerzas políticas que van a gobernar –dijo Negri–, cosa que no ocurre con este gobierno al que le faltan nueve meses de mandato. Los servicios de inteligencia dependieron y dependen directamente de la presidenta. Ella es responsable y no comentarista de lo sucedido."

Godoy: "se busca mayor transparencia"
"Es una deuda de la democracia", expresó el senador Ruperto Godoy, quien integra la comisión de Justicia, al referirse al proyecto de ley enviado al Congreso para reformar el servicio de inteligencia argentino. "La Agencia Federal de Inteligencia requerirá de nuevo recurso humano capacitado al servicio de los intereses nacionales y no de grupos que operaban en contra del gobierno", agregó el legislador, que explicó que "se busca mayor transparencia a través del control de las escuchas telefónicas, que estará a cargo de la Procuración General, para que no sirvan para extorsionar, para presionar".

Sobre la oposición mayoritaria de la mayor parte del antikirchnerismo, Godoy dijo que esos bloques tendrán "la oportunidad de debatir el proyecto e invitar a especialistas".



EL RADICAL MIGUEL BAZZE, SOBRE EL PROYECTO PARA DISOLVER LA EX SIDE
"Tenemos que dar el debate en el Congreso"
El diputado sostiene la necesidad de discutir la ley, pero pide que se escuche a la oposición y no aprobar "a libro cerrado".

Campaña - "No creo que esto pueda ser capitalizado electoralmente", analiza el legislador.
Miguel Bazze es diputado radical y miembro de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Inteligencia. También es uno de los pocos opositores, incluyendo a muchos de sus propios correligionarios, que mostró una posición abierta para debatir el proyecto de ley que la presidenta envió al Congreso para disolver la ex SIDE, la respuesta política del gobierno nacional al problema estructural que destapó todo lo que rodea a la muerte del fiscal Alberto Nisman.

En el bar Casa Blanca, ubicado en la esquina del edificio anexo del Congreso, Bazze se sienta en una mesa junto a la ventana. "Esta es mi segunda oficina", dice. Por el vidrio se ve la avenida Rivadavia. Es una tarde de enero. Hace pocos días la Ciudad fue un horno, pero ahora corre un viento fresco y los transeúntes andan con abrigo liviano.  

"El proyecto todavía no lo estudiamos en detalle", señala el diputado radical, al referirse a la iniciativa del oficialismo. "Pero creo que en Argentina hay que abordar el tema de los servicios de inteligencia. Hay que centralizar las tareas y avanzar en una reforma profunda. Se sabe que es difícil establecer un protocolo, pero tampoco puede ser un sistema tan cerrado y oculto."

–Entonces, quiere dar el debate…
–Tenemos que darlo y que exigirle al oficialismo una discusión amplia.

–Algunos correligionarios suyos se han mostrado reacios incluso a debatir. ¿Está acordada una postura en el bloque? 
–Hay una postura unificada respecto de las circunstancias políticas que rodean a la decisión del oficialismo de enviar este proyecto. Creemos que es prioritario poner todas las condiciones para que se esclarezca la muerte de Nisman y seguir con la investigación del fiscal. El Congreso debe poder convocar a varios funcionarios para interpelarlos por este tema. En eso coincidimos con otros partidos. Lo que no podemos hacer es opinar sobre el proyecto porque todavía no lo analizamos en profundidad. Si el oficialismo está dispuesto a tomar en cuenta nuestras propuestas, nosotros estamos dispuestos a debatir. Lo que no vamos a aceptar es acompañarlo a libro cerrado. Lo decimos porque esto pasa con muchas iniciativas del Ejecutivo.

–El PRO adelantó su rechazo, lo mismo hicieron el massismo, Margarita Stolbizer y algunos dirigentes radicales, como el senador Mario Cimadevilla. 
–Me parece que el rechazo es porque todos parten de la base de que el gobierno intentará imponer el proyecto tal cual lo mandó. Pero no creo que ningún bloque de la oposición se niegue a discutir esto si el oficialismo muestra una postura abierta. Nosotros todavía no tuvimos una reunión del bloque para unificar la postura.

–En un año electoral, ¿puede terminar pesando la lectura de que respaldar esta norma termine siendo una victoria política del FPV? 
–En Argentina hay problemas muy importantes. La gente está preocupada por el descontrol de los servicios de inteligencia. Si avanzáramos en una posición común, la sociedad lo tomaría bien. No creo que esto pueda ser capitalizado electoralmente por ningún sector. Al país le conviene que ni el oficialismo ni la oposición asuman una postura cerrada sobre este asunto. La sociedad percibe estas cosas y le va a pedir cuentas a toda la dirigencia para ver si actuó con responsabilidad frente a un problema que innegablemente existe.

–¿Buscarán unificar posturas con toda la oposición o sólo con las fuerzas del Frente Amplio UNEN (FAU)?
–Lo primero será armar una posición común de la UCR y el FAU. Los partidos del Frente son fuerzas con las que habitualmente coincidimos en estos temas. Después conversaremos con otras fuerzas de la oposición y ojalá pudiéramos discutir igual con el oficialismo. Al próximo gobierno, sea del color que sea, le vendrá bien empezar con una nueva ley de inteligencia.

–Una de las críticas que más ha circulado es sobre el "momento" en que el gobierno tomó esta decisión. ¿Se puede elegir siempre el "momento"? 
–Alguien puede pensar que el oficialismo manda el proyecto para buscar una salida política al problema generado por la denuncia y la muerte de Nisman. Lo que sí es cierto es que nosotros hace mucho denunciamos la forma en que funcionan los servicios. No puede ser que administren tanto presupuesto. Eso debe ser más transparente. Se hace inteligencia sobre partidos políticos, organizaciones sociales, periodistas. Lo que tenemos que hacer es exigirle al oficialismo debatir en profundidad. Es cierto que esta es una deuda de la democracia y también es cierto que el kirchnerismo lleva más de una década gobernando y no hizo nada.  

–Una propuesta del proyecto es traspasar la potestad de las escuchas telefónicas legales a la Procuración General. ¿Qué opina al respecto?
–El problema que tenemos con eso es que no genera confianza la forma en que funciona la Procuración. La desconfianza está instalada en la gestión de (Alejandra) Gils Carbó.
Fuente:TiempoArgentino





¿Cambió algo el espionaje?
Cuando se inicie el debate parlamentario sobre el proyecto de ley para la creación de la Agencia Federal de Inteligencia, ¿se ventilarán cuáles serán las doctrinas que guiarán el trabajo de los espías en el futuro?
¿Cambió algo el espionaje?
En 1930, el arquitecto Alejandro Bustillo terminó el sobrio edificio Martínez de Hoz ubicado en 25 de Mayo y avenida Rivadavia. Unos años después, Bustillo encaró el edificio de la Casa Central del Banco Nación, ubicado frente al edificio Martínez de Hoz. Cuentan que desde la oficina del Presidente de la Nación podía verse la oficina del Presidente del Banco y que solían comunicarse por señas, el hombre que manejaba los destinos del país con el hombre que manejaba los dineros. Lo interesante es que el Estado compró, en 1940, el edificio Martínez de Hoz para ocuparlo con los espías. Es decir, desde la Casa Rosada, a través de algunos pasadizos subterráneos, podían ir y venir los agentes que se ocupaban también de cosas subterráneas. En estos días, agitados, en que la Presidenta decidió enviar un proyecto de ley para modificar la actividad de los espías, cabe preguntarse si cambiará no sólo la sede, con olor a la rancia oligarquía, sino también los objetivos y métodos de las tareas que hacen los espías.

Antes de entrar en la vertiginosa coyuntura, vale la pena detenerse en alguno de los documentos secretos que cada tanto llegan a manos de algún periodista y que revelan qué hicieron los espías argentinos en la época en que José Alfredo Martínez de Hoz era ministro de Economía. El facsímil que acompaña este artículo es una de las páginas de los protocolos que manejaban los agentes de inteligencia del destacamento de inteligencia 101 que operaba en La Plata en los tiempos de la última dictadura y que actuaba con otras bandas provenientes de la ultraderecha de esa ciudad y con otras fuerzas armadas y de seguridad. Cabe consignar que hay una diferencia muy grande entre los servicios de inteligencia estatales y los grupos de choque que circunstancialmente resultan funcionales al Estado. Así como la Concentración Nacional Universitaria sirvió para el matonaje y los crímenes en los setenta, la Liga Patriótica hizo lo propio en las huelgas de la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde, también en alianza con fuerzas militares.

Nótese, en primer lugar, que las actividades de contrainteligencia de aquellos años tenían por objeto dos países limítrofes (Brasil y Chile) con los cuales las grandes potencias alimentaron conflictos froterizos, el Reino Unido –por Malvinas– y tres países del arco llamado socialista, la URSS, Cuba y Nicaragua. No es ningún secreto que este organigrama –salvo el Reino Unido– estaba en sintonía con los mandamientos de la Escuela de las Américas y con las actividades de la CIA en América latina. La pregunta parece obligada: ¿cambió en algo el esquema de alineamiento de la inteligencia vernácula que, entre otras cosas, espía gremialistas que trabajan en empresas norteamericanas o que borró las pistas de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA a la medida de las visiones de la CIA y la Mossad?

Cuando se inicie el debate parlamentario sobre el proyecto que enviará la Casa Rosada al Senado en estos días, uno de los puntos salientes será el traspaso de las escuchas telefónicas de las tareas de los espías a la Procuración General de la Nación. Pero, ¿se ventilarán cuáles son las doctrinas que guiarán el trabajo de la inteligencia? Hay en la Argentina una Escuela Nacional de Inteligencia donde, se supone, quienes la cursan deben aprender geografía, relaciones internacionales, falsificación de documentos y fabricación de explosivos, entre otras materias. Pero, en un tiempo donde las tensiones mundiales se expresan entre quienes se alinean con el Pentágono y la Casa Blanca y quienes no, la sociedad debería saber en qué doctrinas y teorías abrevan quienes cumplen tareas de inteligencia. Hasta ahora, cada vez que aparecen escenarios complejos como el de la lucha contra la narcocriminalidad y la investigación de la AMIA, la autonomía de la inteligencia vernácula parece escasa. Quienes se dedican a esos temas suelen argumentar la dependencia en tecnologías sofisticadas. Eso es cierto pero no es el fondo del asunto. En América latina –por ser el patio trasero de la diplomacia y la inteligencia de Estados Unidos– los cuadros de las fuerzas de seguridad y las agencias de espionaje siguen bajo la tutela de infinidad de programas de intercambio y capacitación de distintas agencias norteamericanas. Otro elemento sobre el que debería debatirse es sobre lo que este documento titula como “AS” y que significa Antisubversión. El protocolo no tiene eufemismos: puede verse un rubro que es “Ejecución de AS”. En los juicios por delitos de lesa humanidad abundan los testimonios sobre las ejecuciones sumarias y desaparición de personas. No hay, sin embargo, una explicación sobre cuáles eran los protocolos –como éste– usados en esos años por los espías y en qué se han modificado. Lo que es más inquietante: no se sabe en realidad cuántos de los agentes de inteligencia de aquellos años lograron perduran hasta estos días. Se habla mucho de Antonio Stiuso y se da por cierto que su ingreso a la SIDE fue en 1972.

El análisis de este tipo de documentos –que por cierto deberían ser desclasificados o rescatados de los expedientes donde se juzgan criminales de lesa humanidad– debería aportar al debate sobre los cambios en los organismos de inteligencia. Una advertencia para quienes no conocen nada sobre esto y, lo mismo, pretenden descubrir primicias informativas: los cursos de formación de espías se empeñan en capacitar a sus agentes en la desinformación y la contrainformación. Ambas maniobras tienden a ocultar la verdad y a producir cambios en la agenda de la información pública. La desinformación apunta a crear confusión mientras que la contrainformación consiste en replicar a un emisor o a una corriente de pensamiento. Una de las historias apasionantes de esta última fue creada por el periodista y escritor Rodolfo Walsh quien, además, ocupó un alto cargo en la organización Montoneros en temas de Inteligencia. Walsh creó la Agencia de Noticias Clandestinas (Ancla), que difundía de modo muy rudimentario datos destinados a desnudar los crímenes de la dictadura. Lo interesante es que Walsh quiso confundir a los mandos del Ejército, sembrando algunas pistas para que creyeran que Ancla era un boletín originado en espías del Servicio de Información Naval. Las noticias de Ancla llegaban al escritorio de muchos periodistas de los grandes medios quienes tiraban puntualmente al cesto de basura esos boletines. Por esos años, el fervor de muchos editores y el miedo reinante eran casi suficientes como para relevar de la tarea de espiar uno a uno a los periodistas. Aquel intento de Walsh se explica como un método excepcional en tiempos dictatoriales. Él mismo lo explicó en el primer párrafo de su carta abierta a la junta militar, dada a conocer en marzo de 1977: “La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años”.

¿Dónde aprender Inteligencia? No todos los cursos para espías son en las sombras. Concretamente, la Secretaría de Inteligencia cuenta con una Escuela Nacional de Inteligencia, creada por el dictador Juan Carlos Onganía en 1967, cuya sede desde 1982 está en uno de los barrios más coquetos de Buenos Aires, en Libertad 1235, en un petit hotel que alguna vez fue del presidente Victorino de la Plaza, uno de los prohombres de la Argentina conservadora. En varios documentos todavía se cita a Silvia Cucovaz de Arroche, licenciada en Geografía y profesora en varias universidades, como su directora.

La Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata ofrece un curso de post-grado en Ayacucho 132, también en la Ciudad de Buenos Aires. El director es Miguel Ángel Tello y una de las catedráticas es la mencionada Cucovaz. La currícula del curso –anual– es ilustrativa de cuántas cosas es preciso saber para ser un espía consumado: Inteligencia, Inteligencia Estratégica, Metodología de la Investigación, Inteligencia Digital, Seguridad Humana, Seguridad Societaria y Defensa Nacional, Visión Estratégica Mundial y Tendencia del Sistema Internacional, Contexto Político Nacional: Argentina, Derechos Humanos, Planeamiento Estratégico, Terrorismo, Narcotráfico, Lavado de dinero, Crimen Organizado, Proliferación de Armas Pequeñas y de Destrucción Masiva, Migraciones Ilegales, Delitos Informáticos, Inteligencia Competitiva y Económica, Inteligencia Científico-Tecnológica e Inglés.

Es difícil saber cuánto pesa la formación académica en la vida diaria de espías que hacen cosas tan diversas como analizar conflictos bélicos en Medio Oriente o escuchar conversaciones telefónicas de ministros, sindicalistas o periodistas. Sin embargo, es interesante reparar en el artículo “El nuevo imperio”, del profesor Tello, que se nutre de una bibliografía que nada tiene en común con la visión complaciente con el país más poderoso de la Tierra. Tello cita entre otros a Atilio Borón, Michael Hardt y Antonio Negri.

Por último, una frase pronunciada por un psicoanalista puede resultar una síntesis poco esperanzadora pero dura, como suelen ser las que dicen estos profesionales en el consultorio. “Debemos concluir –le dijo el analista a un paciente– que el mundo está manejado por espías. Putin en Rusia y, hace unos años, Bush en Estados Unidos”.

Efectivamente, Vladimir Putin llegó a ser el hombre más importante de la Rusia post-soviética tras haber hecho carrera en la KGB y luego al frente del Servicio Federal de Seguridad; es decir, la continuidad de la KGB. En cuanto a George Bush padre, antes de llegar a la presidencia, estuvo un tiempo al frente de la CIA. Habría que preguntarle al psicoanalista qué relación hay entre el inconsciente colectivo y los métodos engañosos y perversos que utilizan los espías. Porque pocos personajes de la ficción resultaron más fascinantes que James Bond en la historia del cine.




A favor y en contra del proyecto de ley
A favor y en contra del proyecto de ley
Jorge Altamira. 
Partido Obrero
“El planteo de la disolución de la ex SIDE, para ser sustituido por otro organismo de Inteligencia con funciones similares, constituye una medida distraccionista que lleva a deslindar las responsabilidades políticas que le caben a este gobierno. Los responsables de esta crisis política, como resultado del encubrimiento de los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA, no pueden asumir la dirección de ninguna reforma.”

Nicolás Del Caño.

PTS-FIT
“Es absurdo pensar que un nuevo organismo creado por un gobierno que ha montado el Proyecto X para perseguir a los trabajadores combativos como denunciamos desde el PTS y que ha designado a un imputado por genocida a cargo Ejército y su inteligencia –que ha crecido exponencialmente en el presupuesto nacional– será cualitativamente más democrático que lo que hemos conocido hasta ahora.

Carlos Raimundi

Solidaridad e Igualdad
“Este proyecto de creación de la Agencia Federal de Inteligencia debe ser apoyado incondicionalmente por todo el arco político y por el pueblo en general; reafirma la convicción de que no se está tan sólo en una época de cambios, sino en un cambio de época. Hay sectores que quieren que la causa AMIA y la muerte de Nisman sigan impunes.”

Leonardo Grosso

FpV
“La Presidenta muestra una vez más que de los laberintos se sale por arriba, con más institucionalidad, con más verdad y con más justicia. Cristina piensa en el pueblo, si ella no lo hacía, la iban a criticar y si lo hace también, no hay nada que les venga bien y siempre responden 
con más politiquería.”



A favor y en contra del proyecto de ley
A favor y en contra del proyecto de ley
Ricardo Forster
Filósofo

“La disolución de la ex SIDE era una deuda de la democracia; fue una decisión fundamental, histórica y muy valiente. Tocar las estructuras de la SIDE no es algo sencillo y requiere de una gran convicción y una gran decisión. Ojalá que todos los actores de la oposición estén a la altura del desafío, y que haya actores que comprendan la importancia de esto y puedan correrse de las mezquindades políticas.”

Pino Solanas
Senador UNEN

“No se puede tapar la realidad: el descontrol, la anarquía y el autogobierno dentro del sistema de inteligencia, que en 12 años de kirchnerismo no pudieron, por incapacidad, o no quisieron corregir. El Gobierno es cómplice de este caos –y también fue beneficiario–, que construye al escenario donde se inserta la tremenda muerte del fiscal (Alberto) Nisman que hoy enluta al país.”

León Arslanian
Jurista

“Cuando vemos el modo en el que se han venido desempeñando los agentes que han venido operando con escuchas, es un motivo de preocupación. La depuración debe hacerse de un modo arreglado, mediante una ley, con una jubilación para que (esos agentes) no queden expuestos. Yo creo que estamos en un buen camino para terminar con ese caos. Era una gran deuda con la democracia.”

Leopoldo Moreau
UCR

“Había que disolver la ex SIDE, era absolutamente imprescindible. Es evidente que se fue incubando una estructura mafiosa entre el Poder Judicial y la Secretaría de Inteligencia, que venía saqueando a la sociedad y a la democracia. Es muy común leer que los agentes de inteligencia manejan fiscales y jueces, esto habla de una grave distorsión. Hoy se da la disyuntiva entre democracia y mafia. La bala que mató al fiscal Alberto Nisman salió de la mafia de la ex SIDE.”
Fuente:MiradasalSur 

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