“Está en juego la vida de muchos pibes”
06/02/2015
Por Tomás Eliaschev
La lucha por los derechos humanos cobró fuerza en los últimos años, de la mano de la denuncia contra el accionar de las fuerzas policiales cuyas víctimas son mayormente jóvenes de condición humilde. Una referente destacada de este movimiento es Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Fue ella quien hizo pública una denuncia gravísima: el joven desapareció forzadamente hace seis años en La Matanza luego de negarse a robar para la Policía Bonaerense. Pese a que fue buscado intensamente, su cuerpo apareció recién en octubre pasado, enterrado como NN en la Chacarita, luego de pasar por el Hospital Santojanni, adonde su familia lo buscó sin obtener respuestas. El caso Arruga se convirtió en un símbolo de la persistencia del terror dictatorial de otros tiempos, un desaparecido en democracia que se hizo visible gracias a la incansable lucha de sus familiares y amigos que batallaron, y batallan, contra todo tipo de obstáculos, desde el ninguneo de las autoridades hasta las amenazas constantes de muerte. Orieta se transformó en la voz de quienes padecen el hostigamiento constante de los supuestos servidores de la ley. Junto a sus compañeros, logró que el caso se hiciera conocido. Y consiguió cerrar el destacamento donde Arruga había sido torturado en varias oportunidades. Allí se levantará un Espacio para la Memoria, que servirá para denunciar la violencia institucional que sufren los pibes de los barrios.
“Hay que crear conciencia para que se entienda lo que sufren los jóvenes en los barrios. Cuando se discute sobre ‘inseguridad’ no hay que discriminar y criminalizar a los jóvenes. Tenemos que hablar de las mafias organizadas de la policía que controlan los delitos. Está en juego la vida de muchos pibes de los barrios que necesitan que cada vez seamos más los que nos expresemos a favor de sus derechos, pidiendo la condena rotunda y el nunca más”, plantea Orieta cuando se la consulta sobre su rol destacado en esta lucha, alrededor de la que se produjeron innumerables expresiones culturales, como el disco dedicado a Luciano Arruga que hizo el grupo Salta la Banca o la puesta en marcha de la Radio Zona Libre.
–¿Cuál es su planteo en este nuevo aniversario?
–Este 31 de enero recordamos un nuevo aniversario de su desaparición y muerte. Queremos que se sepa el rol que cumplieron las comisarías de la zona: el ex destacamento de Lomas del Mirador y la comisaría 8ª, que es de donde depende el destacamento y que en tiempos de dictadura fue un centro clandestino de detención. Queremos que se condene a los responsables materiales, políticos y judiciales. No se puede volver a permitir un hecho de semejante crueldad.
–¿No creen en la teoría del accidente?
–No creemos que haya cruzado por su propia decisión la avenida General Paz, en una zona muy peligrosa para el cruce del peatón. Luciano vivía a 15 cuadras del lugar, conocía perfectamente por dónde se debe cruzar. Hay que investigar qué pasó las horas previas. Denunciamos la desaparición a la una de la mañana. Aparece en la General Paz a las 3.25 de la mañana. Nuestra denuncia se potenció. Hay peritajes que indican que Luciano estuvo esa noche en el destacamento y en un patrullero. Los libros de guardia estaban completamente adulterados: hay tachaduras, borraduras, enmiendas. Se comprobó que los patrulleros salieron de la jurisdicción asignada sin dejar asentado en los libros por qué hacen esos movimientos. Desde el primer momento denunciamos que la policía lo tenía amenazado por haberse negado a salir a robar para ellos.
–¿A qué creés que se debe que el cuerpo estuvo casi seis años como NN?
–Ahí es donde realmente se agrava la violación de los derechos humanos de los jóvenes pobres, donde queda de manifiesto la falta de respeto por la vida del otro, que en este caso es pobre, negro y villero. La vida de los pobres no vale lo mismo que la vida de las personas de las clases acomodadas. Hubo una gran complicidad de parte de las instituciones del Estado. Hubo encubrimiento. Pueden decir que fue desidia: esos baches que deja el Estado son los que dan lugar a que los mecanismos asesinos de la Bonaerense o de la Federal se pueden llevar adelante con impunidad. Eso les da la seguridad de que nada sale a la luz, les dejan limpio el camino para cometer estas terribles violaciones de los derechos humanos. A mi hermano lo enterraron como NN cuando su familia lo estaba buscando intensamente.
–¿A quiénes señalan como responsables políticos?
–El gobernador Daniel Scioli es el responsable máximo por la desaparición de Luciano. Es responsable de que se endurezcan cada vez más los pedidos autoritarios y violentos, como bajar la edad de imputabilidad de los menores y pedir que se los castigue más. Quiere someter cada vez más a los jóvenes, endurecer las medidas de control de los barrios, invisibilizándolos con cercos. A los pibes los detienen de forma arbitraria e ilegal, les arman causas. Una vez encerrados sufren torturas en los lugares de encierro. Scioli nunca tuvo la delicadeza de acercarse a mi familia. Nunca escuchó lo que teníamos para decir. Es responsable máximo de todo el estado de tortura que nos tocó vivir como familiares. El entonces ministro de Seguridad Carlos Stornelli fue quien más claramente marcó la mirada de la gobernación. Cuando logramos que nos recibiera nos dijo que no había policías corruptos en la Bonaerense y nos invitó a salir a sus oficinas. El ministro de Justicia Ricardo Casal tiene responsabilidad. Y Viviana Arcidiácono, auditora de Asuntos Internos de la Bonaerense, nunca investigó a los ocho policías del destacamento involucrados en la desaparición y muerte de mi hermano. Y el rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia fue lamentable.
Fuente:Veintitres
La lucha por los derechos humanos cobró fuerza en los últimos años, de la mano de la denuncia contra el accionar de las fuerzas policiales cuyas víctimas son mayormente jóvenes de condición humilde. Una referente destacada de este movimiento es Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga. Fue ella quien hizo pública una denuncia gravísima: el joven desapareció forzadamente hace seis años en La Matanza luego de negarse a robar para la Policía Bonaerense. Pese a que fue buscado intensamente, su cuerpo apareció recién en octubre pasado, enterrado como NN en la Chacarita, luego de pasar por el Hospital Santojanni, adonde su familia lo buscó sin obtener respuestas. El caso Arruga se convirtió en un símbolo de la persistencia del terror dictatorial de otros tiempos, un desaparecido en democracia que se hizo visible gracias a la incansable lucha de sus familiares y amigos que batallaron, y batallan, contra todo tipo de obstáculos, desde el ninguneo de las autoridades hasta las amenazas constantes de muerte. Orieta se transformó en la voz de quienes padecen el hostigamiento constante de los supuestos servidores de la ley. Junto a sus compañeros, logró que el caso se hiciera conocido. Y consiguió cerrar el destacamento donde Arruga había sido torturado en varias oportunidades. Allí se levantará un Espacio para la Memoria, que servirá para denunciar la violencia institucional que sufren los pibes de los barrios.
“Hay que crear conciencia para que se entienda lo que sufren los jóvenes en los barrios. Cuando se discute sobre ‘inseguridad’ no hay que discriminar y criminalizar a los jóvenes. Tenemos que hablar de las mafias organizadas de la policía que controlan los delitos. Está en juego la vida de muchos pibes de los barrios que necesitan que cada vez seamos más los que nos expresemos a favor de sus derechos, pidiendo la condena rotunda y el nunca más”, plantea Orieta cuando se la consulta sobre su rol destacado en esta lucha, alrededor de la que se produjeron innumerables expresiones culturales, como el disco dedicado a Luciano Arruga que hizo el grupo Salta la Banca o la puesta en marcha de la Radio Zona Libre.
–¿Cuál es su planteo en este nuevo aniversario?
–Este 31 de enero recordamos un nuevo aniversario de su desaparición y muerte. Queremos que se sepa el rol que cumplieron las comisarías de la zona: el ex destacamento de Lomas del Mirador y la comisaría 8ª, que es de donde depende el destacamento y que en tiempos de dictadura fue un centro clandestino de detención. Queremos que se condene a los responsables materiales, políticos y judiciales. No se puede volver a permitir un hecho de semejante crueldad.
–¿No creen en la teoría del accidente?
–No creemos que haya cruzado por su propia decisión la avenida General Paz, en una zona muy peligrosa para el cruce del peatón. Luciano vivía a 15 cuadras del lugar, conocía perfectamente por dónde se debe cruzar. Hay que investigar qué pasó las horas previas. Denunciamos la desaparición a la una de la mañana. Aparece en la General Paz a las 3.25 de la mañana. Nuestra denuncia se potenció. Hay peritajes que indican que Luciano estuvo esa noche en el destacamento y en un patrullero. Los libros de guardia estaban completamente adulterados: hay tachaduras, borraduras, enmiendas. Se comprobó que los patrulleros salieron de la jurisdicción asignada sin dejar asentado en los libros por qué hacen esos movimientos. Desde el primer momento denunciamos que la policía lo tenía amenazado por haberse negado a salir a robar para ellos.
–¿A qué creés que se debe que el cuerpo estuvo casi seis años como NN?
–Ahí es donde realmente se agrava la violación de los derechos humanos de los jóvenes pobres, donde queda de manifiesto la falta de respeto por la vida del otro, que en este caso es pobre, negro y villero. La vida de los pobres no vale lo mismo que la vida de las personas de las clases acomodadas. Hubo una gran complicidad de parte de las instituciones del Estado. Hubo encubrimiento. Pueden decir que fue desidia: esos baches que deja el Estado son los que dan lugar a que los mecanismos asesinos de la Bonaerense o de la Federal se pueden llevar adelante con impunidad. Eso les da la seguridad de que nada sale a la luz, les dejan limpio el camino para cometer estas terribles violaciones de los derechos humanos. A mi hermano lo enterraron como NN cuando su familia lo estaba buscando intensamente.
–¿A quiénes señalan como responsables políticos?
–El gobernador Daniel Scioli es el responsable máximo por la desaparición de Luciano. Es responsable de que se endurezcan cada vez más los pedidos autoritarios y violentos, como bajar la edad de imputabilidad de los menores y pedir que se los castigue más. Quiere someter cada vez más a los jóvenes, endurecer las medidas de control de los barrios, invisibilizándolos con cercos. A los pibes los detienen de forma arbitraria e ilegal, les arman causas. Una vez encerrados sufren torturas en los lugares de encierro. Scioli nunca tuvo la delicadeza de acercarse a mi familia. Nunca escuchó lo que teníamos para decir. Es responsable máximo de todo el estado de tortura que nos tocó vivir como familiares. El entonces ministro de Seguridad Carlos Stornelli fue quien más claramente marcó la mirada de la gobernación. Cuando logramos que nos recibiera nos dijo que no había policías corruptos en la Bonaerense y nos invitó a salir a sus oficinas. El ministro de Justicia Ricardo Casal tiene responsabilidad. Y Viviana Arcidiácono, auditora de Asuntos Internos de la Bonaerense, nunca investigó a los ocho policías del destacamento involucrados en la desaparición y muerte de mi hermano. Y el rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia fue lamentable.
Fuente:Veintitres
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