Por Ainara Lertxundi, Resumen Latinoamericano /Naiz/ 25 de noviembre 2015.-
En una entrevista concedida al «noticiero insurgente» de las FARC-EP, el comandante Timoleón Jiménez, Timochenko, ha asegurado que el proceso de paz es «prácticamente irreversible» y que ambas partes están «a punto de finiquitar la construcción del diseño para la implementación del cese al fuego bilateral y definitivo». «Eso está a punto de implementarse, pero esas cosas que faltan hay que definirlas con mucho cuidado para que no dejemos minado el acuerdo. Colombia no aguantaría un nuevo conflicto», subraya.
A finales de octubre, el delegado de las FARC-EP en La Habana, Ricardo Téllez, propuso al presidente, Juan Manuel Santos, iniciar el cese bilateral el próximo 16 de diciembre. Santos, quien dio por válida esta fecha, puso como condiciones previas la verificación internacional y concentración de la guerrilla. «Si no se concentran, no se puede administrar el cese al fuego con efectividad porque hay otros grupos de violencia que combatir», alegó.
Ayer, en referencia a esta cuestión, el también delegado guerrillero Marco León Calarcá planteó la creación de «territorios especiales para la construcción de la paz». «La normalización territorial en relación con las FARC-EP tendrá como fundamento la creación de zonas delimitadas geográficamente, para la generación y ensanchamiento de relaciones sociales en sentido amplio (políticas, económicas, culturales y socioambientales), con el propósito superior de contribuir a la reparación de las víctimas del conflicto, la provisión de garantías de no repetición y la construcción de la paz estable y duradera. Al mismo tiempo, tendrán la función de posibilitar la concreción del proceso de cese bilateral de fuegos y de hostilidades definitivo y la dejación de armas por las partes», explicó desde la capital cubana.
En la entrevista de algo más de trece minutos colgada en la página web de la delegación de paz, Timochenko también hace referencia a la propuesta de Santos para que los negociadores entren en una especie de cónclave hasta que lleguen a un consenso sobre los puntos que faltan por acordar, que califica de «muy interesante». «Queremos un escenario donde haya resultados. Yo creo que eso sería posible si rediseñamos el modelo actual de ciclos y nombramos una dirección ejecutiva integrada por los jefes de las delegaciones que, junto con los jefes de las subcomisiones hagan un cronograma y estén permanentemente balanceando y destrabando lo que dé en la comisión de redacción, en la de presos… La propuesta de crear esta dirección ejecutiva la completaría, incluso, con una vocería común. Si logramos esto, avanzaremos mucho», afirma
Asimismo, valora positivamente la actitud de Enrique Santos, hermano y enviado de Santos, con quien se entrevistó en La Habana para intentar salir del «proceso de desgaste» que se generó tan solo un día después del histórico apretón de manos entre Timochenko y el presidente colombiano, el pasado 23 de setiembre en La Habana en la presentación del acuerdo sobre Justicia. «Ante esta situación y la enorme responsabilidad que siento ante los colombianos y el mundo, envié una carta personal a Santos que, desafortunadamente, tardó un mes en llegarle. Pero, en cuanto la recibió envió a su hermano. Enrique es un hombre agradable para la conversación y creo que nos dijimos las angustias mutuas y surgieron una serie de iniciativas que ahora le toca al presidente ver si las implementa y cómo lo hace. Fue un encuentro productivo», destaca Timochenko.
El desminado avanza
Después de siete meses de trabajo en la vereda del Orejón, en el municipio de Briceño (departamento de Antioquia), las delegaciones de las FARC y el Gobierno han informado que, en base a «la valiosa información proporcionada» por la guerrilla, el Batallón de Desminado del Ejército de Colombia ha desactivado 33 artefactos explosivos, producto del despeje de un poco más de 14.000 metros cuadrados. Ambas delegaciones resaltan «el avance del plan piloto como medida de desescalamiento y la construcción de confianza». «Confiamos que antes de finalizar el año podamos devolver la tierra, libre de sospecha por la presencia de este tipo de artefactos explosivos a la comunidad, con el único propósito de que sus habitantes puedan recobrar la tranquilidad y mantener la esperanza de un futuro mejor», añaden.
En su cuenta de Twitter, el general de Infantería de Marina Rafael Colón, quien junto al delegado guerrilleros Pastor Alape está coordinando las labores de desminado en Orejón, remarca que «un territorio con minas es territorio con miedo y conflicto permanente; un territorio sin minas, permite sembrar paz».
foto: El general retirado de Infantería de Marina Rafael Colón junto al delegado de las FARC-EP Pastor Alape en la vereda El Orejón, municipio de Briceño, departamento de Antioquia.
Colombia: Avances en La Habana y represión al movimiento social: ¿Dos patas de la misma estrategia gubernamental?
Resumen Latinoamericano / 24 de Nov. 2015.-
Los acuerdos de La Habana avanzan en paralelo a una serie de asesinatos de líderes comunitarios, represiones a protestas y amenazas a defensores de derechos humanos. El Estado, lejos de brindar garantías, se muestra como factor de violencia contra el movimiento social. ¿Posconflicto o cambio en la dinámica de un conflicto que se prolongará, porque mantiene sus causas irresueltas?
En los últimos diez días se registraron los siguientes asesinatos, represiones y amenazas contra el movimiento social:
Daniel Abril, reconocido líder social del municipio de Trinidad, en Casanare, fue asesinado de tres disparos de arma de fuego. Destacado por su lucha en defensa del medio ambiente, había denunciado a las petroleras por la sequía en la región. Integraba el Movimiento Social Político de Masas de Centro Oriente y el Congreso de los Pueblos. Las autoridades no han facilitado elementos de investigación que echen luz sobre los autores. (Leer:Asesinan a Daniel Abril, dirigente social del Congreso de los Pueblos).
El jueves 19 un campesino resultó muerto y al menos otros seis recibieron impactos de bala de parte del Ejército Nacional, quien junto a la Policía irrumpió de forma violenta ante una protesta por la erradicación compulsiva de cultivos ilícitos. Los disparos contra los campesinos se efectuaron desde helicópteros del Ejército, que eran parte de la avanzada de más de 2000 efectivos entre militares y agentes erradicadores. Coparon casas y predios de la zona, y cuando la comunidad reaccionó pacíficamente, el Ejército respondió con los disparos mortales. (Leer:Grave situación en Argelia al sur del Cauca deja una persona muerta y siete heridos; ver: [Video] Así asesinó el Ejército al campesino de Marcha Patriótica en el Cauca).
El pasado miércoles fue asesinado Ignacio Ernesto Males Navia, secretario del Concejo Municipal y referente del movimiento campesino en el municipio de Almaguer, Cauca. Un mes antes habían matado de igual forma al hijo de un concejal electo, integrante del mismo sector campesino. “Desde el momento en que el proceso campesino e indígena decide postular a varios de sus dirigentes como candidatos a la alcaldía y al concejo municipal, se intensificaron estas amenazas”, explican en Almaguer. (Leer:Ya son tres los líderes campesinos asesinados en una semana: presumen motivos políticos).
Al menos 6 líderes y lideresas comunitarias del Alto Baudó, en el Chocó, denunciaron amenazas para que desactiven una Minga comunitaria que realizarían en la cabecera municipal. Según testimonios, el alcalde del lugar advirtió: “No participen de la Minga porque los ´paracos´ los van a matar”. (Leer:Amenazas en el Chocó: ´Si hacen la Minga la semana próxima, los ´paracos´ los matan´).
Entre el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre hombres encapuchados con armas largas dispararon contra la Guardia Indígena en el resguardo Munchique Los Tigres, al norte de Cauca. Allí se encuentra el centro de armonización Gualanday donde el líder indígena Feliciano Valencia permanece alojado en cumplimiento de una condena que el Estado colombiano dispuso por una causa que es resistida por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- y el conjunto del movimiento social. (Leer:Autoridades indígenas temen por la vida de Feliciano Valencia y la seguridad de sus comunidades).
El pasado lunes 16 de noviembre en horas de la mañana la secretaria técnica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- Capítulo Caldas, la defensora de derechos humanos María Cardona Mejía, fue amenazada en la calle por una persona que mencionó ser exmilitar. “Cuando yo fui militar masacres era lo que hacíamos, como le vamos a hacer a la peliteñida que tengo al lado y a su jefe”, dijo el hombre a un supuesto interlocutor telefónico cuando pasó al lado de la mujer. En llamadas telefónicas recientes también mencionarion al “jefe” en referencia al miembro del Movice Darío Ecsehomo Díaz, también amenazado. (Leer:Hostigamiento a secretaria de Movice en Caldas).
Entre el jueves 12 y el sábado 14 pasados, los asentamientos Las Orquídeas en Cali y Moravia en Medellín fueron ocupados por el Escuadrón Móvil Anti Disturbios -Esmad-. En ambos casos, por orden de las respectivas alcaldías, el objetivo fue desalojar familias que habitan desde hace años en esos asentamientos. Se denunciaron abusos por parte de la fuerza pública y violación a los derechos humanos en el caso de menores de edad, ancianos y mujeres embarazadas. (Leer:Nuevos desalojos violentos en Cali y Medellín)
El pasado 12 de noviembre el dirigente campesino y referente de Marcha Patriótica en el departamento de Córdoba, Arnobis Zapata, recibió un mensaje de texto amenazante: “Deje de hacer esas putas denuncias que hace desde su Asociación contra el Ejército. Es la última oportunidad que le damos para que se calle esa hp boca comunista de mierda, sabemos que usted es el instigador y si sigue así le vamos a llenar la cabeza de plomo. Otra denuncia en nuestra contra y se muere perro”. (Leer:Vía celular amenazan dirigente campesino en Córdoba).
El domingo 22 fue amenazado el periodista caucano Édison Bolaños Arley por medio de una llamada a su celular. En la amenaza, que quedó registrada en el teléfono del periodista, se hace referencia a su artículo “Magnates del oro versus pequeños mineros” publicado en la edición dominical de El Espectador. (Leer:Amenazan vía telefónica a corresponsal de El Espectador en Cauca).
Acuerdos en La Habana y un cóctel explosivo en Colombia: dejar hacer al paramilitarismo y desatender las denuncias del movimiento social
La buena noticia de los últimos días proveniente de La Habana es el anuncio de que el Gobierno liberará a 30 guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, que están presos y enfermos, como gesto para “construir confianza”. ´Iván Márquez´, jefe de la delegación de paz de las FARC, afirmó recientemente que el plazo de 6 meses acordado el pasado 23 de septiembre podría extenderse, aunque las voces más conocedoras del pulso de las negociaciones ratifican que la firma será un hecho.
Pero “mientras en La Habana se negocia la paz, en Colombia los movimientos sociales son víctimas de la guerra”. De esa forma explicaron la situación los voceros de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. “Al interior del territorio nacional se viven las más violentas arremetidas por parte de la Fuerza pública: Esmad, Policía Nacional y Ejército con bombardeos, ametrallamientos, fumigaciones y falsos positivos”, habían denunciado los líderes del movimiento social en el pasado mes de marzo, después del asesinato del dirigente social Carlos Pedraza y de las represiones al movimiento indígena en el Cauca. Lo que siguió desde entonces confirmó esa tendencia: detenciones irregulares de líderes juveniles del Congreso de los Pueblos en Bogotá, la captura del profesor universitario Miguel Ángel Beltrán, o más recientemente del líder indígena Feliciano Valencia, preceden a los asesinatos, represiones y amenazas de estos días.
¿Qué hay detrás de esta violencia sostenida contra el movimiento social, al mismo tiempo que se consolida el discurso oficial de paz? El defensor de derechos humanos Fabián Laverde explica que, por un lado, es determinante “la negativa por parte del Gobierno nacional en reconocer que existe paramilitarismo; segundo, hay negligencia absoluta frente a las denuncias que desde el movimiento social realizamos en cuanto a las situaciones de amenazas y en las acciones concretas contra habitantes de estos territorios”.
¿Posconflicto o conflicto por otros medios?
La idea de posconflicto es un pilar del discurso presidencial y de los medios hegemónicos. “Solo queda esperar la paz del posconflicto”, había dicho el presidente Santos ante los voceros de la Cumbre Agraria un año atrás. Los mismos voceros campesinos, indígenas y populares que escucharon al presidente convocarlos a la paz son quienes denuncian una escalada represiva por parte de la Fuerza Pública y del paramilitarismo, con connivencia gubernamental.
“Hablar de posconflicto es desafortunado, mentiroso”, analizaba en diálogo con Colombia Informa el historiador Renán Vega Cantor, dando otra interpretación a las negociaciones con la insurgencia y a la dinámica del movimiento social. “Que se llegue a un acuerdo entre las FARC y el gobierno, y eventualmente entre el ELN y el gobierno, no quiere decir que el conflicto va a desaparecer, eso es lo que nos meten los medios de comunicación. Pero miren ustedes la perversidad que hay, cuando se dice que si en Colombia hay conflictos sociales es porque han existido conflictos guerrilleros. Y entonces cuando desaparezcan los movimientos guerrilleros automáticamente van a desaparecer los movimientos sociales, las protestas sociales. Esa es una estupidez”, afirma el profesor de la Universidad Nacional, quien es además investigador de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.
Diálogos en vez de tiros, no para el movimiento social
Durante los últimos días se realizó la Segunda Asamblea Nacional por la Paz, que tuvo como promotores a la Unión Sindical Obrera -USO- y un conjunto de organizaciones sociales. Esta instancia, y la Mesa Social para la Paz presentada públicamente semanas atrás, tal vez sean las dos plataformas más representativas de un vasto espectro del movimiento social que reclama ser tenido en cuenta a la hora de acordar propuestas con el Estado que permitan ir dejando atrás los motivos profundos del conflicto social, político y armado en Colombia.
Sin embargo, el presidente Santos no parece prestar mayor atención a esta demanda de diálogo del movimiento social. En cambio, la represión por parte de la Fuerza Pública, la muerte, la ´vista gorda´ ante el paramilitarismo y la desatención de denuncias de violación de derechos humanos, sí lo tienen como protagonista
Colombia. Reflexiones sobre las conversaciones de paz en La Habana
Por Delegación de Paz de las FARC-EP/ Resumen Latinoamericano/ 10 de Nov. 2015.-
La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 19 de 2015
Hace tres años, en este mismo escenario, impulsados por la esperanza, iniciamos un nuevo intento para dejar atrás mediante el diálogo civilizado, más de medio siglo de lucha armada originada en la violencia del poder y la exclusión.
Contábamos en ese entonces, como hoy, con el inextinguible anhelo de paz del pueblo de Colombia, la inconmensurable ayuda solidaria de Cuba, de la Venezuela bolivariana de Hugo Chávez y de los gobiernos de Noruega y Chile, que con su humanismo nos animan a regresar al país con el acuerdo de la reconciliación. Este ha sido nuestro anhelo y en función del mismo hemos trabajado sin descanso, pero no ha sido fácil, porque aunque tenemos importantes logros parciales que nos han aproximado a la posibilidad cierta del fin del conflicto, ahora se les impone grandes dificultades solo superables con el concurso pleno del pueblo.
Los avances en la Mesa se sintetizan en la firma de nueve acuerdos fundamentales, tres de ellos referidos de manera directa a puntos específicos de la Agenda: Reforma Rural Integral, Participación Política y Nueva política anti-drogas, cada uno con salvedades ineludibles que en total suman 28. Estos se complementan con otros entendimientos sobre Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición; Agilizar las conversaciones en La Habana y desescalar el conflicto en Colombia, descontaminación del territorio de artefactos explosivos, Búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y desarrollo del conflicto, Unidad de búsqueda para similares propósitos, y un acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, que desafortunadamente venía siendo colmado de incertidumbres luego de su anuncio público.
En el presente, y ya desde hace año y medio, intentamos cerrar un nuevo acuerdo que reivindique a las víctimas del conflicto brindándoles con suficiencia Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en condiciones de dignidad y de respeto al conjunto de sus derechos humanos, incluyendo los escamoteados Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que generen el buen vivir que claman las mayorías.
Este panorama, al que se suman los pasos dados por la sub comisión técnica en el diseño de la formulación del Cese bilateral del fuego y Dejación de armas, es decir su no utilización en política por la guerrilla y el Estado, muestra sin duda que las perspectivas de alcanzar un Acuerdo Final, brillan como nunca antes en el horizonte de Colombia. No obstante, contra ello conspiran obstrucciones y desavenencias que no debieran estar instaladas como nubarrones que oscurecen la confianza construida con tanto esfuerzo a partir del invaluable apoyo que la gente humilde y otros sectores han brindado al proceso con desprendimiento.
El unilateralismo, el empecinamiento intransigente, el egoísmo político excluyente, la ausencia de sentido común, la mezquindad de clase, el incumplimiento de la palabra empeñada por parte del bloque de poder dominante, se siguen atravesando como mulas muertas en la mitad del camino. Pero cuánto quisiéramos que el país de unos pocos que describimos en el discurso de Oslo, fuera reemplazado, con el concurso de los colombianos, por un país para todos en el que ya no exista la miseria, la desigualdad, la exclusión política, las segregaciones de todo tipo y la carencia de democracia.
No se puede seguir persistiendo en la aplicación de políticas neoliberales que sacrifican y victimizan al conjunto de la sociedad y en especial a los más pobres, echando por la borda la soberanía nacional y condenan al país a continuar en la confrontación. No se puede seguir despilfarrando el erario público en un gasto militar y de guerra, y menos lanzándolo al foso de la corrupción y a la voracidad mezquina de los privilegiados.
Por otra parte, como dice el Libertador, que “la Verdad pura y limpia es la mejor manera de persuadir”, y que es necesario no adelantar un pacto de impunidades, debemos hacer cierto el propósito de que esa verdad sea asumida por el conjunto de los actores del conflicto, sin que quede excluida, como se pretende, la casta dirigente y el Estado que la representa, supremos responsables de las causas y las consecuencias de una guerra que se ha convertido en la más prolongada del hemisferio.
Por qué temerle ahora a este juicio necesario: los que han regentado el poder, los que se han enriquecido con la miseria del pueblo llano, los que han impedido que nos demos un abrazo de hermanos, deben como los que más, ofrecer verdad exhaustiva, sin atrincherarse en inmunidades, para no asumir sus propias responsabilidades, porque si algún nicho de impunidad ha habido a lo largo de la historia, es el que han construido los de arriba para mantenerse en el poder.
Basta de negacionismos, cuando de manera abierta su paramilitarismo devenido de la Doctrina de la Seguridad Nacional y de la concepción del enemigo interno, aniquiló a organizaciones como la Unión Patriótica, A Luchar, y a otra multitud de dirigentes y luchadores sociales que con sus pechos desnudos reclamaban sus derechos más elementales y la posibilidad de una Colombia diferente. Basta de más asesinatos de defensores de derechos humanos, reclamantes de tierra, y militantes de movimientos políticos alternativos, que es lo que hoy mismo está ocurriendo sin considerar, por indolencia, que estamos en medio de un proceso de paz. Sin más dilaciones hay que esclarecer y desarticular el fenómeno del paramilitarismo.
Queremos expresar también, que no es admisible que todo gesto unilateral de la insurgencia sea interpretado como expresión de debilidad y que entonces se apriete con nuevas exigencias de sometimiento, pretendiendo la ilusión de la rendición del pueblo armas. Tenemos nuestros corazones colmados de un deseo irrefrenable de paz. Hemos venido a La Habana a levantar las banderas sociales y políticas por las que el pueblo ha luchado toda la vida. Insistimos en que queremos avanzar, sin perder la memoria, teniendo presente que ésta, nuestra tierra, sigue siendo como el Macondo de Cien Años de Soledad donde ocurre lo inaudito. Quienes desde abajo siempre han luchado por la paz no olvidan, por ejemplo, que en el intento de paz del año 57, fue asesinado el dirigente agrario marquetaliano Jacobo Prías Alape; no olvidan, que a solo 38 días de firmado el acuerdo de paz con el M19, su comandante Carlos Pizarro fue asesinado por sicarios mientras viajaba en un avión; y no olvidan, entre muchos otros crímenes de Estado, que mientras adelantaba los primeros contactos para abrirle una nueva esperanza de paz a Colombia, el comandante de las FARC, Alfonso Cano, fue acribillado en estado de indefensión por orden de su interlocutor.
Insistimos en que estamos listos para firmar un acuerdo de paz que abra las esclusas del poder constituyente del soberano, pero ¿en qué quedaron los afanes de aquellos que después de firmar el compromiso de Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia, han puesto freno a las dinámicas de la Mesa, mientras se hostiga al movimiento popular y se expande la militarización del territorio asediando a una fuerza insurgente que ha cesado sus acciones ofensivas contra la Fuerza pública y la infraestructura económica?
Si la paz es asunto de toda la sociedad en su conjunto, no es a partir de un acto legislativo o de un plebiscito no consensuado que se va a alcanzar la refrendación y la implementación de los acuerdos, menos cuando ni siquiera hemos abordado en la Mesa el debate de dicha temática. Para dar un cierre pleno a los asuntos que tocan con el punto FIN DEL CONFLICTO, y en especial su numeral 5 referido a los cambios institucionales, para que esto y el conjunto de los aspectos más complejos de disenso sean resueltos, no hay otro camino de solución que el de una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de que sea el pueblo, desplegando todas sus potencialidades, quien otorgue seguridad jurídica al tratado de paz duradero y no ocurra que gobiernos sucesivos se aventuren a borrar con el codo lo que se construya con sacrificio y abnegación.
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Colombia: Vía celular amenazan dirigente campesino en Córdoba/Comunidad Uwa se toman la alcaldía de Saravena en Arauca/Desalojos masivos en Medellín
Resumen Latinoamericano/ Agencias/ 19 de Nov. 2015.- Por Asociación de Campesinos del Sur de Cordoba – ASCSUCOR / Miércoles 18 de noviembre de 2015
Un nuevo hecho de intimidación y amenaza en contra del trabajo en defensa de los derechos humanos campesinos y la vida misma del defensor Arnobis Zapata Martínez, Presidente de Ascsucor y responsable de la Comisión de Organización y Plan del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica del departamento de Córdoba.
Ascsucor es una organización campesina que promueve y defiende los derechos humanos de los campesinos en el sur del departamento de Córdoba, promueve la resistencia en el territorio, la soberanía alimentaria, las garantías de vida digna y el reconocimiento político, estos son sólo algunos de los lineamientos que se promueven en el diario trabajo de la asociación campesina; es además, una organización integrante de Marcha Patriótica, articulada en la coordinación Agrominera y afiliada a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Desde el año 2012 es presidida por el defensor y dirigente campesino Arnobis Zapata Martínez a quien, por su labor fraterna y comprometida con el campesinado surcordobés, le ha tocado padecer persecución política, estigmatización, señalamientos y amenazas en contra de su vida y la integridad de su familia.
El pasado 12 de noviembre del presente año llegó al celular del defensor y dirigente campesino Arnobis Zapata un mensaje de texto a las 3:32 p.m. proveniente del número celular 3103557960 en el que precisaba lo siguiente:
“senor arnobis no creo q sea este un saludo el siguiente es solo una advertencia deje de hacer esas putas denuncias que hace desde su asociacion contra el ejercito y encontra d nuestras gloriosas agc. es la ultima oportunidad que le damos que se calle esa hp boca comunista d mierda sabemos q usted es el instigador y si sigue asi le vamos a llenar la cabeza d plomo. Esta avisado aa por si se va pa la ciudad también sabemos donde queda su dichosa oficina en montería otra denuncia en nuestra contra y se muere perro no nos haga gastar esas balas q ya están pagas para usted. aa y si quiere saber quien soy un dia d estos me conoce.”
El acontecimiento victimizante fue puesto en conocimiento de las autoridades y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, esperando que con esto se adelantaran las investigaciones pertinentes y se implementaran los mecanismos de protección necesarios.
Cabe anotar que el defensor y dirigente campesino Arnobis Zapata tiene medidas de protección aprobadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) según resolución N° 253 del 18 de diciembre de 2014, pero dicha implementación quedó en trámite y nunca se aplicaron válidamente, ni siquiera las medidas emergentes allegaron hasta la fecha de los hechos narrados anteriormente.
Ante estos graves hechos se exige al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Fernando Mora Arango que brinde de manera inmediata la protección necesaria y urgente para salvaguardar la vida e integridad del defensor de Derechos Humanos y dirigente campesino Arnobis de Jesús Zapata Martínez. Se exige igualmente al Ministro del Interior y de Justicia, Juan Fernando Cristo, solicitar y exhortar a los organismos de Gobierno Nacional, del departamento de Córdoba y del municipio de Puerto Libertador y Montelíbano a fin de asegurar las libertades, derechos constitucionales y el libre desarrollo de las funciones que como defensor de derechos humanos y dirigente campesino adelanta Arnobis de Jesús en el sur del departamento de Córdoba.
Se requiere así mismo al Defensor del Pueblo de Colombia, Jorge Armando Otálora Gómez; al Coordinador Residente y Humanitario de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia, Fabrizio Hochschild; al Consejero Presidencial de DDHH y DIH, Guillermo Rivera Flórez para instar de manera urgente a quienes competa implementar medidas necesarias a fin de preservar la vida, integridad física (propia y de su núcleo familiar), el libre desarrollo de su rol como defensor de derechos humanos y dirigente campesino en el sur de Córdoba, la seguridad, tranquilidad, libertad de locomoción y movilidad al defensor Arnobis de Jesús Zapata Martínez.
Por último se exhorta al Procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez Maldonado; al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, para requerir y adelantar las investigaciones judiciales necesarias con el fin de individualizar a los actores de estos hechos que atentan contra la vida, integridad física y psicológica en la persona de Arnobis de Jesús Zapata Martínez y generar las judicializaciones pertinentes.
*Pueblos originarios
Indígenas de la comunidad Uwa se toman la alcaldía de Saravena en Arauca
Colombia Informa/ 19 Noviembre 2015
La comunidad Uwa decidió tomarse la alcaldía de este municipio de Arauca como forma de exigir respeto a sus territorios. Reclaman por la aparición con vida de dos miembros de esa comunidad desaparecidos desde hace más de una semana. Manifiestan que el Ejército Nacional ha ingresado a sus territorios sin previo aviso y sin ninguna autorización, coincidiendo su presencia con la desaparición y asesinato de indígenas.
Tal como lo informó el portal de noticias en el centro oriente colombiano “Trochando sin fronteras”, en horas de la mañana arribaron a Saravena más de 100 indígenas Uwa para ejercer la acción de protesta. La situación de los dos indígenas desaparecidos compromete a la fuerza pública ya que como lo informó este portal noticioso “Ricardo Uncaría y Marcos Tarazona salieron de su comunidad a ver sus cultivos a un lugar cercano, y ya han pasado más de ocho días que no aparecen. Mujeres de la comunidad indígena afirmaron haber visto a Ricardo rodeado por integrantes del Ejército Nacional”.
El líder indígena Víctor Chivaraquía explicó las razones de la acción: “En lo corrido de octubre y en lo que va corrido de este mes, tenemos retenidos dos compañeros del pueblo Uwa y no sabemos nada de ellos. Lo más indignante es que las fuerzas militares han violado el debido protocolo, nacional e internacional, donde para ingresar al territorio ancestral deben tener la debida concertación y autorización pero eso nunca se dio”.
La comunidad relaciona la desaparición de los dos indígenas y el hallazgo de un cuerpo sin vida, al parecer de otro miembro Uwa, con la presencia militar en la zona. Así lo expone el líder ancestral perteneciente a la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca -Ascatidar-: “Tan pronto como las fuerzas militares hicieron presencia en el terreno, a los dos días, uno de los compañeros desapareció. Lo otro es que el día lunes apareció un cuerpo en las orillas del río Bojaba, identificado como un indígena aunque no sabemos si se trata de alguno de los dos compañeros, ese proceso se está investigando por los forenses”.
Plantean que la acción se da por la ineficacia de los diálogos que han tenido con autoridades, ya que el pasado viernes 13 de noviembre se realizó un concejo de seguridad donde hizo presencia el coronel del Ejército y el mayor de la Policía, junto a otros organizamos como la Defensoría del Pueblo y la personera, allí se exigió una respuesta en cabeza de sus mandos, sin que hasta el momento esta se haya dado.
Por ello los 140 indígenas que hacen presencia en la toma plantean como primera exigencia: “la presencia del ministerio público, desde la defensoría del pueblo, la cruz roja internacional, la pastoral social. Que el alcalde haga presencia para que atienda la exigencia de las comunidades ancestrales en cabeza de los Uwa”.
*Derecho a la vivienda/desalojos/represión
El Puente Madre Laura provoca desalojos masivos en Medellín
Colombia Informa/ 19 Noviembre 2015
El día de ayer, miércoles 18 de noviembre a las 2:30 de la madrugada, la Policía y el ESMAD irrumpieron en el sector del Oasis, en el barrio Moravia, para desalojar de sus viviendas a varias familias.
Entre los afectados por la inhalación de gases lacrimógenos y la confrontación directa con los uniformados hay niños, madres, mujeres embarazadas y ancianos. Muchos de los habitantes de este sector son desplazados del Urabá antioqueño y víctimas del conflicto armado.
Entre caras de angustias y desesperación, los habitantes del sector Oasis en Moravia no encontraron una explicación clara respecto a su situación, a qué lugar serían trasladados y reubicados con sus enseres. Ante esto, algunos Funcionarios de la Secretaría de Gobierno manifestaron que los desalojados serían llevados a albergues, otros no tenían certeza si las personas afectadas iban para albergues u otros lugares, y frente a la posibilidad de reubicación en vivienda contestaron que no era posible. Tres de las 38 viviendas desalojadas se encontraban postuladas para reubicación pero hasta ahora no hay claridad en ese proceso.
La Secretaria de Gobierno, Claudia Wilches, aseguró que las personas en alta vulnerabilidad entrarán a un proceso de valoración mientras que las otras familias deberán buscar, por sí mismas, dónde alojarse y acudir a la ayuda de sus familiares y amigos. Esto demuestra que no hay una solución estatal para estas familias y que la condición de vulnerabilidad la define la administración y no la realidad, lo que sí es claro para la “Nueva Medellín” es que la obra complementaria del puente Madre Laura debe ser realizada en el menor tiempo posible, sin importar las consecuencias y los atropellos que deben asumir las familias pobres que habitan el sector.
Habitantes del Oasis entre la desesperanza y la angustia
Durante los desalojos masivos hubo varios abusos por parte de los más de quinientos uniformados del ESMAD y la Policía: hubo 5 heridos, entre ellos un bebé que quedó con parálisis cerebral por inhalación de gases y varias personas afectadas por exposición a gases y golpes. Robín Muñoz, uno de los heridos, afirmó que “me levanté a las 2:00 de la mañana porque se iba a entrar el ESMAD y la Fuerza Pública, y media hora después entraron con violencia sabiendo que había niños, mujeres, ancianos y comenzaron a disparar gases. Esto se convirtió en una guerra”.
Muchas mujeres, madres cabezas de hogar y desplazadas por el conflicto armado, fueron víctimas de estos desalojos como es el caso de Mónica quien con 4 hijos tiene la incertidumbre de no saber a dónde ir, “da tristeza ver las casas, de gente que ha buscado en la basura una tabla, un pedazo de lona… ¿Cómo el gobierno nos hace estos? ¿Nosotros para dónde nos vamos a ir con nuestros hijos?”. Como Mónica hay muchas más personas a la espera de una pronta solución pero la única respuesta del estado ha sido el desarraigo institucional.
Los desalojos, como lo referencia Wilder, un habitante del sector, han sido sistemáticos desde hace más de un año y la causa es la construcción del Puente de la Madre Laura, “es más importante la construcción de ese puente que el beneficio de las personas”, afirmó. Ahora para Wilder la única solución es buscar para donde irse, porque la Alcaldía no ha respondido con nada.
Puente Madre Laura “Una obra segura para la vida”
Entre los años 2014 y 2015 más de 100 familias se han visto afectadas por la construcción de este puente intra-urbano, que tiene como objetivo la conexión vehicular de las zonas nororiental y noroccidental de la ciudad, en articulación con los proyectos urbanos “Distrito Medellinnovation” y “Parques del Rio”. Todos los habitantes del sector coinciden en que la razón para los desalojos es la construcción de un puente, “que va ser material y que no es para nosotros. Están desalojando a la gente por eso”.
¿Por la vida de quiénes?
Medellín, la ciudad de todos por la vida, deja grandes interrogantes respecto a los simultáneos atropellos que han resultado antes, durante y después de la construcción de los diversos proyectos urbanos que poco han tenido en cuenta a la gente. Es una realidad que luego del desplazamiento interurbano al que se ven obligadas las familias llega una reubicación lejana y desordenada que conlleva a un incremento en los costos de vida de los pobladores urbanos, también la obligación de cambiar los oficios con los que antes sobrevivían, la ruptura del tejido social construido y la afectación psicológica para aquellas personas que son desplazadas por actores armados y vuelven a serlo, una y otra vez, por actores institucionales. La vida que se está ejecutando en los planes de infraestructura de la “Nueva Medellín” continúa con las políticas de exclusión y segregación que la han caracterizado, no hay intención de apostarle a una ciudad con salud, vivienda digna, educación y mínimos vitales.
Este desalojo en Moravia ya se había intentado, días antes, en al menos tres ocasiones, como el pasado 11 de noviembre fecha en la que el acto logró detenerse por el impacto mediático que este podría obtener debido a la presencia de la VII Conferencia de CLACSO, encuentro en el que, precisamente, una de las mayores reivindicaciones fue el derecho a la ciudad.
Colombia: Intentan asesinar al líder indígena Feliciano Valencia
Resumen Latinoamericano/ 18 noviembre 2015 .-
Los presuntos sicarios dispararon seis veces, pero la rápida actuación del Guardia Indígena neutralizó el ataque.
El líder y consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (suroccidente de Colombia), Feliciano Valencia, fue objeto de un atentado la noche del pasado lunes.
Cuatro hombres buscaron ingresar al Centro de Armonización Indígena Gualanday en Santander de Quilichao (Colombia) donde Valencia permanece recluido de manera injusta. Los hombres dispararon en seis oportunidades.
La reacción de la Guardia Indígena neutralizó el ataque pero los presuntos sicarios huyeron.
¿Quién es Feliciano Valencia?
Valencia se ha destacado por la defensa y la visibilización de los derechos indígenas.
Recientemente presentó una propuesta de paz para las comunidades del Cauca en el marco del conflicto armado.
Fue condenado injustamente a 18 meses de cárcel por secuestro simple y lesiones personales, luego de que en 2008 supuestamente retuvo y causó malos tratos al cabo tercero del Ejército, Jairo Danilo Chaparral Santiago, en una protesta indígena.
En 2010 fue detenido por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante la gestión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien enfrentó en varias ocasiones.
La medida fue rechazada por las comunidades indígenas nasa y guambiana. Posteriormente, fue puesto en libertad.
¿Qué hay detrás del asesinato de líderes campesinos?
En 2010 fue candidato a la alcaldía de Santander de Quilichao y en la actualidad es vocero del Congreso de los Pueblos e investigador de las Rutas para la Paz de los pueblos indígenas de Colombia.
La represión no cesa
El pasado viernes el líder social Daniel Abril, reconocido defensor de derechos humanos en Colombia, fue asesinado en Trinidad (Casanare) en manos de paramilitares.
El dirigente comunitario se había destacado por sus posiciones a favor de las comunidades de las zonas de influencia de la industria petrolera y la protección de los recursos naturales de la región. Estos líderes campesinos e indígenas son perseguidos, desaparecidos y asesinados por denunciar la explotación, el saqueo de los recursos naturales y la contaminación que provocan las transnacionales en sus regiones.
Persiste la tortura en establecimientos carcelarios de Colombia.
Resumen Latinoamericano/Contagio radio/ 17 de Nov. 2015.-
La Misión Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) visitó desde el 9 de noviembre hasta el 13 de noviembre los centros carcelarios del país para hacer seguimiento a una serie de recomendaciones que dio el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) frente a la distintas formas de tortura en el país
La OMCT visitó la cárcel Eron Picota en Bogotá y San Isidro en Popayán. Helena Solá, coordinadora de la OMCT, indicó que se ha instado a Colombia a tomar medidas de forma prioritaria, en temas puntuales como el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, que es un tema crítico y urgente, “un ejemplo de ello es el caso de personas que están a punto de perder miembros por falta de atención y negligencia del sistema”, señala Solá.
Una de las recomendaciones está dirigida a asegurar que exista un sistema de salud accesible cuando los presos lo requieran, además se recomienda la implementación de la Ley 1709 de 2014 por la cual se obliga a las cárceles a tener sus propios centros médicos con atención no solo para temas ambulatorios, sino para afectaciones graves de salud, y en donde también se puedan realizar cirugías básicas y de nivel medio.
Según el INPEC el 56% de las cárceles del país presenta altos niveles de hacinamiento, hecho que se ha denunciado desde tiempo atrás ante distintas autoridades y medios de comunicación.
Solá manifiesta que en los centros carcelarios existe la “necesidad de tener mecanismos eficaces de investigación que permitan revertir la impunidad” ya que no tienen un sistema de recepción de quejas adecuado y estas son recibidas por la policía judicial, lo que genera que los casos de abuso no lleguen a la Fiscalía.
Los presos denuncian “supuestas represalias” cuando se hacen las denuncias, tema que se debe investigar más a fondo por las autoridades. Helena Solá asegura que pese a que la OMCT no tiene una “capacidad punitiva” ya que su función es de supervisión,Colombia debe presentar en mayo del 2016 un informe en que se evidencie si se atendieron o no las recomendaciones hechas por las Naciones Unidas en materia de salud, infraestructura y sistema de recepción de quejas en las cárceles
Foto:elsalmonurbanologspot.com
Guerrilleros en las cárceles reclaman el derecho a la salud
Resumen Latinoamericano/ 15 de Nov. 2015.- La Habana, Cuba, sede de los Diálogos de Paz, noviembre 13 de 2015
Con una jornada de desobediencia civil carcelaria los prisioneros políticos de las FARC-EP confinados en trece cárceles visibilizan ante el país y el mundo su padecimiento por las flagrantes violaciones a sus Derechos Humanos en prisión. Cinco días completan los guerrilleros prisioneros en huelga de hambre desde los penales de ERON-picota, Acacias, Combita, Villavicencio, Buen pastor, Arauca, Cúcuta, Palo gordo en Santander, Jamundí, San Isidro de Popayán, La Dorada, Pedregal y Bellavista de Medellín, Heliconias de Florencia, la Tramacúa de Valledupar y Picaleña de Ibagué.
Nuestros compañeros guerrilleros dan a conocer la petición profundamente humanitaria de que se conceda la libertad, o en su defecto, se extinga la responsabilidad y sanción por razones humanitarias a las prisioneras y prisioneros políticos con graves problemas de salud, a quienes están en la tercera edad o con discapacidades y a mujeres gestantes o lactantes, que se encuentran en situaciones de salud incompatibles con la reclusión. Estos casos suman por lo menos 71 considerando solamente los de gravedad más extrema.
La Jornada Nacional de Protesta, de carácter pacífica e indefinida de más de mil prisioneros se mantendrá hasta cuando se den medidas efectivas que, a los casos de salud más urgentes, se resuelva los problemas de pésima alimentación, el aislamiento familiar, el régimen cuartelario de visitas y las intimidaciones que los funcionarios del INPEC ejercen contra los prisioneros amenazándolos con trasladarlos a los calabozos de aislamiento.
Es urgente mejorar la atención médica para toda la población carcelaria del país. En todos estos años la EPS CAPRECOM ha demostrado incapacidad e ineficiencia para atender los requerimientos de salud de los presos. Las condiciones de salubridad se han agravado en general por la injustificada omisión médica o tratamiento negligente en cabeza del Estado, en contravía de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Se cumple un año de haberse abordado en la mesa medidas de confianza entre las partes y compromisos para el desescalamiento del conflicto, entre los que se encuentra la búsqueda de soluciones a los problemas carcelarios. Es el momento para que se den resultados que correspondan con los múltiples gestos y expresiones de voluntad de paz que las FARC-EP han demostrado desde el inicio del proceso y durante su desarrollo, no solo mediante declaratorias unilaterales de cese al fuego sino mediante la entrega de prisioneros.
Si estamos próximos a la firma del acuerdo final, por qué no disminuir el padecimiento y el dolor de los guerrilleros con estado de salud más graves, como por ejemplo los casos de:
-ISAAC ARIAS LÓPEZ con traumatismos en miembro inferior derecho y codo derecho ocasionado por proyectil de arma de fuego, además de padecer una osteomielitis crónica.
-EDISON MARTÍNEZ LEÓN con tutor hace más de un año en el peroné y la pierna está necrosada. Solo para citar dos casos.
Señores del Gobierno, solo es sentido humanitario lo que piden nuestros guerrilleros y guerrilleras en prisión, mientras se pone en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. Su clamor es por el respeto a las más elementales normas de los Derechos Humanos como son, el Derecho a la salud, a la vida y a la dignidad aun estando en condición de prisioneros. Que el atentado contra la salud de los guerrilleros y guerrilleras no siga haciendo parte del sistema de castigo que imponen las leyes y las prácticas degradadas del sistema penitenciario colombiano.
¡Toda nuestra solidaridad con nuestros compañeros y compañeras que hacen de las cárceles otra forma de lucha!
DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP
Colombia: ¿Qué hay detrás del asesinato de líderes campesinos?
Resumen Latinoamericano, 14 noviembre 2015
Persiguen, desaparecen y asesinan a los integrantes de movimientos sociales que denuncian la explotación, el saqueo de los recursos naturales y la contaminación que provocan las transnacionales.
Fabián Leverde ofrece a teleSUR sus impresiones.
El líder social Daniel Abril, reconocido defensor de derechos humanos en Colombia, fue asesinado este viernes en Trinidad (Casanare) en manos de paramilitares.
El dirigente comunitario se había destacado por sus posiciones a favor de las comunidades de las zonas de influencia de la industria petrolera y la protección de los recursos naturales de la región.
El defensor de Derechos Humanos de esa nación, Fabián Leverde, ofreció una entrevista exclusiva para la web de teleSUR, a propósito del asesinato de Abril.
¿Cuál es el panorama de los derechos humanos en la región donde fue asesinado Daniel Abril?
Lo que sucede en esta región no es nada particular a lo que está sucediendo a nivel nacional. Existe un patrón de comportamiento bastante fuerte y reiterativo que se está viviendo en todas las regiones. Si revisamos en suroccidente la situación es muy grave en el departamento del Cauca, de Nariño, de Putumayo (suroeste).
Si miramos al oriente colombiano, que es la región donde han asesinado cobardemente a Daniel Abril, la situación se repite. En este sentido identificamos varios elementos importantes.
El primero, una negativa por parte del Gobierno nacional en reconocer que existe paramilitarismo. Segundo, hay negligencia absoluta frente a las denuncias que desde el movimiento social realizamos en cuanto a las situaciones de amenazas y en las acciones concretas contra nuestros habitantes de estos territorios.
Todo eso está ligado a la oposición frente al tema de la extracción de los recursos naturales por parte de nosotros los defensores de los derechos humanos y de las organizaciones populares y campesinas. Por ejemplo, como pasa en los llanos orientales, una región productora de petróleo en grandes proporciones y especialmente en el departamento de Casanare.
Hace más o menos 30 años, Casanare fue tristemente célebre por la presencia de la compañía British Petroleum, que a la par de la explotación, del saqueo de los recursos naturales y de la contaminación hídrica, también emprendió una persecución a los líderes sociales y fortaleció el aparato paramilitar.
Justo donde asesinaron a Daniel Abril, el año pasado las comunidades denunciaron los daños ambientales, la represión y la criminalización de los movimientos sociales. Fue así como junto al senador Iván Cepeda realizamos una audiencia pública en el municipio de Casanare. Debido a la cantidad de denuncias se hizo otra audiencia, sin embargo, nada nuevo ha pasado.
¿De dónde provienen las principales amenazas a estos líderes sociales?
Aunque no tenemos pruebas para demostrarlo de manera tangible, podemos asegurar que cuando las organizaciones y los movimientos sociales hacen algo con relación al tema de las afectaciones por parte de la industria petrolera, inmediatamente hay reacciones.
Por ejemplo, durante 1998 y 2003 ocurrió una oleada de desapariciones forzadas en el departamento de Casanare, donde se usó el aparato paramilitar de manera descarada para realizar este tipo de acciones.
Algunas investigaciones de la Fiscalía General de la Nación han dado cuenta que estas acciones están ligadas a intereses de gobernantes, es decir, no es una situación a espaldas de los gobernantes de turno para esas épocas, sino que ha sido una estrategia de exterminio del movimiento social.
También actúan bajo la excusa de luchar contra los insurgentes e instalan bases militares en las zonas mencionadas. Lo más grave aún es que cada vez que las comunidades reclaman sus derechos con movilizaciones en las vías que conducen a la planta petrolera, inmediatamente reaccionan para atacarlos.
Posteriormente vienen las amenazas y hechos como la muerte de Daniel Abril.
¿Cuáles son los mayores peligros que ve en estos momentos?
El simple hecho de dar esta entrevista ya se convierte en una amenaza, el simple hecho de visibilizar y de denunciar se convierte en una amenaza. La principal amenaza es la negligencia por parte del Estado colombiano y la factibilidad en términos de la legislación a las empresas multinacionales.
El Estado colombiano se contradice cada vez que afirma que estamos cerca de alcanzar la paz, pero todos los días militariza más la vida civil. Todos los días ataca y combate a las personas que se organizan y defienden públicamente sus derechos.
Ellos buscan generar miedo y zozobra e intentan desmovilizar a los movimientos sociales en la región.
¿Cómo ve el tema de la paz en Colombia?
Como movimiento social consideramos que la paz no consiste solamente en el discurso que está vendiendo el Estado colombiano sobre desmovilizar o de acabar con la insurgencia.
La paz tiene que ver con garantías reales con referencia al tema de organización de la asociación, así como las garantías reales, porque el problema del conflicto armado en Colombia no se generó porque algunos desocupados quisieron armarse, sino que tiene origen social y político y eso no se resuelve solamente con la dejación de las armas.
La paz se hace construyendo y creando política social verdadera. En Colombia no puede existir paz si los pobres no tenemos derecho a terminar el bachillerato o ir a la universidad. Si los pobres, que somos las grandes mayorías, no podemos ir a un centro hospitalario porque si no tenemos dinero nos morimos.
En Colombia no puede existir paz si nos siguen matando como mataron cobardemente a Daniel Abril. Ayer mientras discutíamos con la viceministra del Interior y con delegados del ministerio de Defensa y cuando personalmente denunciaba la grave situación que atravesaba el departamento de Casanare, justo en ese momento asesinaron a nuestro compañero Daniel Abril.
Esto es bastante indignante y doloroso, pero no nos vamos a quedar callados. Daniel Abril somos cada uno de nosotros. No están matando a un hombre, sino que revitalizan la vida que él mismo nos enseñó a defender.
Asesinan a Daniel Abril, dirigente social del Congreso de los Pueblos
Resumen Latinoamericano / 14 de Nov.2015.-
Ayer 13 de noviembre hacia las 7 de la noche, en el municipio de Trinidad, Casanare, el reconicodo líder social recibió tres disparos de arma de fuego. Destacado por su lucha en defensa del medio ambiente, había denunciando a las petroleras por la sequía en la región. Era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Chochos.
Abril fue uno de los líderes que junto al movimiento social de la región Centro Oriente propició las dos audiencias senatoriales realizadas en el municipio de Trinidad, donde se realizaron denuncias por parte de la comunidad respecto a los daños ambientales ocasionados por las petroleras que operan en eata región del país.
Uno de sus últimos aportes al trabajo social de fue el impulso de la firmatón por la renuncia de la directora de Coorporinoquia Martha Plazas. En esa actividad se recogieron alrededor de 1400 firmas de personas que expresaron su inconformidad por la mala gestión de la directora de esta corporación respecto a la protección del medio ambiente.
“Daniel Abril hizo parte activa de la cruzada ambiental de Casanare y la firmatón por la renuncia de la directora de Coorporinoquia, realizados en meses pasados” expresó Isaac Marín, compañero de Abril e integrante del Coordinador Nacional Agrario.
Un año de atentados y persecusiones al Congreso de los Pueblos
En enero de este año, el Movimiento Social y Politico del Centro Oriente de Colombia y el Congreso de los Pueblos denunciaron el asesinato de otro de sus líderes comunitarios, Carlos Pedraza.
En esa ocasión las pericias forenses confirmaron que el ditigente social fue rematado con un disparo en la nuca a corta distancia. Más recientemente, 11 jóvenes líderes sociales de Bogotá, también pertenecientes al Congreso de los Pueblos, fueron detenidos en el mes de julio en el marco de una cuestionada causa en la que se los señalaba de ser partícipes de actos violentos, aunque finalmente fueron puestos en libertad por irregularidades en la instrucción de la causa.
En ese caso, el propio presidente Santos y el Comandante de la Policía Nacional, General Palomino, se habían puesto al frente de la campaña de difamaciones contra los jóvenes, acusándolos de realizar acciones guerrilleras, aunque nada de eso pudo demostrarse.
“Este tipo de persecuciones dan pie a los grupos paramilitares que, con base en falsos señalamientos a líderes sociales, accionan atentando contra la vida de valiosos compañeros”, habían señalado en esa ocasión voceros del movimiento social.
Envío:ResumenLatinoamericano
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