Eduardo Arriagada y Sergio Rosende fueron sentenciados a 20 años por autoría de dos homicidios consumados y cinco frustrados en 1981. Otros tres oficiales retirados fueron condenados a 10 años y un día por haber sido cómplices de la implementar toxina botulínica.
Martes 21 de febrero de 2017
La neurotoxina, considerada un arma química de destrucción masiva, acabó con la vida de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz.
La Justicia dictó condenas contra cinco militares en retiro que envenenaron con la llamada toxina botulínica a opositores de la dictadura de Augusto Pinochet mientras estaban detenidos en una cárcel de Santiago en 1981.
Tras una larga investigación, el juez especial Alejandro Madrid condenó a 20 años de prisión a Eduardo Arriagada Rehren, ex director de Sanidad del Ejército, y a Sergio Rosende Ollarzú, como autores de dos homicidios consumados y cinco frustrados.
En tanto, los oficiales retirados Joaquín Larraín Gana, Jaime Fuenzalida Bravo y Ronald Bennett Ramírez fueron sentenciados a 10 años y un día de prisión como cómplices.
Además, el juez condenó al Estado de Chile al pago de una indemnización de 950 millones de pesos a los familiares de las víctimas.
La implementación por parte de dichos miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) del Ejército de la neurotoxina, considerada un arma química de destrucción masiva, acabó con la vida de Víctor Corvalán Castillo y Héctor Pacheco Díaz, presos por causas comunes.
Además, resultaron graves Guillermo Rodríguez Morales, Ricardo Aguilera Morales, Elizardo Aguilera Morales, Adalberto Muñoz Jara y Rafael Garrido Ceballos, cinco reclusos pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que compartían sus raciones alimenticias con los fallecidos.
Según la investigación del caso, la toxina botulínica fue enviada desde Brasil a petición de la DINA hasta su laboratorio secreto en calle Carmen, en pleno centro de la capital, e introducida a la cárcel en diciembre de 1981.
Cuando los presos comenzaron a sentirse mal, en la enfermería de la cárcel se les diagnosticó "gastritis aguda" y se les devolvió a sus celdas y con la intervención de la Iglesia Católica, a petición de los familiares de los reclusos, se les trasladó a centros asistenciales, pese lo cual dos de ellos murieron.
Durante la dictadura, según cifras oficiales, unos 3 mil 200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos y otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por motivos políticos
Fuente:Cooperativa.cl
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