ARIAS GIBERT REACCIONÓ ANTE LA DENUNCIA DE TRIACA
"Hay una policía de pensamiento"
“Esto es como crear una policía del pensamiento.” Así definió el camarista Enrique Arias Gibert al pedido de juicio político que el Ministerio de Trabajo presentó en su contra por dictar el fallo que obligó al Gobierno a aceptar el acuerdo paritario entre los bancos y los trabajadores de ese sector. El magistrado sostuvo que el cuestionamiento que se le hizo por esa medida “no es muy republicano” y advirtió que es parte de una política que puede “producir una desaparición de la división de poderes”.
Para Arias Gibert, el hecho de que a un juez se le haya iniciado un proceso de enjuiciamiento por estar en contra de la postura de la cartera laboral "es como que se decida iniciarle un juicio político a un diputado por haber dicho algo en la propia Cámara de Diputados”.
"Es como que se decida iniciarle un juicio político a un diputado por haber dicho algo en la propia Cámara de Diputados”.
El fallo de este camarista y de su par Graciela Marino, de quien también Jorge Triaca pidió su juicio político, avaló el acuerdo por el cual la Asociación Bancaria consiguió un aumento del 23,5 por ciento. Esa cifra rompió el techo del 20 por ciento que intenta imponer la gestión de Mauricio Macri.
Inicialmente, el Gobierno se negó a reconocer esa paritaria para no sentar un precedente de acuerdos por encima de esa cifra, pero el gremio bancario presentó una cautelar para que se avale ese aumento y, finalmente, lo logró.
Tras este revés, a Triaca no le quedó más remedio que firmar el convenio salarial pero ayer denunció ante el Consejo de la Magistratura a los camaristas que con su fallo le pusieron un freno a su intervención. Los acusó de “mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, arbitrariedad, falta de imparcialidad e incumplimiento de la Constitución”.
"Soy juez desde 1989. No viví nunca algo como esto, y mire que he dictado sentencias que no le gustaron a ninguno de los Poderes Ejecutivos", enfatizó Arias Gibert en diálogo con el programa Te Quiero, por la AM 750, y consideró que el pedido de juicio político "es un acto impropio del ministro Triaca".
Una de las explicaciones que dio la cartera laboral para cuestionar el fallo judicial en su contra fue que una de sus competencias es homologar o no homologar los acuerdos salariales entre partes. Arias Gibert destacó esto no necesariamente es así y explicó que la paritaria bancaria “en ningún momento se homologó o dejó de homologar”.
Para el camarista, con la decisión del Poder Ejecutivo de no reconocer ese acuerdo salarial “se le estaba sacando” a los trabajadores y a los empleadores “el derecho de tener paritarias”, algo que “no es un derecho de la Justicia ni del Poder Ejecutivo”.
“La función de la Justicia no es tampoco de homologar (un acuerdo de ese tipo) sino evitar la arbitrariedad y evitar que se pueda producir un daño” que, en este caso, se hubiera producido si el Gobierno no aprobaba la paritaria, concluyó.
Según Arias Gibert, detrás del pedido de juicio político en su contra hay un mensaje que se les envía a los magistrados que fallan contra una decisión del Poder Ejecutivo: “Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’”.
“Tratan de decir ‘si hacen esto, les podemos dar un dolor de cabeza’”.
A pesar de ello, el camarista negó sentirse presionado por esa denuncia y subrayó que “el deber de un juez no es sentirse amedrentado” sino “garantizar el Estado de derecho” para todos, “le guste a quien le guste”. “Yo no fallo a favor del trabajador sino a favor del derecho”, remarcó.
“Podemos equivocarnos", concedió el camarista aunque denunció que si un gobierno “sanciona a las personas por opinar algo dentro de su espera de competencia, hay una policía del pensamiento”.
Por otra parte, aseguró que desde 1989, año en que fue designado como juez, “nunca” le ocurrieron situaciones como estas, y recordó que en el derecho rige el concepto de que “los jueces no pueden ser juzgados por sus sentencias”, porque hacerlo sería como “juzgar al órgano constitucional competente de decir el derecho del modo que lo dice”.
21 de febrero de 2017
LA GENDARMERÍA FUE AL MINISTERIO DE COMUNICACIONES A BUSCAR TODA LA DOCUMENTACIÓN DEL ACUERDO POR EL CORREO
La Justicia tocó la puerta de Aguad
El procedimiento lo ordenó Ariel Lijo, a cargo de la causa en la que están imputados el Presidente y los funcionarios involucrados en el arreglo con el Grupo Macri. El juez le dio a Aguad 24 horas para que entregue los documentos que le requirió.
Por Irina Hauser
En un procedimiento similar a un allanamiento pero algo más amigable llamado como “orden de presentación”, un equipo de agentes de Gendarmería se presentó ayer en el Ministerio de Comunicación para exigir todos los antecedentes y documentación del concurso de acreedores del Correo Argentino, las ofertas que hizo la empresa para el pago de la deuda, las distintas intervenciones que tuvo el Estado, la designación para actuar en el caso del director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y todo lo que dé cuenta de cómo se llegó al acuerdo que finalmente fue frenado por la oposición de la fiscal Gabriela Boquín, quien lo consideró ruinoso para las arcas públicas. Con esta medida, el juez federal Ariel Lijo inauguró la investigación que en principio tiene por imputados al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a Mocoroa, aunque se perfila como de más amplio espectro.
Lijo le fijó un plazo de 24 horas al Ministerio para que entregue toda la documentación que le requirió. También le envió un oficio a la Cámara Comercial, donde actualmente tramita el concurso preventivo del Correo, para que le aporte el material necesario para reconstruir cómo fue que después de algo más de 15 años se llegó al acuerdo firmado en junio del año pasado, que según Boquín implicaría una condonación del 98,87 de su deuda, que hoy asciende a 4000 millones de pesos. A la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General (AGN), que son órganos de control, el primero interno y el segundo externo (parlamentario), les reclamó todos los informes que hayan hecho sobre el tema. La AGN fue, como informó ayer PáginaI12, el organismo que advirtió ya entre 2001 y 2002 los incumplimientos del Grupo Macri cuando dejó de pagar el canon del Correo y computó despidos de trabajadores como si fueran inversiones.
Algunas de las medidas de prueba habían sido pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien formuló las imputaciones que dieron comienzo a la causa. Por ahora Lijo no hizo lugar a su pedido de imponer el secreto de sumario. En este expediente se fueron acumulando denuncias presentadas después de que la fiscal Boquín puso el alerta sobre el acuerdo que calificó directamente como “ruinoso” y “abusivo” para el Estado. Primero fue un abogado particular, Daniel Igolnikov, luego los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y otros abogados.
Del dictamen inicial de Zoni se desprendían los posibles delitos de defraudación al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Tomaba algunos de los planteos centrales que surgían del dictamen de Boquín: que el convenio iba beneficiar a los dueños del Correo (miembros del a familia Macri) y a perjudicar al Estado, que el Gobierno mandó a la audiencia para acordar el pago de la deuda a un funcionario, Mocoroa, ubicado en una cadena dependencia jerárquica que lo vincula con el presidente Macri, que este funcionario aceptó la oferta del Correo según “instrucciones” recibidas, y aunque tenía una designación transitoria (por 180 días en su cargo) sin mandato específico para esta cuestión. “El Presidente de la Nación resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto”, afirmaba el fiscal en el texto de la imputación.
Pero además Zoni tomó un punto del planteo de la fiscal que va a ser clave: es el que dice que la empresa concursada habría incurrido en una “manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores privados”. Sería una maniobra, una simulación, para lograr el acuerdo. Es que en el proceso concursal desde ya intervienen todos los acreedores, no solo el Estado, y la empresa necesita tener mayoría de capital y mayoría de apoyo de los accionistas en la asamblea. ¿Cómo hace para que lo apoyen aquellos a quienes les debe? Habría utilizado mecanismos para comprar su propia deuda. En el caso de los acreedores más chicos, a través de “cesiones de crédito, pagos por subrogación y otorgamiento de poderes irrevocables” a apoderados “vinculados a la concursada” misma. Pero así como hubo acreedores por montos bajos, también están los bancos, acreedores por unos 400 millones de pesos, que tuvieron un peso determinante en el voto favorable: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Río y la Corporación Financiera Internacional. Lo que sucede es que estos cedieron créditos al Meinl Bank que, coincidencia, tiene vinculación monetaria con Sideco, la firma de los Macri que controla a Correo Argentino.
En la investigación penal, otro de los datos que podría ser tenido en cuenta para evaluar si hubo “dolo” o “intencionalidad” en la firma de un acuerdo perjudicial, es la demanda que inició el Correo contra el Estado, en reclamo de un resarcimiento por el supuesto daño económico que habría sufrido como consecuencia de la estatización. Ese reclamo fue presentado 25 días antes del acuerdo y poco después de firmarlo la empresa incluso modificó el monto de lo que reclamaba. Boquín sostuvo que era un acto de mala fe. El doble juego que el Gobierno asumió ayer tiene sus riesgos: desconocer tanto el acuerdo como la demanda por daños podría ser interpretado como una confesión de una irregularidad.
La denuncia de la PIA, que comanda Rodríguez, ya fue enviada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a Lijo, y sumará complejidad ya que pone énfasis en rastrear si con años atrás ya hubo un perjuicio patrimonial al Estado, producto de la falta de cobro de la deuda o de otros posibles acuerdos dudosos.
Cerruti y Sabbatella presentaron una ampliación de su denuncia. Está basada en la aparente existencia de un informe del Banco Nación previo a la firma del acuerdo, cuando estaba a cargo de la entidad Carlos Melconian, donde advertía que la propuesta era mala para los intereses estatales y debía ser rechazada. Los denunciantes plantean que es inverosímil que Mauricio Macri no supiera nada -como alegó públicamente- empezando por su cercanía con Melconian y porque la fuente era el Nación. También se detienen en la conferencia de prensa en la que el Presidente anuncia la vuelta a fojas cero, algo que advierten como una forma de dar por sentado que “cuenta con la aprobación del deudor”. “Teniendo en cuenta que ningún empresario que busca maximizar ganancias acordaría anular un convenio que le es sumamente beneficioso, resulta más que claro que eso es posible únicamente porque Macri es quien toma las decisiones de los dos lados”, dicen.
Habrá que esperar a ver ahora si el ministerio entrega toda la documentación, si “la justicia” investiga realmente o sobreactúa ante el escándalo y si los movimientos judiciales que intenta el Gobierno en los otros frentes (la causa comercial y la demanda por daños) tienen algún impacto en la investigación penal.
Fuente:Pagina12
Crece el escándalo del Correo: "Tenemos muchas preguntas para Aguad y Laura Alonso"
Martes 21 de Febrero
El titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, Juan Brügge, aseguró que "el foja cero no existe, es un anhelo del Presidente".
Crece el escándalo del Correo: "Tenemos muchas preguntas para Aguad y Laura Alonso" En la previa de la visita del ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, quien se presentará esta tarde en el Congreso, el titular de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, el también cordobés Juan Brügge, insistió con el pedido de que den explicaciones también la funcionaria Laura Alonso (Oficina Anticorrupción) y Franco Macri. En este último caso, alcaró que "podría ser invitado a declarar, pero depende de él".
Brügge, integrante del bloque massista en la cámara baja y vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, señaló esta mañana en diálogo con el programa Mañana Sylvestre, de Radio 10, que “Los diputados de la Comisión le van a hacer preguntas a Aguad. Tenemos que hacerles muchas preguntas a Aguad y a Laura Alonso".
Consultado sobre los anuncios de Macri de la semana pasada, cuando dijo que el acuerdo por el cual el Gobierno beneficiaba al grupo Macri con 70.000 millones de pesos no será ejecutado, el legislador advirtió: “El 'Foja Cero' no existe en términos jurídicos. Es un anhelo del presidente".
Aguad tendrá 45 minutos para exponer, tras lo cual los diputados, tanto los que integran la comisión como otros que quieran participar del encuentro, podrán disponer de 5 minutos para formular preguntas vinculadas a los dichos del funcionario.
Aguad está imputado junto al presidente Mauricio Macri por presuntas irregularidades en el acuerdo. El fiscal federal Juan Pedro Zoni consideró que ese convenio generó un "perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado".
Fuente:InfoNews
21.02.2017
ECONOMÍA
La deuda emitida por Macri es igual al total de las reservas del BCRA
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La cifra surge de sumar las emisiones por parte del Estado Nacional en dólares, por u$s 38.200 millones a los que se agregan las que concretaron las provincias entre el año pasado y lo que va de 2017, que llegan a u$s 9100 millones. La emisión de deuda en dólares desde el día en el que asumió Mauricio Macri, entre las provincias y el Estado Nacional equivalen al monto de reservas internacionales en el Banco Central. Entre las colocaciones del Estado Nacional y las de las provincias se llega a u$s 47.300 millones, mientras que las reservas internacionales cerraron ayer en u$s 49.051 millones.
"En total, al contabilizar toda la deuda en dólares, teniendo en cuenta el stock de Letes que se adeuda con el sector privado y el repo (préstamo de corto plazo) que se consiguió con los seis bancos que ayudaron a colocar la deuda en enero de este año se llega a u$s 38.200 millones", explicó el economista Hernán Hirsch a El Cronista.
El Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo colocó u$s 7000 millones en mercados internacionales (mediante la reapertura de bonos en dólares con vencimientos a 5 y 10 años). Unos días antes, a través de los seis bancos colocadores, había conseguido u$s 6000 millones mediante un préstamo a 18 meses de plazo. Esos u$s 6000 millones aún no fueron ingresados a las reservas internacionales.
Solamente durante el mes de enero, el Gobierno se hizo con u$s 13.000 millones, a los que se suma las colocaciones en moneda local. "Se adelantaton muchas de las colocaciones para anticiparse al pago de los vencimientos que se avecinan", destacó al matutino Ramiro Castiñeira, economista de Econométrica.
Las colocaciones concretadas durante el año pasado por Córdoba, Santa Fe, Chubut, Chaco, Mendoza, Salta, Neuquén y Buenos Aires; alcanzaron los u$s 7050 millones, a los que se se agregan las que se hicieron en lo que va del 2017. De esta manera, suman, hasta el momento, u$s 9100 millones.
21.02.2017
OLLAS POPULARES
Organizaciones sociales exigen la reglamentación de la ley de Emergencia Social
Los manifestantes realizarán cortes en Congreso, Retiro y Puente Pueyrredón para exigir la reglamentación de la ley que declara la emergencia social y alimentaria por un año en todo el país, promueve la creación de nuevos empleos y fortalece la economía popular. La medida fue aprobada en diciembre del año pasado.
Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) realizan un acampe en el Obelisco y una protesta con ollas populares para pedir la reglamentación de la ley de Emergencia Social que fue aprobada a fines del 2016.
Las organizaciones también reclaman por los "20 mil trabajadores" que, según denuncian, se verían afectados por la discontinuidad de los planes Construir Empleo y Programa de Trabajo Autogestionado.
"Acá, con las políticas que se están llevando adelante, no hay emergencia social que aguante. El problema es que se recorta el empleo, se abren las importaciones, lo que complica a las PYMeS y destruye el empleo. Esto no lo resuelve solamente la emergencia social", señaló Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, en declaraciones a la agencia NA. Desde la organización adelantaron que a partir de las 9 habrá cortes parciales en Congreso, Retiro y Puente Pueyrredón.
Desde esos puntos los manifestantes se dirigirán al Obelisco.
Fuente:PoliticaArgentina
Martes 21 de Febrero de 2017
Argentina gasta 3 millones de euros en una feria de arte de la que excluye a las provincias
La costosa presencia en la feria Arco, con base en Madrid, sólo cuenta con galeristas porteños. Macri y Juliana Awada acompañarán a su sobrina durante la inauguración.
La feria internacional de arte Arco, que tendrá sede en Madrid entre el 22 y el 26 de febrero, tiene como invitada de honor a Argentina. Se trata de un evento en que el país tiene la oportunidad de desplegar un abanico de la producción plástica local. Por eso sorprende tanto que el dinero de las arcas públicas se concentre exclusivamente en la producción de artistas porteños.
El dato no es menor, ya que no sólo se ignora olímpicamente la producción de las provincias, sino que se usa su dinero para sostener la más que costosa presencia de la Ciudad de Buenos Aires. El valor de la participación asciende a 3 millones de euros (casi 50 millones de pesos). Entre los participantes, se encuentra la galerista María Calcaterra, sobrina de Mauricio Macri e hija de Ángelo Calcaterra. Este último es uno de los principales favorecidos por la obra pública de la Ciudad y está siendo investigado por lavado de dinero.
El ministro Pablo Avelluto, además, expuso su expreso convencimiento de que esta muestra de la industria cultural argentina se diferencie de la de los gobiernos kirchneristas, esto es, no hacer énfasis en el pasado sino en el presente, es decir, en el arte contemporáneo: “Nosotros queremos trabajar sobre la cultura del presente. Queremos promover la Argentina contemporánea, a los artistas argentinos contemporáneos, sean del color político que sean”. Sin embargo, luego de muchas idas y vueltas la actual gestión ha decidido (nuevamente) que la Argentina termina en la Av. General Paz, aunque deban pagar por ella todos los argentinos. A estas alturas, se podría decir que la política migratoria macrista da un giro payasesco, excluyendo a todo no porteño de la feria Arco.
La encargada de la selección de galerías y artistas fue Inés Katzestein, directora de arte de la Universidad Torcuato Di Tella. Este último dato resulta relevante –para que el “índice de sorpresa” no decaiga– por la gran cantidad de artistas seleccionados que están relacionados a dicha Universidad. Katzestein afirmó su criterio: “Esto es una feria de arte y no me voy a hacer cargo de una bandera”, sin embargo, lo que parecía ser apenas una aserción ideológicamente liberal, se descubrió como una acción local sin ninguna otra pretensión más que promover algunas galerías de arte.
La presencia de Argentina, finalmente, recalca que la asociación de fabulosas sumas de dinero público, empresas privadas y familia marcan la gestión del actual gobierno en todas sus esferas y es lo que realmente determina la dirección de las políticas públicas, también en el terreno del arte plástico y las industrias culturales.
Fuente:TiempoAr
REUNIÓN CUMBRE
La CGT sumó al PJ para la movilización del 7 de marzo
Se realizó la reunión entre el triunvirato que conduce la CGT y los principales referentes del justicialistas, quienes garantizaron su participación en la marcha de protesta. De la
Lunes 20 de febrero de 2017
Este lunes se llevó a cabo un encuentro entre el triunvirato que conduce la CGT reunificada y la conducción del Partido Justicialista, en la sede nacional de este partido, como parte de consultas a las distintas fuerzas políticas que realiza la central sindical.
Al término de la reunión, los dirigentes gremiales y políticos peronistas coincidieron en participar de la marcha que la CGT realizará el próximo 7 marzo como parte de un plan de lucha que eventualmente llegará a “una medida de fuerza con cese de actividades”.
Así lo señaló uno de los triunviros, Héctor Daer, quien precisó que "hay hechos objetivos que ameritan que estemos más cerca de una medida directa con cese de actividades, falta fijar fecha y modalidad" para ese paro.
El titular del PJ, José Luis Gioja, anunció por su parte que “el justicialismo apoya la movilización del 7 de marzo, y apoya cualquier expresión y acto en línea con recuperar los derechos de los trabajadores".
Fuente:DiarioRegistrado
Denuncian que el plan Transformación Productiva esconde una brutal precarización
Los trabajadores aseguran que el salario es más bajo que el que tenían antes de ser echados. Además, deberán viajar más de 60 kilómetros por día.
Gino Viglianco
21 DE FEBRERO 2017
Los trabajadores de la fábrica de computadoras y tablets Banghó que cerró semanas atrás en el partido de Vicente López por la quita del arancel a las importaciones de productos informáticos denuncian que no recibieron ninguna comunicación oficial del Gobierno, ni de la empresa, que asegure que serán contratados en Cañuelas por la compañía Visuar Samsung como anunció el Ministerio de Producción ayer en un comunicado.
"No tenemos ningún comunicado oficial hacia nosotros. Todo lo que sabemos es por trascendidos del periodismo", aseguró a El Destape, Emiliano Gallo, el secretario de prensa de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y referente del gremio en Vicente López.
Gallo denunció que las condiciones para la recontratación de trabajadores es precaria. "Por qué un trabajador de Banghó que tenía un sueldo de 16 mil pesos, va a aceptar cobrar un mínimo de 8 mil pesos. Este es un plan que deja fuera el convenio, es un plan de precarización", afirmó.
El dirigente gremial además dijo que los empleados deberán viajar más de 60 kilómetros todos los días para poder llegar a su nuevo puesto de trabajo, en Cañuelas, en caso de ser contratados. "En Banghó hay muchas mujeres que fueron despedidas y que tienen hijos, además de ser el único sostén de la familia. ¿Cómo van a hacer para viajar todos los días?", explicó.
Desde el Ministerio de Producción explicaron a El Destape que el plan Transformación Productiva establece que el Estado subsidiará a la empresa Visuar Samsung por nueve meses con 8.080 pesos por cada trabajador contratado. El resto del sueldo deberá ser acordado entre la empresa y el trabajador.
El problema que señalan desde la UOM es que el Gobierno no establece un sueldo mínimo para los trabajadores recontratados y a su vez no garantiza la continuidad de los puestos luego de que finalicen los nueve meses de subsidio del Estado.
Desde Producción además dijeron que no hay plazos para la incorporación de los trabajadores y dijeron que el primer paso es que Visual Samsung entreviste a los desvinculados de Banghó, Alpargatas e Informática Fueguina para cubrir los 250 puestos de trabajo que creará entre abril y mayo próximos. ¿Aceptarán los empleados de Tierra del Fuego en venir a Cañuelas para trabajar por un sueldos e piso de 8 mil pesos?
Fuente:ElDestape
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