El abogado y ex diputado nacional Ramón Torres Molina se refirió a la actual discusión por el beneficio a genocidas y sostuvo que la nueva ley que discute el Congreso es innecesaria ya que la legislación vigente es suficiente.
Por Roberto Álvarez Mur
May 12, 2017
En el marco del grito unánime de repudio al beneficio de 2×1 a genocidas condenados, que el miércoles reunió a medio millón de personas en Plaza de Mayo, el especialista Ramón Torres Molina profundizó respecto de distintas aristas del fallo y lo que representa en términos tanto jurídicos como morales.
Durante la entrevista realizada en Radio Universidad, en diálogo con el conductor Marcos Clavellino, el abogado, ex diputado nacional y antiguo titular del Archivo Nacional de la Memoria se explayó sobre la repercusión social que adquirió el fallo pronunciado por los jueces Rosatti, Highton y Rosenkrantz, hoy repudiados por un amplio conjunto de la sociedad civil y señalados por varios sectores políticos para ser llevados a juicio y destituidos.
“Ha habido una respuesta unánime contra un fallo que a todas luces viola las normas vigentes. Nos sólo el sistema internacional de derechos humanos, sino por una errónea interpretación del Código Penal y la retroactividad de la ley más benigna”, manifestó Torres Molina.
“Este fallo desbordó a los propios impulsores y la respuesta fue notable. Sin duda, aunque se mantengan las tendencias a la impunidad, el fallo este no se va a volver a aplicar. La sociedad ha tomado conciencia”, completó.
Asimismo, sostuvo que el fallo de los jueces mostró una clara sintonía común con el rumbo político e ideológico que posee el Gobierno macrista, que a último momento debió tomar partido frente al repudio generalizado que provocó este fallo de la Justicia, embanderada por su “independencia” del poder político como eslogan de campaña para Cambiemos.
“Existe una política de sectores del Gobierno que impulsan un viraje a la impunidad y la limitación de la conciencia del pueblo en relación con los crímenes de lesa humanidad. Toda esta política que tienda a una posible reconciliación con personas que han cometido crímenes atroces ya se manifiesta en elementos como la prisión domiciliaria”, advirtió.
En esta línea, Torres Molina afirmó que la nueva ley que se trató esta semana en el Congreso para frenar el avance del 2×1 resulta innecesaria debido a que ya existen legislaciones previas en la materia, y que se trató de un gesto “político más que jurídico”.
“La ley que se sancionó es innecesaria. La interpretación correcta de la ley de 2×1 y del sistema internacional de derechos humanos impide la aplicación de lo que hizo la Corte. Lo que tendrían que haber hecho los jueces es aplicar lo que debería haber estado vigente. Ya hay una ley de 2015 que expresamente dice que cualquier decisión que impliquen modificar las condenas de esta clase de delitos es nula, y que es nula cualquier amnistía, indulto o conmutación de pena”, analizó.
“Ya hay leyes suficientes, así que a esta decisión del Congreso de dictar una nueva ley yo le doy un valor político y no jurídico. La jurisprudencia internacional, a la que estamos obligados por pactos que firmó nuestro país, impide todo esto que resuelve la Corte”, recordó.
Por último, Torres Molina se pronunció respecto de las decisiones parlamentarias que llevaron a que Rosatti, Highton y Rosenkrantz lograran llegar a las bancas que hoy ocupan y la necesidad de sancionar a futuro el accionar de los magistrados.
“Hay sectores que otorgaron este acuerdo con conciencia de lo que representaban estos jueces, en sentido económico, instancias de política exterior. Son votos injustificables, condenables. Los senadores son responsables también del fallo que se dictó”, dijo el abogado.
Respecto del pedido de juicio político a los tres jueces, definió: “Está justificado el juicio por prevaricato. Y hay que analizar si el fallo de estos jueces en contra de la ley es por intereses personales o por mera ignorancia del derecho internacional de los derechos humanos”.
Fuente:Contexto
No hay comentarios:
Publicar un comentario