Resumen Latinoamericano*, 1 de marzo de 2019.
Fotografías: Jorge Form
Una multitud de ciudadanos protestó en la Ciudad de Buenos Aires y otros puntos del país contra las políticas neoliberales del Gobierno argentino.
Horas después de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, brindara su discurso anual ante el Congreso este viernes, una multitud de ciudadanos protestó en la Ciudad de Buenos Aires (capital) contra las políticas neoliberales del Gobierno.
La convocatoria realizada a través de las redes sociales con la etiqueta #1MRuidazoNacional replicó en varias de las grandes ciudades del país, y tuvo su epicentro en la emblemática Plaza de Mayo de la capital, frente a la Casa Rosada (sede de Gobierno).
Hasta allí llegaron organizaciones políticas, sociales, sindicales, y sectores autoconvocados, que centraron sus reclamos contra el aumento de las tarifas en los servicios públicos, el severo ajusteen las áreas de salud y educación, y el aumento del desempleo y la pobreza en la nación suramericana.
“Más allá de las banderas políticas, estamos acá en contra de los tarifazos, en contra del ajuste y en defensa de la educación pública”, expresó uno de los asistentes en declaraciones a la televisión argentina.
Otra ciudadana dijo que se acercó a la manifestación “indignada por el discurso que hizo el presidente, porque parece que está viviendo en otro país”.
“Escuché al presidente y sentí que nos toma el pelo de una forma descarada (…) ha hipotecado el país y sentó las bases para seguir fugando su dinero y para que puedan seguir evadiendo”, fustigó el párroco Francisco Oliveira, referente del colectivo Curas en la Opción por los Pobres.
Los ruidazos que se realizan todos los días viernes contra la política económica del Gobierno argentino iniciaron diez semanas atrás y han ido creciendo en convocatoria y organización.
La jornada de protesta de este viernes fue entendida como un rechazo generalizado de los ciudadanos al discurso del mandatario ante el Congreso. Al dar inicio al periodo legislativo de este año, el presidente Macri justificó las alarmantes cifras de pobreza, desempleo y endeudamiento externo con una supuesta “pesada herencia” recibida de gobiernos anteriores.
Telesur
Primer DNI ni Masculino ni Femenino: “Femineidad Travesti”
Mariana DM, Revista Resistencias-Resumen Latinoamericano, 02 de Marzo de 2019.
Por primera vez en la historia, nuestro país tendrá un documento de identidad con la opción “femineidad travesti” en el lugar asignado para el sexo. Así lo estableció el Juzgado 7 de lo civil de la Ciudad de Buenos Aires para el caso de Lara María Bertolini. Ella es activista trans en el colectivo Lohana Berkins, estudiante de derecho y trabajadora del Ministerio Público Fiscal.
La jueza nacional en lo civil, Myriam Cataldi, sostuvo que respetar la identidad de género es una cuestión de derechos humanos. El fallo se basa, principalmente, en la ley 26.743 de identidad de género, la cual explicita que cada persona tiene el derecho a definir su género tal como se auto-perciba, y los instrumentos que registran su identidad deben corresponderse con la voluntad de la persona.
El binarismo hombre-mujer provocó (y provoca) la sistemática exclusión y discriminación en todos los ámbitos sociales y públicos de todas aquellas personas que no encajen en los sexos socialmente establecidos y contribuye a su patologización. Es por eso que el caso de Lara es un antes y un después en la historia del movimiento trans y travesti.
NOA: Inocencias vulneradas, cesáreas forzadas y fetos para adoración
Ximena Schinca / Resumen Latinoamericano / 1 de marzo de 2019
A pesar de que en nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, realizaron una cesárea a una niña de 11 años en Tucumán. El Estado incumplió el protocolo y sometió a tortura física y psicológica a Lucía. Las voces de médicas y abogadas.
Otra nena violada, embaraza y forzada a parir en el NOA. Esta vez fue en Tucumán. Lucía, de 11 años, es la segunda niña, en lo que va de 2019, sometida a una dilación aún más extensa que la nena de Jujuy, ambas torturadas obligadas a cursar un parto por cesárea. “En ambas provincias, hubo una violación sistemática del Estado a los derechos de las niñas de ser oídas, de que se respete su voluntad. Se rechazó, obstaculizó, manipuló la información para el asesoramiento, y presionó a las familias y a las niñas en su decisión”, señaló la abogada Fernanda Marchese, titular de Andhes (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), en declaraciones a este medio.
Tanto en Tucumán como en Jujuy, la interrupción del embarazo llegó en forma de cesárea forzada, más tarde que temprano, y luego de que se obstaculizara el aborto legal que las niñas pidieron y que es derecho de todas embarazadas menores de 13 años. La maniobra ya había sido denunciada en Jujuy por miembras de la regional de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: buscan que la gestación avance lo máximo posible y hacer un laboratorio de adoración con el feto también sentenciado a una agonía post cesárea. Durante la madrugada del miércoles, Lucía fue sometida a una cesárea en el Hospital Eva Perón de Tucumán. La intervención fue llevada adelante por tres profesionales externos al centro, en tanto todos los profesionales del sistema público de Salud se negaron a practicar la intervención.
“Dudo que el feto viva más de un par de días, si llega a eso. Si dicen que sobrevive, habrá que exigir ADN, porque seguro que lo cambiaron por otro. Mientras, torturaron por un largo mes a una niñita, y le hicieron un tajo de más de 10 centímetros en su abdomen. Odian las dos vidas. Odian a la niña que torturaron, y odian al feto que sacan antes de la viabilidad”, denunció Stella Manzano, médica y ginecóloga que practica ILE (Interrupción Legal del Embarazo), desde las redes sociales. Anoche, en declaraciones a radio La Retaguardia, Manzano criticó que se realizaran cesáreas como modo de interrumpir embarazos, señaló las similitudes entre el caso de Lucía y el de la niña en Jujuy en el mes de enero, y cuestionó las versiones médicas que indicaron cesárea porque Lucía padecía hipertensión. “Esto no fue una interrupción legal del embarazo. Esto no fue aborto. Esto fue un parto forzado, prematuro y por cesárea también forzada. Buscan confundir a la población. ¿Se va volver una rutina operar a las niñitas?”, concluyó Manzano, conocida por haber realizado el aborto que habilitó el fallo FAL.
En Tucumán, el Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) era el encargado de garantizar la interrupción del embarazo que fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. Allí Lucía había acudido por un dolor de panza, y tras constatar el estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, quien por lo mismo enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter. En ese momento, comenzó otra violación de derechos para Lucía, esta vez, desde las instituciones de la provincia.
“Esto no termina acá. El Estado debe arbitrar los mecanismos para contener y acompañar a esa niña en su salud física, emocional y psicológica. Por otra parte, el Ministerio y las instituciones públicas van a ser investigadas respecto de por qué no se aplicó el protocolo ILE como lo dispone la ley”, señaló Marchese, en comunicación con Marcha. Fue recién el viernes, cuando Andhes y Cladem (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) presentaron un pedido ante la Justicia para poder intervenir en el caso como amicus curiae, que la familia de la nena recibió la contención interdisciplinaria prevista para estas vulneraciones.
“Se vulneró su derecho a ser oída y opinar debidamente en aquellas decisiones que la involucran ya que, desde que Lucía ingresó al sistema de salud de Tucumán, manifestó su voluntad de interrumpir el embarazo, en distintas instancias del Estado provincial. Sin embargo, hemos tenido que llegar a este momento para que el Estado acceda a practicar la interrupción del embarazo. Otro derecho vulnerado es el derecho a la salud integral de la niña, que debe tener presente la salud física, psicológica y emocional”, describió a este medio Florencia Vallino, abogada, Coordinadora del Área Derechos Niñez y Adolescencia de Andhes. Vallino, que acompaña a Lucía y su familia, señaló también que el Estado provincial vulneró el derecho a una infancia libre de violencias.
Según fuentes del Hospital del Este Eva Perón, Lucía evoluciona bien. Lo afirman aun cuando la niña no ha recibido contención suficiente para el cuadro que atraviesa. La criatura resultado de la gestación pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología con bajas posibilidades de sobrevida.
En nuestro país, la Interrupción Legal de Embarazo (ILE) está contemplada desde 1921 en el artículo 86 del Código Penal Argentino, el cual prevé tres causales: cuando pone en riesgo la salud de la persona gestante, su vida, o si este proviene de una situación de violencia sexual. En el caso de Lucía, se cumplían las tres causales. El Estado no cumplió con su obligación de garantizar ese derecho. Ahora deberá responder por haber vulnerado la salud integral de la niña.
Fuente: Marcha
Envío:RL
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