Gran movilización contra las políticas antiinmigratorias del gobierno de Macri
Frente a la Dirección de Migraciones, miles de manifestantes reclamaron por el fin de la persecución, el maltrato y las expulsiones arbitrarias.
La campaña Migrar no es delito realizó una gran movilización frente a la Dirección Nacional de Migraciones luego de no recibir ninguna respuesta de las autoridades a una carta presentada el 13 de marzo. “Exigimos que se tomen medidas urgentes para terminar con las expulsiones arbitrarias, como sucedió con Vanesa Gómez, ciudadana Peruana separada de sus hijos argentinos”, explican los organizadores. La CIDH ha solicitado medidas cautelares al gobierno, “con el objetivo de evitar el daño irreparable a niños y niñas provocado por la separación de las familias migrantes en Argentina”.
Desde la campaña explican la gran preocupación por la persecución que sufren los migrantes, especialmente los pobres, por las fuerzas de seguridad, pero que están avaladas por políticas públicas. Si bien la mayoría de los casos no trascienden, aquellos casos que toman difusión pública son celebrados por altos funcionarios del gobierno nacional, como la ministra Patricia Bullrich.
“En la nota le solicitamos poner fin al sistema de radicación RADEX, el cual ha traído innumerables problemas para el acceso a la residencia”, además de rechazar el aumento del 1000% de las tasas migratorias y la anulación del DNU 70, que modificó la Ley de Migraciones 25.871 provocando un “retroceso en materia de derechos humanos”.
El documento consensuado por los organizadores denuncia que el gobierno nacional agrava la situación social de los migrantes con el anuncio de la complementación de cuatro fuerzas de seguridad para actuar como policía migratoria auxiliar. “Este anuncio alerta a todos los migrantes de CABA donde la Policía de Ciudad es el principal ejecutor del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias, por ‘portación de rostro’ o por ser pobres, exponiéndonos a una situación de vulnerabilidad y criminalización en el espacio público, en un contexto de expulsiones arbitrarias bajo la figura del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017”.
Horacio García, director del área, no ha respondido ni atendido las peticiones y reclamos de las organizaciones migrantes. “Los reclamos presentados son reivindicaciones absolutamente legítimas, de acuerdo con lo establecido constitucionalmente respecto de los derechos de los y las migrantes en Argentina, y que el actual gobierno incumple” declaran.
Con consignas claras, como “Basta de separar a niños y niñas de sus padres y madres migrantes”, “Por Políticas Públicas de ampliación inmediata de la tasa de eximición”, entre otras. Con consignas claras, como “Basta de separar a niños y niñas de sus padres y madres migrantes”, “Por Políticas Públicas de ampliación inmediata de la tasa de eximición”, entre otras.
PABLO BIRÓ / “Aerolíneas Argentinas no va a sobrevivir en el escenario que plantea el Gobierno”
Los sindicatos aeronáuticos se declararon en “estado de alerta y movilización” ante nuevas medidas del gobierno nacional que acentúan la desregulación del sector, favoreciendo en este caso particular a las aerolíneas de Estados Unidos. La principal perjudicada: Aerolíneas Argentinas.
Días atrás, el Ministerio de Transporte que encabeza Guillermo Dietrich rubricó un acuerdo con su par de Estados Unidos, Elaine Chao, donde avanza con la política de cielos abiertos. Este permite operar nuevos destinos y mayor frecuencia de rutas entre ambos países, establece la posibilidad de realizar vuelos con códigos compartidos afectando rutas que hoy ya opera Aerolíneas Argentinas y les permite contar a las empresas de Estados Unidos con su propio servicio de rampa en el país. El tratado establece reciprocidad, pero por escala y potencia económica queda claro que la perjudicada por el acuerdo es la industria aeronáutica local.
Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) es uno de los dirigentes que vienen planteando las críticas más duras a la política de “cielos abiertos”, al modelo de negocios “low cost” advirtiendo por la destrucción de Aerolíneas Argentinas en favor de aerolíneas extranjeras y de dudosos emprendimientos locales para el sector. El referente dialogó con Lautaro Fernández Elem y Gabriel Fernández en Sindical Federal.
“Las naciones cuidan el tránsito aéreo igual que los recursos naturales y otros medios soberanos. El acuerdo de cielos abiertos con EEUU no sólo le permite a esta nación volar en cielos sino también de puntos precedentes como China, Canadá o Inglaterra y también a puntos posteriores. Esto impide a Aerolíneas competir: EEUU tiene 3000 aviones y nuestra línea de bandera, 13. Así las líneas nacionales no van a sobrevivir”. El Frente de Unidad Aeronáutico, que integran la mayoría de los gremios del sector, se puso en marcha velozmente para denunciar el acuerdo e intentar frenarlo mediante las distintas vías posibles.
El piloto explicó el sentido de los acuerdos y de las regulaciones aéreas que comenzaron hace décadas. “Después de la segunda mundial se realizaron acuerdos bilaterales con pautas de equidad y reciprocidad. Si tenés la posibilidad de ir diez veces por semana a un país y otro puede hacer la ruta 100 veces, se equipara en favor del más débil”. “Mauricio Macri fue firmando acuerdos sin equidad ni reciprocidad. Por ejemplo le permite a Copa Airlines llevar pasajeros a Panamá desde casi cualquier punto de Argentina y luego distribuir a otras rutas del mundo” agrega Biró.
La necesidad de frenar esta medida es urgente ya que si se implementa, comienza un recorrido que es muy difícil de retrotraer, el ejemplo de Aerolíneas Argentinas tras estar en manos de capitales españoles es concluyente. Según Biró, “Cuando se siente un nuevo gobierno a rediscutir los tratos espurios que se firmaron, por ejemplo con Brasil, ellos también te van a decir que quieren rediscutir entonces otros acuerdos que sí nos favorecen. Te pone en un conflicto bilateral. Se podría revertir si fuera de acción inmediata, si el Congreso interviene puede frenar la acción” comentó. Por esto mismo los diputados nacionales de la Corriente Federal Vanesa Siley y Walter Correaconvocaron rápidamente a las comisiones competentes para revisar el acuerdo y accionar desde la cámara.
Desde el Gobierno celebran el crecimiento de la cantidad pasajeros en los últimos años a partir del desembarco de las low cost. Sin embargo, ya hay un tendal de empresas afectadas por estas políticas y un signo de interrogante potente sobre la sustentabilidad del modelo de negocios a partir de una política de precios muy agresiva, pero imposible de sostenerse en el tiempo.
Desde diciembre de 2015, quebraron la aerolínea Sol con la pérdida de 300 puestos de trabajo, también LASA. Avián anunció un par de semanas atrás la suspensión de su operatoria por seis meses (muchos temen que se definitivo); Andes redujo drásticamente operaciones reduciendo de diez aviones, próximamente a dos y en el cual de 88 pilotos con que contaba la empresa se reducirán a 30. Aerolíneas Argentinas tampoco tiene futuro con estas medidas. “No va a sobrevivir en este escenario, el acuerdo con EEUU se va a cargar a todas” advierte Biró.
¿Cómo revertir esta situación? “Si no cambia el gobierno va a ser muchísimo más grave de lo que estamos hoy. Aún ganando, vamos a estar en una fuerte situación de vulnerabilidad. Hay que revisar acuerdos, estamos endeudados por muchos años” comentó el referente de la Corriente Federal de Trabajadores. “Le pido a Dios que cambie el gobierno y que el que ingrese tenga la claridad de convocar a todos los sectores”.
“Si no tenés una conducción política que ponga los interese nacionales al servicio de la comunidad no vas a tener un desarrollo industrial, un comercio exterior ordenado, sólo vas a tener deuda y entrega. Tenemos un gobierno que tiene mandato por cuatro años está tomando deuda por 100”.
Defendamos nuestro cielo
Radio del Plata: tras amenazas de licencias masivas, los trabajadores mantienen la señal en el aire
Luego de que los dueños de la emisora anunciaron un «apagón» de contenidos por 20 días, la asamblea decidió continuar con las medidas de fuerza
«Los trabajadores continuamos en nuestros puestos, cumpliendo las tareas habituales a pesar de que la empresa, propiedad de Sebastian Ferreyra y Santiago y Juan Acosta nos adeuda 10 meses de sueldo, no realiza los aportes a las obras sociales y previsionales, y hace un año dejaron en la calle a 50 trabajadores sin indemnizarlos» sostienen en un comunicado. La Asamblea se realizó el miércoles, luego de que las autoridades anunciaran un apagón de contenidos -con música las 24 horas- y licenciamiento masivo por 20 días.
«Nosotros somos los primeros interesados en que la radio funcione las 24 horas del día, los siete días de la semana, pero queremos cobrar lo que nos corresponde», concluye el comunicado, que se leerá al aire mientras dure el conflicto. También se informará Hora, Temperatura y Humedad, y el estado del tránsito.
La justicia autoriza a trabajadores despedidos de Canale Llavallol que pongan a funcionar la fábrica
Foto: Hugo Cabot
A 10 meses de ser despedidos – sin indemnización y con tres meses adeudados -, a poco de cumplir un año sin cobrar sus sueldos y tras 130 días de acampe para que la patronal no se lleve las máquinas, los trabajadores de Canale Llavallol lograron que el Juzgado Comercial N° 2 de Catamarca dictara la quiebra de la empresa y los autorice para poner a producir la fábrica. Ahora, sólo deben esperar la sentencia definitiva. «Un nuevo logro en esta larga pelea. Ahora esperaremos la sentencia definitiva con la fábrica en movimiento. Necesitamos que la quiebra sea con continuidad y podamos hacernos cargo con nuestra Cooperativa de Trabajo COTRAMEL», anunciaron los trabajadores en un comunicado. «Hoy siento que se hizo un poco de justicia», expresó Nicolás Machi, delegado de los trabajadores, a ANRed.
Así lo anunciaron el pasado lunes 1 de julio los trabajadores metalúrgicos de Canale Llavallol en un comunicado: «Hoy se cumple un año sin cobrar un sueldo. Después de los 130 días de acampe para que no se lleven las máquinas y a 10 meses de haber sido despedidos sin indemnización y con tres meses de sueldo adeudados, queremos contar que el Juzgado Comercial N° 2 de Catamarca dictó la quiebra de Canale Llavallol y nos dió autorización para poder trabajar«, festejaron en el comunicado.
Foto: Hugo Cabot
Remarcaron que el logro es producto de su lucha: «un nuevo logro en esta larga pelea por mantener nuestros puestos de trabajo. Ahora esperaremos la sentencia definitiva con la fábrica en movimiento. Necesitamos que la quiebra sea con continuidad y podamos hacernos cargo con nuestra Cooperativa de Trabajo COTRAMEL», sostuvieron, y agradecieron a «todos y todas los que nos apoyaron y nos siguen apoyando».
Foto: Hugo Cabot
En diálogo con ANRed, Nicolás Machi, delegado de los trabajadores, expresó: «estamos muy agradecidos con que nos hayan recibido a los trabajadores y nos hayan escuchado. Que hayan tenido en cuenta cual es nuestra problemática, más allá de lo administrativo, desde un lugar humano. Hoy siento que se hizo un poco de justicia«. Asimismo, balanceó como positiva la estrategia judicial que llevaron adelante los trabajadores y sus abogados, y consideró que «fue acertado quedar en la jurisdicción de Catamarca».
Finalmente, expresó: «ojalá termine con el final felíz que todos queremos, que es con la planta en manos de los trabajadores definitivamente».
Foto: Hugo Cabot
En el marco del conflicto que vienen teniendo, el martes 9 de julio los trabajadores de Canale participarán de un festival organizado por la Coordinadora de Organizaciones en Lucha (COL) de Lomas de Zamora, que integran junto a los trabajadores del Expreso Lomas y de Cresta Roja. El festival solidario contará con grupos musicales, bandas folclóricas, exposiciones, buffet económico y sorteos, y tiene como objetivo recaudar fondos para sostener la pelea contra el ajuste y los despidos.
La justicia confirmó una multa de 40 mil pesos a una conductora de Uber
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó por unanimidad la sentencia de primera instancia que condenó a una chofer de Uber al pago de una multa de más de 40.000 pesos por no poseer habilitación para el transporte de pasajeros, informaron hoy fuentes judiciales.
03/07/2019
La causa se había originado en diciembre de 2017 cuando en el ingreso al aeroparque metropolitano Jorge Newbery se le labró un acta a la conductora por «no poseer habilitación para transporte de pasajeros», infracción regulada en el artículo 6.1.49 de la ley 451, de Régimen de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
Finalmente, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas confirmó por unanimidad la sentencia de primera instancia que condenó a la chofer al pago de una multa de 42.980 pesos.
La presidenta de la Sala y los camaristas consideraron que el artículo 6.1.49 «no distingue si para cometer la falta es preciso que exista (o no) la posibilidad de obtener la habilitación para el transporte de pasajeros» sino que «sólo prevé una prohibición general y expresa para el transporte de pasajeros, o de carga, sin habilitación».
Asimismo, concluyeron que «las únicas posibles formas de transporte de pasajeros en vehículos, habilitadas dentro de la CABA, son las mencionadas en el Código de Habilitaciones y el Código de Transporte y Tránsito de CABA 2148: Remis, taxi o transporte escolar».
Por lo tanto, entendieron que su actividad de transporte de pasajeros en vehículos solo podría llevarse a cabo de manera legalmente habilitada si «se adecua a alguna de las habilitaciones mencionadas, existentes en la normativa local de CABA actual».
Efecto dominó: tras el cierre de Cacciola buscan vaciar Catamaranes del Sol
La firma de traslados turísticos busca despedir a sus empleados y conformar una «cooperativa» para avanzar sobre los derechos laborales. La firma está rodeada de Prefectura y Trabajo dictó conciliación obligatoria.
03/07/2019
En una especie de efecto dominó direccionado, tras el cierre de la histórica Cacciola surgió inmediatamente otro conflicto laboral en la actividad marítima de la zona. Se trata, .concretamente, de Camatamaranes del Sol, firma dedicada al turismo de pasajeros en El Tigre y El Delta.
La firma que, pertenece a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) sociedad integrada por los empresarios Hugo Schwartz, Jorge Sturla y Pedro Rodriguez, amaneció el lunes rodeada por Prefectura augurando un conflicto laboral. Según le explicaron fuentes del sector a InfoGremiales, por «diferencias internas» los empresarios dicen haber disuelto sorpresivamente la UTE y dejaron a la deriva a unos 20 empleados.
La maniobra incluyó para algunos de los trabajadores, los no agremiados, la presión para que presenten la renuncia, A los demás los enviaron a la casa de uno de los socios sin tareas, ni barcos, argumentando que quedaban a su cargo tras la «ruptura».
La intervención en el conflicto por parte de la seccional San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) obligó a que el Ministerio de Producción y Trabajo dicte conciliación obligatoria. Sin embargo, en ese marco, los empresarios se negaron a avanzar en alguna negociación para acercar a las partes, y se resisten a reincorporar a los cesanteados, como impone la decisión ministerial.
Catamaranes del Sol posee 7 barcos y lo que busca Schwartz es disociarse de esa razón social para conformar una «cooperativa» con nuevos trabajadores. La figura de cooperativa le permitiría avanzar sobre los derechos laborales y salariales de los empleados.
La justicia ordenó que Elea reincorpore a 6 delegados despedidos
El laboratorio había avanzado en el retiro voluntario de 63 empleados y más de 26 delegados. La justicia le ordenó reincorporar a los primeros 6 de los representantes sindicales y puso un plazo de 5 días para que vuelvan a sus puestos de trabajo.
El Juzgado Nacional en Primera instancia del Trabajo Nº45 falló a favor de seis delegados gremiales de Elea Phoenix despedidos en el marco de un ajuste que incluyó retiros «voluntarios» y cesantías. El fallo instó al laboratorio a proceder a su reinstalación cautelar dentro del plazo de los primeros cinco días que ya corren.
«Este fallo sienta un precedente significativo, ya que remarca que el despido de representantes gremiales implica la violación de un derecho de naturaleza constitucional, como es la libertad sindical, y evidencia una motivación discriminatoria», señalaron desde el Sindicato de Visitadores médicos.
«En este contexto de persecución a la organización de los trabajadores para avanzar en el recorte de derechos laborales y salariales, este fallo es de vital importancia«, añadieron desde el gremio.
Elea había presentado un pedido de procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Producción y Trabajo, pero no pudo comprobar en ese marco tres balances consecutivos negativos como para que se justifique la medida. El laboratorio forma parte de uno de los grupos con mayor espalda del sector, que tiene además diversificadas operaciones en distintas industrias.
En ese contexto la firma avanzó con presiones e hizo efectivas 63 salidas bajo el paraguas del retiro voluntario y con una indemnización del 110%.
Además la empresa despachó con fecha 31 de mayo 26 telegramas de despido para quienes no quisieron firmar el retiro «voluntario». Se trata de representantes gremiales que no aceptaron la oferta del laboratorio y que son quienes ahora estan consiguiendo los fallos judiciales favorables.
Autopartista Magna pacta suspensiones y recorte de salarios para sus 400 operarios
El acuerdo firmado para la planta de Magna es similar al que firmó Renault para su planta de Santa Isabel. Contempla reducir los turnos y aplicar suspensiones a 400 operarios.
Aunque desde las concesionarias se afirma que la caída de ventas hubiera sido peor sin el plan de incentivos del Gobierno nacional para la compra de 0Km, lo cierto es que durante el mes de junio la venta de unidades siguió en retroceso y no está ni por lejos en lo proyectado por el Gobierno Nacional.
En ese contexto general de la industria, algunas automotrices vienen aplicando acuerdos de suspensiones o de rebajas salariales para hacer frente al escenario recesivo.
Ese es el caso de la autopartista Magna, una empresa de capitales canadienses dedicada a la producción de asientos para Nissan, que acaba de pactar con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) una reducción de jornada y de remuneraciones para su planta de la provincia de Córdoba, con el objetivo de mantener los actuales 400 puestos de trabajo.
Según consignó IProfesional, el acuerdo para la planta de Magna es similar al que firmó Renault para su planta de Santa Isabel el pasado 29 de mayo para reducir los turnos de 8,48 a 6 horas, aplicando suspensiones de personal al 70% en lugar de al 75%.
El nuevo esquema, que se extiende hasta marzo del año próximo, implicó una rebaja salarial del 35% para los empleados de la planta. Así, un operario con tres años de antigüedad que percibía 31.200 pesos pasó a cobrar 23.000 mensuales.
«No existe ninguna denuncia en nuestra contra»Nicolás Caropresi, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, respondió a las acusaciones hechas en el programa Periodismo Para Todos.
En la última entrega de su programa dominical, el conductor Jorge Lanata presentó un informe según el cual, la organización social que nuclea a trabajadores precarizados y que logró no sólo visibilizar la situación de los cartoneros y vendedores ambulantes, sino también generar mejoras en sus condiciones de vida, aprovechaba los recursos que el Estado vuelca en programas sociales para su construcción territorial.
«Este discurso, que ya es común en el macrismo y en los medios de comunicación que lo han construido,es que los pobres son los culpables de la devaluación, la inflación, el déficit fiscal y de la pobreza. Buscan criminalizar a las organizaciones sociales, las protestas y todo lo que se oponga a un proyecto que plantea como cuestión neuronal que el mercado y las inversiones van a ordenar la vida de nuestra sociedad» agregó Caropresi.
Uno de los puntos en los que se sostuvo el informe es en supuestas causas penales iniciadas por damnificados por el MTE. El argumento es que la organización les obliga a entregar parte del monto que cobran en concepto de salario social complementario. «Nosotros no tenemos esos problemas. Las denuncias que intenta hacer Lanata, como lo demostró su informe, en el caso del MTE ninguna pudo ser demostrada. Incluso cuando hablan de los retiros que supuestamente le hacen a los cartoneros, no demuestra nada. Habla de una causa inexistente de la que no pudimos encontrar ninguna denuncia. Es más, el teléfono de denuncias del cual habla el Ministerio de Desarrollo de la Nación y al cual recibió 2700 denuncias de todo el país, si Lanata se hubiera tomado el trabajo serio de hacer la investigación, sabría que nosotros fuimos lo que pedimos que tuvieran una oficina de denuncias para cuando alguien era víctima de extorsión para retirarle dinero de su salario social complementaria» responde Caropresi a la consulta sobre esta cuestión puntual.
«Nosotros tenemos una definición central: para cada compañero beneficiario de un salario social complementario, ese es un ingreso complementario de su trabajo, que es de venta ambulante, cartonero o cuidacoche. Ese salario social complementario es su plata y él con esa plata hace lo que quiere. No puede haber ninguna organización o dirigente diciéndole qué tiene que hacer con su plata. Puede ser que haya alguna cooperativa que en asamblea haya decidido juntar plata para comprar una camionetita para mover la mercadería, pero lo cierto es que en nuestro caso no hay ninguno de esos casos y por eso Lanata no pudo demostrar nada serio en su informe», agregó.
Y con respecto a las causas judiciales mencionadas en el informe, Carporesi sostiene que «ninguna de las personas acusadas por Lanata está notificada. El día lunes, frente a lo que salió en el programa, salimos a investigar y no encontramos ninguna denuncia de ese estilo en ninguna fiscalía ni juzgado. Puede ser que se nos esté escapando, pero la verdad es que nadie está enterado. Han existido casos que existe en los barrios de algo que suele pasar mucho en los barrios, que es la existencia del prestamista usurero. A veces es una persona física y otras veces son compañías de extracción de riqueza de nuestros compañeros, que como no pueden acceder a un préstamo común y corriente en un banco, terminan acudiendo a un prestamista que suele tener relación con tranzas y diferentes mafias que existen en las periferias de nuestro país».
Consultado por las motivaciones que pueda haber tenido el conductor para apuntarles los cañones a ellos, Caropresi aventura que «este es el inicio de campaña de ellos, que se suma a lo que decía Picchetto que necesitamos más emprendedores y menos cartoneros. Lo venían diciendo con el ajuste fiscal, diciendo que había que atacar a las organizaciones sociales que se llevaban la plata del Estado o atacando a los jubilados. El macrismo va a desarrollar una campaña de entrada en el desarrollo de un enemigo interno, van a profundizar en cavar aún más la grieta, no en base a cuestiones ideológicas sino en base a cuestiones materiales de vida».
Y agrega: «eso lo explica la política en lo que tiene que ver con la criminalización de la protesta, en el avance de vallados tecnológicos y robóticos de los que se jacta Patricia Bullrich, el asesinato y fusilamiento de pibes por la policía, que son festejados por Presidencia de la Nación. Van a buscar fortalecer ahí su núcleo duro y su política discursiva. Esto no es ninguna novedad, es lo que hizo Bolsonaro en Brasil».
Envio:RL
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