Ahora es viva el virus
La campaña mediática de macristas famosos contra la cuarentena
Susana Giménez, Maximiliano Guerra, Oscar Martínez, Juan José Sebreli son algunos de los nombres que alimentan la inverosímil ofensiva opositora contra las medidas sanitarias del Gobierno. Para hacerlo ignorar elementos centrales de la realidad actual y aquella que los convocaba durante el gobierno de Macri.
Por Luis Bruschtein
Hay una campaña mediática de macristas famosos, como Maximiliano Guerra , Susana Giménez y Juan José Sebreli contra la cuarentena. Se sumaron así al actor Oscar Martínez que afirmó que amigos suyos mayores de 70 años se habían autocontagiado el virus para inmunizarse. Estos personajes tendrían que explicarle sus argumentos contra la cuarentena a la señora Balbuena, a Ramona Medina , a Víctor Giracoy y a Agustín Navarro y a otros centenares de personas. Pero no podrán hacerlo porque estas personas murieron contagiadas por el virus.
Martínez tendría que demostrar que su anécdota no fue simple mala fe y que realmente cree tanto en esa afirmación que está dispuesto a cumplirla. Sebreli proclamó con indignación que un policía no lo dejó pasear por una plaza. La próxima vez que vaya a una plaza por favor que se saque una fotografía. No le vamos a creer hasta verlo.
Sebreli no habló de la villa Mugica, que está en la CABA, sino de la Villa Azul, que está en Quilmes y fue abandonada a su suerte por la gestión anterior del intendente macrista Martiniano Molina, pero que ahora fue desplazado por la intendenta Mayra Mendoza, de La Cámpora. No es un viejito que habla con inocencia. Sabe perfectamente porqué no habla de las villas de CABA que tienen mil veces más infectados.
Y dijo que la villa Azul “es el gheto de Varsovia” argentino. “Allí no se van a morir por el virus --dijo-- se van a morir de hambre”. A diferencia de lo que sucede en la CABA, la intendenta Mendoza y el gobernador Axel Kiciloff visitaron la villa de cinco mil habitantes, que fue aislada en un intento de evitar que el contagio se transmita a la villa Itatí, que tiene más de 25 mil habitantes.
La intendenta y el gobernador se internaron en la villa Azul provistos del equipo que utiliza el personal sanitario. Hablaron con los vecinos y pasaron revista a las acciones de contención social. No sucedió lo mismo en la CABA, donde la gestión macrista ni siquiera separó al funcionario responsable por la criminal falta de agua. Y la gestión de alimentos en la villa Azul se hace entre la intendencia y los movimientos sociales. Es más fácil, porque es una villa chica. Y lo más probable es que, a pesar de las precauciones, la epidemia se extienda hacia asentamientos más grandes donde es mucho más difícil gestionar la cuarentena. Esa fue la razón de la desesperación de Kiciloff y su ministro de Salud, Daniel Gollán.
Sebreli habló de la Villa Azul por astucia política o llevado por los periodistas. Y en cualquier caso eligieron mal porque de esa manera se convirtieron en propagandistas del kirchnerismo. Ese asentamiento está dividido por la calle Caviglia. Hay una villa miseria muy pobre del lado de Quilmes que estuvo gobernado por el macrismo hasta principios de año. Del lado de Avellaneda la villa fue urbanizada con casitas de dos pisos y patio o jardín, con centro de salud y centro deportivo. Avellaneda es gestionada desde hace varios años por el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, hijo de un sindicalista luchador de la resistencia peronista. Ferraresi es dirigente del Instituto Patria que encabeza la ex presidenta Cristina Kirchner.
La diferencia entre la villa miseria en Quilmes y un barrio de casitas dignas en Avellaneda es abrumadora. Allí apuntaron Sebreli y los periodistas de La Nación, solamente para cuestionar a Kiciloff y Mendoza. Sebreli equiparó la cuarentena con una “detención domiciliaria” y acusó a Alberto Fernández de convertirla en una “cuarentena política”. Pero los que politizaron la cuarentena fueron este personaje y los demás cuyo discurso tiene solamente esa intención.
Las redes se inundaron con este tipo de declaraciones. Patricia Bullrich se sumó y dijo que la cuarentena es de “izquierda fascista o de derecha stalinista”. Maximiliano Guerra, dijo que la medida contra la epidemia es claramente “comunista” y Susana Giménez aseguró que “nos llevan a ser como Venezuela”.
Es un momento delicado. Es un punto de inflexión en el que las personas empiezan a sentir el esfuerzo, tanto en el aislamiento como en la economía, pero al mismo tiempo es cuando la epidemia está llegando al punto más alto de la curva de contagios.
La farándula y los intelectuales macristas aprovecharon esta situación de vulnerabilidad para acusar a Alberto Fernández de conculcar las libertades. Por supuesto que la cuarentena implica restricción de libertades y otras calamidades que si se mantienen más allá de la situación de excepción configurarían una verdadera dictadura.
Pero hay una situación extraordinaria y de peso. Y además, no hay una sola cuarentena. En realidad cada provincia aplica una modalidad diferente. La mitad del total de infectados del país está en la CABA y el Conurbano y por lo tanto allí la medida tiene que ser más rigurosa.
Hasta casi podría decirse que hay tantas modalidades de aplicación, como ciudades hay en el territorio. Pero no hay argumento más fuerte que el descalabro mundial que ha producido la epidemia que estos energúmenos tratan de subestimar para atacar la figura de Alberto Fernández.
“Juicio y castigo a los infectólogos” arengaba una de las manifestantes anticuarentena del martes. Cuando una causa se desliza a expresiones imbéciles pone en evidencia que no importan los argumentos. Se supone que varios de ellos son personas inteligentes. Saben que no tienen razón, que la epidemia es grave y que sería criminal levantar la cuarentena.
Julio Cortázar escribió que “en algún lugar debe haber un basural donde están amontonadas las explicaciones”. No tiene sentido discutir si la epidemia es grave o si la cuarentena no es necesaria. Si lo niegan será por sus propios egoísmos, o prejuicios o por el interés de erosionar a alguien que fue elegido en forma democrática pero con quien desacuerdan. Claro que la forma de hacerlo es criminal, no se puede convocar a la población a infectarse.
Si les preocuparan las libertades no apoyarían al régimen de espionaje del gobierno macrista que está quedando al descubierto. En la causa que lleva el juez Alejo Ramos Padilla, hay tres agentes de inteligencia, un periodista y un fiscal involucrados en prácticas extorsivas contra empresarios. A veces por interés en metálico y otras para obligarlos a declarar en contra de disidentes políticos. Era un gobierno que entregaba a los periodistass ultramacristas las escuchas telefónicas a opositores; y hay un archivo entero con mensajes espiados de artistas, dirigentes políticos y empresarios. Hasta un arrepentido se presentó dispuesto a informar la manera en que el macrismo espiaba a todo el mundo.
Es como dijo Marcelo Tinelli: "Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la Afip. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse”.
Con todos estos antecedentes, Mauricio Macri acaba de ser imputado por el fiscal Jorge Di Lello en una causa por espionaje junto con su jefe de espías, su amigo Gustavo Arribas. El sistema que había implantado a través de su amigo convertía a la Argentina en el país del Gran Hermano de George Orwell. No hay excesos ni bandas descontroladas, sino una cadena de mando que usaba el espionaje como sistema de poder.
Si esta gente, como Sebreli, están tan preocupados por las libertades y garantías constitucionales, antes de criticar una medida sanitaria de carácter extraordinario, tendrían que preocuparse por el régimen que apoyaron y por la gente que los aconseja.
30 de mayo de 2020
Hay 25 casos positivos y 11 sospechosos en el barrio, donde viven 6 mil personas
Coronavirus: alerta por contagios en el barrio popular La Carbonilla
"En una semana se multiplicaron los casos, eso habla de que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse”, advirtieron los referentes.
Imagen: Pablo Dondero
En La Carbonilla, el asentamiento ubicado en La Paternal, junto a las vías del ferrocarril, ya son 24 los casos de coronavirus confirmados y 11 los sospechosos, entre las 6 mil personas que viven en el barrio.
En las últimas 24 horas, los 207 casos confirmados en las villas porteñas representaron más de la mitad de los casos positivos de toda la Ciudad de Buenos Aires. “Aún sabiendo lo que pasó en los demás barrios, acá no se hizo nada para prevenir”, advirtió Gabriel Salomón, vecino del barrio y parte de la Asociación Civil Late Paternal, de la que depende uno de los seis comedores que funcionan dentro de La Carbonilla.
Cada día, a eso de las diez de la mañana, las mujeres que trabajan en la cooperativa de recolección de residuos recorren el barrio. A la misma hora empiezan su turno las encargadas de los comedores, que para evitar la aglomeración diseñaron un cronograma y le avisan a los vecinos por chat cuando su ración de comida está lista. “Hay días que igualmente se juntan filas largas de gente afuera de los comedores, y no hay suficiente alcohol en gel para ponerse ni tampoco lugar para cumplir con el distanciamiento”, relató Salomón. "Ahí es donde las autoridades de la Ciudad deberían poner el ojo, en los lugares del barrio donde inevitablemente la gente se concentra”, agregó.
Hacia fines de 2001, cuando La Carbonilla era un asentamiento de familias cartoneras , vivían cerca de 40 familias. Ahora es un barrio de más de 6 mil personas, que atraviesa las mismas problemáticas que otros barrios populares de la Ciudad. Sin embargo, en las diapositivas que el Ministerio de Salud porteño presentó este viernes en el reporte diario, La Carbonilla brilló por su ausencia.
“No está instalado el puesto de testeo pero iniciamos la búsqueda activa y trasladamos los casos a las Unidades Febriles (UFU) más cercanas”, afirmó durante la presentación Gabriel Battistella, Subsecretario de Atención primaria, ambulatoria y comunitaria de la Ciudad. “Sabemos que el virus ya circula por el barrio. Si tomaran medidas más contundentes, podríamos evitar una situación como la que existe en la villa 31”, señaló Salomón.
Entre los casos confirmados que hay en el barrio, una de las trabajadoras de la cooperativa de recolección dio positivo y está aislada. “Con un barbijo no alcanza para protegerse, menos para ellas que están ahí todos los días, en contacto con la calle y los residuos de las personas”, advirtió Salomón y aseguró que, desde el comienzo de la cuarentena, “no llegaron máscaras ni elementos de protección facial”. A través de un sistema de donaciones, la asociación consiguió termómetros, guantes, barbijos, máscaras de acetato y alcohol en gel para entregar a las trabajadoras del barrio.
Este sábado, a más de un mes de los primeros contagios en los barrios populares de la Ciudad, se registraron los primeros cuatro casos en La Carbonilla. “Los trabajadores del centro de salud del barrio visitan casa por casa, con conocimiento de la situación de cada vecino, pero el problema es el Hospital, donde el trato no es para nada bueno”, relató Salómón. "Cuando la primera familia contagiada llegó a la UFU, al hombre lo dejaron internado y a ella la mandaron a la casa, a cuidar a los hijos”, detalló. Más tarde, con el diagnóstico positivo, a ella la trasladaron a un hotel de aislamiento, junto a dos de sus hijos que también dieron positivo, mientras que el resto de los hijos quedaron en el barrio, con un diagnóstico negativo. Si bien el rol del Cesac 22, el centro de salud comunitario del barrio, es central, por protocolo los vecinos y vecinas son trasladados al Hospital Tornú o bien al Álvarez, los más cercanos con Unidades Febriles disponibles.
Esta semana el Gobierno de la Ciudad, instaló en el barrio una posta donde se toma la fiebre y se hacen las encuestas sobre los síntomas. Allí, vecinos y vecinas tuvieron que esperar su turno afuera, en una fila a la vista de todos. “Había gente que pasaba y sacaba fotos. Hay un estigma que se va creando y una discriminación muy fuerte por el miedo al contagio, lo que hace que las personas no quieran hacerse los testeos ni avisar cuando se sienten mal”, explicó Salomón.
"En una semana se multiplicaron los casos, eso habla de que no se están haciendo las cosas como deberían hacerse”, advirtió.
Informe: Lorena Bermejo
30 de mayo de 2020
Los cambios que trae la nueva Ley de Alquileres y la prórroga del congelamiento de contratos
La hora del inquilino
El Senado debatirá esta semana la extensión hasta marzo de 2021 del decreto que prohíbe desalojos, aumentos de alquileres y prorroga los contratos. También empezará otro debate clave: el de la Ley de Alquileres. Sin embargo, se multiplican las quejas de inquilinos por la violación de sus derechos.
Por David Cufré
Imagen: Sandra Cartasso
En el universo de 8 millones de personas que alquilan su vivienda en el país habrá esta semana novedades importantes. El Senado debatirá sobre el futuro inmediato de esa enorme porción de la población y las reglas con que funcionará el mercado inmobiliario de aquí en más. Lo hará en un contexto difícil, cuando se multiplican las denuncias de inquilinos por los incumplimientos del decreto presidencial que congeló el monto de los alquileres y los desalojos hasta el 30 de septiembre.
La comisión de Legislación General del Senado intentará aprobar un proyecto de ley que extiende la vigencia de ese decreto de suspensión de los desalojos y las subas de los alquileres hasta el 31 de marzo de 2021. Es decir, seis meses más respecto de lo ya establecido. Es una iniciativa de la senadora María de los Angeles Sacnun, que también amplía la prórroga automática de los contratos hasta esa fecha. Es intención de los legisladores del Frente de Todos emitir dictamen favorable esta misma semana y, en principio, tendrían el acompañamiento de la oposición.
Pero ahí entra a jugar la otra cuestión mencionada al comienzo, que es de carácter estructural: qué capacidad tiene el Estado de hacer cumplir las normas que dicta en el oscuro y desregulado mundo inmobiliario. De hecho, ya van tres años que es posible deducir hasta el 40 por ciento del alquiler de una vivienda del impuesto a las Ganancias y solo un 15 por ciento de los inquilinos logró hacerlo, ya que el resto no consigue la formalización de sus contratos. Es una deducción significativa, de hasta 123.816 pesos este año, que aliviaría la carga de Ganancias que soportan los locatarios, pero la mayoría no accede a ese beneficio porque los propietarios se ocultan de la AFIP.
Esa situación de desprotección será también eje del debate parlamentario esta semana. La misma comisión del Senado empezará a tratar la llamada Ley de Alquileres, que tuvo media sanción de Diputados el año pasado. La norma representa un avance en la búsqueda de transparentar el mercado y regular aspectos centrales de la relación entre partes en el alquiler de una vivienda. Impone, por ejemplo, la obligación de registrar todos los contratos de locación ante la AFIP, que podrá aplicar sanciones a quienes incumplan. Una de las ventajas que ello conlleva para los inquilinos es que no podrán ser desalojados sin una notificación previa del juez al organismo fiscal sobre la existencia de ese contrato.
Es una lucha histórica de las asociaciones de inquilinos que los contratos estén registrados. Es condición necesaria aunque no suficiente para empezar a amparar derechos básicos. La ley, además, alienta la creación de áreas específicas de defensa de los inquilinos en todas las provincias. Actualmente solo existen en tres: la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la de Corrientes.
Otro aspecto determinante de la ley es que regula la actualización de los alquileres. Se establece que los ajustes de los contratos se podrán realizar una vez al año y no cada seis meses y que los aumentos surgirán de una fórmula conformada en partes iguales por la evolución de la inflación y del índice de salarios de la Secretaría de Seguridad Social, el Ripte. Es decir que los incrementos ya no podrán ser discrecionales, como ocurre en la actualidad.
Un tercer aspecto sustancial es que estira el plazo mínimo del alquiler de una vivienda a tres años, en lugar de los dos vigentes. La Federación de Inquilinos nacional reclama, de todos modos, que la extensión sea a siete años. Otros aspectos regulados por la ley son las expensas extraordinarias, que quedan como responsabilidad exclusiva del propietario, y la reducción del depósito a un mes de alquiler.
La Cámara de Diputados aprobó ese proyecto en noviembre del año pasado con 191 votos, incluidos los del entonces oficialismo, Juntos por el Cambio, y los del Frente de Todos. 24 legisladores se abstuvieron y ninguno votó en contra. Sin embargo, el trabajoso acuerdo que se construyó en ese momento para la media sanción habilitó la incorporación de dos artículos que hoy son duramente cuestionados por la Federación de Inquilinos. Esa resistencia genera dudas sobre qué pasará esta semana en el Senado cuando se inicie el tratamiento de la ley en comisión. En principio la idea del oficialismo es darle rápido dictamen al proyecto tal como llegó de la Cámara baja. Pero es una discusión no saldada. La duda principal es si será posible llegar otra vez a un entendimiento con los diputados de la oposición en caso de que el Senado introduzca cambios al proyecto y quite los artículos que había impulsado Juntos por el Cambio.
Los puntos en cuestión los trabajó en su momento el entonces diputado Daniel Lipovetzky, haciéndose eco de solicitudes de las cámaras inmobiliarias, que negociaron esos artículos a cambio de las mayores regulaciones generales. Uno de ellos agiliza las demandas de desalojo al considerar que los plazos judiciales entran a correr a partir de que el propietario le envía una carta documento al inquilino exigiendo que abandone el inmueble. Eso daría lugar a desalojos express en el plazo de tres meses, dadas las diferencias en la capacidad real para litigar entre locadores, en especial los más grandes, y los inquilinos, en particular los más vulnerables.
El segundo artículo controvertido es el que le abre la puerta a los bancos a participar del negocio de la locación para vivienda, al autorizar la creación de seguros de alquiler, que las inmobiliarias podrían imponer como condición para la firma de contratos. La contraparte del inquilino ya no sería solo la inmobiliaria, sino también un banco. “Es el modelo europeo después la caída del muro de Berlin. Es Blackrock en Estados Unidos. El macrismo operó en favor de los bancos y la ley no puede convalidar ese retroceso”, reclama Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos.
“Es fundamental que el Congreso apruebe la prórroga del decreto que prohíbe desalojos, aumentos de alquileres y extiende los contratos hasta marzo del año que viene. Pero no es lógico que al mismo tiempo vote una ley que facilita los desalojos después de esa fecha, y le da una participación a los bancos que será muy nociva”, agrega. “En abril del año que viene se habrán acumulado deudas de meses por los aumentos de alquileres diferidos. Si se aprueban los desalojos express, vamos a estar con una situación muy complicada”, alerta.
Como se mencionó más arriba, la realidad en estos días de pandemia es que crecen las quejas de inquilinos ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que comanda Alejandro Amor. El organismo tiene un área específica para recibir los reclamos de quienes alquilan una vivienda. En su nuevo informe, publicado este viernes, indica que el 65 por ciento de las consultas del último mes fueron por los incumplimientos del decreto que impide desalojos, aumentos y extiende los contratos hasta septiembre.
“Entre los reclamos más frecuentes se destaca la exigencia por parte de las inmobiliarias a inquilinos que terminan su locación para que firmen un nuevo contrato, negándole el derecho de prórroga vigente hasta el 30 de septiembre”, puntualiza el documento. “Los precios que pretenden aplicar están desordenados y no hay una política unificada del mercado inmobiliario: exigen desde el 50 hasta el 100 por ciento de aumento”, indica. “La exigencia de pagar el alquiler o irse de la vivienda a fin de mes es otra de las consultas más frecuentes”, agrega. Otro motivo de reclamo repetido es que los propietarios o inmobiliarias se niegan a cobrar mediante transferencias bancarias. “El mercado locativo está acostumbrado a cobrar en mano alrededor de 7000 millones de pesos mensuales en la Ciudad de Buenos Aires”, revela, aportando un dato que muestra la magnitud económica y los intereses involucrados en la pulseada en curso.
En medio de una pandemia, con los costos de la cuarentena y la paralización de actividades, con un aumento de los niveles de pobreza, el Gobierno tiene al mismo tiempo una oportunidad política para empezar a equilibrar fuerzas en el mercado inmobiliario. Los días que vienen serán clave para saber si finalmente llega la hora de la protección real para los inquilinos y el derecho a la vivienda.
30 de mayo de 2020
El fallo también le exige a Rodríguez Larreta que elabore inmediatamente un protocolo preventivo Coronavirus: la Justicia intima al gobierno porteño a proveer elementos sanitarios y agua potable en todas las villas
La nueva medida cautelar, firmada por el juez Darío Reynoso, le exige a la Ciudad la entrega de elementos sanitarios y de higiene, así como la provisión de agua potable, en todas las villas y asentamientos de la CABA. El plazo para presentar el protocolo para barrios vulnerables vence este sábado y, si no se cumple, habrá multas para los ministros involucrados.
Por Irina Hauser
Imagen: Sandra Cartasso
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta deberá asegurar la entrega de elementos sanitarios, de higiene y limpieza, de medición de la temperatura y la provisión de agua potable en todas las villas y asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo dispuso una nueva medida cautelar concedida por el juez Darío Reynoso, que amplía los alcances de la que había dictado la semana pasada, que estaba focalizada sobre las comunas 4 y 8. Pero no es todo: en una resolución aparte, firmada a última hora, dio por incumplida la obligación de la administración porteña de elaborar un “protocolo específico de acción y prevención” para afrontar la pandemia de la covid-19 en los barrios vulnerables teniendo en cuenta sus particularidades y la intimó a presentarlo en un plazo que vence a las 11 de la mañana de este sábado 30 de mayo. Si esto no sucede, anunció que habrá multas diarias de 30 mil pesos a los ministros de Salud, Fernán Quirós, de Desarrollo y Hábitat, María Migliore, y de Espacio Público e Higiene, Clara Muzzio, además de la posibilidad de denunciarlos penalmente.
El protocolo en cuestión, que incluso desde mucho antes de la primera decisión judicial de Reynoso reclamaban las organizaciones barriales, debió haber sido presentado este viernes. Pero hasta ahora el gobierno porteño solo mencionó medidas genéricas en la causa y en forma pública, y lo que es más sorprendente, apeló la medida cautelar mientras se siguen multiplicando los contagios de manera vertiginosa en las villas, donde ya suman 3331 los casos de coronavirus, casi la mitad del total de toda la ciudad. Las personas fallecidas en estos barrios pobres son 25.
En una audiencia que se celebró de manera virtual el miércoles último, los jefes comunales que habían hecho la presentación inicial ante el juzgado de Reynoso advirtieron que los incumplimientos y la falta de medidas del gobierno porteño continuaban casi una semana después de la primera medida cautelar. Ignacio Alvarez, de la Comuna 4 (que abarca villas como la 21-24, la Zavaleta, la 26, entre otras), señaló que habían relevado 30 comedores comunitarios y encontraron que sólo se les había proporcionado un bidón de lavandina de 15 litros cada 15 días. Ni alcohol, ni guantes, ni jabón, ni barbijos ni el resto de los elementos que había ordenado proveer el fallo. Junto con otros comuneros, le ofrecieron al juez que constatara lo que decían yendo a los comedores.
Como Reynoso había determinado que la causa en trámite es una acción colectiva, convocó a que todos los afectados o interesados se presentaran, en la deliberación se sumaron múltiples planteos para extender los efectos de la primera medida a todas las villas. Entre ellos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad celebró la decisión de Reynoso pero a la vez advirtió que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires continúa incumpliendo las medidas ordenadas por el tribunal, especialmente la obligación de garantizar agua potable”. La abogada del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, Agustina Rodríguez Biasone, retrucaba que todas las indicaciones se están cumpliendo. Sobre el protocolo dijo expresamente que sería entregado, de acuerdo a la cautelar, el 29 de mayo. Reynoso incluso le pidió que lo repitiera para que no quedaran dudas.
También solicitaron participar del expediente el asesor tutelar Damián Corti, el director general de Acceso a la Justicia (Atajo) de la Procuración General, Julián Axat, el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, y el defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire. Atajo presentó recomendaciones para la elaboración de un protocolo junto con 30 organizaciones sociales, barriales, organismos públicos y equipos académicos. Planteó cuestiones que a esta altura parecen obvias pero que no han sido cabalmente contempladas: como que los barrios populares tienen una imposibilidad material de cumplir adecuadamente el aislamiento por las condiciones de hacinamiento y porque hay hogares que tampoco tienen las características adecuadas para permanecer allí; el aislamiento comunitario no resulta suficiente ni efectivo como medida ante la multiplicación de contagios y la falta de garantía de medidas de higiene y limpieza que persiste; a todo lo que se suma “la prestación deficitaria de agua potable y desagües cloacales”, esenciales para aplicar medidas para evitar contagios; las restricciones de circulación que solo habilitan actividades consideradas esenciales y las medidas de aislamiento afectan los ingresos de familias que viven del trabajo informal o la participación en emprendimientos de economía popular. Todo esto debería ser tenido en cuenta al implementar las medias sanitarias, explicaron en un documento que sugiere un plan de acción y también proyecta la salida de la cuarentena.
En la resolución que firmó este viernes por la noche, el juez Reynoso dijo que esperó hasta las 20 horas el prometido protocolo, pero nada recibió. “Las circunstancias que se plantean en este proceso revisten importancia, gravedad y urgencia, en tanto se trata de la protección de los derechos y garantías de las personas que conforma un colectivo vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19”, sostuvo el juez. Para conciliar “esa grave situación sanitaria que padecen las villas, asentamientos y barrios populares de la CABA” y la intención del gobierno de la Ciudad de tomarse el plazo que en días hábiles vencería en las dos primeras horas del lunes próximo, habilitó días y horas y conminó a las autoridades a cumplir con el protocolo hasta las 11 de este sábado.
Pese al escenario complejo que se presenta en las villas por la velocidad de los contagios, las autoridades porteñas habían apelado la primera medida cautelar que, de todos modos, no suspende sus efectos. Mostraron su oposición con argumentos insólitos como cuestionar la validez de la representatividad de la demanda de jefes de cada comuna o el juzgado competente. El primer fallo, además de indicar el protocolo y la entrega de elementos sanitarios, de higiene y limpieza, y la provisión de agua potable, decía que el gobierno debía acreditar espacios “apropiados, oportunos y suficientes para el aislamiento, tanto en hospitales como centros de aislamiento” para casos de covid-19 confirmados. Las denuncias por las condiciones en las que en se hacen y esperan los tests --a veces con pacientes positivos mezclados con quienes aguardan diagnóstico, y sus niñes-- pone en duda también el cumplimento de esa medida. Se requerían informes sobre desinfección y medidas urgentes de comunicación y difusión, además de alternativas para casos de violencia de género.
Todo esto fue reiterado en la nueva cautelar con alcance a todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Dice el fallo que “se encuentra en riesgo inminente la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas y, en especial, de aquellas en situación de vulnerabilidad por su condición socioeconómica”. Recordó y pidió aplicar lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado y, en especial, a aquellos grupos son afectados de forma desproporcionada porque se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como son (…) la población de barrios o zonas de habitación precaria, las personas en situación de calle, las personas en situación de pobreza (…) en estos momentos especial énfasis adquiere garantizar de manera oportuna y apropiada los derechos a la vida y a la salud de todas las personas bajo la jurisdicción del Estado sin discriminación alguna”.
Fuente:Pagina12
Préstamos a tasa cero: extienden hasta el 30 de junio el plazo para pedirlos
La AFIP informó que todavía quedan un millón de préstamos disponibles para los monotributistas que así lo necesiten.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó este viernes extiende hasta el 30 de junio el plazo para que monotributistas y autónomos puedan tramitar los Créditos a Tasa Cero.
Según un comunicado difundido por la tarde, la entidad calucó que alrededor de 500 mil personas ya iniciaron el procedimiento en el sitio web de la AFIP para acceder a la medida prevista en el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción, que el gobierno nacional impulsó para paliar un poco las graves consecuencias económicas que trajo la pandemia, especialmente en los trabajadores.
Según la AFIP, la prolongación de los plazos busca garantizar la efectiva tramitación de aproximadamente 1 millón de créditos que todavía están disponibles para todos los contribuyentes que cumplen con los criterios de elegibilidad. El monto al que puede acceder cada persona depende de la categoría en la que está inscripta y el máximo previsto es de $150.000.
Junto con la extensión de los plazos la AFIP definió ampliar el universo de beneficiarios para incluir a los autónomos que aportan a las cajas provinciales. Las condiciones de acceso a los Créditos a Tasa Cero serán las mismas que están vigentes para el resto de los contribuyentes contemplados por la normativa.
¿Cómo tramitar un Crédito a Tasa Cero?
El trámite para acceder a un Crédito a Tasa Cero se inicia en la página web de la AFIP. Allí los contribuyentes deben indicar el monto pretendido, los datos de su tarjeta de crédito y un correo electrónico. Es necesario contar con clave fiscal con nivel de seguridad 2 y tener registrado un Domicilio Fiscal Electrónico.
Una vez que toda la información fue ingresada, la AFIP emitirá un Certificado de Tramitación y remitirá los datos al Banco Central para que los distribuya entre los bancos seleccionados por los monotributistas y autónomos. Luego, las entidades bancarias se contactarán con quienes iniciaron el procedimiento para avanzar en la tramitación del Crédito a Tasa Cero.
Aquellas personas que no cuentan con una tarjeta de crédito deberán indicar en el trámite iniciado en la página web de la AFIP, cuál es el banco con el que operan habitualmente. Y, de no contar con un banco, el sistema le solicitará que precise cuál es el banco más cercano a su domicilio donde quisiera avanzar con el trámite.
Los fondos se acreditarán en la tarjeta de crédito indicada en tres desembolsos sucesivos e idénticos. Los créditos contarán con un período de gracia de 6 meses. El repago se realizará, como mínimo, en 12 cuotas fijas sin intereses. Más de 220 mil personas ya accedieron a los fondos correspondientes al primer desembolso.
Marcos Peña y Gabriela Michetti, denunciados por beneficiar a agencias de publicidad amigas que hacían propaganda oficial encubierta
Investigan gastos por casi 300 millones de pesos, destinados a campañas que aparecían como filmaciones caseras de ciudadanos comunes. Las empresas estaban ligadas al macrismo y los pagos se hacían de manera directa, sin siquiera contratos previos.
Por Néstor Espósito
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, entre ellos Marcos Peña y Gabriela Michetti, por contratar -eludiendo los mecanismos legales del Estado-, a agencias de publicidad privadas para hacer propaganda oficial por unos 291 millones de pesos.
El titular de la PIA, el fiscal Sergio Rodríguez, presentó la denuncia por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública” ocurridos mediante contrataciones directas de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019.
Las empresas denunciadas son Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA. Se trata de las encargadas de las campañas publicitarias que se ofrecían bajo el formato de supuestas filmaciones caseras con teléfonos celulares y aparecían en las pantallas televisivas y en las redes sociales como expresiones espontáneas de ciudadanos satisfechos con la inauguración de una carretera, una cloaca, una red de gas o agua potable y otras obras públicas.
Los avisos no eran espontáneos ni expresiones amateurs de simples ciudadanos sino un costoso trabajo encargado mediante contrataciones directas, “sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado”.
Para ese objetivo -explica la denuncia de la PIA- para lograr tal cometido, “los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial. Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces Vicepresidenta Marta Gabriela Michetti, cuando estuvo a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”.
“Se pudo determinar que desde la Secretaría de Comunicación Pública (dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros) se gestó un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas”, sostiene el escrito, que recayó en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Jorge Di Lello.
“Las empresas beneficiadas serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral que llevó al Ing. Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en el año 2015”, añade la denuncia.
Las agencias, en algunas de las cuales participan familiares políticos de ex funcionarios, “habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López”.
El nivel de informalidad fue de tal magnitud que, siempre según la denuncia, “se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas”.
Fuente:TiempoArgentino
Cambiemos
Escándalo: denuncian que un intendente macrista armó un autódromo con fondos que eran para educación y comida
El Concejo Deliberante de San Nicolás debatió la rendición de cuentas correspondientes a 2019 y de allí surgió que el gobierno local, a cargo de Juntos por el Cambio, utilizó casi $30 millones de un programa educativo y otros $2,5 millones de un fondo para alimentos para los más pobres, para financiar parte de la compra de un terreno usado para ferias y Autódromo.
Así, el municipio que encabeza la familia Passaglia, ahora con Manuel Passaglia como intendente, habría utilizado $26.515.746 del Fondo de Financiamiento Educativo y de $2.400.000 del Fondo de Fortalecimiento de Programas sociales, para financiar parte de la compra de un terreno utilizado como Predio Ferial y Autódromo, actual sede de la Expo-Agro.
Las dos partidas presupuestarias que presuntamente habrían sido desviadas tenían que ver con: en el primer caso, el acceso a la educación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, compra de materiales educativos y otras necesidades; y en el segundo, destinada a un programa social que se encarga de la compra de alimentos y diferentes asistencias para la población más pobre.
En parte del extenso documento que detalla la partida utiliza en 2019, se especifica que las cuentas bancarias utilizadas para realizar el pago fueron la “51823/9” y la “50107/7”. Son las cuentas en donde están depositados los fondos educativos y el de programas sociales.
La oposición rechazó la rendición de cuenta y dijo que “agotará todas las instancias administrativas hasta conseguir una respuesta”, de lo contrario acudirá a la justicia.
Además, del análisis de la partida que los concejales estudiaron de acuerdo a los gastos correspondientes del año 2019 surgieron más irregularidades. Según los concejales de la oposición, hay un claro faltante en los Fondos Afectados, el dinero que recauda el municipio o recibe desde Nación y Provincia.
Según consignaron, el saldo debería ser de $424.490.462, pero en la rendición de cuentas que se debatió en el HCD local, solo se encontraron $112.656.617.
Todavía no se sabe qué ocurrió con esos $311 millones faltantes. Desde el Ejecutivo local optaron por el silencio hasta ahora, según Infocielo.
El dato final, que parece poner en más aprietos al intendente Passaglia, es que aún en caso de la polémica utilización de esos fondos sociales, la ley de presupuesto prohíbe utilizar esos fondos, y solo lo habilita para “casos excepcionales”. ¿La compra de un predio que utiliza parte del agro para sus ferias comerciales reviste ese carácter?
Fuente:PoliticaArgentina
La Ciudad registró 398 nuevos casos en un día y el total asciende a 7.388
El país contabilizó 717 nuevos infectados y el total, desde que comenzó la pandemia, asciende a 15.419. Cuál es la situación en las villas porteñas.
El Ministerio de Salud de la Nación informó que la Ciudad de Buenos Aires sumó 398 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y el total de infectados asciende a 7.388. En tanto, a nivel país se detectaron 717 casos positivos y el global, desde que comenzó la pandemia, es de 15.419.
Según informó esta mañana el Gobierno porteño, los contagios en las villas ascienden a 3.331, con 25 fallecidos, mientras que 1.141 personas fueron dadas de alta. La 31 sigue siendo la más complicada ya que allí se realizaron 2.085 testeos que reportaron 1.249 positivos.
Hoy se conoció que la Justicia ordenó que la Ciudad debe presentar un protocolo especial para todas las villas porteñas. La exigencia llegó luego de que los titulares de las comunas 4 y 8, en el sur del distrito, interpusieran un amparo para generar políticas adecuadas para sus barrios. Ahora eso deberá extenderse a la totalidad. En paralelo, los legisladores del Frente de Todos ya presentaron un proyecto de ley en ese sentido, aunque sin éxito.
En su parte diario, el Gobierno también informó la situación de los geriátricos. Detallaron que hay 48 residencias con casos de coronavirus, 269 adultos mayores infectados, y que el número de fallecidos en los hogares asciende a 57, donde continúan los operativos de búsqueda de enfermos.
Fernan Quirós, ministro de Salud porteño, detalló: "Estamos transitando la montaña que teníamos por delante, si estamos cerca de la cúspide o a medio andar lo podremos ver cuando empecemos a bajar".
El funcionario agregó que "lo que ha pasado en todos los países del mundo es que cuando empieza la curva alta de casos han tenido una extensión de entre 6 a 10 semanas para el descenso, pero eso no tiene que ver con extender o no la cuarentena". Una aclaración ante los rumores sobre la prolongación del aislamiento en el distrito más afectado del país.
Fuente:ElDestape
30/05/2020
REPORTE DEL MINISTERIO DE SALUD
Informan cuatro nuevos fallecimientos y suman 524 los muertos por coronavirus en la Argentina
En las últimas 24 horas se registraron 717 nuevos casos de Covid-19, de los cuales el 93% se diagnosticaron en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires- Son 15.419 los infectados desde el inicio de la pandemia.
En las últimas 24 horas se registraron 717 nuevos casos de Covid-19, de los cuales el 93% se diagnosticaron en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y son 15.419 los infectados desde el inicio de la pandemia, de acuerdo a los datos oficiales.
Noticia en desarrollo
29/05/2020
ACTO EN BERNAL
Fernández: "Hay millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los distraídos"
El mandatario exhortó a los argentinos a “no rendirse” y “enfrentar el futuro con responsabilidad", al participar del acto de bajada de una tunelera de AySA junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
"Hay millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los distraídos", dijo el Presidente
El presidente Alberto Fernández exhortó hoy a "no hacerse los distraídos" y afirmó que "ha llegado la hora de ocuparnos" de los "millones de argentinos que sufren", al tiempo que pidió a la población “no rendirse” y “enfrentar el futuro con responsabilidad, alegría y felicidad”.
"Hay millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los desentendidos. ¿Cuántas veces podemos mirar para otro lado? ¿Cuántas veces vamos a hacernos los distraídos? Basta. Ha llegado la hora de ocuparnos de los argentinos que todos los días luchan en condiciones muy adversas", advirtió Fernández.
El jefe de Estado encabezó este mediodía en Bernal, en el partido bonaerense de Quilmes, el acto de bajada de una tunelera de AySA, bautizada como "Eva", en el Sistema Agua Sur, proyectado para asegurar el sistema de agua potable para los distritos del sur del Gran Buenos Aires, obra que beneficiará a 2,5 millones de habitantes.
En ese marco, el Presidente dijo que "los millones que sufren son argentinos a los que el sentido de la meritocracia dejó de lado, a quienes les hicieron creer que ellos no tenían oportunidades y nosotros vamos a darle las oportunidades a cada uno de los argentinos".
Junto al Presidente, estaban el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la titular de Aysa, Malena Galmarini, a cargo de la obra; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el titular del Sindicato de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri.
También estaban presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de la bancada de Diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner; y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Néstor Grindetti (Lanús), Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza).
La pandemia nos permitió saber qué es lo esencial y quiénes son los que más sufren. Ahora tenemos la oportunidad de ocuparnos de esa gente.
Para construir una mejor sociedad debemos garantizar el acceso de todos a la educación, a la salud y también al agua.
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Al mirar a su alrededor, el jefe de Estado dijo: "Veo a dirigentes haciéndose cargo de los problemas argentinos del presente y van a ser los dirigentes de mañana".
"Se trata de una nueva generación de dirigentes que llega a las intendencias, a los cargos públicos, pensando en una Argentina distinta, sin las injusticias del presente y eso me da una enorme tranquilidad", sostuvo en su discurso.
En tanto, recordó que con el ex presidente Néstor Kirchner -del cual fue jefe de Gabinete- en el 2006 "se le quitó la concesión" a Aguas Argentinas, de capitales franceses, ya que "el problema que teníamos era que el agua era un negocio y llegaba a los que podían pagarla y nuestra preocupación era que llegase a todos".
Al referirse a la situación por el coronavirus, el mandatario dijo que la "pandemia nos ha dado una gran oportunidad para poner las cosas en su lugar" y añadió: "Ya sabemos lo que es esencial, qué necesitamos como sociedad y sabemos la injusticia que hay en nuestra sociedad y lo que tenemos es la oportunidad de cambiar esto".
"Justicia es tener acceso a la educación, a la salud y al agua, eso es justicia". reafirmó.
En referencia a los barrios populares que registran gran cantidad de contagios por coronavirus, Fernández dijo: "Todos los que estamos gobernando somos un habitante más de Villa Azul, del barrio Padre Mugica y de la villa 11-14, y de cada barrio popular que hay en Argentina, porque allí hay una necesidad y allí es donde hay derechos que reponer".
Además, el jefe de Estado expresó su "admiración por la obra de ingeniería" que representa la tunelera para excavar el río subterráneo que llevará el agua a los partidos y bromeó que para un abogado, como él, "es algo asombroso, como si estuviera en Disneylandia".
"Hay dos cosas que me parecen impresionante: la obra en sí y los años en que la obra no se hacía; tanto demoramos para entender que hay dos millones y medio de bonaerenses que están necesitando estas obras tan solo para abrir una canilla donde salga agua y estamos en el siglo XXI", se lamentó.
En un fuerte respaldo a la figura de Galmarini, contó -en tono anecdótico- que siempre a Massa le decía que "lo mejor que tiene el massismo es Malena, porque viene de una familia que ha sufrido mucho la persecución y tiene una comprensión de lo que necesita la Argentina que valoro mucho".
En un mensaje final, afirmó que "no es hora de rendirse sino con felicidad, alegría y responsabilidad enfrentar el futuro, que es lo que estamos haciendo", y pidió "no bajar los brazos", en medio de la pandemia.
Por su parte, Kicillof le agradeció al jefe de Estado la "decisión de poner en marcha esta obra que le va a mejorar la vida a muchísimos bonaerenses" y recordó que "en la dictadura le querían poner empalizadas a los barrios populares".
Asimismo, Kicillof consideró que es "absolutamente inadmisible y escandaloso que argentinos y argentinas no tengan un servicio tan básico como es el agua y las cloacas" y sostuvo que "hay buena parte de la provincia de Buenos Aires no tiene agua potable".
"Tuvo que llegar un virus que se mata con algo tan básico como agua y jabón para que nos demos cuenta que es absolutamente inadmisible y escandaloso", aseveró el mandatario provincial.
La tunelera, bautizada "Eva" en honor a Eva Perón, irá construyendo el túnel, que se realiza mediante la construcción de seis dovelas (arcos) de hormigón armado, que conforman un anillo.
Según informó Aysa, "Eva" tiene un escudo frontal de 4,66 metros de diámetro y una longitud de 9 metros, mientras que la longitud total de la tunelera tiene 165 metros.
Finalmente, Galmarini recordó que "había 100 obras paradas" cuando llegaron al Gobierno y "ahora hay 190 obras que vamos a poner en marcha", en tanto que informó que "se están licitando otras 40 en el conurbano bonaerense, un conurbano tan castigado, no solamente por el coronavirus sino básicamente por la pobreza".
La titular de Aysa recordó que el ex presidente Kirchner estatizó la empresa en el 2006 y ahora tiene un "prestigio internacional", y mencionó que al asumir en diciembre encontró que "estaba desfinanciada, era deficitaria y estaba sobre endeudada".
Fuente:Telam
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