El allanamiento en la cárcel de Ezeiza Espionaje ilegal macrista: encontraron pruebas de las escuchas ilegales
Horacio Rodríguez Larreta, presunto damnificado, pidió ser querellante.
También se realizaron procedimientos en los domicilios de cuatro hombres clave del Servicio Penitenciario Federal.
Por Irina Hauser
Mientras todo esto ocurría, en el juzgado de Villena se presentaba Horacio Rodríguez Larreta para que le muestren el espionaje que hizo sobre él la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, que seguía a personas de su propia fuerza política. En la causa hay fotos, videos, grabaciones de diálogos entre espías, informes de inteligencia, fichas y chats, entre otras tantas cosas, que muestran los seguimientos ilegales a políticos oficialistas y opositores, jueces, organizaciones sociales y hasta miembros de la iglesia católica. Los damnificados podrán ser querellantes e intervenir en la causa como víctimas. Así como Cristina Fernández de Kirchner pidió serlo en cuanto vio en persona los abundantes seguimientos, Larreta también. Había ido junto con su abogado Mariano Mendilharazu. Sobre el jefe de gobierno porteño en la causa hay, en especial, seguimientos fotográficos extensos.
La pista que une las maniobras de la AFI que comandaba Gustavo Arribas y el SPF a cargo de Blanco –y ahora imputado-- es una arista clave de la causa judicial. Villena ya había allanado las direcciones de Seguridad y de Información, esta última también conocida como “Area 50”. La gran sospecha es que en esta última se habría pergeñado y desarrollado buena parte del espionaje a los ex funcionarios kirchneristas y empresarios presos. Como anticipó Página/12 por el material secuestrado y otro tanto obtenido de celulares de agentes de inteligencia que están bajo investigación se pudo establecer la relación con el SPF. Suriano, el jefe del Area 50, de hecho renunció la semana pasada con la excusa de su jubilación después que se supiera de su contacto con los espías implicados en toda esta ingeniería y el grupo que se hacía llamar “Súper Mario Bros”, donde el que mandaba era Alan Ruiz, jefe de operaciones especiales de la AFI, y hombre de confianza de la ex ministra Patricia Bullrich, con quien había trabajado.
Pero además surgieron indicios de que una elaborada operación de inteligencia se había implementado en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. Los espías lo llaman “alambrado”: había, todo indica, micrófonos en celdas y en la sala donde los presos se reúnen en forma confidencial con sus abogados/as y tienen encuentros privados con sus familiares, lo que representa una violación del derecho a la intimidad, del derecho de defensa y de los derechos humanos en general.
Los agentes de Gendarmería y PSA entraron a la madrugada al penal de Ezeiza sabiendo que era posible que los penitenciarios hubieran dejado una suerte de “trampa” para distraerlos. En efecto, en celdas del sector que el macrismo bautizó como IRIC (programa de Intervención para la Reducción de los Indices de Corruptibilidad), donde estaban los detenidos de las causas por corrupción, encontraron un “cableado” falso. Pero siguieron hurgando y hallaron elementos que sí se habrían usado para espiar, que serán peritados. Un testigo del allanamiento relató que había cables de red y telefonía a la vista en lugares donde no se explica por qué deberían estar, como tomas de luz y otros, por los techos que podrían servir para transmisión de datos.
En el “Area 50”, en la calle Varela 266, en Flores, se habían encontrado dos pantallas desde las cuales los investigadores creen que se monitoreaba el pabellón de los presos por causas por corrupción. El presunto vínculo entre Suriano y la AFI hace suponer que ésta última iba accediendo al material allí recabado.
Una grabación que difundió el periodista Rolando Graña, de una reunión en la que se escucharía hablar a Ruiz, dirigiéndose a otros agentes, alude al operativo de espionaje en la cárcel y la vinculación AFI-SPF. Decía: “Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano es una unidad que sería Ezeiza o Marcos paz, hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar (en alusión a poner micrófonos). Lo vamos a equipar todo, los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro. Están operando (Julio) De Vido, Boudou, el cuervo Larroque que está yendo siempre a visitar a (Fernando) Esteche (…) La idea es armar todo, todo preparado para pasar información a algunos sectores que están complicados (…) Por ejemplo hay chabones de la política que no los tenemos en la lista y están yendo a visitar a tipos que están presos. La idea es armar un lugar donde van a pasar las visitas, ese lugar le tenemos que meter un equipo técnico y después van a dejar los celulares y ahí empezamos a chorear información (en alusión a sacar información de los teléfonos). Y después vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas porque son las que van a operar políticamente en contra”.
Las personas que aparecen mencionadas allí eran, en efecto, algunos de los detenidos en Ezeiza, donde también estaban alojados otros funcionarios como Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime, Carlos Zannini, y los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y el dirigente Luis D’Elía. El año pasado fueron conocidas las filtraciones de conversaciones privadas de Schiavi, Baéz y de Roberto Baratta con las que se armó el llamado “operativo Puf” para intentar contrarrestar la causa conocida como D’Alessio gate que tramita en el juzgado Federal de Dolores, que desnudó también maniobras de espionaje y extorsiones con expedientes judiciales. Algo que siempre llamó la atención de algunos de estos detenidos es que los mezclaban con presos acusados de narcotráfico, a quienes existía la excusa de vigilar por peligro de fuga. Las pinchaduras a los teléfonos públicos de Ezeiza se hicieron en una investigación contra el “rey de la efedrina”, Mario Segovia. Las ordenó el mismo juez Villena, que ahora tiene a cargo la investigación sobre megaespionaje. Su difusión comenzó cuando se hizo eco de ellas Elisa Carrió y llegaron a manos del fallecido Claudio Bonadío. De aquel papel de Villena se agarran algunos de los espías involucrados ahora para recusarlo.
El origen de esta causa está vinculado también a un “narco”, llamado Sergio Rodríguez, apodado Verdura o Tomate, que tras lograr escapar varias veces, finalmente al ver cercada su organización, fue detenido y ofreció algunas informaciones. La que aquí resultó clave, fue que relató que un ex agente de la AFI, llamado Facundo Melo, lo había contactado para encomendarle poner una bomba de trotyl en la puerta del edificio donde vivía José Luis Vila, ex subsecretario de Defensa y también ex agente de la ex Side. El allanamiento de anteayer en el penal de Melchor Romero, en provincia de Buenos Aires, está vinculado en parte con la actuación de Melo, que era abogado y la AFI lo había puesto a trabajar en la causa sobre una supuesta asociación ilícita en Independiente, donde se intentó detener a Hugo y Pablo Moyano, al frente del club. Melo tenía el doble papel de abogado de un barra de Independiente, Damián Lagaronne, y de espía. Lo dijo él mismo en una denuncia que presentó ante el juzgado de Ariel Lijo, donde denunció que lo habían echado de la AFI porque no se quiso prestar a convencer a Lagaronne para incriminar a los Moyano. En ese entonces apuntó a ahora célebre Ruiz. Lagaronne estuvo detenido en Melchor Romero, donde fueron encontrados también elementos de posible espionaje en una sala donde concurren los abogados que serán analizados por Gendarmería.
Cuando se empezó a investigar a Melo y la pista penitenciaria, el camino condujo hacia otros agentes como Jorge Sáez, ex integrante del Area 50, y Leandro Araque, que también pasó por la Policía de la Ciudad. El celular de Araque, secuestrado en un procedimiento, se convirtió en una fuente sorprendente de información con gran cantidad de archivos de seguimientos. Buena parte de lo que se le mostró a CFK, por ejemplo, había salido de ahí. La causa cuenta con 1500 legajos de espionaje, y las personas afectadas son muchísimas. Además de la vicepresidenta y Rodríguez Larreta, el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Hugo Moyano, Luis Barrionuevo, Graciela Camaño, el obispo de Lomas de Zamora monseñor Jorge Lugones, el ex intendente de La Plata Pablo Bruera, el periodista Hugo Alconada Mon, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, el ex titular de la Cámara de Dipuados Emilio Monzó, entre muchísimos otros.
Melo y Araque intentan llevar la causa a Comodoro Py. Pidieron declarar, ofreciendo información, ante la Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia, algo que ocurriría esta misma semana. Todo hace pensar que apuntan a cortar la cadena de responsabilidades en Ruiz. Pero el volumen y tenor del material que junta el juez Villena sobre muchísimas personas sugiere muchas más responsabilidades y del máximo nivel.
11 de junio de 2020
Tras el escándalo de las escuchas ilegales a dirigentes y empresarios detenidos
María Laura Garrigós será la interventora del Servicio Penitenciario Federal
Por Raúl Kollmann
Imagen: NA
El gobierno nacional decidió meter mano en todo el sistema penitenciario y designó a la jueza, jubilada, María Laura Garrigós como secretaria de Asuntos Penitenciarios y, a la vez, interventora en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). El recambio se demoró en exceso: todo el manejo en las cárceles federales fue escandaloso, con un pico máximo en el espionaje contra los internos, las escuchas y los aprietes a los ex funcionarios y empresarios. Los objetivos fueron quitarles las empresas, obligarlos a vender a los propietarios y, principalmente, para que esos empresarios o los ex funcionarios se "arrepientan" y acepten acusar de delitos al peronismo y al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Garrigós, ex titular de Justicia Legítima, es una personalidad considerada intachable por todas las corrientes --aún las más conservadoras-- y tendrá como misión torcer, desde todo punto de vista, la situación en las cárceles federales. Ayer, el juez Federico Villena, ordenó allanamientos en la causa sobre el espionaje ilegal en los penales (ver aparte) y se encontraron rastros de "cableados", micrófonos y sistema de vigilancia remotos, tal como adelantó Página/12 el domingo pasado.
El presidente Alberto Fernández anunció el recambio ayer por la mañana en Radio 10 y sostuvo que "tengo enorme preocupación por la causa del espionaje. Esos son hechos de los que nos la pasamos hablando y señalamos que ocurrían. Nadie levantó nuestras palabras para investigar y ahora apareció la investigación. Ese es un tema de la justicia y espero que actúe como se debe. Sí debo garantizar como presidente que eso nunca más vuelva a ocurrir. Voy a designar a alguien para ocuparnos del SPF, lo vamos a intervenir. Fui muchas veces al penal de Ezeiza, así que seguramente esté ahí escuchado". Horas más tarde, trascendió el nombre de Garrigós de Rébori y el decreto, con la firma del presidente y de la ministra de Justicia, Marcela Losardo, se estaba redactando al atardecer. Estaba previsto que el anuncio fuera informal y el texto del decreto no contiene mayores consideraciones, sino una referencia a la emergencia penitenciaria. En realidad, con las palabras del mandatario quedaron claros los motivos de la caída de toda la cúpula penitenciaria.
Hace una semana, el juez Villena ordenó los allanamientos en dos direcciones claves del SPF: Reunión de Información, que era el área de Inteligencia, a cargo de Claudio Suriano, y la Dirección de Seguridad, cuyo titular era Juan Carlos Silveira. De allí, el magistrado se llevó cinco terabytes de información y, según parece, se encontró documentación probatoria de operaciones de espionaje. Hay versiones que indican que existían sistema remotos que permitían a los hombres del Área 50 --Inteligencia-- monitorear reuniones de los detenidos con sus abogados y familiares. En paralelo, en la investigación de la banda que respondía a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que se autodenominaba Super Mario Bros, se detectó la presencia de Fernando Carra, un asesor del titular del Servicio Penitenciario, Emiliano Blanco. Hay testimonios de que Carra participaba de sesiones de "ablande" con algunos de los internos a los que querían convencer de "arrepentirse", jugando el papel de "policía bueno". Blanco renunció hace diez días y con el decreto de designación de Garrigós se concreta su desplazamiento.
Las ilegalidades en el SPF registran pocos antecedentes. Se intervinieron los teléfonos públicos de los pabellones con el argumento de que se querían frustrar planes de narcos, pero la realidad es que se escuchaba ilegalmente a los ex funcionarios y empresarios. Se llegó al colmo de difundir, a través de periodistas alineados con Cambiemos, diálogos del constructor Lázaro Báez con su abogada; del ex número 2 del Ministerio de Planificación Roberto Baratta, con su hijo pequeño; del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, con amigos y compañeros de fuerza política. Todo violatorio de la intimidad, el derecho a la defensa y los derechos humanos. El papel del juez Villena no está claro en esa maniobras: no faltan quienes lo acusan de haber autorizado ese espionaje. El magistrado lo niega.
En las últimas semanas todo explotó cuando el propio magistrado encabezó la investigación y descubrió a la banda de espionaje ilegal con terminal en el director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, y con participación de ex penitenciarios, policías, abogados, barras bravas y hasta narcos.
Pero los problemas en las cárceles no fueron sólo esos delitos. En abril, en el marco de la crisis del coronavirus, se produjo un motín en todos los pabellones del penal de Devoto, con reclamos por la falta de medidas sanitarias, alimentarias y la exigencia de excarcelación para presos por delitos no violentos o con condenas ya casi cumplidas. El SPF mostró desorganización y falta de conducción, por lo cual se necesitaron varias reuniones con los delegados de los pabellones para desactivar el conflicto. En la respuesta al motín, hubo dos presos heridos, uno de ellos con heridas que le impiden volver a caminar, producto de balas de plomo que salieron de armas de los penitenciarios.
Malala, como le dicen a Garrigós, tendrá entonces la tarea de "normalizar" el SPF y la situación en los penales. A diferencia de lo que ocurre en la Provincia de Buenos Aires, donde la superpoblación es mayor al 110 por ciento --50.000 presos en 24.000 plazas--, en los penales federales las condiciones son algo mejores, aunque también existe superpoblación porque se consideran plazas normales a las cuchetas agregadas en las celdas. Garrigós fue presidenta de la Cámara de Casación ordinaria y encabezó Justicia Legítima, una corriente democratizadora surgida a raíz del alineamiento del aparato judicial con los poderes más tradicionales y corporativos. Con el tiempo, quedó clara la necesidad de una corriente de ese estilo como reacción frente al sistema tradicional. Está claro que la justicia terminó jugando un papel decisivo en las persecuciones políticas, tanto en la Argentina como especialmente en Brasil o Ecuador y hoy en Bolivia. Desde ese lugar pionero en la democratización, Garrigós abordará una tarea que no será para nada fácil.
11 de junio de 2020
Detalles del diálogo telefónico previo
Alberto Fernández recibe a la cabeza de Vicentin con un mensaje claro: "La única alternativa viable es la expropiación"
La visita se da en el marco de la intervención dispuesta por el Ejecutivo, que será seguida por la expropiación por ley de la firma agroexportadora en riesgo de caer en quiebra.
Por Raúl Dellatorre
Imagen: EFE
Este jueves, a partir de las seis de la tarde, el presidente de la Nación recibirá en Olivos a Sergio Nardelli, hombre clave en la actual conducción de Vicentin, accionista principal y nieto del fundador de la empresa agroexportadora. “En la actual situación, no hay otra alternativa viable que no sea la expropiación”, le transmitió Alberto Fernández a su futuro visitante en la charla previa que mantuvieron en la noche del martes.
Pese a los intentos del grupo familiar empresario de Vicentin por lograr otra vía de “rescate” estatal, ya fuera asociando a YPF Agro a los actuales dueños, o mediante “una intervención sin expropiación” que cambiara de manos el gerenciamiento pero no el control, la posición del gobierno que escuchará Nardelli de boca del presidente sigue siendo la misma. La expropiación es la única alternativa para sostener los puestos de trabajo y mantener la expectativa de cobro de sus deudas para los 2600 productores que quedaron comprometidas con el cese de pagos de Vicentin.
En una entrevista radial, Alberto Fernández contó este miércoles su diálogo telefónico del martes. "Yo ayer tuve una muy buena charla con Sergio Nardelli; le explicaba que la medida no tiene la vocación de perseguir a nadie, por el contrario, tiene la vocación de que una empresa de esa talla, que es una empresa argentina, siga siendo argentina y que sea rescatada de la situación en la que está”.
Mientras un sector de la oposición buscaba sacar provecho de la situación promoviendo cacerolazos en CABA y movilizaciones con banderas argentinas en Avellaneda, Santa Fe, en contra de la intervención del Estado en Vicentin, trabajadores de la empresa y productores de la zona sur de la provincia coincidían en señalar su satisfacción con la propuesta oficial. Además, expresaron su convencimiento de que la empresa, así como está, iba directo a la quiebra y al desguace en favor de grupos extranjeros. La propuesta coincidente del sindicato aceitero y de los productores federados del sur santafesino es que se forme una empresa mixta donde todos puedan tener participación.
La resistencia de las familias Nardelli y Padoan, dueños de Vicentin, a la intervención se expresó a través de la movilización que promovieron en la localidad de Avellaneda, en colaboración con el intendente radical Dionisio Scarpin, un viejo conocido de la empresa. La movida fue acompañada por medios capitalinos que agitaron el evento y alentaron un cacerolazo, anoche a las 20, con buena repercusión en barrios acomodados de CABA. Trabajadores de Vicentin y dirigentes del gremio aceitero no dejaron de hacer notar que “están movilizando a la gente para defender la posición de los empresarios que nos van a dejar sin trabajo y agitan banderas argentinas cuando, por el camino que ellos promueven, las plantas van a terminar en manos de grupos extranjeros más concentrados”.
De cualquier modo, el diálogo entre los representantes del Ejecutivo nacional que fueron este martes a la planta de Avellaneda, en nombre de la intervención, y los directivos que los recibieron, fue calificado de “respetuoso y en buenos términos” por allegados al gobierno. Más allá, claro está, del rechazo formal a ceder el control del establecimiento. Tras ese episodio, se dio el dialogo telefónico entre Nardelli y Fernández.
En forma paralela, el Banco Nación, en representación propia y de las demás entidades públicas que son parte del concurso de acreedores, presentó ayer ante el juzgado civil y comercial de Fabián Lorenzini, un pedido de intervención judicial que garantice la continuidad de la actividad en las plantas y la preservación del patrimonio societario. Esta designación, si prosperara, sería confluyente con la intervención resuelta por DNU del Poder Ejecutivo nacional, según esperan los acreedores bancarios estatales.
En su diálogo radial con Radio Diez, Alberto Fernández expresó: “Una sociedad donde uno gana y otro pierde, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Y por eso mi preocupación por lo que está pasando con Vicentin, porque lo que no me podría perdonar es mirar de brazos cruzados como se cae esa empresa. Esas dos mil personas sin trabajo, esos 2600 productores sin un canal de comercialización adecuado, eso afecta la vida de toda una comunidad, como la de Avellaneda. Por favor, lo que estoy tratando es de preservar todo eso”.
"Yo no tengo interés de hacer algo oculto, estoy rescatando una empresa. Rescatando, esa es la palabra exacta. Porque cuando hablan de expropiación, que efectivamente es una expropiación, lo plantean como si se tratara de una empresa próspera", volvió a explicar el presidente de la Nación.
11 de junio de 2020
El Senado tratará hoy el proyecto de ley que amplía derechos de quienes alquilan vivienda
La mitad de los inquilinos no pudo pagar el alquiler de junio
Por la caída de ingresos se generó un aumento en la morosidad. La Asociación de Inquilinos espera que se apruebe la nueva normativa que amplía de 2 a 3 años los contratos y modificaca la actualización, que dejará de ser semestral para ser anual.
Por Florencia Barragan
La Ciudad de Buenos Aires habilitará que inmobiliarios puedan mostrar propiedades.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
Este jueves el Senado volverá a tratar el proyecto de ley de alquileres, luego de que la semana pasada hubiera sido bloqueado por la oposición. Esta vez no necesita las dos terceras partes de los senadores sino una mayoría simple, con la que el oficialismo cuenta. Por lo que podría transformarse en ley, dado que el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados. Las asociaciones de inquilinos lo esperan con ansias. Hace 36 años que no se modifica la ley de alquileres y hace 4 años que se intenta avanzar en el Congreso, sin éxito.
Las asociaciones y defensorías de los inquilinos apoyan las modificaciones que plantea el proyecto: de aprobarse, el contrato de alquiler se extenderá de 2 a 3 años. La actualización dejará de ser semestral para ser anual, y ya no se basará en expectativas del mercado, sino en un índice objetivo, compuesto por la variación de precios y salarios. Son justamente los mismos puntos que generan fuerte rechazo en propietarios e inmobiliarias.
El acceso a la vivienda se transformó en un tema clave, siendo que la consigna de “quedarse en casa” es la única "vacuna", por ahora, contra el coronavirus. En la actual crisis económica que intensificó la pandemia, la mitad de los inquilinos no pudo pagar el alquiler de junio debido a la pérdida de ingresos, según un informe de Inquilinos Agrupados.
En una encuesta realizada a 3000 personas de todo el país, concluyeron que el 68 por ciento de los inquilinos cuenta con menos ingresos, o dejó de percibirlos. Desagregada por edad, la estadística se agrava en los jóvenes. En tanto, el 67 por ciento dijo estar endeudado o recibiendo ayuda de algún familiar.
Por otro lado, esa asociación consideran fundamental la aprobación de la ley, dado que en los próximos días la Ciudad de Buenos Aires habilitará que se puedan mostrar propiedades, por lo que podrían aumentar las mudanzas, y con esto, las firmas de nuevos contratos.
El ministro de Producción porteño, Jose Luis Giusti, confirmó a este diario que se encuentran redactando el protocolo con las autoridades sanitarias. El martes se reunió con la Cámara Inmobiliaria Argentina y acordaron comenzar por las unidades que estuvieran desocupadas, como casas, locales comerciales, oficinas o galpones, y no así en viviendas en consorcio.
Actualmente las mudanzas están permitidas en la mayoría de las ciudades del país. Pero la imposibilidad de visitar una propiedad, como ocurre en la Ciudad, funciona en la práctica como un impedimento para elegir mudarse.
En tanto, la agrupación Inquilinos Agrupados denunció presiones de las inmobiliarias para firmar renovaciones antes de que se aplique la futura ley. “Consejo a los inquilinos: no firmen nuevos contratos”, aseguró Gervasio Muñoz, titular de la agrupación. Además, recuerda que sigue vigente el decreto 320 que permite extender automáticamente el contrato hasta octubre, con el mismo valor. “Conviene extender y luego firmar con la nueva ley vigente”, agregó.
Pese al bloqueo opositor de la semana pasada, se espera que este jueves acompañen la ley. De hecho, todos los diputados de Juntos por el Cambio votaron a favor en noviembre 2019, y fue Daniel Lipovetsky, legislador de ese espacio, uno de los impulsores.
Luego de la frustrada sesión, Lipovetsky explicó a PáginaI12 que iba a mantener reuniones con los distintos senadores para promover y explicar el proyecto. “Descuento que va a ser ley, no hay obstáculos en cuanto al contenido. Es una ley necesaria en una cancha que está desequilibrada”, apuntó
Más allá del futuro del proyecto de ley, hasta el 30 de septiembre se mantiene el decreto del Gobierno que prohíbe desalojos y congela el precio de los alquileres. Además, establece que los inquilinos deben recibir el CBU de las inmobiliarias para pagar por transferencia bancaria. Sin embargo, el 44 por ciento se vio obligado a hacerlo en efectivo en julio, según la misma encuesta de Inquilinos Agrupados.
11 de junio de 2020
El proyecto ingresará por el Senado
El oficialismo busca los votos para garantizar la expropiación de Vicentin
Por Miguel Jorquera
El oficialismo necesitará aliados para sancionar la norma en Diputados
El oficialismo necesitará del respaldo de bloques opositores y gobernadores para aprobar la expropiación de Vicentin en la Cámara de Diputados. En tanto, en el Senado, por donde ingresará el proyecto, el Frente de Todos tiene mayoría propia para darle media sanción.
El proyecto de la expropiación a la cerealera en cesación de pago y con una deuda mayoritaria con los bancos estatales, todavía no llegó al Congreso. Aunque la iniciativa tendría que ser tratada antes de los tiempos fijados para la intervención previa.
El anuncio del presidente Alberto Fernández ya desató un áspero debate parlamentario donde distintas bancadas fijaron postura. Juntos por el Cambio salió a confrontar con la iniciativa del Gobierno en ambas Cámaras legislativas con duras calificaciones, mientras que el lavagnista Consenso Federal cuestionó la medida. Lo que abrió las puertas a las especulaciones sobre si el oficialismo contará o no con el número suficiente para avanzar con la expropiación de Vicentin.
En el Senado, no hay duda. El Frente de Todos (FdT) cuenta con 40 senadores propios, 3 más de los necesarios para alcanzar el quórum y la mayoría absoluta para sortear sin sobresaltos la primera etapa de la discusión. Incluso podría sumar aliados.
En Diputados los números son diferentes. El FdT tiene 119 bancas. Con una asistencia perfecta en la sesión que trate el tema, el oficialismo necesitará diez diputados más para llegar al quórum y abrir el debate. El mismo número (129) le alcanzará para convertir en ley la expropiación a Vicentin.
La discusión es en donde conseguirá el oficialismo ese respaldo con la principal bancada opositora de JpC en contra (116 diputados propios) y el lavagnista Consenso Federal que ya lanzó cuestionamientos, aunque en el interbloque Federal puede haber fisuras.
Las miradas se posaron entonces en otras bancadas. El interbloque de Unidad y Equidad Federal (8 diputados), que conduce Juan Carlos Ramón. El diputado mendocino ya dio algunas señales a favor de la medida. “Era esperable el rescate que está haciendo @alferdez a Vicentin y vamos a discutir la situación cuando llegue al Congreso. Vicentin está en concurso, no puede sostenerse, y la inmensa mayoría de la deuda la tiene con el Banco Nación, no es menor”, señaló Ramón en su cuenta de Twitter.
Habrá que ver si el resto del interbloque comparte su postura. Aunque en su filas también la integran los diputados del oficialismo misionero del Frente de la Concordia (3) y Juntos Somos Río Negro (1). Gobiernos provinciales, que hasta ahora acompañaron las principales medidas del Gobierno nacional. Además de Beatríz Avila, que responde al intendente de la capital tucumana.
En el Interbloque Federal, sólo se pronunciaron hasta ahora con cuestionamientos los lavagnistas de Consenso Federal (3 diputados). Pero el interbloque que conduce Eduardo “Bali” Bucca tiene otros integrantes con peso y mirada propia. Entre ellos, los 4 diputados de Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Carlos Schiaretti, que ha actuado en sintonía con el Gobierno nacional en la emergencia por la pandemia. Allí también conviven dos diputados que llegaron a la Cámara baja por el socialismo santafesino, preocupado por el impacto de la situación de Vicentin en la provincia donde el conglomerado cerealero y alimenticio está afincado.
La polarización de la elección presidencial que consagró a Alberto Fernández también dejó también un Congreso polarizado. De los otros dos bloques que componen la Cámara baja, los diputados del FIT (2), se pronunciaron a favor de la expropiación de Vicentin pero sin resarcimiento económico. En principio, el FIT aportaría al quórum para el debate. El otro, es el monobloque del neuquino MPN, con Alma Sapag.
Los números le dan al oficialismo un espacio para construir consensos y una mayoría en Diputados para aprobar la expropiación. Aunque habrá que esperar el momento del debate para confirmarlo.
11 de junio de 2020
La deuda en convocatoria es de u$s 1350 millones
Estado actual del concurso de Vicentín
El Banco Nación es el mayor acreedor. Vicentin sólo podía eludir la quiebra con una muy fuerte quita sobre su deuda.
Por Javier Lewkowicz
Los críticos de la medida advierten que hay infinidad de concursos en donde el Banco Nación es acreedor pero el resultado no es la expropiación. No es éste, sin embargo, el argumento que planteará el Ejecutivo en el proyecto de ley. Además, están las objeciones a una intervención dispuesta por el poder ejecutivo a una empresa que ya está en concurso preventivo. Por vía separada, los bancos públicos acreedores, a través del Banco Nación, ya elevaron un pedido al Juzgado civil y comercial de Reconquista (Santa Fe) para que disponga una intervención judicial.
La deuda con la Asociación de Cooperativas Agrarias asciende a casi 5 mil millones de pesos, la mayor de una larguísima lista de cooperativas acreedoras de todo el país. A la International Finance Corporation (que depende del Banco Mundial) le debe 16 mil millones de pesos. En la nómina de acreedores hay empresarios con nombre propio de peso, productores individuales, empresas de calzado, supermercados, textiles, metalúrgicas, telefónicas y empresas de electricidad, por ejemplo. En el mercado cerealero y de alimentos hay consenso en que la gestión de la empresa fue desastrosa y abundan sospechas de presuntas maniobras para inducir el default.
El concurso de acreedores es un proceso legal mediante el cual la deuda de la empresa se pone a un lado de la operatoria, lo cual le permite seguir trabajando. En paralelo, se desarrolla una reestructuración de la deuda en donde los acreedores sufren quita de capital y extensión del plazo de pago. El concurso de Vicentin está terminando la fase de verificación de los acreedores. Una vez concluida esta etapa, el juez determina cuál es el monto total que entra en la reestructuración. Para que se apruebe la reestructuración de la deuda, la empresa debe conseguir el apoyo de la mayoría simple de los acreedores (51 por ciento) y dos tercios del monto a reestructurar. Si lo logra, la empresa reduce significativamente su pasivo (lo cual equivale a una valorización) y regulariza su situación. El problema financiero se resuelve, porque suele regir un plazo de gracia para el repago. Durante el tiempo en el que se desarrolla el concurso, la empresa mantiene sus autoridades, las cuales son evaluadas por un síndico designado por el juez. Se supone que el síndico debe evitar que se produzca un vaciamiento que permita a la empresa reducir al mínimo su propuesta de reestructuración y así perjudicar a los acreedores.
“Este tipo de concursos por lo general viene más o menos encaminado por parte de la empresa, lo cual implica que siempre termina siendo un negoción para el deudor, en este caso, para Vicentin. El Estado nacional iba a terminar con una deuda pesificada y con una quita del 60 por ciento y a pagar en veinte años, a tasa mínima de interés. Esto es lo que pasó siempre. La declaración de interés público y posterior expropiación permite al Estado transformar el total de su deuda en un activo, más allá de la erogación que tiene que hacer por la diferencia entre la deuda y el valor total de la empresa. Si seguía el proceso concursal, se iba hacia una quita descomunal de la deuda. En cambio, así se hace valer la acreencia que tiene el Estado en Vicentin”, explica Marcelo Spanghero, abogado y docente universitario, especialista en derecho concursal y empresarial. La expropiación total de la empresa requiere de una fuerte erogación de dinero, porque la empresa vale mucho más que la deuda con el Banco Nación y AFIP. De mínima, hay una deuda adicional de nada menos que 1000 millones de dólares que sería necesario atender en caso de una expropiación. Otros especialistas recuerdan que el Banco Nación es acreedor en infinidad de concursos y no por ello el resultado es la expropiación. "La cantidad de plata en juego no puede ser justificativo", dicen.
Por otro lado, está el tema de la intervención del Estado nacional en un proceso que lleva adelante la Justicia. El gobierno justifica la intervención advirtiendo que la empresa ya hizo maniobras comerciales de venta de activos en medio de su disputa con los acreedores. Para otros especialistas, la intervención implica un desplazamiento de la Justicia y será uno de los argumentos de los dueños de Vicentin para defenderse en los tribunales.
11 de junio de 2020
Había sido interrumpida durante el gobierno de Cambiemos
El Malbrán volverá a producir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina
El recorte de presupuesto al Malbrán provocó el corte de la producción en 2018.
La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) - Malbrán anunció que volverá a producir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), que había sido discontinuada durante el gobierno de Macri en el año 2018. Con una inversión de nueve millones de pesos, la producción se retomará en la planta de Pergamino del Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas (INEVH) - Maiztegui y buscará acercar las dosis necesarias de la vacuna CANDID - 1 a la población de riesgo de la zona crítica de la enfermedad, comprendida entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. Pascual Fidelio, director de ANLIS - Malbrán, aseguró a Página/12 que "volver a producir la vacuna es una decisión política y de soberanía sanitaria"
"La FHA es una enfermedad viral grave, que puede llegar a tener hasta un 30 por ciento de letalidad. Además es una enfermedad zoonótica, transmitida por un roedor silvestre llamado Calomys Musculinus, por lo que no es erradicable. La medida de prevención más efectiva es la vacuna", explicó a este diario Anabel Sinchi, coordinadora del Programa Nacional para el Control de la Fiebre Hemorrágica Argentina de ANLIS. En el año 2018, tras el fuerte desfinanciamiento que sufrió el Malbrán, la producción de CANDID - 1 fue discontinuada.
"Si esta vacuna no la hacemos nosotros hay que comprarla en el extranjero y la decisión del Ministerio de Salud es ratificar la producción nacional de vacunas estratégicas", señaló en este sentido Fidelio y agregó que hasta el momento "hay stock para la campaña de vacunación de este año, pero tenemos que producir para el año que viene y el siguiente".
El primer paso del proceso estará focalizado en equipar con los instrumentos necesarios a la planta de medicamentos biológicos que el INEVH tiene en Pergamino: “Esta planta dejó de funcionar y hoy la estamos recuperando. Para producir medicamentos biológicos se necesita aire, agua y frío de calidad”, detalló el director del Malbrán. En este sentido, lo primero será el equipamiento de la planta de agua de calidad inyectable y de las cámaras de frío.
Pero la puesta a punto de la planta no se dará de un día para el otro: "Cuando se hacen arreglos de este tipo la mecánica es compleja. Es todo un proceso en el que, por ejemplo, hay que validar los equipos o revisar que el ambiente esté libre de partículas, recién entonces la ANMAT valida y se extiende el certificado", explicó Fidelio. Desde el Malbrán sostienen que la planta estará lista para volver a producir en el primer trimestre de 2021 y su director afirmó que "después de esto el proceso de producción será relativamente rápido".
A largo plazo, el objetivo propuesto es el de llegar a cubrir a toda la población en riesgo de contagio del área de influencia de la FHA. Actualmente la enfermedad es endémica en la zona comprendida entre el noroeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba y el noreste de La Pampa.
Durante el transcurso de 2019 las estadísticas registraron un total de 17 casos confirmados y alrededor de 400 sospechosos, mientras que en lo que va de 2020 ya son 22 los contagios reportados, según confirmó la coordinadora del Programa. Sin embargo, la población de riesgo se extiende mucho más allá de estas cifras: "En este momento calculamos que se trata de aproximadamente cinco millones de personas, aunque podrían ser más. Para abarcar a todas esas personas el stock actual no alcanza", sostuvo Sinchi, quien remarcó que buscarán "llegar a inmunizar a toda la población de riesgo".
Como su nombre lo indica, la Fiebre Hemorrágica Argentina es una enfermedad que solo existe en nuestro país. Aunque en algunas zonas de la región se encuentran enfermedades de características similares, ningún país ha producido vacunas para combatirlas: "CANDID 1 es única en el mundo, es un gran logro argentino", sostuvo Sinchi. En este sentido, Fidelio destacó que "volver a producir esta vacuna equivale a un Estado presente, ocupado en mejorar la calidad de vida de la población”.
La primera dosis de la vacuna contra la FHA fue producida en el año 1984 por un investigador argentino radicado en Estados Unidos. Entonces, en Argentina no existía ningún laboratorio con la seguridad requerida para ese tipo de desarrollo. Recién en el año 2001 esta tecnología llegó al país y en 2003 el Instituto Maiztegui comenzó a producir la vacuna que, en el año 2006, pudo ser validada a través de un ensayo clínico. Desde entonces, CANDID 1 estuvo en el calendario de vacunación para las zonas de riesgo y no dejó de producirse hasta el año 2018, cuando la gestión de Cambiemos recortó el presupuesto de ANLIS - Malbrán y la producción se detuvo.
El Instituto Julio Maiztegui lleva el nombre del primer médico en el mundo en desarrollar tratamientos con plasma inmune de pacientes convalecientes, precisamente para combatir la FHA. En el año 1971, Maiztegui logró demostrar que "la aplicación de plasma inmune de pacientes convalecientes en el término de ocho días después del comienzo de la enfermedad es extremadamente efectiva y reduce la mortalidad del 30 al 1 por ciento", según consta en un informe de la Organización Panamericana de la Salud dedicado a esta enfermedad. Desde el mes de abril, el INEVH - Maiztegui comenzó a trabajar junto al Ministerio de Salud de la Nación en el desarrollo de protocolos para el uso de plasma inmune como terapéutica para covid-19.
Informe: Santiago Brunetto
11 de junio de 2020
El Presidente se refirió a la situación del coronavirus en el Área Metropolitana
Alberto Fernández: “Por la velocidad de contagios, deberíamos estar en cuarentena absoluta"
El jefe de Estado dijo que es posible que el pico de casos de covid-19 esté ocurriendo en estos días, por lo que advirtió sobre el peligro de relajar el aislamiento social, preventivo y obligatorio en las zonas de circulación comunitaria. "La velocidad de contagio es la más alta que tuvimos desde el día cero, con lo cual deberíamos estar en la fase uno”, alertó sobre el AMBA.
Destacó que esto ocurre en la provincia de Buenos Aires y particularmente en la Ciudad, donde los últimos días se levantaron restricciones para varias actividades comerciales y sociales, lo que elevó la circulación de personas en las calles. La Capital Federal “tiene los mismos casos que la provincia con la salvedad de que tiene un tercio de la población”, comparó. Con todo, Fernández aceptó que no son sólo los números absolutos los que se analizan a la hora de establecer “en qué fase” se ubica cada región, sino que también se tienen en cuenta “otras cosas”, pero remarcó: “La velocidad de contagio es una”.
“Muchos porteños creemos que el problema quedó circunscripto a los barrios más humildes, a los barrios obreros, pero la verdad es que el 70% por ciento del virus está circulando por Caballito, por Recoleta, Palermo”, graficó el Presidente.
También la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, se refirió al tema: “Cuando pasó lo del cobro de los jubilados, dije que se tenían que generar medidas correctivas inmediatamente. Pero en ese momento la circulación viral era muy baja, era al aire libre y en un tiempo de contagio no tan largo. Y no tuvimos un aumento de los casos”, respondió Vizzotti en una entrevista en radio Continental. “Ahora la situación es diferente porque la circulación viral es bastante más alta y tenemos circulación comunitaria, que aumenta el riesgo”.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue en el mismo sentido y adelantó la posibilidad de ingresar “en una etapa de revisión” del aislamiento obligatorio. “No autorizamos más actividades, sino al revés; crecen los contagios y no hay más flexibilización; tenemos que cuidar a todo el mundo”, afirmó durante una conferencia de prensa en La Plata, en la que advirtió que el distrito está frente a una “etapa más veloz” de aumento de casos.
En este marco, Kicillof pidió “ser prudentes”, no “actuar como niños caprichosos” y manejarse, en cambio, “como si todos tuviéramos el virus” porque la enfermedad exhibe una etapa sin síntomas, que implica riesgos. “Las medidas de seguridad personal y el distanciamiento social son fundamentales” cuando crece el número de contagios, insistió el mandatario provincial.
En tanto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, evaluó como “correcto” lo expresado por Fernández “en el sentido de que el virus está en su valor más alto porque el número de casos fue el más alto”, en declaraciones a radio La Red. Quirós aceptó que “el 70 por ciento del resultado del cuidado de la cuarentena depende del comportamiento social” y manifestó que el gobierno porteño evalúa las medidas semanalmente. “Cuando tengamos que pedir un nuevo esfuerzo a la ciudadanía se lo vamos a pedir”, aseguró. De hecho, el gobierno porteño ajustó en las últimas horas los límites para las salidas a correr de los vecinos, luego de una multitudinaria presencia de personas el lunes último, el primer día de la nueva etapa de aislamiento obligatorio en la ciudad.
11 de junio de 2020
Argentina estaría dispuesta a ofrecer un desembolso de 500 millones el año próximo
Un pago en 2021 para endulzar la oferta
También se evalúa usar un instrumento en el que se comprometan mayores pagos de deuda si crecen las exportaciones ya que en ese caso habría más dólares disponibles.
Por Federico Kucher
Guzmán se reunió este miércoles con Alberto Fernández.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
La negociación del Gobierno con los bonistas extranjeros avanza paso a paso para cerrar el acuerdo final de la reestructuración. El presidente Alberto Fernández se reunió este miércoles con el ministro de Economía Martín Guzmán para revisar la nueva oferta que enviará el equipo económico a la SEC esta semana. Fuentes oficiales aseguraron a Página/12 que entre los posibles endulzantes para los bonistas puede haber un pago de 500 millones de dólares el próximo año. También se evalúa usar un instrumento en el que se comprometan mayores desembolsos si crecen las exportaciones.
En los últimos días se firmaron de nuevo acuerdos de confidencialidad con los inversores para poder trabajar los detalles de la nueva propuesta. La idea es tener un acuerdo preliminar con los grandes fondos antes de elevar la oferta final a la comisión de valores norteamericana. El viernes termina el plazo estipulado para el canje pero se descuenta que será prorrogado para que durante los próximos días los bonistas puedan analizar la nueva oferta.
Las expectativas tanto del equipo económico como de los grandes fondos de inversión se fueron acercando en las últimas semanas. En un comienzo el Gobierno realizó una oferta con valor de recupero cercana al 40 por ciento (usando una tasa de descuento del 10) y los bonistas apuntaban a una reestructuración con recupero de más del 60 por ciento.
Los plazos para cerrar el canje se fueron prorrogando y hubo una mejora en la propuesta del Gobierno junto a una reducción en el pedido de los inversores. La percepción del mercado es que de ambos lados se cedieron cerca de 10 puntos para avanzar en un acuerdo. El Gobierno presentará una oferta con un recupero más cerca del 50 que del 40 inicial. Los inversores buscarán un piso para firmar más cerca del 50 que del 60 por ciento.
El presidente fue preciso este miércoles sobre la voluntad del país de alcanzar un acuerdo justo con los bonistas (sin comprometer la sustentabilidad financiera). “Está claro que la Argentina debe encontrar un acuerdo y está claro que los acreedores no aceptaron nuestra oferta y Argentina la va a mejorar”, planteó. Alberto Fernández mencionó que el plazo para cerrar con los inversores puede extenderse 10 días o más. “Estamos en una negociación”. Fernández usó de ejemplo el canje de 2005: las mesas con los bonistas empezaron al inicio y terminaron al final del año.
Endulzantes para inversores
El valor de recupero que obtendrán finalmente los inversores no es lineal. Existen distintos catalizadores para mejorar la oferta sin necesidad de comprometer la sustentabilidad financiera del país. Pueden ser claves para terminar de definir el acuerdo.
En las últimas semanas se había especulado con un pedido de cupón PBI. Pero este instrumento tiene algunos problemas vinculados con los desequilibrios estructurales de la economía argentina. En la medida que el país crece requiere de más divisas para sostener las importaciones y garantizar que las industrias tengan los insumos suficientes.
La idea de comprometerse a aumentar los desembolsos de deuda en dólares si la Argentina registra un aumento del PIB puede ser contraproducente. Los inversores cobran más divisas justo en el momento que las economía más las necesita para seguir creciendo.
Por ello resulta interesante el instrumento que empezó a considerarse como nueva opción: el cupón exportador. Se trata de una herramienta en la cual el país se compromete a desembolsar más pagos de deuda en la medida que aumentan las exportaciones.
La intuición es simple. Si en la Argentina entran más dólares, el país puede pagar más deuda en moneda extranjera sin correr un riesgo de perder la sustentabilidad financiera. Genera incentivos además para acelerar el desarrollo de complejos exportadores claves.
Precio de bonos
En el mercado empiezan a descontar un acuerdo en las próximas semanas. Este miércoles hubo un salto de los títulos públicos en moneda extranjera. Uno de los bonos que más subió fue el Bonar 2024 con un incremento del 4,5 por ciento. El riesgo país siguió en caída y cerró la jornada en 2523 puntos. Fue una baja de 74 unidades.
11 de junio de 2020
En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las islas
El Museo Malvinas celebró su 6to aniversario
Hubo un acto en el que participaron el ministro de Cultura, Tristán Bauer, el de Educación, Nicolás Trotta, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, y el director del museo, Edgardo Esteban
En un breve acto en el museo, con pocos asistentes y con la distancia social que requiere el aislamiento obligatorio, Filmus recordó que "hay una parte de la Argentina donde está prohibido levantar la bandera argentina, no se pueden venerar nuestro próceres, ni podemos decir que somos independientes". Y agregó: "Es uno de los pocos casos donde hace 187 años convivimos sabiendo que hay una parte de nuestro territorio ocupado solo por la prepotencia de las armas y la desigualdad que existe entre las naciones". Tal como publicó Página/12 , el titular de la Secretaría Malvinas señaló que una gran parte de nuestra población aun reclama por la soberanía de las Islas. "Buena parte de las generaciones trasmiten a las venideras lo que consideran sus valoren centrales", subrayó.
Si bien una buen parte del Museo está dedicada a la producción de mascarillas para la prevención de la covid-19, Edgardo Esteban aprovechó la oportunidad para inaugurar en la línea del tiempo sobre Malvinas la declaración de compromiso de Alberto Fernández con la causa. Esta va desde 1994, con las primeras expediciones de los europeos en la conquista, hasta 2020, con la reaperutra de la Secretaría de Malvinas Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, que había sido cerrada por Mauricio Macri en 2016.
"En estos tiempos tenemos que seguir luchando por la libertad, es una gran oportunidad para todos los argentinos para seguir reclamando por lo que es la causa Malvinas", remarcó Esteban. "Este espacio tan importante es parte de una cuestión de Estado y de la construcción colectiva que tenemos con la mirada del Malvinas. Hay que volver a encontrar los caminos para encontrar la oportunidad y el tiempo de diálogo", agregó.
A su turno, Trotta destacó la importancia de tener un Ministerio de Cultura para poder encarar la lucha por la soberanía de las Islas. "Todos anhelamos que este Museo sea visitado por las chicas, chicos y adolescentes. Creemos que nuestra escuela tiene la enorme responsabilidad de moldear la sociedad que queremos ser y los valores que queremos transmitir", dijo el titular de la cartera de Educación. Además, remarcó el impacto de los canales Encuentro y Paka-Paka "en la reivindicación de la identidad del sentimiento de Malvinas en nuestros niños y niñas".
Por su parte, Tristán Bauer reafirmó el compromiso que tomaron en la cartera de Cultura de "luchar contra el colonialismo". "Cristina (Fernández de Kirchner, en cuya presidencia se gestó el espacio) nos decía que esté presente la guerra, pero que no sea un museo de guerra. Que tengamos una mirada integral hacia Malvinas", recordó el ministro.
En cuanto al reclamo por la soberanía de las Islas, como publicó Página/12, 3 de cada 4 habitantes del AMBA quieren que el reclamo siga firme. Sobre la actitud que tomó el gobierno de Alberto Fernández en el reclamo, sólo el 9,7 por ciento dijo estar en desacuerdo. Mientras que hay un 66,9 por ciento que sí está de acuerdo (43,6 "muy de acuerdo" y 23,6 "de acuerdo"). Estos datos surgen de un informe de la consultora Julio Aurelio - Aresco. El sondeo abarcó 2.998 casos y se realizó en los primeros días de junio mediante entrevistas a ciudadanos mayores de 16 años.
Informe: Antonio Riccobene.
11 de junio de 2020
Pedido de reunión
Los Organismos de Derechos Humanos quieren hablar de la pandemia con Rodríguez Larreta
Los Organismos de Derechos Humanos quieren hablar de la pandemia con Rodríguez Larreta.
Inquietos por los últimos desarrollos de la Pandemia en CABA, los Organismos de Derechos Humanos le solicitaron, "con caracter urgente", una reunión al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
En ella, quieren expresarle su "profunda preocupación por la evolución alarmante de la Pandemia en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente luego de las medidas de flexibilización del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio a partir del 8 de mayo pasado".
Los Organismos consideran alarmante "cómo esa flexibilización repercute con más crudeza en las miles de familias que viven en situación de vulnerabilidad extrema y que el Gobierno de la Ciudad no logra contener ni tiene una estrategia acorde a la emergencia sanitaria, social, económica y habitacional".
El encuentro que proponen tiene por objeto coversar sobre esos temas y proponerle al jefe de Gobierno "soluciones posibles que contemplen el respeto irrestricto por los derechos humanos básicos como son el derecho a la vida, la salud, la educación, la dignidad y la igualdad".
Fuente:Pagina12
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