Por Alejandro Maidana, Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2020
Se trata de una persona que viene denunciando de manera constante las fumigaciones con agrotóxicos. Luego de un exhaustivo examen clínico, el resultado arrojado encendió las alarmas. “El Glifosato y demás herbicidas no solo llegan a mi casa, sino que se meten en mi cuerpo”, dijo Julieta Fedeli en una carta enviada al presidente comunal José Abraham.
Indisimulable, esa es la palabra que define al daño que origina un modelo productivo que viene atentando contra la vida en su amplio conjunto. Tierra arrasada, migraciones internas, hambre, enfermedades y muerte, son los daños «colaterales»de un paquete tecnológico que ha demostrado con creces lo destructivo del mismo.
Distintas comunas y municipios permanecen en el foco del debate, su médula agrícola las predispone a omitir, y en muchos otros casos, a combatir todo intento que persiga frenar las aspersiones que condicionan los días de aquellos habitantes que se han juramentado no claudicar. Pero claro, ante lo demoledora que resulta la realidad, estos posicionamientos estatales suelen quedar al desnudo y sin respaldo alguno.
Julieta Fedeli viene denunciando de manera sostenida las fumigaciones con agrotóxicos en Pueblo Andino, una lucha desigual contra un poder económico que encuentra en el Estado el adalid indicado para llevar adelante sus prácticas contaminantes. “El día 10 de marzo del 2020 me realice un análisis de orina en el reconocido laboratorio «FARES TAIE» de Mar del Plata para detectar glifosato. El resultado entregado por el laboratorio el día 27 de mayo reveló la presencia del herbicida glifosato en mi orina en 2.5 ppb, una dosis demasiado alta para no tener contacto directo con el producto, pero que despeja dudas de manera más que clara que las distancias en las que hoy en día se fumigan en Pueblo Andino, no son las adecuadas para cuidar la salud de la población”, dice uno de los fragmentos de la carta enviada al presidente comunal de Pueblo Andino José Abraham.
Si bien dicho herbicida no llegó a metabolizarse en su cuerpo, la aparición del mismo en su orina habla a las claras de la exposición al mismo. “El Glifosato y demás herbicidas no solo llegan a mi casa, sino que se meten en mi cuerpo. Conocidas son las decenas de denuncias que ya llevo hechas en comisaría, juzgado de faltas y fiscalía desde hace años, conocidas son las notas presentadas para que usted nos reciba y podamos contarle, yo y vecinos de su pueblo que creo que no conoce, el padecimiento frente a cada fumigación”.
Julieta enfrenta un problema endócrino, algo que claramente la convierte en una persona de alto riesgo. “Encontrándome en tratamiento médico por disrupción endocrina y conociendo el caso de muchos vecinos que padecen enfermedades directamente relacionadas a este y otros herbicidas, como también de vecinos que buscan en Andino un lugar para recuperarse de difíciles enfermedades como cáncer, problemas respiratorios y de piel, leucemias, de abortos espontáneos, etc; exigimos se modifique ya mismo la ordenanza comunal de fumigaciones. También exigimos que se suspenda toda aplicación de herbicida, fungicida y fertilizante químico hasta no estar seguros de que estos venenos no llegan a nuestros hogares y no ponen en riesgo nuestra salud”.
El diálogo con la comuna del lugar se encuentra bloqueado, algo que inquieta y genera una verdadera sensación de indefensión. La misiva elevada al referente comunal, solicita entre otras cosas “tomar medidas urgentes, ya que es la única forma de poner la salud de todos y todas por encima de las ganancias económicas. Hemos tenido que presentar una carta documento hace una semana requiriendo la intervención urgente por parte de usted en el tema y sin más dilaciones ni comentarios evasivos. Aún espero respuesta. En el día de hoy presentamos una nota contando mi problema por mesa de entrada en la comuna. Ojala sea respondida con la prontitud a la que se le responde a otros vecinos. No podemos permitir que el veneno llegue a nuestros cuerpos y nuestros hogares como me está pasando y como queda demostrado en estos análisis que están a disposición para cuando quiera verlos”.
Un reclamo de larga data que viene siendo desacreditado y subestimado. Por ello Julieta Fedeli no dudó en insistir. “Realmente lamentamos que este tema haya llegado a este punto siendo que venimos reclamando y alertando sobre la posibilidad de que tarde o temprano estos venenos nos enfermarían ¿Cuántos vecinos más estarán en la misma situación? Sabemos que existe un gran número, porque hace años recorremos los barrios y recolectamos casos y firmas en Pueblo Andino. Usted también firmó en la campaña del 2017 ¿Debemos demostrar cada uno de nosotros que orinamos glifosato para llamar su atención? Si es así comenzaremos ya mismo una campaña para demostrar que el pueblo que usted y la comisión comunal actual gestiona, se está enfermando por inacción. Un caso ya es triste, pero parece que solo reaccionara ante la suma de muchos”.
Por último, la vecina de Barrio “El Bosque” dejó en claro su posición, y la necesidad imperiosa de contar con una respuesta por parte del estado comunal. “La exposición al glifosato es clara. No priorice la ganancia económica a cambio de la salud de su pueblo, sus amigos y sus familiares. Sin más, quedo a disposición para cualquier consulta y le reitero la urgencia del caso”.
Fuente: Red Eco
“Me despidieron tratando a un niño fumigado con leucemia”
Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2020
Así titula el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez la carta pública en la que relata las circunstancias en las que fue despedido de la Clínica Caraffa de la ciudad de Córdoba, donde se desempeñó durante 18 años como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría.
Reproducimos la carta:
Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba (Clínica Caraffa), el pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la Provincia (APROSS) para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis.
Hasta ahora y desde hace 18 años me desempeñaba como jefe del Servicio de Neonatología y Pediatría de una clínica privada de la ciudad de Córdoba (Clínica Caraffa), el pasado jueves 4 de junio me llaman desde la obra social de los empleados de la Provincia (APROSS) para que recibamos un niño de 2 años con supuesta bronquiolitis.
T.F. vive en Villa de María de Rio Seco, este es un pueblo del norte cordobés donde se extendieron los cultivos de soja y maíz a base de agrotóxicos y los niveles de contaminación son altísimos y también las protestas de los vecinos que tratan de que dejen de fumigarlos. El padre de T.F. murió en un accidente de tránsito, ahora vive con su madre, tíos y el abuelo. Su abuelo lo llevó ese día al centro de salud municipal porque está muy flaquito y hace 3 semanas que tiene fiebre. Desde el centro de salud lo mandaron directamente a Córdoba (a 300 km), con la ropa puesta, sin plata y en plena cuarentena. En realidad tenía una LEUCEMIA, al llegar volaba de fiebre y estaba sumamente debilitado y asustado llorando sin parar aterrado y dolorido. Solo acompañado de su abuelo paterno (un trabajador de la leña de los montes que destruye el agronegocio), porque su madre esta internada en Deán Funes teniendo otro bebe… El niñito lloraba llamando a su madre, quien no va a venir y quizás por mucho tiempo más aún. Al pobre niño le tuvimos que hacer todo tipo de intervenciones, incluso punción de medula ósea. Su estado era muy delicado, con una anemia severísima, lo trasfundimos y logramos compensarlo un poco. Al día siguiente, el viernes 5, teníamos confirmado el diagnostico de leucemia linfocítica aguda de células B.
El panorama se empezaba a esclarecer ya que es fuertísimo el vínculo entre exposición a agrotóxicos en la madre y leucemia en los hijos, incluso en revisiones de “medicina basada en la evidencia” como el metanálisis que ilustra esta crónica. En este estudio de Wigle et al. revisando 14 estudios publicados la conclusión es que la madres expuestas a agrotóxicos tiene dos veces y media más posibilidades de que sus hijos desarrollen una leucemia comparado con el riesgo norma de las madres no expuestas a estos venenos. Algo que se verifica claramente en nuestro paciente T.F. Y también verifica la injusticia ambiental y social de este caso, familia pobrísima que solo recibe las consecuencias sanitarias del agronegocio que destruye el ambiente y enferma a los vecinos.
A la tarde de ese viernes nuestra onco-hematóloga nos pide que empecemos con las altas dosis de Deltisona B (metilprednisona). No teníamos en gotas y la farmacia de la Clínica me informa que recién el lunes podría conseguir…. Deltisona B gotas hay en todas las farmacias y sale $470. Le aviso al Director médico que no teníamos la deltisona, pero que los pediatras la podríamos comprar en la farmacia del lado y arreglamos el lunes, todo OK. El sábado concurro nuevamente a ver los pacientitos y compro en la farmacia unos autitos de juguete, una segunda Deltisona B porque por las altas dosis que necesitaba el niño solo alcanzaban para día y medio y en el almacén comestibles y bebidas para el padre.
Bueno, el lunes 08 el niño estaba mucho mejor, las enfermeras le habían traído ropa y juguetes para él, nosotros ropa al padre, las chicas de laboratorio le compraron comida, agua y golosinas. Esa mañana, como a las 09:00 fallece Débora una niña de 6 años con un cuadro neurológico metabólico progresivo incurable que cuidábamos desde hace más de un mes, su estado era terminal y fue algo muy triste y doloroso para la familia y para todos nosotros. Mientras estábamos acompañando a la familia en ese momento tan desgarrador y humano, justo en ese momento me llama el joven y neoliberal abogado que junto con otra joven contadora, hijos de los dueños fundadores están manejando la clínica desde hace muchos meses. Bueno, me llama este gerente para reprocharme y retarme muy enojado por haber comprado la Deltisona supuestamente sin autorización, vociferarme diciéndome que esto no se maneja como un almacén y tampoco somos una clínica de CARIDAD!, situación que emotivamente me sobrepaso harto de meses de bullyng y falta de respeto y lo reputie como la situación, por lo menos, se lo merecía.
Conclusión, al medio día me llama para despedirme… y que arregle con su padre los términos de mi indemnización después de 18 años.
Sorprendido aunque sentía que este final no estaba muy lejos. En todos estos años trabaje como empleado en negro (como casi todos los médicos en dependencia privada de esta provincia) bajo mi responsabilidad estuvo el cuidado de más de 12.000 niños y 1800 recién nacidos y por suerte y dedicación tuvimos una excelente sobrevida y alta satisfacción de las familias, claro que también cometimos muchos errores, a algunos no pudimos ayudar a sobrevivir otros no supimos tal vez, pero no dejamos nunca de aprender de ellos. También forme varias camadas de residentes de los que me siento absolutamente orgulloso. En toda esta época, si bien la clínica era un negocio para los dueños, para nosotros era un lugar más para cuidar y ayudar a niñes enfermos y nos manejamos con amplio criterio hospitario, seguramente que esta condición se lograba porque la sociedad de los propietarios de la clínica eran en un 80% médicos que también trabajaban allí mismo. Esta situación desapareció, hoy la maneja un exclusivo criterio empresarial y este quedo expuesto en la patética situación de mi despido.
Y en medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios, seguramente les dolía que siempre apoye los reclamos por los derechos de los residentes, que siempre reclamamos por nuestro sueldo retrasado y los insumos y medidas de protección adecuadas, seguramente les molestaba de sobremanera que era público mi rechazo a la Declaración Jurada individual de que no tenemos Covid… y que si hay contagios es culpa del médico y deslinda de responsabilidad a las empresas y ministerios. Y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. En esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la “economía”, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esta trituradora, aprovecharon y me despidieron.
Están supuestamente prohibidos los despidos, pero si Techint lo hace con 1400 operarios, porque Clínica Caraffa no lo va a hacer conmigo, parece ser la realidad.
No me arrepiento de nada, volvería a hacer lo mismo, volvería a proteger como pueda a ese niñito fumigado y enfermo de muerte, volveríamos a comprarle su remedio y sus juguetes y volvería a decirle al patrón que no me lo diga por teléfono, que venga a decírmelo aquí en la cara que te voy a cagar a trompadas.
Fue un enorme placer para mí haber trabajado con todos los compañeros de esa Clínica, siempre todos tratando de dar una buena atención de salud. Los médicos de todos los servicios, las excelentes enfermera/os, las administrativas, camilleros, personal de limpieza, de la cocina, de mantenimiento, de diagnóstico. Gracias amigos y compañeros, nosotros cada uno de nosotros sabemos todo lo que ponemos, cuanta pasión, cuanta compasión, cuanto dolor, para tratar de ayudar al enfermo, al doliente, al desvalido, porque esa es nuestra función en esta vida. Les agradezco poder haber trabajado con ustedes, muchas gracias a todos. Y si, se aprovechan de nuestra nobleza, pero algún día tendremos que levantarnos para defender nuestra dignidad.-
Dr. Medardo Avila Vazquez
Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696
Médico Pediatra y Neonatologo MP. 16696
Fuente: Red Eco
A 13 años de la 7722, la historia de la lucha por el agua
Por María Marta Bernabeu*, Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2020
El 20 de junio celebramos el 13º aniversario de la sanción de la ley que protege el agua de Mendoza frente a la megaminería contaminante. Conoce su historia y los políticos que quisieron tirarla.
El origen de la ley “guardiana del agua”Un 20 de junio de 2007 se sancionó la ley 7722 que regula la actividad minera en la provincia de Mendoza prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera:
Artículo 1º: A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
Como todas las conquistas, la historia de la “ley del pueblo” se remonta a unos años atrás, cuando el 25 de mayo de 2005 un grupo de vecinos, vecinas y estudiantes de San Carlos marcharon con carteles y disfraces frente al gobernador Julio Cobos contra la amenaza de la minería a cielo abierto. La minera canadiense Tenke y su subsidiaria en la Argentina, Depromin, habían anunciado en febrero su decisión de explorar el área denominada Papagayos, ubicada sobre el arroyo del mismo nombre, a unos 20 km al sur de la Laguna del Diamante, para extraer oro y cobre. En dicho desfile, más de 4 mil vecinos aplaudieron con entusiasmo a ese grupo de manifestantes con carteles de “No a la mina” y “El agua es vida”. Luego de muchas asambleas, los vecinos y vecinas se autoconvocaron en septiembre para pedir la ampliación de la reserva Laguna del Diamante, la cual se aprobó dos días después y de esta manera, se frenó el proyecto minero por quedar dentro de los límites de la reserva.
Pero no fue suficiente, el pueblo comenzó a darse cuenta que las mineras seguirían intentando desarrollar nuevos proyectos pero también se dio cuenta de la fuerza de la organización. En agosto de 2006 se realizó una manifestación de mil personas en contra de un proyecto minero en General Alvear. Vecinos y vecinas del Valle de Uco mostraron su apoyo. El 13 de diciembre marcharon a la legislatura para generar presión y lograron la promulgación de la Ley N° 7.627 que suspende el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, hasta tanto la Provincia de Mendoza tenga aprobado el Plan Ambiental de la Ley 5.961. Seis días después el gobernador Julio Cobos vetó la ley y las asambleas se declararon en pie de guerra.
Pasaron los meses y el 6 de junio de 2007 debía ratificarse o rectificarse el veto a la ley 7627, sin embargo, no se trató. Al día siguiente Cobos suspendió los proyectos mineros por 90 días pero las asambleas y vecinos y vecinas lejos de conformarse, reforzaron las medidas de lucha y continuaron los cortes de rutas, manifestaciones y se declararon en asamblea permanente. Las asambleas y medidas de lucha continuaron. El 19 de junio había 5 cortes de rutas. Luego de 10 horas de debate en la legislatura, finalmente la cámara de senadores dio media sanción a la ley 7722. Al día siguiente, el 20 de junio de 2007, luego de 15 días de lucha, fue aprobada la ley 7722.
Una ley incómoda
Las asambleas y la lucha lograron promulgar la ley, pero el lobby minero seguiría presionando así que la lucha seguía, ahora había que defenderla con uñas y dientes.La prohibición de sustancias tóxicas hacía que no fueran viables económicamente muchos proyectos mineros, por lo que no fueron pocos los ataques e intentos de modificar la ley a lo largo de estos trece años.
Las asambleas y la lucha lograron promulgar la ley, pero el lobby minero seguiría presionando así que la lucha seguía, ahora había que defenderla con uñas y dientes.La prohibición de sustancias tóxicas hacía que no fueran viables económicamente muchos proyectos mineros, por lo que no fueron pocos los ataques e intentos de modificar la ley a lo largo de estos trece años.
En el año 2008 fue el proyecto de la mina San Jorge en Uspallata de la empresa Coro Mining Corp. Ante los anuncios del intendente de Las Heras, Rubén Miranda, el gobernador Celso Jaque y el secretario de ambiente Guillermo Carmona, sobre inversiones millonarias en el proyecto minero San Jorge, los vecinos y vecinas de San Carlos, organizaciones ambientalistas y diversas entidades realizaron asambleas y encuentros en oposición al proyecto minero. Se manifestaron en el Argentina Mining de 2008, en el Dakar, en las famosas contramarchas en el carrusel de la fiesta de la vendimia, cortes de ruta, acampes y en diversas ocasiones durante los años que se debatió el proyecto.
En febrero de 2010 se dio a conocer la aprobación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto dada por distintas entidades del ámbito provincial y nacional. En julio de 2010 los vecinos y vecinas de Uspallata presentaron sus reclamos ante el Concejo Deliberante, y el 26 de octubre de 2010 participaron de la audiencia pública donde hubo también representantes de la empresa minera, de la iglesia y otras instituciones.
En plena campaña para las elecciones para la Gobernación de 2011,el radicalismo, que llevaba de candidato a Roberto Iglesias, le recriminaba a Paco Perez por su respaldo al lobby minero. El peronista, que había impulsado el proyecto San Jorge siendo ministro de Infraestructura de Jaque, se presentó en la Legislatura a pedirles a sus legisladores que rechazaran de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Para desactivar ese conflicto de intereses en plena campaña, Perez se mostró antiminero. Al final, la DIA fue rechazada por unanimidad en las cámaras legislativas. Y San Jorge volvió a foja cero. En 2013 San Jorge intentó presentar al megaproyecto de cobre como “cantera”. Luego propuso extraer en Mendoza y transportarlo para su tratamiento en la provincia vecina prominera San Juan. En 2015 antes de finalizar su mandato, Paco Perez firmó la actualización del proyecto Minero San Jorge.
Los propulsores de modificar la 7722
En 2012 el diputado José Muñoz (PJ) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 porque lo consideraba “discriminatoria con Malargüe”. En 2018 los senadores justicialistas Agulles y Abraham presentaron también proyectos de modificación y de derogación de la ley respectivamente. Pero no fueron los únicos ataques. Desde que fue sancionada la ley hubo múltiples pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras, pero el pueblo siempre salió a la calle a defenderla, porque defender la 7722 es defender el agua de Mendoza.
En 2012 el diputado José Muñoz (PJ) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 porque lo consideraba “discriminatoria con Malargüe”. En 2018 los senadores justicialistas Agulles y Abraham presentaron también proyectos de modificación y de derogación de la ley respectivamente. Pero no fueron los únicos ataques. Desde que fue sancionada la ley hubo múltiples pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras, pero el pueblo siempre salió a la calle a defenderla, porque defender la 7722 es defender el agua de Mendoza.
“Suárez, basura, queremos agua pura”
Así, la oportunidad de las megamineras llegó a diciembre de 2019 con la Ley 7722 condenada por un pacto entre el gobernador Rodolfo Suárez y el peronismo conducido por la camporista Anabel Fernández Sagasti. El 20 de diciembre,el pacto se hizo votación en la Legislatura. Sesenta y seis diputados y senadores(40 Cambia Mendoza, 24 Frente de de Todos y dos legisladores que ingresaron con José Luis Ramon) votaron la modificación de la Ley 7722. El premio al cinismo de la jornada fue para el Senador Lucas Ilardo de La Cámpora que dijo: “La política no es para recibir el aplauso de una barrita” llevándose el abucheo de los miles que se manifestaban en las puertas del recinto.
Así, la oportunidad de las megamineras llegó a diciembre de 2019 con la Ley 7722 condenada por un pacto entre el gobernador Rodolfo Suárez y el peronismo conducido por la camporista Anabel Fernández Sagasti. El 20 de diciembre,el pacto se hizo votación en la Legislatura. Sesenta y seis diputados y senadores(40 Cambia Mendoza, 24 Frente de de Todos y dos legisladores que ingresaron con José Luis Ramon) votaron la modificación de la Ley 7722. El premio al cinismo de la jornada fue para el Senador Lucas Ilardo de La Cámpora que dijo: “La política no es para recibir el aplauso de una barrita” llevándose el abucheo de los miles que se manifestaban en las puertas del recinto.
Mención aparte merecen el senador Lautaro Jimenez y la diputada Mailé Rodríguez que junto a Nicolás del Caño y Noelia Barbeito desde el primer día estuvieron en la primera línea de defensa de la ley 7722
La población demostró su rechazo con 10 días de movilizaciones ininterrumpidas, una caravana de miles que arrancó en el Valle de Uco y terminó en Casa de Gobierno, donde con policía motorizada y miles de efectivos el gobierno desató una represión y cacería por todo el centro de la Ciudad de Mendoza. Esa misma noche más de 20 mil personas se movilizaron en la capital mendocina y diferentes departamentos, obligando al gobierno a retroceder.
Finalmente el día lunes 30 de diciembre de 2019, en una sesión extraordinaria, senadores y diputados votaron a favor de derogar la ley 9.209. Esto dejó sin efecto las modificaciones aprobadas anteriormente, y se restableció la vigencia de la ley 7722.
Como hemos visto a lo largo de los años de vigencia de ésta ley, los intereses mineros no distingues entre banderas de partidos burgueses, ni de escalas provinciales o nacionales, ni siquiera se toma descanso durante la pandemia. En plena cuarentena el gobierno nacional y el secretario de Minería, Alberto Hensel, mencionaron el interés en reactivar proyectos mineros y nos recordaron lo restrictiva que les parece la ley que protege el agua de Mendoza.
Por su parte, el gobierno provincial convocó a una audiencia pública en plena cuarentena por el proyecto de Portezuelo del Viento. A lo que las asambleas respondieron con una jornada de resistencia virtual. También en cuarentena buscaron avanzar en el desafuero del Senador Marcelo Romano quien fue uno de los defensores de la ley 7722 dentro de la legislatura y denunciante de licitaciones de Portezuelo del Viento. En lo que, según el senador por el FIT Lautaro Jiménez, es “un turbio armado político judicial para perseguir y silenciar voces que critican”.
La historia de la 7722 es una historia de lucha y nos recuerda que nuestros bienes comunes se defienden con lucha, organización y en las calles, frente a los partidos tradicionales que sólo defienden los intereses de las grandes empresas extractivas, extranjeras y contaminantes. Pero los y las mendocinas seguiremos gritando que “el agua de Mendoza, no se negocia”.
* Geógrafa, Fuente: Red Eco
Violencia de género en cuarentena: 11 femicidios de adultas mayores
Resumen Latinoamericano, 22 de junio de 2020
Así lo señaló la asociación civil La Casa del Encuentro. En la mayoría de los casos el presunto femicida es el esposo/pareja; también hay casos de hijos y nietos. El 73% ocurrió en la vivienda compartida.
El Observatorio de Femicidios en Argentina «Adriana Marisel Zambrano» coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro registró once femicidios de mujeres mayores de 60 años durante el período del 20 de marzo al 11 de junio, en 84 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia.
En la mayoría de los asesinatos el presunto femicida fue el esposo o la pareja, también hay casos de hijos y nietos.
El 73% de los hechos fueron cometidos en la vivienda compartida con el femicida, y el 27% en la vivienda de la víctima.
Respecto a la modalidad del crimen, en el 54% de los casos las mujeres mayores fueron asesinadas a golpes y a golpes con martillo o con maza.
En el período que va del 20 de marzo al 11 de junio pasado, el Observatorio registró, en total, 67 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas y 3 femicidios vinculados de varones adultos. Once casos fueron de mujeres mayores, lo que representa el 16% del total de los asesinatos por violencia de género en 84 días de la cuarentena.
Los detalles
En el informe se destacó:
Vínculo con el femicida: 5 esposos/parejas; 2 hijos; 2 nietos; 1 sobrino; 1 vecino.
Rango etario de la víctima: 1 caso de 60 años; 1 de 61 años; 1 de 64 años; 2 de 66 años; 1 de 69 años; 1 de 70 años; 1 de 74 años; 1 de 75 años; 1 de 82 años; 1 de 84 años.
Rango etario del femicida: 1 caso de 21 años; 1 de 25 años; 1 de 26 años; 1 de 29 años; 1 de 32 años; 1 de 54 años; 1 de 64 años; 1 de 68 años; 2 de 76 años; 1 de 83 años.
Modalidad del hecho: 3 a golpes; 2 a golpes con martillo; 1 a golpe de maza; 1 cuchillada; 1 baleada; 1 estrangulada; 1 incinerada; 1 sin registro.
Lugar del hecho: 8 casos ocurrieron en la vivienda compartida con el presunto femicida; 3 casos en la vivienda de la víctima.
Provincias: 5 casos se registraron en la provincia de Buenos Aires; 3 en Santa Fe; 2 en Corrientes; 1 en Salta.
También se remarcó que en dos casos los femicidas se suicidaron; en un caso la víctima había realizado denuncia; y en un caso la víctima fue abusada sexualmente.
Contención y asesoramiento
En declaraciones a este diario, la presidenta de La Casa del Encuentro, Ada Rico, destacó que «estos once casos se registraron desde el 20 de marzo al 11 de junio, en 84 días» de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
«Muchas mujeres están en la cuarentena con el agresor y, en el caso de las adultas mayores, es aún más complejo porque conviven, están bajo el mismo techo», y por mandatarios culturales machistas con los que fueron criadas «tienen incorporado el no decirlo, no comentarlo y se quedan en la más profunda soledad», destacó.
«Ocho femicidios de mujeres mayores ocurrieron en la vivienda compartida con el agresor y tres en la vivienda de la víctima. Es muy claro el tema del aislamiento», señaló y subrayó la importancia de brindar contención y «ver de qué manera se la puede ayudar».
«Cuando hablamos de adultas mayores en relación a la violencia de género nos referimos a mujeres que transitaron toda una vida de silencio en un vínculo de violencia, sumisión, tal como se indicaba en su adolescencia», en la época en la que fueron criadas, manifestó.
«’A tu esposo no se lo cuestiona’, ‘a veces tiene días malos’, ‘no te quejes, si él es bueno con los chicos’, eran las frases repetidas incontables veces entre las mujeres de la familia», advirtió, por lo cual «la violencia física, el maltrato verbal y el control se incorporaron a sus vidas como algo natural, incuestionable».
Asimismo indicó que «seguramente alguna vez habrán pensado en abandonar esa relación pero el entorno familiar y social les diría ‘¿para qué te vas a separar después de tanto tiempo?’, ‘si ya vivieron toda una vida juntos, ¿qué va a decir la gente?’ y por la vergüenza al ‘qué dirán’ todo continúa igual».
Por este motivo, Rico sostuvo que «trabajar con adultas mayores es principalmente mostrarles que sus vidas transitan sobre un vínculo violento, visibilizando los indicadores de violencia que han naturalizado a lo largo de sus vidas para mostrarles que pueden poner fin a esa relación sin ser juzgadas».
En este marco afirmó que hay que «acompañarlas y fortalecerlas para que internalicen que una vida sin violencia es posible y que tienen derecho a comenzar a ser felices sin importarles la edad».
De igual forma destacó la importancia que se visibilice el tema porque «cuando se publica una nota de femicidios de adultas mayores, a las mujeres que están transitando una situación de violencia las puede alentar para que hablen con sus familias, amistades»; a la vez que se concientiza «a las más jóvenes, que no tienen que naturalizar la violencia, que no se lo guarden».
La asociación civil La Casa del Encuentro continúa el grupo de asesoramiento y asistencia para mujeres en situaciones de violencia «Si yo puedo, vos también» y el grupo para familiares y amistades «Compromiso». Durante la cuarentena se realizan a través de redes virtuales. Para más información llamar al 4982-2550, enviar un correo a info@lacasadelencuentro.org o visitar la página www.lacasadelencuentro.org
En tanto, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad puso a disposición para descargar una app que se suma a la línea 144. También se puede enviar mensajes de whatsapp a 11-2771-6463 / 11-2775-9047 / 11-2775-9048 y enviar un correo a linea144@mingeneros.gob.ar
Espionaje ilegal: Pablo Moyano quiere «ver a Macri con el casco y el chaleco» frente a la Justicia
Resumen Latinoamericano, 22 junio 2020
El líder sindical se presentó en los Tribunales de Lomas de Zamora como supuesta víctima del accionar de la AFI macrista.
El secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, se presentó este lunes declarar ante los Tribunales de Lomas de Zamora, donde se investiga una supuesta red de espionaje político desde la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. «Durante dos años nos verduguearon; seguramente también fuimos espiados», aseveró Pablo Moyano, quien fue citado por el juez Villena para este lunes, en tanto que la presentación de su padre, el dirigente Hugo Moyano, quedó postergada por prevención frente a la pandemia.
“Era un gobierno de buchones, vigilantes, de armar causas”, dijo y hasta recordó que entre los supuestos espiados se encuentran varios dirigentes de Cambiemos, que formaban parte del gobierno de Macri. “Eran tan vigilantes que se espiaban entre ellos”, agregó, no sin antes pedir que el ex presidente sea citado en esta causa y que “desfile con el casquito”, como “verduguearon” a distintos dirigentes peronistas durante los últimos años.
“Nos inventaron causas. Tendrían que estar acá el espía Macri, (Patricia) Bullrich, (Florencia) Arieto. Todas las causas fueron todo una mentira, que vengan acá a desfilar. Cuando (Hugo) Moyano presentó una denuncia por armar causas y persecución, se le burlaban. Todos los días decían que íbamos presos. Me ponían en una causa de Independiente, que me llevaba la guita de la venta de choripanes, de la reventa de entradas … Todo verso. Todo un circo armado por Macri”, sentenció.
La bronca con exmandatario no se limitó a la persecunsión, sino que para el líder de Camioneros, Macri también debería responder por su gestión económica: «Yo quiero ver a Macri con el casco y el chaleco entrando acá. Ojalá que lo traigan a Macri y de los pelos, no solo por las escuchas ilegales; lo tiene que traer la Justicia por el terrible endeudamiento a la Argentina y el hambre del pueblo”.
La causa
Hugo y Pablo Moyano integran la lista de sindicalistas, políticos y periodistas que habrían sido espiados por la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas, en el gobierno macrista.
Ambos dirigentes sindicales del gremio de los camioneros fueron citados al juzgado federal de Lomas de Zamora, a cargo del magistrado Federico Villena.
En todos los casos, a las presuntas víctimas de las actividades de espionaje, el magistrado les exhibe en esa audiencia pruebas del seguimiento realizado de manera ilegal.
En ese marco, días pasados se presentaron en el juzgado a cargo de Villena la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quienes solicitaron ser tenidos por querellantes luego de que se les exhibieran fotos, videos y audios que darían cuenta de que fueron espiados.
Envio:RL
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