Por Flor Niti, Guillermo Martinez, Resumen Latinoamericano, 12 junio 2020
La elaboración de la Ley Antiterrorista
foto: Mario Montoto
Como ya hemos publicado en diversas notas en Virginia Bolten, Mario Montoto, quien es Presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, tiene participación en muchas empresas que venden sistemas de control y monitoreo para lugares de encierro, cámaras de vigilancia, software de espionaje y diversas máquinas de matar. Asimismo, es Presidente de la Fundación TAEDA y la Editorial DEF, desde donde intenta cambiar la percepción y consecuencias negativas de los productos que vende.
Las ventas las realiza a partir de los vínculos políticos que ha tejido tempranamente en su juventud y que ha podido incrementar a partir de su rol institucional. Los picos de comercialización de los productos represivos israelíes vendidos por Montoto, llegarían durante el gobierno de Daniel Scioli en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional en el territorio denominado Argentina de la mano de la Alianza CAMBIEMOS con Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad.
Montoto por medio de la Fundación TAEDA tiene un importante vínculo con Juan Félix Marteau, quien es presidente de la Fundación FININT (Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera). Ambas organizaciones realizan actividades en forma conjunta y crearon una organización: Hemisphere Security Network, que como explica FININT en su página web “es una iniciativa de las fundaciones FININT y TAEDA que tiene por objeto reunir expertos capaces de analizar y comprender los riesgos que afectan el orden, la paz y la prosperidad de los países del hemisferio occidental”. Su campo de acción lo establecieron para combatir “narcotráfico, tráfico y trata de personas, contrabando y comercio ilícito…lavado de activos y financiación del terrorismo… (y)…Ciberseguridad y ciberterrorismo”.
Marteau insufla miedo y Montoto te vende seguridad
Juan Marteau fue quien elaboró el “Proyecto de Ley sobre Asociaciones Ilícitas Terroristas y Financiación del Terrorismo”, es decir, la primera Ley Antiterrorista en el territorio denominado Argentina. Tuvo un cargo durante el gobierno de Nestor Kirchner dentro del programa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo hasta los primeros meses de la asunción de Cristina Fernandez. A partir de esto comenzó una aproximación con la oposición, inclusive fue mencionado en el cable 1257 de la embajada de EE.UU. difundido por Wikileaks, donde se lo nombra como informante junto a Mariano Federici, asesor de FININT.
Federici fue Presidente de la UIF (Unidad de Información Financiera) durante la gestión de la alianza CAMBIEMOS. El detalle de su experiencia aún es posible por medio del CV publicado en páginas oficiales del gobierno. Allí se detalla toda su participación en diferentes organismos como el FMI (Fondo Monetario Internacional) o países en prevención de delitos financieros. El lugar de Marteau en el gobierno de Mauricio Macri fue el de Coordinador Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
FININT y FAEDA realizan actividades donde las personas y organizaciones que participan no tienen mucha variación y siempre son ligadas a sectores relacionados con el comercio de la seguridad, un ejemplo es Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad del gobierno de Macri y representante del sector más extremo de las derechas. Las actividades no se circunscriben solo a este territorio, en el año 2019 realizaron una actividad donde participó Farah Urrutia, Secretaria de Seguridad Multidimensional de la OEA, quien brindó su visión sobre los desafíos institucionales frente al crimen organizado y la financiación del terrorismo.
Fuentes: Virginia Bolten / Rebelión
Numerosas personalidades y organizaciones sociales solicitan derogar la Resolución oficial sobre la definición de antisemitismo
Resumen Latinoamericano, 12 junio 2020
foto: Canciller argentino Felipe Solá
Documento que será presentado en Cancillería:
Desde nuestra total condena al antisemitismo solicitamos derogar la Resolución 114/2020
El pasado 8 de junio el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina, con la firma del Canciller Felipe Solá, dio a conocer la resolución 114/2020 “mediante la cual se adopta la Definición de Antisemitismo de la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto (IHRA por sus siglas en inglés)”. La definición aprobada en 2016 por la IHRA y que ahora asume el Estado argentino señala textualmente que el antisemitismo es «una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”..
Por su parte, un comunicado suscrito por el Director de Relaciones Internacionales del Centro Simón Wiesenthal, Dr. Shimon Samuels declaró que “La adopción por parte de Argentina de la definición que equipara antisionismo con antisemitismo va en la dirección correcta, como la decisión de calificar a Hezbollah como grupo terrorista de hace un año. Esperamos que el resto de los países de América Latina puedan emular este camino en ambos temas.”
Por esta resolución se invita a los restantes poderes e instituciones públicas y privadas de la Nación a utilizar la definición para luchar “contra el Antisemitismo en todas sus formas, colaborar en la construcción de una cultura de prevención de la hostilidad y la violencia a que llevan los prejuicios y la intolerancia, promover la educación para la pluralidad y reforzar la tarea de garantizar el cumplimiento del objetivo de la educación, la memoria y la investigación del Holocausto y de sus lecciones para nosotros y las generaciones venideras.”
Tomando estos datos del documento oficial y comparándolos con el comunicado del Centro Wiesenthal no queda muy claro por qué se considera que esto significa que la definición de antisemitismo se equipara con antisionismo. No es ilógico pensar que esto podría dar lugar a una serie de interpretaciones que –como ha sucedido en muchas ocasiones- lleva a impedir denuncias sobre violaciones de derechos humanos, ocupación ilegal de territorios o aplicación de políticas avasalladoras de la dignidad humana, como viene ocurriendo desde hace más de siete décadas con el caso del pueblo palestino, entre otros temas. No lo decimos solo nosotros y nosotras sino que sectores importantes de la sociedad israelí ahora mismo se están movilizando contra las políticas guerreristas y anexionistas de su gobierno. ¿Pueden ser tipificados ellos también de antisemitas?
Las reacciones desmedidas de las organizaciones más radicalizadas de la comunidad judía cuando se ejerce el derecho de la defensa de los pueblos sometidos a una situación colonial incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, como sucede en el caso palestino, parecen destinadas a impedir el derecho de libre expresión. Y también pone la mira sobre cualquier opinión en contrario que pudiera reivindicar la importante comunidad de origen árabe o de religión musulmana que habita en Argentina desde hace siglos.
Los abajo firmantes somos testigos de una verdadera persecución política por parte del gobierno israelí y sus organismos locales, en sus interpretaciones sobre antisemitismo que han afectado a decenas de periodistas, a organizaciones de derechos humanos, dirigentes sociales y políticos, a escritores como el caso de José Saramago, a innumerables escritores judíos no sionistas como Ilán Pappé, a músicos como Daniel Barenboim, Gilad Atzmon o más recientemente Roger Waters. Incluso se llegó a criticar en términos similares al ex canciller Héctor Timerman. Hace muy pocos días el propio Centro Wisenthal acusó de nazi a una de nuestras figuras científicas más importantes como fue el doctor Ramón Carrillo, respetado en todo el mundo.
Nos preguntamos entonces: ¿No acordar con el sionismo es antisemitismo? Desde donde se lo analice esta definición es gravemente peligrosa debido a las “interpretaciones” o como dice el texto oficial, a “esa cierta percepción”, totalmente subjetiva, que han hecho tanto daño en Argentina. Especialmente con el caso AMIA cuya investigación ha sido obstaculizada en forma permanente y no por los argentinos precisamente sino imponiendo culpables sin prueba alguna, violando todos los derechos internacionales a la verdad.
Desde nuestra probada vocación democrática rechazamos el antisemitismo en todas su formas, más aún si consideramos que también son semitas los miembros de la comunidad árabe. Pero de la misma manera nos oponemos a la judicialización de nuestra derecho a opinar negativamente sobre el sionismo o cualquier idea política racista, discriminadora y colonialista contra cualquier ciudadano o pueblo del mundo.
Desde este pensamiento es que solicitamos respetuosamente al señor Canciller Felipe Solá que deje sin efecto la resolución 114/2020 ya que su aplicación en los términos manifestados tanto en el texto dado a conocer como en el documento del IHRA, significan una abierta invitación a la censura y persecución de ideas, algo que no admite desde ningún punto de vista la Constitución Argentina.
Desde este pensamiento es que solicitamos respetuosamente al señor Canciller Felipe Solá que deje sin efecto la resolución 114/2020 ya que su aplicación en los términos manifestados tanto en el texto dado a conocer como en el documento del IHRA, significan una abierta invitación a la censura y persecución de ideas, algo que no admite desde ningún punto de vista la Constitución Argentina.
adhesiones de firmas nombre y apellido, profesión DNI
enviar a soloelpueblosalvara2020@gmail.com
FIRMAS INDIVIDUALES
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora
Stella Calloni, periodista, escritora
Atilio Boron, politólogo
Norman Briski, actor, dramaturgo
Beinuz Schmuckler. Presidente Consultivo de la Asociación Americana de Juristas
Fernando Dondero. Secretario General Sindicato de Prensa de Buenos Aires
Vicente Zito Lema, poeta, escritor
Julio Durval Fuentes, Presidente de la Confederación Latinoamericana y el Caribe de Trabajadores Estatales
Carlos Aznárez, periodista
Federico Giuliani Secretario General de ATE y CTA Autónoma provincia de Córdoba
Lito Borello, secretario DDHH de la UTEP
Marcelo Yaquet, Corriente Política 17 de Agosto
Alejo Brignole, Escritor
Mariela Flores Torres, Docente
Sebastián Salgado, periodista
Sheij Abdul Karim Paz. Religioso musulmán
Sheij Mosen Ali, Casa de Difusión del Islam
Valeria Agustina Rodriguez, politóloga y comunicadora
Andrés Bercum, Trabajador Universitario Fadu Una
Miguel Mazzeo, escritor/docente
Gonzalo Armua, Comunicador social, ALBA Movimientos
Claudia Rocca Presidenta de la Rama Argentina de la Asociación Americana de Juristas
Gabriel Fernández, periodista, Radio Gráfica
Fernando Buen Abad, filósofo
Tamara Lalli, periodista
Paula Ferré, trovadora
Paula Calvo, médica
Paula Giménez,investigadora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, militante de Generación Patriótica.
Beatriz Rajland, profesora UBA- FISYP.
Jorge Alberto Kreyness, Partido Comunista de la Argentina
Jorge Falcone, Documentalista y escritor
Matías Caciabue
Paula Klachko, coordinadora de la REDH cap. Argentina
Fabián Curotto. Escritor
Alberto Ferrari, periodista
Sheij Abdala Madani. Autoridad Religiosa de la Asoc. Argentino Islámica (ASAI), Director de la Mezquita Al-Imam de Cañuelas
Carlos Roberto Martínez, Asociación Agentes Propaganda Médica
Laura Vázquez, documentalista
Jorge Luis Ubertalli O., periodista, poeta y escritor
Claudio Yacoy Presidente del Foro Nacional de Derechos Humanos y Acción Humanitaria /Secretario de DDHH de la Municipalidad de Avellaneda
Saúl Sandoval, Mesa Nacional Agrp. Envar El Kadri Peronismo de Base – APDH Lomas
Juan Francisco Soto, abogado y secretario general de la Regional CABA de FETIA
Santiago Cúneo, periodista
Roberto Perdía, Abogado
Marcelo Langieri, sociólogo
Prof. Nestor Suleiman, Centro cultural Argentino-Iraki Rosario
Alfredo Grande, psiquiatra
Daniel Devita, músico
Gerardo Dure,
Lucila Pagliai, Lic en Letras /FfyL /UBA
Henry Boisrolin, profesor universitario
Guillermo Varela, Ruben Fanesi Maria Belloni, Programa Para el pueblo lo que es del pueblo de Radio Rebelde
David Mario Comedi, Profesor universitario e investigador en Física
Ana María Ramb, escritora
Lucas Rubinich, sociólogo UBA,
Nora Podestá, Liga Argentina por los Derechos Humanos
Oscar Abudara Bini, psicoanalista, cineasta
María Torrellas, Documentalista
Juan Manuel «Cacho” Musri, Tco en Construcciones
Luis Morado, Docente de artes visuales
Gabriel Savinián,Coordinador Cátedra Edward Said
Ana Cristina Abud, Tecnica en Medicina Nuclear
María Graciela Masettil Empleada
Irina Santesteban, abogada, sec gral del PL.
Sergio Ortiz, Periodista. Dirigente del PL
Sandra Liliana Sanchez. Docente
Eliana Wassermann, actriz, abogada
Raquel Chediac
Sergio Nicanoff historiador y docente
Lic. Alí José Mustafá, periodista
Miguel Angel Ferrari, director del programa radial “Hipótesis”, Radio Universidad de Rosario.
Mahmud Aid, Presidente Organización Islámica Argentina /Director Mezquita Ash-Shahid, Tucumán
Ana Josefina Moreira
Elina Ofelia Aguiar. Psicóloga
Aldana Andrea Ibarrola, docente en historia
José Luis Heller, Jubilado bancario
Germán Leyens, Mendoza
Federico Lopardo Docente y Técnico de Agricultura Familiar
Guillermo Robledo, Observatorio de la Riquez
Fernando Isas
Guillermo Martín Caviasca, Historiador. Docente Uba . Unlp
Carlos Antonio Maria Ríos, Actor y Profesor de Teatro (Prov del Chubut)
Roberto José Tosi
Jorge Cantor
Paula ibarrola, Profesora de historia
Laura Maria López docente y Rubén Angel Sosa, Comisión Sur por Palestina
Arturo Sol
Fernando Maurente
Francisco Ramos
Telma Luzzani, periodista
José Luis Marchetto
Raúl Beitelmajer
Ricardo Ruiz – – Empleado.
Pablo Torres
Carlos Camps
Fernando Saez
Hortensia Espinola
Clemente Galvez Bustos
Adhiero: Nora I. Freites, DocenteJubilada – Córdoba
Ernesto Rosenberg, Médico – GRAMARPAL Grupo de Amistad Argentina-Palestina de Neuquén)
Juan José Maisonnave
Norberto Champa Galiotti. Multisectorial de Solidaridad con Cuba y la Patria Grande
Fernando Romanazzo. Productor y Director de Cine
Dolores Sofía Quiroga, estudiante
Ricardo Rafael Zurita, Empleado Público
Pablo Schabas
Karina Pupulin, Socióloga
Leonardo Del Grosso, periodista
Eduardo Fernández
Graciela Fernández, psicóloga
Carlos Martínez, músico
Ximena Rattoni, Dirigente sindical de la industria del gas
Adam Hesain, Periodista
Jorge Winter, antropólogo
Allberto Nadra. Periodista y escritor
Emiliano Bilal Assa, Abogado.
Mariano Selman,periodista
María Candelaria Sabagh, Dramaturga, Lic en Dirección de Artes Dramáticas
Zulema Patricia Marino, Actriz
Adriana Lowy psicóloga
Guillermo Montagne, Canal Voz Alternativa
Pablo Goodbar MULCS
Nicolás Marcioni – Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
Juan Anzorena, Secretario General de la CTA Autónoma Almirante Brown-Presidente Perón, y Secretario General de ATE Almirante Brown
Norberto Señor, Secretario de Comunicación de la CTA Autónoma Lomas de Zamora, y Secretario Gremial de ATE Sur Lomas de Zamora
Susana Ancarola, referente de derechos humanos MULCS, y ex Secretaria General de ATE Sur Lomas de Zamora
Alexander Angulo, Referente de Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiadxs UTEP.
Jorge Zuviria, sociologo, docente universitario, documentalista
Lido Iacomini
Daniel Moser, Periodista y editor
Liliana Costante – Abogada
Tania Ferreira Comité Internacional Lula Libre Zona Norte BsAs
Graciela Ramírez Cruz, periodista
Jorge Elizondo, abogado, docente universitario UNR.
Leticia Rovira, Docente investigadora UNR
Clara Borinsky
José María Soaje Pinto
Graciela Beatriz Botas
Jacinto Nicolás Falcón Espina, rehabilitador físico
Cintia Ini, Psicologa.
Luis Alberto Ledesma
Mariano Pi (Organizacion para la Liberación Argentina)
Guillermo Varela
Mabel Peirú, psicóloga
Graciela Costa
Irma Martín. docente
José Víctor Oliva, comunicador social
Maria Elena Naddeo, docente
Alejandro Braín
Verónica Reinoso, Profesión Docente
Agustín Victorel, empleado
Carlos Davel Trotta, médico
Anna Maria Radkiewicz, Médica
María Vásquez. Enfermera
Miguel Angel Ahumada, Tecnico Soldador
Ana Cristina Reales
Navarrete Belén,
Navarrete Julián
Navarrete Guadalupe
Navarrete Lucía profesora ed fisica
Garcia Julia Lic. Asistencia social. Jubilada poder judicial y ex presa politica
Navarrete Eugenio, profesor en cs de educación, jubilado y ex preso politico
Silvana Sadi Abogada
INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES
Unión Cultural Armenia
Juventud de la Unión Cultural Armenia
Colectivo de Comunicación Contrahegemonia
Convocatoria Segunda Independencia
OLP-Resistir y Luchar
Cátedra Libre de Estudios Palestinos ‘Edward Said’ (Facultad de Filosofía y Letras- UBA)
Gremial de Abogados y Abogadas
Movimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo
Frente Popular Darío Santillán – Corriente Nacional
Izquierda Latinoamericana Socialista
Movimiento 8 de Abril
Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social
Agrupación Envar El Kadri Peronismo de Base
Barrios x Memoria y Justicia de Lomas de Zamora
Comisión de Solidaridad con Palestina de Lomas
Encuentro Antiimperialista de Caba
Secretaría de Trabajadores Migrantes y Refugiados/as – UTEP
Movimiento por la Justicia los derechos y la Inclusion, Majdi
Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Conaicop
Red Argentina de Solidaridad con Palestina,
Casa para la Difusión del Islam
Comunidad Organizada por el Habitat Social Lomas de Zamora
Agrupación Docente Hacha y Tiza – Suteba – Lomas de Zamora
Colectivo de Educación X la Memoria la Verdad y la Justicia de Esteban Echeverría
Centro Cultural Abel Diez-Peronismo de Base-CABA Argentina
Secretaria de DDHH de APA Personal Aeronáutico CTA
Frente Sur Frente de Cooperativas de Reciclado Urbano
Intransigencia y Movilización Peronista de Lomas de Zamora
Causa Nacional
Socialismo Sanmartiniano, Izquierda Nacional en el 21F
Liga Socialista Revolucionaria
Frente Pueblo en Lucha
Comité Óscar Romero Buenos Aires
Asociación de ex presos Políticos de Río Negro.
Envio:RL
Envio:RL
14 de junio de 2020
La insólita oferta de los empresarios
Vicentin entre el pagadiós, la fuga y el rescate
El tendal que dejó Vicentin, en una etapa próspera. Los perjuicios al Estado y a particulares. Ofertas inaceptables de los dueños. Magoya no aparece. Oficialistas y opositores, en la Nación y en Santa Fe. Tribunales corpos y evasores friendly. Opacidad del mercado de granos y aceites, el circuito vicioso de delitos.
Por Mario Wainfeld
A las tres de la tarde del lunes nadie podía fundar en problemas de mercado la fulminante caída de una cerealera durante el macrismo. Aún en quinchos VIP se suponía que millones de dólares se fueron por la canaleta de la especulación financiera. “Estrés financiero” neologizaba Vicentin en sus comunicados mientras cerraba la ventanilla de pagos.
La empresa estaba en jaque. De ponerse, ni hablar.
El presidente Alberto Fernández anunció entonces el combo intervención-expropiación. Como herramienta para evitar distintos escenarios imaginables, todos nefastos: la quiebra, la liquidación del patrimonio con desguace, la compra hostil por jugadores foráneos o supuestamente nacionales. No como castigo a la falta de escrúpulos ni a posibles delitos.
“Rescate”, palabra clave. He ahí el objetivo, afirma desde el primer día Alberto Fernández. Confiscación, ilegalidad, inconstitucionalidad, ponen el grito en el cielo sus adversarios.
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La alternativa virtual: Perotti no estuvo en el anuncio de la movida. Sí en el encuentro entre el presidente y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas con el gerente general de Vicentin, Sergio Nardelli y un par de acólitos. El gobernador aspiraba a otro tipo de salida. Jamás la venta a conglomerados extranjeros. Pero sí una “alternativa superadora” (nueva expresión clave) a la expropiación. Las variantes manejadas son que el Estado santafesino integre el nuevo diseño comandado por YPF-Agro. O que se sumen cooperativas a la nueva empresa. O confiar en un nuevo emprendedor privado: un virtual comprador argentino dispuesto a honrar las deudas y seguir adelante. Levantar un muerto colosal, hacerse cargo. Justo lo que no asume Nardelli quien, explican asistentes a esa cita en Olivos, “quiere seguir adelante sin hacerse cargo de las consecuencias”. Finge demencia o amnesia por lo menos.
Hasta ahora se puede apodar Magoya a ese comprador ejemplar. Magoya no existía en el siglo pasado, ya lo cantaba María Elena Walsh. A esta altura del siglo XXI tampoco se deja ver. Pese a ello (o por eso) la cúpula de Vicentin se empaca en su oferta inviable en Olivos o ante el interventor Gabriel Delgado y el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca Luis Basterra que serán sus interlocutores en el futuro. Antes Fernández conversó para abrir espacios de diálogo y probar que no hay ningún ánimo persecutorio personal.
La intervención y la expropiación siguen transitando un camino de cornisa sembrado con clavos miguelitos. Los obstáculos surgirán en el Parlamento, en los medios hegemónicos, en los tribunales.
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La opo predecible y sacada: Nada más previsible que las reacciones de Juntos por el Cambio. Los legisladores opositores claman por debatir en el Congreso salvo que el oficialismo promueva leyes importantes. La palabra “Venezuela” es de uso obligatorio.
Un columnista Monsanto friendly de Clarín pierde la chaveta: escribe que la “soberanía alimentaria” es una “pelotudez”. La derecha se ne frega de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)… no extraña entonces que injurie un concepto acuñado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) mucho tiempo atrás.
Las crónicas y entrevistas de los grandes diarios sobre los dueños de Vicentin los describen con ternura, como un conjunto de gente común. Granjeros apacibles y frugales como los Ingalls. O como los Campanelli con mejor posición económica.
Dicha gente linda está bajo sospecha de haber fugado divisas, entre otros delitos, lo que explica la presentación de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el expediente penal que tramita ante el juez federal Julián Ercolini. Los créditos otorgados en los estertores de la gestión de Javier González Fraga al frente del BNA son injustificables y posiblemente ilícitos.
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El mercado opaco: En una entrevista difundida en Radio Nacional Folklórica el economista Fernando Porta explicó que el mercado agroexportador es muy opaco pese a lo que afirma la narrativa de las grandes corporaciones “del campo”. Se conocen --detalló-- los precios de las transacciones pero no su cantidad. Una parte apreciable del comercio de granos y aceites (desde luego jamás medida) se oculta tras una madeja de subfacturaciones y ventas clandestinas. Con nuestras palabras, el primer objetivo es evadir retenciones. La mercadería gravada se lleva por tierra a Brasil o Paraguay tras atravesar el NEA. A veces el contrabando se traslada en barcaza. Se cobra en negro sin dejar rastro.
Las divisas sustraídas al Fisco pueden quedarse en el exterior, configurando fuga. O retornar a suelo patrio por vía de lavado porque esa plata debe “blanquearse”. La UIF tiene como labor pre y post Vicentin descubrir esos manejos. Las cuentas off shore informadas por la OCDE que investiga la AFIP pueden sumar datos.
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Santa Fe, mitos y política: La militancia balconera del macrismo porteño cacerolea contra lo que venga, una agenda por semana. Antaño para que “los políticos se bajen el sueldo”. Tras cartón contra las inexistentes liberaciones masivas de presos. Ahora “todos somos Vicentin” lo que no debe leerse como un compromiso conjunto de pagar sus faraónicas deudas.
Los movimientos vecinales en Avellaneda y Reconquista (Santa Fe) son genuinos, los protagonizan personas que saben de qué se trata. Suponer que expresan a toda la población de la provincia simplifica, distorsiona. Los trabajadores de Vicentin acompañan la decisión del Gobierno. Tal vez quienes integran su administración, “de cuello blanco” muy cercanos física y familiarmente a la cúpula de la empresa, tengan otra posición.
Carece de rigor identificar tamaña empresa con los gringos que trabajan la tierra de sol a sol. Los acopiadores y exportadores integran el mismo circuito productivo pero son otra clase social, facturan distinto. Los acreedores en el juicio concursal son productores, algunos pequeños, otros medianos… a todos los curraron,
Perotti demarcó su perspectiva al elogiar la tradición de su provincia, “el arraigo” de los productores. Afronta un escenario político complejo.
El socialismo santafesino perdió el año pasado la única provincia que gobernó en su historia. Prosperó allá mientras perdía peso o acaso existencia como fuerza nacional. Muchos de sus dirigentes encuentran oportunidad de reposicionarse. La fracción más numerosa cuestiona a Alberto Fernández. El ex gobernador Miguel Lifschitz es el jefe de la bancada de diputados provinciales, los conduce, despotrica. La ex ministra de la producción Alicia Ciciliani recorre tópicos federales contra el centralismo porteño en un tuit flamígero: “no todo se compra. No todo se vende. Hay pertenencia y dignidad. Con DNU en la CABA no”. Llama dignidad a dejar un tendal de perjudicados en la provincia, no en la CABA.
Lifschitz conserva fuertes lazos con la crema del empresariado local. En su momento intentó, sin éxito, prorrogar hasta el año 2057 la concesión de Vicentin en el puerto de Rosario que recién vencía en el 2023. El grueso de los intendentes y presidentes comunales del socialismo gobiernan en zonas chacareras de la provincia.
Otro ex gobernador socialista, Antonio Bonfatti, encabeza el ala más transigente. Tramitó diferencias con Lifschitz ya durante el gobierno macrista.
La figura interna más díscola del peronismo local es el ministro de Producción Daniel Costamagna, ex dirigente ruralista, de CRA. Amenazó con renunciar, hizo declaraciones críticas.
Los senadores provinciales peronistas se encolumnan con la movida presidencial y con su gobernador. Representan a toda la geografía provincial porque se los elige por circunscripciones uninominales. No lista única, sino una por cada departamento.
Los colegas santafesinos Diego Rubinzal y Gustavo Castro aportaron información para este párrafo. Se agradece. Las opiniones y los eventuales errores corren por cuenta de este cronista.
El concurso preventivo tramita en Reconquista. El jurista pampeano Gustavo Arballo alerta, con fino olfato, "el sistema concursal es el Far West del derecho, lo podemos romantizar y hasta ‘civilizar’ pero de movida es un peligro tanto para lugareños como para forasteros”. Peor para forasteros, piensa este escriba y pasa a explicarse.
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La cancha inclinada: En la Argentina real a nadie se le niega un faso o la judicialización de cualquier medida política. En los tribunales siempre tiene ventaja deportiva quien quiere empiojar o demorar. En los juzgados comerciales, los penales económicos y los contencioso administrativos las grandes empresas casi siempre juegan de local. En convocatorias de acreedores se acrecienta, casi siempre, la ventaja de los deudores morosos. El VAR a menudo es manipulado por jueces-camaristas más cercanos a ellos que de los acreedores.
Para empezar es enorme la asimetría de recursos entre los juzgados y los grandes estudios jurídico contables. Personal, “fierros” informáticos, tiempo disponible. La plata que puede abrir puertas o seducir voluntades. La padecen funcionarios y magistrados honestos, consustanciados con su deber… quienes no lo son las invocan como atenuante.
Las distancias crecen en un juzgado de una localidad pequeña o mediana. El poder local influye. El intendente, los medios, los referentes sociales gravitan y se hacen sentir.
La magnitud del concurso es descomunal. Cuesta encontrar precedentes en la historia nacional pese a que es generosa en chanchullos, millonarios escapistas y bancarrotas. Un punto de comparación posible, lejano en el calendario, es Sasetru, importante empresa alimenticia creada durante el primer peronismo. Uno de sus dueños, Jorge Salimei, llegó a ser ministro de Economía del dictador Juan Carlos Onganía. Caída en desgracia con la ulterior dictadura se desmoronó, terminando en una quiebra gigantesca. Se prolongo durante años, solo se recuperó parte de lo adeudado. La empresa fue desguazada, algunas unidades de negocios se vendieron, muchas fábricas de Sasetru cerraron para siempre, se consumaron despidos a granel. Ese era uno de los porvenires factibles para Vicentin el lunes a las tres de la tarde.
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Omisiones y puteadas: Llegan tarde quienes objetan que el Estado no debe comprometer la plata de los argentinos en empresas privadas. La deuda total que se reclama a Vicentin en el concurso ronda los 200.000 millones de pesos. Al BNA le corresponden 18.182 millones. Si se suma la AFIP superan el 25 por ciento del total. Productores y proveedores de servicios tienen créditos superiores a los 28.000 millones. Difícil que se embanderen con la cerealera salvo que sean masoquistas o los aqueje el síndrome de Estocolmo.
“Fuerte rechazo de entidades empresarias mientras en la UIA hay divisiones” titula el diario Clarín. Un marciano supondría que la UIA es una ONG de librepensadores dedicada a la filatelia o al cuidado de los yaguaretés. Mas no, es la Unión Industrial Argentina cuyos popes discutieron propiamente a las puteadas. Las entidades empresarias PyME apoyan la iniciativa gubernamental.
La decisión está tomada, en defensa del patrimonio colectivo, de las fuentes de trabajo. Están bajo la lupa posibles delitos habituales entre los grandes jugadores de la economía doméstica que suelen quedar impunes. De nuevo: usualmente los jueces comerciales llevan la camiseta de las corporaciones. Baqueanos del Foro apodan “Penal cómico” al Fuero Penal Económico.
Concretar la expropiación enfrenta rivales de fuste con mucho más poder que escrúpulos. Ningún cambio se consigue sin vencer resistencia del establishment.
Por último; la expropiación está prevista en la Constitución que defiende a ultranza la propiedad privada. Y acusar de traidores a la Patria a quienes cuestionan el statu quo es una vieja costumbre de la derecha. Aquella que contrajo una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional y se encolumna simiescamente detrás de “la Embajada”.
Por último; la expropiación está prevista en la Constitución que defiende a ultranza la propiedad privada. Y acusar de traidores a la Patria a quienes cuestionan el statu quo es una vieja costumbre de la derecha. Aquella que contrajo una deuda impagable con el Fondo Monetario Internacional y se encolumna simiescamente detrás de “la Embajada”.
14 de junio de 2020
El desembarco del Estado como jugador activo en un sector económico clave del desarrollo productivo
El modelo Kulfas, YPF Agro y Vicentin
Los objetivos de empresa testigo y de planificación estratégica de los mercados de cereales y cambiario provocaron la reacción furiosa del establishment. La participación de YPF Agro en el sector dejaría al descubierto la evasión fiscal y la retención y fuga de divisas del resto de las empresas privadas. Evitaría además una mayor extranjerización.
Por Alfredo Zaiat
Tres conceptos centrales del caso Vicentin expuso Alberto Fernández en la conferencia de prensa anunciando el rescate del conglomerado industrial de productos primarios de exportación:
1. Empresa testigo.
2. Planificación estratégica de los mercados de cereales y cambiario.
3. Soberanía alimentaria.
La reacción discursiva violenta por parte del corazón del establishment a esa decisión, que preserva los patrimonios públicos (créditos de la banca estatal) y de decenas de proveedores y productores, no tiene que ver con la preocupación por la seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, las finanzas públicas y, mucho menos, por el cuidado de la Constitución.
La reiteración de esas consignas de corporaciones y de fuerzas políticas de la oposición están ya bastante gastadas cuando se refieren a iniciativas de regulación de mercados dispuestas por gobiernos que no son liberales-autoritarios (dictadura militar, menemismo y macrismo). Se mantienen en el espacio público porque sólo son amplificadas por el dispositivo mediático conservador.
En esta oportunidad, el cacareo de los lugares comunes de la derecha política y económica tiene su motivo en el pavor que les provoca ese esquema conceptual presentado por Fernández para explicar la intervención de Vicentin.
Tomando el control de la compañía a través de YPF Agro el Estado ingresaría como participante activo en el núcleo del negocio de mayor rentabilidad de la Argentina: producción agropecuaria, complejo agroexportador y mercado cambiario con la generación de dólares comerciales.
Cuando se concrete el desembarco legítimo y legal en Vicentin en defensa de los intereses patrimoniales del sector público, ahora sí la disputa por la construcción de un proyecto de país de desarrollo nacional con inclusión social no será por la captura de una porción de la renta agraria extraordinaria (como lo fue la resolución 125), sino que las necesarias transformaciones estructurales del funcionamiento de la economía local se podrán desplegar desde el mismo interior del poder económico concentrado.
Para esa tarea la guía es el modelo Kulfas de desarrollo productivo.
Médula
Cada uno de los miembros de ese establishment desaforado participa, directa o indirectamente, en la médula de la acumulación de las rentas más abultadas de la economía argentina.
Los controles y regulaciones frágiles que realiza el Estado les permiten subfacturar exportaciones, retener cosechas, vender una parte de la producción en negro, presionar por devaluaciones con el manejo de la liquidación de dólares, triangular operaciones con firmas offshore para eludir pago de impuestos y fijar precios internos que perjudican a productores y consumidores.
Pese a ello se quejan siempre de la intervención estatal, protestas que en realidad apuntan a que no se perfeccionen los mecanismos de fiscalización.
Si exageran por esa débil injerencia del sector público en la actividad es comprensible que se muestren desesperados ante la eventualidad de que el Estado sea parte, como actor de referencia y partícipe pleno, de una de las fuentes de ganancias fabulosas que ofrece la economía local.
La perspectiva de que se convierta en un jugador testigo de la cadena de producción agropecuaria, en el comercio exterior y en la generación de divisas por exportaciones significaría para el Estado ingresar en forma directa en el centro del poder económico en Argentina.
Es una posibilidad que desespera a los tradicionales actores de esa estructura de poder y dinero porque los dejaría a la intemperie. O sea, quedaría expuesta la forma en que hacen negocios, que no es transparente ni colabora para el desarrollo productivo integrado.
Confesión
Los presidentes de corporaciones reunidos en la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y el Foro de Convergencia Empresarial emitieron sendos comunicados rechazando la expropiación de Vicentin.
Ambos contienen la confesión de lo único que les preocupa: quedar expuestos con su peor rostro de elusión, evasión e irregularidades en sus operaciones productivas y comerciales. Por eso no quieren al Estado en su negocio y muchos menos en una actividad exportadora.
AEA, con los titulares de Clarín, Techint y Arcor a la cabeza, lo dice abiertamente: "La estatización de una empresa que opera en un sector definidamente exportador es un grave error que debe subsanarse. En efecto, es el sector privado al que le corresponde asumir la responsabilidad de controlar, dirigir y administrar a las empresas en la Argentina"
El Foro de Convergencia Empresarial donde participan diversas cámaras sectoriales advierte que "la intervención del Estado se da en el sector de agronegocios, uno de los más dinámicos y competitivos de la economía".
La Bolsa de Comercio de Rosario emitió un confuso comunicado que por un lado reconoce implícitamente la administración financiera desastrosa de Vicentin, pero sentencia lo que en realidad pretende: "Es importante tener en cuenta que el objetivo final no debe ser la expropiación, sino garantizar una mejor negociación entre las partes involucradas acreedores, trabajadores y grupos económicos interesados en adquirir la firma".
O sea, que el Estado haga todo lo que tenga que hacer para salvar a la empresa, a los trabajadores, a los acreedores y a los productores, pero que no desembarque en el sector. Que se ocupe de ordenar la empresa para que sea entregada a otro grupo privado (extranjero).
De ese modo, cada uno de los eslabones de la cadena podrá continuar con impunidad participando en la dinámica opaca del negocio agropecuario.
Es lo que hay
Como se mencionó al comienzo, la reacción furiosa del establishment no tiene que ver con la seguridad jurídica o con el respeto a la propiedad privada. Cada uno de sus miembros fue entusiasta soporte del gobierno de Macri, que fue el más antiempresas desde la recuperación de la democracia.
La administración macrista persiguió empresarios, los metió presos, incentivó a procesar a decenas con fotocopias de cuadernos, intentó que amigos suyos se quedaran con compañías, despreció a industriales, utilizó a miembros del Poder Judicial para apretarlos, los espió en forma ilegal y les hizo perder plata como nunca.
Pese a todo esto, no hubo ni un comunicado del establishment en los cuatro años del macrismo cuestionando ese dispositivo oficial de intimidación y persecución.
Con Vicentin, las corporaciones y cámaras empresarias muestran entonces lo que son: ideologizados al extremo hasta apoyar gobiernos que los perjudican personal y patrimonialmente, carentes de criterios industrialistas y muy débiles soportes del desarrollo nacional. Defienden además a empresarios acusados judicialmente de fraude financiero, vaciamiento y triangulación de operaciones para la evasión de impuestos.
El peronismo, en el primer y segundo gobierno, el ciclo político del kirchnerismo y ahora la gestión de Alberto Fernández muestra una vocación por desarrollar la producción nacional y las empresas que ni la dictadura militar, ni el menemismo en los '90 ni el macrismo tuvieron.
La identificación del establishment con esas traumáticas experiencias políticas es pura ideología de derecha y trasnacionalizada. Una ideología conservadora desatenta de los proyectos que proponen crecimiento y desarrollo de la economía nacional.
Alberto Fernández les dice que es capitalista y proempresas, y la respuesta que recibe es la difusión de proclamas políticas patéticas. Hablan de seguridad jurídica cuando han apoyado a administraciones que la han avasallado.
Esas corporaciones demuestran una vez más que son parte del núcleo central de la decadencia económica argentina. La ausencia de una clase empresaria con conceptos básicos de soberanía y compromiso con el desarrollo nacional explica el prolongado estancamiento económico.
Con la convicción de que hay que construir con lo que se tiene, Alberto Fernández hace esfuerzos políticos en convocarlos a construir un contrato social para superar esa histórica limitación del desarrollo. La respuesta que está recibiendo a esa invitación es una señal que deberá tener en cuenta.
Modelo Kulfas
El análisis perezoso empuja a señalar al kirchnerismo y a Cristina Fernández de Kirchner para explicar la decisión de Alberto Fernández. Es la obsesión patológica con CFK. Pero sin mucho esfuerzo podrían enterarse que la estrategia económica que el gobierno se propone con YPF Agro en Vicentin es el modelo Kulfas. No es necesario encarar ninguna investigación especial para descubrirlo porque ya está escrito.
En el posfacio "Pensar la economía después de Cambiemos", capítulo que se sumó en octubre de 2019 a la segunda edición de su libro Los tres kirchnerismos (Siglo XXI), lanzado en 2019, estaba precisada cuál iba a ser la hoja de ruta del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
En ese texto señala que el principal problema de la economía es la restricción externa, que es la escasez relativa de divisas, o sea que no hay dólares para todos quienes lo demanden en la cantidad que quieran en todo momento.
Para relajar esa restricción y avanzar en el desarrollo económico, una de las vías que proponía Kulfas era la construcción de "clusters" en torno a los recursos naturales.
Clusters tecnológicos y de ingeniería ligados al agro, el petróleo y la minería, con la expectativa de romper de esa manera la tradicional dicotomía entre recursos naturales versus industria.
Oportunidad
El Estado desembarcando en Vicentin es la oportunidad extraordinaria para acelerar ese proceso de desarrollo planteado por Kulfas. El ministro ya lo tenía planeado realizar con YPF Agro, pero ahora incorporando Vicentin a su administración lo podrá hacer más rápido.
El objetivo es convertirla en empresa testigo de un sector clave del crecimiento y de la provisión de divisas.
Con una managment profesional, a través de YPF Agro se abre un amplio abanico de posibilidades para una intervención estatal eficaz y eficiente en el comercio exterior de granos y la regulación de sus precios para toda la cadena productiva y para el consumo interno.
La idea de empresa testigo es clara: un actor que observa cómo funciona el mercado e interviene en forma directa, sin esperar que el resto de las compañías del sector relaten a los funcionarios lo que está pasando.
La transparencia en los precios será una tarea esencial en un mercado opaco junto con el fomento de la formalidad en las transacciones cuando es habitual que una parte se comercialice sin registrarla.
YPF Agro podrá determinar costos, precios y cadena de proveedores, actuar en forma contracíclica y definir políticas específicas para pequeños productores.
Como empresa testigo facilitará la planificación estratégica del Estado en los mercados de cereales y cambiario.
Ante conflictos que puedan darse, por ejemplo con el trigo, cuando los molinos dicen que no hay harina y entonces sube el precio del insumo y el consiguiente del pan y las pastas, YPF Agro podrá tener un diagnóstico preciso y, por lo tanto, capacidad de intervención amortiguando costos sociales y económicos, puesto que será una empresa estatal que podrá anticipar cómo viene la producción, lo que implicará mayor estabilidad, protección al consumidor y mayor rentabilidad para el pequeño productor.
En definitiva, participar y conocer la cadena de producción desde adentro permitirá planificar mejor la oferta.
El rescate estatal de Vicentin facilitará desplegar esa estrategia con YPF Agro y evitará además una mayor concentración y extranjerización en un sector clave de la economía nacional.
La oposición del establishment a esa posibilidad confirma la existencia de una burguesía fallida, que permite comprender el estancamiento económico y la dificultad para impulsar un proceso dinámico del desarrollo nacional. Ahora se abre la posibilidad de encontrar la salida a ese laberinto de la economía argentina.
14 de junio de 2020
Sociedades offshore, ingresos no declarados y el súbito estrés financiero
El juego de cajas chinas del grupo Vicentin
Las sopechas sobre fuga de divisas y encubrimiento de activos, previo a un default y concurso que podrían haber buscado.
Por Raúl Dellatorre
Gustavo Vicentin, cerebro financiero del grupo. Sergio Vicentin, CEO de la empresa.
"Tal vez sea mal manejo de la empresa (Vicentin), para no pensar mal y que hubo fuga", dijo el último jueves Daniel Nasini, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Un término que, en boca de uno de los más altos representantes del empresariado de la provincia, es fuerte. Fuga, una sospecha sobre la que se venía hablando en torno al manejo de la cerealera Vicentin, desde que declaró sufrir de "estrés financiero" y dejó de cumplir sus compromisos de pago en diciembre pasado. Informes posteriores y sobre todo revelaciones de la última semana, permiten ir delineando la trama de empresas de sociedades offshore a nombre de los directores y accionistas principales del Grupo Vicentin SAIC, y los movimientos de dinero y cambios patrimoniales a través de Vicentin Paraguay SA, filial sobre la cual empiezan a posarse las miradas de quienes sospechan de una situación de incapacidad de pago "simulada", entre ellas la Unidad de Información Financiera (UIF). Una conclusión preliminar a la que llega una de las investigaciones que se siguen "respecto del verdadero estado económico y financiero del Grupo Vicentin", es que existen flujos financieros injustificados entre Vicentin Paraguay y "sociedades off shore no declaradas que forman parte del grupo". Lo señalado, concluye el informe que ya fue presentado ante diputados provinciales santafesinos, "hacen despertar el estado de sospecha de encontrarnos en un esquema de ocultamiento de activos, perpetrado desde hace por lo menos dos años, sustrayéndolo del alcance de los acreedores en jurisdicción argentina". Es decir, en perjuicio del Banco Nación y los 1865 productores y cooperativas victimas del estrés financiero súbito que lo atacó a Vicentin el 5 de diciembre pasado, apenas cinco días antes de que Mauricio Macri dejara la banda presidencial.
Semana estresante
El estrés financiero, versión psicológica del default o cesación de pagos, le sobrevino a Vicentin a apenas nueve días de haber recibido del Banco Nación, en su cuenta de la sucursal Reconquista (Santa Fe), 6 millones de dólares por prefinanciación de exportaciones. Fue el último desembolso de un total de 25 que recibió en el mes de noviembre, que completaron la suma de 95,5 millones de dólares. Demasiado súbito es estrés para una empresa que había sido asistida tan generosamente en los 30 días previos, ya que los desembolsos de la entidad oficial habían comenzado el 8 de noviembre.
Pero hay más elementos a tener en cuenta en aquellos días que, para amigos tan cercanos a Mauricio Macri como Gustavo Nardelli -- relación que reconocen todos sus allegados--, deben haber sido traumáticos. No obstante, se ve que, como buen hombre de negocios, el responsable financiero y de las operaciones internacionales del grupo familiar no se quedó paralizado. El 2 de diciembre de 2019, tres días antes del estrés súbito, Glencore y Vicentin SAIC anunciaron la venta del 16,67% del paquete accionario de Renova, de Vicentin Paraguay SA a Oleaginosas Moreno, esta última ya controlada por la suiza Glencore. Esta transferencia de acciones, sumada a una anterior con el mismo sentido por el 33,33% del paquete, llevó a Glencore a controlar el 50% de Renova, la productora de biocombustibles que pasó a compartir en partes iguales con el Grupo Vicentin.
No se dieron a conocer las cifras de la operación, pero se trata de una "joya" del grupo cerealero diversificado, con lo cual la cifra hay que estimarla en decenas de millones de dólar. Sin embargo, el pago de dicha operación no aparece en los registros de Vicentin SAIC en Argentina. Tampoco en la filial paraguaya. Se entiende la preocupación de los acreedores por el destino de una importante cifra que debería haber sido un importante sedante para evitar el estrés fechado apenas tres días después.
Cazador de fugitivos
La legislatura santafesina creó una comisión investigadora del Caso Vicentin, uno de cuyos principales impulsores es el diputado provincial Carlos del Frade. Este legislador recibió un informe del Estudio Moyano y Asociados, fechado el 1 de junio en Asunción, sobre la investigación que realiza sobre la existencia de posibles activos no declarados en el exterior de la empresa concursada.
El bufete, encabezado por el abogado argentino Mariano Moyano, se presenta como contratada por acreedores del Grupo Vicentin que se han visto afectados por el default. "El cometido de nuestra firma es la investigacion sobre la existencia de activos del Grupo Vicentin fuera de la Republica Argentina, a los efectos de estudiar la posibilidad de iniciar acciones judiciales donde dichos activos se encuentre radicados o registrados", define en la nota.
En uno de los capitulos del informe, hace referencia a Vicentin Paraguay SA, "cuyos directivos son el señor Gustavo Nardelli y el señor Alberto Padoan, conforme ellos mismos se presentaban en la jurisdiccion paraguaya". Miembro de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadoras de Cereales y Oleaginosas ( CAPECO), Vicentin Paraguay aparece en sus informes como exportadora de una suma promedio de 180 millones de dólares anuales.
Las exportaciones agropecuarias paraguayas no pagan retenciones y están exentas de IVA. Por lo tanto, la carga que Vicentin dice traer desde puerto paraguayo sobre el Paraná, hasta el puerto propio en Rosario, donde completaría la carga con producto argentino, saldría hacia ultramar con una carga binacional, una parte exenta de retenciones y la otra habiendo pagado el tributo. Al haber sido intervenida Vicentin en Argentina, al Estado nacional se le facilitaría el control del volumen que traen los barcos desde Paraguay, para verificar si coincide con la declarada y no se trata de un barco semivacío que se carga en Rosario con soja o trigo que se declara como paraguaya. Pero este control podría no llegar a efectivizarse en la práctica, porque aparentemente la filial paraguaya ya fue desactivada.
La conexión guaraní
Según el informe del estudio que encabeza el abogado argentino Mariano Moyano, "no existe informe sobre existencia de activos de Vicentin Paraguay SA. Entendemos que las oficinas eran mínimas con una dotación máxima de seis personas. A través del relato de testigos, se ha determinado que Vicentin Paraguay SA funcionaba más como una empresa de corretaje agropecuario ( broker), que de producción. Tenemos relatos de que las oficinas prácticamente están cerradas desde noviembre de 2019, y que los empleados remanentes prácticamente no reciben instrucciones por parte de sus Directivos, con actividades comerciales reducidas al mínimo".
En lo que sí aparecería muy activa Vicentin Paraguay SA es en operaciones financieras con otras firmas en Uruguay y Panamá vinculadas a Vicentin aunque ésta no las declare como tales. Eso es lo que presume Mariano Moyano, quien en su informe a Del Frade señala que, cmo resultado de su investigación, "surgen incongruencias respecto del verdadero estado económico y financiero del Grupo Vicentin; en particular, la existencia de sociedades offshore no declaradas, como así tambien la falta de justificacion en el flujo financiero entre Vicentin Paraguay SA, Nacadie Comercial SA Uruguay, y Nacadie Comercial Panamá. Todo lo cual hace despertar en el suscripto el estado de sospecha de encontrarnos en un esquema de ocultamiento de activos, perpetrado desde hace por lo menos dos años, sustrayéndolo del alcance de los acreedores en jurisdicción argentina".
Nacadie Comercial SA está registrada en Uruguay con domicilio n la zona franca de Montevideo. El investigador Mariano Moyano no pudo acceder a la nómina de accionistas y directores, pero sí a su apoderado: Patricio María Coghlan, contador argentino con domicilio en CABA. Coghlan es, a su vez, director de ENAV Sociedad Anónima, empresa mendocina del Grupo Vicentin que tiene además, como directores, a Máximo Javier Padoan y Gustavo Nardelli.
El mencionado Patricio Coghlan, en representación de Nacadie Uruguay, constituyó el 9 de septiembre de 2019 Nacadie Comercial SA Argentina, con domicilio en Reconquista, Santa Fe, en Boulevard Hipólito Irigoyen 298, que es justamente el mismo domicilio ee Friar SA, el frigorífico exportador del Grupo Vicentin. Otra joya del collar. Se informó también de la existencia de otra Nacadie Comercial, en este caso en Panamá, pero constituida en 2005, por dos abogados panameños, Asterio Caballero Ibarra y Oriel Francisco Kennion. "De un informe de Inteligencia Competitiva de Uruguay XXI, surge un importante movimiento financiero entre Nacadie Comercial Sociedad Anónima Uruguay y la jurisdicción panameña", apunta el informe de Moyano y Asociados.
Dicho estudio de abogados inició "acciones criminales contra Vicentin Paraguay en Asunción, que se tramitan ante la Fiscalía Criminal 3, "por los delitos de Lavado de Activos". Se solicitaron medidas de "allanamiento de las oficinas del demandado en Asunción, y la obtención de los registros bancarios del denunciado, como medio de determinar el destino final de la facturación y dividendos de Vicentin Paraguay SA; el proceso penal está en curso".
14 de junio de 2020
"No voy a defender a gente que está salpicada"
Los claroscuros de la historia de Vicentin en su propia ciudad
Actas de detención hechas en las máquinas de escribir de la empresa, deudas estatizadas en 1982, inventos radiales sobre La Cámpora: cómo es la batalla local contra la intervención.
Por Sonia Tessa
Desde Reconquista, Santa Fe
A simple vista, parece que a Reconquista y Avellaneda, en la provincia de Santa Fe sólo las separa el Arroyo del Rey. Esa primera mirada encuentra uniformidad en la relación con Vicentin, la empresa que --dicen-- forjó la grandeza de un conglomerado de 150 mil habitantes, donde genera más de 2000 empleos directos. A poco de mirar, otras historias caen como los copos de algodón de la carga de los camiones que esperan en el predio de la cooperativa Unión Agrícola Avellaneda, situado justo al lado de la Aceitera Vicentin, nacida en 1929.
La historia oficial dice que Vicentin abrió su primera planta de extracción en San Lorenzo en 1979, pero en la memoria del pueblo la fecha clave es 1997. "Cuando uno escucha decir que la identidad del pueblo tiene que ver con Vicentin, en los 90, de un día para el otro, nos enteramos de que se iba al sur, a Ricardone, y fue muy fuerte, yo vivo en el barrio Fábrica, donde había mucha actividad económica. Uno encontraba en la época del algodón, colas y colas de camiones que iban hacia la fábrica. Tengo recuerdo de ir a la escuela y que las cunetas, parte de las calles, parecieran nevadas por la cantidad de algodón, había movimiento de obreros, con sus cascos, bicicletas, con overol, había una economía activa de la ciudad y de un día para otro, en el contexto de los 90, cuando se comienza a dejar de sembrar algodón y comienza el monocultivo de la soja, nos quedamos perplejos con la noticia de que Vicentin se iba, con el argumento de que daba pérdidas y fue muy duro, muy terrible", cuenta Pablo Rolón, profesor de historia, integrante de Norte Amplio Reconquista por los Derechos Humanos y secretario de Derechos Humanos del gremio docente, Amsafé, de General Obligado.
Secuestrado dentro de la fábrica
Esas voces no son las más escuchadas en estos días, pero tienen mucho para decir y ganas de decirlo. En el sindicato de Aceiteros y Desmontadores de General Obligado y San Justo, Oscar "Cacho" Zarza vuelve al 30 de enero de 1976, cuando lo secuestraron adentro de la fábrica. Era delegado, uno de los 14 que fue detenido durante esa época. "Me detienen adentro, me hacen un acta de detención con la máquina de escribir de Vicentin y uno de los que se presta como testigo es el Sapo Vicentin, que era uno de los capataces", rememora Cacho.
Es notorio cómo, a pesar de esa historia, su vida después de la detención --lo largaron a los 12 días, y luego volvieron a detenerlo en noviembre de 1976, hasta el 25 de diciembre de 1978-- cuando habla de los Vicentin hay una cierta familiaridad. Cada integrante de la familia, sus esposas, sus hijos, forman parte de la historia viva del pueblo.
Reconquista y Avellaneda están unidas y también separadas. En la mañana del viernes, en la Tienda Belén de Reconquista, sobre calle general Belgrano, hay más de una cuadra de cola para retirar los bolsones de comida que prometió el propietario. En la misma manzana, en la puerta de la delegación del ministerio de trabajo hay obreros de la Algodonera Avellaneda, del grupo Vicentin y de la Federación Aceitera. Los reclamos son salariales. "Nosotros somos pobres, cobramos 116 pesos la hora", adelantan los textiles, a la espera del resultado de la audiencia.
Mentiras en el aire
Pocos kilómetros más al norte, en Avellaneda, a esa misma hora, un grupo de mujeres vinculadas con las familias del directorio de Vicentin reza el rosario para que la empresa no sea traspasada al Estado, en la puerta de las oficinas, enfrente de la plaza central. Las suplicantes se acomodan en ronda y leen un fragmento de la biblia antes de orar. El resto del día, el gazebo contra la intervención está vacío.
Vicentin está por todos lados: el nombre de la escuela secundaria es Roberto Vicentin, el teatro Máximo Vicentin, el autódromo tiene su curva Vicentin. Quienes veneran a la empresa se hicieron visibles en todo el país. En el hotel, en la estación de servicio, apenas se ingresa se puede escuchar América Televisión o TN.
Hay miedo, y eso también es fogoneado por voces como las de Ester Lutz, periodista de la radio 96,1, la más escuchada de la zona. "Ahora sí nos vamos a sacar la careta y el estado va a tener que sacarse la careta. Si la Cámpora está tan interesada en Vicentin y el Movimiento Evita está tan interesado en Vicentin ¿para qué es? Para ocupar puestos de trabajo, y es lo que yo dije ayer ¿vieron que no me equivoco en algunas cosas? En vez de que vas a fichar el horario en que entrás, vas a tener que poner el dedo para fichar que sos peronista, camporista, del movimiento o de lo que pito sea para poder entrar a laburar y si no lo sos, estás afuera. Necesitan acomodar a su gente, y esto sí gente que ya no lo podemos permitir", dice la periodista que ocupa la franja de 11 a 13, y el audio se viraliza.
Los que cuentan la historia
Más acalladas, otras voces, como la de Alejandro Córdoba, integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, se acerca hasta el Sindicato de Aceiteros para recordar que en 1982, a Vicentin le estatizaron la deuda privada. Pablo Rolón acerca un documento que atesora alguno de sus compañeros de Norte Amplio: la revista El Periodista donde consigna que ya entonces, la empresa fundada en 1929 había pedido 1.958.000 de dólares que pagó el estado argentino.
En el paraje El Carmen, de Avellaneda, Eulogio Sellarés se enoja por la respuesta de Avellaneda a la decisión de intervenir y expropiar la empresa. A sus 82 años, se ocupa de sus vacas este cofundador de las ligas agrarias, que estuvo detenido dos años y tres meses en Coronda. "Yo vivo acá, era agricultor, me reconvertí en pequeño ganadero", cuenta, y vuelve sobre la deuda "Me acuerdo perfectamente de Domingo Felipe Cavallo. No sólo a Vicentin sino a varios grandes empresarios les tuvimos que pagar todo el pueblo argentino la deuda en dólares. La clase media de Avellaneda y Reconquista, que me disculpen la palabra que voy a utilizar, pero suelen ser el forro de los grandes intereses", se enoja Eulogio. "No me voy a poner a defender, como dice (Alberto) Fernández, a gente que está salpicada, y además esa empresa corre el serio riesgo de ser extranjerizada. Y lo dijo claramente en su mensaje, queremos preservar las fuentes de trabajo, la producción y que la empresa quede en manos argentinas", suma.
La defensa de los intereses de Vicentin está arraigada, pero con una pequeña ayuda. A las escuelas de la ciudad llega una nota dirigida al presidente del Concejo municipal, Martín Ponticelli, para que rechacen la expropiación. Les piden que las firmen y las hagan llegar a la Legislatura nacional, al gobernador y a los legisladores provinciales.
Vicentin por todos lados
No es tan fácil escapar al pulpo: Playcom, la empresa que brinda servicio de televisión, internet y multimedios en toda la región pertenece a Alberto "Beto" Padoán. En la misma manzana que Playcom, alrededor de la plaza principal, está la casa del expresidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Dos camionetas último modelo y un auto de lujo están estacionados allí. "Muchas veces me pregunté por qué seguían viviendo acá, y creo que es por una cuestión de seguridad", concluye Rolón.
La presencia de Vicentin en Reconquista sigue siendo palpable, aunque la ciudad tiene otras complejidades. Si Avellaneda recibió casi exclusivamente inmigrantes del Friuli, Italia, la ciudad de al lado se considera un crisol. El 3 de abril de 2019, la demolición del edificio de la ex Escuela de Comercio provocó una pequeña conmoción. El proyecto de Vicentin no estaba dentro de la normativa, pero fue aprobado en el concejo de diez integrantes. "Teníamos ese edificio hace 120 años, era uno de los primeros edificios importantes de nuestra ciudad, con un estilo italianizante característico, excelente construcción y de un tamaño muy importante, arruinaron esa esquina, debía ser conservado como patrimonio histórico, construido en el año 1898 a pocos años de la fundación de Reconquista en 1872, el primer almacén de ramos generales y después escuela secundaria durante casi 60 años a partir de 1948", describe la página Salvemos a la ex escuela de Comercio de Reconquista. La ex concejala Soledad Zalazar, que cumplió su mandato en 2017, cree que no debió haberse aprobado, aunque sabe que al no considerarse edificio de valor patrimonial, no había ninguna norma escrita para salvarlo. "No hicieron nada fuera de la ley, pero sí contra los sentimientos de la gente. Y después, vino esto del defaulty ahora sólo hay un pozo en un lugar que compraron porque era estratégico", lamenta Zalazar.
14 de junio de 2020
Carlos del Frade, legislador santafesino
"Una timba perversa"
El legislador recordó lo dicho por Sergio Nardelli (CEO de Vicentin) ante la Comisión de Seguimienton del caso Vicentin en la cámara de diputados provincial: "Nosotros entramos en una dinámica tal que levantábamos deudas semanales de 100 millones de dólares". Al respecto, Del Frade reflexionó que "eso no era una dinámica, era una secuencia más de El lobo de Wall Street. Esa locura fue la característica de los últimos años de Vicentin. El olvido de la lógica del trabajo de generaciones de trabajadores y productores que apostaron al crecimiento industrial y regional, y que fue inmolado en la perversa timba financiera que necesitaba del lavado de dinero y la fuga de capitales".
"La dictadura, luego del secuestro de 22 trabajadores, le otorgó a Vicentín el puerto en Ricardone, cerca de San Lorenzo, en 1979 y tres años después, Domingo Cavallo, al frente del Banco Central, estatizó su deuda de dos millones de dólares", recordó. Y agregó que "en 2001, Vicentin fue denunciada por fugar 135 millones de dólares. Otra vez el estado nacional lo salvó".
Ahora, en la fase uno del proceso, la intervención debe profundizar la investigación para establecer los corruptos del estado macrista y los de la empresa que permitieron semejante estafa contra los trabajadores, los productores, las cooperativas y el pueblo santafesino y argentino.
"En el fondo, el debate histórico es qué hace la Argentina con sus puertos. El lavado de dinero y la exportación son una cara de la moneda, la otra cara, el otro gran negocio del sistema mafioso, los negocios del narcotráfico y el contrabando de armas", interpretó Del Frade. "Recuperar Vicentin desde una perspectiva nacional, trabajadora, productiva, cooperativa y estatal puede darnos no solamente soberanía económica y política, sino también una posibilidad para que cientos de pibas y pibes no terminen siendo consumidores consumidos o soldaditos inmolados en el altar del dios dinero, el verdadero corazón del sistema que produjo esta nueva postal de desprecio contra las grandes mayorías", sentenció el diputado.
Fuente:Pagina12
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