Por Lautaro Romero, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2020.
La mayoría son jóvenes estudiantes que migraron en busca de un mejor porvenir, pero se encontraron con otra realidad: hambre, falta de derechos, precarización laboral, racismo y violencia institucional. Testimonios y experiencias de haitianxs, una comunidad afrodescendiente sumergida históricamente en el olvido.
Haití “nació en ruinas y no se recuperó jamás: hoy es el más pobre de América Latina”, escribió Eduardo Galeano en 1971.
Invasiones. Francia, España, Gran Bretaña y EE.UU. Colonización. Cultivos de caña de azúcar. Esclavitud. Explotación y pérdida de fertilidad del suelo, deforestación. Desigualdad social. Dictaduras, sangre y violencia. Inseguridad. Vulneración de los derechos humanos. Desempleo. Privatización de la educación. Catástrofes naturales (terremotos, tsunamis y huracanes). Destrucción. Campos de refugiados. Desconcierto; por nombrar algunos de los males que persiguen a Haití y mantienen sus venas abiertas desde que se escribió la primera página de su historia, bañada en sangre.
Y que en definitiva explican el por qué de su pobreza estructural, y por qué en las últimas décadas miles de jóvenes estudiantes de entre 18 y 30 años, dentro de una población con 95% de afrodescendientes, migraron hacia países de América del Sur; principalmente Brasil, Ecuador, Chile y Argentina.
Razones humanitarias
El 31 de diciembre de 2016 Jean Jackson (24) llegó desde Puerto Príncipe, como el resto de sus compatriotas, “por razones humanitarias”. Con su Visa de tránsito en mano, primero Jackson tuvo que sortear un viaje en colectivo interminable desde Brasil para cruzar la frontera con Argentina.
“Los senegaleses y los africanos en general vinieron al país en situaciones y contextos diferentes al nuestro. Algunos por guerra, otros por trabajo, o por ser refugiados. Nosotros estamos acá por razones humanitarias. El 70% somos estudiantes aquí en Argentina. Tenemos dificultades y precariedades distintas a las de los senegaleses”, le explica Jackson a Revista Cítrica, en el comedor del departamento donde alquila, en el barrio de Constitución.
Cuando cursaba segundo año de Derecho, Jackson decidió migrar para mejorar su formación académica fuera de la inestabilidad y la persecución política que se respira a diario en Haití. Y lo hizo con creces: estudia Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín, y trabaja de forma independiente como traductor de creole (lengua criolla de Haití) en el Ministerio Público de la Defensa.
“Antropológicamente el idioma francés no nos pertenece. Es una herencia por haber sido colonizados por Francia. La forma y el acento son distintos. Es como si un ladrón entra en tu casa y olvida su plata. Y ahora esa plata es tuya. Como ellos nos robaron todo, nosotros guardamos al menos su lenguaje”, nos dice Jackson, que por la expresión de sus ojos ahora más achinados pareciera tener una sonrisa de oreja a oreja: el barbijo que lleva puesto nos deja con la intriga.
Lo que también nos da curiosidad es saber cómo se convirtió en perito de traducción. Y Jackson nos cuenta: “Acá en el barrio, hace dos años, había 30 haitianos implicados en una causa. Niños, bebes recién nacidos y mujeres embarazadas. Alquilaron una casa y les estafaron: el dueño no era el dueño y el verdadero dueño denunció a los haitianos por acaparamiento de bienes privados. Cuando se presentaron en la fiscalía a los haitianos nadie les entendía porque no hablaban español, y tampoco francés. Entonces me presenté como voluntario para ayudarles a resolver este problema. Antes trabajábamos en un montón de casos. Ahora no hay causas físicas ni virtuales para traducir”.
Sin embargo, Jackson se mantiene activo en las redes sociales y como referente de su comunidad le presta real dedicación a responder los mensajes y las consultas que con frecuencia le envían al celular sus compatriotas que viven en Argentina: alrededor de diez mil haitianos y haitianas que sobreviven en los centros urbanos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. “Soy como un intermediario entre ellxs y las organizaciones sociales y de derechos humanos. Es un trabajo social y académico”.
Sin documentos y sin derechos
Jackson hace de nexo entre nosotros y Marie Édouard Carius, quien lleva 17 años como residente en Argentina y desde el 2014 trabaja en la Dirección Nacional de Migraciones, en el sector de informes y asesoramiento. Ella se define como una “militante y luchadora”.
Marie nos cuenta que desde principios de la cuarentena hay muchxs hatianxs con inconvenientes para renovar sus documentos de identidad. El problema en este caso radica en que el año pasado caducó el decreto 1143/2017, por el cual les migrantes provenientes de Haití, por razones humanitarias, recibieron la residencia temporaria en Argentina por el plazo de dos años.
Es decir que hay documentos que se han vencido y no pueden renovarse. “Hay muchos chicos que tienen los trámites trabados. Y mandan su dinero, pasan un año o dos en Migraciones y no llegan los papeles. Algunos ni siquiera iniciaron el trámite para sacar el DNI. Los chicos sufren. Los echan de los trabajos por falta de documento, no pueden hacer trámites en AFIP, en la ANSES”.
Marie tiene una familia numerosa viviendo con ella, en el barrio porteño de Balvanera. Están su mamá y su hermana discapacitada, a quien también le venció el documento. “Gracias a Dios pude conseguirle los medicamentos a mi hermana. Me parte el alma porque somos muy vulnerables, al igual que los senegaleses, que se ganan la vida día a día para pagar el alquiler y poder comer. Muchos haitianos vienen a la Argentina con la idea de estudiar, pero cuando llegan la realidad es otra y tienen muchas dificultades. Hay cosas que no entiendo, no sé qué hacer. Tengo voluntad para ayudar, como mujer, como migrante, pero no tengo la posibilidad”.
Dentro de sus posibilidades, Marie hizo y mucho. Durante la primera etapa de la cuarentena, gestionó junto a la Organización de Residentes Haitianos en Argentina –fundada en 2006-, la entrega de bolsones con comida, casa por casa, entre la gente más necesitada de su comunidad. Lxs migrantes. Lxs olvidadxs de siempre que no cobran el IFE, ni reciben ayuda alguna de un Estado que no les ve.
Esclavos siglo XXI
Desde que llegó a la Argentina, Jackson nunca laburó como vendedor ambulante. Y le revela a Cítrica que en realidad hay pocos compañeros haitianos vendiendo en la calle. ¿El motivo? “Le tenemos miedo a la Policía, no tenemos un buen concepto de ellos: abusan de su poder, como lo hicieron históricamente las fuerzas represivas en Haití”.
Jackson tiene experiencia por haber intervenido en casos de abusos de las fuerzas de seguridad en perjuicio de la comunidad haitiana en 2019: la historia de seis haitianxs –entre ellxs una mujer que casi pierde su embarazo- desalojados de un hotel familiar –donde se refugian la mayoría de lxs haitianxs- en Constitución. A los golpes, sin orden judicial ni motivo alguno, fueron arrojadxs a la calle. Y unos meses más tarde, en una vivienda alquilada en Bernal, el ataque racista, brutal y deleznable con una bomba molotov a un matrimonio de haitianxs. En este caso la mujer perdió su embarazo y el hombre tuvo que ser atendido de urgencia por las quemaduras.
En consecuencia, la mayoría de lxs haitianxs se ganan la vida en restaurantes, supermercados, al cuidado de personas mayores, o también, como no podría ser de otra manera, repartiendo en dos ruedas la comida que vos pedís por delivery a través de las aplicaciones de Rappi, Glovo y Pedidos Ya.
“Muchos estudiantes trabajan en las plataformas porque pueden elegir a qué hora trabajar y les es muy conveniente al fin de poder estudiar. Pero es un trabajo que les precariza mucho y les quita sus derechos. No pueden reclamar nada y tienen que ser monotributistas y pagar su obra social. Yo hace dos años que pago el monotributo, soy categoría C y todavía no tengo obra social. Llamo por teléfono y no atienden. ¿Cómo puede ser posible?”, se pregunta Jackson.
Mientras estudia, Jackson piensa que debería encontrar un trabajo pronto porque ya casi no tiene recursos. “Nosotros no tenemos la posibilidad de expresar en la televisión o en los medios masivos nuestras preocupaciones. Si no hay trabajo no cobramos”.
La educación como bandera
Haití tiene la particularidad de ser la república negra más antigua del mundo, nada menos que el primer país latinoamericano en declarar su independencia. Fue en 1804, con el general Jean-Jacques Dessalines como líder de la revolución y cabeza de las tropas esclavistas afrodescendientes que derrotaron y expulsaron a los franceses.
Pero Haití nunca fue realmente independiente
A lo largo del siglo XIX enfrentó y padeció constantes invasiones y hostigamiento de extranjeros en su propio territorio. Franceses, españoles, ingleses y norteamericanos. De hecho, tras la declaración de la independencia, para compensar a los colonizadores por las plantaciones inmensas de azúcar, café, cacao y tabaco que habían perdido -no sólo tierra, sino también vidas y mano de obra barata de esclavos-; Francia obligó a Haití a pagar una multa multimillonaria a cambio de su libertad.
A Haití le tomó 122 años pagar esa deuda.
Jackson no tiene dudas: con esa plata, durante más de un siglo de existencia, el gobierno de Haití podría haber construido hospitales, escuelas y universidades para educar a su pueblo: según un informe mundial de 2017 elaborado por Human Rights Watch, aproximadamente uno de cada dos haitianos de 15 años o más es analfabeto, y en el país hay más de 200 mil menores que no están escolarizados. Esto podría explicarse con el hecho de que el 90% de las escuelas son administradas por entidades privadas con aranceles inalcanzables para familias de bajos ingresos.
“En Haití tenemos una sola facultad de Ciencias Políticas, y los estudiantes no estudian Ciencias Políticas, sino que apuestan por carreras que les permitan tener más plata, como Medicina y Abogacía. Los que migramos somos la cabeza de Haití, los estudiantes seguimos siendo los que más contribuimos al PBI del país. Haití es el país en el mundo con mayor flujo migratorio intelectual, está arriba en el ranking”, afirma Jackson.
Daphinis Jasmine (32), en cambio, se recibió de maestra de nivel primario en Haití. Como no existe convenio en Argentina, Jasmine, quien vive en Mendoza con su hija desde hace cinco años, tuvo que revalidar su título universitario. Le queda la última residencia para recibirse. Ahora Jasmine trabaja como acompañante terapéutica de niñes con capacidades distintas y es docente de apoyo escolar. Además da clases particulares, capacitaciones y traducciones de lengua y literatura francesa.
“En Haití hay una privatización muy grande de la educación. Lo que tenemos a favor los jóvenes haitianos es que nuestros padres tienen mucha fe en nosotros y creen mucho en la educación. Quieren que estudiemos en las mejores escuelas, no importa que no tengamos para comer. En las escuelas públicas hay que tener un puntaje alto para acceder, y en muchos casos se garantiza el trabajo”.
Jasmine nos relata cómo es la vida de la comunidad migrante en Mendoza, una de las provincias “más cerradas y conservadoras”. “Hay un primer grupo que llegó hace diez años y trabajan en hoteles y empresas privadas. Están insertados. El otro grupo que llegó hace cinco años está terminando sus estudios, y empezando a trabajar. Hay muchas familias, parejas interraciales, hay afroargentinos. Hay madres solteras que no pudieron acceder al IFE, o a la Asignación Universal por Hijo, y no tienen una red de contención. Se organizan y comparten lo poco que tienen. Hay un choque de cultura muy grande pero somos muy unidos”.
Racismo, una cuestión de poder
En Argentina, Jackson vivió en carne propia muchos casos de racismo. Le ha pasado de deambular, tocar timbre en hoteles familiares, preguntar por una habitación, y que la gente al ver su color de piel le niegue la chance de conseguir un techo donde pasar la noche. Pero particularmente recuerda un caso: cuando la encargada de un hotel le dijo que debía bañarse porque era afrodescendiente, y sería perjudicial si no lo hacía.
Jackson, lejos de sobresaltarse piensa en cuál podría haber sido la razón del comportamiento de esa mujer para decir semejante barbaridad.
Y saca sus propias conclusiones: “El racismo no tiene nada que ver con las clases sociales. Tiene una raíz histórica y esa raíz sigue perpetuando a través de los ministerios, las instituciones y los medios de comunicación. Los mediáticos contribuyen muchísimo con la divulgación del racismo. Creo que hay dos tipos de racismo: el consciente y el inconsciente. Porque decir negro a una persona afrodescendiente, es racista. Lo negro está asociado a cosas malas. Depende de la concepción de sí mismo. Conozco haitianos blancos, más claros que vos. En Argentina el color es una barrera. No hay suficiente sensibilización de las políticas públicas para sacar estos estereotipos. No podemos terminar con el racismo sino terminamos con el capitalismo y la explotación humana. Hace 200 años que venimos sufriendo”.
Respecto a la muerte del músico afrodescendiente George Floyd el pasado 25 de mayo a manos de un agente de la Policía de Mineápolis, Jackson opina que “las cosas no son diferentes a cómo eran antes. Lo que cambia es que ahora hay gente con celulares grabando. No sabemos cuántos George Floyd murieron en silencio. Si un blanco quiere lincharme es su problema, pero si un blanco puede lincharme es mi problema: el racismo es cuestión de poder”.
En Mendoza, Daphinis Jasmine también lucha contra la garra opresora del racismo. Desde el activismo intenta deconstruir algunos conceptos basados en la xenofobia y los prejuicios que hay sobre las mujeres negras, sobre las mujeres migrantes y específicamente sobre las mujeres haitianas. “Hay mucha estigmatización, se nos relaciona con la prostitución, la trata, la pobreza. En muchos aspectos es cierto porque hay una desigualdad muy grande en la comunidad negra pero tampoco eso nos define y tiene relación con nuestro color de piel y nuestro origen. Desde el feminismo debemos entender que la opresión no la sufrimos solamente por ser mujeres. Ser negras en un país de blancos hace que nos veamos más afectadas. Entender eso ayudaría a visibilizar y darle voz a las negras”.
Futuro incierto
Estamos en junio y el invierno está próximo. Por más que lo intenta, Jackson no se acostumbra al frío. Este es un “problema serio” para lxs hatianxs. Es la etapa del año en la cual más extrañan el calor tropical y las comidas típicas de su tierra natal.
Pero hay algo más que por estos días hace que el cuerpo de Jackson esté acá, pero su mente permanezca en Haití: su papá y su hermanito tienen fiebre. Jackson cree que es el coronavirus que se manifiesta de esa forma. Su familia vive en Puerto Príncipe, donde nació Jackson, y hay un solo hospital público para 3 millones de habitantes.
“En Haití las personas tienen otra concepción de la enfermedad. Cuando una persona tiene fiebre no va al hospital para hacer una consulta. Va a preferir usar medicina natural, té y hojas de plantas. Y si es algo más grave, el consejo de un maestro”.
En medio de la cuarentena, los médicos hacen paro porque el gobierno de Jovenel Moise (quien se mantiene en el poder pese al repudio del pueblo haitiano) no les paga los sueldos. “Tenemos el peor sistema de salud del Caribe, por no decir de América. Tenemos 400 médicos competentes, recibidos en República Dominicana. Tenemos más de 200 en Cuba y un montón en EE.UU, pero al Gobierno no le importan ellos”. Básicamente, Jackson siente que Haití no está preparado para enfrentar el coronavirus, no “porque haya muchos infectados, sino porque hay muchas incompetencias políticas. No usan el dinero que deberían usar para el país de un modo adecuado”.
Antes de seguir, Jackson respira, observa las cuatro paredes que le rodean del departamento de Constitución, y se le vienen a la cabeza imágenes de lo ocurrido el 12 de enero del 2010, cuando un terremoto dejó a todo Puerto Príncipe bajo los escombros con un saldo de más de 200 mil muertos, y secuelas psicológicas marcadas a fuego en la población haitiana.
“Para nosotros es mucho peor el coronavirus”, desliza.
Jean Jackson sobrevive como puede: pasa los días ayudando a sus compatriotas, leyendo las noticias en los diarios para poder “analizarlas”, mirando películas, jugando a las cartas y charlando de distintas temáticas y proyectos con su pareja.Jackson, a quien le gusta la aventura, no tiene planeado quedarse mucho tiempo en Argentina: tiene la “fantasía” de seguir viajando por el mundo.
revistacitrica.com.ar/si-no-terminamos-con-el-capitalismo-no-podemos-eliminar-el-racismo.html
Fuente: Kaosenlared.
Por Leandro Lutzky, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2020
Una pequeña localidad de la provincia de Córdoba (Argentina), llamada Villa Ciudad Parque, acaba de autorizar el cultivo del cannabis con fines terapéuticos y de investigación científica, siempre y cuando los interesados obtengan la autorización previa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Pablo Riveros, su líder político, ya fue llamado como ‘el intendente hippie’ por algunos medios locales. Usa rastas, una camisa manga corta y en sus fotos de redes sociales se lo ve tomando mate, manteniendo un perfil distinto al de los dirigentes tradicionales. El ambiente del lugar, con las sierras, el río y el lago Los Molinos, ayuda a sostener ese estilo descontracturado: «Esto es un paraíso natural», se enorgullece.
Aquel peronista asumió el cargo a mediados de diciembre, y se encontró con un panorama adverso: «La economía de acá está muy vinculada al turismo, casi en un 100 %. Después de atravesar cuatro años de neoliberalismo con el Gobierno de Macri, tuvimos que generar un sistema muy grande de contención», subraya. Además, el decadente flujo turístico tampoco estaba activo todos los días del año, por eso muchos pobladores hacían trabajos informales para sobrevivir, y la pandemia complicó la situación.
Pero, lejos de lamentarse, se ideó una posible solución: «El cultivo de cannabis podría repuntar la economía del lugar», sostiene el entrevistado. En efecto, se avala esta actividad «entre sectores privados o asociativos, generando mano de obra».
A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, donde cada día hay más contagios de covid-19, en esta región se registraron tan solo dos casos confirmados, y fueron en un municipio lindero. «Estamos en zona blanca», describe el jefe del distrito. De momento, hay restricciones a la circulación y controles de la Policía y Defensa Civil municipal, pero no rige la cuarentena obligatoria.
«Una perspectiva de salud pública»
Riveros, quien no consume el aceite cannábico, conoce sus beneficios por una situación familiar: su madre, que padece demencia senil, es tratada con esta medicina alternativa. En ese marco, el referente comunal aclara que la disposición se encara con «una perspectiva de salud pública». De hecho, la iniciativa cuenta con el apoyo de los médicos de la zona: «Los especialistas se pusieron a disposición, y nos felicitan por la decisión tomada», celebra el intendente.
Sin embargo, continúa habiendo fuertes estigmas y estereotipos ligados al cultivo. «Tiene que ver con la falta de información, y cómo se van construyendo los sentidos comunes de una sociedad», opina el dirigente. «Si uno informa bien, y genera construcción de ciudadanía donde se respeten y amplíen derechos, eso no tendría implicancia en la realidad», agrega. Y se explaya: «Preconceptos hay en todos los temas, pero lo preocupante es criminalizar. El cannabis medicinal tiene legitimidad científica, y nosotros le damos legitimidad política».
En esa línea, Riveros sostiene que muchos ignoran los tratamientos terapéuticos que se pueden aplicar gracias a la planta, principalmente para enfermedades de gravedad, «mejorando la vida de pacientes con afecciones crónicas o incluso terminales». Sobre ello, menciona casos de «personas con epilepsia que han bajado considerablemente la cantidad de convulsiones». También destaca a las personas de la tercera edad, con problemas físicos por el simple paso del tiempo: «Alivia dolores y relaja la musculatura», dice el político, quien ya parece todo un experto.
Según esta autoridad local, en el pueblo hay por lo menos 30 personas consumiendo cannabis por razones médicas, «en condiciones lamentables». Sucede que, si la administración pública no toma cartas en el asunto, se exponen a la ilegalidad para conseguir el aceite. Y si no tienen los recursos económicos, su compra es inaccesible. Todo ello sumado a que la calidad del producto hoy no está certificada por el Estado. Ahora, a medida que se va conociendo la iniciativa, más vecinos se interesan por la propuesta, que plantea una regulación.
Así, para que pase de ser una promesa a un sistema operativo, solo resta firmar un convenio junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Ministerio de Salud.
Por otro lado, Riveros aclara que la medida no habilita el cultivo con fines recreativos en su jurisdicción, porque «se puede llegar a confundir el objetivo». Sin embargo, su postura para dejar de perseguir a los consumidores es bastante firme: «Debe tratarse desde el Código Civil y Penal».
Actualmente, el proyecto para reformar el sistema de penas está en el Congreso, y el mismo no prevé castigos sobre la tenencia para consumo personal. «Si me piden un consejo, diría que hay que despenalizar el consumo de marihuana y permitir el autocultivo», finaliza Pablo.
Fuente: RT
Trabajo de parto en lucha: un cuerpo colectivo que habitar
Anred/ Resumen Latinoamericano, 24 junio 2020
Bajo la convicción de denunciar los obstáculos institucionales, las medidas de cierre, anulación y conversión de depósito de las salas de obstetricia que funcionan en el servicio público de salud bajo la Ley 25929 sobre Parto Humanizado que prioriza la seguridad y decisión de los cuerpos gestantes; una red de afectos y activistas realizaron una performance en las inmediaciones del Hospital Ramón Carrillo de Las Heras en la provincia de Mendoza para seguir reivindicando el parto respetado y libre de toda violencia obstétrica.
Esta acción realizada por mujeres que militan contra la violencia institucional y que participaron de manera voluntaria aunó a diversas colectivas de profesionales, madres, abuelas, artistas, activistas ambientales, jubiladas, mujeres que se vienen encontrando y tramando una red de afectos en defensa de las conquistas que el movimiento de mujeres y disidencias sostienen desde hace años.
Entre esas conquistas está el servicio de obstetricia del Hospital Carrillo en el que, hasta hace unos meses y por decisión del Gobierno de Cambia Mendoza, funcionaba una sala de parto en el agua, actividades de gestación consciente, garantías de un parto respetado y un acompañamiento de postparto. Desde las acciones de los directivos del Hospital y de las medidas gubernamentales buscan transformar los servicios del Hospital como un refuerzo del hospital pediátrico regional. Estos intentos han puesto en riesgo y han condicionado la posibilidad de los partos, poniendo en peligro la continuidad de parteras profesionales especializadas, reduciendo el horario de atención de la maternidad y el presupuesto destinado a estos servicios.
Artivismo callejero
Desde una caminata por calles aledañas al Hospital un grupo de artivistas se acercaron con capuchas de colores rojos y rosas hasta llegar a la puerta del Hospital, portando carteles en alusión a decisión de cómo parir, con expresiones corporales a partir de las voces y los sonidos del trabajo de parto.
El concepto de la intervención conjuga el símbolo de las capuchas como identidad de un cuerpo colectivo que no está en un semblante único. Más bien el objetivo de este cuerpo es enfrentar la contradicción y a la vez ser parte de ella. La capucha es, por tanto, la identidad del cuerpo colectivo como herramienta de autodefensa, como un trazo de la autonomía de crear y habitar la posibilidad. Ese símbolo se conjuga con el concepto de trabajo de parto, en un doble sentido de trabajo: el trabajo de los cuerpos gestantes y el trabajo de las trabajadoras de la salud, ambas experiencias que se unen y complementan en esta denuncia y defensa de un servicio de obstetricia que cumple con la adhesión al decreto nacional que sugiere que las maternidades, para ser seguras, deben cumplir con las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE).
En el momento de la intervención la policía provincial se acercó e increpó a las artivistas pisoteando los carteles, descolgando la bandera desplegada, llamando a los móviles y amedrentando a las personas presentes en la intervención.
En su gacetilla de prensa manifestaron:
No al cierre de la Maternidad del Hospital Raúl Carrillo
El hospital Doctor Ramón Carrillo es reconocido por la maternidad gestada bajo la ley 25929 de parto seguro, donde se prioriza la seguridad y decisión de lxs cuerpxs gestantes. El estado una vez más atenta contra el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos privando a la comunidad de este servició público, sino que también pone en peligro la continuidad de parteras profesionales especializadas, reduciendo el horario de atención de la maternidad y el presupuesto.
#NOalCIERREdelaMaternidadCarrillo
#PorElDerechoADecidirSobreNuestrosCuerpos
La maternidad del hospital carrillo de Mendoza fue ideada con un acuerdo con OPS y el Ministerio de salud de Mendoza, cumpliendo la ley 25929 de parto respetado como primera base y, de esa manera, se ha trabajado al servicio de las mujeres desde 2014 siendo la primera institución estatal de Argentina habilitada para que las mujeres puedan parir en el agua.
Funcionó sin ningún inconveniente hasta el cambio de gobierno, donde no sólo quieren transformar el hospital en pediátrico y como refuerzo del Hospital Notti (Hospital Pediátrico Regional) sino que, además, los directivos denotan un principal interés en cerrar la maternidad y, de a poco, con diferentes excusas le fue quitando libertades, condicionando a las mujeres la posibilidad de tener sus partos en esa institución. Hoy Mendoza adhiere a un decreto nacional que sugiere que las maternidades para ser seguras deben cumplir con las CONE (Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales) con la única idea de cerrar maternidades que no las cumplan, fuera del ideal de darle a cada parturientx lo que necesita para su funcionamiento.
La maternidad del Carrillo lo único que necesita para ser una maternidad segura es un anestesista las 24hs. Te pedimos por favor nos ayude en la lucha de miles de mujeres mendocinas y extranjeras que viajan para poder tener a sus bebés en el agua y, que, ilusionadas con un parto amoroso respetado visionan poder parir en nuestro hospital mendocino.
Hemos realizado distintas actividades. Colectas de firmas. Manifestaciones. Muchas mujeres y hombres se han unido a las redes solicitando que se contraten anestesista para poder reabrir la maternidad que hoy está cerrada. Y donde, lamentablemente, nuestra sala de parto acuático hoy se convirtió en un depósito. Por eso también te pedimos a vos que nos ayudes, sabemos que la unión hace la fuerza. Y que tu voz tiene más peso que las nuestras.
#24hsdeanestesiahtalcarrillo
#Queremosparirenelhtalcarrillo
#noalcierredelamaternidadhtalcarrillo
#apoyoalamaternidadhtalcarrillo
#ApoyoALaMaternidadCarrillo
El campo que nutre la Soberanía Alimentaria
Por Agustín Colombo y Mariano Pagnucco, Resumen Latinoamericano, 24 de junio de 2020
Así como hay un campo preocupado por el precio del dólar para exportar soja al exterior, hay otro conformado por familias productoras, cooperativas y organizaciones de base que deben superar diversos obstáculos para que sus alimentos lleguen a las mesas argentinas.
La imagen circuló hace algunas semanas en redes sociales, casi al mismo tiempo en que el coronavirus empezaba a evidenciar, otra vez, que los pobres del continente iban a ser los más afectados por la pandemia. Era una suerte de regla de tres simple social, que sintetizaba cómo funciona el sistema en esta parte del mundo: dos viñetas, dos oraciones y una conclusión.
Sobre el dibujo de las casitas amontonadas de una villa, se leía: “A más concentración de gente, más expansión del virus”. Y sobre el dibujo de un enorme campo de soja: “A más concentración de tierra, más concentración de gente”. El final tenía la contundencia de un cross a la mandíbula: “Distribución de la tierra es salud”.
Ese problema, el de la distribución de la tierra, aparecerá a lo largo de este texto acaso como un denominador común entre las distintas experiencias de productoras y productores de alimentos en el país. Es un problema que va de norte a sur y de este a oeste, y que, además de tener una explicación práctica, tiene una explicación estadística: según el Grupo ETC, el pequeño y mediano campesinado emplea en el mundo menos del 25% de las tierras agrícolas para cultivar alimentos que nutren a más del 70% de la población. Los que menos tienen, más dan.
“La situación actual es de máxima concentración, como todo en la economía argentina. Las grandes cadenas concentran. La tierra está concentrada. Los intermediarios son siempre los mismos”, describe Juan Manuel Rossi, el presidente de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe), un espacio que nuclea a cooperativas agrícolas y de alimentos en diez provincias, y que nació bajo la órbita de la Federación Agraria Argentina, la entidad que representa a pequeños productores, familias campesinas y chacareros.
“Ninguno de nuestros compañeros es dueño de la tierra que trabaja. Hay familias enteras que se han muerto en esa lucha. Los crianceros, que no tienen primaria, terminan peleando contra la estructura del Estado”, suma Juan Ruppel, productor del MTE Rural de Chos Malal, al norte de la provincia de Neuquén.
Deolinda Carrizo, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, conocido popularmente como Mocase, que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena, hace hincapié en tres palabras a la hora de explicar las principales problemáticas con las que se enfrentan a diario en la producción de alimentos. Tres palabras que podrían explicar el mapa productivo de la Argentina: concentración, privatización y extranjerización.
“Esa desigualdad es el producto de políticas que se hicieron a lo largo de los años. Los propietarios de tierras las destinan para el agronegocio y para exportar. Ya sea soja, maderas o minería, y eso afecta directamente a la producción de alimentos”, dice Deolinda. ¿Por qué afecta? Porque las tierras fértiles se dañan con la utilización intensiva de agrotóxicos. Y en las zonas más áridas, donde, por lo general, se instalan mineras, la demanda sideral de agua genera la extinción de ríos y arroyos.
Santiago del Estero, o cualquier provincia argentina, es un mosaico de lo que sucede en el mundo: según datos de la FAO, la cadena agroindustrial utiliza más del 75% de la tierra agrícola del mundo; en el proceso, destruye anualmente 75 mil millones de toneladas de capa arable y tala 7.5 millones de hectáreas de bosque. Además, es responsable del consumo de, al menos, el 90% de los combustibles fósiles que se usan en la agricultura (y sus correspondientes emisiones de gases de efecto invernadero), así como al menos el 80% del agua dulce.
El saldo de tres mil novecientos millones de personas subalimentadas o malnutridas en el mundo, o su porcentaje equivalente en Argentina, también da cuenta de esta problemática. “Este modelo no solo no alimenta al mundo, sino que es incapaz de garantizar el derecho a la alimentación de la población argentina: en un contexto de cosecha récord, hay desnutrición aguda y crónica, y también un 70% de la población con problema de obesidad. Los sectores más pobres de la población están condenados a alimentarse con los productos más baratos y menos nutritivos, que son los carbohidratos, los azúcares y las grasas”, asegura Marcos Filardi, abogado y fundador del Museo del Hambre.
El agronegocio nunca tuvo como propósito un proyecto de alimentación, por más de que el sector agropecuario más concentrado del país haya instalado el mito de que aquí se producen alimentos para 400 millones de personas. Lo que producen, en rigor, es alimento para animales de China, India y otros países del exterior.
Ese sector, muchas veces llamado “el campo” por ciertos periodistas y medios masivos, daña incluso más que el promedio mundial: utiliza alrededor del 80% del suelo argentino, pero provee menos del 30% de la comida a la población.
El pasado también es hoy
En Argentina, podrían señalarse algunos hitos para explicar la desproporcionada repartición de su basto territorio: la ley de enfiteusis de Bernardino Rivadavia y el genocidio indígena —o lo que muchos llaman Campaña del Desierto, aunque eso contenga una error semántico, porque no había desierto desde el momento en que había gente— son quizás los más sobresalientes. Ahí puede situarse el origen de la desigualdad. El origen de la concentración. Pero ahora a ese factor, como remarca Deolinda, hay que sumarle otro: la extranjerización de la tierra.
Según un informe del Ministerio de Justicia, en algunos departamentos provinciales, la situación es alarmante: en San Carlos, Salta, el 58,7% de sus terrenos pertenecen a extranjeros. Molinos (también en Salta) con el 58%; General Lamadrid (La Rioja), con el 57%; Lácar (Neuquén), con el 53%; y Campana (Buenos Aires), con el 50%, son otras de las regiones que transforman en letra muerta a una ley pensada a nivel nacional: la que indica que no puede venderse a extranjeros más del 15% del territorio.
El agronegocio nunca tuvo como propósito la alimentación, por más de que exista el mito de que aquí se producen alimentos para 400 millones de personas.
La extranjerización y concentración inciden directamente en la producción de alimentos. ¿Un ejemplo? Lo que sucede en Santa Fe. El cinturón hortícola santafesino siempre fue de tomates. Había, en otro tiempo, al menos, tres variedades. Pero el avance y la especulación inmobiliaria atentó contra esa histórica producción. Atados por contratos precarios y por relaciones desiguales, los productores y productoras nunca saben cuánto van a durar en la tierra donde producen. Están sujetos a la lógica de los loteos y a la discrecionalidad de los dueños, que, de un día para el otro, pueden decirles que se vayan.
Cuando sucede eso, las familias productoras tienen que mudarse y arrancar de nuevo otra vez. La falta de acceso a la tierra hizo que, urgidos por la necesidad de pagar el alquiler y de vivir, Santa Fe haya virado hacia la producción de la verdura de hoja. La razón es simple: es lo que más rápido crece y lo que más rápido se vende. Entonces, la zona de la diversidad de tomates ahora es la zona de la rúcula, acelga, achicoria, lechuga y cebolla de verdeo.
“Ese es un gran problema que tenemos. Sucede en todo el país, pero acá, de las 130 familias, ninguna es propietaria de la tierra. La máxima libertad a la que algunas pudieron llegar es dejar de ser medieros y alquilarse un par de hectáreas como grupo familiar y producir entre hermanos o de gente muy cercana”, describe Federico, uno de los referentes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) en esa región.
La UTT organiza a 15 mil familias en 15 provincias de la Argentina. En Santa Fe, al principio, eran cuatro o cinco compañeros. Hoy, son 130 familias campesinas con cinco bases en la ciudad de Santa Fe -Monte Vera, Campo Crespo, Chaco Chico, Paraje La Costa y Recreo-, una en Helvecia y otra en el sur de Rosario, General Alvear.
Diversificar es mejorar
Fecofe agrupa a 40 cooperativas en diez provincias del país. Algunas son cooperativas agrícolas tradicionales, que prestan servicios de acopio y maquinaria. Otras son las que, según Rossi, agregan valor: las lácteas en Santa Fe y Córdoba, las que hacen vinos y aceites de olivas en La Rioja, las que producen cítricos y arroz en Entre Ríos, las yerbateras en Misiones, las de cereales para desayuno y dulces en Buenos Aires.
En muchas de esas provincias, todos esos productos llegan a las góndolas de mercados de proximidad y almacenes. Algunos, a través de convenios con otras organizaciones, tienen presencia en ciudades más grandes como Buenos Aires o La Plata.
“Para llegar a más góndolas, hay una tarea que es nuestra: la organización. Y lo otro que necesitamos es una política de Estado claramente dirigida, que pueda promover la producción, comercialización e industrialización”, pide Rossi.
Rossi, que vive en el sur de la provincia de Córdoba, también menciona que los créditos para potenciar la matriz productiva de pequeños y medianos productores y cooperativas en Argentina en los últimos años dejaron de existir. Lo que inhabilita que el sector pueda crecer. “Hay que cambiar la ley de entidades financieras y sistema financiero, que funciona más como una timba que como ayuda al productor”, sostienen desde Fecofe.
En el Movimiento Nacional Campesino Indígena, con presencia en 11 provincias, marcan una diferencia clara: “Los pequeños campesinos, cuando pidieron un crédito para sembrar maíz o algodón en cinco hectáreas, lo devolvieron. Y no pasa lo mismo con los empresarios: el caso de Vicentin es claro”.
“La renta nos rige todo el tiempo”, analiza Rupell. Y lo contrasta con otra lógica: “Acá, los pequeños agricultores y ganaderos, además de alimentar a la población, generan una economía más saludable. Nosotros obtenemos un dinero por nuestro trabajo y ese dinero no lo vamos a meter en un banco ni vamos a comprar un departamento. Al contrario, ese dinero empieza a girar, se va pasando a otros trabajadores. Hasta que llega a una cadena y se pierde”.
El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de la rama Rural, del que forma parte la cooperativa de crianceros de Chos Malal, agrupa en 20 provincias a 30 mil pequeños productores y productoras de variadas actividades como ganadería, frutas y hortalizas, pesqueros, apicultores y comunidades de pueblos originarios.
Organizarse para buscar soluciones
A mayor distancia de los puertos, más son los problemas que se suman. Y la logística es uno de los principales. A Chos Malal, como a tantas ciudades chicas y pueblos de las provincias, el costo del transporte las convierte en zonas mucho más caras. “No hay una política de cómo hacemos para abastecer al pueblo con alimentos sanos. Consumimos lo que llega. Y lo que llega son las grandes cadenas de distribución”, cuenta Rupell. Se estima que, al menos, el 15% de lo que consume la cadena agroindustrial se pierde en el transporte y el almacenamiento.
Los 200 asociados de la cooperativa de Chos Malal se dedican a la crianza de cabras y chivos, en una región conocida por esa tradición: allí se festeja la Fiesta Nacional del Chivito. Lejos de los feedlot que impone la cadena agroindustrial de alimentos, los crianceros de Chos Malal utilizan la trashumancia: un pastoreo continúo por los caminos de la cordillera. “Siempre se dice que el chivo de esta zona baja condimentado, porque, en su recorrido, come todo tipo de hierbas aromáticas”, cuenta Juan.
La cooperativa, además, vende miel, artesanías de lana y cuero, mantas, telares y ponchos realizados por las comunidades mapuche de la zona, huevos y hierbas medicinales. Y realiza compras comunitarias justamente para bajar el alto costo de vida: desde arroz y aceite, hasta cuando es necesario comprar forraje (maíz, avena, fardo de pasto) para los animales.
En la otra punta del país, Deolinda aborda otro tema urticante: la productividad. O mejor dicho: la construcción dicotómica histórica entre civilización y barbarie, o entre progreso y atraso, ahora aplicada a la producción de alimentos. “Instalaron otro falso mito: el de la ineficiencia indígena. Cuando la producción de las comunidades tiene una potente diversidad: tierra, frutos, animales. El sistema productivo está integrado”, cuenta.
Lo que hacen en el territorio de Deolinda, en la comunidad indígena vilela de Pampa Pozo, es lo que aconseja la FAO para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Entre esas acciones, la FAO propone fomentar la diversificación de la producción. En Pampa Pozo, integrada por 13 familias -85 personas- que tienen la propiedad comunitaria de 1200 hectáreas, se produce desde la miel, el queso y el dulce de leche hasta salames, escabeches y verduras.
La producción se vende en ciudades cercanas como Quimilí o El Colorado, y también genera el autoabastecimiento de todas las personas que viven en el lugar. En ese territorio, hay 1500 cabras, 80 chanchas madres, 250 ovejas, 200 vacas y varios corrales de gallinas.
En medio de la pampa gringa, rodeados por ese mar verde de soja y glifosato en que se convirtió el paisaje santafesino, las familias productoras de la UTT prefieren producir alimentos para las argentinas y argentinos antes que la materia prima que demandan los chanchos chinos.
También prefieren eludir, en la medida de lo posible, los gastos en dólares que impone la cadena agroindustrial. “Nos fuimos organizando, en primer lugar, para pelear por nuestros derechos como sector ignorado y oprimido, atado a un paquete dolarizado que nos hace comprar insumos, endeudarnos con las semilleras y con los negocios de las multinacionales que venden los agroquímicos”, cuenta Federico.
La vuelta al campo
El informe preliminar del Censo Nacional Agropecuario de 2018 le pone números a una verdad a la vista de quién quiera ver: que Argentina viene expulsando a sus productores campesinos del campo desde hace varias décadas. Entre 2002 y 2018, desaparecieron 82.652 explotaciones agropecuarias. Y, si se compara con el censo de 1988, en 30 años, desapareció el 41,5 por ciento de la chacras.
En el Primer Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular que se realizó en mayo de 2019, todas las organizaciones coincidieron en que el modelo productivo debía repoblar el campo. Por eso, marcaron como prioritarias dos medidas: la primera era destinar mayor inversión en infraestructura y servicios sociales básicos (caminos rurales, salud, educación, conectividad, etc.) para promover el arraigo rural.
La segunda, promover el acceso a la tierra (ley de acceso a la tierra; regularización de la tenencia precaria de la tierra; redistribución de tierras ociosas para la producción agroecológica local).
“Si nosotros queremos que la gente vuelva al campo, tenemos que garantizar que la calidad de vida en el campo sea buena”, remarca Rupell, quien plantea una reforma basada en un modelo ascendente de discusión: de las chacras y territorios a los referentes regionales, y de los referentes regionales al poder central de Buenos Aires: “Ese modelo debe garantizar un sistema de salud y una jubilación, porque las personas que trabajan en el campo no tienen nada de eso”.
Deolinda pide lo mismo para el corto plazo y, para el mediano, considera que todas las políticas públicas deben ir dirigidas a fomentar la diversidad de lo que somos como país: zonas de riego, de montaña, de secano. “Con foros y espacios participativos, podemos ir diseñando un plan productivo. Tenemos un acumulado de sabiduría, de experiencia viva que deben ser parte de esa vuelta al campo”, considera.
Así, de abajo hacia arriba, compartiendo saberes y cambiando un modelo que nació desigual, y ahora se profundizó, otro país es posible.
Fuente: La Tinta
Envio:RL
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