Resumen Latinoamericano, 04 de julio de 2020
Facundo Astudillo Castro está desaparecido desde el 30 de abril cuando salió de su casa en Pedro Luro, con dirección a Bahía Blanca. Recientemente tres testigos declararon haber visto al joven ese mismo día, cuando era subido a un patrullero en la localidad de Mayor Buratovich. Esa fue la última vez que alguien lo vio, Facundo nunca llegó a destino ni volvió a comunicarse. La familia denunció irregularidades en la investigación por “averiguación de paradero”, contradicciones en las declaraciones de los policías y realizó una denuncia penal ante la justicia federal por desaparición forzada. En este caso de enorme gravedad institucional, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se presentará como querellante institucional y ya pidió que se aparte a la policía de la causa que tramita en la justicia provincial.
Facundo Astudillo Castro tiene 22 años y está desaparecido desde hace 65 días. En la mañana del pasado 30 de abril, el joven emprendió viaje “a dedo” de Pedro Luro hacia la casa de su ex pareja en Bahía Blanca. Nunca llegó. A pesar de los múltiples intentos por comunicarse con él, desde ese mismo día el teléfono de Facundo está apagado.
Tras la denuncia de la familia, se inició una causa por “averiguación de paradero” en la Ayudantía Fiscal de Villarino. La investigación está plagada de irregularidades, inconsistencias y declaraciones contradictorias de los policías que declararon haber visto a Facundo en la localidad de Mayor Buratovich y después en Teniente Origone. El último de los testimonios policiales es el más contradictorio: primero declaró que una camioneta lo levantó y salió en dirección a Bahía Blanca; cuatro días después, cambió su testimonio y dijo que, en realidad, se fue caminando.
A pesar que la mamá de Facundo y su abogado estuvieron en todo momento siguiendo la causa, sólo conocían el testimonio de los policías que lo demoraron en Mayor Buratovich y le dictaron la infracción por violar la cuarentena. Esa actuación policial ya resulta irregular: a pesar de ser infraccionado por violar la cuarentena y de constatar telefónicamente con la madre el domicilio de Facundo, los policías -segun dicen- no disponen que retorne a su casa sino que lo dejan seguir camino. Cabe mencionar que, en ese momento, había en la Provincia mayores restricciones a la circulación y un celo muy particular de las fuerzas de seguridad por velar por el cumplimiento de la medida.
Peor aún, ni la policía ni la justicia le notificaron a la familia de las declaraciones de los policías que, supuestamente, ubican a Facundo en Teniente Origone y en una camioneta en dirección a Bahía Blanca. Recién conocieron estos testimonios el 19 de junio, más de 50 días después de la desaparición, durante los rastrillajes en la zona. Ese mismo día, también notaron que la ubicación informada por los policías que lo demoraron no era la misma que figuraba en el acta.
Sin embargo, la última y mayor de las irregularidades se conoció la semana pasada. El 27 de junio, tres vecinos de Pedro Luro se comunicaron con la familia de Facundo y le contaron que el día de la desaparición, alrededor de las 3 de la tarde, después de pasar el ingreso de la localidad de Mayor Buratovich, vieron a Facundo cuando era detenido por dos policías e ingresado a la cabina trasera de un patrullero. Los tres vecinos se habían presentado en la comisaría de Pedro Luro para ofrecer su testimonio, pero nunca fueron llamados a declarar.
La declaración coincidente de los tres ciudadanos echa por tierra los testimonios y actuaciones policiales, identifica otro tiempo y lugar de su desaparición y aporta el principal dato: Facundo fue visto por última vez cuando era detenido por la policía de la localidad de Mayor Buratovich.
Ante las evidentes irregularidades en la investigación y la omisión de la detención de Facundo en la causa, la familia presentó ante la justicia federal una denuncia penal para que se investigue la desaparición forzada y se desplace de la investigación a la Policía Bonaerense.
En la denuncia también señalaron que Facundo era desde hace algunos años víctima de hostigamiento policial. La madre señaló que el joven, cuando era aún menor de edad, había sido golpeado por la policía y que, en otra oportunidad, le habían roto de manera intencional un ciclomotor. En los dos casos, la madre identificó a un agente que, incluso, lo vio participar de los rastrillajes en el lugar de la desaparición.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tomó conocimiento del caso por los organismos de derechos humanos de la región que vienen acompañando a la familia y reclamando la aparición con vida de Facundo. El organismo también estuvo en contacto también con la familia del joven y su abogado.
En carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y tal como lo faculta la ley, la CPM se presentó como querellante institucional en la causa federal que investiga la desaparición forzada. Y realizará presentaciones ante organismos internacionales de derechos humanos.
Al mismo tiempo, la CPM envió una nota al Ministerio de Seguridad de Nación notificando el hecho y a la fiscalía para requerir el cumplimiento de la Resolución 1930 y ordenar el inmediato apartamiento de la Policía Bonaerense en las diligencias investigativas que se realizan en el marco de la causa por “averiguación de paradero”, en trámite ante la fiscalía de Villarino.
La desaparición forzada de persona es un delito de lesa humanidad. La sola posibilidad o sospecha de estar frente un hecho de esta extrema gravedad institucional obliga a actuar de manera rápida y eficaz. Facundo Astudillo Castro tiene que aparecer con vida, es un reclamo no sólo de la familia y de los organismos de derechos humanos, es un reclamo que tiene que atravesar a toda la sociedad.
Fuente: AnRed
Protestas: Los municipales cordobeses volvieron a marchar y cortaron 7 puentes de acceso al Centro
Resumen Latinoamericano, 3 julio 2020.-
Después de casi dos meses de protestas en torno del municipio o del Tribunal de Faltas, el gremio cortó ayer siete puentes céntricos. No hay negociación entre las partes. El municipio admite que el conflicto ya afecta en especial a las redes de semáforos y alumbrado público.
Se movilizaron en 7 columnas y bloquearon el centro. Además, negaron estar vinculados a las denuncias contra el viceintendente.
En medio de las denuncias por amenazas, continúan las protestas del sindicato de municipales de Córdoba, Suoem. Este viernes realizaron otra marcha general con todos sus afiliados y movimientos de izquierda que incluyó el corte de varios puentes de acceso al centro de la ciudad.
La convocatoria lanzada por el gremio comenzó cerca de las 10 de la mañana, en la esquina de 9 de Julio y La Cañada, a pocos metros de la sede del sindicato y unas pocas cuadras del Palacio Municipal 6 de Julio.
Los empleados municipales reclaman por el recorte de salarios que percibieron, la quita de chapa a inspectores, el trabajo de los monotributistas y ahora protestan tambien por la baja de 117 contratos implementados por el intendente, Martín Llaryora.
El gremio está luchando por la renovación de los mismos, que fueron suspendidos en medio de la pandemia por el coronavirus.
Con un cajón con la foto del intendente, protestaron los municipales
Sigue el conflicto entre los trabajadores municipales y el intendente de Córdoba, Martín Llaryora, quien les recortó los salarios, con el aval de sus concejales.
Sin marcha atrás a la vista en la rebaja salarial aplicada por ordenanza municipal y con el cese de los contratos de 117 trabajadores en las últimas horas, los municipales volvieron a protestar este jueves y realizaron un “velorio” a la figura del intendente Llaryora.
Imitando a los muchachos del video viral, los manifestantes transportaron un ataúd en los hombros, en una marcha “fúnebre” que celebraron a las puertas del Hospital de Urgencias, este mediodía.
El féretro que portaban llevaba una foto de Llartoya y el epitafio RIP, por la expresión en latín Requiescat in pace(“descanse en paz”).
Al respecto, Darío Sánchez, secretario gremial de Salud de Suoem, expresó que la singular protesta fue “en contra de los despidos y el recorte salarial”, comentó a La Voz.
Chubut: Marcha contra las mineras en diferentes ciudades
Resumen Latinoamericano, 04 de julio de 2020.-
La población de Esquel está movilizada desde el año 2002 y realiza marchas contra la actividad minera los días 4 de cada mes, a la vez que resiste, junto a los vecinos del resto de Chubut, las pretensiones del Gobierno provincial y del sector minero para habilitar la minería a gran escala hoy prohibida por la ley 5001. Como cada 4 se marcha para decirles a mineras y gobernantes cipayos que ¡NO ES NO!.
“En defensa del agua y el territorio”, bajo esa consigna tendrá lugar este sábado por la tarde una nueva movilización impulsada por la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el “No a la Mina”.
La concentración está prevista para las 17 horas, como no podía ser de otra manera, en la Plaza General San Martín.
Los vecinos marcharon luego por las calles céntricas de Esquel escudados en la bandera del “No a la Mina”, y repudiando la explotación minera en Chubut.
La manifestación de hoy es una fija de todos los 4 de cada mes hace largos años y supone en rechazo a la megaminería en la provincia.
Se da además en un contexto donde las asambleas vienen impulsando la segunda Iniciativa Popular para lo cual avanzan con la recolección de firmas en diferentes ciudades.
Esquel
Trelew
El Maiten
Gan Gan
Resumen Latinoamericano, 05 de julio de 2020
OMISIONES Y AUSENCIAS SON VIOLENCIA DENUNCIAMOS QUE EN EL PLAN CONTRA LAS VIOLENCIAS DE GENERO DEL MINISTERIO DE MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD NO FUERON ESCUCHADAS LAS VOCES QUE RECLAMAN INCLUIR A LA PROSTITUCIÓN COMO VIOLENCIA
El 3 de julio la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad presentó el Plan contra las Violencias de Género, acompañada de su asesora Dora Barrancos y del Presidente de la Nación Alberto Fernández. Dicho Plan está basado en la ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres.
La formulación de las líneas de acción se condicen con un plan de esas características y, según los discursos de presentación del mismo, abordaría de manera integral todas las violencias.
Sin embargo, basta una lectura para comprender que no está prevista la prostitución como violencia contra las mujeres y demás personas prostituidas, pese a que supone la cosificación y mercantilización de las mismas y les produce daños físicos y psíquicos que han sido largamente investigados.
Es cierto que la ley mencionada sólo habla de “prostitución forzada¨, que algunos interpretan como equivalente a explotación de la prostitución de otra persona. Pero también es verdad que la interpretación de la ley debe ser armónica con el conjunto de la legislación y especialmente con los principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
Todo nuestro derecho, nacional e internacional, se fundamenta en los principios de dignidad de la persona humana, igualdad y libertad. La prostitución, en la medida en que implica el uso de mujeres y niñas principalmente, además de travestis y trans, como medios o instrumentos para la satisfacción del deseo de otros, generalmente hombres, vulnera dichos principios. Es una forma de violencia extrema.
Para llegar a esa conclusión, basta leer los Considerandos del Convenio de Naciones Unidas de 1949 para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, base fundamental de la orientación jurídica abolicionista de nuestro país, que expresamente dice: “La prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas con fines de prostitución, resultan incompatibles con la dignidad de la persona humana …”. O los fundamentos y disposiciones que recorren todos los tratados de derechos humanos, en especial la Convención contra todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW ) y el Pacto de San José de Costa Rica, donde estos principios por ser de DDHH resultan insoslayables y plantean la penalización de todas las formas de explotación de la prostitución ajena y de trata, es decir haya o no “forzamiento”.
O bien considerar la legislación penal que tipifica los delitos de promoción, facilitación y explotación de la prostitución de otra persona, así como el de trata, sin que el consentimiento de la víctima sea un motivo para exculpar al autor del delito. Es decir que el “forzamiento” no es una circunstancia necesaria para que la infracción penal exista.
Resulta sorprendente que tanto la Convencion Internacional abolicionista de 1949, ratificada por nuestro pais y vigente, como el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño, hayan sido omitidos en la enunciaciòn de la legislaciòn internacional que el Ministerio tuvo en cuenta para formular su Plan. Algo similar sucede con la legislaciòn nacional, con la omisiòn de las leyes 12331 que dispone el cierre de prostìbulos y la penalizaciòn de quienes los administren, regenteen o sostengan, o la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, o la 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como el Decreto 936/2011 que prohibe los avisos de oferta sexual en medios gràficos. Son omisiones enormes, que hablan por sí solas.
Por otra parte, el reclamo de inclusión de la prostitución como violencia contra las mujeres, fue planteado en los diversos Foros previos por quienes formamos parte de Convocatoria Abolicionista Federal, con lo cual no se ha cumplido con el compromiso de construir dicho Plan de acción teniendo en cuenta la consulta a la sociedad civil que supusieron dichos Foros. Esas voces no fueron escuchadas.
Al no incluir en dicho plan a las personas prostituidas, tampoco les alcanzan las medidas sociales, económicas y asistenciales que allí se formulan.
Denunciamos esta omisión como una forma de incumplimiento por parte del Estado argentino de la legislación abolicionista y de los principios de derechos humanos contenidos en todos los tratados firmados y ratificados por nuestro país.
Exigimos, por tanto, políticas públicas que consideren a la prostitución como una forma de violencia de género, especialmente contra las mujeres y niñas y establezcan medidas que permitan salir de la prostitución.
ProstituirEsViolencia
convocatoriabolicionistafederal@gmail.com
[16:01, 5/7/2020] +54 9 11 5591-9115: Se reciben adhesiones en convocatoriaabolicionista@gmail.com
[16:01, 5/7/2020] +54 9 11 5591-9115: Se reciben adhesiones en convocatoriaabolicionista@gmail.com
Envio:RL
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