Miles se manifestaron contra el FMI
y criticaron al gobierno por
«reconocer una deuda fraudulenta»
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Respondiendo al llamado de la Autocovocatoria por la suspensión de pago e investigación de la Deuda, numerosas organizacione sociales y miles de manifestantes marcharon desde el Obelisco porteño hasta la Plaza de Mayo para repudiar la presencia del FMI en Argentina.
Con gritos de «Fuera, fuera el Fondo fuera» y carteles alusivos a lo que significa el pago de la deuda a nivel de aumentar la pobreza estructural en que está sumergido el pais, los manifestantes concluyeron la movilización leyendo un documento (ver al final de la nota) donde se denuncia la actitud de sumisión del gobierno frente al FMI, señalando textualmente: «Entre febrero y agosto de este año, el gobierno argentino desembolsó USD1.000 millones para cubrir intereses reclamados por el FMI, prácticamente equivalente al IFE4 cuyo pago se acaba de desestimar. Durante el actual mes de noviembre, mientras hacemos este acto y con la misión del Fondo en el país, se pagarán otros USD 307 millones».
Fotos Resumen Latinoamericano
Autoconvocatoria por la suspensión de pago e investigación de la Deuda:
Aquí nos convocamos organizaciones populares, referentes, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes y otres, a repudiar la presencia del FMI y todo acuerdo con él.
El día martes 10/11 llegó a la Argentina una misión del FMI, con el objetivo de negociar un acuerdo para la reestructuración de la deuda que el organismo reclama a nuestro país. De acuerdo a voceros del gobierno y medios de comunicación, se trataría de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con un período de gracia de 2 a 4 años. No está descartada la posibilidad de un desembolso de fondos adicionales de parte del FMI.
Los acuerdos de este tipo implican nuevos condicionamientos y una supervisión permanente de la política económica de parte del FMI, una injerencia que implica un mayor retroceso de la soberanía de nuestro país y la violación permanente de nuestros derechos como pueblo. Las denuncias recibidas de un centenar de organizaciones y referentes populares, en el Juicio Popular a la Deuda y al FMI que se viene sustanciando desde fines de julio, son prueba de los desastres que provoca.
Sabemos lo que implica, porque el FMI históricamente pugna por la flexibilización laboral, la privatización de la educación y salud, la extensión de la edad jubilatoria, la baja de los haberes, y otras medidas anti obreras y anti populares. Este organismo no cambió, y aún en el marco de una pandemia mundial viene a tratar de imponer sus condiciones, siempre a favor del gran capital y los intereses geopolíticos detrás.
Entre febrero y agosto de este año, el gobierno argentino desembolsó USD1.000 millones para cubrir intereses reclamados por el FMI, prácticamente equivalente al IFE4 cuyo pago se acaba de desestimar. Durante el actual mes de noviembre, mientras hacemos este acto y con la misión del Fondo en el país, se pagarán otros USD 307 millones.
Es notorio como el ajuste presupuestario que buscan imponer acota las posibilidades de implementar políticas en salud, educación, asistencia social, vivienda y otras inversiones públicas urgentes. El Ejecutivo ya comenzó a actuar y anunció la presentación ante el Congreso de un “programa de consolidación macroeconómica
plurianual”, es decir, un plan de ajuste fiscal, monetario y financiero para garantizar los recursos. Es parte de este esquema el presupuesto de 2021: en aras de lograr el déficit cero en un par de años, elimina el IFE, fundamentales para la subsistencia de millones mientras la crisis económica no cede, a la vez que sostiene el ajuste en salarios estatales y jubilaciones.
A poco de la llegada al país de la misión del Fondo, el Gobierno presentó un proyecto para volver a la fórmula de actualización de las jubilaciones del 2008, a la que se agrega un tope aún cuando suba la recaudación del Anses. La única explicación para esto, es dar seguridades al Fondo y los prestamistas de que no habrá un aumento del gasto previsional. Nada importa que se sostengan los haberes de miseria, recortados por Mauricio Macri y la crisis del 2019, y ajustados nuevamente por la Ley de Emergencia Económica de diciembre pasado.
Los fondos de las jubilaciones han sido saqueados por sucesivas políticas de gobiernos comenzando por la baja de los aportes patronales con Cavallo y Menem y la privatización del sistema con las AFJP y luego con la compra de Bonos del Tesoro con dinero del ANSES destinados a pagar la deuda pública. Ahora, en nombre de la “sustentabilidad del sistema”, las jubilaciones y pensiones pasan a ser una de las variables del “ajuste”, con el fin verdadero de tornar “sostenible” el pago eterno de la deuda.
Las mujeres, las lesbianas, les trans y les travestis, son especialmente atacadas por esa política, ya que la mayoría reciben la miserable jubilación mínima. Además, sobre sus tareas no remuneradas descansan gran parte de las estrategias de supervivencia ante la crisis que no da muestras de ceder. Las innumerables violencias machistas que enfrentan tampoco cederán con un presupuesto conservador que no permita combatirlas, y no hay sistema de cuidados que pueda ponerse en pie si el único cuidado que se atiende es el de la caja.
Por otro lado, la presión por obtener dólares para el pago de la deuda, es presión en pos de la expansión extractivista y la devastación ecológica. Se multiplican las Falsas Soluciones como las mega granjas porcinas de potencial pandémico y la reciente aprobación del Trigo transgénico. Se insiste en Vaca Muerta y el fracking con su fuerte impacto ecológico y sobre las comunidades. Se promueve a todo vapor la megaminería contaminante como en Chubut, donde se promete que logrará terminar con la crisis provincial que no cesa hace ya dos años, insistiendo con lo que el pueblo ya rechazó en la calle y logró plasmar en la ley 5001 que la prohíbe. El desmonte y los incendios también avanzan sin parar. La respuesta, la represión a referentes que ahora son acusados/as de ecoterroristas.
Con un nuevo acuerdo, el gobierno está reconociendo plenamente una deuda contraída de manera ilegítima y fraudulenta con el FMI por parte de la administración de Mauricio Macri, destinada a financiar una gigantesca fuga de capitales, beneficiarlo en su campaña electoral y de todas maneras condicionar al próximo gobierno. Ninguno de estos hechos es auditado y sancionado como corresponde: ni por parte del organismo (que reconoce el mal uso del crédito), ni del Gobierno (que también lo expresa públicamente), ni del Congreso (que tiene el mandato Constitucional de arreglar la deuda) ni del Poder Judicial (que en el mejor de los casos simplemente “duerme” los expedientes).
La fuga de capitales y la presión por la dolarización no se detiene, con la brecha poniendo en jaque al esquema económico y presionando por mayores concesiones a los grandes grupos empresariales y transnacionales. Algunos reciben beneficios del estado bajo la forma de baja de retenciones, subsidios (como a las empresas petroleras) y devoluciones de impuestos (como sectores patronales agrarios). Otros, como los fondos especulativos Templeton, Blackrock, etc., obtienen la posibilidad de dolarizarse con un bono hecho a medida.
El proyecto del Ministro de Economía para que el endeudamiento externo se apruebe en el Congreso es una maniobra que busca expresar el “consenso político” que el FMI le ha pedido y recuperar algo de transparencia en un proceso de renegociación que no la tiene. El endeudamiento público llega hasta aquí manchado de barro y sangre, y prometer un proceso consultivo parlamentario para adelante no es una alternativa a la investigación de la deuda.
Por eso, rechazamos la negociación en curso y exigimos al gobierno que se suspendan todos los pagos hasta que la deuda pública sea investigada – incluyendo el acuerdo con el FMI-, la deuda ilegítima e ilegal anulada, los culpables de esos delitos sancionados, los fondos fugados repatriados y que se asegure la necesaria restitución y reparación a los pueblos y territorios.
Argentina no necesita endeudarse para cumplir con las necesidades y derechos del pueblo. Necesita poner fin al saqueo de sus riquezas empezando con estas medidas y siguiendo con muchas otras incluyendo el cobro de impuestos a quienes más tienen.
Invitamos a participar en la etapa final del Juicio Popular a la Deuda y al FMI, que recibirá el próximo lunes 23 de noviembre, los Alegatos de la Acusación y concluirá a mediados de diciembre con la Sentencia final.
En la jornada de hoy se realizarán múltiples actividades en diferentes ciudades del país, desde las que llamamos a continuar la organización y movilización popular unitaria que se requiere.
FUERA EL FMI
NO AL AJUSTE Y LAS REFORMAS ESTRUCTURALES LA DEUDA ES CON EL PUEBLO Y LA NATURALEZA JUBILACIÓN, SALARIOS Y VIDA DIGNA PARA TODES
QUE PAGUEN QUIENES SE BENEFICIARON DE LA ESTAFA
AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA
Intento de Desalojo de la Comunidad
Ava Guaraní “ Ywy Memby “
(Hijos de la Tierra) de La Plata
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Los días 11 y 12 días del mes de noviembre del 2020, personal policial se presentó en la comunidad Ava guaraní de La Plata, amedrentando con amenazas de desalojo, con el argumento de que la Comunidad no poseía la documentación de las tierras, documentación y tierras que fueron otorgadas a los miembros de la comunidad por la municipalidad de la Plata y que fueron ignoradas por los efectivos policiales y que amenazaron con incautar las máquinas que la comunidad utiliza para la siembra. Dicho personal Policial no contaba con ninguna orden que avalara ese tipo de procedencia y protocolo.
Otro de los argumentos manifestados por el comisario, es que el club Gimnasia y esgrima de La Plata, pretende “Reubicar “a la comunidad y además adujeron que hace falta un anuncio por “boletín oficial “, para que los hermanos puedan reclamar las tierras como propias.
Durante el día jueves 12 la Asamblea del Pueblo Guaraní de Buenos Aires comenzó a contactarse con distintos espacios como el l I.N.A.I. y DD. HH. de la provincia, para que intercedan en este intento de desalojo.
Si bien, al día de la fecha los hechos de amedrentamiento por parte de los efectivos de la policía cesaron, los hermanos de la comunidad están en alerta permanente ante posibles nuevos intentos de Desalojo.
El movimiento feminista de Tucumán
se unifica para luchar contra los
abusos del poder político
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Las organizaciones que conforman Ni Una Menos Tucumán y la Multisectorial de Mujeres presentaron el jueves 12 de noviembre la “Mesa contra los abusos del poder político” con el propósito de acompañar a las víctimas de casos de violencia de género que involucran a funcionarios públicos. “Buscamos mediante la acción conjunta y la lucha arrancar el juicio y castigo a los responsables y la reparación para las víctimas”, expresaron en documento. “Sabemos que nos enfrentamos a la acción cómplice de la Justicia y de los gobiernos con estos abusadores y acosadores. Pero no nos van a amedrentar”.
Desde las organizaciones rescataron las experiencias de casos emblemáticos, como la lucha por la libertad y absolución de Belén y por justicia por Lucía, los casos de Marita Verón, y Paulina Lebbos, “nos mostraron que el camino de la coordinación y la lucha es lo que nos permite enfrentar la violencia que proviene del Estado o de sus funcionarios, el encubrimiento y la impunidad“.
Las organizaciones denunciaron que los casos de violencia sexual y de género que implican al Senador José Alperovich, al Legislador Ricardo Bussi, al Intendente de Famaillá José Orellana, al vocal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia Antonio Estofán y el concejal de Alberdi Bruno Romano “tienen como común denominador las demoras judiciales en las investigaciones, el silencio estatal, cuando no la protección directa y el ataque a las víctimas.”
Por último recordaron que “el Estado tiene compromisos internacionales asumidos para erradicar la violencia contra las mujeres y las disidencias. Eso se traduce no solo en hacer valer las normativas vigentes, sino también garantizar un acceso a la justicia con celeridad y sin revictimización”.
Desde la Mesa contra los abusos del poder político exigen “celeridad en las investigaciones, juicio y castigo a los responsables, basta de protección política y encubrimiento, que la justicia respete y garantice los derechos de las víctimas“.
Los casos
“Justicia para la denunciante de Alperovich“
El 22 de noviembre de 2019, José Jorge Alperovich fue denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente. A través de una carta pública contó los padecimientos que sufrió durante casi dos años.
En el comunicado difundido, desde la Mesa sostienen que “desde un primer momento se denunció la desigualdad de poder existente, no solo económico, sino también simbólico y político, ya que Alperovich gobernó durante 12 años la provincia y designó a la gran mayoría de los jueces y fiscales del Poder Judicial”.
Además, denuncian que “desde entonces, Alperovich se encuentra de licencia ya que sus pares del Senado no tomaron ninguna medida ante la gravedad de la denuncia”.
La denuncia se radicó en Tucumán y en Buenos Aires ya que los hechos denunciados habrían sucedido en ambas jurisdicciones. Desde enero la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe definir la competencia jurisdiccional.
“La causa no avanza lo que se traduce en revictimización e impunidad para una joven que tuvo la valentía de romper el silencio”, señalan desde las organizaciones.
“Justicia para Lupe, víctima de abuso sexual y usurpación de identidad“
En junio de este año el legislador tucumano Ricardo Bussi, presidente de la bancada de Fuerza Republicana, fue denunciado por abuso sexual y usurpación de identidad.
En la denuncia presentada por la víctima, a quien conocemos con el seudónimo de Lupe, se pone de manifiesto que los hechos ocurrieron en la Legislatura. La misma contiene dos acusaciones: la de delito sexual con acceso carnal contra Bussi y la que habría llevado a Lupe hasta la Legislatura el día del abuso, la usurpación de identidad que el partido del legislador habría hecho con sus datos personales para abrir una cuenta bancaria de más de medio millón de pesos.
“El abuso sexual, aberrante en sí mismo, no fue un hecho aislado, fue parte de un entramado de violencias y acciones de amedrentamiento con las que el legislador, en complicidad con otros dirigentes de su partido, pretendieron acallar a la víctima con la finalidad de impedir que denunciara su responsabilidad en la malversación de fondos y recursos públicos”, señalan.
Además, denunciaron una serie de “acciones intimidatorias” que habría sufrido Lupe, “convirtiéndose en el blanco de diversas formas de hostigamiento, mensajes de texto amenazantes y ha sido perseguida por personas misteriosas, personal policial y miembros de Fuerza Republicana”.
Por otro lado, también apuntaron contra “el gobierno provincial ni ningún sector de la Legislatura se han pronunciado a favor de la investigación del abuso sexual. Este silenciamiento, sumado a la inactividad judicial evidencia un entramado político, judicial y mediático”.
“Justicia para la victima de José Orellana“
En mayo de 2020 La Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.
Pasaron cuatro años desde los hechos y desde que se realizó la denuncia. Una justicia lenta no es justicia. En julio de este año el Congreso de la Nación realizó una reparación histórica a la joven que lo denunció, reconociendo de esa manera que la joven había sido víctima de orellana. Quedó incorporada a la planta permanente como primera ingresante al nuevo Departamento de Géneros y Diversidad Sexual de la Cámara.
El actual intendente espera el juicio oral en funciones.
Justicia para Romina, víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y actual concejal por la ciudad de Alberdi, Bruno Romano
Bruno Romano, actual concejal del PJ por la ciudad de Alberdi, fue denunciando por Romina Dip en marzo de 2018 luego de sufrir innumerables golpizas. Cabe destacar que Romano es boxeador. Con posterioridad a la separación tampoco cumplió con el régimen de alimentos para con su hija.
Pese a que ya estaba la denuncia, y que Romina impugnó su candidatura, volvió a ser candidato a concejal por la lista de Manzur en las elecciones del 2019 donde salió electo. La causa estuvo a punto de prescribir por las innumerables maniobras jurídicas interpuestas por Romano y la mano amiga del gobierno provincial.
Luego vino el fallo absolutorio en julio de 2020. Pese a las sobradas pruebas presentadas durante todo el proceso el juez Saracho Daza absolvió al concejal apelando al beneficio de la duda. Desconoció las medidas de restricción y los informes realizados por los profesionales actuantes que constataron la violencia que sufría.
El fallo fue apelado y hace 2 semanas se suspendió la audiencia que le iba a dar tratamiento.
Justicia para Elvira, víctima de acoso sexual por parte del vocal de la Corte Estofan
Elvira es una trabajadora judicial que esperaba, desde hacía 10 años, un ascenso que le correspondía por su antigüedad. Como el trámite debía pasar por la aprobación Estofan, vocal de la Corte como miembro preopinante del caso y se encontraba demorado, solicitó una audiencia con dicho magistrado para solicitarle celeridad. Una vez que fue recibida, Estofan, en lugar de escuchar el motivo de la solicitud de la audiencia sacó a relucir una causa penal que la empresa Andreani le inició a Elvira, para evitar pagarle una indemnización por un despido laboral sin causa. Por dicha causa, Elvira fue sobreseída pero la empresa apeló llegando hasta la corte, instancia en la que se debía adoptar la decisión final de dejar firme el sobreseimiento o dar lugar a la revisión del fallo.
Estofan, como integrante de la corte, haciendo uso de su poder le hizo una invitación a salir para arreglar las cosas y de manera directa a un encuentro sexual. Elvira se retiró del despacho aclarandole que tenía dignidad. Este hecho de acoso sexual le ocasionó a Elvira un grave daño a su salud mental por lo que tuvo que solicitar una licencia. Intentó radicar la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica donde le cerraron las puertas y por ello realizó la denuncia frente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Fuente: AnRed
Convocan a una vigilia solidaria
ante el inminente desalojo de 100
familias de Villa Garrote en Tigre
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Los ejemplos de la grave crisis habitacional que atraviesan miles de familias en la provincia de Buenos Aires y el resto del país se multiplican. Las tomas de tierras como solución concreta para quienes no tienen techo ni vivienda y el violento desalojo como única respuesta estatal se convierten en una escena cotidiana en medio de la pandemia. Uno de los últimos casos es de la toma de tierras que llevan adelante alrededor de 100 familias en Villa Garrote, en el partido bonaerense de Tigre. Los y las vecinas de la toma realizarán hoy una conferencia de prensa a las 17 y convocan a una vigilia solidaria desde las 18 ante el inminente desalojo, dispuesto para este martes 17 de noviembre por el Juzgado de Garantías N°2. “La orden de desalojo nos impone miedo a que nos repriman y acá hay familias, madres embarazadas y menores.
Pedimos el apoyo y que acompañen nuestra pelea para que todos podamos tener un lugar en donde vivir. No queremos plata, no queremos represión: queremos tierras para vivir”, sostienen las familias, que se ubicaron en departamentos sin terminar abandonados del proyecto estatal “Sueños compartidos” y terrenos fiscales lindantes.
Ante el inminente desalojo, previsto por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre para este martes 17, las familias de la toma de tierras de Villa Garrote convocan al resto del barrio barrio, organizaciones sociales, sindicales, políticaas y de derechod humanas a una vigilia en solidaridad “con la pelea por tierra y vivienda digna”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, anunciaron: “a las 17 horas las familias de la toma realizaremos una conferencia con organismos de derechos humanos, ya que la orden de desalojo nos impone miedo a que nos repriman y acá hay familias, madres embarazadas y menores. Pedimos el apoyo y que acompañen nuestra pelea para que todos podamos tener un lugar en donde vivir”. También ampliaron: “durante la vigilia se realizará una olla popular a las 20 horas, para que todos tengan su alimento del día”. “No queremos plata, no queremos represión: queremos tierras para vivir”, finaliza el comunicado.
Villa Garrote se encuentra ubicada a 10 cuadras del puerto de frutos y a 15 del centro de Tigre. Ante la crisis habitacional y hacinamiento crecientes en el barrio, las familias se reubicaron en departamentos sin terminar de un proyecto estatal “Sueños compartidos” y en terrenos fiscales lindantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El lunes 9, la Policía Bonaerense y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Tigre, a cargo de Julio Zamora (FDT), censó a las familias, para luego realizar la denuncia ante entes provinciales y nacionales, como también en la Justicia.
simismo, la Secretaría de Hábitat de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, la Subsecretaría de Seguridad bonaerense y la Secretaría de Desarrollo Social de Tigre, hicieron público el ofrecimiento de la creación de una “Mesa de articulación” entre las partes, que se comprometa a “falicitar una solución habitacional” a las familias, siempre y cuando desocupen los predios. Los antecedentes del conflicto en la zona indican que a muchas de estas familias de Villa Garrote se les prometió en reiteradas ocasiones que las viviendas dignas se iban a terminar en el marco de la urbanización del barrio, hecho que nunca ocurrió.
Contactos de vecinos y vecinas de la toma en Villa Garrote:
León: 11 2594-6196
Celeste: 113680-8439
Fuente: AnRed
La Comunidad Amatreya y la
oportunidad transformadora del
fuego
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Entre las más de 315.000 hectáreas de monte nativo que se quemaron en la provincia de Córdoba durante este año, alrededor de 333 hectáreas fueron tierras donde vive y produce la Comunidad Amatreya.
Formalmente, Amatreya es una asociación civil sin fines de lucro, que hace más de 20 años está instalada en las Sierras Chicas de Córdoba, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Alta Gracia. Esencialmente, Amatreya es -antes que nada- una comunidad, donde 60 personas, desde niñes hasta ancianes, ensayan “un nuevo modo de vida en común-unidad, plasmando la conciencia en la experiencia, manifestando una forma de vida permacultural, autosustentable y agroecológica”.
El pasado 23 de septiembre, el frente que avanzó desde Villa Carlos Paz, pasó por Falda del Carmen y llegó hasta el territorio de la comunidad, que tuvo que desalojar el lugar y dejar a merced del fuego todo el trabajo realizado de manera colectiva.
Apenas pudieron regresar a habitar las sierras, comprobaron que entre el 80 y el 90% del territorio que cuidaban se había quemado, así como perdieron el sistema de agua comunitario, el leñero, los alambrados, parte de los equipos de comunicación y materiales acopiados para la bioconstrucción.
“Estar en paz con nosotros mismos, con les demás y con el entorno”
Abael tiene 34 años y hace cinco que vive en Amatreya. Llegó para hacer un voluntariado de bioconstrucción y de a poco se fue inmiscuyendo más y más hasta que pidió el ingreso a la comunidad: “Me di cuenta que podía aprender un montón de otras cosas y me encontré con algo que yo ya venía buscando: un lugar donde poder desarrollar una forma de vida diferente a la que conocía”. Así fue que empezó a participar de la vida en comunidad y el funcionamiento circular que tiene la organización.
El territorio y todos los bienes comunitarios están a nombre de la asociación civil y todes les que viven en la comunidad son asociades. “Creamos una dinámica, una forma de vivir, diferente a la convencional, porque buscamos el desarrollo integral del ser humano para estar en paz con nosotros mismos, con les demás y con el entorno”, explica.
Amatreya desarrolla varias áreas, organizadas para satisfacer las necesidades que tiene el colectivo, incluyendo al planeta como parte del mismo: salud integral, alimentación natural y agroecológica, educación evolutiva y formaciones, construcción natural (permacultura y mantenimiento del hábitat), desarrollo de productos artesanales y artísticos, investigación en ciencias, elaboración de cosmética y medicina natural, profundización en el conocimiento dispuesto desde la naturaleza para nuestra evolución, comunicación, economía comunitaria, coordinación y asuntos organizacionales. En cada área tienen tareas variadas y se organizan de forma circular, buscando funcionar desde la conexión con la conciencia que van alcanzando momento a momento.
Si bien muchas de las cosas que consumen diariamente son provistas por elles mismes, no son totalmente autosuficientes, por lo que deben comprar alimentación y materia prima en la ciudad. Según indica Abael, el recurso para cubrir esos gastos parte de los intercambios que se realizan con las personas que visitan la comunidad, bien para formarse en diferentes aspectos, tomar procesos terapéuticos o para alojarse en el establecimiento, entre otras cosas.
“Todo lo que la comunidad ha ido aprendiendo en distintas áreas tiene la posibilidad de ser compartido. Hay algunos intercambios que son con dinero y otros lo son por productos o por venir a dar una mano en la huerta. Hay muchas maneras. Buscamos que el sistema monetario no imposibilite la participación, siempre y cuando el dar y el recibir esté en equidad”, señala.
La oportunidad del fuego
“El ecosistema desorientado, necesitando restauración,
al igual que nosotros en proceso de adecuación.
El fuego nos visitó… una vez más,
sacudiendo la transformación,
abiertos estamos a tomar el aprendizaje
desde el amor y la evolución”.
Comunidad Amatreya
Es la tercera vez desde su creación que un incendio afecta el territorio de Amatreya. Tal vez por eso, la comunidad tiene una postura diferente respecto al fuego, un poco más allá del lamento lógico por las pérdidas naturales y materiales de una catástrofe como la que estamos atravesando.
Le pregunto a Abael sobre lo que leí en el comunicado de la organización respecto al “impulso renovador y transformador del fuego”, y con paciencia me explica.
“El planeta está en un momento de transformación profundo. Entendemos el planeta como un ser, que tiene su cuerpo, y así como nos sucede a nosotres, cuando el cuerpo no anda bien, hace un movimiento para equilibrarse. Sentimos que el planeta se está moviendo a través de sus elementos: el fuego, el aire, el agua o la tierra. Ha sido un año movido en lo social y en lo natural, y creemos que el fuego puede tener también ese propósito de transformación”.
Me cuenta que el fuego también vino a invitarles a discutir muchos hábitos que en lo individual o en lo colectivo sabían que no querían, pero que, aun así, repetían y perpetuaban.
“No vivimos el fuego como algo catastrófico y terrible, sino como una situación en la que se pueden rescatar muchos aprendizajes. Más allá de la causa puntual de los incendios, vemos un propósito transformador”, sostiene.
La comunidad trabaja ahora para acompañar la regeneración del monte, restableciendo el hábitat y consiguiendo herramientas para prevenir próximos incendios. En ese marco es que llevan adelante la campaña “El Fuego nos Une”, una red de colaboración que busca aportes para posibilitar la reconstrucción del territorio.
“Recibimos aportes para trabajar en tres aspectos: acompañar la regeneración del monte nativo; restablecer nuestro hábitat, las partes que se han quemado; y conseguir herramientas y máquinas que nos permitan trabajar en la prevención de incendios, que es la forma que nosotres vemos para poder preservar el monte y las sierras”, indica Abael.
Para aportar en materiales, difusión, manos y/o dinero, pueden buscar más información en: www.elfuegoune.com
“Ya recibimos un poco de dinero, pero también muchas otras cosas que no se cuantifican, pero que son necesarias para dar los pasos que hoy queremos dar en lo colectivo. Estamos con la intención de creación y con el impulso de tomar el incendio como una oportunidad para poder seguir madurando”, concluye.
Fuente: La Tinta
Falleció en España el escritor, poeta
y ex preso político de la dictadura,
Mario Paoletti
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Este sábado, 14 de noviembre, ha fallecido en Toledo a los 80 años de edad el escritor y poeta argentino Mario Paoletti (Buenos Aires, 1940). Afincado en Toledo desde hace 40 años , su última obra publicada fue «Amar es la cuarta parte del problema», que, editado por Vitruvio, reúne toda su poesía escrita a lo largo de su vida. A pesar de los años fuera de su país Paoletti decía seguir sintiéndose argentino, pero también «español, escritor, flaco (aunque antes fui gordo), excanceroso y adicto a la tortilla de papas con cebolla. Todas esas son ahora mis patrias».
Encarcelado en su país durante la dictadura de Videla, consiguió asilo político en España, y en 1983 llegó a Toledo para dirigir el Centro de Estudios Internacionales de la Fundación Ortega y Gasset. Paoletti vivía en una casa junto al Tajo, en la zona del Embarcadero, junto a su esposa, la también poeta toledana Pilar Bravo. «Me dedico a vivir con la mujer a la que amo. Esta casa es una felicidad en sí misma. Vivir aquí junto al río es una especie de estar en Toledo y no estar en Toledo. Entre mis proyectos está tener el cáncer a raya y ser todo lo feliz que pueda sin utilizar a nadie para poder serlo.
Su «Poesía reunida» (1973-2018), que presentó hace dos años, viene marcada por un verso de su poema «Entero improbable»: Amar es la cuarta parte del problema / otra cuarta parte es que te quieran / y otra que ese amor sea posible. / Pero aun si tienes todo eso / te faltará la increíble cuarta parte / de que el amor no se te vuelva pena».
Entre sus trabajos más destacados se encuentran la «Trilogía argentina» y notables estudios sobre Mario Benedetti y Jorge Luis Borges. También fue periodista y en 1959, junto a su hermano Alipio, refundó en La Rioja el legendario periódico El Independiente. El 24 de marzo de 1976, al estallar el golpe de estado en Argentina, fue encarcelado junto a otros trabajadores del diario. Tras permanecer cuatro años preso, fue expulsado del país y marchó a vivir a España.
Fue distinguido con el título de Hijo Adoptivo de Toledo el año pasado. Sus vivencias en las cárceles argentinas, y muy especialmente en la de Sierra Chica, quedaron plasmadas en su novela «A fuego lento». Preguntado por cómo pudo soportar la incomunicación y las torturas en prisión, Paoletti contestó que «la soledad a mí no me perjudica. En los grupos grandes de gente yo me siento nervioso, y si hay mucho ruido no puedo pensar. A veces, la soledad es una solución. Yo hubiera querido estar más solo todavía en prisión porque los que me venían a visitar me hacían daño. Eran gente con muy malas intenciones que querían saber más cosas de las que existían. Y como no aparecían, te hacían mucho daño. Las dictaduras militares, ya sabe cómo son. Digamos que me trataron mal. Lo cuento en el libro. Algunas noches me provoca aún pesadillas. Pero todo eso pasa y deja experiencia, se aprende a amar más la vida.».
Histórica marcha de la Unión
Autónoma de Comunidades
Originarias de Salta
Resumen Latinoamericano, 16 de noviembre de 2020.
Hoy, los pueblos originarios de Salta inician una Marcha de Unidad desde Santa Victoria Este y hacia la capital provincial, para exigir una mesa de diálogo intercultural con el gobierno local. La pandemia agudizó el abandono y la violencia que viven las comunidades, que exigen -una vez más- que los gobiernos atiendan y garanticen con urgencia los derechos humanos básicos como el acceso a la salud y al agua potable.
“Olhamelh ta ohape’én wichi olhaitatwek wet oyhiken , ot’úke onayhij ta is alho’o: nosotros, los Wichi, nos unimos todos y nos vamos caminando en busca de nuestros caminos y derechos”. La Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, presidida por Abel Lutsej Mendoza (primer político indígena de la nación wichí), fue creada a fines del mes pasado y realizó un Plenario en el que se aprobó un petitorio de los temas fundamentales y urgentes y en el que evaluaron las próximas medidas de acción, una de las cuales es la Marcha que arranca hoy.
La caminata -sin precedentes e histórica- reunirá a los pueblos Wichi, Chorote, Chulupí, Tapiete, Qom, Guaraní, Chané, Kolla, Diaguita. Los caciques del norte salteño anunciaron el evento en su propio idioma en las redes sociales y publicaron un comunicado que expresa con claridad los motivos de la Marcha.
“Marchamos ante la ausencia de políticas reales e interculturales, que solucionen la profunda crisis sanitaria y social en nuestras comunidades, agravada por el Covid. La pandemia dejó al descubierto la realidad que vivimos hace tiempo: la ausencia de recursos sanitarios la desnutrición la falta mortalidad infantil, la falta de agua y de asistencia médica intercultural, el saqueo de nuestro territorio, la quema intencional y la tala del monte nativo sin control, la contaminación de los ríos que afecta nuestra soberanía alimentaria, la falta de educación intercultural de calidad, la violencia de la fuerza de seguridad, la precariedad jurídica y la ausencia de diálogo político”, afirmaron en el comunicado.
No es novedad que ningún gobierno ha atendido ni atiende las urgencias de los pueblos originarios. Las comunidades exigieron en el mismo documento “una nueva política de estado intercultural, transparente, participativa y digna en la provincia. Alertamos a las autoridades de la imperiosa necesidad de dialogar respetando la diversidad cultural, el idioma indígena, la representación originaria y la participación ciudadana que nos compete como salteños y salteñas”.
En un artículo publicado por la Revista Alfilo de la UNC, Mariana Espinosa (antropóloga, socióloga e investigadora del CONICET) hace un informe sobre las situaciones de violencia y desamparo del Estado que viven los pueblos originarios frente a la pandemia, los desmontes ilegales y los desalojos de sus tierras ancestrales. “Los desmontes se hacen no sólo sobre ‘propiedades privadas’ sino también en tierras estatales o comunales. La ‘liberación’ de restricciones para el desmonte está acelerando, entre otros problemas, los desalojos. En lo que va de la pandemia y la cuarentena, todos los días (¡sí, todos los días!) hay noticias de amenazas, desalojos, encarcelamientos. Algunos ejemplos: el 23 de julio, sin orden judicial, cien efectivos de la policía de Orán, desalojaron a 90 familias de la comunidad guaraní CheruTumpa ubicada en Colonia Santa Rosa. En Tartagal, el 21 de octubre a las 5 de la madrugada la comunidad wichí Yokwespehen fue violentamente desalojada por la Policía de Salta que montada a caballo llegó con una notificación firmada por el juez Aramayo y a pedido del supuesto propietario Jorge Panayotidis. Desde entonces, 15 familias con 40 niños y niñas están viviendo a la intemperie a la orilla de la Ruta Nacional 86. Mientras escribo esta nota los hermanos del Pueblo Wichí Pozo Pajarito de Ballivián podrían estar siendo desalojados por la policía de Salta a pedido de los ‘propietarios’ Daniel Darío Karlen y Juan José Karlen, quienes tiempo atrás fueron ‘condenados tras haber desmontado más de 11.000 hectáreas de manera ilegal’. No existe justicia social sin justicia ambiental y viceversa. Hace décadas que las comunidades originarias ven atacada la soberana y libre reproducción de sus culturas debido a la expropiación de la naturaleza sobre la cual se funda su cosmovisión, donde se hunden sus raíces, donde yacen sus cementerios”, escribe Espinosa.
“Pasan los presidentes, los gobernadores, intendentes, legisladores y aunque todos dicen ayudar, el auxilio no llega y cuando lo hace, también carga la mala fe del racismo: un pozo de agua hecho en un lugar erróneo, una avioneta que no aterriza para entregar alimentos y los lanza desde el aire” recalca la especialista. Espinosa hace foco en el explícito pedido de las comunidades, que no esperan un Estado tutelar sino que demandan conformar una mesa de diálogo: “Sus cosmologías sustentan un admirable espíritu de grandeza que les permite ir a fondo: reclamar que las autoridades y la sociedad reconozcan su pre-existencia al Estado-Nación, que restituyan sus tierras, que se respete su derecho a la autodeterminación y que se valore la diversidad cultural que encarnan” finaliza la antropóloga para Alfilo.
Fuente: La Tinta
Envio:RL
No hay comentarios:
Publicar un comentario