12 de enero de 2021
Las precisiones de Carla Vizzotti sobre las vacunas
La vacunación con la Sputnik V seguirá sin cambios
La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó que la vacuna Sputnik V se dará en un esquema de 21 días entre la primera y la segunda dosis. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria se refirió a las declaraciones que hizo esta semana en una entrevista que brindó a Página|12 sobre la posibilidad de vacunar a más personas antes de marzo y, una vez lograda esa inmunización, aplicar la segunda dosis.
“La vacuna Sputnik V es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes, en primer lugar, el componente Ad26, y luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5. Argentina planea administrarlas según esta indicación”, sostuvo.
Al estar hecha de dos componentes distintos, la Sputnik V no puede aplicarse con otro esquema de vacunación. Distinto es el caso de las otras vacunas contra el coronavirus que, a pesar de constar también de dos dosis, el componente del fármaco es el mismo en ambas inoculaciones.
Además, Vizzotti confirmó que en los próximos días llegarán al país "300 mil dosis del segundo componente, para completar los esquemas de vacunación iniciados". "Luego, continuará el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis adquiridas, de ambos componentes, tal como se informó", aseguró.
Pablo Ceriani, presidente de Aerolineas Argentinas, informó que este jueves partirá un avión de la aerolínea de bandera para traer las dosis restantes. El vuelo, detalló Ceriani, saldrá a las 21 hs, tendrá una duración aproximada de 40 hs y estará tripulado por 20 personas para evitar las paradas técnicas.
Una dosis o dos
En diálogo con Página|12, Vizzotti había señalado que “los intervalos de interdosis de las vacunas son como mínimo de 21 días, pero si pasa más tiempo entre una y otra aplicación no es un problema relevante”, por lo que “la decisión sanitaria más importante que nos tenemos que plantear es si queremos tener 10 millones de personas vacunadas en marzo con dos dosis o si preferimos tener 20 millones de personas con una sola”.
“En este contexto de pandemia es muy lógico pensar que se pueda vacunar a más gente con la primera dosis y diferir la segunda para cuando ya esté controlado el brote”, afirmó la funcionaria a este medio, en referencia a las otras vacunas que Argentina negocia en este momento, como es el caso de los preparados producidos por Pfizer y BioNTech y por Sinopharm.
Estas modificaciones en el esquema de vacunación se están contemplando también en otros países. En el caso del Reino Unido -el lugar con más mortalidad del continente europeo-, el gobierno de Boris Johnson ha decidido vacunar a la mayor cantidad de población posible con la primera dosis y que la distribución de la segunda podría extenderse aproximadamente por 90 días. Con eso, según sostienen, podrían brindar inmunidad a una mayor cantidad de gente.
Desde Pfizer y BioNTech informaron que solo tienen evidencia de que su droga es eficaz cuando se administra la primera y la segunda dosis con 21 días de diferencia; mientras que para la de Moderna, el lapso correcto es de 28. No se responsabilizan si las aplicaciones se realizan fuera de término.
Sin embargo, el Instituto Gamaleya, creador de la Sputnik V, ya se encuentra preparando una “versión light” de su vacuna que se aplicaría en una sola dosis y tendría una efectividad del 85 por ciento, lo que permitiría una inmunización más rápida de la población.
Por la rotación de funcionarios también hay modificaciones en el Central y la Casa de la Moneda
Cambios en Economía: cómo queda el equipo de Martín Guzmán
A través del decreto 7/2021, el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia de Carlos Martín Hourbeigt al cargo de director del Banco Central y designó en su lugar a Diego Bastourre, quien para asumir debió dimitir como secretario de Finanzas en el equipo que lidera el ministro de Economía, Martín Guzmán.
Bastourre fue designado en la autoridad monetaria para completar un período que por ley vencerá el 23 de septiembre de 2025, y su nombramiento deberá ser ratificado por el Senado de la Nación, tal como lo indica la legislación para los directores del BCRA.
Paralelamente, el decreto 6 de este año es del reemplazo de Bastourre. Quien lo sucederá a partir de esta semana en el cargo de secretario de Finanzas es el economista Mariano Jorge Sardi.
Quien también arribó a un puesto clave en el Palacio de Hacienda es el economista Fernando Martín Morra, quien asumió como secretario de Política Económica en reemplazo de Haroldo Arián Monteagu, a quien hoy se le aceptó formalmente la renuncia.
Con el decreto 9/20 se designó a partir del 11 de enero subsecretario de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas al licenciado en Economía Leandro Daniel Toriano.
También fue publicado el decreto 10 con el que Alberto Fernández le aceptó la renuncia a partir del 30 de noviembre de 2020 al economista Andrés Vasiliadis al cargo de director de la Sociedad del Estado Casa de Moneda.
En lugar de Vasiliadis se designó a partir del 1 de diciembre de 2020 al licenciado en Economía Hugo Marcelo Franco, para completar un período de ley que vence el 14 de junio de 2022.
Los cinco decretos que concretaron cambios en puestos clave llevan las firmas del presiente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Tres entidades ratificaron la medida de fuerza
El lockout sigue sobre la Mesa
La Mesa de Enlace integrada por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Federación Agraria, sin la presencia de Coninagro, ratificó el lockout por 72 horas en la comercialización de granos a pesar de la señal del Gobierno de levantar parcialmente la suspensión las exportaciones de maíz. "Por ahora el paro sigue”, afirmó el titular de la Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, quien atribuyó al gobierno la intención de “bajar el precio interno” de esa materia prima. Desde el oficialismo recuerdan que Achetoni es un dirigente de Mendoza muy ligado al radical Alfredo Cornejo.
Se calcula que a pesar del paro ingresaron a los puertos más de 3 mil camiones cargados con granos destinados a la comercialización, unos 2 mil más que a esta altura del mes pasado, aunque por debajo de la marca del mismo período de 2019.
Una de las críticas del agro es que el nuevo sistema de cupo de 30 mil toneladas no está para nada claro, de hecho formalmente las exportaciones no tienen ninguna limitación. Es un criterio que se puso de palabra en el comunicado de prensa difundido el domingo por la noche. En la Mesa de Enlace advierten sobre la vuelta de los registros de exportación (ROE) utilizados por el kirchnerismo para controlar los niveles de exportación frente al abastecimiento en el mercado interno. En cambio, desde el gobierno ratifican que se trata de un puente para llegar a marzo, cuando se comienza a vender la próxima cosecha.
"El motivo del paro es el intervencionismo del Gobierno en los mercados, la tendencia a intervenir los mercados y a decir quién sí y quien no. Por eso el paro sigue. Se está buscando consenso pero por ahora el paro sigue. El Estado podría participar en la accesibilidad de los precios para el consumo de otra manera, por ejemplo poniendo menos impuestos, bajando las retenciones. No siempre el productor tiene que poner el hombro, el Estado también puede hacer algo, ¿no?", dijo Matías de Velazco, titular de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).
“Lo que necesitamos es la eliminación total. No lo vemos favorable porque consideramos que estamos dentro de una intervención que si hoy son 30 toneladas mañana pueden ser 60, 100, lo que quieran”, dijo Jorge Chemes, presidente de CRA, quien fue protagonista del levantamiento contra la resolución 125 en 2008 y, en 2009, se convirtió en diputado nacional por el radicalismo, cargo que ejerció hasta 2013.
En tanto, Daniel Pelegrina, titular de la Sociedad Rural y también muy identificado con Juntos por el Cambio, indicó que “el anuncio de la medianoche a la prensa, a la misma hora que comenzaba el cese de comercialización, fue muy desprolijo. Con esa medida no va a cambiar la situación. No tiene razonabilidad económica, tiene intencionalidad política. Con estas medidas y con la forma de actuar demostrada por el Ministerio de Agricultura y los compradores de maíz, el Consejo Agroindustrial, Maizar y otros actores, no se construye confianza. Parecieran acciones funcionales a desgastar a la Comisión de Enlace”.
Lo que decidió la cartera que conduce Luis Basterra es suspender la prohibición de la comercialización de maíz y fijar un tope de 30 mil toneladas diarias para la exportación. La cantidad fue establecida tomando en cuenta un nivel algo inferior a los embarques registrados en diciembre. Fue además acordada con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y anunciada a última hora del domingo luego de reuniones con representantes de las corporaciones agropecuarias, que garantizaron el abastecimiento interno para el mercado local.
Para Achetoni, la cantidad que la cartera de Agricultura estableció es “equivalente a un buque chico” y por lo tanto se trata de “una medida bastante escasa para resolver el problema". Los números de la Mesa de Enlace dan un total autorizado de casi 1,5 millón de toneladas de maíz para la exportación, a un ritmo de 30 mil toneladas diarias hasta el 1 de marzo. Comparan ese número con las 10 millones de toneladas que supuestamente hay en el mercado interno, entre la campaña 2019/20 y el stock acumulado. Sin embargo, la cuenta queda más cerca en relación a los 4 millones de toneladas previstas originalmente para exportar y que todavía no se vendieron al exterior.
"Estamos yendo por caminos que ya recorrimos, no se pueden pretender resultados distintos, sería lamentable volver a eso. El país debería estar celebrando los altos precios de los commodities porque es lo único que le permitirá a la Argentina potenciarse", agregó Achetoni.
El lockout
La jornada del lunes contó con la movilización de productores en varios puntos del país. Hubo concentraciones en Pergamino, Jesús María y Bell Ville. También de los llamados "Autoconvocados de AO12 Y 34". Se registran acampes al costado de las rutas en Armstrong, con un control de cargas. "La metodología consiste en sacar fotos y a través del CTG (Código de Trazabilidad de Granos) saber quienes han cargado; o una foto a la carta de porte, entonces sabemos quién es quién, qué cooperativas entregan, para saber dónde estamos parados", detallaron desde ese colectivo, asumiendo con normalidad las presiones y amedrentamientos a productores que no adhieran a la medida de fuerza de la Mesa de Enlace. También en Las Breñas, Chaco, en el cruce de las Rutas 89 y 6, se armó campamento de productores para controlar cargas sin cortes de ruta.
Ante las propuestas de una reforma de la salud
La CGT llamó a fortalecer el actual sistema de obras sociales
La mesa chica de la CGT se reunió para discutir sobre las obras sociales de los sindicatos, su importancia durante la pandemia y las necesidades de las mismas ante los rumores de una posible reforma del sistema de salud impulsada por el Gobierno. Antes de ingresar al encuentro, el secretario general de la UOM, Antonio Caló, dijo que "el que manda es el Presidente" y que "la señora vicepresidenta tendrá que hacer la función legislativa”, en alusión a los dichos de Cristina Fernández en el Encuentro Nacional de Salud, en diciembre pasado, cuando planteó la necesidad de una reforma integral del sistema sanitario. "Esas declaraciones corren por su cuenta", aseguraron a este diario voceros de la central obrera tras el encuentro y aclararon que solo conversaron sobre cómo optimizar el sector ya que lo vinculado a una reforma "solo se trata de rumores".
“Hay un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar”, dijo también el presidente Alberto Fernández la semana pasada y volvió a encender las alarmas de los sindicatos que manejan las obras sociales y también de los dueños de las empresas de medicina prepaga. Esas declaraciones se sumaron a lo que la vicepresidenta había asegurado en aquel encuentro en el Estadio Único de la Plata, el mes pasado, cuando dijo: “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”.
La cúpula de la CGT, después de la reunión de su mesa chica, difundió un comunicado donde se limitó a enumerar los esfuerzos que hicieron sus obras sociales durante la pandemia y a expresar que es necesario seguir fortaleciendo dicho sistema. Jorge Solá, secretario del Sindicato de Seguros y secretario de comunicación de la CGT, aseguró en diálogo con PáginaI12 que "lo que tenemos para manifestar como institución es el convencimiento de que hemos hecho un esfuerzo muy importante en todo este tiempo para atender la salud de los trabajadores y no dejar a nadie solo". Luego, añadió que "el sistema de obras sociales no solo debe persistir, sino que hay cuestiones por solucionar para ser más eficientes". "Todas esas propuestas las hemos presentado a este Gobierno, a los anteriores y a la Superintendencia de Servicios de Salud con el objetivo de mejorar", puntualizó.
La reunión se llevó a cabo en la sede central del UPCN. Además de Caló y Solá, asistieron el secretario general de la CGT, Héctor Daer; Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN; José Luis Lingeri, secretario general del sindicato de los trabajadores del Agua; Armando Cavalieri, del sindicato de Comercio; el líder de la Fraternidad, Omar Maturano; y Gastón Frutos, de Panaderos.
Ante los rumores del posible proyecto de reforma y de la vuelta a la dirigencia de la Superintendencia de Servicios de Salud por parte de Liliana Korenfeld --quien ocupó ese cargo durante el gobierno de CFK--, desde la CGT opinaron que "son solo rumores". Por un lado, aclararon que "hay un superintendente en funciones" (Eugenio Zanarini), y por otro que "no nos consta que haya un proyecto desarrollado por parte del Gobierno". "Sabemos que algo anda dando vueltas, pero nunca nos han convocado para charlar sobre eso y entendemos que debe ser en la misma línea de fortalecimiento del sistema de obras sociales, porque el propio Presidente lo ha dicho en más de una oportunidad", indicaron.
Solá aseguró que las reuniones que mantienen, tanto con Zanarini, como con el propio Presidente, "son bastante periódicas y se tratan los temas con llaneza". "El superintendente, por supuesto, no tiene nada para decirnos respecto de esto que funciona como rumor. No lo tomamos con la seriedad de un proyecto porque no es legislativo, ni mucho menos del Poder Ejecutivo Nacional. El Presidente ha manifestado en más de una oportunidad que las obras sociales son fundamentales y claramente lo han sido en este año que pasó".
El secretario general de UPCN puntualizó a este diario: "Estamos permanentemente hablando de esta temática con el Presidente, con el ministro de Salud (Ginés González García) y con Zanarini, para intentar optimizar el sistema de obras sociales que fundamentalmente necesita líneas de financiamiento".
Rodríguez, al igual que Solá, detalló que nadie los convocó "para decir que van a implementar tal o cual medida. Hay muchos comentarios y temas que todavía no tienen todavía ningún fundamento como para que tengamos que contestar públicamente".
Con respecto a los dichos de Caló sobre la vicepresidenta, el secretario general de UPCN remarcó: "No sé por qué dijo eso. La vicepresidencia de la Nación es un cargo muy importante y además ella tiene un liderazgo natural que se le reconoce en muchas escenas. Lo que ella dijo en La Plata acerca de tratar de reordenar el sistema de salud es algo con lo que nosotros estamos de acuerdo porque no solamente se trata de las obras sociales, sino fundamentalmente de los hospitales públicos que muchas veces están carentes de un montón de cuestiones. Hay que nutrirlos con recursos para que también puedan atender a un vasto sector de la población". "Con todo aquello que signifique optimizar el sistema de salud, estamos de acuerdo", concluyó.
Respecto al planteo del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien aseguró que “el Estado es el único que puede resguardar la salud en su dimensión de derecho”, Solá opinó que "son conceptos muy gruesos. El Estado como garante de la salud de todos es fundamental y en eso no tenemos diferencias". Luego, señaló que "el sistema de salud está montado sobre la salud privada, el sistema de obras sociales y el sistema de salud pública. Sobre todos, el Estado tiene no solo control, sino también injerencia en cómo llevar adelante la medicina --concluyó--. Coincidimos en que el Estado es importante, pero no sabemos qué quiere decir cuando habla de centralización por parte del Estado."
Tras la solicitada en reclamo de la libertad del ex vicepresidente
La defensa de Amado Boudou lleva el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
“En abril --agregó Peñafort-, el juez (Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre? ¿Por qué cambia de criterio? Por la presión mediática”, cuestionó la abogada.
Con el título “Libertad a Boudou”, la solicitada cuenta con la firma de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también exsecretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), Rafael Correa (Ecuador) y Manuel Zelaya (Honduras). Los exmandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región que se desempeñaron como cancilleres de sus respectivos países: el brasileño Celso Amorim, los ecuatorianos Ricardo Patiño y Guillaume Long, el paraguayo Jorge Lara Castro o el boliviano Diego Pary, entre otros. El texto de la solicitada cuestiona a “los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial” por “generar una estrategia común que envenena la atmósfera política”, entre otras acusaciones ligadas a lo que algunos juristas junto a dirigentes políticos de la región definen como ‘law-fare’, o guerra judicial entablada contra determinados gobiernos de América Latina.
Peñafort aseguró que el documento fue impulsado “por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios”. Además, la abogada acusó a “(Pablo) Bertuzzi”, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal 4 que emitió la sentencia de condena contra el exvicepresidente, de estar “negociando con el Poder Judicial su llegada a la Cámara Federal sin concurso” mientras se realizaba el juicio oral. “Durante todo el juicio fue notorio el tratamiento que tuvo ese tribunal, de manos de Bertuzzi, respecto a una de las acusaciones, que era peculado”, señaló.
Bertuzzi integró el TOF 4 y hoy es camarista. Es uno de los jueces que ascendió a la Cámara Federal sin aval del Senado y que finalmente, tras la intervención de la Corte, fue repuesto en su cargo aunque de manera provisoria, hasta tanto se realice el concurso que requiere el procedimiento establecido por la Constitución para cubrir las vacantes.
“La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los derechos humanos”, agregó Peñafort sobre la apelación en curso.
La defensa del exvicepresidente tiene un plazo de seis meses desde el dictado de la sentencia para la presentación ante el tribunal regional de protección de los derechos humanos. Como en todos estos casos, la apelación tendrá la forma de una denuncia contra uno de los poderes del Estado argentino (en este caso el Poder Judicial, cuyo contralor está en manos de la Corte en tanto máximo tribunal).
Peñafort, quien comparte la defensa de Boudou con el penalista Alejandro Rúa, responsabilizó a la Corte por las “violaciones al debido proceso” que, según denunció, se cometieron a lo largo del caso Ciccone y del juicio oral. “Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué, respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración: más de 4 millones de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico”, acusó la abogada.
En ese sentido, Peñafort recordó que durante un tramo de la gestión de Cambiemos “el sistema de espionaje y las escuchas se hacían desde la Corte”. “Es sencillo, si la Corte hubiera abierto ese recurso (de queja), habría tenido que averiguar qué es lo que había funcionado mal en la propia Corte”, puntualizó.
La sentencia contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue ratificada en Casación y luego llegó a la Corte con un recurso de queja, aunque el máximo tribunal se negó a revisar lo actuado con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.
Solicitan que vuelva a la cárcel de Ezeiza
Causa Ciccone: La fiscalía pide que se le revoque la prisión domiciliaria a José María Núñez Carmona
Los fiscales Diego Velasco y Guillermina García Padín basaron su pedido en el argumento de que los problemas de salud de Núñez Carmona pueden ser tratados en una unidad penitenciaria, por lo que consideraron que se le podría retirar el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en agosto pasado.
Núñez Carmona había abandonado el penal a raíz de la pandemia de covid-19, después de que la Justicia considerara que era una persona de riego debido a que padece problemas coronarios, hipertensión arterial y dislipemia, entre otras afecciones de su salud.
Ahora será el juez Daniel Obligado quien deberá tomar una decisión frente a este pedido, mientras que la defensa de Núñez Carmona solicitó que se mantenga la detención domiciliaria que cumple en su casa de Mar del Plata.
Obligado ya revocó semanas atrás la detención domiciliaria de Boudou y dispuso que vuelva a la cárcel.
La condena de Núnez Carmona por la compra de la empresa calcográfica Ciccone había quedado firme el año pasado, cuando la Corte Suprema de Justicia rechazó tratar los recursos de los acusados mediante la apelación al artículo 280 del Código Civil y Comercial, una facultad que le permite al máximo tribunal denegar una solicitud sin dar explicaciones de ninguna índole. Así, Núñez Carmona fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión.
Nueva ronda de negociaciones con exportadores y productores
Las claves del acuerdo para que no falte maíz
El gobierno busca que la mesa de diálogo con la cadena del maíz empiece a dar frutos concretos en base a las siguientes herramientas: 1) un fideicomiso para que los exportadores subsidien una pequeña parte del precio que paga la industria que transforma el maíz en proteína animal; 2) un sistema de garantías para que la industria local pueda competir por la compra del maíz en mejores condiciones frente a los exportadores y 3) el compromiso de los acopios de exportadores de no vender al exterior más de 30 mil toneladas diarias hasta que se estabilice la provisión en el mercado interno. Mientras tanto, la política y las viejas enemistades juegan y así la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria se posan sobre el grupo más duro de productores para amenazar con profundizar el lockout.
A última hora del domingo, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo entre exportadores de cereales y productores avícolas, entre otros, para "garantizar el abastecimiento del grano al mercado interno, por lo cual resolvió dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de exportaciones". En realidad, el gobierno fijó un límite de registro de 30 mil toneladas por día, "a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna" y abrió el juego para comenzar una agenda de trabajo, volviendo parcialmente sobre sus pasos que marcaron el cierre de la exportación hasta marzo.
La Mesa de Enlace rechazó la medida porque el límite de 30 mil toneladas diarias "presupone un buque de los chicos por día y con el agravante de que no sabemos cuál es la duración de esta medida", dijo Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria.
"Se dialoga con los que dialogan. Hay una señal del gobierno hacia la mesa de negociación y va quedando claro que a la Mesa de Enlace no le interesa el diálogo sino únicamente que atendamos sus proclamas", dicen cerca del ministro de Agricultura, Luis Basterra.
La agenda
El gobierno negocia con la cadena del maíz que políticamente está encuadrada en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). En la mesa están sentados los productores de maíz representados por Maizar, los exportadores de Ciara, los acopios y la industria transformadora, en donde el sector aviar tiene el mayor protagonismo. Este martes volverán a encontrarse en una mesa de negociación, bajo la dirección del Gobierno.
Estos actores están ideando un fideicomiso similar al que se acordó para el caso del aceite. La intención es que los exportadores aporten un determinado porcentaje de la venta externa del maíz y que ese valor permita subsidiar la compra de maíz en el mercado interno por parte de la industria que lo utiliza como insumo, particularmente, para la industria del pollo y de los huevos de gallina. El esquema se completa con los Precios Cuidados, que ponen un límite a la venta en las góndolas.
El subsidio cruzado, que deriva de un acuerdo entre privados, tiene la ventaja para el gobierno de que no necesita utilizar fondos públicos. Si eso no funciona, advierte, se pueden tocar las retenciones y con ese dinero sostener los precios internos. El principal argumento oficial radica en que a partir del dólar caro y de los altos precios de los commodities, el agro está en una posición muchísimo más fuerte que la mayor parte de la sociedad, que pena por la falta de trabajo en medio de la crisis.
Desde el agro advierten que el peso del maíz en el precio final del kilo de pollo es como mucho un 20 por ciento. Con lo cual un cambio en unos puntos porcentuales del precio del maíz tiene un efecto concreto muy bajo sobre los valores de góndola. Sin embargo, en el gobierno consideran que se trata de señales importantes en la formación de los precios que permiten un control de precios en los eslabones siguientes.
Otra herramienta que se discute es potenciar el sistema de garantías públicas en favor de los productores avícolas, para que reduzcan su riesgo ante los proveedores (acopios y celealeras) y mejoren las condiciones de compra para ser más competitivos frente a la demanda de maíz para la exportación. El reflejo de esa falta de competitividad se ve en los precios que venía enfrentando el mercado interno, muchas veces de 20 o 21 mil pesos a 60 o 90 días frente a los 19 mil pesos a los que compraba la exportación.
Por otro lado, hay un compromiso de parte de acopios y cerealeras de no exportar más de 30 mil toneladas diarias hasta tanto se pueda recomponer la oferta para la demanda interna. Estos puntos se podrían traducir en las próximas horas en un acuerdo firmado con el CAA, lo cual dejaría expuesto el diálogo con un sector muy amplio del agro y, por el contrario, la autoexclusión de la Mesa de Enlace (sin Coninagro) en las discusiones.
Compra de 200 millones de dólares para las reservas
El Banco Central llenó la canasta
El retroceso de las expectativas de devaluación se registró también en la moderación del dólar paralelo. Este lunes la cotización del blue se ubicó en 159 pesos, al bajar 2 pesos respecto del viernes.
El tipo de cambio contado con liquidación, que se obtiene de la compra venta con títulos públicos, cerró en 145,96 pesos y avanzó 0,5 por ciento. El dólar MEP, en tanto, se ubicó en 145,80 pesos y también subió 0,5 por ciento.
Los bonos volvieron a bajar este lunes con caídas de hasta 1,9 por ciento en las cotizaciones de largo plazo como el AE38. Los de corto plazo como el Bonar 209 cerraron con una merma de 0,2 por ciento. El riesgo país volvió a avanzar 11 unidades y finalizó la jornada en 1396 puntos. A media rueda tocó los 1400.
En la agencia de bolsa Portfolio Personal aseguraron que “de cara a esta semana, los activos de renta fija siguen mostrando debilidad, donde los bonos soberanos en dólares, especialmente los de ley local, siguen anotando caídas importantes”.
En el mercado están atentos al avance en un doble frente. Uno: la negociación del Gobierno con el Fondo Monetario. Dos: la negociación de las provincias con los acreedores internacionales para reestructurar la deuda en moneda extranjera.
En las acciones hubo un retroceso de 1,4 por ciento y se destacaron las pérdidas de firmas energéticas como Edenor, la cual bajó 4,1 por ciento. En la bolsa de Nueva York las empresas argentinas también registraron una floja performance, con caídas de hasta casi el 5 por ciento. Sobresalió la baja de YPF (-4,9 por ciento).
Este lunes fue un día complejo para las economías emergentes en términos financieros. Los indicadores que replican el movimiento de las bolsas de los países en desarrollo tuvieron una caída del 1,1 por ciento y en economías como Brasil el retroceso de acciones fue del 3,5 por ciento en la jornada.
El cronograma de pago que armó Anses
AUH enero 2021: quiénes cobran hoy
Este martes 12 de enero cobran las beneficiarias de la Asignación Universal con Hijo (AUH) con DNI terminados en 0. Así lo estableció la Anses, que armó el calendario de pago de diciembre de acuerdo a la terminación del número de Documento Nacional de Identidad.
El cronograma de pago completo de AUH
DNI terminados en 0: martes 12 de enero
DNI terminados en 1: miércoles 13 de enero
DNI terminados en 2: jueves 14 de enero
DNI terminados en 3: viernes 15 de enero
DNI terminados en 4: lunes 18 de enero
DNI terminados en 5: martes 19 de enero
DNI terminados en 6: miércoles 20 de enero
DNI terminados en 7: jueves 21 de enero
DNI terminados en 8: viernes 22 de enero
DNI terminados en 9: lunes 25 de enero
Los calendarios de pagos de otras prestaciones
· Asignación Universal por Embarazo
· Jubilados
· Pensiones no contributivas
Los cronogramas de cobro de todas las prestaciones que paga la Anses pueden consultarse a través de su página web, redes sociales o llamando al 130.
Fuente:Pagina12
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