31 de enero de 2021
Lesgisladores por la Ciudad analizan la histórica audiencia
“Costa Salguero es símbolo de macrismo explícito"
Imagen: Bernardino Avila
La audiencia pública por Costa Salguero que finalizó el miércoles pasado dejó una foto muy nítida de la ciudad que peligrosamente se está imponiendo, y también otra, la que reclaman los vecinos y vecinas de Buenos Aires. Con una inédita participación de más de 7.000 inscriptos y 2.058 expositores en 30 jornadas a lo largo de dos meses, ocurrió que sólo 55 se pronunciaron a favor de la decisión de privatizar los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. De ellos, 34 fueron funcionarios. Más del 97 por ciento de los expositores apuntó contra lo que, reunidos para hablar del tema por Página/12, legisladores del Frente de Todos definen como la muestra de una gestión que tiende “a una ciudad cada vez más cara”, “que expulsa”, y que contrariamente a lo que comunica “no escucha a las ciudadanas y ciudadanos”. El senador por CABA Mariano Recalde, la diputada nacional Gisela Marziotta y los legisladores Lucía Cámpora y Matías Barroetaveña, definieron el modelo de ciudad que se expresó en esta histórica audiencia, pero también de una ciudadanía que ha sabido organizarse para expresar sus reclamos.
“Costa Salguero es una foto de la discusión sobre el modelo de ciudad, y las tierras públicas como un bien escaso son parte de esa discusión. Entre las gestiones de Macri y Larreta, la ciudad privatizó más de 400 hectáreas, en ventas y concesiones”, sostiene Marziotta. “Y no es un hecho aislado, Larreta incluso fue más profundo y más rápido que Macri”, confirma Recalde repasando el proyecto oficial que destina trece hectáreas de la costanera a proyectos inmobiliarios.
“Larreta tenía además una legislatura más a fin que la que tuvo Macri, también por eso pudo avanzar más rápido: privatizó en cuatro años, más que Macri en ocho años”, advierte Recalde. “Esta privatización explícita muestra la tendencia implícita a privatizar la educación, o la salud” agrega Marziotta. “Si no generás vacantes suficientes en escuelas, tendés a privatizar la educación” reflexiona. Y si no se puede pagar la escuela se cae en la educación pública", completa Recalde, con ironía.
La lógica de gobernar para la foto y gestionar para pocos está aceitada, coinciden, y dan ejemplos. “Comunican una buena gestión porque arreglan veredas, cambian baldosas y luces, pero educación o salud en las provincias están en cabeza del gobernador. Y acá, como funcionan mal, generan confusión para poner esa responsabilidad en el Gobierno nacional”, señala Lucía Cámpora. La consecuencia de esa lógica y de su manipulación comunicacional, exceden a la ciudad.
“Ya lo vivimos con De la Rúa y con Macri, que parecían eficientes con un presupuesto extraordinario que aplicaban a obras menores como un metrobus, y cuando pasan a gobernar el país se lo ponen de sombrero”, grafica Barroetaveña. Asegura que en la ciudad se apuesta al marketing: solo realizan mejoras en urbanizaciones sobre las autopistas, “las que se ven”. Por eso, para Lucía Cámpora --abogada, feminista, sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora--, la idea es “demostrar y comunicar que la ciudad tiene más responsabilidad de la que asume, porque no es un municipio”.
En la intención de privatizar la costa del río se evidencia esa dinámica, coinciden también: Marziotta recuerda que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio “el gobierno de CABA no entregó computadoras que tenía para clases virtuales, no se hizo nada para garantizar el acceso a la educación. Ni siquiera habilitó wi-fi para espacios públicos". "El subte tiene wi-fi libre, las escuelas no", ilustra la paradoja Recalde.
“Los porteños somos cada vez menos ciudadanos y más clientes. Los derechos se conciben como servicios a pagar”, describe Marziotta, y avanza: “La tierra pública se privatiza, el transporte también, van a ampliar la red de parquímetros, van a cobrar la eco-bici. La tendencia propone que el ciudadano no es un sujeto con derechos, es un mero consumidor”.
Causas y consecuencias
A pesar de estas políticas regresivas, el oficialismo PRO en CABA tiene un alto porcentaje de votantes que lo mantiene desde hace 14 años en el poder. ¿Cómo se explica? Para los legisladores, la comunicación construye gran parte de su base electoral. Marziotta señala “algo que hacen muy bien y ni siquiera lo dicen: pintar de amarillo lo que consideran que está bien. La maceta, la bici-senda, los faroles. Las escuelas no, los patrulleros tampoco, parecen de la Federal. Las políticas de fondo comunicacionalmente no son de la ciudad, pero sí lo que se ve, para mostrar: ¡Cómo trabaja Larreta!”.
Un electorado sobre el que se ha trabajado una instalación del sentido común de lo "antipopular" se define en este perfil comunicacional. Muy eficaz a la hora de instalar ese sentido común, pero ineficiente para las políticas públicas “en serio”. Esta mecánica se rompe con eventos como la discusión sobre el destino de Costa Salguero. Y se evidencia en la disyuntiva: parque público o edificios privados. “Hay que gobernar para todos y no solo comunicar lo superficial”: la exégesis de los legisladores resume la evaluación de la gestión oficial. Barroetaveña lo sintetiza: “Larreta quedaría como ‘el que privatizó la costanera’”, si avanza el plan.
La costa tan preciada
La audiencia que acaba de concluir permite a los legisladores analizar y sacar algunas conclusiones de los numerosos y abarcativos fundamentos expuestos. Para Recalde la cantidad y calidad de las intervenciones a favor del parque, demuestra que “la ciudad, todo lo que puede vender lo vende, pero la ciudadanía le está diciendo basta a esa política”. Como los terrenos de Costa Salguero estaban concesionados, para el senador, el oficialismo tenía “la oportunidad de que la ciudad los recupere para la gente, pero Larreta hace algo peor, los vende para siempre”. Allí se focaliza la reacción expresada en la participación pública.
“Lo histórico de la audiencia no es solo lo masivo –sostiene Cámpora—, también lo transversal y diverso. Adultos mayores y jóvenes, colectivos ambientales, universidades de arquitectura y de las artes se expresaron en contra. Cuando el Gobierno intentó decir que Arquitectura de la UBA acompañaba el proyecto, pero quienes expusieron de esa facultad, lo hicieron en contra. En un reflejo genuino se elige un parque urbano ambiental, con flora y fauna nativa como propone el Frente de Todos, con instalaciones para el disfrute público y en vinculación con el río”.
-¿Qué argumentos consideran de mayor peso en defensa de lo público?
Matías Barroetaveña: -Los fundamentos legales y de tono ambiental. En la ciudad hay unos 5 metros cuadrados de espacio verde por habitante, cuando para la OMS deben ser entre 10 y 12. Pero la construcción de lujo busca ser un espejo de Puerto Madero donde solo el 28% de las viviendas están ocupadas, porque es una reserva de valor para que la gente especule en dólares. La contracara es el 40 por ciento de inquilinos, las 300 mil personas en villas, o la imposibilidad es de acceder a una primera vivienda. La consecuencia del gran negocio inmobiliario perjudica y aumenta el déficit habitacional en la ciudad.
Gisela Marziotta: -Como símbolo del macrismo explícito muestra una forma de gobernar, y descubre la falacia discursiva de un gobierno que dice escuchar a los vecinos, pero va contra la ciudadanía. Con lo cual, eso de escuchar es falso de toda falsedad. Esta podría ser la oportunidad real de ser un gobierno que escucha y ejecuta políticas para las vecinas y vecinos que reclaman desde un mecanismo institucional como la audiencia, donde hubo más de 7.000 inscriptos, aunque no todos pudieron participar. También daría lugar a generar espacios verdes y así cumplir una de las viejas promesas del macrismo: hacer una ciudad verde. Porque es una ciudad gris, una ciudad de cemento.
-El proyecto oficial habla de 76 por ciento de espacios verdes en patios internos de las edificaciones planificadas...
G.M.: -¡Porque miden hasta macetas!
Mariano Recalde: -Claro, los espacios verdes por habitante incluyen macetas, canteros, bulevares y jardines colgantes. Lo único verde que promueven son transacciones en dólares. Y nosotros tenemos una propuesta clara para un parque costero de acceso público para todas las vecinas y vecinos.
Lucía Cámpora: -El espacio verde que diseñaron está pensado para valorizar la construcción, como accesorio al espacio privatizado. Esto fue definido por un expositor oficialista en la audiencia que dijo: Habrá una ventana al río. Y un participante respondió: ¿Por qué conformarnos con una ventana cuando podemos acceder al horizonte?
M.B.: -Hay cinismo en esto porque tanto Martín Lousteau como Larreta utilizan el argumento de los 30 años en que el predio estuvo concesionado, y que ahora van a darnos un 60, 70 por ciento de verde que antes no teníamos. Se creen los dueños de la ciudad y como dádiva, dejan un poco de espacio verde. Además, piensan el disfrute asociado al consumo: ‘Sin restoranes no es seguro’, argumentan. Ahí reconocen que no son capaces de poner seguridad a un espacio verde. Nuestros proyectos tienen baños, bancos, lugares para actividades deportivas, no asociadas al consumo porque eso después avanza sobre el espacio verde: ponen mesas y guardias de seguridad que seleccionan a la gente que puede estar ahí.
G.M.: -Este gobierno no tiene en cuenta la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Muchos vecinos quisieran ir a vivir a otro lado porque no hay espacios verdes cerca de sus casas, la seguridad no está garantizada, ni las vacantes educativas ni el servicio de salud. Por eso la discusión sobre la costanera es tan simbólica. Porque apuesta a que este espacio, que es de todas y todos, no quede reducido a un negocio inmobiliario.
-El proyecto oficial también tuvo reclamos de seguridad urbana por plantearse a 450 metros del Aeroparque Jorge Newery.
M.R.: -La autoridad aeronáutica dictaminó sobre alturas máximas a construir para no afectar el trayecto de los vuelos. Y alertó dos cosas: que por el lugar donde está, hay riesgo, si se piensa para viviendas, y otro tema es la contaminación sonora.
-¿Creen que puede imponerse el reclamo ciudadano?
M.R.: -Estamos frente a una instancia judicializada, porque la Justicia frenó la venta por entender que se aprobó en una votación que no respetó las reglas institucionales.
M.B.: -Para eso avanzaron gracias a la traición de Losteau a sus votantes, porque él había expresado que ‘Larreta todo lo que puede comprar lo compra y lo que puede vender, lo vende’; evidentemente, le encontraron su precio. Como el espacio de Roy Cortiña. Se expresaron contra la venta de tierras públicas y hoy son dos votos que lo permiten. En lo político hay que dar esa batalla. Junto a la participación popular, y la judicialización. Hay que ir a fondo, porque una vez construidos los edificios es muy difícil de retrotraer. El proyecto, lo dijo el vicejefe de gobierno, es urbanizar toda la costa, por eso esta batalla es fundamental, y frena instancias que nos pueden privar de toda la costanera.
-¿Qué agenda se prevé para avanzar con la propuesta de parque público que en marzo vuelve a debatirse en la Legislatura?
“Costa Salguero es una foto de la discusión sobre el modelo de ciudad, y las tierras públicas como un bien escaso son parte de esa discusión. Entre las gestiones de Macri y Larreta, la ciudad privatizó más de 400 hectáreas, en ventas y concesiones”, sostiene Marziotta. “Y no es un hecho aislado, Larreta incluso fue más profundo y más rápido que Macri”, confirma Recalde repasando el proyecto oficial que destina trece hectáreas de la costanera a proyectos inmobiliarios.
“Larreta tenía además una legislatura más a fin que la que tuvo Macri, también por eso pudo avanzar más rápido: privatizó en cuatro años, más que Macri en ocho años”, advierte Recalde. “Esta privatización explícita muestra la tendencia implícita a privatizar la educación, o la salud” agrega Marziotta. “Si no generás vacantes suficientes en escuelas, tendés a privatizar la educación” reflexiona. Y si no se puede pagar la escuela se cae en la educación pública", completa Recalde, con ironía.
La lógica de gobernar para la foto y gestionar para pocos está aceitada, coinciden, y dan ejemplos. “Comunican una buena gestión porque arreglan veredas, cambian baldosas y luces, pero educación o salud en las provincias están en cabeza del gobernador. Y acá, como funcionan mal, generan confusión para poner esa responsabilidad en el Gobierno nacional”, señala Lucía Cámpora. La consecuencia de esa lógica y de su manipulación comunicacional, exceden a la ciudad.
“Ya lo vivimos con De la Rúa y con Macri, que parecían eficientes con un presupuesto extraordinario que aplicaban a obras menores como un metrobus, y cuando pasan a gobernar el país se lo ponen de sombrero”, grafica Barroetaveña. Asegura que en la ciudad se apuesta al marketing: solo realizan mejoras en urbanizaciones sobre las autopistas, “las que se ven”. Por eso, para Lucía Cámpora --abogada, feminista, sobrina nieta del expresidente Héctor Cámpora--, la idea es “demostrar y comunicar que la ciudad tiene más responsabilidad de la que asume, porque no es un municipio”.
En la intención de privatizar la costa del río se evidencia esa dinámica, coinciden también: Marziotta recuerda que durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio “el gobierno de CABA no entregó computadoras que tenía para clases virtuales, no se hizo nada para garantizar el acceso a la educación. Ni siquiera habilitó wi-fi para espacios públicos". "El subte tiene wi-fi libre, las escuelas no", ilustra la paradoja Recalde.
“Los porteños somos cada vez menos ciudadanos y más clientes. Los derechos se conciben como servicios a pagar”, describe Marziotta, y avanza: “La tierra pública se privatiza, el transporte también, van a ampliar la red de parquímetros, van a cobrar la eco-bici. La tendencia propone que el ciudadano no es un sujeto con derechos, es un mero consumidor”.
Causas y consecuencias
A pesar de estas políticas regresivas, el oficialismo PRO en CABA tiene un alto porcentaje de votantes que lo mantiene desde hace 14 años en el poder. ¿Cómo se explica? Para los legisladores, la comunicación construye gran parte de su base electoral. Marziotta señala “algo que hacen muy bien y ni siquiera lo dicen: pintar de amarillo lo que consideran que está bien. La maceta, la bici-senda, los faroles. Las escuelas no, los patrulleros tampoco, parecen de la Federal. Las políticas de fondo comunicacionalmente no son de la ciudad, pero sí lo que se ve, para mostrar: ¡Cómo trabaja Larreta!”.
Un electorado sobre el que se ha trabajado una instalación del sentido común de lo "antipopular" se define en este perfil comunicacional. Muy eficaz a la hora de instalar ese sentido común, pero ineficiente para las políticas públicas “en serio”. Esta mecánica se rompe con eventos como la discusión sobre el destino de Costa Salguero. Y se evidencia en la disyuntiva: parque público o edificios privados. “Hay que gobernar para todos y no solo comunicar lo superficial”: la exégesis de los legisladores resume la evaluación de la gestión oficial. Barroetaveña lo sintetiza: “Larreta quedaría como ‘el que privatizó la costanera’”, si avanza el plan.
La costa tan preciada
La audiencia que acaba de concluir permite a los legisladores analizar y sacar algunas conclusiones de los numerosos y abarcativos fundamentos expuestos. Para Recalde la cantidad y calidad de las intervenciones a favor del parque, demuestra que “la ciudad, todo lo que puede vender lo vende, pero la ciudadanía le está diciendo basta a esa política”. Como los terrenos de Costa Salguero estaban concesionados, para el senador, el oficialismo tenía “la oportunidad de que la ciudad los recupere para la gente, pero Larreta hace algo peor, los vende para siempre”. Allí se focaliza la reacción expresada en la participación pública.
“Lo histórico de la audiencia no es solo lo masivo –sostiene Cámpora—, también lo transversal y diverso. Adultos mayores y jóvenes, colectivos ambientales, universidades de arquitectura y de las artes se expresaron en contra. Cuando el Gobierno intentó decir que Arquitectura de la UBA acompañaba el proyecto, pero quienes expusieron de esa facultad, lo hicieron en contra. En un reflejo genuino se elige un parque urbano ambiental, con flora y fauna nativa como propone el Frente de Todos, con instalaciones para el disfrute público y en vinculación con el río”.
-¿Qué argumentos consideran de mayor peso en defensa de lo público?
Matías Barroetaveña: -Los fundamentos legales y de tono ambiental. En la ciudad hay unos 5 metros cuadrados de espacio verde por habitante, cuando para la OMS deben ser entre 10 y 12. Pero la construcción de lujo busca ser un espejo de Puerto Madero donde solo el 28% de las viviendas están ocupadas, porque es una reserva de valor para que la gente especule en dólares. La contracara es el 40 por ciento de inquilinos, las 300 mil personas en villas, o la imposibilidad es de acceder a una primera vivienda. La consecuencia del gran negocio inmobiliario perjudica y aumenta el déficit habitacional en la ciudad.
Gisela Marziotta: -Como símbolo del macrismo explícito muestra una forma de gobernar, y descubre la falacia discursiva de un gobierno que dice escuchar a los vecinos, pero va contra la ciudadanía. Con lo cual, eso de escuchar es falso de toda falsedad. Esta podría ser la oportunidad real de ser un gobierno que escucha y ejecuta políticas para las vecinas y vecinos que reclaman desde un mecanismo institucional como la audiencia, donde hubo más de 7.000 inscriptos, aunque no todos pudieron participar. También daría lugar a generar espacios verdes y así cumplir una de las viejas promesas del macrismo: hacer una ciudad verde. Porque es una ciudad gris, una ciudad de cemento.
-El proyecto oficial habla de 76 por ciento de espacios verdes en patios internos de las edificaciones planificadas...
G.M.: -¡Porque miden hasta macetas!
Mariano Recalde: -Claro, los espacios verdes por habitante incluyen macetas, canteros, bulevares y jardines colgantes. Lo único verde que promueven son transacciones en dólares. Y nosotros tenemos una propuesta clara para un parque costero de acceso público para todas las vecinas y vecinos.
Lucía Cámpora: -El espacio verde que diseñaron está pensado para valorizar la construcción, como accesorio al espacio privatizado. Esto fue definido por un expositor oficialista en la audiencia que dijo: Habrá una ventana al río. Y un participante respondió: ¿Por qué conformarnos con una ventana cuando podemos acceder al horizonte?
M.B.: -Hay cinismo en esto porque tanto Martín Lousteau como Larreta utilizan el argumento de los 30 años en que el predio estuvo concesionado, y que ahora van a darnos un 60, 70 por ciento de verde que antes no teníamos. Se creen los dueños de la ciudad y como dádiva, dejan un poco de espacio verde. Además, piensan el disfrute asociado al consumo: ‘Sin restoranes no es seguro’, argumentan. Ahí reconocen que no son capaces de poner seguridad a un espacio verde. Nuestros proyectos tienen baños, bancos, lugares para actividades deportivas, no asociadas al consumo porque eso después avanza sobre el espacio verde: ponen mesas y guardias de seguridad que seleccionan a la gente que puede estar ahí.
G.M.: -Este gobierno no tiene en cuenta la calidad de vida de quienes vivimos aquí. Muchos vecinos quisieran ir a vivir a otro lado porque no hay espacios verdes cerca de sus casas, la seguridad no está garantizada, ni las vacantes educativas ni el servicio de salud. Por eso la discusión sobre la costanera es tan simbólica. Porque apuesta a que este espacio, que es de todas y todos, no quede reducido a un negocio inmobiliario.
-El proyecto oficial también tuvo reclamos de seguridad urbana por plantearse a 450 metros del Aeroparque Jorge Newery.
M.R.: -La autoridad aeronáutica dictaminó sobre alturas máximas a construir para no afectar el trayecto de los vuelos. Y alertó dos cosas: que por el lugar donde está, hay riesgo, si se piensa para viviendas, y otro tema es la contaminación sonora.
-¿Creen que puede imponerse el reclamo ciudadano?
M.R.: -Estamos frente a una instancia judicializada, porque la Justicia frenó la venta por entender que se aprobó en una votación que no respetó las reglas institucionales.
M.B.: -Para eso avanzaron gracias a la traición de Losteau a sus votantes, porque él había expresado que ‘Larreta todo lo que puede comprar lo compra y lo que puede vender, lo vende’; evidentemente, le encontraron su precio. Como el espacio de Roy Cortiña. Se expresaron contra la venta de tierras públicas y hoy son dos votos que lo permiten. En lo político hay que dar esa batalla. Junto a la participación popular, y la judicialización. Hay que ir a fondo, porque una vez construidos los edificios es muy difícil de retrotraer. El proyecto, lo dijo el vicejefe de gobierno, es urbanizar toda la costa, por eso esta batalla es fundamental, y frena instancias que nos pueden privar de toda la costanera.
-¿Qué agenda se prevé para avanzar con la propuesta de parque público que en marzo vuelve a debatirse en la Legislatura?
M.B.: Lo pueden tratar a partir del fin de la audiencia, pero es importante tener claro que ahí, la inmensa mayoría esta en contra. Por eso quizá tratan de sacarlo antes de las elecciones, porque el costo es muy alto, va contra lo que quiere la ciudad.
G.M.: -La agenda está marcada con una campaña continua, desde lo formal o lo informal como a las redes sociales, porque comunicar contra el gobierno de la ciudad es muy difícil por el blindaje mediático respecto a sus acciones. En la poca comunicación que hay en temas de la ciudad, este logró instalarse.
L.C.: -Se pudo romper el cerco mediático que protege a Larreta y tuvo que ver con la pandemia, porque la pandemia visibilizo la falta de espacios verdes. Esto se vinculó a las luchas ambientales con la juventud como protagonista. Y apelamos con manifestaciones creativas a lo que la pandemia permitía: fuimos en bici y con distancias, y seguiremos haciéndolo, poniendo hombro y cabeza, de manera articulada con cada uno de los colectivos que participa para conquistar ese parque público.
M.B.: -Ciudades como Montevideo, Rosario o Paraná, o Ensenada y Vicente López, dos municipios de conducción diversa, no están de espaldas al río. Eso queremos. Eso expresaron los jóvenes y también los adultos mayores que traían la memoria histórica del uso del río. Para una agenda de hoy que no es del futuro. Lo reafirmó el Presidente en Davos, comprometiéndose a una agenda ambiental. Es una agenda que ya está en la sociedad.
G.M.: -Este año tenemos la oportunidad de lograr un contrapeso en la legislatura y que se empiece a escuchar de verdad a las vecinas y vecinos, lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir a quienes nos representan para que la Legislatura de CABA no siga siendo ‘la escribanía del macrismo’, como dicen.
M.R.: -No queremos privatizar Costa Salguero y estamos confiados en que va a ser un parque público, pero nuestra pelea lo trasciende. Hoy queremos que se termine una lógica de gobierno que hace que la ciudad sea cara y expulse. Nuestro horizonte es recuperar una ciudad inclusiva, más justa, más sustentable, sostenible y vivible.
¡Momento, hicieron trampa!
“Para avanzar con el proyecto de privatización, el oficialismo hizo trampa”, sentencia el senador Mariano Recalde. “En diciembre –cuenta--, antes del cambio en la composición de la Legislatura, hicieron que una funcionaria mintiera diciendo que estas tierras son de dominio privado del Estado y no del dominio público, porque los bienes del dominio privado son los que se usan: edificios o vehículos, y se pueden vender con un procedimiento legislativo. Los de dominio público, con otro. Como se exigen dos votaciones con dos tercios, para vender un bien del dominio público, y no iban a tener dos tercios para la segunda votación, porque la ciudadanía en la última elección cambió su preferencia, y hoy no tienen los dos tercios; hicieron trampa. Así aprobaron la venta en una sola votación.
Hoy discutimos la constructibilidad, las normas urbanas. Pero la forma en que se autorizó la venta esta judicializada y la justicia en dos instancias dijo: ¡Momento, no lo pueden vender! Como dice Gisela (Marziotta), en una 'síntesis del macrismo’, esto no respeta las instituciones. Por eso confiamos en que podemos ganar, porque tenemos argumentos, estamos frente a un modelo al que la ciudadanía le dijo basta, y porque tenemos muchas ganas de tener ahí un parque con horizonte al río”.
El desafío de los poderes fácticos
Tres misiones para el Gobierno: las vacunas, el regreso a las aulas, el pacto precios-salarios
Provincia por provincia, fuerza por fuerza
¿Qué se juega en las elecciones legislativas de este año?
Con primarias o sin ellas, el Frente de Todos enfrentará en las elecciones legislativas de este año un plebiscito de su gestión de gobierno, atravesada por la pandemia de covid-19 y su impacto económico-social, agravado por el sobreendeudamiento externo que dejó el macrismo. El oficialismo buscará ampliar su base parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde es primera minoría pero no tiene quórum propio: allí, el FdT arriesga 50 bancas propias, mientras que el bloque opositor de Juntos por el Cambio pone en juego los 60 escaños conseguidos en su mejor elección, la de 2017. En la Cámara de Senadores, el oficialismo intentará sostener la amplia mayoría que ostenta: su bloque del debe renovar 15 bancas, mientras que el interbloque de JpC 7. El recambio parlamentario modificará la mitad de la Cámara baja y un tercio de la Cámara alta, para la cual ocho provincias eligen representantes.
Diputados
El Frente de Todos (FdT) ha enfrentado en la Cámara baja las mayores dificultades a la hora de refrendar los proyectos del Gobierno y de su propio bloque. Con 119 diputados, el oficialismo ha tenido que construir el quórum (129 diputados) y la mayoría en negociaciones ley por ley, apelando a acuerdos entre un puñado de bloques opositores ante la posición obstruccionista que asumió Juntos por el Cambio.
El FdT pone en juego este año 50 bancas propias y mantiene otras 69 hasta 2023. El oficialismo tendrá un ojo puesto también en la performance que obtengan otras bancadas que aportaron al quórum y acompañaron gran parte de sus proyectos. Es el caso del interbloque de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, que debe renovar 4 de sus 6 bancas. Entre ellas la del propio Ramón; 2 de los 3 representantes del oficialismo misionero del Frente de la Concordia; y la del único representante del neuquino MPN.
Por su lado, Juntos por el Cambio (JxC) arriesga 60 bancas obtenidas en la mejor elección legislativa del interbloque macrista: 26 del PRO, 26 de la UCR, 7 de la CC y 1 del aliado FCyS de Catamarca. Mientras que conservará otras 55 hasta el 2023.
Otro espacio que pondrá en juego la mayoría de sus bancas es el Interbloque Federal: 7 de 11. Entre ellos, 2 del Bloque Justicialista, 3 de Córdoba Federal --alineado con el gobernador Juan Schiarett--i; 1 del lavagnista Consenso Federal y 1 de los dos socialistas santafesinos con monobloques propios.
También el Frente de Izquierda (FIT) arriesgará sus 2 únicas bancas.
La principal batalla estará dada en la Provincia de Buenos Aires, que elige 35 diputados. Allí el FdT aspira a sacar diferencia: pone en juego 16 bancas propias, frente a 14 de JxC. Otras 2 son del lavagnismo, las 2 del FIT y 1 del interbloque Federal para el Desarrollo.
En la Ciudad de Buenos Aires están puestas las mayores expectativas de JxC, donde la alianza opositora tiene que renovar 10 de las 13 bancas que se eligen. Las otras 3 son del FdT, que buscará aumentar su representación en CABA.
Tras ganar la gobernación en 2019, el FdT quiere revertir la representación parlamentaria de Santa Fe. Allí, JxC debe renovar 5 escaños; el FdT 3 y el Partido Socialista 1.
Córdoba ha sido una provincia esquiva para el FdT, aunque aspira a sumar bancas a la única que renueva. Juntos por el Cambio arriesga 5 propias y el oficialismo local de Córdoba Federal 3.
Mendoza y Entre Ríos eligen 5 diputados cada una. En la provincia cuyana gobernada por JxC, el oficialismo provincial pone en juego 3 bancas; el FdT 1, igual que Fuerza Protectora (que integra el Interbloque Federal para el Desarrollo). En la provincia mesopotámica, el FdT quiere revertir la ecuación: JxC tiene 3 bancas y la coalición peronista 2.
En Tucumán y Chaco, el FdT quiere romper la paridad. Tucumán renueva cuatro bancas, 2 del FdT, 1 de JxC y 1 de una ex aliada macrista. En Chaco, 2 pertenecen al FdT y 2 a JxC.
Una decena de provincias eligen 3 diputados. En La Pampa, San Luis, San Juan y Catamarca, el FdT aspira a renovar las dos que tiene y JxC la propia. Pero el oficialismo quiere sumar en Salta, Jujuy, Corrientes, Neuquén y Santa Cruz, donde solo tiene una, mientras que las otras dos se reparten entre JxC y partidos provinciales. En Misiones, dos de las bancas están en manos del oficialismo provincial del Frente de la Concordia y 1 de JxC.
La media docena de provincias restantes eligen solo 2 diputados. La Rioja, Formosa, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego reparten 1 para el FdT y 1 para JxC. Salvo en Santiago del Estero donde las 2 pertenecen al FdT.
Senadores
En la Cámara alta, el Frente de Todos quiere sostener su holgada mayoría con quórum propio, en una elección compleja que incluye ocho provincias y tres de ellas donde no gobierna. Pone en juego 15 de sus 41 bancas actuales, mientras que Juntos por el Cambio debe renovar solo 7 (3 el PRO y 4 la UCR) de sus 22, sin contar sus aliados provinciales en Salta, Neuquén y San Juan.
En el FdT consideran que retendrán las dos bancas por la mayoría en Tucumán, La Pampa y Catamarca, donde el Frente Cívico y Social aliado a JxC tiene la restante.
Lo mismo que en Santa Fe, donde quiere sostener las 2 bancas por la mayoría obtenidas por la lista que encabezó en 2015 el actual gobernador Omar Perotti en una tan elección compleja como la que se prevé este año. La banca por la minoría santafesina está en manos del justicialista Carlos Reutemann que funcionó como aliado del macrismo y JxC. Mientras que el Frente Progresista --que gobernó la provincia durante 12 años de la mano del socialismo-- buscará terciar en la disputa ya sin la sociedad con la UCR.
En Chubut, el FdT resignaría 1 de los 3 escaños que tiene: 2 por el FdT y 1 que llegó con partido provincial del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y que se sumó a la bancada oficialista. Allí, JxC aspira a volver a tener 1 senador por la provincia.
En tanto, el FdT deberá pelear para mantener las dos bancas por Corrientes en competencia con el oficialismo provincial en manos de JxC. En Mendoza, la coalición de macristas y radicales quiere mantener los dos escaños de la provincia que gobierna y donde el FdT que tiene la restante promete dar pelea.
Más compleja será la disputa para el Frente de Todos en Córdoba, donde JxC tiene dos bancas por la mayoría. El ex cordobesista Carlos Caserio pone en juego el escaño del FdT. Mientras que el peronismo cordobés que conduce Schiaretti promete pujar por volver a tener un representante en la Cámara alta.
Lo que sigue tras la feria judicial
Espionaje ilegal macrista: todas las causas pendientes
Cuando el lunes se levante la cortina de la feria, en los tribunales federales se empezarán a tomar decisiones trascendentales que pueden sellar el destino de las investigaciones por el espionaje a gran escala que tuvo lugar durante el gobierno de Mauricio Macri. En Lomas de Zamora y en Dolores, las investigaciones continúan y, en Comodoro Py, la Cámara Federal de Casación tiene dos temas fundamentales: decidir dónde continuarán las causas que hasta ahora llevan adelante el juez Juan Pablo Augé con los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y revisar el procesamiento contra el fiscal federal Carlos Stornelli, uno de los pesos pesados de Comodoro Py.
Si bien hay casi una docena de causas vinculadas al accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, hay pocas dudas de las que más avanzaron fueron las que tramitaron más lejos de los tribunales de Comodoro Py, donde la mayoría de las investigaciones se mueven al son de los tiempos políticos y los intereses de la corporación judicial. Sin embargo, es cierto que Comodoro Py funciona como un imán para estas investigaciones.
En Lomas de Zamora
Augé tiene pendiente definir si avanza con los 38 procesamientos que pidieron los fiscales. Entre otros, Incardona y Eyherabide pidieron el 18 de diciembre procesar a Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y al primer director operacional de Contrainteligencia de la AFI macrista, Diego Dalmau Pereyra, quien formó la estructura de los Súper Mario Bros -- en su mayoría, policías de la Ciudad devenidos en espías.
Están también los Súper Mario Bros y Alan Ruiz, que oficiaba de director de Operaciones Especiales, dentro de los imputados. Pero, sin lugar a dudas, hay especial atención en cómo se resolverá la situación de los funcionarios de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI macrista --comandada por el abogado Juan Sebastián de Stefano-- y la de los integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) --entre ellos, su exdirector Emiliano Blanco--.
La gran duda es qué hará Augé con Darío Nieto, el secretario privado de Macri que fue indagado por su supuesta vinculación con el circuito de inteligencia ilegal que encarnaban los Súper Mario Bros, pero los fiscales entendieron que no cuentan con pruebas que lo terminen incriminando. Nieto terminó involucrado en la causa por la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, que les decía a los espías que ella le pasaba sus informes al secretario del entonces presidente. Sin embargo, en sus indagatorias, Martinengo buscó desvincular tanto a Nieto como al propio Macri. Varios querellantes pidieron al juez que procese a Nieto.
Es probable que Augé se tome algunos días para terminar de evaluar el dictamen de 1026 páginas que presentaron los fiscales, aunque es cierto que el tiempo corre y la Casación podría resolver antes si la causa queda en Lomas de Zamora o pasa a los tribunales federales. De todos modos, Augé dejará de entender en la causa a partir de marzo, ya que el 28 de febrero se vence su subrogancia en el juzgado 2 de Lomas. La Cámara Federal de La Plata deberá definir para mediados de mes quién será su reemplazante, lo que también puede afectar el pulso de la causa si finalmente queda en Lomas.
En Casación se libra la batalla principal para definir dónde quedarán las dos causas de Lomas (la del espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y la de los Súper Mario Bros). Dos de las salas del máximo tribunal penal del país venían sosteniendo una disputa sobre quién debía intervenir, la Sala I y la Sala IV. El diferendo se terminó saldando el 30 de diciembre, después de que Arribas volviera a recusar a la camarista Ana Figueroa por haber denunciado presiones durante el macrismo, lo que dio origen a una causa sobre la mesa judicial macrista, a la que se sentaba el propio Señor Cinco.
Los dos colegas de la Sala I de Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, aprovecharon la ocasión para no involucrar a la jueza en la discusión y pasarle el tema a la Sala IV, que había intervenido en un incidente favoreciendo un reclamo de Darío Nieto. Eso sí, Barroetaveña y Petrone no apartaron a Figueroa de la causa, pero ni siquiera le consultaron su opinión a sabiendas de que ella sostenía que debía intervenir la Sala I porque era la primera que había recibido el expediente. “Fue una deficiencia ética muy grande”, dijo Figueroa en una entrevista en el programa Toma y Daca de AM 750, quien también deslizó que los dos camaristas no habrían tenido una estrategia similar si se hubiera tratado de un colega varón.
La decisión estará en manos ahora de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y de Ángela Ledesma, quien se suma a la Sala IV después de ejercer la presidencia de la Cámara de Casación. En su lugar estaba antes Gustavo Hornos, que la sucede en el cargo y venía sosteniendo que la investigación debía tramitarse en Lomas. En la Sala IV no muestran un interés desmedido por expedirse inmediatamente cuando termine la feria.
En Dolores
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, estará abocado de lunes a jueves a continuar con las indagatorias en la investigación sobre el llamado “Proyecto AMBA”, desplegado por la AFI macrista entre 2016 y 2017 para hacer espionaje político en la provincia de Buenos Aires. El magistrado interrogará a tres funcionarios que oficiaron de coordinadores entre Pablo Pinamonti, el abogado que estaba a cargo del “Proyecto AMBA”, y los responsables de las seis bases AMBA y las otras tres delegaciones históricas que la exSIDE ha tenido en provincia de Buenos Aires.
Estos tres coordinadores habrían trabajado también con el exjefe de la Bonaerense Daniel Salcedo y con el excomisario Vicente Melito, que ya son dos de los trece procesados por el “Proyecto AMBA”. El juez de Dolores también indagará esta semana al primer responsable de la delegación Bahía Blanca al momento de implementarse el “Proyecto AMBA”.
Ramos Padilla --que espera que el Senado apruebe su pliego para mudarse al juzgado federal 1 de La Plata-- suspendió sus vacaciones para indagar a uno de los financistas que trabajaban con Marcelo Sebastián D’Alessio que fue extraditado desde Panamá, Aldo Sánchez, a quien ya también le dictó el procesamiento con prisión preventiva.
En Comodoro Py, el camarista Martín Irurzun también cerró el año 2020 con un fallo que favorece a Arribas, quien reclamó que la investigación por el “Proyecto AMBA” --al menos en lo que a él le compete-- pase a Comodoro Py, porque todo lo que resolvió u ordenó lo hizo desde la Ciudad de Buenos Aires. Irurzun le ordenó al juez Ariel Lijo que le reclame parte de la causa a Ramos Padilla, lo que va a dar origen a una nueva pelea por la competencia que llegará a Casación en breve.
Lo que casualmente está en Casación es el procesamiento de Stornelli como compinche de D’Alessio. Stornelli consiguió que la Cámara Federal de Mar del Plata le rebaje varias imputaciones, aunque confirmó su procesamiento por espiar a la exmarido de su mujer, Jorge Castañón, y por pergeñar una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira. Los camaristas marplatenses también le habilitaron la feria a Stornelli para ir a Casación, pero la presidenta de la Sala de feria, la jueza Liliana Catucci, rechazó tratar el asunto durante enero.
El tema deberá ser evaluado por la Sala II del tribunal, aunque con una conformación absolutamente distinta a la que tiene habitualmente, que muestra cómo los intereses cruzados del macrismo en la justicia se conjugan en esa causa. Elisa Carrió buscó sacar a Alejandro Slokar, alegando que ella lo había denunciado años atrás. Como Carrió salió victoriosa, el lugar de Slokar lo tomó Petrone, que se terminó excusando por su amistad con el exministro de Justicia Germán Garavano --quien buscó remover a Ramos Padilla justamente por investigar el D’Alessiogate--.
Al camarista Carlos Mahiques lo recusó el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone -- procesado por Ramos Padilla -- porque él había actuado en una causa contra los hijos del juez y exministro de Justicia de María Eugenia Vidal. Mahiques refunfuñó, pero se terminó apartando del caso y le cedió su lugar a Eduardo Riggi. Después del baile de las sillas, los jueces que resolverán la suerte de Stornelli, D’Alessio y compañía son Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Riggi. Todo con pronóstico reservado.
Los horizontes de las dos causas se unen no sólo porque su destino final puede ser definido en Comodoro Py, sino porque muestran distintos tramos del accionar de la AFI durante el macrismo, pero también con cuánta avidez se recababa información de una u otra banda. Por ejemplo, los fiscales de Lomas encontraron que en el SPF también juntaban información, créase o no... del propio D'Alessio.
Amenazas de frenar la aplicación de la ley en la Justicia. Esta semana la AFIP define fechas y formas de pago
El poder económico en pie de guerra contra el Aporte de Grandes Fortunas
Imagen: Leandro Teysseire
Este viernes el Poder Ejecutivo avanzó con la puesta en marcha de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia. Con el detalle de fechas y formas de pago que definirá una resolución general de la AFIP la semana que viene, se hará efectiva una norma que incomoda al poder económico a la vez que es reconocida por economistas y organismos internacionales que muchas veces ese mismo poder elogia.
El diputado del Frente de Todos, Carlos Heller, comenzó a trabajar en la iniciativa a pedido del jefe del bloque Máximo Kirchner en abril del año pasado. Tras un extenso debate en diputados, uno más corto en senadores, frases memorables de dirigentes en contra de la ley y hasta un tweet de la cuenta oficial del PRO que se convirtió en meme al dejar en evidencia que oponiéndose defendían al 0,02 por ciento de la población argentina; finalmente el 4 de diciembre el Senado sancionó el proyecto con 42 votos a favor.
La reglamentación se hizo esperar y Heller recibió muchas llamadas: "Se había generado mucha ansiedad, pero yo respondí en todos los casos que había que hacerla con cuidado, porque yo mismo he leído suplementos de algunos diarios económicos con consejos de cómo hacer para no pagar o judicializar la ley. Había que ser muy cuidadosos en la redacción de la reglamentación para achicar los flancos atacables; es un camino lógico”, contó el diputado en declaraciones radiales.
La reglamentación da precisiones para calcular el nivel de fortuna de personas con participación accionaria en empresas, precisa plazos (60 días hábiles administrativos desde la entrada en vigencia de la ley), lineamientos ( deberán ser depositados en una cuenta abierta en una entidad bancaria local) y posibles inversiones (vender los dólares al tipo de cambio oficial, adquirir bonos o letras emitidos en moneda local o aportar a una sociedad local no financiera) para contar con los beneficios la repatriación, entre otros detalles. El establishment comenzó a amenazar. El Foro de Convergencia Empresarial, que representa a 80 entidades del poder económico, lo calificó de “confiscatorio” y los principales estudios de abogados se preparan para intentar eludir el gravamen o frenarlo en la Justicia.
Medida extraordinaria
El adjetivo "extraordinaria" forma parte del título de la ley para dar cuenta de que es un aporte que sucede por única vez. Es una ley que cubre derechos y necesidades de los sectores vulnerables: el aporte de los multimillonarios tiene destino definido. Gastos en salud y atención de otras heridas en el tejido social: empleo joven, pymes, barrios carenciados y otros servicios esenciales.
La medida no puede escaparse de su coyuntura. Una de las causas por las cuales el efecto de la covid-19 en América latina es especialmente peligroso es que impacta sobre la sociedad más inequitativa del mundo en la distribución del ingreso.
De acuerdo a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), el 1 por ciento más rico de la región concentra el 41 por ciento de la riqueza, mientras que el 99 por ciento se distribuye el 59 por ciento restante. Y el 10 por ciento más rico concentra el 72 por ciento.
"Esta desigualdad brutal está aumentando aún más con la pandemia, en un fenómeno que suele suceder con cada crisis. La caída de los ingresos y del empleo, en un mundo que según el FMI recién en 2022 recuperaría el nivel de actividad económica de 2019, afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos. En contraste, las acciones de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York subieron un 16 por ciento en el 2020, en buena medida gracias a los estímulos y salvatajes de los Bancos Centrales más grandes del mundo", explica Pablo Wahren, economista magister en Desarrollo Económico (Unsam) y miembro de Ocepp.
La acumulación de riqueza a favor de los más ricos no ha dejado de aumentar desde que empezó el siglo XXI, y se acelera de manera exponencial durante las crisis económicas: "El número total de milmillonarios prácticamente se duplicó durante la década posterior a la crisis económica de 2008 y, entre 2017-2018, cada dos días surgía un nuevo milmillonario en el planeta", afirma el informe anual que Oxfam Internacional expuso en el Foro Económico de Davos.
"En muchos casos, el incremento de la desigualdad de ingresos y de riqueza en los países tiene su origen en una serie de políticas adoptadas por motivos ideológicos y que se han puesto al servicio de las élites ricas y poderosas, en ámbitos como la fiscalidad. Durante mucho tiempo, el gasto público se ha visto socavado por sistemas tributarios que han ido reduciendo los impuestos a las personas y empresas ricas. Entre 1985 y 2019, el promedio del impuesto sobre los beneficios empresariales a nivel mundial se redujo del 49 al 23 por ciento", continúa el informe.
"Cuando miremos atrás, debemos ver esta crisis como el punto de inflexión a partir de cual volvimos a gravar la riqueza de forma justa y revertimos la carrera a la baja en la tributación. Un sistema tributario progresivo que grave de manera justa a los más ricos de la sociedad debe ser la piedra angular de una recuperación justa de la crisis, ya que permitirá invertir en un futuro justo y verde", asegura el informe que pone de ejemplo al país: "Argentina ha abierto el camino, con la adopción de un impuesto solidario a la riqueza, de carácter temporal, que grava la riqueza extrema; este impuesto podría recaudar más de 3000 millones de dólares que permitirían financiar las medidas para luchar contra el coronavirus, por ejemplo invirtiéndolo en suministros médicos y ayudas para las personas en situación de pobreza y las pequeñas empresas".
Otros países
Con la sanción de la ley, el país fue punta de lanza en la aplicación de esta medida sugerida por una gran parte de la comunidad económica mundial. Bolivia fue el segundo país de América latina en sancionar una medida similar, aunque tomó la forma de un impuesto permanente que equivale al impuesto a los bienes personales.
Dentro de las propuestas extraordinarias que están en discusión se destacan las de Brasil, Perú, Chile y Ecuador, en la que partidos opositores impulsaron distintos proyectos para gravar a los grandes patrimonios. En Estados Unidos, Biden plantea que para salir de la covid-19 se necesita un sistema fiscal justo donde grandes empresas y grandes fortunas paguen más.
Del otro lado del Atlántico también hay multiplicidad de proyectos en distintos países y al menos tres que cobran un tributo: Alemania, el "impuesto solidario" que tributa una sobretasa de 5,5 por ciento a los mayores patrimonios, España, el impuesto a las grandes fortunas, y Francia, un "impuesto excepcional" con alícuotas entre 3 y 4 por ciento a patrimonios de más de 250.000 euros.
Próximos pasos
Con la publicación del decreto reglamentario, el camino que tomará el efectivo cumplimiento de la ley está ahora en manos de la AFIP. En términos operativos, resta esperar la resolución que publicará el organismo recaudador para establecer los tiempos y formas en que se comenzará a recaudar el tributo.
Aún faltan definiciones acerca de la fecha y sistema de pago, la forma de llevar adelante las presentaciones, y si existirá algún anticipo a cuenta del impuesto. En términos políticos-legales, atajar la "rebelión" fiscal que los voceros del poder económico están anunciando desde que comenzó el debate de la ley, de la cual también deberá encargarse la AFIP.
En la reglamentación, el el Poder Ejecutivo le delegó la ardua tarea de "recabar los datos que estime pertinentes para la oportuna detección de las operaciones que puedan configurar un ardid evasivo o estén destinadas a la elusión del pago del aporte".
Los números de la pandemia
Coronavirus en Argentina: se registraron 156 muertes y 6.902 contagios
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 156 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 47.931. Además se registraron 6.902 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García. Con estos registros, suman 1.922.264 positivos en el país.
Además, fueron realizados 40.578 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 6.157.226 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 135.691 muestras por millón de habitantes.
Las camas de UTI están ocupadas en un 54,7 por ciento a nivel nacional y en un 61,1 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.066 | 802.121
Ciudad de Buenos Aires 951 | 209.491
Catamarca 86 | 5.241
Chaco 116 | 30.668
Chubut 233 | 42.216
Corrientes 192 | 17.332
Córdoba 239 | 144.696
Entre Ríos 240 | 40.862
Formosa 2 | 843
Jujuy 17 | 19.292
La Pampa 70 | 16.390
La Rioja 17 | 9.532
Mendoza 78 | 63.768
Misiones 208 | 4.577
Neuquén 275 | 53.804
Río Negro 182 | 47.814
Salta 54 | 23.778
San Juan 33 | 13.939
San Luis 27 | 18.988
Santa Cruz 137 | 32.441
Santa Fe 515 | 205.609
Santiago del Estero 92 | 20.762
Tierra del Fuego*** 15 | 21.775
Tucumán 57 | 76.325
Fuente:Pagina12
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