28 de febrero de 2021

TROPEL 2 del 28.02.2021.

 


28 de febrero de 2021

La complejidad de la negociación con el Fondo Monetario Internacional de un crédito político opaco e irregular

El FMIgate y los dólares VIP

El escándalo del insólito préstamo de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45 mil millones, al gobierno de Macri y que liga la economía argentina al FMI por décadas. La pesadísima herencia financiera que debe renegociar Alberto Fernández. Las opciones del default, el ajuste o la flexibilización de plazos y condiciones.
Por Alfredo Zaiat







La magnitud del despropósito del crédito otorgado por el FMI al gobierno de Mauricio Macri queda expuesta en el siguiente dato: en el año de la peor crisis  económica, social, laboral y sanitaria mundial de los últimos cien años, este organismo financiero internacional entregó asistencia a 85 países por un monto global de 105.529,23 millones de dólares.

Ese dinero fue desembolsado desde marzo del año pasado, cuando la pandemia irrumpió con toda su fuerza devastadora en todos los rincones del planeta, hasta el 25 de febrero de este año, fecha de la última actualización de ese registro.

La conducción anterior del Fondo, liderada por la francesa Christine Lagarde, que a pesar de su pésima gestión, por esos oscuros laberintos de las finanzas globales, fue ascendida a presidenta del Banco Central Europeo, autorizó un préstamo a un solo país por 57 mil millones de dólares, de los cuales desembolsó 45 mil millones en apenas doce meses.

Los números son elocuentes:

* 85 países = 105.529 millones de dólares

* 1 país = 45.000 millones de dólares.

Macri

Esta comparación exhibe que el crédito a Macri fue una operación política-financiera insólita que tiene costos inmensos para Argentina, de los que el gobierno de Alberto Fernández tiene que ocuparse.

Ante esta situación excepcional resulta oportuno plantear qué hacer con la peor trampa económica que dejó el tercer y fracasado en términos políticos ciclo neoliberal de los últimos 45 años.

Existe un aspecto fáctico: el dinero fue entregado al país y el régimen macrista-radical lo dilapidó con obscena impunidad, facilitando una masiva fuga de capitales antes del naufragio.

Este escándalo financiero es el FMIgate o dólares VIP, sin embargo no aparece el griterío de la impúdica legión de indignados por cualquier cosa que colabore para erosionar la base política del Gobierno.

No se cuestiona en la pira mediática a los responsables políticos de ese préstamo y de la dilapidación de esos dólares, ni aparecen fiscales apurados por investigar uno de los préstamos externos más inmoral desde los autopréstamos de grupos económicos luego estatizados en la última dictadura cívico-militar.

Un dato importante para desmemoriados y preocupados por la moralidad de los funcionarios: el primer acuerdo fue firmado por Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, luego rubricado por Luis Caputo, y el segundo convenio luego del fiasco prematuro, por Dujovne y Guido Sandleris. Todos ellos gozan de un cómodo retiro de la función pública luego de dejar semejante desastre financiero y económico.

Impagable

El repago de ese crédito se estructuró de tal forma de obligar a una renegociación que, apostando a la reelección de Macri, hubiera implicado avanzar con las tradicionales reformas regresivas que constituyen el proyecto político de la derecha.

El préstamo con el FMI es impagable para la economía argentina actual. Un simple juego con números deja al descubierto la dimensión de ese pasivo en relación al stock de reservas y generación de dólares por vía del comercio exterior.

Cuando el 5 de enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner canceló 9534,8 millones de dólares de la deuda total con el FMI, las reservas en el Banco Central sumaban 28.054 millones de dólares. O sea, ese pago representaba el 34 por ciento de los dólares de las arcas del Banco Central.

En una relación equivalente, para cancelar los casi 45.000 millones del FMIgate las reservas del BCRA deberían sumar 132.000 millones de dólares. Hoy suman casi 40.000 millones, lo que implica que faltan unos 92.000 millones.

Es un escenario de aumento de reservas imposible de considerar, incluso con el panorama muy optimista de calcular un ingreso genuino de dólares vía un superávit comercial anual de 10 mil millones. Tampoco se hace sostenible sumando la posibilidad de reabrir el acceso al mercado voluntario de crédito internacional.

La exposición de estas cifras sirve para dar cuenta de la catástrofe financiera que dejó la alianza macrista-radical, y la insoportable carga que implicará ese crédito hasta con la probable reestructuración con extensión de plazos y eventuales años de gracia.

Flojo de papeles

Quienes toman distancia del lobby del sistema financiero y del deliberado juego al distraído que despliega la fuerza política de derecha local con la complicidad activa de un inmenso dispositivo mediático plantean, con razón, la opción de desconocer esa deuda.

Existe un vicio de origen en el crédito, puesto que fue político para financiar la campaña electoral de reelección de Macri, además de tener una pésima estructura financiera. A lo que se debe agregar que fue suscripto con marcadas irregularidades administrativas, que están denunciadas en la Justicia y que se tramitan en la causa "Codiani, Eduardo Julio c/en s/amparo Ley 16.986" (expediente 7651/2019).

La causa hoy está en la Corte Suprema de Justicia. En este espacio se detallaron, en mayo de 2019, esas irregularidades. 

El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y la Central para la Integración Financiera habían presentado un amparo judicial reclamando información del stand by. Se comprobó que no hubo evaluación previa, ni dictamen jurídico ni decreto presidencial sobre el préstamo.

La valiosa investigación conjunta arribó a las siguientes conclusiones:

1. Cuando se firmó la Carta de Intención y los Memorandos no había siquiera un expediente iniciado (se hizo exactamente una semana después de que se promovió el amparo).

2. No existen actos administrativos del Poder Ejecutivo, del BCRA ni del Ministerio de Hacienda que ordenaran tomar el crédito del Fondo.

3. No hubo dictámenes previos a la toma de deuda con el FMI, ni jurídicos ni del BCRA.

4. No hubo información alguna sobre la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que hubiera un distracto (extinción de obligaciones) entre la Argentina y el FMI.

5. En los expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda no existe acuerdo alguno firmado entre las partes, así como tampoco acto aprobatorio del FMI respecto de los Memorandos acompañados con las Cartas de Intención.

Poder de veto

La responsabilidad de ese fiasco es del gobierno de Macri pero también de las autoridades del FMI, desde Lagarde y el board hasta los miembros de la tecnoburocracia de Washington que lo avalaron.

Aquí aparece la gran trampa del crédito con el FMI. Se concretó con un organismo multilateral en el cual Argentina es socio y el resto de ese consorcio mundial está integrado por países; no por bonistas privados. Y los socios-países dominantes son potencias económicas, sobresaliendo Estados Unidos.

Este último es, en los hechos, "el dueño" del FMI porque tiene poder de veto implícito, atributo que no tiene ningún otro país de la institución. El veto se constituye al poseer el 16,5 por ciento de los votos y los acuerdos financieros especiales como modificaciones estructurales del organismo necesitan el 85 por ciento de los votos.

Una observación sencilla de esas cifras revela el dominio absoluto que tiene Estados Unidos en el FMI. No se puede hacer nada si no es con su aprobación. Por eso, más allá de que el cargo de director gerente correspondió siempre a una figura europea, el espacio de mayor poder efectivo es para el número dos de la institución, que siempre es estadounidense.

Hoy ese puesto está a cargo de Geoffrey Okamoto, pero quien lo ocupó en el momento de la aprobación del inaudito crédito a Macri fue David Lipton. El 1 y 2 del FMI (Lagarde y Lipton) responsables de ese desastre ya no están.

La descripción de cómo está organizado y cómo se reparte el poder en el Fondo Monetario sirve para considerar que un eventual default argentino no sería con una deuda en bonos en carteras de fondos de inversión, sino que sería de un préstamo que tiene como principales acreedores a Estados Unidos y otras potencias.

Postular esa posibilidad sin tomar en cuenta esa cuestión básica en un contexto internacional que no se presenta nada amigable a esa decisión sería ir a chocar contra el muro de un callejón sin salida. No es realista especular con un eventual apoyo de China o Rusia –dos potencias en competencia con Estados Unidos y Europa-, puesto que esas naciones también son parte de esa sociedad global acreedora de Argentina.

Ajuste tradicional

La presión del establishment por un rápido acuerdo apunta a que el gobierno de Alberto Fernández acepte las condiciones tradicionales que exige el FMI: más rápido reducción del déficit fiscal, mayor restricción de la política monetaria, meta más ambiciosa de acumulación de reservas y avanzar en reformas regresivas en materia laboral y previsional.

El bloque de poder económico local ha utilizado al Fondo como instrumento de extorsión a los gobiernos que resisten las políticas de ajuste.

Tan descarado resulta este chantaje que uno de sus voceros estrella publicó que el FMI incluye en las negociaciones con el Gobierno la marcha de las causas judiciales del lawfare. Un disparate que ignora los procesos burocráticos, operativos y técnicos para la definición de un acuerdo financiero con el Fondo Monetario.

Si la cuestión es investigar y evaluar hechos de corrupción, el propio FMI se encontraría en aprietos porque debería brindar respuestas a los motivos que lo llevó a autorizar un crédito violando sus propios estatutos y los límites de asistencia a un país, entregado por razones políticas, sin un procedimiento transparente y que, en definitiva, resultó una operación financiera oscura.

Negociar

Con el camino inviable del default al FMI y eludiendo el sendero del ajuste tradicional, la opción es negociar con firmeza poniendo en la mesa la sucesión de anomalías de ese préstamo.

Pese a lo que publicitan voceros del establishment, el Gobierno tiene la capacidad de explicar y probar que la gestión Macri se endeudó sin cumplir con los procedimientos que exige el derecho argentino y que el FMI lo autorizó sin estudiar la capacidad de repago.

Las evidentes irregularidades son herramientas de negociación para conseguir una tasa más baja, un extenso cronograma de pago, años sin cancelación neta y flexibilidad en las condicionalidades del acuerdo.

La excepcionalidad del préstamo a Macri habilita una renegociación especial de Fernández, quien va recogiendo respaldo a nivel internacional para fortalecer su posición política en la negociación con el FMI, que es lo mismo que decir con Estados Unidos.

El economista Emmanuel Álvarez Agis hizo el siguiente cálculo entre un acuerdo clásico a 10 años y uno especial a 20. Con el primero significaría que Argentina en vez de pagar esa deuda entre 2021 y 2024 lo haga entre 2026 y 2031, con vencimientos anuales de capital de 7500 millones de dólares durante esos seis años. Sumando los vencimientos con acreedores privados en ese lapso, los pagos de intereses más capital sumaría 16.500 millones de dólares promedio por año, "lo cual luce claramente como inviable", sentenció.

Con un esquema de repago a 20 años, los pagos serían de 12.500 millones de dólares por año.

Estos montos muestran que, con mayor o menor elasticidad en el período de pago (10 o 20 años), lo cierto es que el legado más pesado del gobierno de Macri ha sido el FMIgate, que amarró a la economía argentina por años a esa pesadísima ancla política y financiera.


Las promesas cumplidas, las que aun esperan

De la primera apertura de sesiones del Congreso hasta hoy

El discurso del presidente un año atrás, antes de la pandemia. Las promesas cumplidas: canje de deuda, IVE. Los imprevistos que trajo la peste. Las vacunaciones, avances y datos. Las reacciones ciudadanas. Los escándalos por los privilegios, aquí y allá. Los "estratégicos", hablando en serio.
Por Mario Wainfeld







Alberto Fernández y Cristina Kirchner. 

El presidente Alberto Fernández abrirá mañana las sesiones ordinarias del Congreso en un contexto distópico. Un año atrás, con 80 días de gestión, su discurso de 80 minutos no contuvo menciones a la covid-19. No fue criticado porque pocos la tenían en agenda.

El 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Argentina. Antes de que llegara el otoño el presidente dispuso el Aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) en todo el país con apoyo transversal de los gobernadores y rotundo consenso ciudadano. El mundo cambió: en la alocución de mañana la pandemia será tema central.

La catástrofe sanitaria convulsionó la economía, impactó libertades públicas, reglas sobre fronteras nacionales o internas… tantos etcéteras. En el año transcurrido AF cumplió dos de sus promesas iniciáticas.

Se cerró el canje de deuda con los acreedores privados, negociando con firmeza y consiguiendo tiempo de espera, “comprando” gobernabilidad.

La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue aprobada por el Congreso conjuntamente con la Ley de los mil días. El anuncio conjunto motivó la mayor ovación del lontanáncico 1M 2020.

Los dos logros se concretaron con mayorías superiores a las esperables: entre las aves de rapiña de Wall Street y los senadores nacionales.

Otras promesas se atrancan a medio camino como la Reforma Judicial frenada por la correlación de fuerzas en Diputados.

El Consejo Económico Social tardó en ponerse en marcha, recién arranca por decreto y no por ley.

Las siglas IFE y ATP, que explican gran parte de la inversión social de 2020, no significaban nada.

El Aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas, una medida encomiable precedida de debates internos en el Frente de Todos, escapaba a cualquier radar. Será uno de los factores para reforzar las arcas estatales, un ejemplo de impuesto progresivo. Los multimillonarios más multimillonarios lo resisten: habrá que ver cuántos judicializan su rebeldía por nombrar así a la insolidaridad.

AF anunció el Consejo de Juristas. Durante meses la oposición lo rebautizó “Comisión Beraldi” y vaticinó que se venía la ampliación del número de miembros de la Corte Suprema. Era mentira desde el vamos, tuvo generosa resonancia mediática. No podía ocurrir con la composición del Congreso. No ocurrió. Una de tantas polémicas que produjo movilizaciones cambiemitas entreverada con la canonización de los jueces Bruglia y Bertuzzi cuyos nombres (empero) no figurarán en los manuales de historia futuros.

Donald Trump era favorito para conseguir la reelección presidencial en Estados Unidos. Suponer que el MAS recuperaría el gobierno en Bolivia sin el expresidente Evo Morales como candidato parecía una quimera.

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Ojalá que sea única: La sesión será extraña, con número restringido de legisladores y asistentes. Muches lo harán en modo remoto. Los jueces de la Corte, por ejemplo, armonizando con su idiosincrasia.

La flamante ministra de Salud, Carla Vizzotti, no estará porque se le diagnosticó covid. No se vacunó, lo que aporta a las polémicas sobre el personal estratégico. En esta columna, la semana pasada, afirmamos que el presidente hizo bien al pedir la renuncia del ex ministro Ginés González García. Y auguramos una lluvia de agresiones, fake news y faltas de respeto a Vizzotti. Nos quedamos cortos: hubo alguna soez que rompió todas las marcas.

Subiste el debate pertinente acerca del personal estratégico, funcionarios en particular. el periodista Eduardo Esteban comentó en un reportaje emitido por Radio Nacional AM 870 que en casi ningún país se legisló al respecto. Cada Ejecutivo arbitró criterios haciendo camino al andar, en las provincias argentinas y en otras naciones. La peste causa incertidumbres y novedades, hay que salirles al cruce. El Gobierno fijó criterios ahora.

Lo sensato, opina este cronista, es que se vacunen protagonistas que deben alternar con muchas personas, viajar en ejercicio de sus funciones. Los ministros Martín Guzmán o Felipe Solá por citar ejemplos obvios, para nada únicos. También deben cuidarse funcionarios de su entorno cercano. Las burbujas tienen que acotarse conciliando la necesidad pública con la sensatez para no expandirla demasiado y herir sensibilidades ciudadanas. Equilibrio tan complicado como necesario.

En la coyuntura autóctona fue valioso que se vacunaran el presidente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof para salir al cruce de las denuncias penales por envenenamiento propaladas por la ex diputada Elisa Carrió. Calumnias en sentido jurídico estricto: atribución falsa de un delito. Referencia omitida por casi toda la cohorte de fiscales auto designados,

La movida de AF, CFK y AK causó el efecto esperado. Sin confiar en las encuestas fugaces de opinión (el cronista es ateo de ese Dios) las imágenes costumbristas de gente común vacunándose comprueban que lo hacen con ganas y hasta con alegría. Las familias y amistades celebran, basta recorrer redes sociales. A medida que crezca la cantidad de inoculaciones, si todes empezamos a tener seres queridos en la lista, los antivacunas perderán adeptos.

La cuenta de Twitter @CuantasVacunas informa cifras oficiales. Hasta el 26 de febrero se acercaban al millón entre primeras y segundas dosis. El 1,53 por ciento de la población total.

La llegada de un millón de vacunas Sinopharm, los lotes también millonarios que irán arribando de Sputnik V, de AstraZeneca (sin agotar la nómina) potenciarán la cobertura y elevarán los porcentuales.

Quien quiera munirse de datos sobre reparto en las provincias y porcentajes de aplicación puede acudir a @SantiOlsze, la cuenta de Santi Olszevicki. En general lo hacen a buen ritmo, con disparidades. Es interesante apelar a datos certeros en medio de tanto palabrerío e indignaciones tarifadas cuando no pautadas.

La contagiosa propensión de periodistas a pedir renuncias a granel, acaso imaginando un Martín Fierro en el horizonte, suma un signo de época. La caza de brujas pasa a ser un deporte de verano. El Gobierno prescindió de un gran ministro. No hay tantos (¿no hay?) precedentes comparables en la etapa democrática. El macrismo concretó una conducta diametralmente opuesta durante su mandato. Hoy en día exhibe otros flancos débiles, dignos de un párrafo especial.

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Párrafo especial sobre otros privilegios: Ginés y el periodista Horacio Verbitsky están en la mira pública, expresaron su posición, reciben sanciones, reproches o adhesiones variadas. Construyeron reputación durante décadas, cometieron un error grave, quedaron en la picota pública.

Fustigar los privilegios impone una mirada más amplia que el primer escándalo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se implementan distintos mecanismos de privilegio. No ilegales, tal vez, aunque sí repudiables. La primacía otorgada a prestadoras de salud privadas es inequitativa, clasista en tendencia. Cobertura de cien por ciento para sus clientes o afiliados mayores de 80 años. En detrimento de las personas comunes de ese colectivo y del PAMI. Esta última omisión comienza a repararse, la noticia está en desarrollo, veremos cómo funciona. Ojalá que bien y equitativamente… nadie desea otra cosa.

El sesgo privatista de Larreta se patentizó en el vacunatorio de River. Profesionales de la salud que trabajan remoto (muchos en actividad privada) fueron privilegiados ante laburantes del sector público, incluyendo los de atención primaria. De nuevo: podrá ser legal, es anti ético.

En 2020 AF celebró en el recinto la firma de la Paritaria Nacional Docente. Mañana tendrá oportunidad de ensalzar la cerrada anteayer y prometer medidas para reparar desigualdades entre pibes y pibas acentuadas durante el 2020. El regreso paulatino y cuidado a las aulas constituye un desafío primordial del presente que nadie intuía en el pasado cercano. Los méritos de los docentes, sus sacrificios, necesitan un espaldarazo oficial, en los hechos y también en el uso de la palabra.

El Gobierno propone como objetivo de este año que los salarios le ganen a la inflación, un propósito que le viene costando. En parte por la pandemia, en parte por la negativa de las grandes empresas.

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Las malformaciones de precios: Alberto Fernández leyó el discurso que desarchivamos. Habló en tono pausado, controlando estridencias. La mayor diatriba cayó sobre los formadores de precios de productos básicos a quienes acusó de remarcar preventivamente. El conflicto sigue en pie.

La derecha económica eligió como rival al oficialismo, milita con Juntos por el Cambio. Es su derecho. La adhesión a los grandes acreedores externos y el hostigamiento a Guzmán justifican una valoración más severa: lindó con lo anti patriótico.

Las maniobras PRO devaluación combinaban afán de lucro y de hacer zozobrar al gobierno. Toda lectura de ese universo timbero es precaria. Con esta salvedad, apuntemos que la ofensiva parece haber sido controlada. Hoy en día, Argentina ofrece una novedosa singularidad financiera; el dólar ilegal (apodado “blue”) vale menos que el venden los bancos legalmente a los "ahorristas". La recaudación progresa, en buena dosis merced a los ingresos por retenciones. La cotización internacional de la soja da una mano. En la Casa Rosada y zonas de influencia se confía en que los ricachones venderán divisas para pagar el Aporte Solidario. Y que el blanqueo concedido para fomentar la construcción aportará una millonada interesante. Habrá que ver, sosteniendo la discusión sobre la moralidad de los blanqueos.

Como apéndice, entre paréntesis (¿no fue un privilegio odioso el concedido por el ex presidente Mauricio Macri para su famiglia? No se pedían tantas renuncias antaño).

Controlar la inflación, reducirla gradual y firmemente sigue siendo una deuda de este gobierno, una de las claves para su porvenir.

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La derecha callejera: Una derecha intratable domina todavía la región y buena parte de Europa. Su capítulo argentino intentó noquear a Fernández desde el primer día. Se manifestó contra “todo”: desde acciones concretas hasta fantasías inventadas como la ampliación de la Corte. Ahora cuenta con un escándalo real, intenta hacerse fuerte, sin mirarse al espejo.

Las elecciones de medio término pueden ser un termómetro. Fueron difíciles para el kirchnerismo que no gana una desde 2005. Un punto a su favor: por primera vez desde 2001 el peronismo concurrirá unido a la competencia.

Perdón por una auto referencia; la bola de cristal del cronista no funciona bien, está lenta y empañada. Predecir resultados para dentro de unos meses le es problemático. Por ahí, interpreta el autor de estas líneas, “la gente” votará mirando su mundo cercano: el trabajo, los ingresos, la salud, el piberío en las escuelas. Con esas variables en un platillo de la balanza se calibrará el contrapeso del escándalo.

En la previa a la Asamblea Legislativa el presidente tuiteó pidiendo a quienes quieren movilizarse: “Con mi sincera gratitud antes que nada, les pido que sigamos dando el ejemplo y que esta vez cada uno siga mi mensaje en forma remota. Desde sus casas o desde sus lugares de trabajo. La pandemia aún nos ataca. Nosotros cuidemos al prójimo aunque otros no lo hagan”.

Un buen ejemplo en medio del batifondo propio del espacio público. Distinto a los gritos, a la furia. Y, con franqueza, a la alarmante desconexión que mostraron funcionarios y militantes oficialistas al vacunar o vacunarse apelando al acomodo. Algunos pidieron perdón, otros se empacaron en ignorar las necesidades y las valoraciones de la gente de a pie.

Mañana comienzan las sesiones ordinarias del Congreso nacional y las clases en varias provincias. Casi nada. Estas historias continuarán.


El oficialismo quiere llevar el proyecto al recinto el 14 de marzo

Ganancias será el primer debate en Diputados

El Frente de Todos incorporará algunas de las modificaciones que reclamaron los diputados de extracción sindical que forman parte del bloque que conduce Máximo Kirchner.
Por Agustin Alvarez Rey






Moyano presentó un proyecto complementario al de Massa.  
Imagen: Guadalupe Lombardo

El proyecto de ley del oficialismo que modifica el impuesto a las Ganancias y fija un nuevo piso de 150 mil pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el tributo llegará al recinto de la Cámara de Diputados durante el mes de marzo. Si bien la citación oficial de la Comisión de Presupuesto y Haciendo no llegó a los despachos de los diputados, desde la conducción del bloque oficialista le confirmaron a Página/12 que la intención es “comenzar a trabajar luego de la apertura de sesiones, probablemente el próximo martes”.

El texto que presentó Sergio Massa ya cuenta con varias modificaciones que fueron acordadas con los diputados de extracción sindical. Los aportes quedaron plasmados en la iniciativa que presentó formalmente Facundo Moyano el último viernes en la mesa de entrada de la Cámara baja.

Modificaciones

Desde el entorno de Moyano explicaron que “el proyecto es complementario al de Sergio Massa” y que “la idea es aportar, sumar a la iniciativa ya presentada”. En ese marco, según pudo saber este diario, las sugerencias que ya fueron aceptadas para ser introducidas en el proyecto tienen que ver con deducciones por viáticos y almuerzos y también con la incorporación de beneficios puntuales para los hogares monoparentales.

Si bien la idea del oficialismo era comenzar el debate durante el periodo de sesiones extraordinarias, las modificaciones sufridas por el proyecto original hicieron que los tiempos se dilatarán. Ahora, con el visto bueno del Ministerio de Economía, los legisladores podrán empezar a debatir en Comisión. Desde el bloque del Frente de Todos anticiparon que de cumplirse con el cronograma previsto la norma sería tratada por el pleno el próximo 14 de marzo.

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en Diputados, Cecilia Moreau, anticipó lo que será el tono del primer debate del año electoral en la Cámara baja. “Aún retumba en los oídos la promesa de Macri de que en su Gobierno los trabajadores no iban a pagar ganancias y no fue así", sentenció.

Acuerdos pendientes

El punto sobre el que aún no hay acuerdo ni definición tiene que ver con exceptuar a todos los jubilados del pago del tributo. La discusión ya fue planteada por los diputados que se reunieron con Massa en nombre de los sindicatos, pero también será planteada por algunos de los legisladores de la oposición. Más allá de las sugerencias y peticiones todos los diputados del oficialismo acompañarán la medida. Los diputados más cercanos a la CGT se sentarán en al Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Carlos Heller con la certeza de que el esfuerzo fiscal del Estado será grande y que el proyecto que se pondrá a consideración benéfica a los trabajadores, pero no están dispuesto a dejar de lado las propuestas que la central obrera viene repitiendo desde el 2013.

La otra discusión que aún no fue saldada tiene que ver con la posibilidad de incluir una formula de actualización automática que incluya el promedio de suba salarios de los trabajadores en relación de dependencia y la inflación. El texto presentado por Massa establece una actualización anual atada solo al promedio de suba salarial, algo que para los dirigentes sindicales no alcanza. En ese marco, desde los gremios presionan para que el proyecto contenga una ecuación que permita terminar con los procesos que llevaron a que cada vez más trabajadores tributen el impuesto a las Ganancias. Algo que, a su entender, el proyecto del oficialismo no garantiza.

En ese marco, desde Camioneros, recordaron que antes del comienzo de la pandemia la intención del Gobierno era ir eliminando paulatinamente el impuesto a las Ganancias y que esa discusión se iba a dar dentro de una reforma tributaria integral.  La pandemia y sus consecuencias económicas demoraron la discusión, sin embargo dentro del bloque oficialista no descartan que el debate tributario pueda ser parte de la agenda 2021 en el Congreso.

Más allá de los reclamos por mayores beneficios que puede haber desde adentro del bloque que comanda Máximo Kirchner y de los cuestionamientos que puedan surgir desde la oposición, el proyecto ya cuenta con los votos necesarios para ser aprobado tanto en Diputados como en el Senado. Dentro de ese escenario el oficialismo se muestra optimista sobre el desarrollo del derrotero parlamentario y sostiene que antes de que finalice el mes de abril la modificación del impuesto a las Ganancias será sancionada por el Congreso. 


Los números de la pandemia 

Coronavirus en Argentina: se registraron 5.469 contagios y 59 muertes 

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas el número total de contagios desde el comienzo de la pandemia ascendió a 2.104.197, en tanto que los fallecimientos se ubican en 51.946.













Imagen: NA

El reporte del Ministerio de Salud confirmó 59 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 51.946. Además se registraron 5.469 contagios, según el informe de la cartera que comanda Carla Vizzotti. Con estos registros, suman 2.104.197 los contagios desde que comenzó la pandemia.

Además, fueron realizados 40.095 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​7.405.891 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad.

Hay por el momento 3.494 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,2 por ciento a nivel nacional y en un 60.4 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. 

Noticia en desarrollo 

Fuente:Pagina12

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