Un país ajeno al despertar continental
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2021.
«Los libertarios crecen a medida que la izquierda anticapitalista (cultivando estilos apolíneos) gasta sus días en prácticas fragmentadas, testimoniales o conmemorativas, a medida que las dirigencias de las organizaciones populares y los movimientos sociales piensan burocráticamente en administrar la gobernabilidad más que en organizar el conflicto. ¿Qué pasará cuando entre en erupción la bronca acumulada?».
Miguel Mazzeo
La revancha de la América Profunda
Este continente sistemáticamente estafado y tantas veces mancilladlo, que periódicamente parece perder su rumbo víctima de la Maldición de Malinche, afortunadamente cada tanto refresca las memorias de su encubrimiento y vuelve a transitar la senda trunca de sus libertadorxs.
Aquel inmenso nostramericano que fue Eduardo Galeano hizo escuela enseñándonos a interpretar el damero global de la realidad a partir de acontecimientos a primera vista ínfimos.
Recuperando su singular estilo, no correspondería pasar por alto que recientemente en México – por ejemplo – las comunidades indígenas de Michoacán votaron y expulsaron de sus territorios 92 puntos electorales. A partir de ello, sin partidos políticos, deciden administrar autónomamente sus recursos.
El hecho ocurrió en las últimas elecciones de diputados, gobernantes, alcaldes y autoridades locales. Al respecto, el Consejo Suprema Indígena de Michoacán informó de la no instalación de los puntos electorales en 20 de sus comunidades.
Dicha instancia también señaló que la decisión fue tomada en las asambleas generales, como expresión concreta de su libre autodeterminación política.
Así, los pueblos originarios de Michoacán avanzan soberanamente, lejos de gobiernos y partidos amparados en una institucionalidad que perpetua el poder de la casta política y los intereses económicos de los ricos. Acaso un ejemplo singular, pero demostrativo de que hay un camino posible de ensayar.
Las generaciones que hoy se levantan a lo largo de Nuestra América exigen cambios de fondo porque la pandemia muestra lo más despiadado de un sistema – mundo regido por el capital financiero trasnacional, que lejos de ceder y mostrar un rostro humanitario, negocia con las vacunas como nuevo instrumento de dominación y disputa mundial. No solo eso, sino que los sectores dominantes tampoco quieren ceder terreno en reducir su tasa de ganancia, pese a que muchos de ellos han ganado como nunca en este año y medio de pandemia, mientras millones de semejantes caen en el hambre y la muerte, se profundizan las diferencias sociales y se incrementa la precarización laboral, a la par de las políticas que destruyen los ecosistemas, envenenan pueblos enteros, contaminan y destruyen la tierra.
Estas cuestiones están en el ADN de una nueva configuración continental. Es mucho el acumulado de estos últimos años, agravado ahora exponencialmente por la pandemia mundial.
Las mujeres, lxs jóvenes y los pueblos originarios son protagonistas de los cambios. Nada es casual, desde lo más hondo de Nuestra América exigen manejar el futuro y se aprestan a conquistarlo. El camino no es lineal, tiene idas y vueltas, pero exigen que los Estados, cuando se imponen gobiernos que pretenden responder a las mayorías, estén a la altura de las necesidades, ya no de la emergencia, sino la de empezar a formatear una institucionalidad capaz de defender y construir soberanía, cuidando el medio ambiente, con perspectiva de género y transitando la plurinacionalidad en todos sus niveles.
En Chile, la revuelta originada en octubre de 2019 fue un punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva etapa política en ese país. Se puso en discusión todo y se conquistó la convocatoria a una Asamblea Constituyente sin precedentes que – muy a pesar de sus limitaciones – va a cambiar la vigente, impuesta por el dictador Pinochet: Primero se arrancó el plebiscito y posteriormente se eligieron los representantes que trabajarán en la Asamblea. Por primera vez en el continente se integra una Asamblea con perspectiva de género, expresada en su composición. Y por primera vez hay 17 bancas sobre 155 para los pueblos originarios.
Los grandes ganadores fueron lxs candidatas independientes, sin partido, que estuvieron en la primera línea de batalla contra los carabineros en las históricas jornadas que aún sacuden al país andino. En su conjunto, esas listas obtuvieron un tercio de la Asamblea. La derecha sufrió una de las peores derrotas de la historia y las opciones de izquierda – como el PC en alianza con la centroizquierda -, también obtuvieron numerosas bancas y se alzaron con la Alcaldía de Santiago de Chile. Sin ir más lejos, el candidato que lidera las encuestas para las próximas elecciones presidenciales es afiliado al Partido Comunista.
Lo que sucede en Chile o Perú, también se vio en Ecuador, donde gigantescas luchas precedieron a las elecciones y fueron los candidatos Arauz y Yaku Pérez quienes expresaron las opciones emergentes de esas luchas, si bien fueron separados, lo que posibilitó el triunfo con denuncias de fraude del banquero Guillermo Lasso en el balotaje. Más allá de ese resultado, lo ocurrido también forma parte del nuevo escenario que se va configurando en la región, donde la radicalización de las luchas fuerza crisis políticas de gobernabilidad, frecuentemente aprovechadas por opciones populares que se unen para derrotar a enemigos poderosos en los procesos electorales, tensionando las reglas de juego del sistema, mientras la correlación de fuerzas no se presente favorable aún para transformar un auge de luchas, en una situación revolucionaria que se aproxime al poder.
La masacre sobre el pueblo Colombiano, confirma un panorama en el que a los gobiernos abiertamente fascistas como el de Iván Duque – llegado el momento, y sobrepasados por las luchas – no dudan en recurrir a sus fuerzas represivas y grupos paramilitares para masacrar al pueblo. Sin embargo, cientos de muertos, desaparecidos y torturados, no consiguen frenar las luchas, cuyos protagonistas van ensayando nuevas formas de resistencia a la represión brutal.
Justamente, en el comunicado en que se anunció el levantamiento del Paro Nacional, sus promotores anunciaron varias estrategias nuevas que pondrán en marcha a partir de ahora. Una de ellas es la realización de asambleas populares, eventos pedagógicos para explicar el contenido del Pliego de Emergencia; la segunda es la presentación de proyectos de ley que contengan las principales reivindicaciones del Paro Nacional el próximo 20 de julio, al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la República; la tercera son jornadas artísticas y culturales, y el llamado a una movilización nacional el próximo 20 de julio.
Se trata pues de darse un respiro que permita reorganizar las fuerzas para las nuevas batallas que se avecinan en todo el territorio colombiano. El desenlace está en marcha y de seguro tendrá repercusión en las próximas elecciones presidenciales faltando menos de un año.
De modo que los procesos de masas son la principal escuela de cuadros a la hora de adquirir conocimientos para mejor librar la lucha de clases. El rol de los partidos y herramientas políticas amplias de unidad, es sin duda el de ganarse el corazón del pueblo buscando la síntesis que arroje su práctica para poder contribuir a que éste avance a saltos en su organización y preparación. Uno de los factores más importantes que emerge estriba en saber diferenciar la conquista de un gobierno con la conquista del poder. El papel de la subjetividad es fundamental a la hora de encontrar el rumbo a la explosión de las luchas.
Los avances en estos procesos impusieron algunos gobiernos que expresaron alianzas de clases electorales, mostrando que es necesario en determinados momentos, lograr unidades amplias y heterogéneas para superar a rivales de expresiones reaccionarias poderosas como el macrismo. Por otra parte, una vez conquistado el gobierno, los sectores populares deben coordinar su acción para lograr la hegemonía y avanzar en medidas que beneficien al pueblo. Esta es una acción permanente en una coalición heterogénea mientras se sostiene la unidad frente a los enemigos de la Nación.
El papel de la subjetividad radica en saber analizar los cambios en este nuevo auge de luchas en curso, aportar herramientas e iniciativas que ayuden a que no se detenga la marcha del pueblo por sus necesidades, sobre todo allí donde se ha logrado imponer gobiernos progresistas y populares.
Los procesos mencionados fueron demostrando que la unidad del pueblo se va forjando en la medida que recupera conquistas y adquiere certezas, no acerca de un camino de llegada, sino del inicio de una lucha por el cambio de la matriz económica que tendrá expresiones en la recuperación de áreas propias de producción soberanas, a la vez que irá recortando el poder de los monopolios y terratenientes. Este proceso, que no es corto, deberá repercutir en los cambios en la superestructura política para defender lo conquistado en la base económica y profundizar la marcha general del proceso emancipatorio.
Todo eso ha estado presente en una lucha con idas y vueltas en diversas experiencias regionales durante la etapa anterior al inicio del actual siglo, donde se conquistaron derechos pero no se avanzó en desarmar esa estructura económica dependiente y latifundista que predomina en la región, que sostiene modelos agro exportadores contaminantes de materias primas. Los sectores monopólicos que sustentan las expresiones políticas de la derecha, salieron fortalecidos y fueron los que dieron golpes de Estado y prepararon como nunca una red en la justicia y los medios masivos de comunicación, base de Fake News y Lawfare contra todo aquel que desafiara sus políticas. Se alimentaron de la división del pueblo, del control de los resortes claves de la economía, la justicia, las FFAA y seguridad.
Las enseñanzas que dejan demuestran que los procesos de cambio son largos, que revisten de diferentes aspectos según el sector, pero que todos tienen como común denominador que la acción debe ser permanente, tener plena confianza y empoderar al pueblo para que sea protagonista y no mero espectador.
Esa acción permanente del pueblo para hacer respetar y llevar adelante sin pausa las etapas, una vez ganado el gobierno es fundamental para defender lo conquistado mientras se va dotando de certezas al pueblo para que protagonice una transición que en muchos momentos será violenta, ya por acción de la derecha o por las concesiones y desviaciones del rumbo popular.
La nueva configuración que se va desarrollando en Nuestra América reclama y exige ir hasta el hueso en la soberanía, con un Estado presente y atiento a las necesidades populares, que ponga coto al poder monopólico de bancos y terratenientes, hasta ahora ganadores en cualquiera escenario.
Los nuevos vientos exigen instrumentos políticos de cambio que contribuyan al protagonismo del pueblo. En un mundo multipolar, el futuro está en saber aprovechar las contradicciones entre los poderosos para fortalecer el camino independiente hacia la liberación nacional y social.
Martín Guzmán como aguafiestas del oficialismo ante las PASO
Lo que hasta hace algunos días era la agenda para la campaña rumbo a las elecciones de octubre en Argentina, enfrenta ahora un súbito cambio de escenario. La rápida propagación de los contagios de Covid, en la indisimulable y potente segunda ola de la pandemia – que incluye la aparición de cepas aún más virulentas – obligó al oficialismo a modificar los planes. El contagio del Primer Mandatario no hizo más que acelerar tales decisiones.
Los funcionarios tienen su agenda repartida entre las medidas que sirvan para confirmar la recuperación de la actividad económica, tras el apagón de parte del año pasado, y aquellas iniciativas que permitan pasar esta segunda ola sin alteraciones profundas.
Está claro que a nivel macro, hoy el tema más preocupante remite a la aceleración inflacionaria. Después de un trimestre con una inflación en torno al 12%, se produjeron subas en varios de los alimentos que componen la canasta básica familiar.
El Banco Central no queda exceptuado de la regla. Miguel Pesce tiene configurada una estrategia para enfrentar el agravamiento del escenario sanitario.
Básicamente, el objetivo pasa porevitar una presión cambiaria en plena segunda ola. La novedad es que esa pretensión excede al canal «oficial». Sino que incluye a todos los dólares del mercado. Los denominados dólares «alternativos» (contado con liqui y MEP) y el «blue».
Lo viene logrando: la estabilidad ganada en el tipo de cambio mayorista (oficial) se trasladó al resto. Aunque con costos de reservas por la intervención de la autoridad monetaria en el mercado del MEP y el CCL.
Para los próximos días, la situación luce inmejorable. Al menos en los papeles. Los chacareros deberían liquidar una porción de la cosecha de soja, lo que ayudará al Banco Central a mantener estabilizado el frente cambiario y a recomponer las reservas.
Aunque sobre este último punto subsisten las dudas. Un repaso por los datos del primer trimestre acrecienta esa incertidumbre.
Entre enero y marzo último, la liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador alcanzó a u$s 6.720 millones. Se trata de un volumen récord para un primer trimestre. Ni siquiera se había logrado en los momentos de mayor estabilidad financiera de los últimos años.
De esos u$s 6.720, el Banco Central pudo comprar u$s 2.178 millones. Sin embargo – y aquí va el dato revelador y complejo de la actual dinámica – de ese monto total, las reservas sólo crecieron en u$s 152 millones. Apenas el 7% de lo que la mesa de operaciones del BCRA compró en el mercado.
Para pasar en limpio: durante el trimestre de liquidación de divisas récord, el Banco Central prácticamente no pudo acumular nada.
No obstante, el “vaso medio lleno” indica que al menos el Central dejó de perder divisas, que es lo que venía ocurriendo hasta finales del año pasado.
La otra novedad tiene que ver con algo que influirá durante la campaña hasta octubre. Y es que parte de los dólares que el BCRA no pudo acumular se fueron en intervenciones en el mercado cambiario «alternativo».
Lo que sucedió en los últimos meses fue que el Central usó unos u$s 200 millones mensuales a intervenir en el mercado del»contado con liqui»y del MEPpara estabilizar las cotizaciones «alternativas», que quedaron por debajo del dólar «ahorro».
Se trata de una modalidad que llegó para quedarse. Que la mesa del BCRA mantendrá en tanto y en cuanto continúe la dolarización a través de esos mercados. El Gobierno no está dispuesto a permitir un ensanchamiento de la brecha cambiaria durante la campaña rumbo a octubre. Y mientras se extienda la negociación con el Fondo Monetario.
En el equipo económico hay voces que admiten que labrechapor encima del 100% – vista en octubre, con el «blue» orillando los $200 – fue responsable de la presión inflacionariade los últimos meses.
Por eso mismo, los funcionarios no están dispuestos a convalidar un salto de esa brecha yse mantendrán las intervenciones.
Otra arma para «pelearle» a la inflación – que el Banco Central ya demostró que está dispuesto a usar – refiere al ancla cambiaria de la cotización del «oficial» (dólar mayorista).
Los últimos números resultan elocuentes:
● En diciembre de 2020, con una inflación del 4%,
la cotización del dólar subió 3,5%.
● En enero, con una inflación del 4%, el dólar se elevó 3,75%.
● En febrero, los precios subieron 3,6% pero el dólar lo hizo un 2,9%.
● Y en marzo, contra una inflación cercana al 4%,
la cotización del dólar subió apenas el 2,4%
Como queda de manifiesto, en los últimos meses, el Banco Central puso en marcha un objetivo de devaluación por debajo de la inflación, con lo cual intenta apaciguar la expectativa inflacionaria.
¿Alcanzará con esa medida para desacelerar la dinámica de los precios? ¿O, por el contrario, lo único que logrará es que en algún momento el «mercado» descuente una futura devaluación?
Obviamente, todo dependerá de que el Gobierno acompañe esta medida con otras, como el plano fiscal. Lo mismo que el escenario monetario. El propio Martín Guzmán habla de una inflación «multicausal».
Por lo pronto, el escenario monetario del año pasado es irrepetible. Durante el primer trimestre de 2020, el Banco Cental emitió la friolera de $600.000 millones. En este 2021, la situación es bien distinta: la emisión para el Tesoro resultó de «apenas» $70.000 millones.
Guzmán se planteó un ordenamiento fiscalmuy prolijo, en línea con la esperada recuperación de la actividad económica. De hecho, una alta fuente del Ministerio adelantó que las últimas recaudaciones vuelven a exhibir cifras «muy positivas».
En simultáneo, el ministro quitó prácticamente toda la asistencia (gasto Covid): la última distribución del IFEfue en agosto del año pasado. Y el ATP(salarios complementarios a cargo del Estado) se mantuvo hasta diciembre. Desde ese momento se pagan parte de los salarios a través del Repro II, que es un programa más limitado que el ATP.
No fue el único ajuste en marcha: los salarios de la administración pública también quedaron bien por debajo de la inflación. Mientras que las jubilaciones se actualizaron 35,3%, un punto menos que la inflación, pero lejos del 42% que les hubiera correspondido en caso de que no se suspendiera la antigua fórmula.
El Gobierno ya probó lo costoso que puede significar un desvío de la consistencia fiscal. Tras la emisión récord – de alrededor de $2 billones a lo largo de 2020 -, el dólar «blue» llegó a los $195. Bajarlo de ese nivel fue muy trabajoso, asumen en el equipo económico. Y llevó tiempo.
Por eso mismo, ahora se montó una estrategia – para algunxs razonable, para otrxs rudimentaria – para intentar que el escenario financiero y económico se sostengadurante los próximos meses. Mientras la pandemia se extiende a la espera de más lotes de vacunas anti Covid.
En este contexto, las tensiones entre la cartera económica y el Instituto Patria escalan, en la medida en que trascienden algunas encuestas desalentadoras para el oficialismo en el distrito bonaerense, ineludible trampolín para sostenerse en el gobierno.
En tanto, algunas organizaciones sociales otrora afines a la coalición gobernante comienzan a desmarcarse insatisfechas, mientras los sectores populares más beligerantes entretejen alianzas cada vez más voluminosas, dispuestos a permanecer a pie de calle reclamando derechos desatendidos.-
La Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos denuncia la
situación de continuo abuso institucional
del gobierno de la Provincia del Chubut
Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021
¡ALERTA EN CHUBUT! video LA SITUACIÓN ES GRAVE POR LOS ABUSOS INSTITUCIONALES COMETIDOS
LO ADVIERTE LA APDH – DERECHOS HUMANOS-
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) en alarma por la grave situación que atraviesa la población de la provincia de Chubut
Lxs miembrxs de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina y sus Regionales Noroeste del Chubut, Esquel y Junta promotora Este del Chubut; H.I.J.O.S. Puerto Madryn; la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) Patagonia; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) Regional Trelew; La Minka – Colectiva por los Derechos en Salud; Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Colectivo de Derechos Humanos y Acción Grupal Antirrepresiva (AGARRE), de El Bolsón, se reunieron de manera virtual con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla y con Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la misma Secretaría.
Las organizaciones plantearon con profunda preocupación la escalada de violencia institucional que se vive en el territorio de la Provincia del Chubut; abordaron en forma específica la trágica situación vivida en la Comarca Andina en la que fuera fusilado por el grupo Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP) el vecino Martín Alejandro “Tino” John; y escucharon y dieron su apoyo a Claudia Costa Basso, pareja de Tino. “Me hacen creer que puede haber justicia” comenzó diciendo Claudia y agregó ”Esta tragedia me partió la vida”. Recordemos que Tino John, vecino con padecimiento mental, fue asesinado el día 27 de mayo pasado en una arremetida violenta del GEOP y en un operativo totalmente irregular en el que la orden judicial fue presentada cuando ya había pasado todo, sin presencia de Fiscales ni personal de Salud y mientras se mantenía maniatada a Claudia.
Las Organizaciones sostuvieron que no se trató de un hecho aislado sino que es una consecuencia directa de la política sistemática de violación a los Derechos Humanos avalada y sostenida por el máximo responsable político, el Gobernador Mariano Arcioni. Se dieron numerosos ejemplos de la violencia policial ejercida sobre la población en general, y sobre las y los militantes sociales y ambientales en particular, en el territorio chubutense. Se informó, además, que las numerosas denuncias realizadas por la población se congelan en el laberinto judicial mientras que las que son impulsadas por el Ministro Massoni y/o los Jefes policiales – cuya actuación fue también severamente cuestionada – adquieren un rápido trámite.
La provincia se ha convertido en un lugar inseguro, sin garantías, sobre todo a partir de la Resolución Ministerial N° 145/2020 inconstitucional, que sanciona un Protocolo Policial prácticamente calcado del Protocolo Bullrich, que enaltece la doctrina Chocobar. Esta Resolución y la Ley Orgánica Policial XIX N° 5, resabio de la Dictadura, configuran el marco normativo en el que amparan sus políticas y actos violentos el Gobernador Mariano Arcioni y su Ministro de Seguridad.
Las Organizaciones presentaron un petitorio al Secretario de DDHH Pietragalla en el que solicitaron entre otras cosas, controlar preventivamente al accionar policial, investigar los casos de violencia institucional que están paralizados; que la Secretaría se constituya como querellante en la causa Tino John; manifestaron que les preocupa que el mismo Fiscal que intervino pidiendo el allanamiento que culminó con la intervención del GEOP en el caso de Tino Jhon, sea quien lleve adelante la investigación sobre los hechos producidos por ese grupo el día 27 de mayo pasado.
A su vez exigieron, junto a la familia, que la investigación sea realizada por fuerzas ajenas a la provincia. El petitorio también incluye que la Secretaría de DDHH de la Nación impulse la derogación de la Resolución 172/2018 (el Protocolo de actuación de la policía en manifestaciones públicas) y la Resolución Ministerial N° 145/2020 (protocolo para la utilización de armas de fuego en situaciones con armas blancas); que exija a la provincia del Chubut que, en tanto no exista un protocolo específico de actuación social, adhiera a la Ley 506/2013 del Ministerio de Seguridad de Nación, sobre «Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad. Pautas de intervención para determinadas situaciones». También solicitaron que presente un pedido de informes sobre la situación en que están los pedidos de juicio político a Arcioni y Massoni.
Por su parte, Horacio Pietragalla dijo estar informado del caso John, que la Secretaría está en contacto con su pareja Claudia y están analizando las acciones a seguir.
La Secretaría nacional, además, ha enviado notas al Gobierno de Arcioni pidiendo informes sobre el Protocolo Policial y no recibe respuesta alguna. Dado el estado de situación, las Organizaciones iniciarán una serie de acciones entre las que se cuentan denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la falta de garantías constitucionales en Chubut – lo que ampliaría la denuncia presentada ya por la APDH en relación con el incumplimiento en el pago de salarios y haberes jubilatorios – y judicializar la Resolución 145/20 del Ministerio de Seguridad.
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS, LAS ORGANIZACIONES QUE CONFLUYERON PARA PEDIR ESTA REUNIÓN URGENTE CON EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN, PUBLICARÁN UN BALANCE DEL ENCUENTRO Y AMPLIARÁN SOBRE LAS SITUACIONES Y HECHOS DENUNCIADOS.
Dirigentes sociales, de Derechos
Humanos y personalidades dan a
conocer un manifiesto titulado: «El
hambre no es una opción»
Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021.
foto Adolfo Pérez Esquivel, uno de los firmantes del manifiesto.
Encabezado por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Victor Hugo Morales, Rafael Klejzer y varias decenas de sindicalistas, dirigentes sociales, de DD.HH, artistas y otras personalidades, se dio a conocer un manifiesto donde se protesta por los abusos que se cometen a diario con el aumento de los precios de los alimentos de primera necesidad.
En la declaración se señala como responsables a los grupos conocidos como Molinos Río de la Plata, Ledeesma, Kraft, Unilever, Mastellone, Arcor, Molinos Cañuelas y otros, a cuyos CEOs se pide que sean citados al Congreso de la Nación para que rindan cuentas de como y por qué fijan aumentos que no corresponden, afectando a los sectores populares. El texto termina con la consigna; Basta de especular, el hambre no es una opción.
TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN:
Numerosos peruanos y peruanas
exigieron en Buenos Aires, Rosario
y Córdoba que Pedro Castillo sea
proclamado presidente
Resumen Latinoamericano 19 de junio de 2021
Numerosos peruanos y peruanas se concentraron este sábado frente al Obelisco porteño, y también en Rosario y Córdoba, en solidaridad con sus compatriotas que en Lima marchaban por miles. El objetivo: exigir que se reconozca la victoria de Pedro Castillo y sea proclamado Presidente del Perú.
Con banderas, música, danzas y también varios oradores y oradoras, paertidarios de Perú Libre y Nuevo Perú más muchos y muchas personas autoconvocadas demostraron en unidad y con firmeza que no están dispuestos que el fascismo representado por la narcocandidata Keiko Fujimori, les arrebate el triunfo.
“Queremos estar en la toma de
decisiones”: la respuesta de las
sindicalistas a la foto de Moyano
Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2021.
La semana pasada se hizo viral un tweet del diputado Facundo Moyano con la foto de una reunión con sindicalistas sub 55 de diferentes sectores, que versaba sobre el trabajo, la democracia sindical y perspectiva de género en los sindicatos. Y, ¿saben qué? Solo varones cis en la mesa. La respuesta de las mujeres que integran las principales entidades gremiales del país fue clarísima: “Paridad en lo laboral y paridad en lo sindical”.
“Basta chicos” fue una de las frases más escritas en redes sociales ayer, sobre o junto a la captura de pantalla del tweet de Moyano. El diputado nacional publicó una foto de la reunión que tuvieron el pasado 15 de junio -en la sede de Aeronavegantes- referentes de distintas áreas gremiales donde dicen haber charlado “sobre la importancia de hacerle frente a las demandas actuales de los trabajadores en base a tres objetivos: futuro del trabajo, democracia sindical y perspectiva de género en los sindicatos”.
Paradójicamente, la foto que acompaña el tweet muestra una reunión donde solo participaron varones cis, evidenciando una desigualdad histórica y aun existente en el ámbito sindical. Mujeres integrantes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), de la CTA Autónoma, de la Confederación General del Trabajo (CGT), Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de los Trabajadores y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), y referentes -de distinto color político- del país salieron al cruce de una publicación que, mínimamente, provoca indignación.
¿Puede ser que aún después de las conquistas feministas, el sindicalismo siga sin hacerse eco y hablando en nombre de las mujeres que vienen trazando un sindicalismo feminista y que no aparecen en la foto sentadas a la mesa? Sí, puede ser. Pero el sindicalismo, históricamente construido sobre bases patriarcales, deberá enterarse que no habrá futuro ni democratización sindical ni perspectiva de género sin las mujeres y sin las disidencias. El camino empezó hace tiempo y la transformación no será sin este entramado que ya se está construyendo otras formas sociales y políticas.
“Queremos igualdad. Quienes elegimos la militancia sindical como una forma de vida, de ver el mundo y de defender a quienes trabajan, sabemos que la lucha de fondo está lejos de ser alcanzada, queremos estar en la foto, dirigentes sindicales sobran, pero también queremos estar en la toma de decisiones. Idénticas oportunidades laborales, inserción al mundo del trabajo sin segregación, licencias igualitarias, reparto equitativo de las tareas de cuidados, convenios colectivos con perspectiva de género, cupo laboral trans, erradicación de la violencia laboral y de género. Paridad en lo laboral y paridad en lo sindical. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad”. El comunicado de mujeres y diversidades sindicalistas feministas sintetiza en un párrafo las luchas que estamos teniendo y seguiremos dando.
Desde Córdoba y en diálogo con La tinta, Leticia Medina, Secretaria Gremial de ADIUC (Gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba) e integrante de la Intersindical de Mujeres de Córdoba, dijo: “Las mujeres sindicalistas venimos construyendo una agenda desde hace tiempo y la venimos construyendo en espacios de organización y articulación que son muy potentes y muy novedosos, y que, además, no son solo de Buenos Aires, sino también ocurren en el interior del país: Córdoba, Mendoza, Rosario. Y esta agenda es una agenda de género, pero no es una agenda para las mujeres ni de las mujeres solamente, sino que es una agenda para el sindicalismo y para el futuro del trabajo en perspectiva de género”.
La Intersindical de Mujeres de Córdoba es un espacio de articulación entre un conjunto de sindicatos de las distintas centrales de nuestra provincia y de algunas organizaciones de la Economía Popular y barriales. Desde este espacio, Medina afirma que “para nosotras, discutir el futuro del trabajo también es una prioridad y poder pensar ese futuro -y también el futuro del sindicalismo- con una mirada de igualdad es también absolutamente imprescindible. Es decir: no escindir la agenda de género del resto de las agendas de temas sindicales, si no, parece que el género fuera un accesorio, como ese mantel que se ve en la mesa”, concluyó la investigadora y docente refiriéndose al mantel color violeta (muy simbólico de las luchas feministas) de la foto de Moyano.
Queda mucho camino por recorrer, evidentemente. Para muchos dirigentes, no alcanza el marco normativo de paridades y equidad de género en el aparato estatal, pero, por mucho que les pese, esas lógicas patriarcales de hacer y gestionar la política están caducando.
Chicos, ni siquiera la corrección política les alcanza y, mejor, nos dejan un terreno propicio para seguir avanzando. Basta, chicos.
Fuente: La tinta
Nino, Sergio, Rafa y los laberintos de
la impunidad
Por Alejandro Palmas, Resumen Latinoamericano 20 de junio de 2021
A 11 años del asesinato de Sergio y Nino, ningún responsable material o político pisó la cárcel. El caso de Rafa Nahuel va por el mismo camino. La violencia institucional goza de impunidad en Río Negro y Argentina.
El 25 de enero de 2018, Débora marchó junto a la movilización que exigía justicia a 2 meses del asesinato por la espalda de Rafita Nahuel. Llegando a la “Mitre”, Débora canalizó su pedido de justicia pintando la cara de Rafa en los canteros que recién se estrenaban en la arteria turística de la ciudad. Por ese hecho, fue denunciada por la Municipalidad, se la imputó y la defensa promovida por la APDH de Bariloche logró solicitar una suspensión de juicio a prueba.
Realizando tareas comunitarias en la escuela 154 del barrio Frutillar, Débora pudo cerrar su causa la pasada semana.
A una condena similar podrán acceder quienes dispararon casi 130 balas de plomo contra miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu que terminaron con la vida de Rafa de 22 años y dos miembros de la comunidad heridos de balas.
El procesamiento de los cinco Albatros ocurrido en el día de ayer a instancias del Juez Federal Gustavo Zapata fue sin prisión preventiva. Es decir que todos los imputados gozarán del beneficio de la libertad, tal como hasta ahora. Y además, la caratula por la que fue procesado Sergio Cavia, “homicidio agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de armas de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa” y el resto como “partícipes necesarios”, arrojan condenas bajas y podrían ser de ejecución condicional.
El 17 de junio de 2010, luego del asesinato de Diego Bonnefoi, de 15 años, durante la madrugada a manos del cabo Sergio Colombil de la Policía de Río Negro, devino una pueblada que fue duramente reprimida y terminó con la vida de Sergio Cárdenas de 29 años y Nino Carrasco de 16.
La lucha incansable de familiares y organizaciones de derechos humanos lograron llegar a un juicio histórico que sentó en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a tres policías: Víctor Cufré (ex secretario de Seguridad), Jorge Villanova (titular de la Jefatura policial); Argentino Hermosa, (titular de la Regional III) y a los agentes Pil, Epuñan y Sobarzo.
El 4 de diciembre del mismo año, la Cámara Criminal subrogante falló condenándolos a cuatro años de prisión efectiva por ser los responsables políticos y operativos de la masacre del alto.
Pasaron casi 3 años y la condena se encuentra firme, sin embargo, ninguno de los culpables está privado de su libertad.
Así son las asimetrías del poder. Profundamente injustas. Los delitos contra la propiedad en Argentina son severamente castigados, no así los delitos contra la vida. Más si la vida es de origen pobre y plebeya. Si el crimen lo cometen las fuerzas de seguridad, tendrán todos los recursos del Estado a su favor para que la justicia se enrede en sus propios laberintos de recursos y apelaciones, pruebas fraguadas, cambios de jueces, traspasos de una cámara a otra, subrogancias, cambio de carátulas y miles de etcéteras que devendrán en la falta de castigo a los culpables.
Hoy, Carmen, Karina, Gabriela, Cristina, Ricardo y Juan, entre otros y otras, sentirán la mesa vacía. El cuarto que quedó congelado con los recuerdos del pibe que no llegó a ser adulto. Los hermanitos que no tuvieron papá que los espere a la salida de la escuela. La infinita tristeza que sube por el pecho cuando las fechas llaman a los recuerdos.
Para que no tengamos que pintar más caras que recuerden a nuestros muertos en paredes y canteros.
Basta de impunidad.
Justicia.
Fuente: La tinta
Panorama sindical. Precios e inflación,
las limitaciones
Resumen Latinoamericano, 20 de junio de 2021.
A nuestro habitual RESUMEN GREMIAL que publicamos durante la semana, a partir de este domingo agregaremos este PANORAMA SINDICAL que realizan los compañeros de RADIO GRÁFICA, y que suma más información sobre temas que hacen a la coyuntura gremial y política.
foto: Despedidos en la fábrica Bimbo.
Por Lucas Molinari y Leonardo Martín
“Con la vacuna vamos a salir, vamos a vacunar a todos los argentinos, a todas las argentinas y vamos a volver a ser felices”, planteó Cristina en La Plata. Allí radica la esperanza de millones que siguen apostando por este gobierno de Coalición.
La oposición vendepatria que hizo campaña anticuarentena, aperturista, antivacuna, ahora habla contra la autocracia y el comunismo. Una reedición berreta de un mundo que ya no es bipolar, ni unipolar sino multipolar (para muestra, aquí un buen análisis del encuentro Biden-Putin).
El peronismo en el gobierno es la única esperanza para la felicidad de las mayorías.
Pero es necesario que la política salga del palacio a la plaza, de las redes sociales al territorio.
Como decía Evita: “La felicidad de un pueblo es cuanto a sus medios de vida se refiere, se logra con una adecuada legislación en materia de Justicia Social y una equitativa distribución de la Ayuda Social”.
Para eso, planificar y organizar, a sabiendas de la inevitable confrontación con los miserables de siempre.
Tal y como se afirmó en “La Nación Justa, Libre y Soberana” publicada en 1950, que es un invaluable repaso de la Revolución Justicialista.
Allí define:
“Era necesario determinar por dónde debía iniciarse la tarea inmensa de llegar al “desarrollo de mayor riqueza” para luego “repartirla con más justicia entre todos los que trabajan” de acuerdo al ideal del General Perón. Allí se fijaron estos objetivos:
1. Argentinizar lo que nunca debió dejar de ser sino argentino.
2. Atacar de frente a los monopolios internacionales.
Sólo logrando estos propósitos sería posible iniciar la magna obra de justicia argentina que el General Perón se había impuesto como meta de su cruzada libertadora”.
FRANCISCO
En un mensaje que dejó para la cumbre anual de la Organización Internacional del Trabajo, el Pontífice dejó varios planteos:
“Invito a los sindicalistas a que no se dejen encerrar en una camisa de fuerza. A que se enfoquen en las situaciones concretas de los barrios y de las comunidades en las que actúan, planteando al mismo tiempo cuestiones relacionadas con las políticas económicas más amplias”, afirmó y definió que la vocación de los sindicatos ”es también proteger a los que todavía no tienen derechos, a los que están excluidos del trabajo”.
“El trabajo va más allá de lo que tradicionalmente se ha conocido como empleo formal, y el Programa de Trabajo Decente debe incluir todas las formas de trabajo” continuó y profundizó el concepto de “cuidado” muy debatido en estos tiempos: “Un trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no es respetuoso con la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse decente”.
Apuntes necesarios para pensar la práctica política desde el movimiento obrero, que en Argentina tiene un vigor que se destaca en el mundo.
Trayendo esos planteos al debate actual del sindicalismo argentino hay dos derivaciones que podemos señalar. En primer lugar la necesaria inclusión en la CGT de otras formas de trabajo como el autogestivo y en segundo lugar, la problemática del extractivismo que hace a ese cuidado de la Casa Común que promueve Francisco. Sin duda dos ejes nodales de construcción para el Proyecto Nacional.
El Papa no se olvidó de las patronales a quienes les recordó que “la actividad empresarial es esencialmente una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos”, a la vez que volvió sobre planteos de la encíclica Fratelli tutti: “La propiedad privada es un derecho secundario, que depende del derecho primario, que es la destinación universal de los bienes”.
Un discurso duro de masticar para nuestra prensa cipaya que cuando no puede silenciar la prédica del Vaticano titula en letra de molde “polémica declaración”.
¡CRISTINA
“Cuánto cuesta el exclusivo tapado que Cristina Kirchner usó en un acto en La Plata” titularon medios de Clarín esta semana.
Brota el odio por su vestir y por sus gestos. Tirria gorila como la que rayó una pared para gritar “viva el cáncer”.
Les guste o no, aparece y marca agenda. Cuando interviene en redes sociales, con cartas públicas o encendidos discursos.
Si se analiza este año y medio del Frente de Todos, se puede sacar en limpio que en momentos difíciles, de fuerte ataque al Gobierno Nacional, la vicepresidenta repone cuáles son los temas a discutir.
INTEGRAR EL SISTEMA SANITARIO
La pandemia acelera los tiempos para debates estratégicos y Cristina volvió a plantear la necesidad de reformular el sistema sanitario, que está totalmente fragmentado. Herencia neoliberal que tuvo continuidad en la “década ganada”.
Como muestra tenemos que “se gasta un 31% en medicamentos del presupuesto en salud, cuando en otros países es del 14%”, explica el Dr. Jorge Rachid, que agrega: “Así entra el mercado destruyendo el concepto del medicamento como bien social y destruye la salud pública municipalizando y provincializando la atención, que es un agravio a la concepción carrillista de fortalecer la salud y no el tratamiento de la enfermedad”. Además se suma la “tercerización de los servicios en los hospitales públicos y el decreto 446 del año 2000 que desregula las obras sociales, permitiendo la intrusión de las prepagas en las obras sociales”, completa Rachid.
El 446 lo firmó De la Rúa, que generó el “descreme” de las obras sociales sindicales. Los trabajadores pudieron optar por irse a la medicina privada, quebrando el esquema solidario: que quien más gana aporte para el que menos gana y sobre todo los trabajadores pasivos.
Quien puso el grito en el cielo ante el discurso de la vicepresidenta es Claudio Bellocopit, titular de la cámara de las prepagas, que aprovechó la volada para decir que el kirchnerismo quería desfinanciar para luego expropiar Swiss Medical. Pero en realidad están apretando para que el gobierno permita un aumento en las cuotas de la medicina privda y apuestan al terreno judicial (el oficialismo resiste para contener la inflación).
Rachid respondió a ese planteo: “Que los jueces miren los tres últimos balances de las prepagas, que miren cómo compraron todas las ART que recaudan entre 22 y 24 mil millones de pesos por mes, que vean cómo compraron el canal América 24”.
Por su parte, el dirigente gráfico Héctor Amichetti, explicó: “Ese sector que hoy recurre a la Justicia para reclamar un incremento del 35% en las cuotas de sus clientes, no quiere perder niveles de rentabilidad, para ellos el derecho a la salud tiene precio. Para el Estado y para las Obras Sociales Sindicales la salud es un derecho sin precio ni condicionantes. Cómo se explica que nuestra Obra Social del Personal Gráfico puede cubrir desde la atención primaria hasta la más alta complejidad a 25.000 hombres, mujeres y niños del gremio con un aporte promedio mensual de 2000 pesos y a 3.200 jubilados, jubiladas y pensionados con una aporte individual que apenas supera los mil pesos por mes”.
Ahora bien ¿Cuáles son los números globales? Alrededor de 16 millones de argentinos y argentinas se atienden en el servicio público de salud, más de 27 millones de personas en Obras Sociales Nacionales y Provinciales (incluyendo al PAMI); 1.900.000 han optado por el servicio privado de empresas con fines comerciales.
La pandemia, decíamos, aceleró algunos procesos. Leonel Tesler, de la Fundación Soberanía Sanitaria, detalla que “la integración ya empezó a darse, especialmente en cuanto al manejo de información y la gestión de camas, y gracias a eso se evitaron escenas que vimos en otros países de camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales y gente muriendo sin tener dónde internarse. Tener información fidedigna salva vidas. Por eso, el primer paso hacia la integración es que haya un único sistema de información en salud donde viertan sus datos todas las instituciones, sean estatales, sindicales o privadas. Integración no significa estatización ni desaparición de ningún actor. Es importante poder garantizar la viabilidad de las obras sociales sindicales que comenzaron a perder financiamiento desde la desregulación y restaurar la lógica solidaria que les es propia”.
Veremos cómo sigue esta discusión. La Corriente Federal ya en febrero publicó un breve documento que puede funcionar como hoja de ruta para el gobierno. Vale destacar uno de los puntos allí mencionados: “PLANIFICAR una política Nacional de Medicamentos, considerando los medicamentos como bienes sociales”, que volviendo a Rachid podría seguramente bajar el 31% que gasta el Estado en compras que sólo acumulan ganancias para los laboratorios.
Finalmente, un apunte que nos realizó un dirigente: “El sistema de Obras Sociales Sindicales por actividad debe ser complementario del estatal, pues la responsabilidad de la Seguridad Social es del Estado, también en materia de medicamentos. Las obras sociales necesitan tener administración tripartita, donde estén sentadas también las patronales, encabezada por el sindicato de actividad. Nunca el Estado puede ser complementario. Es al revés”.
DESPIDOS EN BIMBO
BIMBO, una multinacional con oficinas centrales en México que tiene presencia en 33 países de América, Europa, Asia y África; emplea a 100 mil trabajadores en el mundo, e informa ganancias anuales de 15 mil millones de dólares.
En la planta de San Fernando donde fabrican pan congelado, medialunas y facturas, hubo un incendio en mayo y ahora quieren echar a todos los trabajadores.
En Gráfica entrevistamos al delegado por el sindicato de Pasteleros, Damian Alschuk, que explicó: “Se quemó el 50% de la planta y luego de eso la patronal no dio ningún tipo de respuesta respecto de los puestos de trabajo. El 15 de junio convocó a reunión para anunciar que se iban a rescindir los contratos de todo el personal de la planta”.
Bimbo tiene 5 plantas en Argentina, de las cuales 3 están funcionando, “tenían más y las fueron cerrando. En su momento habían dicho que sólo iban a pagar el 50% de la indemnización apegándose al artículo 247″ (que habilita a empresas a pagar la mitad en situaciones de catástrofe), comentó. Posteriormente el grupo empresarial ofreció la totalidad del pago de la indemnización, pero los trabajadores decidieron sostener los puestos de trabajo, en un momento de crisis del mercado laboral: “estamos en una situación donde los empleos escasean, hemos visto colas de 300 personas por uno o dos puestos de trabajo”, remarcó Alschuk.
El delegado contó que meses atrás BIMBO echó a 150 repositores que estaban encuadrados en el sindicato de Alimentación (que dirige Rodolfo Daer), argumentando que sobraban por culpa de la aplicación de la Ley de Góndolas.
¡Qué impunidad! Y qué compleja la lucha para mantener los puestos de trabajo al haber tres encuadres diferentes en esa planta: Panaderos, Alimentación, y Pasteleros.
No hay coordinación “por arriba” pero sí por abajo, explican los delegados. Esta semana se hizo un acto de base con apoyo de comisiones internas de diferentes fábricas Zona Norte.
La negociación está en el Ministerio de Trabajo de Nación. Otro de los delegados, Javier Roces, contó a Gráfica que “en la audiencia la empresa dijo que no estaba dispuesta a reabrir la planta o ubicar compañeros en otras plantas. El Ministerio exhortó de palabra a que revean esa posición y el sindicato también, pero no es más que una audiencia. Nosotros hicimos el acto frente a la planta que salió muy bien y tenemos nuevamente audiencia el jueves. Vamos a tener asamblea en estos días y decidir si movilizamos”.
“Si la empresa se niega a reabrir la fábrica entonces que se estatice y se produzca para los comedores populares y escolares” planteó finalmente Roces recordando que más de la mitad de la planta no fue afectada por el incendio y está para ponerse en funcionamiento.
¿LLEGA EL SEGUNDO SEMESTRE?
Los ingresos del pueblo trabajador arrastran una pérdida de poder adquisitivo que comenzó en 2016, tuvo un respiro en 2017, pero desde abril de 2018 cayeron en picada. Diversas estimaciones coinciden en que hoy supera, en promedio (trabajadores del sector privado, público e informales) los 20 puntos, siendo los sectores de la economía popular los más perjudicados.
El mandato cuando el Frente de Todos ganó las elecciones en 2019 fue recuperar ingresos en un marco de un modelo productivo. Los primeros pasos fueron en esa dirección, pero la pandemia frustró y pospuso esas políticos en pos de atender la emergencia sanitaria. Con la esperanza de despejar esta ecuación, parece haber llegado el momento de recuperar ese mandato. ¿Tendrá un verdadero segundo semestre de reactivación económica y mejora de todos los índices?
Repasemos las medidas tomadas en los últimas semanas para inyectar recursos que permitan tomar ese sendero:
Paritarias: Comienzan a superar largamente el 40% de aumento salarial. Dieron el primer paso Cristina y Massa con los empleados legislativos, PAMI a la semana siguiente fue en esa dirección al igual que ANSES esta semana redondeando un 45% de incremento. Este viernes Camioneros también logró un 45% para consolidar paritarias donde las cifras por debajo del 40% parecen haber quedado atrás para los aumentos en camino.
Cambio en Impuesto a las Ganancias: Las modificaciones votada en abril alcanzarán a 1,2 millones de trabajadores que dejarán de pagar el tributo. Lo percibido por el Estado en los primeros meses se devolverá en cinco cuotas desde julio a noviembre. AFIP estima que son 50 mil millones de pesos en el año.
Monotributo: Después del error de querer cobrar un retroactivo por una actualización demorada, este fue suspendido. Hay en curso un proyecto de ley que establece una serie de beneficios especialmente para las categorías más bajas.
Bono Potenciar Trabajo: El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció el jueves que se pagará un bono de $6.000 a los beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo. Son 1 millón de trabajadores de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa.
Bono Jubilados: Todavía sin un monto definido habrá un bono para jubilados y pensionados que cobren la mínima que representa el 80% de esos beneficiarios. Se sumará a los dos bonos de 1.500 que recibieron en abril y mayo.
Servicios Congelados hasta fin de año: Luz, gas y combustibles no volverán a aumentar hasta fin de año. Lo anunció esta semana el secretario de Energía, Darío Martínez.
Tarjeta Alimentar: A fines de abril se amplió la cobertura, agregando a niños y adolescentes hasta 14 años.
Estas son algunas de las medidas con las que el Gobierno busca recuperar la iniciativa e inyectar recursos para reactivar una economía e ingresos que hoy están por el piso. Un dato, el mercado interno significa el 70% del Producto Bruto Interno y, obviamente, la mayor cantidad de empleos.
PRECIOS E INFLACIÓN, LAS LIMITACIONES
Las dos caras de la misma moneda. No habrá reactivación posible con el desborde de precios que existe desde octubre de 2020 y que como un pacman se va comiendo las recomposiciones logradas en paritarias. Esta semana el INDEC dio a conocer el índice de mayo que marcó un 3,3%, un 21,5% en el acumulado y un 48,8% en la medición interanual.
El número sigue siendo alto, pero el equipo económico se esperanza con una baja gradual en los meses siguientes a partir de un escenario con un dólar planchado (tras una devaluación del más del 60% desde que asumió Alberto Fernández); techo e incluso descenso de los precios de las materias primas, “una macro más ordenada que en 2020” y los acuerdos de precios en marcha en una semana donde hay un principio de acuerdo con los exportadores de carne vacuna.
Es un partido abierto, sin resultado claro, especialmente frente a un establishment que muestra los dientes y donde las cámaras empresarias de los sectores económicos monopólicos se preparan para la confrontación como quedó demostrado recientemente en la elección de autoridades de la UIA. Allí fue elegido como presidente Daniel Funes de Rioja en medio de un escándalo. Un dirigente que es abogado laboralista y hábil operador para defender esos intereses. Hombre de Techint, Clarín y la COPAL que es la que nuclea a una extranjerizada composición de los productores alimenticios del país.
En esta confrontación, ¿podrá el Gobierno ganar esa pulseada?, ¿tiene la determinación de hacerlo? Preguntas que se responderán en los meses venideros.
PARITARIAS
Describíamos líneas arriba, los acuerdo de Camioneros y trabajadores de ANSES con cifras del 45%.
El acuerdo rubricado por la organización que lidera Hugo Moyano es en tres tramos: 20% en julio, 12,5% en noviembre y 12,5% en marzo de 2022, con cláusula de revisión en febrero. El número es alto, respecto a las paritarias firmadas apenas unas semanas atrás, con menor potencia al analizar la extensión en que se hace efectiva. Son más de 200 mil trabajadores.
En ANSES mejoraron la paritaria firmada apenas unas semanas atrás para los trabajadores del Estado Nacional redondeando un 45,5%. Se hará efectivo un 17 por ciento en junio, 12 en agosto, 5 en octubre y 6 por ciento en enero del año próximo. Además, otorga un incremento de 50 Unidades Retributivas (UR) para el Día del Trabajador Previsional, un aumento de 2 UR en el reconocimiento por antigüedad y 30 UR más por presentismo. Se acordó una cláusula de revisión en noviembre. Alcanza a más de 15.000 trabajadores.
Amas de Casa de la República Argentina (Sacra) firmó un aumento del 42% a hacerse efectivo 13% en junio, 12% en septiembre, 5% en diciembre y un 12% final en marzo de 2022. Sumó un 1% extra por cada año de antigüedad.
Vigiladores Privados: Otro gremio del club de los 45. Acordaron un 45,4% en tres tramos.
Bancarios: Lograron esta semana avanzar con un preacuerdo para regular el teletrabajo. El martes se reunirán con las cámaras empresarias para avanzar en la reapertura de paritaria. El pedido es adelantar el tramo previsto para agosto para los salarios de junio.
Sanidad: Una paritaria empantanada a partir de la decisión de las Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) de suspender la negociación mientras presiona políticamente y avanza por canales judiciales por una mayor aumento de las cuotas. Desde el gremio que encabeza Héctor Daer vienen advirtiendo que no aceptarán la suspensión de la paritaria, pero aún no avanzaron con medidas de fuerza.
¿Y LOS GREMIOS QUE FIRMARON POR EL 32 Y 35%?
La alta inflación del primer tramo del año, más actualización en los parámetros para los nuevos acuerdos paritarios por arriba del 40% deja rezagados a muchas organizaciones que firmaron su paritaria meses o semanas atrás. Es cierto que todas incluyen cláusulas de revisión a partir de septiembre, pero en algunos casos recién para comienzos de 2022. Como sucedió con la Bancaria, ¿puede adelantarse algunas cláusulas de revisión? No parece, por ahora, que sea una práctica común, pero si comienza a haber una tensión con el tema. Inclusive algunos dirigentes se quejan por lo bajo de haberse disciplinado a la pauta oficial que en cuestión de semanas quedó desbaratada.
En línea con la necesidad de reactivar la economía, también del atraso salarial, la CTA de los Trabajadores avanzó con el pedido, entre otras propuestas, del pago de un bono de 5.000 a 7.500 pesos a todos los trabajadores como adelanto de paritaria. También de adelantar el tramo previsto para septiembre del Salario Mínimo Vital y Móvil, algo que no solo beneficia a quienes tengan esos ingresos, también a jubilaciones mínimas y planes sociales que tienen como base de cálculo el SMVM.
MUJERES SINDICALISTAS, “QUEREMOS IGUALDAD”
No hubo alusión directa, pero un tuit de Facundo Moyano fue el disparador de un breve comunicado de Mujeres Sindicalistas que militan en la Corriente Federal de Trabajadores, CGT, CTA-T, CTA-A y UTEP (“la mayor unidad en el movimiento obrero”, suele decir las MUJERES SINDICALISTAS sobre el trabajo común que realizan) donde expresaron “queremos igualdad”.
El martes por la tarde Facundo Moyano tuiteó:
Llovieron críticas para el Tuit, especialmente por el punto donde habla de integrar el debate de “perspectiva de género” en los sindicatos en una reunión donde las 18 personas presentes son todos varones. ¿Falta de tacto, de visión o pifie comunicacional? Quizás un poco de todo.
Por lo pronto las Mujeres Sindicalistas escribieron:
“Las mujeres y diversidades sindicales feministas, quienes elegimos la militancia sindical como una forma de vida, de ver el mundo y de defender a quienes trabajan, sabemos que la lucha de fondo está lejos de ser alcanzada, queremos estar en la foto, dirigentas sindicales sobran, pero también queremos estar en la toma de decisiones: idénticas oportunidades de trabajo, inserción en el mundo laboral sin segregación, licencias igualitarias, reparto equitativo de las tareas de cuidado, convenios colectivos con perspectivas de género, cupo laboral trans, erradicación de la violencia laboral y de género. Paridad en lo laboral y en lo sindical”.
YAPA: “NI OLVIDO NI PERDÓN”
El bombardeo del 16 de junio de 1955 fue el paso necesario para el golpe de septiembre. Así lo explica el historiador Rafael Cullen: “Fue un hecho terrorista, racionalmente estudiado, porque ni siguiera el pretexto que decían que querían matar a Perón. A Perón si querían lo mataban con dos francotiradores. Néstor Noriega, uno de los principales terroristas de la primera escuadrilla que bombardea, afirmó: “Había que hacer una acción psicológica, sino a Perón no lo sacábamos”.
Esta semana, tras el recuerdo que hicimos en el aire de Radio Gráfica, un querido oyente, Fernando Cardozo, militante peronista de base, mandó el siguiente mensaje: “Uno de mis tíos fue víctima del bombardeo del ´55 él trabajaba en Aerolíneas Argentinas y lo agarró la metralla saliendo del edificio de Av. Paseo Colón al mediodía. Mi tía, que era una curtida delegada sindical del gremio gráfico de Ongaro, contaba muchos años después cuando fue a buscarlo entre los cuerpos fallecidos y mutilados que se apilaban en un galpón. Lo escuché de muy chico y siempre me quedó esa escena pintada en la memoria. Mi tío era muy joven, la esposa falleció de cáncer a los pocos años y mi primo creció con mis otras tías. Sus últimos años luchó por la reivindicación de las victimas de los bombardeos. Llegó a estar en el acto que se hizo en Casa Rosada en nuestro gobierno por la reparación a las víctimas. Años después falleció. En casa está como documento de nuestra historia la carta de condolencias que le envía a mi tía el ministerio de guerra. Ojalá que en cada casa peronista en donde haya estos documentos los atesoren con amor compañero”.
El macrismo sigue operando en el
INCAA
Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2021.
Documentalistas denuncian a funcionarios de la gestión anterior. A la subejecución presupuestaria y los problemas con el Fondo de Fomento se suma la inexplicable situación de funcionarios que toman decisiones que afectan a la producción nacional.
La subejecución presupuestaria es evidente en el balance 2020, presentado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la semana pasada, a su Asamblea Federal. Esto expone el actual manejo de los fondos destinados a la promoción del cine y alerta sobre el destino de la industria ante una gestión que se tensa «entre lo nuevo y lo viejo», sin imponer un criterio superador al retroceso macrista, sostienen en el sector.
“La gestión de Luis Puenzo no termina de plasmarse como un proyecto renovador”, afirman desde DOCA, agrupación de documentalistas que nuclea a 140 realizadores de todo el país. Y no hablan solo por el monto del presupuesto subejecutado, que según el balance oficial supera los 600 millones de pesos. Sino, y sobre todo, porque “todavía hay funcionarios que ingresaron con la gestión macrista, y esta permanencia en los cargos expresa cierta línea de continuidad en las políticas” subraya Juan Mascaro, realizador y presidente de DOCA. Como dato relevante Mascaro señala la presencia en el actual organigrama, de dos gerentes “que venían de la gestión macrista” de Ralph Hayek. La referencia es explicita, tiene nombres y apellidos: Viviana Dirolli y Lucas Lehtinen, a cargo de la Agencia de promoción internacional de la industria audiovisual, y de la Gerencia de coordinación y control de gestión, respectivamente, en la actualidad.
“Queremos que estos funcionarios sean sacados de sus cargos, que venga gente nueva y que hagan las cosas mejor”, sostiene Mascaro. Viviana Dirolli “propició con los decretos del macrismo, las limitaciones en el acceso a créditos y subsidios para realizar películas” advirtió en redes sociales el realizador cordobés Adrián Jaime Chersa al conocerse el resultado del balance. Esto promovió la adhesión de sus colegas, muchos nucleados en DOCA, en la decisión de exponer públicamente la situación.
Reclaman que el diseño de circulación de la información haya establecido un orden administrativo por el cual “todo lo que se revisa: cuentas, deudas, inversiones, si las hubo o no, se determina en las mismas áreas que las ejecutaron” explica Mascaro. Con lo cual, los funcionarios cuestionados quedan en la posición “de tener que supervisarse a sí mismos”, detalla Pablo Espejo, vocero de DOCA. “Son lugares estratégicos”, define el realizador. «Tenemos ahí un sector residual de la gestión macrista que toma decisiones con cierta autonomía, porque tiene mandato”, confirma Mascaro. Pero el monto de presupuesto subejecutado, advierte sobre la naturaleza de la función. “Estas personas han sido un escollo para la producción, desde que se incorporaron al Instituto, con Hayek, y lo siguen siendo”, señala Mascaro.
“Hubo subejecución, hay un balance que fue entregado la semana pasada –añade el presidente de DOCA-, y hay más de 600 millones de pesos no utilizados”. Se trata de una cuarta parte de lo destinado a fomento, añade, sobre “un total de 2.500 millones de pesos, que es lo que debería haberse destinado al fomento de películas el año pasado”. Para la industria, esto reviste “una gravedad importante”, porque “vuelve años al pasado”, ya que desconoce los principios de la Ley de Cine, señala Espejo. Según la Ley, el INCAA debe invertir el 50 por ciento de su presupuesto en fomento. Pero “la gestión macrista de Hayek puso en crisis al sistema de producción. Y hoy sigue frenado. Ni con Lucrecia Cardoso ni con Liliana Mazure ocurrió esto. Todo está frenado”, enfatiza Espejo.
Cuando se inició la gestión de Luis Puenzo se habló de una renovación, recuerdan en DOCA. Hoy, si bien no hay una continuidad lineal “estos gestos dan cuenta de cierta complicidad, porque las acciones de estos funcionarios perjudican a grandes sectores de la industria” afirma Mascaro. De ahí que la situación tenga “una gran carga para nosotros” señalan los documentalistas. Hay tensión entre lo viejo y lo nuevo, describen, y en esa trama «las gerencias remanentes del macrismo tiran para atrás”.
Como plataforma desde dónde pensar y ejecutar las políticas públicas para el sector, los realizadores señalan la necesidad de volver a convocar al Consejo Asesor –que hace un año y medio no es convocado-, para establecer los distintos comités de control integrados por actores, técnicos o directores. Este organismo de cogobierno garantiza el cumplimiento de la Ley de Cine, porque establece los comités que verifican “por ejemplo que la plata que ingresa se transforme en películas”, sostiene Esteban. Pero hoy “el comité de películas terminadas”, tiene “una cola de 30 realizaciones” esperando su definición. Hasta tanto se expida, la última cuota para la producción no se entrega. La postproducción está quebrada. “Hay gente que trabajó en tres películas y todavía no cobró ninguna, debido al mecanismo engorroso que diseñaron Hayek y su equipo”, manifiestan.
“Está muy complicada la situación ahora, pero lo más urgente es que se derogue el artículo de la Ley 27.432 de 2017, que establece la caducidad del Fondo de Fomento Cinematográfico en 2022, otra herencia macristra”, añade Espejo. “Trabajar en la recuperación del Fondo de Fomento es central –concluye Mascaro-, y tampoco vemos al INCAA contemplando propuestas en este sentido, cuando se sabe que es central”.
La Corte Suprema deberá abordar
la contaminación con agrotóxicos y
la Hidrovía Paraná-Paraguay
Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2021.
La procuradora Laura Mercedes Monti dictaminó la competencia del máximo tribunal para que éste aborde el derecho al agua potable, frente a la contaminación del modelo agroindustrial, y también intervenga respecto a la concesión de la Hidrovía desde una perspectiva del río como ámbito natural y no solo como un canal comercial. En un hecho inédito, también habilitó a que se revaliden las autorizaciones de todos los agrotóxicos que se utilizan en el país.
La procuradora del Área de Derecho Público no Penal, Laura Mercedes Monti, dio el visto bueno para que la Corte Suprema se avoque a un amparo ambiental contra el Estado nacional y la provincia de Buenos Aires que busca preservar “el derecho al agua potable” frente a la contaminación que representa el modelo agroindustrial (con aplicación de agrotóxicos y fertilizantes) para los habitantes de la Cuenca del Río Paraná. Se solicita el tratamiento de una serie de medidas de preservación de la salud y el ambiente. El amparo presentado por el abogado de la organización Naturaleza de Derechos, Fernando Cabaleiro, junto a la Asamblea Unidos por el Río, solicita la presentación de un Plan de Gestión Ambiental, que reduzca el uso de agrotóxicos, y también convoca a la creación de un Comité de Cuenca del Río Paraná, que cumpla con esos objetivos, a la vez que exige que se suspenda la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La presentación de la organización Naturaleza de Derechos y la Asamblea Unidos por el Río plantea el avasallamiento del Estado nacional y provincial de varias normas y tratados vigentes respecto del cuidado del ambiente, entre ellos el Acuerdo de Escazú, pero hace eje principal en el incumplimiento del Régimen de Gestión Ambiental de Aguas (Ley 25.688) y la Ley General de Ambiente (25.675) y plantea una serie de medidas precautelares para que “se detenga el proceso de daño ambiental que viene sufriendo la Cuenca del Río Paraná, por la omisión manifiesta de los demandados ante la afectación grave de su biodiversidad como consecuencia de los agrotóxicos que se utilizan en la agricultura industrial y que terminan como residuos peligrosos en sus sedimentos, aguas y peces”.
El amparo aporta prueba documental y científica generada que evidencia el impacto que los agrotóxicos están teniendo a lo largo de la Cuenca del Río Paraná. Entre ellos, el reciente trabajo de la Universidad Nacional del Litoral que surgió como material probatorio en la causa abierta por la Justicia de Santa Fe a partir de la mortandad masiva de peces ocurrida en el Río Salado en diciembre del 2020 y que reveló la presencia de agroquímicos en peces y sedimentos.
Glifosato, AMPA, clorpirifos, cipermetrina, atrazina y endosulfan son algunos de los agrotóxicos presentes en el Río Paraná y sus afluentes en los estudios citados por los demandantes –que advierten que su presencia indica la violación a otro normativa: la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos– por lo que denuncian la vulneración del acceso al agua potable para la población de toda la cuenca.
Otro de los puntos centrales de la denuncia respecto del “derecho al agua potable” es la “inconstitucionalidad por omisión manifiesta por no haber dictado una ley de Presupuestos Mínimos sobre el uso de agrotóxicos y fertilizantes sintéticos”, a los que relacionan con otro problemática urgente en la cuenca del Paraná: la proliferación de cianobacterias. En paralelo, se denuncia el incumplimiento del artículo 7 de la Ley 25.688 ante la no determinación de los límites máximos de contaminación aceptables para las aguas, cuando el sistema agroindustrial utiliza 600 millones de litros de agrotóxicos y más de cinco mil millones de litros de fertilizantes sintéticos, según los denunciantes.
Frente a este contexto, el amparo aceptado por la procuradora Monti dentro de la competencia federal de la Corte Suprema solicita que se haga cumplir el artículo 7 de la Ley 25.688 y en calidad de medida precautelar pide:
- Revalidar todos los agrotóxicos autorizados para su comercialización y uso en el país, conforme el capítulo 18 de la resolución 350/1999, garantizando la participación ciudadana inclusiva.
- Realizar a través del Inta-Balcarce o el EMISA de la Universidad de la Plata, un monitoreo urgente en toda la Cuenca del Río Paraná que comprenda estudios sobre la presencia en sedimentos, aguas superficiales, materia suspendida y peces de más de 40 principios activos, presentes entre los paquetes tecnológicos más utilizados por la agroindustria.
- Disponer una tutela anticipatoria con el fin de establecer una zona de resguardo uniforme en toda la cuenca, en la cual no podrán aplicarse ningún tipo de agrotóxicos ni fertilizantes sintéticos, ni de forma aérea ni terrestre, para lo cual deberá tomarse en cuenta el mapa de la Cuenca del Río Paraná conformado por el Instituto Geográfico Nacional.
La Hidrovía, el modelo agroindustrial y la soberanía alimentaria
Fernando Cabaleiro explicó que el amparo cuenta con el acompañamiento de la Red Salud Popular del Chaco (Chaco), Foro Ecologista de Paraná (Entre Ríos y la Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente (Santa Fe). Y remarcó que la petición solicita a la Corte Suprema que comprenda al amparo dentro un marco amplio de protección del ambiente, la biodiversidad y la salud humana, incorporando también el concepto de derecho a la naturaleza del Río Paraná. Por eso, el primer punto de la demanda solicita “implementar un plan de gestión ambiental e integral sobre la Cuenca del Río Paraná, en un plazo no superior a los 120 días hábiles” que contemple “una evaluación exhaustiva de impacto ambiental acumulativa y estratégica sobre toda la cuenca con participación social inclusiva que atienda todas las problemáticas ambientales de modo integral y no como compartimentos estancos”.
Dentro de ese marco integral, aunque la demanda fue presentada ante el Estado nacional y bonaerense sostiene la “indivisibilidad” de la Cuenca del Río Paraná, que comprende a las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, por lo que solicita a las demandas convocar a una concertación federal para la conformación de un Comité o Autoridad de Cuenca del Río Paraná con participación ciudadana inclusiva en términos del artículo tres de la Ley 25.688 de Gestión Ambiental de Aguas.
En ese sentido, el pedido de amparo pide que «se cite al Consejo Hídrico Federal por ser una persona jurídica de derecho público creada como instancia federal para el tratamiento de los aspectos de carácter global, estratégico, interjurisdiccional e internacional de los Recursos Hídricos». El presidente Alberto Fernández, por decreto 949/2020, creó el Consejo Federal Hidrovia para avanzar en la renovación de la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, pero los demandantes advierten que ese ámbito es insuficiente para el análisis global de la hidrovía, proponiendo una perspectiva que respete al río como ámbito natural y no como un canal comercial.
La Asociación de Abogados Ambientalistas presentó un reclamo similar ante el Consejo Hídrico Federal en la apertura del debate para la concesión realizada en febrero pasado, cuando el horizonte de la renovación de la concesión estaba puesta en el 30 de abril. Límite prorrogado, al menos, hasta el 30 de julio, tras la muerte del ministro de Transporte, Mario Meoni.
“Exhortar a las demandadas a realizar, para abordar de modo integral y participativo todas las problemáticas ambientales que la atraviesan, estableciendo un procedimiento de precaución, autorización, prevención, protección, evaluación, vigilancia y control permanente, mitigación, remediación y reconversión respecto de todas las actividades antrópicas que impactan sobre la misma”, exige la medida de amparo ambiental y solicita como medida precautelar que el Estado nacional se “abstenga de emitir actos administrativos conducentes” a cumplir con la licitación de la hidrovía.
La integralidad planteada por las organizaciones socioambientales une el derecho al agua potable con el modelo agroindustrial y la Hidrovía Paraná-Paraguay como símbolo de la salida del 80 por ciento de las exportaciones de esa complejo, al solicitar analizar la concesión desde otra perspectiva: “La necesidad de implementar un programa de reducción de uso de agrotóxicos y de reconversión en la producción agroalimentaria hacia la agroecología”.
Fuente: Agencia Tierra Viva
MOCASE: «Los agrotóxicos y las
fumigaciones matan» /El caso de
Valeria Araya
Resumen Latinoamericano, 19 de junio de 2021.
foto Valeria Araya, denunciante de los atropellos constantes del grupo Manaos.
El veneno de Orlando Canido se nos llevó a Valeria Araya de la comunidad Yacku Cachi Bajo Hondo del pueblo Guaycurú. Ella, junto a sus 8 hijxs puso el cuerpo para resistir a los intentos de desalojos y fumigaciones por parte del empresario. Denunciamos y se aprobó un amparo ambiental para resguardar la salud de las mujeres, niñxs. Pero dicho amparo no fue respetado por Canido.Seguiremos firmes porque la Agroecología es la respuesta para no seguir poniendo las víctimas. Por Valeria y por quienes aman la tierra, guardando bosques, semillas, agua y biodiversidad ¡Justicia!
Pará la Manaos
Por Nicoás Sagaián
“Todo sucedió en cuestión de minutos. De repente llegaron dos camionetas con 15 hombres a bordo. Iban encapuchados y armados con pistolas y escopetas, listos para atacar. Bajaron a los gritos y tirando tiros para todos lados; dispararon entre 600 y 700 tiros. Amenazaron a niños y mujeres, quemaron viviendas, incendiaron el galpón comunitario, mataron a seis de nuestros 14 animales y envenenaron el único pozo de agua dulce que tenemos.”
El relato pormenorizado lo hace Valeria Araya, integrante de la comunidad de Iaku Cachi, que habita el paraje Bajo Hondo, ubicado a 80 kilómetros de Quilimí, Santiago del Estero. La semana pasada, junto a una delegación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), llegó a Buenos Aires para denunciar en la Cámara de Diputados el accionar de los grupos armados que desde hace años hostigan a las familias para que abandonen su territorio.
El conflicto viene desde 2013, pero los hechos de violencia recrudecieron en los últimos meses. Los ataques, según el Mocase, tienen un responsable directo: el empresario Orlando Canido, dueño de la empresa de bebidas Manaos, que pretende apoderarse de 4 mil hectáreas que dice haberlas comprado legalmente aunque la posesión de esas tierras aún está en litigio en los Tribunales provinciales.
“La situación es seria. En el último ataque, el 24 de septiembre pasado, nuestro vecino Pedro Pascual Campos fue herido de bala en una pierna y mi esposo, Ramón Antonio Basualdo, fue arrollado por una de las camionetas de los matones”, cuenta Valeria. La mayoría de las 42 familias que vive en el paraje se tuvo que refugiar en el monte por miedo a que los lastimaran. “No podemos vivir así. Necesitamos una respuesta. Necesitamos justicia”, pide Valeria.
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Ésta no es la primera vez que se relaciona a Orlando Canido con hechos de violencia. El empresario está denunciado por “usurpación violenta de tierras y amenazas” ante el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón; y por “tenencia ilegal y abuso de armas de fuego” en otra causa abierta en 2014, en la que se lo acusa de haber intentado desalojar por la fuerza a campesinos de Lote 5 en el departamento de Juan Ibarra.
El 29 de septiembre pasado, la jueza Rosa Falco de Ranieri lo citó a declarar, pero Canido no se presentó aduciendo “problemas de salud”. Semanas atrás, en agosto, el empresario había sido anfitrión de un acto junto al presidente, Mauricio Macri, en la inauguración de obras en la planta embotelladora de Manaos, en la localidad de Virrey del Pino, partido de La Matanza.
Recién el viernes pasado, Canido se presentó ante la Justicia y se desligó rotundamente de las acusaciones. En presencia de la abogada del Mocase, Rosa Gramajo, y acompañado por su defensor, Francisco Cavalloti, el empresario reconoció que su empleado Lachi Letonai y una banda armada de hombres atacó a las familias de la comunidad del Lote 5, pero aseguró que él no dio “ninguna instrucción” y consideró que esas personas habrían actuado “por su cuenta”.
“La Justicia de Santiago del Estero por ahora no da respuestas. Teniendo todos los elementos —videos, filmaciones, fotos— no avanza en las detenciones ni en medidas concretas”, denuncia Paulo Aranda, miembro del pueblo Guaycurú e integrante del Consejo de Participación Indígena. Lo que más complica a Canido, sin embargo, son sus declaraciones en una entrevista concedida el 30 de septiembre al diario El Liberal de Santiago del Estero. El periodista le preguntó: “¿Usted actuó también con grupos armados?” La respuesta es comprometedora:
—No actué. Sí tengo gente capacitada que me protege. Piense un poco, si a usted le usurpan su casa y se quedan a vivir allí, le pregunto si usted va a ir solo a su casa. ¿Hará eso si sabe que adentro hay grupos armados que agredieron a sus puesteros? No señor, usted también va a ir de la misma manera. Si durante un año la Justicia no le da ninguna solución, ¿qué hace señor usted? Para ir a mi campo tengo que hacerlo con gente que me proteja porque ellos, los usurpadores, no son tipos que dicen ‘bueno tenemos una diferencia por un campo, lo vamos a discutir’. No, ellos accionan, se manejan con la violencia, con la patota, te patotean. No es lógico entonces que yo vaya solo a mi campo, que exponga mi vida. Tal como dije en la denuncia presentada, lo único que falta es que me maten. Claro, entonces para protegerme tengo que tener gente capacitada, no tengo alternativa. Yo no puedo andar solo porque mi vida corre peligro, debo andar con gente alrededor por protección, soy un inversor importante en Santiago del Estero; llevo invertidos millones de dólares solo este año y voy a seguir invirtiendo más allá de que me han defenestrado en todos lados.
Desde el movimiento campesino denuncian distintas formas de hostigamiento a los miembros de las comunidades, lo que provoca que muchas familias opten por alejarse de los territorios. Según un relevamiento del Mocase, previo al inicio del conflicto eran más de 60 familias las que vivían en la comunidad, hoy son 42. “El miedo comienza a instalarse y no es fácil que uno soporte. Tiene que estar muy decidido de lo que queremos: la tierra”, dice Aranda.
Situaciones de violencia y persecución se dan cada vez con más frecuencia en la zona. Valeria cuenta que “hace más de dos meses los chicos no pueden ir a la escuela porque las camionetas con gente encapuchada y armada andan por el pueblo y si los ven, les pegan y los amenazan”. Los miembros de la comunidad sufren en carne propia no poder vivir tranquilos: “El 18 de agosto pasado, a la noche, cuando unos compañeros se dirigían al poblado vecino de Pozo del Toba a buscar mercadería fueron interceptados por dos camionetas de los encapuchados de Orlando Canido. A los tres compañeros los obligaron a bajarse del vehículo a punta de pistola y a tirarse cuerpo a tierra. Al más joven le hicieron arrodillar y le preguntaron si era del Mocase. A culatazos y a patadas les decían que se tenían que ir de las tierras”.
El gobierno de Santiago del Estero y la Justicia por ahora no ofrecen respuestas. “Hemos hecho todas las denuncias ante el juez Alarcón, ante Jefatura de Gabinete y ante el ministro de Justicia (Ricardo Daives). Se entregó toda la documentación solicitada —incluso papeles que dan cuenta que las camionetas utilizadas en el ataque al paraje Bajo Hondo pertenecen a un distribuidor de gaseosas Manaos del departamento de Moreno—, pero no se ha hecho nada. Las bandas armadas siguen adentro”, sostienen con bronca desde el Mocase.
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Canido fue durante años distribuidor de Coca-Cola en gran parte del Gran Buenos Aires y estuvo asociado con otra embotelladora, Sirsa, que producía las gaseosas Sao y Beach. Los primeros negocios de la familia en aquel galpón de Puente La Noria dieron el salto con la fundación, en 2004, de una planta embotelladora en Virrey del Pino. A partir de ahí, el proyecto empresarial empezó a crecer y la empresa Refres Now se posicionó en el mercado con la producción de 2,7 millones de botellas diarias “made in Argentina”.
El negocio familiar fue tan bien que Cánido amplió sus horizontes y llegó a presentar un plan ganadero, que fue aprobado por la Dirección de Bosques de Santiago del Estero. Su intención: desmontar miles de hectáreas para meterse de lleno en el negocio de la soja. En 2014, después de las denuncias del Mocase, el gobierno provincial tuvo que dar marcha atrás con su autorización, pero las topadoras ya habían arrasado con más de 500 hectáreas de monte.
Gustavo Vasallo, miembro del Mocase, explica cómo es la estrategia de avanzada del empresario en la región: “Empresarios como Canido aprovechan una situación legal confusa para meterse en el monte y alambrar diciéndole a las familias que están en desobediencia judicial. Sin embargo, allí viven segundas y hasta terceras generaciones de campesinos indígenas, que además de habitar las tierras, viven de la producción que realizan allí; y si no tienen las escrituras es porque nunca pudieron completar los trámites por falta de recursos”.
Canido tiene otra lectura de la situación y así justificó su accionar en la entrevista con el diario El Liberal: “Soy un inversor en la provincia de Santiago del Estero. Vine a invertir, a producir y a dar fuentes de trabajo. No necesito robarle una hectárea a nadie. De los campos de Bajo Hondo, por ejemplo, tengo toda la documentación y sin embargo, se me metió gente, golpearon a mis puesteros, destruyeron los hornos de carbón, se quedaron adentro de mis tierras y a pesar de que todo el pueblo lo denunció, todavía no tengo respuesta de la Justicia”.
La comunidad no coincide con la versión de Canido, quien sostiene que cuando compró en 2012 la tierra estaba “vacía” y luego se le “metió gente”. La prueba de que esas tierras están habitadas, desde hace al menos 12 años, se encuentra en una cédula de ley del Juzgado Civil y Comercial de VI Nominación a cargo de la jueza María Andrea Suárez de julio de 2004, en la que insta a las 42 familias de la comunidad a abandonar el lugar para luego ser reubicadas.
Así y todo Canido insiste: “En este campo que tanto problema hay, yo compré a los habitantes originarios, a los que habían llegado ahí para formar el pueblo de Bajo Hondo hace 80 años. Compré títulos y compré la posesión de la forma más legal y completa que se puede comprar un campo acá. Les compré a las familias de Juan Gómez, Leguizamón, Pavón y los Aranda que son originarios. El resto, el señor Cristóbal Torres y su hermano César no me quisieron vender y perfecto, tienen más de 150 hectáreas cada uno. Son mis vecinos y no tengo ningún problema con ellos. (…) Soy querido por todo el pueblo porque les doy trabajo a todos ellos, todos trabajan en mis campos porque ya no hay trabajo para nadie en las demás estancias”.
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En el paraje Bajo Hondo, las familias campesinas se dedican a criar chanchos, gallinas, cabras y vacas y a sembrar sandía, zapallo, maíz, verdura, melones y fruta. Lo que producen lo usan principalmente para el consumo personal y el resto lo venden a pobladores de la región.
Valeria Araya vive junto con su marido y sus siete hijos; el más chico tiene apenas siete meses. Ante esta situación que está viviendo desde hace tiempo solo pide una cosa: “Queremos vivir tranquilos. Estamos cansados de esta clase de atropellos. Nosotros no le hicimos mal a nadie. Esta vez nos hemos salvado de milagro, pero qué pasaría si llega a haber otro ataque de estos, lo podemos pagar con nuestras vidas. Por eso es necesario tener una respuesta, una solución, cuanto antes, de inmediato”.
Envio:RL
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