Recalde dice que sería inconstitucional cambiar el sistema indemnizatorio: “No hay que premiar al que despide»
El histórico laboralista de la CGT, Héctor Recalde, salió al cruce del proyecto empresario que busca cambiar el sistema indemnizatorio. Advirtió que sería inconstitucional y planteó que si la idea es generar empleo se podría reducir la jornada laboral conservando el mismo salario.
El histórico abogado de la CGT, Héctor Recalde, salió al cruce del proyecto empresario Teddy Karagozian por su propuesta de “Mochila Argentina”, que busca cambiar la indemnización por un seguro de desempleo.
Desde sus redes sociales, Recalde se refirió al empresario como “Karajozian”, y en relación a su propuesta laboral escribió que “si pretende cambiar la indemnización, antes habría que modificar la constitución”.
“Es difícil que se cambie la legislación laboral actual, van a llover los planteos de inconstitucionalidad, y el mío va a ser el primero”, agregó Recalde en declaraciones a Ámbito Financiero.
El abogado justificó la inconstitucionalidad al citar dos artículos de la Constitución: “El 14 bis dice que el trabajador tiene la protección contra el despido arbitrario, por lo que, si da lo mismo despedir o no, deja de haber protección. Y, el artículo 75 inciso 19 establece el principio de justicia social y la progresividad de los derechos”.
Además, consideró que sería “injusto” para los empleadores que no despiden, que también tendrían que pagar un seguro por sus empleados.
“No hay que premiar al que despide, sobre todo en pandemia”, agregó.
Para el abogado laboralista hay que avanzar en mejorar el crédito y la capacitación. Y luego, también plantear un debate sobre la legislación laboral: “Los trabajadores no me van a aplaudir, pero hay que empezar a debatir reducir la jornada laboral, ya sea en días o en horas, es el mismo régimen que hace 100 años, podríamos aggionarnos. También se le podría sumar la eliminación de horas extras. Por supuesto todo con el mismo sueldo, y si las pymes no pueden, que las ayude el Estado”.
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ETERNIZAR LOS JUICIOS LABORALES
El traspaso de competencias nacionales al TSJ porteño tiene efectos devastadores para la justicia laboral
Memoria
El 7 de julio es el Día del Abogado Laboralista y víctima del terrorismo de Estado. Norberto Centeno, autor de la Ley de Contrato de Trabajo, dotado de un finalismo singular como lo evidencia esa gran obra inclusiva y de justicia social de 1974, luchó además por un procedimiento judicial oral, con inmediatez y celeridad, para responder a las urgencias de los créditos laborales. Este recuerdo tiene mucho que ver con el tema en análisis.
El problema
La Justicia Nacional del Trabajo, amén de sus crónicas debilidades, afronta la dilación creciente por conflictos de competencia entre distintos juzgados del fuero civil y laboral o comercial y laboral, ya que la Corte Suprema de Justicia no los resuelve directamente.
Las soluciones adoptadas por la mayoría de la Corte, derivando la resolución al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, causan un tremendo atraso porque avanzan sobre facultades de otros poderes y normas legales vigentes.
A su vez, últimamente se multiplican acciones judiciales que pretenden subordinar la justicia laboral al Tribunal de la Ciudad, afectando la celeridad de sus causas con un escenario altamente inquietante.
Irrumpen recursos deducidos[1] contra sentencias definitivas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo por vía del recurso extraordinario de inconstitucionalidad previsto en una ley local[2] de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la elevación al Tribunal de la Ciudad con fundamento en la doctrina de la Corte.
La competencia del juez para intervenir en un caso, es la capacidad o aptitud que la ley reconoce a un órgano judicialpara ejercer sus funciones con respecto a una determinada categoría de asuntos o durante una determinada etapa del proceso.
Hasta ahora la Corte se limitó a establecer cuál es el órgano jurisdiccional apto para resolver las contiendas de competencia, concluyendo que el Tribunal Superior porteño es el encargado de conocer en las originadas entre dos órganos judiciales con aptitud jurisdiccional no federal, con asiento en esa Ciudad, como son las distintas Cámaras Nacionales.
La ministra Alicia Ruiz, del Tribunal Superior de Justicia, expresó en disidencia que una cosa es tener aptitud para decidir qué juez o jueza debe intervenir y otra muy distinta habilitar al Tribunal para entender en los recursos de inconstitucionalidad planteados contra las sentencias emitidas por tribunales nacionales en cuestiones diferentes a los conflictos de competencia. Cuestión que si bien afecta a todos los fueros nacionales es particularmente grave para el laboral.
Si así fuera, sólo las sentencias del Tribunal Superior de Justicia llegarían a la Corte Suprema.
Es el máximo tribunal el que debe conocer en los recursos extraordinarios planteados contra las sentencias dictadas por los tribunales de segunda instancia de los fueros nacionales de la Capital Federal y no el Tribunal de la Ciudad, colocándolo por encima de las Cámaras Nacionales de Apelación, en todas las causas.
La jurisdicción es una función pública asignada al Poder Judicial, y los jueces la ejercen dentro de los límites de su competencia, que están previamente fijados por las leyes vigentes.
El artículo 129 de la Constitución Nacional, al reconocerle autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, establece que tendrá facultades propias de jurisdicción; sin embargo, también aclara el texto constitucional que una ley garantizará los intereses del Estado Nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea Capital de la Nación.
En cumplimiento de esta disposición, el Congreso Nacional sancionó la Ley 24.588 que garantiza los intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, conocida como “Ley Cafiero”, precisando los alcances de aquella facultad jurisdiccional, tal como lo ha resuelto la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.[3]
Dicha ley ha sido objeto de severas críticas por sectores afines al gobierno de CABA que reclaman el traspaso de la justicia nacional civil, comercial, laboral y penal, con todo lo que ello implica.
Los acuerdos o convenios por los cuales la Nación fue transfiriendo competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires no han alcanzado a las controversias que atañen al fuero laboral.
Hasta ahora, el Congreso de la Nación no ha instrumentado legislativamente el traspaso de competencias en asuntos laborales, ni se han celebrado convenios al respecto en el marco de la citada ley 24.588.
Por ello, tal como lo sostiene la Fiscalía Nacional de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, aquellos recursos de inconstitucionalidad basados en una ley local como la 402 de CABA han sido rechazados en los fueros nacionales, ya que no se encuentran regulados por ninguna ley procesal nacional.[4]
Ello implicaría crear, de forma pretoriana, un procedimiento inexistente en este ámbito, invadiendo la esfera propia del Poder Legislativo en contra de la normativa vigente.[5]
La atribución de competencia a los tribunales inferiores de la Nación no es tarea de los jueces sino que concierne en forma exclusiva y excluyente al Poder Legislativo, conforme lo establece el artículo 108 de la Constitución Nacional y anterior jurisprudencia de la Corte Suprema.[6]
La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, doctora Graciana Peñafort, se expresó en similares términos en su fundada nota Choque de libros, publicada en El Cohete a la Luna el 27 de junio.
El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, visitó la Cámara Nacional del Trabajo a fines de 2016 y afirmó ante el pleno que el traspaso de la justicia laboral a la CABA “estaba en pañales” y no había de qué preocuparse.
Pocos días después, el 18 de enero de 2017, el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri junto al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el ministro Garavano y el ministro de Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, firmaron el convenio de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires[7], iniciativa que no pudo avanzar.
En otro caso reciente, el Tribunal Superior de Justicia en el fallo “Esuvial” se arrogó por mayoría estricta la calidad de tribunal de alzada de la Cámara Nacional en lo Comercial.[8]
El pasado 30 de junio, la Procuración General de la Nación emitió un dictamen en la causa “Levinas” firmado por el procurador interino Eduardo Casal considerando que no existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia la facultad de revocar un fallo de una Cámara Nacional, ya que la ley 402 de CABA no procede contra sentencias dictadas por Cámaras Nacionales con asiento en la Ciudad.
En un virtual alineamiento con la minoría de la Corte Suprema, señaló que admitir un recurso no previsto en la legislación nacional importaría modificar la estructura del Poder Judicial de la Naciónsostenida por normas legales[9] que no fueron declaradas inválidas por el Tribunal Superior de Justicia.
El debate toma temperatura… ¿Qué hará la Corte Suprema ahora con su doctrina “Bazán”?
La postura de la Corte
El Centro de Información Judicial tituló el 19 de abril: “La Corte estableció que es el Tribunal Superior de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien debe conocer en los conflictos de competencia entre jueces no federales radicados en esa Ciudad”. Con el voto de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, anunció que ya no intervendría en la resolución de conflictos de competencia entre jueces nacionales y jueces de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (causa “Bazán”).
Señaló que la intervención de ese tribunal local fortalecería el diseño que estableció la Constitución de 1994 en cuanto reconoció un nuevo lugar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como integrante pleno del orden federal argentino y que el cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional implicaba establecer diversos acuerdos para transferir la justicia nacional al ámbito de la Ciudad.
La citada mayoría alertó que por más de dos décadas resultaba “casi nulo” el avance de la transferencia de la justicia nacional, que por esa razón debía seguir resolviendo conflictos entre jueces que tenían jurisdicción local en la Ciudad de Buenos Aires y que ello había sido advertido. Recalcó que esa omisión tenía concretas consecuencias en el funcionamiento del federalismo en la Argentina porque impactaba en la distribución de los recursos públicos. Concluyó que a la luz del claro mandato constituyente de conformar una CABA con autonomía jurisdiccional plena, será su Tribunal el que conozca y resuelva esos conflictos de competencia.
La jueza Elena Highton de Nolasco, en disidencia, consideró que la transferencia de las competencias de la justicia nacional ordinaria al ámbito del Poder Judicial de CABA se debe realizar, según manda la ley, a través de convenios entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que no corresponde que la Corte dicte resoluciones que puedan interferir en ese proceso pues, de lo contrario, podría comprometer la correcta administración de justicia.
El juez Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que el Tribunal Superior de Justicia no es el “órgano superior jerárquico común” que deba resolver el conflicto de competencia entre un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires y un tribunal de la justicia nacional con competencia ordinaria, y que corresponde que el conflicto lo resuelva la Corte Suprema.
Ante un tema de semejante trascendencia, es necesario un criterio más claro de la Corte.
Respuesta de la Justicia Laboral. Particularidades e interrogantes
En un caso de contienda positiva de competencia[10]entre un juzgado nacional del trabajo y un juzgado nacional comercial, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo entendió que la cuestión debía dirimirla la Corte Suprema, pero el máximo tribunal resolvió con iguales mayorías y minorías del caso “Bazán” que es el Tribunal Superior porteño el órgano encargado de conocer en tales conflictos.
En otra cuestión de competencia entre un juzgado nacional laboral y juzgado nacional civil, con intervención de la Cámara Nacional Civil, la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo dispuso en un fallo reciente[11] remitir las actuaciones a la Corte.
Si el resultado es igual al anterior, implicará una grave dilación de los procesos ya que el Tribunal de la Ciudad no tiene la especialización de la justicia laboral ni los medios para resolver la cuestión en tiempos razonables, al margen de los contenidos doctrinarios que podría adoptar, que en la Cámara Laboral tienen 75 años de reconocida construcción.
Corresponde tener en cuenta que la competencia de la Justicia Nacional del Trabajo comprende el conocimiento de causas de carácter federal, que la particulariza.
Por ello sería inadmisible que el Tribunal Superior de Justicia de CABA resuelva acciones y recursos a los que aluden las normas de la Ley Sindical 23.551 en los cuales se cuestionan actos o resoluciones adoptadas por un órgano del Estado Nacional como es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, relacionados con causas que tienen origen en los distintos Estados provinciales que conforman la República Argentina, en cuestiones de encuadramiento sindical de empresas de todo el país, temas de salubridad y medio ambiente, cuestiones electorales sindicales nacionales, conflictos de personería de gremios nacionales y otras vinculadas.
Estos elementos, amén de sus componentes extra laborales y meta jurídicos, hacen que la doctrina fijada por la Corte Suprema en el caso “Bazán” no pueda ser aplicada a la Justicia Nacional del Trabajo, pues lo contrario significa un panorama muy oscuro para los litigios laborales y sus destinatarios.
Lo que no ha podido lograrse por las vías legislativas pertinentes se está dando de hecho en un traslado de competencias al Tribunal de la Ciudad como órgano de alzada de las Cámaras Nacionales de Apelación, que en el caso de la laboral tiene efectos sociales devastadores y que también avanza en otras causas de gran estrépito político de la justicia nacional.
A ello se suma la crisis por el trabajo judicial en pandemia y las dificultades por la falta de infraestructura adecuada, la suspensión de miles de audiencias y menos personal debido al Covid-19, situación que requiere urgentes respuestas y políticas de Estado para hacer realidad el sueño de la justicia laboral con los objetivos que llevaron a su creación hace más de 75 años.
Los temas de competencia en la justicia nacional no deben quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia de CABA y debe ser el Congreso de la Nación, sustento de la soberanía del pueblo, el que los solucione definitivamente.
Resolver la cuestión de acuerdo a la Constitución Nacional y las leyes respectivas evitará el riesgo cierto de eternizar los juicios laborales de naturaleza alimentaria, nada menos.
* El autor es juez titular de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VI.
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El acuerdo inicial preveía llegar a ese porcentaje recién en febrero
Adelantan a septiembre el aumento de 35 por ciento en el salario mínimo
De este modo, el piso salarial trepará a 29.160 pesos en septiembre. Además, las partes se comprometieron a revisar este acuerdo durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto inicialmente.
Debido a la aceleración que registró la inflación durante el primer semestre, el gobierno acordó con empresarios y sindicatos que el salario mínimo aumentará 35 por ciento en septiembre, cinco meses antes de lo que se había acordado a fines de abril. La resolución ya está redactada y se oficializará en las próximas horas.
El acuerdo inicial alcanzado por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Movil contemplaba un incremento de 9 por ciento en abril, 4 en mayo, 4 en junio, 3 en julio, 5 en septiembre, 5 en noviembre y un 5 por ciento final en febrero de 2022. Además, se había incluido una cláusula de revisión en septiembre. Hasta el momento se pagaron los tres primeros tramos con un ajuste acumulado del 17 por ciento.
Ahora se acordó el adelanto de los cuatro tramos que restaban a partir de concentrar los aumentos en tres etapas: 9 por ciento en julio, 4 por ciento en agosto y el 5 por ciento restante en septiembre. Con estos aumentos el salario mínimo será en septiembre de 2021 de 29.160 pesos. Además, las partes se comprometieron a revisar este acuerdo durante el mes de septiembre, tal como estaba previsto inicialmente.
El salario mínimo es la principal referencia para los trabajadores informales e independientes, y su actualización está ligada también a los haberes jubilatorios y las prestaciones sociales que brinda el Estado. “El adelantamiento de los aumentos del Salario Mínimo es de suma importancia para mantener el valor del poder adquisitivo y fundamental en la batalla contra la inflación, que golpea los ingresos de millones de trabajadores y trabajadoras todos los días”, aseguró en un comunicado el Consejo Directivo de la CGT.
El acuerdo dejó conformes a los gremialistas porque adelanta el cobro del aumento y mantiene la cláusula de revisión. Los empresarios por su parte lograron que el 35 por ciento no sufra cambios, al menos por ahora, lo que les permite mantener las paritarias bajo control. En el caso del gobierno, logró mantener conformes a ambas partes y se reservó la posibilidad de anunciar un nuevo aumento en septiembre, en medio de la campaña electoral que, si no hay acuerdo tripartito, podría ser anunciado por decreto.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró en varias ocasiones que este año el salario le va a ganar a la inflación. Por lo tanto, es de esperar que en septiembre se anuncie un nuevo incremento, pues la inflación proyectada para este 2021 se ubica muy por encima del 35 por ciento acordado en abril. De hecho, en los primeros 5 meses del año el Indice de Precios al Consumidor que releva el Indec ya acumula una suba de 21,5 por ciento.
La negociación estuvo comandada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien en los últimos días mantuvo conversaciones con los líderes sindicales Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA de los Argentinos) y el nuevo presidente de la UIA, el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja.
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Pese a las protestas docentes, comenzó la presencialidad diaria para el secundario en CABA
Este lunes, la Unión de Trabajadores de la Educación anunció una nueva semana de protestas contra lo que llamó el «negacionismo sanitario» del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aunque el mismo ministro de Educación Nicolás Trotta en sentido contrario, afirmó que se estaría en condiciones sanitarias para el regreso.
A través de un comunicado, desde el gremio indicaron que, “mientras que el gobierno de la Ciudad continúa adelante con su política aperturista, dos trabajadores de la educación y un estudiante se sumaron a la trágica lista de personal escolar fallecido durante la presencialidad, ejerciendo su actividad y en pandemia”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recordó el domingo por redes sociales que desde este lunes “vuelven las clases presenciales todos los días en las escuelas secundarias de la Ciudad” y los docentes de UTE, en desacuerdo con esta decisión, iniciaron este lunes la semana 21 de protestas y señalaron que «las bajas temperaturas propias de esta época del año se sienten con fuerza en las escuelas porteñas».
Además, afirmaron que «docentes y estudiantes transitan días de clases en pésimas condiciones, en espacios sin calefacción donde reafirmamos que con frío no se puede enseñar ni aprender”, por lo que esta semana llevarán adelante actividades de protesta como “frazadazos, semaforazos, homenajes, radio abierta y caravanas”.
“Seguimos exigiendo el cumplimiento estricto de los protocolos y la suspensión de la presencialidad mientras no estén las condiciones epidemiológicas y climáticas, y la conectividad y dispositivos para sostener el vínculo virtual”, afirman los maestros porteños en el comunicado difundido.
Las protestas incluirán este lunes un “’frazadazo’, mural y fogata” a las 12 en el distrito escolar 19, en Mariano Acosta y Avenida Cruz, mientras que a las 17 habrá una caravana en Defensa y Avenida Garay. Asimismo, mañana, martes 6, habrá un ‘frazadazo’ en avenida Cabildo y Federico Lacroze, a las 17.
En tanto, el secretario Adjunto de Ademys, Jorge Adaro, también cuestionó el anuncio sobre la presencialidad todos los días en los secundarios porteños al indicar que “los datos para las clases presenciales siguen siendo negativos, y en la Ciudad no puede haber presencialidad».
Desde la Educación privada, SADOP coincidió en el criterio señalando que en invierno es imposible la continuidad pedagógica presencial, por lo que presentaron una nota a las autoridades de la Dirección General de Educación de Gestión Privada para trasladar las permanentes denuncias de las y los docentes frente a la ventilación establecida por el protocolo y la imposibilidad de sostener la continuidad pedagógica en tiempos de bajas temperaturas.
Por ese motivo, solicitaron alternativas para poder transitar el período invernal y evitar la exposición de docentes y estudiantes a las bajas temperaturas que acarrean otras enfermedades propias de la época que «confunden y producen el descalabro de las burbujas», lo que hace imposible «sostener la continuidad pedagógica de forma presencial». En ese sentido propusieron «establecer el límite de 10 grados de temperatura para continuar los procesos de enseñanza aprendizaje desde la virtualidad».
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Empleados autoconvocados de Garbarino toman sucursales y movilizan por salarios impagos y sus puestos laborales
El jueves pasado algunas tiendas de Garbarino amanecieron con persianas bajas. El viernes algunas reabrieron, mientras que otras continúan cerradas. Ante esta amarga situación, empleados y empleadas autoconvocadas de Garbarino tomaron sucursales en Santa y Fe, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, en reclamo de sueldos adeudados, contra el cierre masivo de sucursales y en defensa de sus puestos laborales. Este lunes 5 movilizan desde las 12 a la sede central de Garbarino, ubicada en Juncal 1126, Ciudad de Buenos Aires. La empresa de electrónica y electrodomésticos más grande del país acumula deudas por más de $ 4629 millones en cheques rechazados según el BCRA y no pagó $1.652 millones en cheques de proveedores durante los últimos dos meses. A casi un año de adquirir la empresa, trascendió que Carlos Rosales, protesorero del club San Lorenzo de Almagro y propietario de Radio Continental, vendería la compañía a Facundo Prado, dueño de Supercanal Airlink. Ya a principios de mayo al empresa cerró 40 sucursales en todo el país y suspendió a 1300 trabajadores y trabajadoras. Los hashtags de la jornada: #GARBARINOdespide y #GARBARINOnoPAGA. Por ANRed.
A principios de mayo de este año, Garbarino cerró 40 sucursales en todo el país y suspendió a 1300 trabajadores y trabajadoras. Ahora, continuando con el argumento de sufrir una supuesta profunda crisis, la empresa, cuyo dueño es Carlos Rosales, amaneció el jueves pasado con más locales con las persianas bajas en distintos puntos del país y se reavivó el conflicto con los trabajadores, que denuncian retrasos en el pago de los sueldos y le piden a la compañía una respuesta sobre la continuidad de las 3800 fuentes laborales en juego.
Ante esta situación, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas de la empresa tomaron el jueves por la noche varias sucursales en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La Asociación de Empleados de Comercio de Rosario de Santa Fe aseguraba el viernes 2 que al cierre de la sucursal ubicada en la peatonal Córdoba al 1200 de esa ciudad, se sumaban otras tres bajas: las sedes de los shoppings Alto Rosario y El Portal, y la que funciona junto a un hipermercado de la zona sur. En tanto, confirmaban que también se habían cerrado sedes en la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, como la de Lanús, donde se difundieron imágenes de la toma que llevaron adelante sus trabajadores.
La medida de lucha se viralizó en las redes sociales. Luego del jueves varios locales reabrieron, pero otros amanecieron con las persianas bajas y todavía permanecen sin actividad. En tanto, desde la cadena de electrodomésticos negaron el cierre total y aclararon que «la mayoría de los puntos de venta están abiertos». Todo esto, mientras el viernes se viralizaban versiones sobre el cierre definitivo de la empresa.
En este contexto, el Sindicato de Comercio (en el cual están encuadrados quienes trabajan en Garbarino) informó que continuará con su plan de lucha, a la espera de una pronta solución, aunque rechazó la toma de sucursales y ordenó a los trabajadores encuadrados dentro del gremio que permanezcan en los locales de atención «con el fin de exigir una respuesta frente a la crítica situación de la compañía».
En este marco, la empresa de electrónica y electrodomésticos más grande del país acumula deudas por más de $ 4629 millones en cheques rechazados, según la Central de Deudores del Banco Central y no pagó $1.652 millones en cheques de proveedores durante los últimos dos meses.
A casi un año de adquirir la empresa, trascendió que Carlos Rosales, protesorero del club San Lorenzo de Almagro y propietario de Radio Continental, vendería la compañía a Facundo Prado, dueño de Supercanal Airlink, la operadora de televisión por cable e Internet con 750 mil abonados y presencia en 14 provincias. El grupo Garbarino incluye Compumundo, Garbarino Viajes y la ensambladora de celulares en Tierra del Fuego, que está tomada por los trabajadores fueguinos.
Trabajadores y trabajadoras autoconvocadas marchan a la sede central: «Garbarino somos nosotros»
En este contexto, trabajadores y trabajadoras autoconvocadas anunciaron que movilizarán hoy desde las 12 a la sede central de la empresa, ubicada en Juncal 1126, Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de los sueldos adeudados, contra el cierre masivo de sucursales, en defensa de sus puestos laborales y ante el miedo que el dueño esté preparando el terreno para presentarse en concursos de acreedores.
«Somos nosotros quienes hicimos a esta empresa grande. Con el sudor de nuestra frente la pusimos en lo más alto del mercado argentino y gracias a nosotros también es conocida en todo el país, y más allá. Pero ahora, mientras la competencia se llena los bolsillos y abre locales ahí donde ayer estábamos nosotros, viene un tal Rosales y nos dice que ‘chocó la calesita’ y que nos tenemos que ir a nuestras casas, sin un peso y calladitos la boca«, denunciaron en un comunicado.
«¡No se equivoque señor! Nuestra casa es esta. Acá pasamos cumpleaños, alegrías y tristezas, feriados y mundiales. Acá reímos y lloramos. Acá pasamos más horas que con nuestras familias, codo a codo con nuestros compañeros, en las buenas y en las malas. Acá están puestas nuestras vidas y ¡No nos vamos a ningún lado!», remarcan los y las trabajadoras, y agregan: «Garbarino somos nosotros. Usted es solo un ladrón que está de paso y pasará como pasaron los fugadores de divisas que estaban antes. Por eso, esperamos con alegría que su paso sea directo hacia una cárcel, junto a Mariana Casares y Diego Muñoz, sus esbirros miserables. Por eso, este lunes 5 al mediodía, se lo vamos a hacer saber a domicilio y si se esconde en Ugarte, allí iremos también. Porque si nosotros no tenemos justicia, usted, y la caterva de ladrones que lo acompaña, no tendrá paz. Porque no nos callamos, no nos rendimos y no daremos un solo paso atrás. Por nuestras familias, por nuestros compañeros de todo el país y por nuestros derechos. A Garbarino lo sacamos adelante nosotros, hoy y siempre», destacaron.
Además, en el marco de la toma de sucursales y movilización en CABA, llaman a viralizar sus reclamos en las redes sociales con los hashtags #GARBARINOdespide y #GARBARINOnoPAGA.
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Salud.
Continúa el paro en el Garrahan a pesar de las amenazas de descuentos y sanciones
Los trabajadores retomamos el paro este martes, miércoles y sábado contra el acuerdo paritario de miseria que están acordando los Gobiernos con la burocracia sindical de UPCN y de ATE. La dirección del hospital nos ataca, por eso llamamos a todas las organizaciones políticas y sindicales, sectores en lucha y de derechos humanos a participar de todas las acciones.
En el Garrahan, hace dos semanas, arrancamos una importante lucha contra el recorte salarial, con paros muy importantes que se fueron decidiendo en asambleas y movilizaciones, contra el acuerdo paritario de miseria que propusieron los Gobiernos con la burocracia sindical de UPCN y de ATE a nuestras espaldas. Muchos servicios son los que se sumaron: laboratorio, la UCI 35, 44 y 45, camilleros, rayos, farmacia, esterilización, guardia y UCE, quemados, neo, centro quirúrgico, CAIPO, docencia, consultorios, CIM 73, 74 y 75, endoscopía digestiva y los sectores siguen, además que participaron de todos los turnos, noche, mañana, tarde y franqueros.
Esta semana se continúa la lucha con paro de 48 horas. El martes 6 de julio, realizaremos una movilización con corte de calle a las 13:30 horas en la puerta del hospital, en Combate de los Pozos 1881. Luego, el miércoles 7 de julio continuamos con corte y asamblea. Y el sábado 10 de julio a las 13 horas estaremos realizando una reunión abierta de apoyo a la huelga del Garrahan. Llamamos a participar a todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas y de DDHH.
Por otro lado, se está difundiendo una carta a las familias y vecinos para que se sumen a la unidad que se está gestando en la población.
Después de un año y medio de atravesar esta pandemia, con doble trabajo y desgaste, consideramos que vivimos permanentemente un destrato a la primera línea que estuvo al frente del coronavirus y en defensa de la salud pública contra el desfinanciamiento.
Es importante que sigamos redoblando la lucha pese a las amenazas de descuentos y sanciones por parte de las jefaturas y de la Dirección del hospital. Ellos quieren que bajemos los brazos y nos dividamos, nosotros, por el contrario, aumentamos la unidad y la fuerza que ya se hace sentir desde todos los sectores. Mostrémosle a la dirección del hospital, a los Gobiernos y a las burocracias sindicales que el ajuste no lo vamos a pagar las y los trabajadores como pretenden. Todos los mencionados junto al macrismo son los responsables de la crisis que estamos viviendo.
En el hospital Garrahan tomamos la decisión de ir hasta el final, vamos a continuar hasta triunfar porque, si hay algo que nos quedó como ejemplo, es la impresionante lucha que dieron las y los trabajadores de la salud en Neuquén con la autoorganización junto a la comunidad. Si Neuquén pudo nosotros también.
Por eso desde la Agrupación Marrón creemos muy importante el paso que se está dando en la organización entre las y los trabajadores y la unidad a partir del empuje de las y los compañeros del centro quirúrgico que contagió al resto de los sectores. Discutimos en los distintos servicios cómo continuar la lucha, proponer y votar las acciones para llevar adelante.
Esta unidad es importante que siga creciendo, sumando a más compañeros, convencerlos que estas políticas de ajuste se las enfrenta con organización y lucha. No tenemos nada que perder, todo lo contrario. Sumemos a esta pelea a las y los compañeros residentes, médicos y familias. Pongamos en pie un comité de lucha y difusión con un representante por sector del hospital, junto a los delegados de la Junta Interna, la Asociación de Profesionales, más las familias que quieran ser parte para discutir cómo continuar.
Transformemos al Garrahan en una gran causa nacional en defensa de la salud pública. Hagamos una gran acción, un gran corte de toda la comunidad hospitalaria, más los docentes y junto a todos los sectores en lucha que obligue a los medios a mostrar la realidad que vive el equipo de salud, esa realidad que quieren tapar, pero que nosotros estamos decididos a mostrar.
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