Claudio Lozano propone a Alberto Fernández crear una Ingreso Básico Universal de carácter incondicional
Con la consigna «Por una Argentina libre de hambre y cuatro millones de puestos de trabajo», el director del Banco Nación, dirigente nacional de Unidad Popular (UP) y Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano, envió, junto a dirigentes de su partido, una propuesta pública al presidente Alberto Fernández donde lo insta a mantener la Asignación Universal por Hijo (AUH) y crear «un Ingreso Básico Universal cuyo valor será aquel que establezca la línea de indigencia calculada por el INDEC para todas las personas adultas entre 18 y 65 años que se encuentren en situación de informalidad y desempleo», incluyendo también a «aquellos monotributistas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo». «Estos dos instrumentos, la AUH y el IBU, constituyen una Renta Básica Incondicional que construye un piso alimentario para que ningún hogar quede por debajo de la línea de indigencia», sostienen. Por ANRed.
«Enviamos la propuesta de política pública planteada por Claudio Lozano y dirigentes de Unidad Popular en el marco de la reunión con el Presidente de la Nación, Alberto Fernández – comienza el comunicado enviado por Claudio Lozano a la prensa – Dicha propuesta sintetiza en tres instrumentos de política pública, el conjunto de planes hoy vigentes. Por un lado, mantiene la Asignación Universal por Hijo (AUH), por otro establece un Ingreso Básico Universal cuyo valor será aquel que establezca la línea de indigencia calculada por el INDEC para todas las personas adultas entre 18 y 65 años que se encuentren en situación de informalidad y desempleo, también incluye aquellos monotributistas que tienen ingresos inferiores al salario mínimo. Estos dos instrumentos, la AUH y el IBU, constituyen una Renta Básica Incondicional que construye un piso alimentario para que ningún hogar quede por debajo de la línea de indigencia«, detalla la propuesta.
A la vez, sostiene que «la propuesta que se plantea crea un Salario Social de Empleo y Formación equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, en el marco del cual se crean cuatro millones de puestos de trabajo articulados con distintos ejes de desarrollo vinculados a un Programa de Reconstrucción Productiva y Social de la Argentina. La propuesta combina la creación de una Renta Básica Universal de carácter incondicional con un programa de empleo garantizado», amplía el comunicado sobre el documento presentado al presidente Alberto Fernández.
«Hemos evolucionado desde la que fuera nuestra propuesta inicial, aquella que formulamos al calor de la Consulta Popular convocada en el 2001 por el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) con la propuesta para crear un Seguro de Empleo y Formación. En la práctica, proponíamos una suerte de programa de empleo garantizado para todos aquellos en situación de desocupación. La propuesta se completaba con el acompañamiento de dos instrumentos adicionales: la Asignación Universal por Hijo (AUH) que se concretó en parte en el 2009 y la universalización del haber mínimo para todos aquellos que llegaran a la edad de jubilarse, independientemente de si habían completado sus treinta años de aportes», recuerda el documento.
«Desde ese momento ha pasado mucho tiempo, y si bien en ese tiempo pareció que podía revertirse lo que se vivía, el proceso político volvió a colocarnos en una situación de profundo deterioro social donde la pobreza no sólo no se revirtió, sino que se intensificó sobre la base del crecimiento aún mayor de la indigencia. En realidad, lo que hoy y aquí proponemos, combina una estrategia de Empleo Garantizado con una Propuesta de Renta Básica Universal de carácter incondicional», justifica el documento de la propuesta.
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Covid-19 en el AMBA: «las fracciones económicamente más vulnerables son las que menos han podido evitar la movilidad»
Imagen de la estación de trenes de Constitución, saturada de trabajadores y trabajadoras provenientes del conurbano bonaerense, en plena pandemia. | Foto: Adrián Escandar.
Un equipo de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA realiza reportes de la situación en la región sanitaria IV del conurbano bonaerense (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela). En la tercera parte del octavo reporte se enfocan en la movilidad social, las desigualdades y el impacto socio-económico del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). «El aislamiento fue una excelente medida de shock en un momento en el cual el sistema de salud necesitaba ponerse a punto, sin embargo, la reclusión no puede ser una solución de mediano y largo plazo. Hubo políticas de asistencia, pero claramente fueron insuficientes. Lo que podemos constatar mediante los datos es que son las fracciones económicamente más vulnerables las que menos han podido evitar la movilidad», concluyen. Por ANRed.
«La noción de lo metropolitano nos habla de tránsitos, de movilidades y de funcionalidades diversas entre segmentos sociales y espaciales disímiles. Estas funcionalidades están articuladas con tremendas desigualdades infraestructurales y de recursos varios», remarcan desde el equipo de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA que vienen realizando desde el comienzo de la pandemia reportes de la situación en la región sanitaria IV del conurbano bonaerense (Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Almirante Brown, Quilmes, Berazategui y Florencio Varela).
«El aislamiento fue una excelente medida de shock en un momento en el cual el sistema de salud necesitaba ponerse a punto, sin embargo, la reclusión no puede ser una solución de mediano y largo plazo. Para una importante fracción de la población, este aislamiento resultaba inviable si no se articulaba con medidas extendidas y profundas de asistencia integral. Hubo políticas de asistencia, pero claramente fueron insuficientes«, concluyen, a partir de la lectura que hacen de los datos estadísticos que arroja el relevamiento.
«Es cierto que una porción minoritaria de la sociedad no ha respetado la cuarentena por motivos ideológicos o por irresponsabilidad social, pero millones de personas necesitaron de la movilidad para satisfacer sus recursos mínimos de subsistencia«, señalan.
El equipo trabajó con las bases de datos de Usuarios de la tarjeta Sube. En base a eso, señalan: «los motivos por los cuales las personas fueron retomando la movilidad son diversos y no tenemos material empírico para poder sustentar respuestas adecuadas. Sin embargo, lo que podemos constatar mediante los datos es que son las fracciones económicamente más vulnerables las que menos han podido evitar la movilidad«, remarcan desde el equipo de trabajo compuesto por María Maneiro, Juan Pablo Borda, Ariel Farías, Santiago Nardín, Leónidas H. Olivera y Diego Pacheco, con el asesoramiento técnico de Soledad Fernández Bouzo y Manuel Riveiro, y la colaboración en la transmisión y publicación de Alesia Gervasi.
En la misma línea, agregan: «los datos que mostramos en este informe dan cuenta de que fueron los sectores más vulnerables los más tuvieron que utilizar los servicios de transporte público; ellos además de ponerse en peligro de forma cotidiana, han sido escasamente comprendidos por el mundo de las políticas públicas y el conocimiento científico. Esperamos, con este trabajo, haber brindado un mínimo aporte», finaliza.
El informe se puede leer completo aquí.
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La gestión obrera de Cerámica Neuquén en estado de alerta ante una nueva amenaza de desalojo
La gestión obrera de Cerámica Neuquén en estado de alerta nuevamente ante un informe actualizado de la Policía de Neuquén que manifestaba que no estaban las condiciones para ingresar a la fabrica, tal como lo plantea una orden judicial. Desde una de las partes involucradas a través de su abogado, instó en las últimas horas al Juez de la causa, Hugo Ferreyra a utilizar las fuerzas federales para que se cumpla la orden judicial. Por ANRed.
Cerámica Neuquén, una de las cerámicas que se encuentra bajo gestión obrera desde el 2014, como informamos en ANRed, en el mes de marzo se vio ante un revés judicial. Hace 3 años viene atravesando un remate producto de una demanda de obreros que no se sumaron a la gestión obrera. Se había logrado un acuerdo en una mesa de negociación con el gobierno y la anterior patronal para pagar deudas y juicios laborales. Pero en marzo, un juez laboral subrogante, Hugo Daniel Ferreyra, emitió un oficio, supuestamente de inspección con un protocolo para que un tasador ingrese a la fábrica. En este oficio se autoriza a la policía a realizar un trabajo de inteligencia para armar el operativo de cómo ingresarían a la fábrica, y establece “oficiar al Ministerio de Salud de la Provincia a los fines de que se prevea la presencia de ambulancias que la autoridad policial estime necesarias y se oficiará también al cuerpo de bomberos de la provincia a los fines de que se hagan presentes preventivamente en el lugar con los elementos que la autoridad policial estime necesario” y agrega que “oficiase a la Jefatura de Policía de la Provincia a fin de que, luego del debido estudio y análisis de las circunstancias particulares de este caso, y dentro del plazo de cinco días se sirva de informar al tribunal cuanto efectivos del GEOP serán necesarios para la realización del operativo en condiciones de seguridad así como las demás medidas de prevención que serán necesarias de modo de proveer a la mejor coordinación de la medida (sic)”.
Desde la Jefatura de policía, habrían informado luego de que realicen tareas de inteligencia que “si bien eventualmente se contaría con la capacidad operativa para el cumplimiento de la manda judicial, posteriormente, ante el faltante del capital humano necesario, no se podría garantizar la cobertura de seguridad necesaria en el sector, ello debido al grado de conflictividad social actual que existe en el conglomerado de la confluencia en el marco de la pandemia”.
En dicho informe de inteligencia se expresa que “Existe la posibilidad manifiesta y ferviente que los trabajadores no den lugar al cumplimiento del mandato judicial, primeramente por los riesgos objetivos que presenta las instalaciones, como la existencia de cañerías de gas sin mantenimiento, las instalaciones eléctricas de las cuales se desconoce el funcionamiento, condiciones sanitarias y de bioseguridad de los trabajadores, y segundo por la presencia combativa de las Organizaciones Sociales (Fasinpat), Partidos Políticos de Izquierda, y familiares, que anoticiados del operativo sin duda se harán presente in situ”.
En este informe se reconoce también se da cuenta de la situación manifestando que “Los funcionarios judiciales deberán tener en cuenta el peligro inminente con el cual se llevara a cabo un hipotético ingreso a las instalaciones; por lo cual se deberá ultimar los detalles para garantizar la seguridad y la integridad física tanto de policías como trabajadores; y que no haya que lamentar la pérdida de vidas humanas por actos de imprudencia, impericia o negligencia; minimizando todos los riesgos posibles, máxime que más allá de los esfuerzos institucionales para cumplir con la medida ordenada, será necesario resaltar que naturalmente estas situaciones de riesgo afectan a ambas partes, dado que a la fecha resulta imposible encontrar interlocutores válidos que propicien un escenario de negociación y permita obtener resultados favorables”.
El informe de inteligencia cierra afirmando que “En función a los distintos elementos objetivos incorporados, esta instancia técnica sugiere la imposibilidad material cierta de iniciar un despliegue operativo con miras a ingresar a las instalaciones de la ex -Cerámica Neuquén”.
Ante esta situación, desde una de las partes involucradas a través de su abogado, instó en las últimas horas al Juez de la causa, Hugo Ferreyra a utilizar las fuerzas federales para que se cumpla la orden judicial.
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Ingenio San Isidro: la empresa deberá negociar las indemnizaciones de los despedidos en 2018
Tras seis días de medida de fuerza se abrió una mesa de diálogo entre el gremio SOEASI, los empresarios y el gobierno provincial. Reclaman que se paguen completas las 700 desvinculaciones de hace tres años. Los actuales dueños pretenden entregar terrenos en parte de pago.
Redacción Canal Abierto | Luego de intensas jornadas de cortes, acampes y bloqueos en las puertas del Ingenio San Isidro, en la localidad de Campo Santo del departamento de General Güemes, en Salta, los trabajadores despedidos y el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro en la CTA Autónoma decidieron suspender las protestas que quede constituida la mesa de diálogo que comenzó a establecerse entre el gremio, la empresa y el ministerio de Trabajo de Salta.
Reclaman que se completen las 700 indemnizaciones de los obreros que fueron desvinculados en enero de 2018. La actual sociedad administradora de la planta, el Grupo Ruiz, se niega a pagar la parte que dejó pendiente el Grupo Gloria, dueño anterior del ingenio. Los actuales patrones pretenden pagar la deuda entregando terrenos que están dentro del predio de la compañía. Días atrás, la empresa y el gobierno militarizaron las instalaciones de la fábrica con custodia armada de agentes policiales.
Mariano Cuenca, secretario General del SOEASI, anunció que “el plan de lucha decidido por los trabajadores que comenzó el lunes 5 de julio entró en un cuarto intermedio para dar lugar al diálogo y la negociación que siempre hemos propuesto como forma ideal de resolver el conflicto”.
Los dirigentes del sindicato ya tuvieron encuentros con el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, y también participará la cartera de Trabajo y otros funcionarios de la provincia. Se espera que para los primeros días de esta semana las discusiones estén avanzadas.La medida de fuerza realizada por los trabajadores desocupados incluyó acampes de los trabajadores y sus familias frente a varios puntos de ingreso al ingenio en reclamo por el pago completo de las indemnizaciones que se les adeudan y el reconocimiento de las potestades legales que tiene el SOEASI en defensa de los derechos laborales.
“En los departamentos en los que tienen otras industrias, los dueños del Ingenio han repartido listas negras con el nombre de los trabajadores para que no puedan conseguir trabajo en otras industrias. Es un daño tremendo el que le están haciendo a la sociedad este grupo de empresarios de Tucumán que son los hermanos Ruiz”, dijo Cuenca a Canal Abierto.
“Apenas supimos que se abría la puerta del diálogo que hasta el martes pasado nos era negado, decidimos entrar en un cuarto intermedio para dar lugar a soluciones concretas y compromisos formales y efectivos que satisfagan los justos reclamos de nuestros compañeros que están viviendo una situación desesperante producida por el desempleo y la falta de pago del total de sus indemnizaciones”, agregó Cuenca, quien destacó que “nuestras reivindicaciones están en pie porque cientos de familias salteñas están pasando hambre y cientos de trabajadores fueron privados unilateralmente de sus derechos más elementales”.
“Nuevamente los trabajadores decidimos apostar a una solución pacífica del conflicto y eso fue una clara muestra de buena voluntad de nuestra parte. Esperamos que la actitud de la patronal sea la misma. La mediación del gobierno provincial es fundamental para resolver positivamente la situación porque el hambre no puede esperar”, concluyó el dirigente azucarero.
Horacio Meguira, titular del departamento Jurídico de la CTA Autónoma Nacional, a cargo de las negociaciones por kas indemnizaciones, sostuvo que tanto los actuales dueños como los anteriores son “solidariamente responsables” por las deudas, rechazó el ofrecimiento de lotes como parte de pago y explicó que se trata de “un engaño que ningún juez podría homologar.
Testimonio de la barbarie
José Antonio Aguilera es Maquinista Integral de Cosecha y fue apartado de su trabajo en el ingenio San Isidro. El motivo por el que se lo dejó afuera de la zafra actual fue “pedirle al ingeniero Martín Arguello (miembro del personal jerárquico del grupo Ruiz) que nos diera 20 minutos para comer al mediodía”.
“Nosotros queremos que nos paguen el 50 % de la indemnización que nos debe la empresa de los Ruiz. Y además, acá en esta empresa no hay antigüedad, todos somos personal discontinuo. No tenemos derecho a nada. La empresa que se fue (la multinacional peruana conocida como Grupo Gloria que decidió cerrar el ingenio en 2018 y despedir a todo el personal) dijo que se iba porque estaba en quiebra y eso es mentira. Los archivos de cosecha de fines de zafra en los últimos años demuestran que todas fueron cosechas record. Y la empresa que está ahora también tuvo producción record. Tanto los anteriores dueños como los actuales dicen que la culpa de esas supuestas crisis es del sindicato. Y los gremios nunca pueden llevar a la quiebra a una empresa porque ningún empresario nunca le regala un peso a ningún trabajador y menos cuando hay record de producción. Yo hablé con la jefa de policía de Campo Santo y ella también dice que la culpa de todo la tenemos nosotros porque ganábamos mucha plata. Pero cuando un gremio hace cumplir lo que corresponde (como lo hace el SOEASI), todo lo que es ley, entonces nosotros podemos llegar a tener un sueldo digno”, contó Aguilera.
“Me cansé de tanto atropello. Estuve trabajando desde 1998. Todo lo que digo y hago ahora es por el futuro de los que siguen trabajando, entre los que está mi hermano, a quienes les pagan lo que quieren y les hacen lo que quieren y les hacen agachar la cabeza aprovechándose de la necesidad de trabajo que tienen. Yo le digo a la población de Camposanto y El Bordo: ustedes no saben lo que está pasando ahí adentro del ingenio. Estos empresarios le hacen mal a la sociedad. Le hacen daño a la gente trabajadora. Antes estábamos mejor porque el sindicato SOEASI y Acho Cuenca (secretario General) presionaba para que podamos comer, para que nos paguen lo que corresponde, pero desde que llegaron los Ruiz empeoró todo. Es inhumano lo que están haciendo con los trabajadores. Las empresas como ésta de los Ruiz son empresas golondrina que cuando la gente obtiene la antigüedad, mejor sueldo y condiciones de trabajo, se van a explotar gente a otro lado y todo sigue igual o peor”, agregó.
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Trabajadores porteños de la salud le piden mejoras salariales a Larreta e iniciaron un paro por 48 horas
Trabajadores de la salud de la ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) nucleados en ATE iniciaron hoy un paro por 48 horas en reclamo de mejoras salariales, entre otras demandas sectoriales.
En ese marco, a las 11 darán una conferencia de prensa en el Hospital Durand, ubicado en la avenida Avenida Díaz Vélez 5044.
«Estamos rechazando esa paritaria del 30% a pagar en tres cuotas y reclamando un 45% de aumento de nuestros salarios porque el sueldo no alcanza. En nuestro sector tenemos sueldos que oscilan entre los 40 y 60.000 pesos de acuerdo a la antigüedad. Es una real vergüenza lo que estamos cobrando», dijo a Télam Héctor Ortiz, trabajador del Hospital Durand y coordinador de la Agrupación de Hospitales de la ciudad de Buenos Aires de ATE,
Denunció además que hay «enfermeros y enfermeras contratados y amenazados con no renovarles el contrato laboral».
«Nosotros insistimos en nuestro reclamo del pase a planta permanente y de reconocimiento laboral a todos aquellos y aquellas empleadas que no tienen reconocimiento laboral por parte del Gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta», dijo Ortiz.
Finalmente, advirtió que «si no hay respuestas» del Gobierno porteño a sus reclamos, debatirán «en asambleas, en todos los hospitales porteños un endurecimiento de las medidas de fuerza».
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| 13 DE JULIO: PARO DE MÉDICOS MUNICIPALES -Por el destrato que sufrimos todos los médicos y las médicas del sistema. -Por el vergonzante manejo de las licencias luego de 500 días de pandemia. -Por la falta de coordinación en la organización del trabajo. -Por una pauta salarial que reconozca nuestro trabajo y esfuerzo.El martes 13 de julio los médicos municipales paramos por 24 hs.AMMCABA |
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| Continuamos con el reclamo por las licenciasLa AMM informa que continúa con un fuerte reclamo para que sean otorgadas a la brevedad las licencias ordinarias o por stress. Consideramos de vital importancia paliar la situación de stress laboral de los médicos, luego de transcurridos 15 meses desde el inicio de la pandemia. Su implementación redundará en un sano equilibrio entre las necesidades sanitarias y la salud de los colegas.AMMCABA |
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| EL DR. GILARDI SE REFIRIÓ A LA SITUACIÓN DE LAS CONCURRENCIAS |
| https://www.youtube.com/embed/aSAsXuhMWEw |
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| ADELANTAMIENTO DE PARITARIASFrente al avance inflacionario, la AMM consiguió adelantar la paritaria salarial con el GCBA. La falta de reconocimiento acorde a la responsabilidad y esfuerzo de nuestros colegas, la situación de estrés y el agotamiento sin licencias, hacen absolutamente necesario actualizar la negociación. Confirmamos que vamos a seguir poniendo nuestro profesionalismo y experiencia ante la pandemia, pero con igual certeza, decimos que pondremos lo necesario gremialmente para conseguir lo que reclamamos. Queda claro que de no encontrar una respuesta satisfactoria, tomaremos las medidas gremiales necesarias. Somos esenciales, exigimos que se nos pague como esenciales.AMMCABA |
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Moyano desmintió que haya pedido ayuda a empresarios para pagar salarios y acusó a La Nación de ser «el pasquín de la Embajada de Estados Unidos»
Pablo Moyano desmintió que el gremio haya tenido que salir a pedir aportes a empresarios para pagar salarios del Sanatorio Antártida. Tildó al Diario La Nación de ser un «pasquín de la embajada de Estados Unidos».
«Queremos desmentir una nueva nota del pasquín de la embajada de Estados Unidos como es La Nación», abre un audio viral que envió este fin de semana Pablo Moyano a los camioneros.
El objetivo es desmentir que el gremio haya pedido aportes a los empresarios de la actividad para pagar salarios del Sanatorio Antártida, que el gremio inauguró el año pasado.
«Las empresas debían aportes durante meses. Le vienen descontando a los trabajadores y no aportan a la obra social. Solamente hicieron un pago a cuenta de la deuda que mantienen», explicó.
Además recordó que La Nación suele castigar a los Moyano en cada protesta: «Cuando hacemos alguna medida de fuerza legitima, en seguida sale este pasquín a decir ‘los bloqueos de los camioneros».
Y cerró: Seguimos trabajando y luchando por los derechos de los trabajadores. Que este pasquín de la embajada y de los grandes empresarios de este país no va a doblegarnos».
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Denuncian que empresarios gastronómicos pagan hasta un 50% menos de sueldo a los trabajadores
El sindicato de gastronómicos Uthgra de Mar del Plata denunció hoy que «la gran mayoría de los empresarios del sector pagan sueldos de hasta un 50% menos de lo establecido», al tiempo que se pidió que «se cumplan las escalas salariales de los trabajadores».
La secretaria general adjunta del gremio local, Nancy Todoroff, informó a través de un comunicado que «a pesar de la reactivación en el sector en medio de la pandemia del coronavirus, estamos observando que muchos empresarios, sobre todo, del ámbito gastronómico, están rebajando los sueldos de los trabajadores de hasta un 50 por ciento».
«A pesar que los salarios de los gastronómicos y hoteleros no están en los niveles que todos deseáramos, por lo que continúa siendo una lucha del gremio en todo el país», sostuvo y agregó que «muchos empresarios se aprovechan de la gran demanda laboral y necesidad de los marplatenses por mantener sus fuentes laborales, para bajar los sueldos de los compañeros y compañeras».
El comunicado de Uthgra local, señala además que «en vez de seguir luchando codo a codo y de recordar el apoyo de los trabajadores y del gremio durante estos meses de pandemia, gran parte de los empresarios ofrecen o pagan sueldos de hasta un 50% menos».
En esa línea, el Todoroff sostuvo que «vemos como el trabajo florece en muchos ámbitos de la gastronomía y los empresarios empezaron a incumplir las escalas salariales, el abuso de las medias jornadas, la aplicación de descuentos que luego no son enviados a sus obras sociales o gremio como marca la ley».
«Algunos empresarios tratan de conformar a los trabajadores con 35 mil pesos en vez de pagarles 55 mil por un sueldo, cuando rondan o superan los 55 mil pesos según su categoría y/o antigüedad, expresó.
Desde el gremio local indicaron que dicha situación fue detectada durante «recorridas diarias en las últimas semanas por los establecimientos de la ciudad, sobre todo en las grandes cadenas gastronómicas que inclusive se encuentran al frente de la apertura de nuevas sucursales».
Por último, desde Uthgra, informaron que ya realizaron la denuncia ante el Ministerio de Trabajo.
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Fesprosa convoca a una serie de medidas de fuerza regionales en defensa del salario
Después de la exitosa jornada nacional de lucha que concretó la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa) los pasados 7 y 8 de julio, en más de 20 provincias, ahora confirmó su apoyo a nuevas medidas de fuerza provinciales, que comenzaron en Mendoza y que continuarán con paros y movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos distritos del Conurbano bonaerense.
La presidenta de la Federación, María Fernanda Boriotti, consideró que dicha jornada “fue la demostración de que el medio millón de trabajadores de la salud pública están no solo agotados por el trabajo en la pandemia, sino también por la falta de reconocimiento del Estado, por el atraso salarial, y la falta de protección a los trabajadores”. Y agregó: “Es necesario un viraje radical en las políticas públicas del Estado nacional, las provincias y los municipios para revalorizar y proteger a los trabajadores de la salud”.
Después de las jornadas del miércoles y jueves pasado, el 9 de julio se llevó adelante en la provincia de Mendoza una masiva movilización de profesionales acompañados por la comunidad local, para visibilizar un pliego de reclamos centrado en la magra oferta salarial que el gobernador Rodolfo Suárez realizó a los profesionales de la salud.
Por otro lado, este próximo martes 13 se concretará un paro general en el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo la reapertura de paritarias para reparar el atraso salarial, levantando además un pliego de reivindicaciones laborales y de condiciones de trabajo que incluya el conjunto de los estamentos del sistema de salud.
El miércoles 14, la APS Fesprosa Matanza encabeza una movilización multisectorial por un sueldo digno, el fin de la precarización laboral, y el cumplimiento de la ley 14.656 de Carrera Municipal Administrativa y Profesional Hospitalaria.
Desde Fesprosa confirmaron que se han comunicado “solidariamente” con las organizaciones convocantes, “manifestando su apoyo y convocándolas nuevamente a construir una potente jornada nacional unificada de lucha de todos los trabajadores de salud del país”. En ese sentido, el próximo viernes 16, el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación se reunirá para evaluar la situación y decidir los próximos pasos a seguir.
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Paro de controladores aéreos en reclamo de aumento salarial afecta vuelos de cabotaje
La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad Aeroportuaria (Atepsa) lleva adelante una medida de fuerza en dos franjas horarias, de 10 a 12 y de 16 a 18, y no habrá despegues en ningún aeropuerto del país para vuelos comerciales de cabotaje, ya que desde hace varias semanas, llevan adelante un reclamo por readecuación salarial que aún permanece trabado.
Por ese motivo los controladores aéreos llevarán a cabo este lunes una medida de fuerza, que se extenderá en los próximos días y afectará todos los vuelos regulares y no habrá despegues en todos los aeropuertos del país.
La movilización de Atepsa fue incrementándose a medida que la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), que depende del Estado, no avanzó. Hace dos semanas, el gremio activó medidas de fuerza para los vuelos de carga, ejecutivos y escuelas de aviación. Y, desde este lunes, la demanda se prolonga a los vuelos comerciales, lo que podría complicar aún más la situación con las pocas frecuencias que hay actualmente producto de las restricciones por el avance del coronavirus.
Ante las consultas desde la entidad gremial, Jonatán Doino, secretario gremial explicó que “reclamamos una urgente recomposición salarial para completar la negociación paritaria del año pasado y acordar la del actual, recuperar lo perdido y ganarle a la inflación como proclama el Gobierno nacional”.
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SINDICATOS DE LA INDUSTRIA DE MEDIOS AUDIOVISUALES Y ARTES ESCÉNICAS A NIVEL REGIONAL LANZAN ENCUESTA SOBRE VIOLENCIA Y ACOSO EN LOS ESPACIOS DE TRABAJO
UNI Américas y el Grupo Latinoamericano de la Federación Internacional de Actores (FIA), así como sus afiliadas, presentan la Encuesta sobre violencia y acoso en los espacios de trabajo en la Industria de Medios Audiovisuales y Artes Escénicas en Latinoamérica, que busca identificar y visualizar la existencia de estas conductas a nivel regional. La información recabada, permitirá generar un diagnóstico que servirá como antecedente para que las organizaciones sindicales puedan profundizar en el tema, realizar acciones de prevención e incorporar propuestas específicas que permitan representar mejor los intereses de sus afiliadas en los procesos de diálogo social. “Si todas las mujeres que han sido acosadas o abusadas sexualmente escribieran #metoo en sus cuentas, podríamos ver la magnitud del problema”, escribía la actriz Alyssa Milano en 2017, iniciando el movimiento #Metoo, para denunciar la agresión y el acoso sexual en la industria cinematográfica en los Estados Unidos. Junto a esta campaña, surgieron otras en varios países de Latinoamérica encabezadas por los propios sindicatos, como en Argentina, Colombia, Chile, entre otros países, denunciando la misma situación. “Los sindicatos vienen trabajando incansablemente para que mediante la negociación colectiva se introduzcan normas claras que impulsen políticas de prevención contra la violencia y el acoso en los lugares de trabajo. Esta encuesta arrojará más luz sobre la relevancia del problema el sector y complementará lo que ya vienen denunciando las distintas organizaciones sindicales”, expresó Briceida González, Directora Regional de UNI Américas Igualdad de Oportunidades.Para el Grupo de Mujeres de PANARTES en Argentina, es importante destacar que “como mujeres sindicalistas nuestro compromiso es generar las herramientas necesarias desde la negociacion colectiva para garantizar espacios laborales libres de violencias. Creemos que debemos generar entornos seguros para que las compañeras pierdan el miedo a denunciar. Esta iniciativa regional es un gran paso, sobre todo en estos momentos tan difíciles para nuestra actividad. La encuesta nos dará un diagnóstico sobre las trabajadoras de los medios de comunicación, el arte y el espectáculo en la región.”»Debemos entender que las políticas de prevención y protección que propenden espacios laborales libres de violencia y acoso, generan mejores condiciones de trabajo y esta equiparado a cualquier otro derecho en el vínculo laboral; por lo tanto, es una herramienta urgente y necesaria que nos debemos las y los trabajadores y trabajadoras del medio actoral e intérprete» agregó Alejandra Rincón, Secretaria General de FIA-LA, Comité Ejecutivo FIA.“En todos los ámbitos laborales, la violencia hacia las mujeres y disidencias se expresa como acoso, hostigamiento sexual, segregación, discriminación salarial, restricciones de contratación, un fuerte techo de cristal, entre otras formas. Se nos hace urgente un diagnóstico claro y preciso para impulsar y adoptar políticas específicas. Encontramos, en esta encuesta, una buena herramienta de diagnóstico y creación de redes imprescindibles para generar mejores y más equitativas condiciones laborales”, agregó en sintonía, Alicia Dogliotti, Vicepresidenta de FIA. Esta encuesta es una iniciativa sindical regional de las afiliadas de Panartes, sector de Medios de Comunicación, Espectáculos y Artes de UNI Américas, y del Grupo Latinoamericano de la Federación Internacional de Actores (FIA), con el apoyo de Union to Union, la organización del movimiento sindical sueco para la cooperación internacional al desarrollo.
La encuesta está disponible en los siguientes vínculos:En español: https://bit.ly/3hvihnPEn portugués: https://bit.ly/3r2X33ZPuede conectarse al evento de lanzamiento el día jueves 15 de julio a las 12:30 pm ARG. Una transmisión en vivo del evento del lanzamiento se realizará desde la página Facebook de UNI Américas: https://www.facebook.com/uniamericasunion/ Para más información, puede ponerse en contacto con: carolina.gonzalez@uniglobalunion.org
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Sistema previsional
Por la informalidad y el desempleo, son más los que se jubilan sin los 30 años de aportes
Según datos oficiales, 6 de cada 10 de los nuevos jubilados y pensionados tuvo recurrir a una moratoria o a pensión sin o con pocos aportes.
Los que se jubilan con moratorias cobran el haber mínimo ($ 23.065 brutos).
Por el desempleo y la informalidad laboral, 6 de cada 10 de los nuevos jubilados y pensionados tuvo recurrir a las moratorias o a pensiones sin o con pocos aportes.
El dato lo suministró el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero en su reciente Informe a la Cámara de Diputados.
Según Cafiero, en los primeros 6 meses de este año, ANSeS otorgó 249.841 jubilaciones y pensiones. De ese total el 39% – 97.390- fueron beneficios sin recurrir a moratorias, 62.893 a beneficios con moratoria y 89.758 a pensiones no contributivas y PUAM, (Pensión Universal al Adulto Mayor) que se adquiere con más de 65 años al margen de los aportes realizados.
En 2020, sobre un total de 283.614 nuevas jubilaciones y pensiones, 126.401 fueron sin moratoria (44%). En 2019, sobre 437.752 altas, el 43,3% (189.735) tuvieron como mínimo los 30 años de aportes.
En total, el Jefe de Gabinete informó que al 31 de diciembre de 2020 el sistema tenía 8.485.457 jubilados y pensionados, de los cuales sólo 3.274.614 son sin moratoria (38,6%). Del resto, 3.581.120 fueron con moratoria y 1.629.723 corresponden a pensiones no contributivas y PUAM.
Todos los datos oficiales muestran que por la informalidad y el desempleo, la mayor parte de los que tienen la edad jubilatoria –en su mayoría sectores vulnerables- tienen que recurrir a las moratorias o a la PUAM para jubilarse, pero con haberes muy inferiores al resto.
Con 30 o más años de aportes, la jubilación ronda el 60/65% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años.
Los que se jubilan con moratorias cobran el haber mínimo ($ 23.065 brutos), los de la PUAM el 80% de ese valor ($ 18.452) y las pensiones no contributivas ($ 16.145).
Con 30 o más años de aportes, la jubilación ronda el 60/65% del sueldo promedio actualizado de los últimos 10 años en el caso de los trabajadores en relación de dependencia.
En la actualidad está la moratoria de la Ley 24.476, que quedó abierta con carácter permanente y permite a hombres y mujeres regularizar períodos comprendidos entre el 01/01/1955 al 30/09/1993.
Otra moratoria vigente es hasta julio de 2022, aunque solamente para las mujeres. Según la ley 26.970, permite regularizar años de aportes del período comprendido entre el 01/01/1955 al 31/12/2003.
Así las mujeres que cumplen este año 60 años, nacidas en 1961, pueden regularizar hasta 24 años de servicios entre 1979 –cuando cumplieron 18 años- y 2003.Y deben contar con 6 años o más de aportes a la seguridad social, luego de 2003.
En tanto los que no tienen aportes por haber estado inactivos o desempeñarse en la informalidad o cuenten con 10, 20 o 25 años de aportes, tanto varones como mujeres a los 65 años, por la ley 26.970 aprobada en junio de 2016 pueden acceder a la PUAM (Pensión Universal al Adulto Mayor) que equivale al 80% de la jubilación mínima para todos por igual porque no se toma en cuenta los años de aportes que tengan registrados. Y también si demuestran que están en “vulnerabilidad social” en base a una evaluación socio-patrimonial de la familia.
La PUAM no da derecho a la pensión por viudez por el fallecimiento del cónyuge.
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¿Es posible la semana laboral de cuatro días?
A partir de la década de los cincuenta la productividad, sobre todo en los países industrializados de la OCDE, ha crecido de forma sostenida. Sin embargo, ni las horas trabajadas ni la remuneración por hora trabajada ha seguido una evolución proporcional a este patrón.
Por Diego Cafú
En la década de 1930’, John Maynard Keynes vaticinaba que el avance tecnológico redundaría en un aumento de la productividad y una sostenida reducción de las horas semanales de trabajo. El primer vaticinó se cumplió. El segundo fue una utopía: el aumento de la competencia y la vorágine para con la acumulación de capital fueron un ‘buffer’ de contención inexpugnable para aquellos que promueven una menor carga laboral para los trabajadores.
Para lograr este cometido, se llevó a la ética protestante a su máxima expresión: una sociedad que no concibe otra lógica que no sea la de trabajar duro para conseguir los sueños. Un capitalismo que nos dice que ‘Somos pobres porque no somos productivos’. Mentira: a partir de la década de los cincuenta la productividad, sobre todo en los países industrializados de la OCDE, ha crecido de forma sostenida. Sin embargo, ni las horas trabajadas ni la remuneración por hora trabajada ha seguido una evolución proporcional a este patrón.
Solo para dar un par de ejemplo, en el Reino Unido dos tercios de las 8 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza, tienen un trabajo estable. Según el sindicato español UGT, en 2020, en España el 12,7% de los empleados entrarían en la categoría de trabajadores pobres.
Estamos entonces ante un sistema que nos mantiene en un estado constante de ansiedad por conseguir un trabajo que nos dignifique moral y económicamente, en muchas ocasiones realizando trabajos nocivos para no sufrir la miseria y el estigma del desempleo.
Por supuesto, en los países más empobrecidos este per se tomó mayor fuerza que en los países occidentales desarrollados, pero también en aquellos en donde los factores culturales, la obediencia y el paternalismo político, o la abdicación para con los preceptos religiosos, juegan un rol relevante; ello se observa con claridad en países como Corea del Sur, Turquía o Chile, donde cerca de la mitad de los empleados trabaja más de 48 horas a la semana.
Expuesto este sucinto escenario, la actual propuesta en varios países es que se pueda establecer cuatro días de trabajo por tres de descanso. Los que apoyan la moción sostienen que la reducción y flexibilización de las jornadas laborales elevaría la productividad, conciliaría la vida laboral con lo familiar y lo personal – ya sea más tiempo para estudiar, actividades recreativas culturales y deportivas, etc. -, incentivaría la actividad económica derivada de un mayor nivel de empleo y consumo, protegería el medio ambiente al reducir la movilidad, y prevendría una mayor cantidad de contagios – como por ejemplo con el actual escenario de COVID-19 – derivados de un menor contacto físico interpersonal.
Y algunos hasta se atreven a mirar más allá: proponen que la redistribución de la riqueza vaya de la mano de una lógica que implique que una parte de las ganancias derivadas del incremento de la productividad sean utilizadas a través de la inversión para continuar los procesos de innovación, mientras otra ‘porción no menor’ de la rentabilidad corporativa sirva para disminuir progresivamente las horas trabajadas, hasta llegar a un nivel que permita una vida digna y satisfactoria para todos los trabajadores.
Para dar algunos ejemplos, en España el partido Más País propuso un plan de tres años, con un costo de 50 millones de euros, para incentivar a las compañías a que prueben la jornada reducida sin temor a que ello impacte demasiado en sus resultados. La intención es cubrir el ‘precio’ de incorporar la semana laboral de cuatro días al 100% durante el primer año, al 50% el siguiente año, y al 33% en el tercero; con un objetivo de cubrir entre 200 y 400 empresas para que, a cambio de la ayuda financiera, reduzcan la jornada de los trabajadores sin que ello conlleve la pérdida de su salario.
Cabe destacar que el subsidio estatal también tiene un claro objetivo de negocio, más allá de las bondades hacia los trabajadores: el ‘fin de semana largo’ generaría un mayor gasto en esparcimiento, en turismo y en gastronomía. Pero además, ciertos números de la dinámica histórica macro también avalan al país ibérico: en el 2017, España redujo las horas de trabajo de 40 a 35 por semana, generando un posterior crecimiento de su PBI de 1,5%, la generación de 560.000 nuevos empleos, y un incremento salarial a nivel nacional de un 3,7%.
En tanto en Japón, la filial de Microsoft en aquel país fue la primera multinacional en aplicar la jornada laboral de cuatro días. Los resultados de las primeras semanas no pudieron ser más exitosos: la productividad mejoró un 40% en los 2.300 empleados en los que se aplicó, las ventas se incrementaron en más de un 50%, y la empresa redujo gastos en la factura de electricidad y en la impresión de papel en un 23.1% y un 58,7% respectivamente.
Por supuesto, el debate tiene varios grises. El diputado chileno Raúl Soto, impulsor de la propuesta en el país trasandino, sostiene que “esta distribución de la jornada no podrá significar, bajo ningún concepto, una disminución en la remuneración, ni tampoco alguna afectación a los derechos individuales y colectivos del trabajador”. El sector empresarial advirtió que los recortes aumentarán los costos de las empresas y que podrían tener efectos negativos en los salarios y el empleo. Una discusión parecida ocurrió en el año 2003, cuando ese pasó de 48 a 45 horas laborales a la semana.
¿Qué ocurrió? Nada. Los chilenos siguieron viviendo bajo la misma estabilidad macro – y por supuesto rentabilidad empresarial – e inserción al mundo que tanto los representa ante los ajenos, pero también con el mismo nivel de pobreza y desigualdad.
Por otro lado, no todos los sectores de la economía tienen la misma facilidad de llevar a cabo la medida. Generalmente, a mayor tecnología, automatización de procesos y digitalización, mayor flexibilidad y adaptación al cambio. Por ende, siendo realistas, también hay que tener en cuenta la estructura productiva de cada empresa. Y en muchos casos los costos: hay servicios, como por ejemplo la hotelería, que menos días laborales implica proporcionalmente la contratación de más personal; como consecuencia, más trabadores implicaría sine qua non menor rentabilidad empresarial.
Al debate se le adiciona entonces, el cómo balancear la mejora del bienestar de los empleados reduciendo sus horas de trabajo, pero manteniendo a su vez la relación productividad-sueldo de forma eficiente para las empresas en términos de objetivos y resultados.
Y aquí surgen otras ideas: «La primera pregunta no debería ser si se debe o no reducir las horas de trabajo. Por el contrario, tendríamos que preguntarnos ¿qué podemos hacer para mejorar el ambiente de trabajo? Tal vez cosas distintas funcionan mejor para diferentes grupos», refiere un informe de la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema.
Finalmente, se encuentran aquellos que se oponen a la medida. «No creemos que provoque un aumento del desempleo, aunque podría influir en una disminución de las remuneraciones o de ciertos beneficios laborales»; o mismo el “estando en la situación en la que estamos, no es el momento de plantear estos debates, pueden generar desconfianza», dicen, con lógica corporativa, desde ciertos sectores empresariales. La realidad es que cuando afectan sus intereses, nunca es momento. Y las remuneraciones o los beneficios laborales pueden ser ‘siempre manipulados’, tanto por su disposición individual, o mismo por una situación específica del mercado.
Por su parte, algunos sindicatos pro-sistema consideran que es una aspiración irrenunciable, pero admiten que está lejos de poder aplicarse hoy en día y prefieren centrarse en reclamar, por ejemplo, el controlar los excesos con respecto a las horas extras de trabajo. Es que las reformas marginales son más digeribles para la media de la sociedad; y aunque ya hace tiempo se esté desarrollando un contexto de polarización – inclusive en términos antropológicos -, la dinámica política todavía tiene ciertos paradigmas de centro que todavía determinan gran parte de los resultados electorales.
También la reducción de la jornada laboral se convierte en un mecanismo de captación de talento. ¿Pero qué ocurre con el ‘ejercito industrial de reserva’ de los trabajadores menos calificados? Aquí nos encontramos con una disyuntiva de dudosa moralidad, como por ejemplo es el caso de ‘Shake Shack’, la cadena de comida rápida estadounidense que comenzó a experimentar con la jornada de cuatro días en algunas de sus sedes de Las Vegas en marzo del pasado año. Su ‘leitmotiv’ era atraer, retener y encontrar «empleados de alta calidad, ya que nunca antes había sido tan difícil hallarlos», según su CEO, Randy Garutti. Lo que no mencionó es el nivel – por el piso – de los salarios que paga la empresa.
En nuestro país, la jornada laboral promedio es de 39 horas semanales, aunque la ley fija como tope un máximo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, muy similar a otros países de la región como Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. Sin embargo, pareciera que los dilemas endógenos nos exceden como para comenzar a pensar en discutir el tema. ¿No sería mejor combatir el empleo no registrado, los bajos salarios, o la desocupación que impacta fuertemente en los índices de pobreza? Algunos dirán que sí, otros sostendrán que el escalonamiento solo entibia las luchas, que las conquistas se deben pelear todas juntas, en todo momento y en todo lugar.
En definitiva, lo único certero es que nadie es totalmente libre si no tiene tiempo para sí mismo. Y muchos de nosotros estamos viviendo una vida estresante, con escaso tiempo para el interés propio, donde solemos terminar el día agotados. ¿Dónde entra a valer aquí la salud mental? ¿Y la conciliación con el deseo? En definitiva, por más que algunos les pesen, los trabajadores asalariados no son ni más ni menos que seres humanos.
Y aquí creo que vale la pena traer a colación una frase de Antonio Gramsci: “El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en este claroscuro surgen los monstruos”. A esta altura del siglo XXI, el bienestar de la mayoritaria clase trabajadora global, debe ser una prioridad. Y durante esta transición, los monstruos deben ser derrotados por la ética racional de quienes entienden que sin un esquema sustentable para todos, no hay futuro posible de calidad para nadie.
Analista Internacional
Envio:RL.
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