Salta: nueva marcha da comienzo a la tercera semana de paro docente
Luego del amague de represión del 12 de agosto, a partir de la presencia y provocación de las fuerzas de seguridad del gobierno provincial, las y los docentes salteños continúan demostrando su poder de fuego. La medida de fuerza – que incluye el cese de actividades más piquetes y acampes – se encamina hacia su tercera semana. Este martes las y los trabajadores redoblaron la apuesta y marcharon nuevamente por el centro de la ciudad capital, donde suscitó otro encontronazo con la policía. Sus demandas incluyen principalmente el reclamo por aumento salarial y por condiciones dignas de trabajo en el marco de la pandemia. Si bien los gremios tradicionales no adhieren a la medida, se estima que el paro ronda el 70% de acatamiento. Por Máximo Paz, para ANRed.
La docencia de Salta pide un incremento escalonado del 25% para lo que resta del año. Además, reclaman un bono de $10 mil. El pliego de demandas, a su vez, incluye la extensión de los insuficientes recursos para la copa de leche de los alumnos y la regularización de los trabajadores ordenanzas de las escuelas. Otro reclamo central es que se complete el proceso de titularizaciones y se termine con el trabajo precarizado de muchos docentes.
En la actualidad, en la provincia, el salario de un docente que recién se inicia ronda los $28.370. Para una o un maestro con cuatro años de antigüedad, que a su vez percibe el máximo por zona desfavorable, la remuneración es de $57.521. La medición oficial realizada por el INDEC, marca que la canasta de pobreza para una pareja con dos hijos menores es de $66.488. Es decir, los sueldos docentes se encuentran por debajo del consumo mínimo para no ser pobre.
Los cortocircuitos tomaron su rumbo definitivo cuando el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, convocó a paritarias en el mes de julio para tratar estos temas. Allí se anunció el adelanto para julio y agosto de la cuota que corresponde a septiembre en el marco del acuerdo con la Mesa Intergremial (ATE, ADP, UPCN, UDA, AMET, SADOP y CTA) en febrero pasado, a espaldas de las bases, que consiste en un 36 % en cuotas. Algo que las y los educadores consideran escaso tras la incesante crecida del costo de vida y la inflación, que se proyecta superior al 50 % este año.
La decisión gubernamental provoco la renuencia de las y los trabajadores docentes. Fue así que a través de asambleas por fuera de la representación gremial oficial se decidió desde algunos sectores -no todos- la realización de un paro por tiempo indeterminado hasta que los representantes del estado provincial reabran las paritarias.
Hoy por hoy, la lucha está siendo sostenida por las agrupaciones Movimiento Docente y Docentes Autoconvocados de Salta (aunque con ciertas diferencias a partir de la fractura de su dirección), a la que se sumó luego el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa).
Desde el comienzo, se produjeron piquetes en Aunor (ex peaje ubicado en la entrada a Salta Capital), Cafayate, Orán y Cachi, entre otros puntos urbanos. También se colocaron carpas y acampes en Rosario de la Frontera – una de las primeras ciudades de la provincia yendo desde el sur- y en la Plaza 9 de Julio, la principal de Salta Capital. Las movilizaciones estuvieron a la orden del día, caracterizadas por nutridas columnas en protesta de hasta 10 cuadras. Muchos de los piquetes se convirtieron en permanentes, conforme pasaron los días.
El conflicto encontró su punto más alto el jueves 12 por la noche, cuando las y los autoconvocados, estando en el acampe de la zona del expeaje de Aunor, por la noche, efectivos de la Policía de la Provincia llegaron para desbloquear la circulación.
Luego del altercado, desde la fuerza de seguridad se difundió que se mantendría una guardia. Por su parte, las y los docentes denunciaron el ejercicio represivo por parte de las fuerzas, incluido el uso de gas pimienta y otros dispositivos para cumplir su objetivo.
Mismo, el viernes 13, por la madrugada, un vallado fue colocado en tiempo récord para separar a la plaza donde se realiza el más importante acampe y la casa de gobernación.
A su vez, el conflicto estuvo cruzado por las elecciones legislativas del domingo pasado. De los 1.052.535 ciudadanos salteños que estuvieron habilitados para votar, sólo lo hizo el 60%. A su vez, el voto en blanco redondeó el 12% del electorado, escalando a los primeros puestos en los resultados generales.
Después de emitir su voto, Sáenz se refirió sobre el dilema que mantiene con el sector de Docentes Autoconvocados en la provincia. Allí aseguró estar “absolutamente convencido que tienen fines políticos”, para agregar que «cuando hay una crisis gremial y de falta de representatividad se hace muy difícil, pero diez o veinte personas no pueden cortar las calles y las rutas”. Para despedirse, pidió disculpas a los turistas que llegaron a Salta este fin de semana y se sorprendieron con la plaza 9 de Julio con un vallado de dos metros a su alrededor. Sumado a esto, también dejó en claro que “se descontaran (a las y los docentes en huelga) los días no trabajados”.
A pesar de las definiciones del gobernador, y ante las distintas consultas por parte de medios locales, desde las oficinas del estado todavía no se difundió oficialmente sus propias cifras de acatamiento al paro.
Luego de la jornada electoral, un gran contingente de docentes se manifestó ayer por la mañana por las calles céntricas de la capital, partiendo luego hasta el Centro Cívico Grand Bourg, donde hubo forcejeos con la policía, que les impidió el paso y valló el acceso y salida del lugar. La determinación tuvo sus réplicas en distintos puntos de la provincia, lo que indica que el paro docente se encuentra activo y atado a las pretensiones intactas para continuar en la conquista de sus demandas.
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.Prensa
Fuerte reclamo de recomposición salarial
Atravesados por un contexto inflacionario y devaluatorio, los salarios de las y los trabajadores de Radio Nacional no han dejado de deteriorarse y perder poder adquisitivo. Con un incremento del costo de vida superior al 50% y con una pauta de aumento salarial que hasta el momento solo contempla un 34 % anual. Ante ello, el Plenario de trabajadorxs de prensa y delegadxs de Radio Nacional convocado por FATPREN resolvió reclamar:
Incorporación a los básicos del bono de $ 10.000 a partir del mes de agosto.
Adelantar el pago de las cuotas que restan para completar el porcentaje fijado en la paritaria próxima a reabrirse.
Exigir que este aumento incluya a todxs lxs trabajadorxs de la radio publica. Incluso a lxs precarizadxs cuyos salarios están congelados desde principio de año.
Regularización de todas y todos lxs trabajadorxs precarizadxs.
Actualización y ampliación del pago de zona patagónica o desfavorable.
Este Plenario sostiene que urge que dejemos de perder frente al duro presente que debe atravesar la economía de las y los trabajadores de la emisora cuya actividad ha sido declarada esencial durante la pandemia pero que dista de reflejarse en los sueldos.
Ante ello frente a la reapertura de la paritaria de Radio Nacional exigimos un aumento que efectivamente signifique que nuestro salario no pierda frente a la inflación.
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa – FATPREN
Exigimos reapertura de la mesa salarial con #SiPreBaEnParitarias#SiPreBA2021
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A pesar de su dirección, metrodelegados rechazan vuelta a la presencialidad para personal de riesgo
En un comunicado reciente la agrupación La Naranja del Subte denunció que la conducción de su sindicato, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), se subordinó a la decisión del Gobierno, que ordena la vuelta a sus puestos de trabajo de manera presencial a las y los empleados exceptuados en el marco de la pandemia que ya cuenten con, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus. A la vez señaló “un giro de 180 grados” respecto a la decisión de la cúpula gremial (muy cercana al kirchnerismo), dado que, anteriormente, se habían opuesto a la misma. Como broche, instó a otras organizaciones de base a tomar “todas las medidas legales y las acciones gremiales que correspondan” en defensa “de la salud y la vida de los trabajadores”. Por Máximo Paz, para ANRed.
“La mayoría del Cuerpo de Delegados de AGTSyP ha cometido un grave error al votar la adhesión a la Resolución Conjunta 4/2021 del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, ahora ratificada por el DNU 494/2021 del 6/8, que autoriza a las empresas a convocar al trabajo a personal de riesgo parcialmente vacunado con una sola dosis”, expresó el documento.
“El Gobierno Nacional, con esa norma, a la que adhiere el de Larreta (Horacio Rodríguez, jefe de Gobierno porteño), se ha subordinado a la presión de las patronales para abrir actividades y terminar con la protección de los grupos de riesgo, con tal de aumentar la producción y sus beneficios capitalistas a costa de la salud de la población”, agregó.
Señalada por la misiva pública de las y los trabajadores del subte, la Resolución 4/2021 se estableció de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyo curso legal cobró vigencia a partir del día 9 de abril de 2021, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. En ella se regula el retorno al trabajo presencial de las personas dispensadas -como las mayores de 60 años, embarazadas o las y los incluidos en los denominados “grupos de riesgo”- del deber de asistencia al mismo en virtud de la anterior Resolución del Ministerio de Trabajo 207/2020, más sus prorrogas y modificatorias.
En su artículo primero, la Resolución 4/2021 otorga la facultad para que los empleadores puedan convocar al retorno a la actividad laboral presencial a los trabajadores dispensados que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación.
Como curiosidad, la resolución conjunta se publicó y entró en vigencia el mismo día (9/04/2021) en que comenzó la vigencia del DNU 235/2021, que establece la prórroga del DISPO y demás medidas de prevención, cuyo artículo 7 mantiene por el plazo previsto en el decreto la suspensión del deber de asistencia al lugar de trabajo para las personas alcanzadas por los términos de la presente Resolución 207.
A su vez, en la medida se justifica el retorno al trabajo presencial mediante la inmunización que puede otorgar la inoculación de una sola dosis. Claro está que la inmunización sólo se logra con dos dosis, y no con la mitad del tratamiento.
“Esto sucede cuando las cifras de contagios, internaciones y muertes se mantienen en niveles preocupantes en el país y en vísperas de la tercera ola de la pandemia que se producirá a medida que, inevitablemente, circule en la comunidad la variante Delta del virus de altísima contagiosidad”, aclaró, en ese sentido, el comunicado.
“Los especialistas y publicaciones epidemiológicas nacionales e internacionales sostienen que con una sola dosis de las vacunas usadas en el país, se logra una inmunidad para la variante Delta del 30% y que es imprescindible la inmunización completa con dos dosis, que si bien no evitará el aumento de los contagios, mitigará los cuadros graves, internaciones y muertes”, completó.
La primera plana del sindicato está comandada por Roberto Pianelli como Secretario General y Néstor Segovia, como adjunto. Ambos con clara filiación hacia el oficialismo nacional y el partido gobernante del ejecutivo. Mismo, Pianelli integra la lista a candidato a diputado en CABA por el Frente de Todos.
“La conducción de AGTSyP, que se opuso de entrada al decreto y recomendó no concurrir a la citación patronal y a refutarla con acciones legales, dio un giro de 180 grados hacia la política irresponsable del gobierno y la patronal. Las explicaciones para semejante viraje son inconsistentes. Que el sindicato es pequeño, que no se puede seguir resistiendo, que el DNU confirma el decreto. Ninguno de esos argumentos es superior a la defensa de la salud y la vida de los trabajadores, basada en evidencia científica”, expresó el comunicado.
“Con 108 mil muertes, 225 de promedio diario y más del 50% de camas de terapia ocupadas, corresponde rever la posición de AGTSyP, máxime en un ámbito como el subte altamente contaminado por el asbesto, de espacios cerrados, con mala ventilación y donde los protocolos hay que defenderlos día a día y sector por sector contra el permanente sabotaje patronal, que busca la apertura a como venga”, aseguró.
“Los miembros de La Naranja del Subte mocionaron en el plenario junto a una cantidad de otros delegados rechazar la siniestra disposición, tomando todas las medidas legales y las acciones gremiales que correspondan e invitando a otras organizaciones sindicales a un frente común en defensa de la salud y la vida de los trabajadores”, remató el comunicado.
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ATE Sur denuncia intimidación policial en su sede de Lomas de Zamora
La Comisión Administrativa de ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur-Lomas de Zamora repudió el intento de intimidación policía que sufrió el viernes 13 de agosto en la sede de su seccional: «dos policías llamaron en nuestra sede solicitando hablar con un referente. Uno de ellos se presentó como comisario de la 1° de Lomas de Zamora, manifestando que tenía información sobre una movilización en reclamo de aumento salarial que realizaríamos a las 14. Si bien se retiraron, desde las 13:15 se apostaron nueve policías, incluyendo al comisario y a un camión de traslado enfrente de nuestro sindicato, y otros diez más en la esquina sumado a otro camión, retirándose dos o tres horas después. No es un hecho aislado, ya que hace algunos días organizaciones sociales fueron reprimidas frente al municipio, por lo que claramente es parte de una decisión política del intendente Martín Insaurralde para tratar de evitar conflictos y movilizaciones en el distrito», sostiene el gremio. Por ANRed.
«Repudiamos enérgicamente el intento de intimidación policial que recibimos el pasado viernes 13/8 en la sede de nuestra seccional. – comienza el comunicado de ATE Sur seccional Lomas de Zamora – Al mediodía, dos policías llamaron en nuestra sede solicitando hablar con un referente. Uno de ellos se presentó como comisario de la 1° de Lomas de Zamora, manifestando que tenía información sobre una movilización en reclamo de aumento salarial que realizaríamos a las 14. Ante nuestra respuesta negativa, nos muestra un mensaje en su celular que refiere a la asamblea que habíamos convocado para esa hora, actividad que sí confirmamos», detalló ATE Sur.
Pero luego de ese episodio, la presencia policial atemorizante continuó e, incluso, se amplió: «si bien se retiraron, desde las 13:15 se apostaron nueve policías, incluyendo al comisario y a un camión de traslado enfrente de nuestro sindicato, y otros diez más en la esquina sumado a otro camión, retirándose dos o tres horas después», denunciaron.
El gremio estatal vinculó este hecho con la represión que hace días atrás sufrieron movimientos sociales que se movilizaron frente a la sede de la Municipalidad de Lomas de Zamora en reclamo de trabajo genuino, obras públicas y reconocimiento y asistencia para sus comedores comunitarios: «evidentemente no es un hecho aislado, ya que hace algunos días organizaciones sociales fueron reprimidas frente al municipio, por lo que claramente es parte de una decisión política del intendente Martín Insaurralde, para tratar de evitar conflictos y movilizaciones en el distrito«, sostienen desde el gremio, y agregan: «lejos de amedrentarnos, reafirmamos nuestro compromiso de lucha y solidaridad, en defensa de los derechos de las y los trabajadores y el pueblo», culmina el comunicado de la Comisión Administrativa de ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur – Lomas de Zamora.
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Rechazo judicial a la actuación de Aseguradora de Trabajo
ART, una ley con muchos riesgos
Se descartó la participación de una comisión médica porque «representa una denegación del acceso a la justicia de los trabajadores».
Una jueza laboral rosarina resolvió que es competente para actuar en una causa por un accidente de trabajo, rechazando la actuación previa de una comisión médica, mecanismo creado por la ley de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), a la que adhirió Santa Fe. Para la jueza de la octava Nominación, Silvina Quagliatti, a Ley 27348, complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo, «representa lisa y llanamente una denegación del acceso a la justicia de los trabajadores».
Quagliatti remarcó en su fallo que no debe previamente actuar en forma obligatoria la comisión médica contra lo sostenido por la Ley 27348, que dispone que la actuación de una comisión médica jurisdiccional constituye la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, de toda otra intervención, para que el trabajador afectado en el accidente laboral, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias.
Para ña jueza esta ley «representa lisa y llanamente una denegación del acceso a la justicia de los trabajadores, degrada la función judicial a convertirse en un mero veedor de las comisiones médicas, impidiendo involucrarse de manera acabada en el caso traído a estudio, contribuyendo a extender en el tiempo el padecimiento de los trabajadores». La adhesión de la provincia entró en vigencia a principios de mayo.
La trabajadora, que fue patrocinada por el abogado Matías Rotiroti, sostuvo en la demanda que «la Constitución Provincial en su artículo 20 protege el trabajo en todas sus formas y aplicaciones», estableciendo para ello tribunales especializados para la decisión de los conflictos individuales del trabajo.
Respondiendo a la presentación de aquel letrado, la jueza Quagliatti destacó que «la Ley N° 27.348 representa una denegación del acceso a la justicia de los trabajadores víctimas o damnificados del sistema, puesto que se exige a los mismos el tránsito previo por las Comisiones Médicas como condición ineludible para el acceso a los tribunales. Para otorgar competencias a órganos administrativos es imprescindible que los mismos sean idóneos para los fines perseguidos, de lo contrario el desvío de la jurisdicción hacia el Poder Ejecutivo es irrazonable».
La magistrada señaló que «hay doctrina que concluye que las comisiones médicas creadas por la Ley de Riesgos del Trabajo al constituir organismos de carácter federal son inconstitucionales».
En la resolución la jueza expresó que «se vislumbra de primera mano una colisión muy marcada con las garantías consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, puesto que la instauración de una instancia administrativa previa como condición obligatoria de acceso a la Justicia ordinaria, aun cuando la instancia revisora no recaiga en la Justicia Federal, constituiría una afronta al principio del Juez natural».
También agregó que la Ley de ART y la adhesión de Santa Fe «sustraerían al trabajador del ámbito de los Jueces Naturales, que de conformidad con las normativas procesales locales habrían otorgado competencia originaria para la resolución de los conflictos entre trabajadores y Aseguradoras de Riesgos de Trabajo, como lo establece el Código Procesal Laboral de la Provincia de Santa Fe».
La magistrada puntualizó que «al otorgarse facultades jurisdiccionales a las Comisiones Médicas se deja al arbitrio de profesionales ajenos al mundo del derecho el encuadramiento de accidentes y enfermedades».
Asimismo, se manifiesta que «se degrada la función judicial y se convierte en un mero veedor de las comisiones médicas, impidiendo involucrarse de manera acabada en el caso traído a estudio, contribuyendo a extender en el tiempo el padecimiento de los trabajadores».
Por último, la jueza Quagliatti afirmó que «el plazo impuesto a las Comisiones Médicas para expedirse (60 días), y su posibilidad de extensión mediante la intimación estipulada por la normativa provincial (10 días), podría resultar razonable de no ser que el éxito de dicha actuación estuviera indefectiblemente condicionado al pleno funcionamiento del Sistema».
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El Gobierno ordena que los empleados públicos retomen la presencialidad a partir del lunes
Quienes tengan al menos una dosis deberán volver de manera escalonada a las oficinas luego de casi un año y medio.
El Gobierno estableció el regreso al trabajo presencial de los trabajadores públicos que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y también de aquellos que tengan decidido no inmunizarse.
A través de la Resolución 91/2021, publicada este martes en el Boletín Oficial, la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, precisó que «serán convocables al retorno a la actividad laboral presencial los trabajadores que hubieren recibido al menos la primera dosis de cualquiera de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 autorizadas para su uso en la República Argentina, independientemente de la edad y la condición de riesgo, transcurridos 14 días de la inoculación».
Cada área de Recursos Humanos «deberá solicitar a los convocados el Certificado de Vacunación, al cual podrán acceder desde la aplicación Mi Argentina». Sin embargo, «aquellos que hayan optado por no inocularse, deberán actuar de buena fe, dirigiéndose al Departamento de Sanidad (o su equivalente en cada organismo), a fin de obtener información sobre la vacuna en cuestión».
«De continuar con la decisión de no vacunarse, deberán firmar una nota con carácter de Declaración Jurada, expresando los motivos de su decisión y comprometiéndose a tomar todos los recaudos necesarios para evitar los perjuicios que su decisión pudiere ocasionar al normal desempeño del equipo de trabajo al cual pertenece, debiendo ser convocados a la prestación presencial de labores», remarcó el texto difundido.
El regreso a las oficinas deberá ser informado por los superiores «por lo menos 72 horas hábiles antes de su efectivo cumplimiento». De la medida están exceptuados las embarazadas, las personas con inmunodeficiencias y los pacientes oncológicos y trasplantados.
La resolución de la Jefatura de Gabinete señaló que cuando sea necesaria la alternancia de la modalidad presencial para poder cumplir con el protocolo vigente en cada área estará justificado el trabajo remoto. Al momento de establecer los períodos de alternancia entre presencialidad y trabajo remoto, deberán contemplarse las situaciones de las madres, padres, encargados o tutores de niñas y niños de hasta 13 años inclusive, que asistan alternadamente a los establecimientos educativos.
Asimismo, se indicó que el trabajo remoto podrá disponerse «a tiempo parcial»: «La prestación de servicios de carácter presencial a tiempo parcial no podrá disponerse por fracciones inferiores al 50% de la jornada normal, habitual y permanente dispuesta para la categoría de revista de cada agente». También se fijó que los empleados no podrán realizar sus tareas a distancia desde domicilios que superen los 100 kilómetros del lugar de residencia declarados en sus legajos.
Los trabajadores estatales que cumplan con la presencialidad requerida «serán pasibles de las sanciones que correspondan de conformidad con el régimen disciplinario aplicables», advirtió el Gobierno.
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Jornadas de lucha
Gremios Docentes lanzan jornadas de protesta hasta el viernes contra la presencialidad plena en CABA
El gremio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) realizará hasta el viernes próximo jornadas de lucha contra la decisión del Gobierno de Larreta de volver a la presencialidad plena en las aulas.
Desde la organización gremial, sumado Ademys informaron que se realizarán clases públicas, semaforazos y abrazos a las escuelas y habrá asambleas en las escuelas para continuar con «la conformación de comités de autocuidado» conformados por docentes, estudiantes y familias.
«El negacionismo sanitario de Larreta, Quirós y Acuña suprime distanciamiento social para todas las actividades dentro de las escuelas, a su vez no garantiza espacios con ventilación cruzada ni elementos de protección e higiene suficientes. Exigimos la compra de medidores de dióxido de carbono para todas las escuelas de la Ciudad para monitorear la ventilación de las aulas mientras se dictan clases», señaló el gremio a través de un comunicado.
En ese sentido, remarcaron desde UTE que durante las dos primeras semanas, en las que la presencialidad total comenzó en el nivel secundario, hubo más de 20 divisiones y grados aislados, con 500 estudiantes y más de 50 docentes en esa situación».
El secretario adjunto del gremio docente Ademys, Jorge Adaro, consideró que «hay datos que no acompañan» la decisión del Gobierno porteño de retornar a la presencialidad plena en las aulas, al ratificar el paro de actividades que realiza hoy esa organización gremial a raíz del regreso a la presencialidad de un total de 290.000 estudiantes de nivel primario.Alerta y MovilizaciónParoGremios DocentesUTEADEMYSCABA
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CGT: Se inician los pasos para la renovación de autoridades
El Consejo Directivo se reunirá este miércoles por primera vez en el año para iniciar los pasos hacia un Congreso de renovación de autoridades.
El reconocido periodista Mariano Martín, informó en una nota publicada por Ámbito Financiero, que la CGT arrancará esta semana su proceso de renovación de autoridades con vistas a un Congreso pautado por para el 20 de octubre.
La reunión del miércoles su Consejo Directivo incluirá, además, “un análisis de la coyuntura política tras el cierre de listas que dejó al margen a la central obrera y la crisis en el Gobierno nacional a partir de la difusión de la foto de Olivos”.
«A dos meses vista del reemplazo del dúo de Héctor Daer y Carlos Acuña la definición sobre una nueva conducción aparece todavía brumosa y pendiente de un eventual acuerdo con el sector más representativo que se encuentra por fuera de la estructura y que orienta el camionero Hugo Moyano”, afirma Mariano Martín.
También señala el periodista especialista en noticias sindicales que: “La excepcionalidad de la reunión de este miércoles queda más de manifiesto si se tiene en cuenta que es la primera del año. Esa inactividad casi sin precedentes del Consejo Directivo es una muestra cabal de las dificultades de funcionamiento que atraviesa la CGT con deserciones claves, una jefatura colegiada y frente a un Gobierno al que técnicamente responde en lo político pero que no le devuelve en la misma medida –al menos eso alegan los dirigentes- la atención dispensada”.
Así, el encuentro de este miércoles será el primer paso que incluirá la reunión del Comité Central Confederal en septiembre y el planificado Congreso de octubre para elección de una nueva cúpula.
En el mar de incógnitas en el que flota la CGT una de las pocas certezas es que Daer ambiciona continuar como secretario general, y que Hugo Moyano pretende lo mismo, pero para un dirigente de su entorno, acaso su hijo mayor, Pablo”, subraya Mariano Martín.
Todos esperan que la CGT vuelva a tener un liderazgo unipersonal, pero “ninguno de ellos puede nombrar a uno capaz de aunar a todos los sectores y tampoco parece claro si será más conveniente dotar a la central de un perfil más confrontativo o continuar con la actual línea dialoguista y paraestatal”, afirma el artículo periodístico.
Además, señala la nota, “el nombre de uno o más secretarios generales no es el único inconveniente que tiene por delante la CGT. También, el compromiso asumido ante Alberto Fernández de que se pondrá al día con la legalidad para abrir su jefatura a mujeres, ya sea con un cupo acotado o bien con la duplicación de los cargos en el Consejo Directivo para colocar en cada uno de ellos a por lo menos una sindicalista a la par de los tradicionales jugadores”.
La nota finaliza mencionando la mirada de la CGT por los dichos de Funes de Rioja y destaca que “En Azopardo 802, acostumbrados a una esgrima permanente pero sin filo con los industriales, rezongan que la prédica de Funes de Rioja amenaza con enturbiar posibles pactos sociales postelectorales como los que enarbolan Alberto y Cristina de Kirchner”.
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El cine en la encrucijada
Organizaciones de documentalistas y realizadores independientes realizarán una asamblea ante la incertidumbre en torno al funcionamiento del INCAA y la posibilidad de una nueva legislación
Redacción Canal Abierto | La comunidad audiovisual independiente continua en estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas a los reclamos que realizan desde hace meses en torno al fondo de fomento cinematogrático y las versiones en torno a una nueva legislación que podría habilitar a las plataformas de streamming a acceder a subsidios.
Las distintas organizaciones que nuclean a cineastas y documentalistas independientes realizarán una asamblea virtual este sábado en la que analizarán el estado de situación y los posibles pasos a seguir en función de visibilizar su realidad y efectuar reclamos.
En diálogo con Canal Abierto, Fernando Krichmar, integrante de DOCA, recordó que “cuando cambió el gobierno después de todo lo que fue el ataque a la cultura por parte de del gobierno macrista había muchas expectativas en casi todo el sector recibió independientemente que empezara aunque sea lentamente paso a paso una pequeña reactivación del mismo. Pero fuimos descubriendo en la práctica que la nueva gestión venía con una política bastante continuista incluso con algunos de los mismos funcionarios claves que habían estado en el otro periodo”.
Entre las faltas que le reclaman a la gestión de Luis Puenzo al frente del ente autárquico que regula la actividad cinematográfica está la no modificación del Plan de Fomento. “Es como la constitución del INCAA. Es lo que marca que se va a fomentar y que no se va a fomentar y con que mecanismos”, explicó.
Otro punto que remarcó el realizador es la paralización de las instancias de gobierno del Instituto como son la Asamblea Federal y el Consejo Asesor. “No convocaron al Consejo Asesor que es uno de los órganos del gobierno donde hay dos directores, dos productores, cinco compañeros de las provincias, un técnico y un actor. Esas 11 personas controlan el presupuestoy las medidas que toma el presidente del INCAA. Tampoco convocaron la ni le presentaron un balance claro como se debe a la Asamblea Federal que es el otro órgano de gobierno. Tampoco se explicó por qué el año pasado se subejecutaron 600 millones en un momento de mucha crisis para muchos compañeros de del cine independiente”, sostuvo.
Como si todo esto fuera poco, hay preocupación también sobre la posibilidad de una nueva legislación que disuelva el INCAA y diluya la actividad cinematográfica en el amplio campo del quehacer audiovisual. Esta modificación podría ser la puerta de entrada de las plataformas de streamming para poder ser sujeto de derecho al acceso a los subsidios. “Según los rumores, en instituto sería reemplazado por un Instituto Audiovisual Nacional (EAN) o algo así, quitando la palabra cine de de la misma denominación. Además, una serie de medidas permitirían que ingresen la televisión y las grandes plataformas al fomento estatal. Nosotros estamos peleando porque con el el fomento estatal se siga sosteniendo al cine independiente y al cine documental que es como la gran base de este ecosistema cinematográfico”, apuntó Krichmar.
Y remarcó que el cine independiente “produce diversidad de miradas y produce el más alto valor cultural sobre todo en relación a que la soberanía audiovisual sea un discurso propio del país y no sometido a los dictados e ideas que tienen las grandes plataformas de streamming sobre la Argentina y Latinoamérica, sino la posibilidad del surgimiento de voces realmente auténticas que expresen una mirada nacional y que de alguna manera acrecientan el acervo cultural. Por eso creemos que el fomento del Estado tiene que estar para eso y no para colaborar con grandes negocios comerciales de grandes productoras, que por sí mismo pueden invertir”.
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Ciudad: el oficialismo busca regularizar la venta ambulante de infusiones en el espacio público
Un sector del oficialismo porteño busca, en la Legislatura porteña, regularizar la venta ambulante de infusiones en el espacio público, una actividad que, de acuerdo a la normativa imperante, hoy está destinada solo a ubicaciones fijas y determinadas.
El proyecto lo impulsa la legisladora Lucía Romano (CC-ARI) y fuentes parlamentarias confían en que puede tener debate y sanción en el recinto. Además, la iniciativa fue discutida con un amplio grupo de vendedores ambulantes perteneciente a la Cooperativa de Trabajo Cafeteros y Confitería de Constitución Limitada; y cuenta con el respaldo de la diputada nacional y precandidata Paula Oliveto, los diputados Del Gaiso, Ferrero, Reyes y Cingolani.
El objetivo es claro: se busca regular la venta ambulante de infusiones de café, té y similares en el espacio público según las modalidades establecidas en el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho código actualmente excluye la posibilidad de ejercer la venta de infusiones por cuenta propia de manera ambulante y obliga a realizar la actividad en ubicaciones fijas y determinadas.
La norma presentada, que nace de la idea de un grupo de hombres y mujeres que encuentran en esta actividad su sustento económico, establece que la autoridad de aplicación deberá otorgar un permiso a las unidades productivas de la economía social o cooperativas, que resulten adjudicatarias y autorizaciones individuales. Las mismas deberán estar exhibidas para que el consumidor pueda asegurarse el efectivo cumplimiento de las condiciones sanitarias e higiénicas.
Al respecto la diputada Romano puntualizó que es “necesario reconocer la venta de infusiones de manera ambulante de la misma forma que ya existe para la venta de otros productos conocidos y apreciados popularmente. Por eso proponemos modificar el Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad de Buenos Aires en lo referido a esta temática. Por un lado, creemos que es necesaria la eliminación de “las infusiones” del capítulo que exige que se realice esta actividad en ubicaciones fijas y determinadas, y por otro que se incorpore la venta de infusiones en el capítulo que habilita la venta ambulante con elaboración o preparación para su consumo en puestos móviles como carros o triciclos que garanticen las condiciones de seguridad higiénicas y sanitarias”.
Romano finalizó destacando que “es importante que desde la Legislatura de la Ciudad le brindemos nuestro apoyo a estos trabajadores que quieren prosperar y lograr su autonomía económica mediante su esfuerzo y trabajo. Ellos merecen que nuestra Ciudad los reconozca. Su incorporación plena al marco legal genera las correspondientes obligaciones formales ya que su deseo es ser parte del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que mediante su trabajo logran su ingreso económico para poder vivir y salir adelante”.
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Juventud precarizada: el 96% de la «Generación Z» cobra salarios inferiores a 50 mil pesos
La crisis que afronta la Argentina golpea fuerte a los sectores más desprotegidos y con menores recursos, y también afecta a quienes integran la «Generación Z», jóvenes de entre 18 y 23 años, ya que el 96% percibe salarios inferiores a los $ 50.000, según un sondeo privado.
El relevamiento asegura que los integrantes de este grupo etario tienen un bajo nivel de endeudamiento y siguen eligiendo a las entidades financieras tradicionales como medio para tomar financiamiento.
Apenas el 4% de ese sector social tiene ingresos que superan los $50.000, de acuerdo con un análisis realizado por Equifax, compañía global de Big Data & Analytics.
Otro indicador que refleja el estado financiero y económico de los «centennials» es el nivel de endeudamiento tomado.
Este sector social tiene deudas promedio por $53.000 mensual, y quienes están endeudados tienen ingresos por $44.000 mensual promedio, siendo una de las generaciones que muestra menor porcentaje de deuda en cuanto a sus ingresos.
El 11% están bancarizados y de ese universo el 5,4% posee algún producto crediticio como tarjetas, préstamos (2,5%) o cuentas corrientes (2,5%).
Además, dentro del universo de los bancarizados, el 62% trabajan en relación de dependencia, el 30% son autónomos o monotributistas, el 26% están desempleados y el 8% tiene una situación laboral no declarada.
Entre los que tienen crédito de la Generación Z, más de la mitad (67%) continúa eligiendo bancos tradicionales para financiarse.
Según el informe, estos jóvenes que en la actualidad tienen entre 18 y 23 años, representan el 12% de la estructura poblacional argentina, el 49% son mujeres y el 51% hombres.
En el Top 5 de las principales actividades de empleo de este grupo etario figura el comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, la industria manufacturera, actividades administrativas, alojamiento y servicios de comidas.
El análisis utilizó datos del Bureau Equifax combinados con información laboral del ANSES, y segmentó a un universo de 4.474.595 jóvenes.
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Salta.Funcionaria amenazó a docentes en lucha: “Negra de mierda, si tuviera una 4 x 4 te paso por encima”
Pasado el mediodía de este martes, en el marco de la protesta docente y luego de la renuncia del exministro del Gobierno Matías Posadas, María José Hansen salió furiosa de la casa de Gobierno ubicada en el Grand Bourg y atacó a las docentes en lucha. Piden su renuncia y la intervención del INADI.
Mientras la docencia llevaba adelante este martes, y luego de una marcha por el centro, una concentración en el Grand Bourg con bloqueo del portón principal, para que sean atendidas las delegadas autoconvocadas de la Plaza, desde el Gobierno mandaron a romper el alambrado que cerca el predio e hicieron salir a los autos de los funcionarios por atrás, para que no tengan que enfrentarse a la docencia. Un sector se dio cuenta y fue a buscarlos.
María José Hansen Castello en sus redes se dice docente y peronista, ocupó el cargo de secretaria de métodos alternativos de resolución de conflictos, dependiente del Ministerio de Derechos Humano y Justicia, bajo el gobierno de Urtubey. Y este domingo festejó el triunfo de la lista romerista de Unidos por Salta que lleva adentro a Libres del Sur, fuerza que está al frente del INADI local.
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Advierten que mientras la UIA reclama presencialidad, no cumple con los protocolos
Abogados laboralistas, gremios e infectólogos coinciden en apuntar al bajo control del Covid-19 en las fábricas. Según las ART, la industria concentra el 16% de los contagios laborales.
Foto: Martin Zabala / Xinhua
La pretensión de la Unión Industrial (UIA) de exigir a sus empleados que se vacunen y, caso contrario, impedir su ingreso a los establecimientos y, a la vez, descontar salarios, cosechó el repudio de las organizaciones sindicales y de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) e incluso fue descartada por funcionarios del gobierno. Es que, mientras no sea incorporada dentro del calendario obligatorio, ninguna entidad pública o privada tiene la potestad de exigir a ciudadano alguno que se vacune. Mucho menos, claro, vulnerar un derecho contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo como es la de percibir un salario a cambio realizar las tareas que determina la parte empresaria.
La polémica fue calificada como una “bravuconada” cuyo propósito de fondo sería reforzar la autoridad de las patronales en los lugares de trabajo.
No existe en la Argentina una tendencia a rechazar la vacuna de parte de la población. Por el contrario, cuando solo el 21% de la población completó la vacunación completa lo que prima es el reclamo de los trabajadores y sus sindicatos de que se avance aun más.
La declaración se produce en momentos en los que la actividad económica se encuentra operando casi con normalidad y las escuelas retomaron sus regímenes educativos de tiempo completo. A la vez, se produce cuando prima la incertidumbre por la posibilidad del ingreso de la variante Delta en la Argentina, caracterizada por sus altos niveles de contagiosidad y que podría poner a prueba la efectividad de los protocolos en los lugares de trabajo, cuya aplicación sí es responsabilidad de las patronales. Apuntar a la responsabilidad individual de los trabajadores y su vacunación podría explicarse como un intento de correr el eje de la discusión y el foco de las responsabilidades a la hora de enfrentar la posibilidad de una tercera ola.
Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, al 6 de agosto se acumulaban poco más de 450 mil casos de Covid cubiertos por el régimen de ART y que, por lo tanto, se contagiaron como resultado de su tarea laboral. De ese total, 3269 fallecieron por esa causa. El 16,2% de los contagios corresponde a la industria que, a la vez, explica el 11% del total de los trabajadores cubiertos por las ART pero apenas el 4% de los empleadores.
Entre los contagios destacan también los sucedidos entre los empleados de comercio que, con la misma cantidad de coberturas, exhiben el 12% de los contagios aunque con el 13% de los empleadores, y los trabajadores del transporte, con el 8% de los casos.
La AAL emitió un comunicado en el que asegura que “los empleadores carecen de todo fundamento normativo para intentar ejercer una represalia sobre quienes deciden optar por no vacunarse”. Además, indicó que “en el marco de la buena fe contractual, deberá propiciarse el cumplimiento de la prestación laboral, de la mejor forma, evitando los riesgos para la vida y la salud. De ninguna manera las patronales podrían imponer ningún tipo de sanción disciplinaria, ni menos aun dejar de abonar el salario. Se trataría de un accionar ilícito, nulo y contrario al orden público laboral vigente”.
La presidenta de la AAL, Cynthia Benzion, en diálogo con Tiempo opinó que “lo de Funes de Rioja fue un tiro por elevación para disciplinar. Busca subir la vara y correr el eje. No hay fundamento normativo, la vacunación no es obligatoria”.
Por su parte, Lilian Capone, neumonóloga, especialista en salud ocupacional y secretaria de Salud Laboral de la CTA-T, señaló que “Funes de Rioja estuvo en total desacuerdo con los cierres estrictos de los primeros tres meses de pandemia. Se opone a que haya comités mixtos de salud y seguridad en los lugares de trabajo y delegados de prevención así como herramientas necesarias para prevenir”.
La especialista explicó que “hicimos una encuesta y en más del 70% de las empresas no se estaban respetando los protocolos. Eso ocurre cuando no hay comisiones mixtas de salud y seguridad. En ese contexto, lo último que hay que hacer es poner una pena individual. Los protocolos, si se cumplen, sirven. Para eso hay que tener entradas escalonadas y burbujas con distanciamiento”.
Desde los sindicatos también pusieron el foco en el Estado. El titular de la UTA Roberto Fernández señaló que “hay mucha incertidumbre entre los trabajadores. Estamos muy preocupados porque no llegamos a tener todas las vacunas. El problema lo tiene que controlar el Estado. Tiene que estar preparado por si viene esta nueva variante de la enfermedad”.
Sobre los protocolos, Benzion aseguró que “se deben incumplir más de lo que se dice. No hay denuncias porque la gente teme perder el trabajo”.
Desde la cartera laboral reconocieron que la eventual revisión de protocolos debería resultar de un pedido especial del Ministerio de Salud que, al momento, no se produjo.
Medardo Ávila Vázquez, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, médico y docente de la Facultad de Medicina de Córdoba, explicó que “tuvimos unos primeros meses donde se cumplieron las restricciones y la cuarentena. Había apoyo del Estado para aguantar. Desde agosto de 2020 se relajó todo. La economía le ganó la discusión a la salud. Fue a instancias de los gobiernos de CABA y del de Córdoba, pero el gobierno nacional no resistió mucho. Hubo mucha presión del capital, que no quería perder rentabilidad. En Córdoba, los chicos estaban sin clases pero en Fiat se enfermaban 30 operarios por día y presionaban para que no se hisoparan para que no tuvieran que cumplir las cuarentenas. Se pueden tomar medidas eficientes para frenar la transmisión de la variante Delta. Pero las empresas no cumplen los protocolos”, remató. «
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El nivel de vida de los trabajadores cayó 4,1% en los últimos doce meses, pero mejoró en el primer semestre
En junio, el nivel de vida tuvo una caída del 1,4%, en tanto si la comparación se realiza frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el tope de la indigencia), la caída interanual es del 7,6% y el crecimiento del primer semestre se reduce al 0,1%.
Según el centro de investigación, los trabajadores se aproximaron a la línea de pobreza.Ignacio Petunchi
El poder adquisitivo de los trabajadores se redujo un 4,1% en los últimos doce meses, pero tuvo una mejora del 2,3% en el primer semestre, de acuerdo con las mediciones realizada por la Fundación Libertad y Progreso (LyP) en base a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
La medición del Índice de Nivel de Vida de los Trabajadores (INVT) se toma comparando la evolución de los salarios y la Canasta Básica Total (CBT), utilizada para determinar la línea de pobreza. De la comparación de las dos variables, surge un preocupante deterioro del nivel de vida en plazos más largos, ya que desde agosto de 2013 la caída del INVT fue del 44%.
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Economía centennial: el 96% de los jóvenes de entre 18 y 23 años ganan hasta $50.000 por mes
Por tal razón, LyP remarcó que en los últimos años «los trabajadores se han aproximado a la línea de pobreza» tanto por la pérdida de valor del peso como por los bajos niveles de inversión. En comparación con mayo, el INVT de junio tuvo una caída del 1,4%, en tanto si la comparación se realiza frente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el tope de la indigencia), la caída interanual es del 7,6% y el crecimiento del primer semestre se reduce al 0,1%.
«Luego del fuerte golpe que recibieron los salarios en 2020 por la pandemia, muchas actividades que se vieron restringidas por las políticas de distanciamiento, paulatinamente se flexibilizaron», señaló LyP en la presentación del índice.
No obstante, la entidad precisó que esa recuperación «es mucho menor respecto de mayo debido a que dos de los sectores que más empleo generan en nuestro país, construcción y manufacturero, todavía se vieron golpeados por las medidas restrictivas». «Además, cabe recordar que el sector de servicios todavía no ha podido recuperarse de la crisis del año pasado», advirtió.
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Gerardo Martínez: «Viene una CGT con jefatura colegiada y 50% de mujeres»
El Consejo Directivo de la central se reunirá hoy por primera vez en el año y empezará a desandar el camino hacia un recambio de autoridades en octubre.
Gerardo Martínez.
Por Mariano Martín
La CGT reanudará hoy su vida interna con una reunión que debatirá la renovación de autoridades pautada, por ahora, para octubre, que promete reeditar «una conducción colegiada» y con la novedad de «la participación igualitaria de las mujeres en el Consejo Directivo», le adelantó Gerardo Martínez a este diario en una entrevista exclusiva. El anticipo del dirigente, uno de los principales animadores de la «mesa chica» de la central, está destinado a leerse como invitación a Hugo Moyano para reincorporar a su sector a la estructura de la organización.
«No veo ninguna posibilidad de que haya un solo secretario general. Tenemos que hacer la unidad más amplia posible y agotar las instancias para estar todos, y no estamos en condiciones de marginar a ningún compañero», recalcó el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y número uno del gremio de trabajadores de la construcción (Uocra). De paso, blanqueó que apoyará para esa eventual jefatura colegiada la continuidad de Héctor Daer (Sanidad) como una de sus patas: «es un dirigente muy valioso y yo lo apoyo para que siga».
La reunión de hoy en la sede de Azopardo 802 será el primer paso de una serie de actos protocolares que deberían desembocar en un Congreso de renovación de autoridades previsto por ahora para el 20 de octubre, aunque en algunos sectores de la central ponen en duda esa chance. No es el caso de Gerardo Martínez, quien en la charla con Ámbito Financiero ratificó que «hay voluntad política para llevar a cabo el congreso en los últimos días de octubre».
El Consejo Directivo de la CGT tiene su mandato vencido desde el 22 de agosto de 2021, incluidos los de los cosecretarios generales Daer y Carlos Acuña. El Ministerio de Trabajo prorrogó sus gestiones por efecto de la pandemia pero desde septiembre comenzarán a correr nuevamente los plazos para los vencimientos de autoridades en todas las organizaciones sindicales. Esa decisión oficial precipitó las negociaciones entre sectores de la central para sondear una futura conducción con la mayor cantidad de sectores internos integrados.
Semanas atrás la «mesa chica» recibió en UPCN (estatales) a varios sindicatos de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) entre los que se destacaron los Camioneros y otros alineados con Moyano. Fue la primera exploración, como reveló este diario, para la vuelta del presidente de Independiente a la central obrera con el armado de una conducción compartida como la que en 2004 tuvo a Moyano como protagonista junto a Susana Rueda (Sanidad, en representación de los «gordos» de los grandes gremios de servicios) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias y referente de los «independientes» de buena relación con todos los gobiernos).
Además de la nueva jefatura, una discusión con final abierto, la reunión de hoy debatirá sobre una eventual reforma estatutaria de la CGT destinada a abrir la estructura de modo tal de facilitar el ingreso de mujeres a la conducción. «Venimos hablando la posibilidad de que por cada cargo en el Consejo Directivo que se le asigna a un sindicato, se nombre a un compañero y a una compañera para que lo ocupen en igualdad de condiciones, con excepción de la Secretaría de Finanzas por una cuestíón de firma. No podemos seguir con una mentalidad retrógrada negándole a la mujer el lugar que tiene que tener y que ya se consagra en todos los foros internacionales», amplió Martínez.
La propuesta del dirigente fue consensuada con otros integrantes de la «mesa chica» de la CGT y está en sintonía con el pedido de Alberto Fernández a la actividad pero guarda resistencias en algunos gremialistas cuyas organizaciones permanecen impermeables al acceso de las mujeres a cargos directivos. La idea es que para cada una de las 35 sillas del Consejo Directivo (25 secretarías y 10 vocalías) los gremios llamados a ocuparlas nombren a una mujer y a un hombre en igualdad de condiciones para ejercitar el voto y las funciones que les competen. «No es un capricho unilateral, es un dato de la realidad para estar en el marco de lal ey y mostrar un avance de la CGT, tal como hicieron otras centrales sindicales», destacó el gremialista de la construcción.
Otra novedad que representará un cambio de paradigma para la CGT será la posible inclusión de los movimientos sociales en su seno. “Estamos pensando en incorporar a organizaciones como ‘Los Cayetanos’ (los grupos sociales kirchneristas que serían integrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP) en un observatorio de políticas sociales con voz pero sin voto”, anticipó. La distinción parte de la base de que “los movimientos sociales no son organizaciones confederadas de la CGT pero no podemos soslayar su importancia estratégica para convertir los planes en empleo”.
El encuentro del Consejo Directivo, presencial y de vuelta en Azopardo como no sucedía desde antes de la pandemia, abordará también la coyuntura política. En particular, el nulo resultado para la CGT en el reparto de candidaturas del Frente de Todos, así como los eventuales efectos de la crisis política derivada de la foto del cumpleaños de Fabiola Yáñez en la quinta de Olivos. Sobre el primer ítem Martínez admitió que “era previsible” que el oficialismo ignorase a la central: “no habíamos pedido nada”, matizó. En cuanto a la foto, Martínez reconoció que “fue una torpeza inexplicable” aunque descartó una condena mayor de parte de los sindicatos. “Ya se explicó todo”, dijo.
Envio:RL
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