Al desencanto de la democracia
formal debe capitalizarlo el campo
popular (y no la derecha liberal)
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente – y esta es hoy la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países – se ha agotado, en su marco ya no hay salida a la maraña de contradicciones cada vez más enredadas (…) Todo esto es percibido por los países rezagados, que pierden la fe en la perspectiva de alcanzar las potencias líderes. La decepción estimula la agresión, empuja a la gente a las filas de los extremistas. Los habitantes de esos países tienen una sensación cada vez mayor de expectativas incumplidas y no cumplidas, un sentimiento de ausencia de perspectivas de vida no sólo para ellos, sino también para sus hijos. Esto es lo que lleva a la búsqueda de una vida mejor, a la migración descontrolada, que a su vez crea las condiciones previas para el descontento social – de los ciudadanos – de los Estados ya más prósperos”. Fragmento de la intervención de Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa, en la reunión anual del Club Valdai
Según no pocas miradas, el sistema – mundo actual transita hacia un cambio de paradigma, que contempla cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU en 2015, aunque todo indica que va a ser difícil atendiendo a los liderazgos mundiales de máxima gravitación. Mientras el Director del Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unida declara que solo un 0,36% del patrimonio de los multimillonarios acabaría con la hambruna mundial, en la Cumbre Climática de Glasgow el Sur Global apuesta por canjes de deuda verde, que significarían la posibilidad de alivianar a los países más empobrecidos del compromiso con sus acreedores en tanto intentan avanzar en planes de mitigación del cambio climático, en nuestra castigada región las democracias formales continúan haciendo agua, como en estas horas lo demuestra el recrudecimiento de las protestas en Ecuador, donde, además de continuar con el paro nacional iniciado el martes 26 de octubre, los movimientos populares, indígenas, campesinos, de trabajadores y estudiantiles ratificaron continuar la movilización contra las políticas neoliberales impuestas por el gobierno, exigieron la inmediata libertad de los detenidos, y la reparación integral a los atacados y heridos por la represión policial y militar. Pese a tales indicadores, quién sabe por cuánto tiempo más, el sentido común imperante continúa interpretando que concurrir a elecciones torcerá el rumbo establecido por quienes las manejan.
En el marco general de una significativa ausencia de utopías transformadoras globales en el mundo que nos toca, y una palmaria demostración de que la democracia está muy lejos de ser “el mejor de los sistemas posibles”, de cara a las elecciones de medio término, en Argentina no abundan pronósticos auspiciosos para la coalición gobernante.
La enorme tasa de desempleo, la inflación desenfrenada, y la exigencia por parte del FMI de una suerte de Pacto de la Moncloa a concretarse justamente en el momento de máximo desencuentro de nuestra desprestigiada clase política, son algunos de los factores que oscurecen el horizonte del Frente de Todxs.
A propósito de nuestros acreedores externos, ya no es ningún secreto que los desembolsos del FMI han coincidido con picos en los depósitos de ese origen en bancos de Suiza. Hace poco renunció al Banco Mundial su economista en jefe, Penelopi Goldberg, luego de que el organismo se negara a publicar un informe que elaboró, donde comprueba que cuando un país recibe asistencia financiera del exterior, esos desembolsos redundan en el incremento de tales montos en las entidades financieras de aquel país.
Este dato remite necesariamente al elenco estable de los chupasangres locales. Sin ir más lejos, nueve de las diez familias más ricas de nuestro país figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. En efecto, Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020, según publicó la Revista Forbes. Siempre recurrieron a paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias y participar en una empresa rusa, entre otros usos. Sólo en un caso aportaron documentos para respaldar que han declarado sus estructuras ante las autoridades.
Por su parte, en la vereda de enfrente de la grieta electoral que inventaron y alimentan los medios concentrados se desgañita una oposición de derecha inéditamente obtusa, que reclama la recuperación de una libertad supuestamente arrebatada en el contexto de una peste global de dimensiones bíblicas, e impugna lo que considera secesionismo mapuche contraponiéndolo al reclamo de soberanía en el Atlántico Sur, escamoteando así el argumento de que en nuestra tierra había naciones pre existentes a la conquista (de América y del “Desierto”)
Con relación a esto último, se han alzado numerosas voces del espectro popular reclamando el cese de toda forma de violencia y que se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos, alentando también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso, así como a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena.
A esta altura corresponde señalar que algunas políticas implementadas por el neoliberalismo en los distritos que domina, ya se pasan de obscenas. Como ocurre en CABA con el emprendimiento inmobiliario que la empresa IRSA quiere construir en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur, con torres, oficinas, hoteles, bares y restaurantes, iniciativa de la que participa un tal José Luis Inglese como consultor al servicio de IRSA, para determinar el impacto ambiental que provocará la obra diseñada entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Eduardo Elsztain, dueño de la desarrolladora inmobiliaria.
En audiencia celebrada en 2018, Inglese confesó que se desvió dinero del préstamo internacional que fuera otorgado por el Banco Mundial para la Causa Mendoza de la Cuenca Matanza-Riachuelo a fin de dirigirlo a la concreción del Caño baja Costanera. Ese movimiento de dinero constituye un verdadero robo a quienes viven en las cercanías de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El cuadro electoral se completa con una izquierda parlamentaria que aspira a constituirse en la tercera fuerza nacional de una institucionalidad en bancarrota.
En tanto, como se recordará, en abril de 2020 se desató un escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo de la Nación, lo que derivó en la renuncia de 14 funcionarios del área. La situación generó que se frenara la entrega de alimentos a los comedores comunitarios en plena pandemia y en la cresta de las restricciones a la circulación y al trabajo. El gobierno prometió transparentar la situación y para ello ubicó en el lugar a funcionarios ligados a los intendentes del conurbano, principalmente a Juan Zabaleta, quien asumiera al frente de la cartera social un año después. Con los cambios se fue regularizando la entrega tras varias semanas de paráte y se amplió la licitación de compras de productos a distintas empresas. Tras una “luna de miel” de algunos meses, la situación volvió a empeorar y el desabastecimiento volvió a ser moneda corriente en los comedores comunitarios que organizan los movimientos sociales, principalmente los opositores, lo que nos trae a un presente de tensa calma en el vínculo entre el Palacio y la Calle.
Haciendo una apretada reseña de los golpes de timón producidos por el oficialismo desde su estrepitosa pérdida de alrededor de 5 millones de votos en las elecciones Primarias , Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cabe destacar que el proyecto para transformar los planes sociales en puestos de trabajo formal, presentado por Sergio Massa, parece constituir un nuevo paradigma de relación con las hasta ahora poderosas organizaciones sociales, la mayor parte de las cuales viene transitando el peligroso camino de la sindicalización.
La norma en cuestión, ya convertida en Decreto por el Primer Mandatario, dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en “incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”, estableciendo facilidades como el mantenimiento de la asistencia por 12 meses en concepto de complemento del salarioy el acceso a obra social y ART. En los sectores críticos a las políticas del Gobierno, sin embargo, la iniciativa se interpreta como un embate contra todo proyecto de construcción de autonomía popular y el avance hacia una mayor precarización laboral.
De momento, la asistencia social es objeto de innumerables polémicas pero, hasta ahora, ningún gobierno se animó a un rediseño profundo. En total, existen141 programasdistribuidos principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Trabajo y la ANSES. Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el Estado distribuye22 millones de cheques en subsidios mensuales.
Esa prestación estatal exige que por día se destinenmás de 800 millones de pesos en planes sociales, unos 288 mil millones anuales. Por eso, cada vez son más las voces que señalan que esta “ayuda” a los sectores vulnerables debe transformarse en otra cosa. El debate atraviesa al oficialismo y la oposición.
Hubo una época en que dicha asistencia no existía. El primer antecedente fue la caja PAN en 1984, durante el mandato de Raúl Alfonsín. Se entregaban 1.500.000 cajas alimentarias por mes, que cubrían a5 millones de personas. Pero los planes pasaron a formar parte de la vida de miles de argentinos después de la crisis del 2001, con el plan Jefes y Jefas de Hogar, que recibieron 2.200.000 personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. En aquel momento, cada uno de los beneficiarios cobraba $150 por mes. Desde entonces, estos programas de ayuda social se diversificaron, empujados por las sucesivas crisis económicas, y hoy alcanzan a más de 21 millones de adultos, convirtiéndose en el necesario paliativo para afrontar una democracia en la que desde hace ya bastante tiempo, desmintiendo al presidente que la inauguró, no se come, no se sana, ni se educa.
Lo cierto es que, a dos semanas de las elecciones legislativas que determinarán el futuro del Frente de Todos, el Gobierno intenta por todos los medios mantener abierta la instancia de negociación con los movimientos sociales opositores. El objetivo oficial está en evitar una escalada en la conflictividad callejera antes del 14 de noviembre. A juzgar por el incremento diario de las protestas, cuesta creer que tal propósito pueda cumplirse.
En paralelo a ello, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas publicó una “inocente” gacetilla que no parecería totalmente desvinculada del malhumor social en alza. Según la misma, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División Juan Martín Paleo, supervisaron a principios de octubre una serie de entrenamientos del ejercicio militar “General Arias”, que se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, donde fueron desplegados más de 3 mil efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino.
Además, estuvieron presentes el jefe del Ejército, General de División Agustín Cejas; y el Comandante de la FDR, General de Brigada Tomás Moyano, entre otras autoridades de las Fuerzas Armadas.
La FDR integrada por las tropas de la IVta Brigada Aerotransportada, de la Xma Brigada Mecanizada y de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales se desplegó en el Noroeste argentino con el apoyo de elementos de la Vta Brigada de Montaña, de Aviación de Ejército y de la Fuerza Aérea.
Del adiestramiento participaron tropas de paracaidistas, mecanizados, fuerzas de operaciones especiales, tropas especializadas en la Puna, provenientes Salta, Jujuy y también de Buenos Aires, La Pampa, y Córdoba. Además, incluyó la participación de casi 200 vehículos terrestres, helicópteros militares UH.1H y Bell 206 B1/B3, aviones CASA C-212 y Cessna Caravan, dos cazabombarderos A-4AR Fightinghawk y otros sistemas de armas de la Fuerza Aérea.
Dada la reticencia de las instituciones castrenses a volcarse de lleno a la defensa de nuestra soberanía territorial, y su apego crónico a la hipótesis del enemigo interno, al menos conviene tomar nota al respecto. Sobre todo cuando, como si lo anterior fuera poco, por amplia mayoría el Congreso acaba de autorizar la entrada de tropas extranjeras para ejercicios militares combinados.
Para quien siga atentamente la evolución del malestar creciente en la base de la sociedad, nada de lo anterior debería causar sorpresa: Hace pocos días, activistas autoconvocadxs bajo la consigna “Bajen los precios. Tierra para vivir y producir. ¡Trabajo y alimento para el pueblo!”, burlaron el retén de ingreso por calle Lima al Ministerio de Desarrollo Social, forcejearon con las fuerzas de seguridad, realizaron pintadas en el interior de dicha repartición (“Basta de polenta”), y fueron procesadxs por “desacato a la autoridad”. Durante la misma Jornada Nacional de Lucha, miembros de la UTT – organización que administra el Mercado Central -, culminando una marcha simultánea por “Ley de Hábitat y Ley de Acceso a la Tierra”, se encaramaron a las rejas del Congreso de la Nación generando una escena digna del cineasta soviético Sergio Eisenstein en su película “Octubre” (foto que ilustra esta nota) “A buen entendedor, pocas palabras”: Nadie en su sano juicio debería tomarse a joda ni el hambre ni la bronca que produce.
En conclusión, a casi cuatro décadas de recuperación del orden constitucional vigente, en lugar de estar pensando en quebrar el bipartidismo a paso de tortuga, parecería más sensato para la militancia volcar su esfuerzo principal en irse organizando para capitalizar el próximo ciclo de luchas populares que inexorablemente se avecina.-
Comunidad sigue reclamando a
Morales por el agua y la devolución
de tierras
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Así lo afirmaron integrantes de la comunidad indígena que vienen denunciando atropellos por parte del Gobierno. Uno de ellos es la expropiación de casi dos mil hectáreas de territorio reconocido ancestralmente para realizar la Zona Franca en La Quiaca.
En el 2018 el Gobierno de Gerardo Morales avanzó con el proyecto de la Zona Franca en La Quiaca vulnerando los derechos de las familias indígenas que viven en ese territorio desde tiempos ancestrales y son parte de la comunidad.
Las leyes aprobadas en el año 2019 por legisladores del Frente Cambia Jujuy y del PJ, Ley 6066, Ley 6071, expropia unas 2000 hectáreas de terrenos comunitarios pertenecientes a dos familias que están protegidas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales de Derechos Indígenas.
Como se menciona en esta nota «La comunidad manifestó en una nota presentada al gobernador el 19/10/19 y en la Legislatura de Jujuy, que no hubo ningún proceso de consulta, previa, libre e informada, que las expropiaciones son ilegales y que no hay consentimiento para que hagan la Zona Franca en sus territorios. Sin embargo el gobierno avanza con el plan y los funcionarios de la Zona Franca y de JEMSE hacen oídos sordos».
«Hay familias que se enteraron que el lugar donde viven fue expropiado por el Estado porque fueron notificadas meses atrás para desalojar sus propias casas y terrenos, viviendo situaciones de amenazas y/o ofrecimientos para que abandonen sus lugares por las buenas, o por las malas».
Actualmente integrantes de la comunidad denuncian también que el INAI no dio respuesta a su denuncia realizada en el año 2019, y que la amenaza de desalojo sigue latente, más aún si el Plan Maestro de Morales, anunciado meses atrás, contempla el avance de las obras en el lugar.
También afirmaron que desde la comunidad se saca el agua para abastecer a toda la ciudad de La Quiaca, sin embargo la comunidad no cuenta con el recurso necesario para regar sus sembradíos para alimentarse o para sus animales.
Fuente: Izquierda diario
La DAIA y el nuevo Braden
Se profundiza la alianza entre el macrismo, la trifecta mediática y la Embajada de Estados Unidos
Por Jorge Elbaum, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
El martes 19 de octubre se realizó la reunión consultiva, convocada por la DAIA para legitimar la apelación contra el fallo del Tribunal Oral Federal 8, que había dictaminado una semana atrás el sobreseimiento de los 11 imputados. La convocatoria no revistió el carácter de multitudinaria: apenas dos docenas de activistas sin mandato institucional, convocados para hacer número y escenificar una especie de asamblea informal.
En el cónclave, citado por el titular de la Delegación, Jorge Knoblovits, se hicieron públicas las objeciones de dos sectores que participan dentro de la DAIA: el de los religiosos ortodoxos –que comandan actualmente la AMIA– y el de MERETZ, organización ligada al sionismo socialista. Esta última se encargó de difundir una dura carta en la que señaló que “el Memorándum fue firmado por el Poder Ejecutivo en su esfera discrecional y ratificado por el Congreso Nacional (…) La DAIA no debe ser vehículo de ninguna expresión política partidaria, en la lucha política nacional, la que lamentablemente, en las últimas décadas, se dirime frecuentemente en ámbitos judiciales, lo que debilita a ese Poder de la República y a la democracia en su conjunto. Por tales razones, consideramos que la DAIA no tiene que apelar dicha resolución y [debe] desvincularse de una causa en la cual nunca tendría que haber sido parte”.
Knoblovits y su mentor, Waldo Wolff, intentaron disimular e invisibilizar los cuestionamientos, apelando a la siempre dispuesta protección de la trifecta mediática, decidida a darle continuidad al espectro acusatorio sobre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a como dé lugar. La causa del Memorándum, sugieren entre bambalinas, les ha permitido coligar al peronismo con las figuras perturbadoras de la “traición a la Patria” y “encubrimiento” del atentado terrorista de 1994. De hecho, en la apelación formulada por la DAIA, se expresa –como fundamento– que dicho expediente se encuentra ligado íntimamente a una causa “declarada crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el Sr. Juez de la causa”.
La continuidad de la persecución es coherente con la ofensiva de los sectores de la derecha local que se encuentran confabulados para evitar que el gobierno popular logre estabilizarse, luego de las dos pestes sufridas durante los últimos seis años: la amarilla y la del Covid. Para extenderse en el tiempo, esta operación requirió, en diciembre de 2016, la complicidad del propio ex Presidente Mauricio Macri y del casador Mariano Borinsky, quienes se asociaron a la DAIA para darle reapertura a una causa que había sido desestimada previamente por el juez de instrucción Daniel Rafecas y las cámaras revisoras respectivas. Por esa asociación –no precisamente lícita–, el fiscal Marcelo Colombo presentó una acusación contra Borinsky y los integrantes de la Comisión Directiva de la DAIA, que por sorteo fue adjudicada a Sebastián Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional 7.
En la actualidad, la labor de la DAIA se orienta además a brindarle cobertura al macrismo en relación con el desfile judicial que se inició el último jueves en Dolores y que lo tendrá seguramente ocupado los próximos años, respecto de las imputaciones ligadas a diversos delitos: espionaje, quiebra del Correo Argentino y endeudamiento externo, entre otros. Es un secreto a voces que la DAIA está dispuesta a colaborar en atizar cortinas de humo noticiables para brindarle cobertura a una derecha cada vez más homogeneizada en torno a los intereses de Washington. Con la apelación, se le ofrecen plataformas de difusión a la criminalización política (lawfare) contra los proyectos populares, y se logra asimilar y equiparar –mediante un proceso de analogías y paralelismos– los delitos penales (espionaje, endeudamiento irregular, blanqueo, fuga) con causas apócrifas y artificiosas instauradas por operadores de prensa.
Los integrantes de la DAIA aventuran que la derecha recuperará el gobierno en 2023, situación que los colocaría en una situación de mayor centralidad con relación a la política exterior, una de las áreas en las que mayor interés depositan dada su sempiterna afición por todo lo que rodea a los Estados Unidos. Los funcionarios de las delegaciones diplomáticas extranjeras con asiento en Buenos Aires caracterizan a la entidad que preside Knoblovits como parte del dispositivo informal del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Durante la última semana, los seguidores de Patricia Bullrich y Waldo Wolff festejaron la inminente designación de Marc Stanley como próximo representante del Departamento de Estado en la Argentina. Stanley es un activista de la derecha demócrata texana –ubicado en las antípodas de los activismos judíos de Bernie Sanders y Noam Chomsky– y presume de ser indiferente respecto a las prácticas de ocupación colonial en Cisjordania.
El candidato a embajador, en su presentación ante el Senado estadounidense, se mostró desinhibido: en una clara exposición injerencista –en coincidencia conceptual e ideológica con la oposición macrista– se atrevió a opinar sobre la política económica interna (“no cuentan aún con un plan macroeconómico que explique cómo van a pagar la deuda”) y a cuestionar la presencia de China en la región: «Será una prioridad evitar que ingrese la tecnología 5G proveniente de ese país asiático”.
La esperanza de la DAIA y del macrismo en el rol de Stanley se vincula con la intención de impedir, a nivel doméstico, las posibilidades de recuperación económica y, al mismo tiempo, cercenar o limitar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, para mantener la amenaza del default. Por último, el candidato cuestionó la falta de alineamiento del gobierno de Alberto Fernández contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El regreso del Libro Azul
Para favorecer y promover esta articulación geopolítica, la DAIA y los alfiles del juntismo macrista/larretista retornaron a la vieja tradición de agitar el espectro de la judeofobia asociado intrínsecamente al movimiento nacional y popular. Ese fantasma fue utilizado por Spruille Braden en 1945, con el objeto de impedir la oleada electoral provocada por el 17 de octubre. La Embajada de Estados Unidos financió y publicó el Libro Azul pero fue impugnado por el Libro Azul y Blanco, en el que se rebatían en forma sistemática las falacias de Washington.
Cuando la DAIA decidió presentar la apelación, el lunes 25 de octubre, el Llamamiento Argentino Judío hizo pública una declaración en la que manifiesta que la entidad presidida por Knoblovits se arroga “una representatividad de la cual carece” , para convertirse en correa de transmisión de “la oposición política al gobierno nacional, en plena campaña electoral (…) Aparece nuevamente como evidente que esta institución es uno de los brazos políticos ejecutores de Juntos por el Cambio y pretende hacerle creer a la sociedad y a la colectividad que ese es el pensamiento identitario único de lxs judíos argentinxs. (…) La DAIA, en su comunicado, insiste en falsear la representación de la colectividad judía, apropiándose de un legado que cientos de miles de judíos argentinos desconocen: NO son la expresión de la totalidad –como pretenden argüir– sino de un sector encolumnado con las políticas neoliberales, el macrismo y los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina”.
La declaración fue reproducida por diferentes medios y también amplificada en las redes sociales por dirigentes y activistas. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, fue uno de los que se hizo eco. El solo hecho de compartir la declaración del Llamamiento motivó que Fernando Iglesias y Waldo Wolff lo acusaran de antisemita, haciendo caso omiso de que era una declaración de una organización judeo-argentina. Como correctivo, el primero de los legisladores cambiemitas solicitó su juicio político en la Cámara de Diputados. Ante ese desvarío, varios asesores conjeturaron, no sin ironía, que había sido la primera vez en la historia que se intentaba condenar por antisemitismo a quien había reproducido la declaración de una organización judía. Más allá de la necedad, la operación tramitada por la derecha local se constituye en la prolongación de un mecanismo ya utilizado para perseguir a CFK por parte de los fondos buitre. En un futuro cercano, el embajador Stanley contribuirá, sin dudas, a escandalizarse con ese mismo criterio discriminatorio apócrifo.
La alianza entre Washington y los grupos de la derecha comunitaria es frondosa y variada. Una evidencia reciente pudo ser detectada con relación al debate sobre el etiquetado alimentario frontal. Hace una semana, uno de los mentores de la apelación, el panelista Wolff, aseguró en una de sus múltiples visitas televisivas que sin dudas iba a votar a favor de la Ley (minuto 5.02). Sin embargo, luego de varias solicitudes de empresas oligopólicas con accionistas residentes en Estados Unidos, modificó su voto y pasó a instalarse en el purgatorio de la abstención.
No es sólo la delegación diplomática de Washington la que está dispuesta a colaborar con la DAIA, con el juntismo y con la trifecta de la propaganda antipopular. Los residentes en Pasteur 633 también cuentan con la asistencia de la embajada de Tel Aviv, que protege sus intereses geopolíticos oponiéndose a quienes cuestionan su práctica colonial en Cisjordania. Esa es la razón por la cual Israel vota en forma sistemática y unívoca –junto al Reino Unido y Estados Unidos– contra el derecho inalienable de la Argentina respecto a las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Para ser coherentes con sus prácticas coloniales, se asocian con quienes los autorizan a darle continuidad al apartheid que ejercen sobre dos millones de palestinos.
De la lucha antifascista a aliarse con los nazis
La DAIA nació en 1935 para enfrentar al fascismo. Pero devino en una entidad alineada con lo más rancio de la derecha local, los herederos de aquellos que destilaban discursos judeofóbicos durante las primeras décadas del siglo XX. En la actualidad, la colectividad judía argentina cuenta con alrededor de 350.000 integrantes. Un tercio de ellos participa dentro de instituciones comunitarias –clubes, templos, asociaciones civiles y establecimientos educativos–. El resto, es decir dos terceras partes, no forma parte ni concurre a ninguna institución de esas entidades. En la jerga interna, se denomina a estos últimos como “no institucionalizados”.
Además, no todas las instituciones judías forman parte de la DAIA. El Llamamiento Argentino Judío es una de las que permanecen ajenas el entramado de la derecha comunitaria. Más aún, una gran parte de las organizaciones que la DAIA dice representar son literales sellos de goma que carecen de existencia desde hace varias décadas. En su portal figuran 135 instituciones socias. De ellas:
- Muchas no tienen existencia real hace décadas (como AMZE o Comedores Populares), pero continúan inflando el listado para aparentar grandeza.
- Otras son muy pequeñas: consorcios reducidos conformados por dos o tres personas, como la Asociación Genealogía Judía De Argentina.
- Figuran también entidades empresarias como la Cámara Comercio Argentino-Israelí, de la que participan Mario Montoto y Sergio Szpolski.
- Y, de forma cariocinética, aparecen otras que se encuentran subdivididas para dotar de un listado más amplio (como el caso de Jabad Lubavich, que aparece como organizaciones diferentes según la locación: Almagro, Belgrano, etcétera).
Cartas madrileñas
Para hacer más grotesca la sobrerrepresentación engañosa, la DAIA oculta que los mismos socios de los clubes son quienes participan de los templos y también de las escuelas: la misma población se multiplica en votos institucionales diversos para hacerle creer a la sociedad que –efectivamente– expresan a la mayoría de la colectividad judía argentina. En la última asamblea electoral, realizada el 26 de noviembre de 2018, se contabilizaron 124 votos. Sin embargo las personas encargadas de sufragar fueron sólo 67. Pocos votos para jactarse de representatividad de 350.000 personas, deslizó uno de los participantes de la asamblea en la que competían dos listas. La escenificación de su representación ficticia quedó evidenciada en que esos pocos electores contaron con voto múltiple y entronizaron a Knoblovits con la friolera de 83 votos por sobre los 41 reunidos por el exponente de la ortodoxia de la AMIA.
El mes próximo se volverá a desplegar la exuberancia comicial de la asamblea electoral de la DAIA. En esta ocasión habrá una lista única y como vicepresidente será ungido el ex presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, acérrimo defensor de las políticas de ocupación israelíes. Mientras tanto, Waldo Wolff –armador en la sombra del extremismo reaccionario comunitario– difunde los contenidos de su nueva plataforma hispanoamericana: la Carta de Madrid, promovida por la Asociación El Disenso, fundada por el dirigente máximo de VOX, Santiago Abascal.
Entre los puntos salientes de la convocatoria, la Carta advierte sobre “el avance del comunismo [que] supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”. Entre los firmantes, además de Wolff, figuran:
- Arturo Murillo: ex ministro de Gobierno de Janine Añez (hoy detenida por el golpe de 2019 y acusada de crímenes de lesa humanidad). Murillo huyó de Bolivia en noviembre de 2020 y fue detenido por el FBI, en Miami, en mayo de 2021 bajo los cargos de corrupción, abuso de poder, soborno y lavado de dinero entre otros;
- Victoria Villarruel, presidente de la Asociación Civil CELTYV, defensora de los genocidas argentinos; y
- Roger Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), acusado de promover golpes en América Latina y actual lobista de los fondos buitre.
Los grupos oligárquicos que promueven un acuerdo ruinoso con el FMI son los mismos que defienden a los empresarios oligopólicos que se niegan a congelar los precios. Y son los mismos que se articulan con la delegación diplomática de Washington para desintegrar América Latina y socavar cualquier forma de multilateralismo o de relaciones de cooperación con la República Popular China. No defienden identidades. Sólo intereses corporativos y geopolíticos. Con ese designio son capaces de utilizar la judeofobia –estigmatización responsable de uno de los genocidios más crueles de la historia– para sembrar el odio y darle continuidad a la persecución a quienes buscan limitar la los privilegios de casta y la prepotencia colonial.
Asambleístas irrumpieron en la
Feria del Libro para alertar por el
embate contra la Ley 7722 en
Mendoza
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Vecinos y asambleístas irrumpieron en la Feria del Libro, que se realiza en el Ángel Bustelo, para alertar sobre la posibilidad de que la minera San Jorge reactive el proyecto para dinamitar la montaña en Uspallata paras sacar oro, cobre y plata tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucional un tramo fundacional de la Ley 7722.
En la entrada del Bustelo, desplegaron la bandera que los acompaña en todas las marchas con la leyenda «La 7722 no se toca» mientras alertaba a quienes estaban en la cola para entrar. «Estamos en peligro de nuevo. El agua de Mendoza está en peligro», señalaron.
Luego ingresaron al auditorio, entre aplausos de los asistentes y al canto de «El agua de Mendoza no se negocia».
«Nos declaramos en estado de alerta. Estamos denunciando un nuevo ataque a la Ley 7722, necesitamos que nos acompañen en las manifestaciones. Otra vez la ley ha sido atacada por los sectores que quieren contaminar y cambiar el rumbo de las sociedades. Necesitamos el agua, por eso hacemos estas intervenciones. Ustedes son parte y en el 2019 lo demostraron», anunciaron a los asistentes, mientras avanzaban por los pasillos. En una de las charlas que se desarrollaba en ese momento, a cargo de Dany Jiménez, periodista, conductor y director musical de Vorterix.
Recibieron aplausos de los asistentes y se retiraron del salón, previo agradecimiento a quienes estaban sobre el escenario por el uso del tiempo y el espacio para difundir lo que ocurre con el lobby minero en Mendoza.
Comunicado de SUTE en rechazo a las modificaciones de la ley 7722
Repudiamos la modificación de la 7722
➡️ Desde el SUTE expresamos nuestro enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que declara inconstitucional parte del artículo 1° de nuestra 7722, ley guardiana del agua, los bienes comunes y la salud del pueblo mendocino. Dicha modificación habilita el uso de xantato, poliacrilamida y otros engendros químicos contaminantes.
🔴 Reafirmamos el compromiso permanente en la defensa de la 7722 y la lucha por los bienes comunes y contra la megaminería contaminante y el fracking.
📣 Nos declaramos en alerta junto al pueblo de Mendoza.
✊🏼 #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia
✊🏼 #La7722NoSeToca
Derrames, viviendas rotas y enfermedades:
YPF deberá informar sobre daños a un
barrio de Allen
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Este jueves 28 se conoció que la titular del Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones Nº5, Laura Fontana, obligó a YPF, al Municipio y al gobierno de Río Negro a informar sobre las actividades que la petrolera estatal desarrolla en su planta ubicada a metros del barrio rural Calle Ciega 10, en la ciudad de Allen.
La resolución se enmarca en el amparo colectivo presentado por las familias en 2019. Según informó el portal especializado Observatorio Petróleo Sur, la magistrada instruye a que YPF notifique qué trabajos va a realizar y explique la metodología con la que avisará en futuras intervenciones. Esta semana la empresa volvió a ingresar grandes equipos a una locación ubicada a 300 metros del conglomerado de 25 viviendas, donde ya ha perforado cinco pozos de fracking. Las vecinas protestaron cortando el acceso.
Por su parte, el Municipio y la Provincia deben entregar detalles sobre el riesgo existente en la población y las acciones tendientes a “otorgar una solución habitacional” para evitar que el asentamiento se siga ampliando con la llegada de nuevas familias.
Además, la jueza impulsa la creación de un ámbito de diálogo, discusión y análisis de las posibles soluciones entre los vecinos y la empresa.
“La localidad de Allen es parte del programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles impulsado por la Fundación YPF, el Banco Interamericano de Desarrollo y los ejecutivos provincial y municipal. El plan busca contener a las ciudades con gran crecimiento por la explotación petrolera como Las Heras, Añelo, Malargüe”, detalló OpSur.
Calle Ciega 10 comenzó a formarse hace más de 60 años. La primera perforación de YPF se realizó en 2014 y la zona está rodeada por 52 pozos en un radio de mil metros. El primer derrame fue en 2015, y hubo otros en la laguna. Explosiones, viviendas fracturadas o derrumbadas, temblores constantes, hollín y humo contaminado, malestar físico y distintas enfermedades golpean hoy al pequeño paraje.
“Hace mas de 6 años que llegaron las empresas petroleras a la zona, en principio lo habíamos visto bien por trabajo, porque viniendo empresas grandes pensamos que le iban a dar trabajo a nuestros hijos, nuestras familias, nuestros maridos, pero no pasó eso y a medida que fue pasando el tiempo fuimos viendo las dificultades que la petrolera nos fue trayendo”, cuenta Roxana, una de las vecinas afectadas.
Fuente: Canal Abierto
Femicidios con denuncias previas:
quién es responsable
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
El informe octubre 2021 del Observatorio Lucía Pérez registra 252 femicidios y travesticidos, 211 infancias huérfanas, 317 marchas exigiendo Paren de Matarnos, 235 días preguntando dónde está Tehuel y 173 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.
Durante el mes de octubre registramos 35 femicidios y/o travesticidios, 8 presentaban denuncias previas por violencia.
En Chaco, el hermano de Marilú Romero, -27 años, asesinada por su ex pareja Héctor Daniel Gutiérrez-, denunció a jueces y fiscales de esa provincia para determinar sus responsabilidades en la veintena de denuncias por violencia de género que Marilú había hecho antes del femicidio y por las que el Estado no hizo nada para protegerla. Dos de sus tres hijos, de 7 y 9 años, presenciaron el asesinato.
En Salta, Agustina Cruz, 17 años, fue asesinada cuando iba al colegio por su ex novio, Juan Gallardo. Agustina había hecho la denuncia y tenía una restricción de acercamiento pero el Estado no garantizó la consigna policial. Su mamá anunció que denunciará a la policía por abandono de persona.
En Mar del Plata, la familia de Lucía Pérez volvió a marchar pidiendo justicia al cumplirse cinco años de su femicidio. Todavía espera la fecha del jury que impulsaron a los jueces que pretendieron dejar su femicidio en la impunidad.
El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la violencia. Para hacerlo no puede ser un eslabón más de ella, debe escuchar e implementar las acciones necesarias para proteger a cada persona que así lo necesite.
Cada femicidio es evitable, y debe ser el último.
Fuente: Lavaca Mu
Organizaciones populares realizan
Jornada de Difusión para denunciar
que el FMI es pobreza y las estafas
no se pagan
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
El 28 de octubre, organizaciones populares salieron a las calles de diversos puntos del país en una nueva Jornada de Difusión de la campaña nacional por la suspensión del pago e investigación de la deuda. Las primeras fotos de la Jornada llegaron desde Bahía Blanca, la Ciudad de Buenos Aires, Ezeiza, Laferrere, Lanús, Mar del Plata, Pacheco, Río Cuarto, Rosario y Reistencia, mostrando las volanteadas, radios abierta, conferencias de prensa y marchas desarrolladas con el objetivo de informar y sensibilizar a la ciudadanía en torno al carácter fraudulento y los costos de una deuda cuyo pago se realiza con el hambre del pueblo, más ajuste y desempleo, más extractivismo. Se invitó además a sumarse el próximo 4 de noviembre en la Movilización Nacional para exigir ¡Fuera el FMI! y que las estafas no se paguen.
CABA
“Para tener tierra, techo, trabajo, salud, agua y educación, exijamos se suspenda el pago y se investigue a fondo los orígenes y usos de la deuda reclamada. Es necesario repudiar lo ilegítimo y sancionar a los responsables locales y extranjeros de este verdadero crimen de lesa humanidad económico y de lesa naturaleza,” se plantea en el volante que fue puesto en mano de decenas de miles de las personas que nunca fueron consultadas pero que sí, son obligadas a pagar con su presente y el futuro de todos y todas, esta estafa.
Rosario
Río Cuarto
Mar del Plata
Participaron diversas organizaciones en esta Jornada, incluyendo al Movimiento de los Pueblos (MULCS, FPDS-CP, Izquierda Latinoamericana Socialista), PRML, CUBa- MTR, Marabunta, Opinión Socialista, Diálogo 2000, Attac, CTA-Autónoma, Corriente Política de Izquierda, MOI, MTL, OLP-Resistir y Luchar, MST en el FIT-Unidad, Hilo Rojo, Venceremos-PT, AG, D-UBA, Emancipación Sur, Organización Revolucionaria Guevaristas, Nuevo Proyecto Político Emancipatorio, el PSL y el Espacio de Trabajadores de Zona Norte.
Laferrere
Ezeiza
Bahía Blanca
Resistencia
Pacheco
A través de esta Jornada se intensificó la denuncia de que contradictoriamente a la querella presentada por el gobierno contra el expresidente Mauricio Macri y su gabinete económico, por su responsabilidad en el fraude del acuerdo último con el FMI, el gobierno da por sentado que corresponde pagar a los estafadores del FMI.“Los viajes recientes de Manzur y Guzmán, el pago de U$D 1800 millones en septiembre, los pagos proyectados para el 1 de noviembre y el 22 de diciembre, ratifican la voluntad pagadora del gobierno, dando continuidad a la política de estado de los últimos 40 años de pagar sin investigar a fondo ni sancionar a los crímenes.”
CABA
Para que estafa no se pague, a lo largo de la Jornada se señaló que es necesaria la acción de cada persona y organización, el ejercicio de nuestro poder, la movilización. Por eso se convoca a movilizarnos nuevamente y realizar jornadas de protesta el próximo 4 de noviembre. En Buenos Aires, se concentrará a las 11 hs. en el Obelisco para marchar a Plaza de Mayo y múltiples acciones en el interior le darán un carácter nacional al reclamo.
La deuda es con los pueblos y con la naturaleza.
Violencia vicaria y cuestionamientos
a Tribunales de Cosquín
Por Karina Lucero, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
La Violencia vicaria es un término en el que Sonia Vaccaro prestigiosa psicóloga argentina en España, describe la continuidad del ejercicio de la violencia machista, utilizando como objeto a sus propios hijos e hijas, como castigo hacia la mujer cuando ésta ha decidido ponerle fin a una relación de violencia de género y/o familiar.
“Si te vas, me dejas o me denuncias, te voy a quitar los chicos”, esta es la amenaza más efectiva a la que le temen todas las madres y que hace que soporten graves situaciones de maltratos. En el caso de que la mujer decida irse o denunciarlo, en Córdoba hay dispositivos donde llegan las primeras medidas de restricción que es para ambas partes (pareja) pero no incluye a los niños, excepto que se pueda comprobar alguna situación grave que le impida al progenitor mantener contacto provisorio también con ellos.
Una vez tomadas las medidas en la Oficina de violencia familiar, el régimen parental y comunicacional (cuota alimentaria y régimen de visita) se deben “arreglar en los Tribunales civiles”, y es que al ser él progenitor de los niños, aún en la separación violenta de la pareja, le sigue un vínculo con los hijos e hijas que le otorga cierto poder y derechos hasta la mayoría de edad. En algunos casos los niños pasan a convertirse en la herramienta necesaria para que aquella amenaza se convierta en una realidad.
Esto no sería posible si el sistema judicial tuviera una mirada integral y con perspectiva de género e infancias, lamentablemente en Tribunales de Familia de la Ciudad de Cosquín no la tienen, según nos cuentan las madres separadas de sus hijas e hijos por violencia vicaria. Indudablemente la intervención judicial sigue teniendo una mirada patriarcal y adultocéntrica en la que establece que debe prevalecer los derechos del padre por encima de cualquier otro, e incluso se disfraza de “interés superior del menor” como justificación, que en el fondo sigue pensando que son problemas privados lo que ocurren en la familia. La justicia que debería ser la herramienta ultima de ayuda a una mujer violentada se trasforma en la continuidad de la violencia y el sometimiento a través del castigo por atreverse a romper lo sagrado que es el matrimonio y la familia.
Desde que comenzaron en el país las estadísticas oficiales sobre las violencias de género, se supo que a muchos niños y niñas fueron violentados e incluso asesinados como un daño extremo o colateral; pero hay otras formas más sutiles como la de manipularlos y controlarlos, lo que garantiza que la mujer pague por rebelarse al estatus cuo.
A los siguientes testimonios les hemos cambiado de nombre de las protagonistas para evitar represalias judiciales hacia sus casos.
- Nancy no ve a su hijo hace dos años y medio, y resume su situación de la siguiente forma: “me fui de mi casa en el 2018 por violencia de género, mi hijo tenía 7 años, al principio estaba todo pasable, yo trataba de no encontrarme con el padre de mi hijo por situaciones de violencia y de a poco hicieron que yo no vea a F. (su hijo). Ya hace dos años y medio. Lo vi en ocasiones muy puntuales en la escuela cuando me dejaron entrar, o cuando fui a la casa porque el papa no estaba, pero mi hijo con tantas cosas que le han dicho creo que no quiere verme hoy. La justicia es cómplice porque dejaron pasar tanto tiempo, dejando que el padre haga y deshaga porque tuve una primera cita con mi hijo y no lo llevó, y después se dictaminó que el niño tenía que ver la psicóloga del Tribunal y ahí como estaba el tema de la pandemia y estaba todo muy atrasado pasaron 9 meses para darme ese turno. Hice muchas cosas para que me dieran ese turno, pero el padre no lo llevó, asique le dieron otro turno con “carácter urgente” y ahí lo llevo. Este 27 de octubre teníamos una audiencia ambos, ya pasaron dos años y medio, y estaba todo medianamente encaminado y digo medianamente porque no me he vinculado con mi hijo y pudo no querer verme. Pero el padre nuevamente no se presentó y lo que dicen es que su abogado renuncio un día antes.
Ahora tengo que seguir esperando porque por más que uno le ponga de “carácter urgente” parece que la justicia no entiende… y no sé cuando me van a dar un turno para tener esa audiencia que eran por esa visita que mi abogada me dijo que propusiera, ella lo escribió y lo presentó y en teoría esta audiencia era para llegar a un acuerdo con el padre, pero él sigue haciendo lo que quiere…la justicia por lo que veo y leo, no lo intima. La justicia para mi es lenta… paso dos años y medio y tal vez mi hijo no quiera verme porque va a creer en las cosas que le hayan dicho de mí, porque a mí no me pudo escuchar, porque a mí no me dejan que él me escuche, y ellos siguen dilatando y lo dilatan y no logran la revinculación con mi hijo y para mí esto va a ser peor, y cada vez el tiempo pasa, los días pasan y cada vez es peor”. “Pasaron un montón de cosas en medio de todo esto, yo hace dos años conozco a las chicas del Polo y ellas me ayudaron un montón pero lamentablemente se ve que los jueces no les importa, ya sé que no soy la única pero si ellos lo resolverían a tiempo yo creo que esto no pasaría, es solo una audiencia vos (por el juez) tenés que escuchar fijar , leer, y decir al menos una vez al mes, solo pido eso, yo luché mucho para poder tener esa revinculación…y llegar para este momento, a esta audiencia y no va, yo la verdad no lo puedo creer. Me han pasado muchas cosas en el medio de todo esto, me ha denunciado, me han tirado la comida que le llevé a mi hijo, hablé con uno… hablé con otro. y nada. Tengo otro hijo de 18 años y también está sufriendo porque él tampoco puede ver a su hermano…”
Fuente: Bambacoop
Nuevo pedido de justicia por Cecilia
Basaldúa
Por RedEco, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Su familia informó que la Fiscalía de Cosquín pidió la realización de una “autopsia psicológica”, medida que rechazan al considerar: “Concretamente sirve para estudiar y analizar el estado psicológico de Ceci al momento de su femicidio. ¡Siguen intentando establecer que Cecilia estaba loca!”. En el mismo sentido, desde el Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte denuncian que se trata del mismo recurso utilizado en la causa de Jorge Reyna, el joven asesinado en la comisaría de esa localidad cordobesa en 2013, “para establecer un perfil psicológico idóneo que pueda establecer indicios de que su muerte fue un suicido y luego archivar la causa”.
Respecto a en qué consiste una autopsia psicológica, desde el Movimiento explican que en el caso de Jorge Reyna se volvió a citar a declarar a todo su entorno cercano, amigos, amigas y familiares; excepto a la policía que son las últimas personas que lo vieron con vida: “(Son) las que lo detuvieron, lo golpearon, lo encerraron y se lo entregaron a su madre sin vida. Indagaron sobre su pasado a través del trauma que implica para un familiar volver a recordar en un proceso de duelo. Revolvieron sobre su vida, pero jamás investigaron el contexto donde apareció sin vida: la comisaría de Capilla del Monte”.
“Hoy, estamos frente a lo mismo con la causa de Cecilia – advierten desde el Movimiento –. No son formas aisladas del proceder de la fiscalía, es su modus operandi: Culpar a la víctima de su propio destino y cerrar la causa. Repudiamos al accionar impune y patriarcal de la Fiscalía de Cosquín que lejos de allanar el camino por la verdad, se burla ante cada decisión que toma del dolor de las familias”
Compartimos el mensaje difundido por la familia de Cecilia Gisela Basaldua: “Esta semana recibimos dos noticias nefastas. La primera es que se ordenó desde la fiscalía una autopsia psicológica. No sabíamos que existía esto, pero concretamente sirve para estudiar y analizar el estado psicológico de Ceci al momento de su femicidio. ¡Siguen intentando establecer que Cecilia estaba loca! ¡Siguen tomando la palabra del principal sospechoso como verdad! Solamente Mario Mainardi cree que Cecilia tuvo un brote psicótico.
Y ademas como si fuera poco, por decreto ordenan la sepultura de oficio del cuerpo de Cecilia. ¡Qué mas quisiera la familia de Ceci que poder sepultarla en paz! Pero se han resistido junto a la querella, porque las pericias sobre el cuerpo han sido insuficientes. Al ordenar su enterramiento están acallando la verdad.
¿Cómo es posible tanta falta de humanidad? ¿Qué le pasa al sistema judicial patriarcal?
No vamos a parar hasta que sea Verdad y Justicia por Cecilia”
Espionaje ilegal: el juez Bava rechazó
la segunda recusación de Macri
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
El ex presidente debe presentarse este miércoles para ser indagado. «No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado», sostuvo el magistrado.
El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, rechazó la segunda recusación que le presentó la defensa del expresidente Mauricio Macri en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal contra los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, informaron fuentes judiciales. “No ha habido ni hay animosidad alguna en contra del imputado Mauricio Macri. Sólo se ha producido la prueba requerida por las partes”, sostuvo el magistrado en la resolución con la que rechazó “in límine” el nuevo intento de apartamiento formulado por el expresidente.
A lo largo de 16 páginas, el juez Bava volvió a explicar que no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de recusación y, además, aclaró que si citó a Macri a indagatoria sin antes solicitar que le levantaran el deber de confidencialidad es porque, a su criterio, no era necesario, en relación a la audiencia suspendida el jueves pasado en los tribunales de Dolores.
“Sobre la cuestión traída en este incidente y respecto la necesidad del relevamiento del secreto al exPresidente, vale resaltar que del propio decreto dictado por el actual titular del Poder Ejecutivo surge, conforme el criterio que era sostenido por el suscripto que, al investigarse la comisión de delitos de inteligencia prohibidos por la ley y no actividades que hagan a la seguridad interior y/o defensa nacional, no resultaba necesario el relevamiento en cuestión”, escribió el juez Bava.
“Por los demás planteos de la defensa vinculados al citado decreto –continuó-, entiendo que hacen a cuestiones ajenas a este proceso judicial y por tal motivo considero que no deben ser valoradas respecto la actuación del suscripto”.
Hacia el final de la resolución, el juez sostuvo que “del escrito presentado por la defensa del Dr. Lanusse no se desprenden razones sensatas para considerar un temor de parcialidad por parte del suscripto” y remarcó que “nunca las discrepancias con las decisiones de un magistrado a cargo de una investigación, propias de las reglas y el sentido de un proceso penal, pueden conllevar a su apartamiento, so riesgo de afectar seriamente el buen funcionamiento del servicio de justicia y la garantía del juez natural”.
Al explicar por qué no hay elementos para promover su recusación, el juez Bava reiteró lo que había dicho en el primer planteo similar por parte de la defensa de Macri: “No tengo amistad, enemistad ni prejuicio de ningún tipo, objetivo ni subjetivo con los imputados ni con las partes querellantes. Tampoco los tengo con relación al objeto que es materia de estudio. Mucho menos, como alude el inciso en el que funda su pretensión el defensor, manifesté opinión extrajudicialmente sobre el proceso a persona alguna o actué con animosidad”.
“No he formulado recomendaciones a favor ni en contra de ninguna de las partes y no tengo otro interés en el proceso que no sea el de cumplir acabadamente el deber constitucional de afianzar la justicia, conforme las previsiones del Preámbulo de la Constitución Nacional, y cumplir con las obligaciones legales que, en mi condición de Juez Federal, me impone la Carta Magna respetando las garantías constitucionales de todas las partes del proceso”, completó.
“No puedo dejar de insistir en que la pretensión de apartar a un juez de una investigación es una medida procesal excepcional, acto de extrema gravedad que afecta intereses singulares como generales en un proceso. Así, el carácter restrictivo de su procedencia tiene que ver con asegurar la garantía del juez natural, que no sólo protege a las personas involucradas en un caso de ser juzgadas por un magistrado imparcial, sino también preserva el buen funcionamiento del servicio de justicia”, remarcó el juez.
La defensa del expresidente Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, había asegurado hoy que la nueva citación a Macri para que el miércoles próximo vuelva a los tribunales de Dolores y preste declaración indagatoria tiene “intereses políticos” y que se busca procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre, al recusar por segunda vez al juez Bava.
Al intentar por segunda vez el apartamiento del juez, la defensa del exmandatario sostuvo que el “temor fundado de “parcialidad”, la falta de “independencia” y el “prejuzgamiento” podrían evidenciarse en lo que ocurrió el 28 de octubre pasado, durante la indagatoria a la que asistieron en Dolores y que debió suspenderse porque Macri no había sido relevado del deber de confidencialidad.
En su respuesta de hoy, el juez Bava dejó en claro que lo que ocurrió allí fue una diferencia de criterios y que la audiencia finalmente se suspendió para poder llevar a cabo una medida solicitada por la propia defensa del expresidente, como fue la de requerirle a la Casa Rosada que le levantaran el secreto.
Se espera ahora que la defensa de Macri apele el rechazo de la recusación ante la Cámara Federal de Mar del Plata que la semana pasada rechazó un primer intento de Macri por apartar a Bava de la investigación.
Macri está citado a indagatoria para el miércoles próximo de manera presencial en Dolores para ejercer su derecho a defensa en torno a seis acusaciones concretas de hechos de espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino en Mar del Plata.
El expresidente está imputado por maniobras de espionaje porque, como presidente, era el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional, según la ley de inteligencia, se sostuvo al convocarlo a indagatoria. En la causa abierta a raíz de una denuncia de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia Cristina Caamaño están acusados además los exresponsables de la AFI en el macrismo Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, entre otros.
Fuente: Tiempo argentino
Pérez Esquivel: «Hay que salvar
a Julián Assange»
Por Adolfo Pérez Esquivel, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
LLAMADO URGENTE.
A los pueblos del mundo, a las Iglesias, organizaciones sociales, sindicatos, universidades, a los periodistas, medios de información y gobiernos democráticos, a las mujeres y hombres de buena voluntad defensores de la libertad y derechos de los pueblos.
La vida de Julián Assange está en peligro, el gobierno de los Estados Unidos persigue a Julián desde hace años por publicar las atrocidades que ese gobierno cometió y comete en el mundo, violencia, invasiones, golpes de Estado, asesinatos y torturas, persecuciones a países de otros signos ideológicos, bloqueos que trata de ocultar y que permanezcan en la total impunidad jurídica y social, desconociendo el Estado de Derecho y violando los derechos humanos y derecho de los pueblos.
Estados Unidos insiste en extraditar a Julián Assange a los EEUU para ser condenado a 175 años de prisión por publicar información sobre las atrocidades señaladas. Después de 6 años de refugio político en la Embajada de Ecuador en Londres, fue entregado a la policía británica, desde entonces hasta el día de hoy se encuentra confinado en una prisión de máxima seguridad y actualmente la Corte Británica lo está juzgando para extraditarlo a los Estados Unidos, de lograrlo es una CONDENA A MUERTE A UN DEFENSOR DE LA LIBERTAD DE INFORMACION Y UNA GRAVE AMENAZA A LA LIBERTAD DE PRENSA.
Reclamar a la Corte Británica la libertad de Julián Assange.
31-10-21
(*) Premio Nobel de la Paz-
Envio:RL
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