Al desencanto de la democracia
formal debe capitalizarlo el campo
popular (y no la derecha liberal)
Por Jorge Falcone, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Todo el mundo dice que el modelo de capitalismo existente – y esta es hoy la base de la estructura social en la inmensa mayoría de los países – se ha agotado, en su marco ya no hay salida a la maraña de contradicciones cada vez más enredadas (…) Todo esto es percibido por los países rezagados, que pierden la fe en la perspectiva de alcanzar las potencias líderes. La decepción estimula la agresión, empuja a la gente a las filas de los extremistas. Los habitantes de esos países tienen una sensación cada vez mayor de expectativas incumplidas y no cumplidas, un sentimiento de ausencia de perspectivas de vida no sólo para ellos, sino también para sus hijos. Esto es lo que lleva a la búsqueda de una vida mejor, a la migración descontrolada, que a su vez crea las condiciones previas para el descontento social – de los ciudadanos – de los Estados ya más prósperos”. Fragmento de la intervención de Vladimir Putin, Presidente de la Federación Rusa, en la reunión anual del Club Valdai
Según no pocas miradas, el sistema – mundo actual transita hacia un cambio de paradigma, que contempla cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU en 2015, aunque todo indica que va a ser difícil atendiendo a los liderazgos mundiales de máxima gravitación. Mientras el Director del Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unida declara que solo un 0,36% del patrimonio de los multimillonarios acabaría con la hambruna mundial, en la Cumbre Climática de Glasgow el Sur Global apuesta por canjes de deuda verde, que significarían la posibilidad de alivianar a los países más empobrecidos del compromiso con sus acreedores en tanto intentan avanzar en planes de mitigación del cambio climático, en nuestra castigada región las democracias formales continúan haciendo agua, como en estas horas lo demuestra el recrudecimiento de las protestas en Ecuador, donde, además de continuar con el paro nacional iniciado el martes 26 de octubre, los movimientos populares, indígenas, campesinos, de trabajadores y estudiantiles ratificaron continuar la movilización contra las políticas neoliberales impuestas por el gobierno, exigieron la inmediata libertad de los detenidos, y la reparación integral a los atacados y heridos por la represión policial y militar. Pese a tales indicadores, quién sabe por cuánto tiempo más, el sentido común imperante continúa interpretando que concurrir a elecciones torcerá el rumbo establecido por quienes las manejan.
En el marco general de una significativa ausencia de utopías transformadoras globales en el mundo que nos toca, y una palmaria demostración de que la democracia está muy lejos de ser “el mejor de los sistemas posibles”, de cara a las elecciones de medio término, en Argentina no abundan pronósticos auspiciosos para la coalición gobernante.
La enorme tasa de desempleo, la inflación desenfrenada, y la exigencia por parte del FMI de una suerte de Pacto de la Moncloa a concretarse justamente en el momento de máximo desencuentro de nuestra desprestigiada clase política, son algunos de los factores que oscurecen el horizonte del Frente de Todxs.
A propósito de nuestros acreedores externos, ya no es ningún secreto que los desembolsos del FMI han coincidido con picos en los depósitos de ese origen en bancos de Suiza. Hace poco renunció al Banco Mundial su economista en jefe, Penelopi Goldberg, luego de que el organismo se negara a publicar un informe que elaboró, donde comprueba que cuando un país recibe asistencia financiera del exterior, esos desembolsos redundan en el incremento de tales montos en las entidades financieras de aquel país.
Este dato remite necesariamente al elenco estable de los chupasangres locales. Sin ir más lejos, nueve de las diez familias más ricas de nuestro país figuran en los Pandora Papers con sociedades y fideicomisos offshore. En efecto, Bulgheroni, Galperin, Rocca, Pérez Companc, Roemmers, Sigman-Gold, Werthein, Eurnekian y De Narváez integran el ranking de los patrimonios más grandes de 2020, según publicó la Revista Forbes. Siempre recurrieron a paraísos fiscales para realizar inversiones inmobiliarias y financieras, gestionar herencias y participar en una empresa rusa, entre otros usos. Sólo en un caso aportaron documentos para respaldar que han declarado sus estructuras ante las autoridades.
Por su parte, en la vereda de enfrente de la grieta electoral que inventaron y alimentan los medios concentrados se desgañita una oposición de derecha inéditamente obtusa, que reclama la recuperación de una libertad supuestamente arrebatada en el contexto de una peste global de dimensiones bíblicas, e impugna lo que considera secesionismo mapuche contraponiéndolo al reclamo de soberanía en el Atlántico Sur, escamoteando así el argumento de que en nuestra tierra había naciones pre existentes a la conquista (de América y del “Desierto”)
Con relación a esto último, se han alzado numerosas voces del espectro popular reclamando el cese de toda forma de violencia y que se haga efectivo lo estipulado en la Constitución Nacional (art. 75 inc. 17), las constituciones provinciales, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y todo el marco normativo nacional que refiere a los derechos del pueblo originario mapuche, mapuche tehuelche y los restantes pueblos, alentando también a los legisladores nacionales a sancionar la prórroga de la ley 26.160 actualmente en tratamiento en el Congreso, así como a dictar la ley de propiedad comunitaria indígena.
A esta altura corresponde señalar que algunas políticas implementadas por el neoliberalismo en los distritos que domina, ya se pasan de obscenas. Como ocurre en CABA con el emprendimiento inmobiliario que la empresa IRSA quiere construir en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, en la Costanera Sur, con torres, oficinas, hoteles, bares y restaurantes, iniciativa de la que participa un tal José Luis Inglese como consultor al servicio de IRSA, para determinar el impacto ambiental que provocará la obra diseñada entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Eduardo Elsztain, dueño de la desarrolladora inmobiliaria.
En audiencia celebrada en 2018, Inglese confesó que se desvió dinero del préstamo internacional que fuera otorgado por el Banco Mundial para la Causa Mendoza de la Cuenca Matanza-Riachuelo a fin de dirigirlo a la concreción del Caño baja Costanera. Ese movimiento de dinero constituye un verdadero robo a quienes viven en las cercanías de la Cuenca Matanza-Riachuelo.
El cuadro electoral se completa con una izquierda parlamentaria que aspira a constituirse en la tercera fuerza nacional de una institucionalidad en bancarrota.
En tanto, como se recordará, en abril de 2020 se desató un escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo de la Nación, lo que derivó en la renuncia de 14 funcionarios del área. La situación generó que se frenara la entrega de alimentos a los comedores comunitarios en plena pandemia y en la cresta de las restricciones a la circulación y al trabajo. El gobierno prometió transparentar la situación y para ello ubicó en el lugar a funcionarios ligados a los intendentes del conurbano, principalmente a Juan Zabaleta, quien asumiera al frente de la cartera social un año después. Con los cambios se fue regularizando la entrega tras varias semanas de paráte y se amplió la licitación de compras de productos a distintas empresas. Tras una “luna de miel” de algunos meses, la situación volvió a empeorar y el desabastecimiento volvió a ser moneda corriente en los comedores comunitarios que organizan los movimientos sociales, principalmente los opositores, lo que nos trae a un presente de tensa calma en el vínculo entre el Palacio y la Calle.
Haciendo una apretada reseña de los golpes de timón producidos por el oficialismo desde su estrepitosa pérdida de alrededor de 5 millones de votos en las elecciones Primarias , Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cabe destacar que el proyecto para transformar los planes sociales en puestos de trabajo formal, presentado por Sergio Massa, parece constituir un nuevo paradigma de relación con las hasta ahora poderosas organizaciones sociales, la mayor parte de las cuales viene transitando el peligroso camino de la sindicalización.
La norma en cuestión, ya convertida en Decreto por el Primer Mandatario, dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en “incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”, estableciendo facilidades como el mantenimiento de la asistencia por 12 meses en concepto de complemento del salarioy el acceso a obra social y ART. En los sectores críticos a las políticas del Gobierno, sin embargo, la iniciativa se interpreta como un embate contra todo proyecto de construcción de autonomía popular y el avance hacia una mayor precarización laboral.
De momento, la asistencia social es objeto de innumerables polémicas pero, hasta ahora, ningún gobierno se animó a un rediseño profundo. En total, existen141 programasdistribuidos principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social, el de Trabajo y la ANSES. Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), el Estado distribuye22 millones de cheques en subsidios mensuales.
Esa prestación estatal exige que por día se destinenmás de 800 millones de pesos en planes sociales, unos 288 mil millones anuales. Por eso, cada vez son más las voces que señalan que esta “ayuda” a los sectores vulnerables debe transformarse en otra cosa. El debate atraviesa al oficialismo y la oposición.
Hubo una época en que dicha asistencia no existía. El primer antecedente fue la caja PAN en 1984, durante el mandato de Raúl Alfonsín. Se entregaban 1.500.000 cajas alimentarias por mes, que cubrían a5 millones de personas. Pero los planes pasaron a formar parte de la vida de miles de argentinos después de la crisis del 2001, con el plan Jefes y Jefas de Hogar, que recibieron 2.200.000 personas durante el gobierno de Eduardo Duhalde. En aquel momento, cada uno de los beneficiarios cobraba $150 por mes. Desde entonces, estos programas de ayuda social se diversificaron, empujados por las sucesivas crisis económicas, y hoy alcanzan a más de 21 millones de adultos, convirtiéndose en el necesario paliativo para afrontar una democracia en la que desde hace ya bastante tiempo, desmintiendo al presidente que la inauguró, no se come, no se sana, ni se educa.
Lo cierto es que, a dos semanas de las elecciones legislativas que determinarán el futuro del Frente de Todos, el Gobierno intenta por todos los medios mantener abierta la instancia de negociación con los movimientos sociales opositores. El objetivo oficial está en evitar una escalada en la conflictividad callejera antes del 14 de noviembre. A juzgar por el incremento diario de las protestas, cuesta creer que tal propósito pueda cumplirse.
En paralelo a ello, el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas publicó una “inocente” gacetilla que no parecería totalmente desvinculada del malhumor social en alza. Según la misma, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de División Juan Martín Paleo, supervisaron a principios de octubre una serie de entrenamientos del ejercicio militar “General Arias”, que se realizó en las provincias de Salta y Jujuy, donde fueron desplegados más de 3 mil efectivos de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino.
Además, estuvieron presentes el jefe del Ejército, General de División Agustín Cejas; y el Comandante de la FDR, General de Brigada Tomás Moyano, entre otras autoridades de las Fuerzas Armadas.
La FDR integrada por las tropas de la IVta Brigada Aerotransportada, de la Xma Brigada Mecanizada y de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales se desplegó en el Noroeste argentino con el apoyo de elementos de la Vta Brigada de Montaña, de Aviación de Ejército y de la Fuerza Aérea.
Del adiestramiento participaron tropas de paracaidistas, mecanizados, fuerzas de operaciones especiales, tropas especializadas en la Puna, provenientes Salta, Jujuy y también de Buenos Aires, La Pampa, y Córdoba. Además, incluyó la participación de casi 200 vehículos terrestres, helicópteros militares UH.1H y Bell 206 B1/B3, aviones CASA C-212 y Cessna Caravan, dos cazabombarderos A-4AR Fightinghawk y otros sistemas de armas de la Fuerza Aérea.
Dada la reticencia de las instituciones castrenses a volcarse de lleno a la defensa de nuestra soberanía territorial, y su apego crónico a la hipótesis del enemigo interno, al menos conviene tomar nota al respecto. Sobre todo cuando, como si lo anterior fuera poco, por amplia mayoría el Congreso acaba de autorizar la entrada de tropas extranjeras para ejercicios militares combinados.
Para quien siga atentamente la evolución del malestar creciente en la base de la sociedad, nada de lo anterior debería causar sorpresa: Hace pocos días, activistas autoconvocadxs bajo la consigna “Bajen los precios. Tierra para vivir y producir. ¡Trabajo y alimento para el pueblo!”, burlaron el retén de ingreso por calle Lima al Ministerio de Desarrollo Social, forcejearon con las fuerzas de seguridad, realizaron pintadas en el interior de dicha repartición (“Basta de polenta”), y fueron procesadxs por “desacato a la autoridad”. Durante la misma Jornada Nacional de Lucha, miembros de la UTT – organización que administra el Mercado Central -, culminando una marcha simultánea por “Ley de Hábitat y Ley de Acceso a la Tierra”, se encaramaron a las rejas del Congreso de la Nación generando una escena digna del cineasta soviético Sergio Eisenstein en su película “Octubre” (foto que ilustra esta nota) “A buen entendedor, pocas palabras”: Nadie en su sano juicio debería tomarse a joda ni el hambre ni la bronca que produce.
En conclusión, a casi cuatro décadas de recuperación del orden constitucional vigente, en lugar de estar pensando en quebrar el bipartidismo a paso de tortuga, parecería más sensato para la militancia volcar su esfuerzo principal en irse organizando para capitalizar el próximo ciclo de luchas populares que inexorablemente se avecina.-
Comunidad sigue reclamando a
Morales por el agua y la devolución
de tierras
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Así lo afirmaron integrantes de la comunidad indígena que vienen denunciando atropellos por parte del Gobierno. Uno de ellos es la expropiación de casi dos mil hectáreas de territorio reconocido ancestralmente para realizar la Zona Franca en La Quiaca.
En el 2018 el Gobierno de Gerardo Morales avanzó con el proyecto de la Zona Franca en La Quiaca vulnerando los derechos de las familias indígenas que viven en ese territorio desde tiempos ancestrales y son parte de la comunidad.
Las leyes aprobadas en el año 2019 por legisladores del Frente Cambia Jujuy y del PJ, Ley 6066, Ley 6071, expropia unas 2000 hectáreas de terrenos comunitarios pertenecientes a dos familias que están protegidas por la Ley 26.160 y sus prórrogas, el Convenio 169 de la OIT y tratados internacionales de Derechos Indígenas.
Como se menciona en esta nota «La comunidad manifestó en una nota presentada al gobernador el 19/10/19 y en la Legislatura de Jujuy, que no hubo ningún proceso de consulta, previa, libre e informada, que las expropiaciones son ilegales y que no hay consentimiento para que hagan la Zona Franca en sus territorios. Sin embargo el gobierno avanza con el plan y los funcionarios de la Zona Franca y de JEMSE hacen oídos sordos».
«Hay familias que se enteraron que el lugar donde viven fue expropiado por el Estado porque fueron notificadas meses atrás para desalojar sus propias casas y terrenos, viviendo situaciones de amenazas y/o ofrecimientos para que abandonen sus lugares por las buenas, o por las malas».
Actualmente integrantes de la comunidad denuncian también que el INAI no dio respuesta a su denuncia realizada en el año 2019, y que la amenaza de desalojo sigue latente, más aún si el Plan Maestro de Morales, anunciado meses atrás, contempla el avance de las obras en el lugar.
También afirmaron que desde la comunidad se saca el agua para abastecer a toda la ciudad de La Quiaca, sin embargo la comunidad no cuenta con el recurso necesario para regar sus sembradíos para alimentarse o para sus animales.
Fuente: Izquierda diario
La DAIA y el nuevo Braden
Se profundiza la alianza entre el macrismo, la trifecta mediática y la Embajada de Estados Unidos
Por Jorge Elbaum, Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
El martes 19 de octubre se realizó la reunión consultiva, convocada por la DAIA para legitimar la apelación contra el fallo del Tribunal Oral Federal 8, que había dictaminado una semana atrás el sobreseimiento de los 11 imputados. La convocatoria no revistió el carácter de multitudinaria: apenas dos docenas de activistas sin mandato institucional, convocados para hacer número y escenificar una especie de asamblea informal.
En el cónclave, citado por el titular de la Delegación, Jorge Knoblovits, se hicieron públicas las objeciones de dos sectores que participan dentro de la DAIA: el de los religiosos ortodoxos –que comandan actualmente la AMIA– y el de MERETZ, organización ligada al sionismo socialista. Esta última se encargó de difundir una dura carta en la que señaló que “el Memorándum fue firmado por el Poder Ejecutivo en su esfera discrecional y ratificado por el Congreso Nacional (…) La DAIA no debe ser vehículo de ninguna expresión política partidaria, en la lucha política nacional, la que lamentablemente, en las últimas décadas, se dirime frecuentemente en ámbitos judiciales, lo que debilita a ese Poder de la República y a la democracia en su conjunto. Por tales razones, consideramos que la DAIA no tiene que apelar dicha resolución y [debe] desvincularse de una causa en la cual nunca tendría que haber sido parte”.
Knoblovits y su mentor, Waldo Wolff, intentaron disimular e invisibilizar los cuestionamientos, apelando a la siempre dispuesta protección de la trifecta mediática, decidida a darle continuidad al espectro acusatorio sobre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a como dé lugar. La causa del Memorándum, sugieren entre bambalinas, les ha permitido coligar al peronismo con las figuras perturbadoras de la “traición a la Patria” y “encubrimiento” del atentado terrorista de 1994. De hecho, en la apelación formulada por la DAIA, se expresa –como fundamento– que dicho expediente se encuentra ligado íntimamente a una causa “declarada crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el Sr. Juez de la causa”.
La continuidad de la persecución es coherente con la ofensiva de los sectores de la derecha local que se encuentran confabulados para evitar que el gobierno popular logre estabilizarse, luego de las dos pestes sufridas durante los últimos seis años: la amarilla y la del Covid. Para extenderse en el tiempo, esta operación requirió, en diciembre de 2016, la complicidad del propio ex Presidente Mauricio Macri y del casador Mariano Borinsky, quienes se asociaron a la DAIA para darle reapertura a una causa que había sido desestimada previamente por el juez de instrucción Daniel Rafecas y las cámaras revisoras respectivas. Por esa asociación –no precisamente lícita–, el fiscal Marcelo Colombo presentó una acusación contra Borinsky y los integrantes de la Comisión Directiva de la DAIA, que por sorteo fue adjudicada a Sebastián Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional 7.
En la actualidad, la labor de la DAIA se orienta además a brindarle cobertura al macrismo en relación con el desfile judicial que se inició el último jueves en Dolores y que lo tendrá seguramente ocupado los próximos años, respecto de las imputaciones ligadas a diversos delitos: espionaje, quiebra del Correo Argentino y endeudamiento externo, entre otros. Es un secreto a voces que la DAIA está dispuesta a colaborar en atizar cortinas de humo noticiables para brindarle cobertura a una derecha cada vez más homogeneizada en torno a los intereses de Washington. Con la apelación, se le ofrecen plataformas de difusión a la criminalización política (lawfare) contra los proyectos populares, y se logra asimilar y equiparar –mediante un proceso de analogías y paralelismos– los delitos penales (espionaje, endeudamiento irregular, blanqueo, fuga) con causas apócrifas y artificiosas instauradas por operadores de prensa.
Los integrantes de la DAIA aventuran que la derecha recuperará el gobierno en 2023, situación que los colocaría en una situación de mayor centralidad con relación a la política exterior, una de las áreas en las que mayor interés depositan dada su sempiterna afición por todo lo que rodea a los Estados Unidos. Los funcionarios de las delegaciones diplomáticas extranjeras con asiento en Buenos Aires caracterizan a la entidad que preside Knoblovits como parte del dispositivo informal del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Durante la última semana, los seguidores de Patricia Bullrich y Waldo Wolff festejaron la inminente designación de Marc Stanley como próximo representante del Departamento de Estado en la Argentina. Stanley es un activista de la derecha demócrata texana –ubicado en las antípodas de los activismos judíos de Bernie Sanders y Noam Chomsky– y presume de ser indiferente respecto a las prácticas de ocupación colonial en Cisjordania.
El candidato a embajador, en su presentación ante el Senado estadounidense, se mostró desinhibido: en una clara exposición injerencista –en coincidencia conceptual e ideológica con la oposición macrista– se atrevió a opinar sobre la política económica interna (“no cuentan aún con un plan macroeconómico que explique cómo van a pagar la deuda”) y a cuestionar la presencia de China en la región: «Será una prioridad evitar que ingrese la tecnología 5G proveniente de ese país asiático”.
La esperanza de la DAIA y del macrismo en el rol de Stanley se vincula con la intención de impedir, a nivel doméstico, las posibilidades de recuperación económica y, al mismo tiempo, cercenar o limitar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, para mantener la amenaza del default. Por último, el candidato cuestionó la falta de alineamiento del gobierno de Alberto Fernández contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
El regreso del Libro Azul
Para favorecer y promover esta articulación geopolítica, la DAIA y los alfiles del juntismo macrista/larretista retornaron a la vieja tradición de agitar el espectro de la judeofobia asociado intrínsecamente al movimiento nacional y popular. Ese fantasma fue utilizado por Spruille Braden en 1945, con el objeto de impedir la oleada electoral provocada por el 17 de octubre. La Embajada de Estados Unidos financió y publicó el Libro Azul pero fue impugnado por el Libro Azul y Blanco, en el que se rebatían en forma sistemática las falacias de Washington.
Cuando la DAIA decidió presentar la apelación, el lunes 25 de octubre, el Llamamiento Argentino Judío hizo pública una declaración en la que manifiesta que la entidad presidida por Knoblovits se arroga “una representatividad de la cual carece” , para convertirse en correa de transmisión de “la oposición política al gobierno nacional, en plena campaña electoral (…) Aparece nuevamente como evidente que esta institución es uno de los brazos políticos ejecutores de Juntos por el Cambio y pretende hacerle creer a la sociedad y a la colectividad que ese es el pensamiento identitario único de lxs judíos argentinxs. (…) La DAIA, en su comunicado, insiste en falsear la representación de la colectividad judía, apropiándose de un legado que cientos de miles de judíos argentinos desconocen: NO son la expresión de la totalidad –como pretenden argüir– sino de un sector encolumnado con las políticas neoliberales, el macrismo y los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina”.
La declaración fue reproducida por diferentes medios y también amplificada en las redes sociales por dirigentes y activistas. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, fue uno de los que se hizo eco. El solo hecho de compartir la declaración del Llamamiento motivó que Fernando Iglesias y Waldo Wolff lo acusaran de antisemita, haciendo caso omiso de que era una declaración de una organización judeo-argentina. Como correctivo, el primero de los legisladores cambiemitas solicitó su juicio político en la Cámara de Diputados. Ante ese desvarío, varios asesores conjeturaron, no sin ironía, que había sido la primera vez en la historia que se intentaba condenar por antisemitismo a quien había reproducido la declaración de una organización judía. Más allá de la necedad, la operación tramitada por la derecha local se constituye en la prolongación de un mecanismo ya utilizado para perseguir a CFK por parte de los fondos buitre. En un futuro cercano, el embajador Stanley contribuirá, sin dudas, a escandalizarse con ese mismo criterio discriminatorio apócrifo.
La alianza entre Washington y los grupos de la derecha comunitaria es frondosa y variada. Una evidencia reciente pudo ser detectada con relación al debate sobre el etiquetado alimentario frontal. Hace una semana, uno de los mentores de la apelación, el panelista Wolff, aseguró en una de sus múltiples visitas televisivas que sin dudas iba a votar a favor de la Ley (minuto 5.02). Sin embargo, luego de varias solicitudes de empresas oligopólicas con accionistas residentes en Estados Unidos, modificó su voto y pasó a instalarse en el purgatorio de la abstención.
No es sólo la delegación diplomática de Washington la que está dispuesta a colaborar con la DAIA, con el juntismo y con la trifecta de la propaganda antipopular. Los residentes en Pasteur 633 también cuentan con la asistencia de la embajada de Tel Aviv, que protege sus intereses geopolíticos oponiéndose a quienes cuestionan su práctica colonial en Cisjordania. Esa es la razón por la cual Israel vota en forma sistemática y unívoca –junto al Reino Unido y Estados Unidos– contra el derecho inalienable de la Argentina respecto a las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Para ser coherentes con sus prácticas coloniales, se asocian con quienes los autorizan a darle continuidad al apartheid que ejercen sobre dos millones de palestinos.
De la lucha antifascista a aliarse con los nazis
La DAIA nació en 1935 para enfrentar al fascismo. Pero devino en una entidad alineada con lo más rancio de la derecha local, los herederos de aquellos que destilaban discursos judeofóbicos durante las primeras décadas del siglo XX. En la actualidad, la colectividad judía argentina cuenta con alrededor de 350.000 integrantes. Un tercio de ellos participa dentro de instituciones comunitarias –clubes, templos, asociaciones civiles y establecimientos educativos–. El resto, es decir dos terceras partes, no forma parte ni concurre a ninguna institución de esas entidades. En la jerga interna, se denomina a estos últimos como “no institucionalizados”.
Además, no todas las instituciones judías forman parte de la DAIA. El Llamamiento Argentino Judío es una de las que permanecen ajenas el entramado de la derecha comunitaria. Más aún, una gran parte de las organizaciones que la DAIA dice representar son literales sellos de goma que carecen de existencia desde hace varias décadas. En su portal figuran 135 instituciones socias. De ellas:
- Muchas no tienen existencia real hace décadas (como AMZE o Comedores Populares), pero continúan inflando el listado para aparentar grandeza.
- Otras son muy pequeñas: consorcios reducidos conformados por dos o tres personas, como la Asociación Genealogía Judía De Argentina.
- Figuran también entidades empresarias como la Cámara Comercio Argentino-Israelí, de la que participan Mario Montoto y Sergio Szpolski.
- Y, de forma cariocinética, aparecen otras que se encuentran subdivididas para dotar de un listado más amplio (como el caso de Jabad Lubavich, que aparece como organizaciones diferentes según la locación: Almagro, Belgrano, etcétera).
Cartas madrileñas
Para hacer más grotesca la sobrerrepresentación engañosa, la DAIA oculta que los mismos socios de los clubes son quienes participan de los templos y también de las escuelas: la misma población se multiplica en votos institucionales diversos para hacerle creer a la sociedad que –efectivamente– expresan a la mayoría de la colectividad judía argentina. En la última asamblea electoral, realizada el 26 de noviembre de 2018, se contabilizaron 124 votos. Sin embargo las personas encargadas de sufragar fueron sólo 67. Pocos votos para jactarse de representatividad de 350.000 personas, deslizó uno de los participantes de la asamblea en la que competían dos listas. La escenificación de su representación ficticia quedó evidenciada en que esos pocos electores contaron con voto múltiple y entronizaron a Knoblovits con la friolera de 83 votos por sobre los 41 reunidos por el exponente de la ortodoxia de la AMIA.
El mes próximo se volverá a desplegar la exuberancia comicial de la asamblea electoral de la DAIA. En esta ocasión habrá una lista única y como vicepresidente será ungido el ex presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, acérrimo defensor de las políticas de ocupación israelíes. Mientras tanto, Waldo Wolff –armador en la sombra del extremismo reaccionario comunitario– difunde los contenidos de su nueva plataforma hispanoamericana: la Carta de Madrid, promovida por la Asociación El Disenso, fundada por el dirigente máximo de VOX, Santiago Abascal.
Entre los puntos salientes de la convocatoria, la Carta advierte sobre “el avance del comunismo [que] supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”. Entre los firmantes, además de Wolff, figuran:
- Arturo Murillo: ex ministro de Gobierno de Janine Añez (hoy detenida por el golpe de 2019 y acusada de crímenes de lesa humanidad). Murillo huyó de Bolivia en noviembre de 2020 y fue detenido por el FBI, en Miami, en mayo de 2021 bajo los cargos de corrupción, abuso de poder, soborno y lavado de dinero entre otros;
- Victoria Villarruel, presidente de la Asociación Civil CELTYV, defensora de los genocidas argentinos; y
- Roger Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), acusado de promover golpes en América Latina y actual lobista de los fondos buitre.
Los grupos oligárquicos que promueven un acuerdo ruinoso con el FMI son los mismos que defienden a los empresarios oligopólicos que se niegan a congelar los precios. Y son los mismos que se articulan con la delegación diplomática de Washington para desintegrar América Latina y socavar cualquier forma de multilateralismo o de relaciones de cooperación con la República Popular China. No defienden identidades. Sólo intereses corporativos y geopolíticos. Con ese designio son capaces de utilizar la judeofobia –estigmatización responsable de uno de los genocidios más crueles de la historia– para sembrar el odio y darle continuidad a la persecución a quienes buscan limitar la los privilegios de casta y la prepotencia colonial.
Asambleístas irrumpieron en la
Feria del Libro para alertar por el
embate contra la Ley 7722 en
Mendoza
Resumen Latinoamericano, 1 de noviembre de 2021.
Vecinos y asambleístas irrumpieron en la Feria del Libro, que se realiza en el Ángel Bustelo, para alertar sobre la posibilidad de que la minera San Jorge reactive el proyecto para dinamitar la montaña en Uspallata paras sacar oro, cobre y plata tras el fallo de la Corte Suprema de la Nación que declaró inconstitucional un tramo fundacional de la Ley 7722.
En la entrada del Bustelo, desplegaron la bandera que los acompaña en todas las marchas con la leyenda «La 7722 no se toca» mientras alertaba a quienes estaban en la cola para entrar. «Estamos en peligro de nuevo. El agua de Mendoza está en peligro», señalaron.
Luego ingresaron al auditorio, entre aplausos de los asistentes y al canto de «El agua de Mendoza no se negocia».
«Nos declaramos en estado de alerta. Estamos denunciando un nuevo ataque a la Ley 7722, necesitamos que nos acompañen en las manifestaciones. Otra vez la ley ha sido atacada por los sectores que quieren contaminar y cambiar el rumbo de las sociedades. Necesitamos el agua, por eso hacemos estas intervenciones. Ustedes son parte y en el 2019 lo demostraron», anunciaron a los asistentes, mientras avanzaban por los pasillos. En una de las charlas que se desarrollaba en ese momento, a cargo de Dany Jiménez, periodista, conductor y director musical de Vorterix.
Recibieron aplausos de los asistentes y se retiraron del salón, previo agradecimiento a quienes estaban sobre el escenario por el uso del tiempo y el espacio para difundir lo que ocurre con el lobby minero en Mendoza.
Comunicado de SUTE en rechazo a las modificaciones de la ley 7722
Repudiamos la modificación de la 7722
➡️ Desde el SUTE expresamos nuestro enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de la Nación que declara inconstitucional parte del artículo 1° de nuestra 7722, ley guardiana del agua, los bienes comunes y la salud del pueblo mendocino. Dicha modificación habilita el uso de xantato, poliacrilamida y otros engendros químicos contaminantes.
🔴 Reafirmamos el compromiso permanente en la defensa de la 7722 y la lucha por los bienes comunes y contra la megaminería contaminante y el fracking.
📣 Nos declaramos en alerta junto al pueblo de Mendoza.
✊🏼 #ElAguaDeMendozaNoSeNegocia
✊🏼 #La7722NoSeToca
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