El mal comienzo de Boric en torno a
la migración venezolana
Por Franco Vielma. Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.
Recientemente el presidente electo y ahora en funciones de Chile, Gabriel Boric, abordó la situación de migrantes venezolanos a su país, por lo cual propuso un plan de acción internacional.
Boric dijo este lunes 14 de marzo que pidió asesoramiento a gobiernos europeos sobre «el sistema de cuotas» que aplicaron ante el éxodo sirio.
«Hemos pedido la opinión de mandatarios extranjeros respecto a eso. Lo tenemos que hablar multilateralmente, pero creo que es algo en lo que todos podríamos ganar, tanto los países como también los inmigrantes, que lo hacen en una situación de mucha desesperación. Muchas veces, al sobrecargarse todo en un solo país se ven en una situación muy difícil de inserción», explicó.
Boric recibe en su gobierno el «problema» de una alta afluencia de migrantes venezolanos, muchos de los cuales acudieron a Chile invitados por Sebastián Piñera desde Cúcuta en 2019, en el marco de aquella operación de cambio de régimen contra Caracas en la que líderes regionales participaron mediante la construcción del proto-gobierno paralelo fallido de Juan Guaidó.
Sin embargo, otros factores, como el endurecimiento de las condiciones de vida en Perú, Ecuador y Colombia con el auge de la pandemia de la covid-19, aceleró el flujo de venezolanos a Chile, en medio de cruenta pobreza y discriminación.
Boric indicó que las condiciones de colaboración multitaleral en la región se encontraban debilitadas por la existencia de instancias que no unen a los gobiernos, dijo, refiriendo a Unasur, Prosur y el Grupo de Lima, comentó sin aludir a la OEA (importante detalle). Tampoco refirió que la destrucción del multilateralismo regional obedece a una acción programada desde el Departamento de Estado, en la cual los gobiernos de derecha tuvieron un rol clave por seguir tales directrices.
Para empezar, Boric debería declarar que al mandamás continental no le interesa la «unión en la diversidad» que ha propuesto Venezuela desde siempre, pero que él ha tomado como elemento de discurso, al poner a la migración como primer tema en lista de su agenda exterior regional.
Eso es clave, por ser el factor central de la gobernanza regional. Lo cual es crucial para crear un sistema de «cuotas» de migrantes teóricamente distribuidos de manera equitativa en la región.
¿Replicar la experiencia «exitosa» de Europa?
Europa no es el mejor ejemplo de una política exitosa en materia migratoria, y ello es un elemento a simple vista. Que Boric pretenda asesorarse con los europeos ya es un referente de fracaso por desconocer la tragedia que hoy pervive en las puertas de Europa.
En 2020, la Comisión Europea discutió el agotamiento de su modelo de acogida de migrantes refugiados y desplazados que habían desarrollado desde 2015. Para el momento, se consideró la renuncia a las cuotas obligatorias en el «reparto» de refugiados y la expulsión de muchos de estos.
Bruselas ha desmantelado su política de cuotas a cambio de una suerte de solidaridad a la carta en la que se podrá optar por acoger migrantes o ayudar a expulsarlos. Ahora la Comisión Europea ha propuesto un nuevo sistema enfocado, sobre todo en agilizar las devoluciones de migrantes hacia sus países de origen cuando no tengan derecho al asilo. Pero la medida no convence a algunos gobiernos y se mantiene bloqueada desde hace un año.
Este sistema de acogida por cuotas al cual refiere Boric, no funciona, ha sido inaplicado de facto y, además, está siendo desfigurado de manera coyuntural en favor de la acogida selectiva de ucranianos desplazados por la guerra. De ahí que sin una política migratoria definida y homologada por el bloque europeo, todo será ahora más difícil dada la discrecionalidad de los gobiernos en aplicar la acogida de desplazados mediante razones políticamente guiadas por la guerra en detrimento de los hombres y mujeres morenos que ya tienen meses viviendo en campamentos.
La estrategia de cuotas tuvo un fracaso evidente, al punto de que solo una cuarta parte de los refugiados en Europa fueron asimilados por este sistema. Esto generó un hacinamiento enorme en campos de refugiados en Grecia, Turquía, Hungría y Polonia. Incluso Bielorrusia, país no integrante de la UE, sirvió como Estado «tapón» o de contención migratoria rumbo a Polonia.
El resultado de la fallida política migratoria europea, supuestamente humanitaria, se consolidó mediante territorios amurallados y enrejados, campos de «acogida» de inmigrantes, que básicamente han sido campos de detención a cielo abierto. Es el mundo distópico de la película Children of men, hecha real en un lodazal en Europa del Este.
La fallida institucionalidad europea tiene expresión en el saldo cuantioso de muertes por inmersión en el Mar Mediterráneo, que según Naciones Unidas alcanzó las más de 20 mil entre 2014 y 2020. Pero, además, las temporadas invernales han cobrado vidas en los campos de refugiados en Grecia, Hungría y Polonia, por decenas, año tras año. El retrato es dantesco.
El fracaso de Europa fue claro en la disputa por recursos y la delegación de responsabilidades. Ingentes cantidades de presupuesto solicitado y una delegación de culpas de maneras aberrantes. Los países europeos no cumplieron las «cuotas» pactadas y para colmo han exteriorizado culpas por su política fallida, pues en 2021 la UE preparó «sanciones» contra Bielorrusia acusándolos de usar a los migrantes como «arma política y ataque híbrido contra la seguridad de la UE».
Estos elementos, en sumatoria, refieren una política de caos que se supone no debería tener asidero en la cohesionada comunidad europea. Consideremos aplicar esa fórmula en una región dividida, gracias a la agenda estadounidense de convertir a Venezuela, Nicaragua y Cuba en unos parias regionales.
¿Tiene futuro una política que demanda una articulación sumamente eficaz en una región donde a los países se les impuso la fórmula maniquea y delirante de elegir entre reconocer o no al presidente Nicolás Maduro o al títere de Juan Guaidó?
Aunque haya cambiado parcialmente el cuadro regional, ¿es viable el plan de Boric en una región donde acorde al plan del Departamento de Estado gringo las propias izquierdas se dividan entre las que forman parte del «Eje del Mal» y las «moderadas» y tibias?
Sí, el cuadro regional está cambiando. Ya el Grupo de Lima prácticamente no existe, pero ahora se abre paso, quizá a modo de reemplazo, el fenómeno que por la izquierda light pone a Venezuela en el epicentro de las narrativas estigmatizantes.
Corrupción y políticas fallidas entre gobiernos amigos
La aproximación de Boric a métodos fallidos en un contexto más adverso demanda revisar otros antecedentes lamentables. La migración venezolana se convirtió, para el «gobierno paralelo» de Guaidó y para varios gobiernos de la región, en una fuente de corrupción.
En 2021, la propia USAID publicó el documento titulado «Procesos mejorados y requerimientos del implementador necesarios para los desafíos y riesgos de fraude en la respuesta de USAID con respecto a Venezuela», el cual indica que solo alrededor del 2% de la «ayuda humanitaria» de USAID llegó a manos de quienes la requerían, mientras que el 98% restante tuvo usos distintos a sus objetivos originales.
De acuerdo al documento, unos 507 millones de dólares entregados por USAID fueron manejados por seis naciones, los cuales se distribuyeron entre varios operadores divididos en dos tipos de asistencia: asistencia humanitaria (260 millones) y asistencia para el desarrollo (247,4 millones).
En realidad, la unidad política e ideológica de la que sí gozaron los gobiernos de Duque, Moreno, Piñera, Macri, Bolsonaro y Vizcarra, en su momento, fue irrelevante en la condición de los migrantes, pero fue bastante útil para el lucro y el robo, pues la llegada de venezolanos a pie, con hambre y frío a Chile, da cuenta de que los programas de «ayuda» no existen. El dinero fue robado.
Si es que Boric quisiera una cohesión política o una acción multilateral de los gobiernos para hacer funcionar su idea, tiene el grave desafío de que las propias fuentes habituales de recursos para «la ayuda humanitaria» y «la migración venezolana», es decir, el gobierno estadounidense y la UE, han ayudado a corromper la política regional entregando dinero sin mayores controles de sus usos y fines.
Otros factores, en cambio, han usado la migración venezolana como una empresa, donde incluso muchas ONG hacen recaudaciones sin claridad del destino de los recursos.
El ejemplo más claro de este esquema corrupto es el que representa el «gobierno fake» de Juan Guaidó, al cual el gobierno estadounidense ha entregado cientos de millones de dólares que han congelado a la República. La empresa internacional de corrupción de Guaidó ha usado esos fondos en nombre de la situación de los venezolanos fuera del país, y por estar al margen de las leyes venezolanas no están sujetos a ninguna regulación, rendición de cuentas o contraloría. Ningún banco estadounidense o en la región entrega pruebas a Venezuela de esos movimientos a causa del bloqueo y el aislamiento.
Llamar a Maduro o fracasar
El gobierno de Boric tiene el ineludible dilema de seguir o no atrapado en el discurso de campaña que usó al referirse al gobierno venezolano. Tiene el dilema de asumir como propio el discurso del Grupo de Lima (en una remasterización estilo progre) sobre la migración venezolana, o entablar relaciones serias con Caracas. Esto va más allá de un reconocimiento al presidente Maduro; demandaría, en ese caso, una agenda conjunta.
En términos estrictamente prácticos, el único que podría ayudar a Boric a zanjar la situación de los venezolanos en Chile es el mismo presidente Nicolás Maduro. Esto, dados los antecedentes creados por Venezuela en los últimos años y que han sido desestimados y/o ocultados, pues el interés político y narrativo de políticos y medios ha sido colocar a Venezuela en el centro del problema, mas no en las soluciones.
Todas las grandes crisis migratorias regionales del pasado y del presente, como la mexicana, la colombiana y la centroamericana, han sido, por magnitud estadística, más grandes que la migración venezolana. Pero ha sido Venezuela el único país que verdaderamente ha desplegado un plan para ir a los países y traer de regreso a sus conciudadanos, mediante el Plan Vuelta a la Patria, con el cual 350 mil venezolanos han regresado a su país.
Sí, aunque desde 2019 a 2020, Venezuela perdió un 99% de la base de ingresos en divisas extranjeras a su economía a causa del bloqueo estadounidense, el país envió aviones, autobuses y embarcaciones propiedad del Estado venezolano a países vecinos para traer de vuelta a sus conciudadanos. Es el único país que ha tenido una política consistente en dicha materia y se ha hecho a un alto costo en el cual ningún gobierno vecino ha colaborado.
Este Plan debería ser recordado en Chile, pues cientos de venezolanos en situación precaria, sin medios para regresar, se apostaban entonces frente a la Embajada venezolana en Santiago para esperar turnos y la oportunidad de vuelos. Dicho Plan ha sido objeto de sabotaje en algunas oportunidades, impidiendo aterrizajes y carga de combustible para aviones de la estatal e injustamente «sancionada» aerolínea venezolana Conviasa.
Por otro lado, Colombia ha mantenido un cerco fronterizo, que niega el paso de autobuses del Estado venezolano para repatriar venezolanos, tanto en Colombia como en otros países. Si hubiera tan solo un mínimo de colaboración intergubernamental, Venezuela podría enviar flotas de autobuses para migrantes con intención de regresar.
En todo caso, son cientos de miles los venezolanos que podrían estar en una situación económicamente muy compleja en varios países y sin medios para retornar. Cooperar con Venezuela en esta materia demanda, además de superar los sesgos políticos, establecer unos compromisos en materia migratoria y en la cobertura de costos, los cuales serían mucho más manejables para algunos gobiernos, a lidiar con la «carga» de los migrantes, según lo dicho por algunos mandatarios.
Sin embargo, la solución de fondo al problema de la migración desde Venezuela yace en las propias causas. El crecimiento de los migrantes económicos desde el país petrolero tiene un claro vínculo con el bloqueo al país vigente de manera formal desde 2017. Algunos líderes de la región eluden el tema por mandato del patrón estadounidense, no lo tratan y, por el contrario, en muchos casos lo legitiman, aunque ello implique una asfixia a la vida económica venezolana.
¿Tendrá Boric la intención de promover en la escena internacional un tratamiento a ese factor de fondo? Debería tenerla, si es que realmente pretende «resolver» la situación de la migración venezolana en su país, dado que cualquier solución a los factores causales sería más viable al corto y largo plazo, a pretender una «repartición» de venezolanos por varios países como si se tratara de cajas de aguacates.
La migración desde Venezuela se ha desacelerado. Hay además cifras difusas construidas por entes y gobiernos del «multihostigamiento» internacional que no refieren el fenómeno real de migrantes en retorno. Para el presidente Maduro, la ACNUR cede a presiones estadounidenses abultando cifras y profundizando una retórica que no se corresponde con las dimensiones reales de Venezuela, que aunque son adversas, están lejos de que el país sea como Somalia en los 90, tal como se ha querido hacer ver.
Eso también concierne a Boric y su intencionada agenda internacional. No puede idearse una «solución» al problema sobre datos difusos, no fiables y políticamente amañados para legitimar intenciones corruptas en muchos casos.
También conviene que Boric llame a Maduro, pues en otro orden de ideas, Venezuela sabe de multilateralismo «desideologizado». Venezuela fue un articulador medular en la construcción de Unasur, fue parte clave en la construcción de la Celac y es la autora de Petrocaribe.
Todos estos instrumentos integracionistas tuvieron en su construcción una composición variopinta de gobiernos, tendencias e intereses. Maduro sabe de eso, es un operador político muy eficaz y fue Canciller del Comandante Hugo Chávez, el arquitecto de la política exterior venezolana en las últimas dos décadas. Quizá por eso y otras tantas razones, han querido derrocar al presidente venezolano bloqueando la economía de su país y propiciando la salida de los ahora incómodos migrantes venezolanos que Piñera invitó a su patio nacional.
Así que mejor piénsalo, Boric.
Fuente: Misión Verdad
Llega a la Convención Constitucional
la iniciativa popular por la libertad de
lxs presxs de la rebelión
Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.
Este jueves la Comisión de Justicia de la Convención Constitucional que está sesionando en Chile, aprobó en general por 9 votos contra 8, la Iniciativa Popular de Norma por la Libertad de las y los presos políticos de la rebelión. La propuesta de norma queda a la espera de la votación en particular en la misma Comisión, para luego pasar definitivamente a discutirse al Pleno de la Convención.
Pasado el mediodía de este jueves, la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, o mejor conocida como Comisión de Justicia, aprobó en general por 9 votos contra 8 la Iniciativa Popular de Norma por la Libertad de las y los presos políticos de la rebelión.
Esta Iniciativa Popular, que logro reunir en menos de dos semanas 17 mil firmas para poder presentarse en la Convención, superó el primer escollo. Ahora le espera una nueva votación en la Comisión, la votación en particular de sus artículos, y luego en el Pleno de la Convención Constitucional, donde ya no rige la mayoría simple, sino el quorum de los 2/3, como se zanjo en el «Acuerdo por la Paz» el 15 de noviembre del 2019.
Recordemos que durante la rebelión popular de 2019 todo el arco de las fuerzas políticas que van desde la derecha tradicional, pasando por la ex Concertación hasta el Frente Amplio, del actual presidente Gabriel Boric, firmaron un «Acuerdo por la paz» que permitía blindar al presidente Piñera para que no cayera producto de la movilización popular, comprometiéndose a cambio a convocar una Constituyente donde la derecha se garantizó un sistema de votación de 2/3 para aprobar los distintos artículos. Esto quiere decir que solo 1/3 (30%) de los constituyentes tienen poder de veto sobre lo que se vaya a votar para la nueva Constitución. Entre ellos se encuentra esta iniciativa para la libertad de los presos políticos, como así también las recientes normativas sobre el derecho al aborto o la educación sexual integral, que podrían ser eliminadas de la carta magna por una minoría de la convención.
La votación en comisión
La votación de ayer jueves tuvo que hacerse dos veces, ya que la primera resultó en un empate de 8 contra 8, para luego en una segunda votación el convencional de Pueblos Originarios Luis Jiménez (que no votó en la primera votación) inclinara la balanza por el apruebo en general de la norma.
Los 8 votos en contra de la Iniciativa Popular no vinieron solamente de partidos de la derecha, también fueron acompañados por los representantes del Partido Socialista y el Frente Amplio [formación a la que pertenece el presidente Boric] en la Comisión. En el caso del primero, por los convencionales Andrés Cruz y Tomás Laibe, y por el lado del Frente Amplio, el abogado y comunicador Daniel Stingo y Christian Viera (quien después de ser electo en por la Democracia Cristiana, integró el colectivo frenteamplista en la Convención).
Esta Iniciativa Popular de Norma fue presentada por el abogado Daniel Vargas del Partido de Trabajadores Revolucionarios (PTR), junto a decenas de organizaciones, familiares de presos políticos y sus asambleas, y decenas de ellos se reunieron a las afueras de la Convención este jueves para esperar por su aprobación en la comisión.
La iniciativa se basa fundamentalmente en el proyecto de Ley de Indulto (antes de que fuese modificado en el Senado) y plantea una “amnistía a todos quienes, en calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados por hechos delictivos o que revistan características de un hecho delictivo consistentes en las figuras descritas”.
Esta Iniciativa Popular también se pone en el caso de las lógicas consecuencias laborales en las vidas de los presos políticos, al señalar que se dejaría sin efecto las resoluciones judiciales y actos administrativos que hayan generado: “despidos, sanciones, limitaciones o suspensiones de los derechos de los trabajadores o sindicales, derivados de los hechos contemplados en los artículos 1, 2 y
3, sea por haber participado en huelga o en cualquier movimiento reivindicatorio o de reclamación de derechos regidos por la legislación vigente”.
Ante este escenario el propio Daniel Vargas, que presentó en la Comisión ayer jueves, señaló: “Nos parece de primera importancia la discusión de esta Iniciativa. Más ahora que el retiro de las querellas de parte del gobierno no liberará a los prisioneros políticos y la Ley de Indulto (ahora amnistía) duerme en el Senado. Esta es una vía concreta para lograr la libertad y nuestro llamado a los constituyentes es a que aprueben la Iniciativa. Tenemos una deuda con los presos políticos.”
Finalmente agregó que “Este primer paso lo ganamos por la movilización de los familiares, de organizaciones y de las personas que lucharon por la libertad. El llamado ahora es a redoblar los esfuerzos, a seguir el camino de la lucha, para exigirle a la Convención que apruebe la libertad.”
Fuente: Izquierda diario
En el segundo viernes de Boric hubo
otra vez represión en Plaza de la
Dignidad a quienes reclaman por la
libertad de las y los presos
de la Revuelta
Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.
Gabriel Boric sigue demostrando que de depurar a una institución criminal como son los Carabineros, nada de nada. Y es por eso que cada viernes en que grupos de jóvenes con memoria salen a las calles y sobre todo a Plaza de la Dignidad (a la que Boric denomina Plaza Italia como le gustaba denominarla a Piñera) la represión se ensaña con ellos. Aquí algunos videos informan de ello:
Nuevo estudio evalúa los impactos
de los Tratados de Libre Comercio
en los últimos 30 años
Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.
Este miércoles se publicó un nuevo estudio de la Fundación Sol donde se evalúan los impactos de los Tratados de Libre Comercio (TLC) en Chile, donde se advierte de la dependencia del país a países como China, Estados Unidos y Japón, con respecto a extracción de materias primas.
El estudio destaca que Chile es el país que más TLC tiene en el mundo, con 26 acuerdos con 64 países. Se trata de 19 Tratados o Acuerdos de Libre Comercio (TLC o ALC); 4 Acuerdos de Asociación Económica (AAE); 5 Acuerdos de Complementación Económica (ACE); y un Acuerdo de Alcance Parcial con India, alcanzando 29 acuerdos, que implican variaciones en las rebajas de tarifas arancelarias y otras materias.
La coautora del estudio Andrea Sato señaló a Radio Uchile que «A pesar de los Tratados de Libre Comercio, lo que hemos observado es que hay un estancamiento en el crecimiento del país» y agregó que «»está totalmente relacionada con la matriz productiva extractivista en Chile que se vincula a la extracción primaria exportadora de bienes naturales».
Mapa de países con Tratados de Libre Comercio, Acuerdos de Libre Comercio, Acuerdos de Asociación Económica y Acuerdos de Complementación Económica firmados con Chile.
Andrea explicó al citado medio que una de las principales conclusiones del estudio fue que «la matriz productiva actual en Chile no alcanza y no permite un desarrollo a nivel de crecimiento, y tampoco mejorar condiciones para los chilenos y chilenas en un modelo donde estamos observando sus propios límites».
Vea el video de lanzamiento del estudio a continuación:
Fuente: Resumen Chile
Convención aprueba los derechos
de la naturaleza
Por Nicolás Salazar, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.
Este 16 de marzo se aprobó en la Convención Constitucional un artículo que consagra los derechos de la naturaleza. La aprobación supone un cambio radical en la forma en que se conciben los ecosistemas en la carta magna.
Tras un largo debate fue aprobado el artículo que consagra los derechos de la naturaleza, pese a la oposición del gran empresariado, la derecha y algunos integrantes del Frente Amplio y el colectivo socialista. Muy importante fue el papel que jugaron diversos movimientos sociales como MAT, MODATIMA y la Coordinadora en Defensa de Glaciares al instalar mediante la presión y las iniciativas populares de norma el tema.
También fue importante el rol que jugaron los eco-constituyentes, un extenso grupo de convencionales, la mayoría independientes, que impulsaron la aprobación de esta iniciativa.
En concreto el articulo aprobado señala: «Las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman, con ella, un conjunto inseparable. La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. El Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes»
En conversación con Resumen el Convencional Francisco Caamaño señaló que «Hoy es un gran avance, sobre las luchas de los diferentes movimientos sociales ambientales a nivel nacional, el reconocer a la naturaleza como un sujeto de derecho, que las personas y los pueblos son interdependientes de ella y que será un deber del Estado y la sociedad protegerlos y respetarlos. Además, el Estado debe adoptar una administración ecológicamente responsable y promover la educación ambiental y científica mediante proceso permanentes de aprendizaje.»
Imagen principal: Río Biobío a la altura del sitio proyectado para la inundación por la central hidroeléctrica Rucalhue, comuna de Quilaco.
Fuente: Resumen Chile
Envio:RL
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