EL SALVADOR.

 

Dos años de pandemia: Opacidad y 

deudas con personal de salud

Por Evelyn Machuca, Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.

Hace dos años, el Gobierno reconoció oficialmente el primer caso de covid-19 en El Salvador. El país estaba a las puertas de una de las mayores crisis sanitarias mundiales.

Este 18 de marzo se cumplen dos años desde que el Gobierno reconoció de forma oficial el primero caso de covid-19 en El Salvador. Médicos y organizaciones de la sociedad civil señalaron que en estos 24 meses se han visto más desaciertos que aciertos y dos de las deudas son la opacidad en la información y la falta de un real reconocimiento para el personal de salud.

«Al personal de salud se le trató totalmente mal durante toda la pandemia, tanto así que todavía está pendiente la deuda que tienen con los familiares de los compañeros que fallecieron», afirmó el secretario de Organización del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud (SITRASALUD), Luis Rodríguez.

El Gobierno ha evitado informar periódicamente sobre las bajas que el covid-19 ha ocasionado en el personal sanitario. Lo que se sabe es por esfuerzos ciudadanos: hasta febrero, SITRASALUD contabilizó 267 trabajadores fallecidos solo en la red pública.

Un decreto legislativo ordena al Estado compensar con $30,000 a cada familia doliente y la creación de un registro de fallecidos, pero hasta la fecha no lo han cumplido. Tomando en cuenta los 267 decesos que reporta SITRASALUD, el Ejecutivo estaría adeudando unos $8 millones.

Rodríguez señaló que el Gobierno no garantizó insumos médicos suficientes para proteger al personal y muchos sacaron dinero de su bolsillo para comprarlos. Además, criticó la exclusión de especialistas en epidemiología a la hora de manejar la pandemia: «Se les hizo a un lado a los expertos en el tema, porque más que todo se manejó desde el punto de vista político y no desde el punto de vista de la salud», dijo. La dirigente del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende (ALAMES), Fátima Alas, coincidió en que el Gobierno no ha reconocido a las familias del personal de salud fallecido.

Las muertes por covid-19 en trabajadores sanitarios es una muestra de lo que se ha vuelto una constante en el manejo gubernamental de la pandemia, que incluso se ha aplicado en uno de los pocos aciertos que reconocen los consultados: la vacunación.

Médicos y organizaciones reconocieron que el Gobierno garantizó con rapidez el suministro de vacunas. Según la plataforma creada por organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, hasta la fecha El Salvador ha recibido las vacunas necesarias para que toda su población reciba las dos dosis.

Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha reservado la información sobre la compra de los fármacos y el plan para administrarlo. Tampoco permite el acceso a información sobre las pruebas de covid-19 e incluso ha llegado a borrar de su portal de Transparencia documentos relacionados con las muertes ocurridas en hospitales, luego que medios de comunicación revelaran que entre enero y septiembre de 2021 en el Hospital El Salvador (HES) fallecieron 1,316 personas más que la cifra reportada por el mismo MINSAL en ese lapso.

Por otro lado, lo que sí está disponible para la ciudadanía es insuficiente y no se actualiza con frecuencia, lo que impide hacer un análisis certero del impacto del covid-19 en la salud pública, señalaron los epidemiólogos Wilfrido Clará y Alfonso Rosales. Los expertos indicaron que, a dos años de pandemia, los salvadoreños siguen sin conocer datos que otros países sí ponen a disposición de su población, como la ocupación de camas hospitalarias, el estatus de vacunación de los fallecidos por covid-19 e incluso la cobertura de la vacuna por edades y zona geográfica.

«Para enfrentar exitosamente una crisis como esta se necesita el acompañamiento de la comunidad y eso no se puede lograr si las autoridades no proveen de datos e información (…). Si no hay datos exactos, es como que alguien esté respondiendo a una crisis con una venda en los ojos», dijo Clará.

Rosales, por su parte, señaló que el sistema de salud ya carecía de credibilidad y el ocultamiento de información en la pandemia lo ha agravado. «Esta falta de transparencia – que incluso es más que falta de transparencia, es esconder, es mentir- ha llevado a un debilitamiento de una magnitud mucho más grande para el sistema de salud», reflexionó.

El Foro Nacional de Salud (FNS), que da seguimiento la implementación de políticas públicas en salud desde el prisma de las comunidades, recordó que, además de la opacidad en la información pública sobre la pandemia, se violaron derechos humanos durante la cuarentena de 2020.

«En los centros de contención prácticamente se ‘capturaba’ a quienes no cumplieran la cuarentena domiciliar y eso fue una represión contra la población. También hubo una negación deliberada del personal de salud, de médicos experimentados que hubiesen podido aportar. Toda esa gente fue descalificada. El abordaje fue más hospitalario que preventivo», señaló Morena Murillo, del Foro Nacional.

La vocera del FNS además destacó un mal uso de fondos públicos y las anomalías que se reportaron en algunas compras relacionadas con la pandemia, que incluso motivaron investigaciones de la Fiscalía. «Hubo contrataciones y adquisiciones que se hicieron sin transparencia; ha ocultado mucha información, ha manipulado datos y eso no sirve para la toma de decisiones», indicó.

Médicos y organizaciones también señalaron una tendencia a la centralización de los servicios de salud, como la atención de pacientes graves y críticos en el HES, cuya tercera fase terminó funcionando como un vacunatorio donde, de nuevo, se concentró el proceso.

Fuente: La prensa gráfica

Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos podría auditar independencia 

judicial

Por Claudia Espinoza, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. 

Los comisionados cuestionaron la manera en que se realizaron las reformas a la ley de la carrera judicial y solicitaron visitar el país para constatar las denuncias , pero el estado no se pronunció al respecto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia a solicitud de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de El Salvador para conocer las afectaciones a la independencia judicial que está padeciendo el Órgano Judicial desde las acciones tomadas durante 2021 y que siguen hasta el momento.

Luego que las organizaciones denunciaron la «estrategia de desmantelamiento y cooptación del Órgano Judicial» mediante todas las violaciones ocurridas recientemente, el comisionado Joel Hernández hizo la solicitud al Estado de visitar El Salvador para conocer de cerca la situación de independencia judicial y complementar el informe país.

«Concluyo para trasladar al Estado esta petición que ha expresado la sociedad civil de poder realizar una visita de trabajo como relator. Me parece que es una visita importante y necesaria para poder complementar el informe país, pero más importante, para poder conocer in situ y de propia mano la situación de la independencia judicial en El Salvador», detalló Hernández.

“Expreso nuestra frustración porque todas estas afectaciones pudieron frenarse con una intervención oportuna de la Comisión, evitando así la violación a los derechos”. Jorge Guzmán, exjuez caso el mozote.

El comisionado consideró fundamental la visita para entender mejor la situación de la judicatura y puso a la Comisión a disposición del Estado salvadoreño para servir de «puente con la sociedad civil».

El Estado no respondió a la solicitud del comisionado.

Entre las denuncias que mencionaron las Organizaciones estaban la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general ocurridos el 1 de mayo de 2021, además de los cambios generados por las reformas realizadas a la Ley de la Carrera Judicial (LCJ) mediante el Decreto Legislativo 144, que cesó de sus cargos a más de 200 jueces, el aval al reelección presidencial, el traslado de jueces que no emiten resoluciones de acuerdo a los intereses del Órgano Ejecutivo.

Los denunciantes fueron enfáticos en señalar que en todos los casos hubo violaciones a la Constitución de la República y pidieron al Estado el cese, hostigamiento y acoso hacia los jueces y demás personas que han sido víctimas de funcionarios.

Entre los que hablaron sobre las afectaciones hacia los jueces estuvo el juez de Sentencia Juan Durán, quien manifestó la condición inestable en la que están los jueces que se abocaron al régimen de disponibilidad, donde «pueden ser trasladados en el momento si sus decisiones no van acorde con el régimen, donde serán menos estorbo».

Por su parte, el exjuez Jorge Guzmán, quien reabrió el caso de El Mozote y Lugares Aledaños, hizo un fuerte señalamiento a la CIDH al manifestar la frustración por parte de los operadores de justicia, ya que estas violaciones, según él, se hubieran evitado si la institución hubiese intervenido con tiempo.

«En nombre de los jueces y juezas expreso nuestra frustración porque creemos que todas estas afectaciones pudieron haberse frenado con una intervención oportuna de la Comisión, evitando así la violación a los derechos humanos y la intromisión y control político del Órgano Judicial», detalló.

Guzmán también solicitó la posibilidad de dictar medidas cautelares tomando en cuenta la Convención Interamericana para la protección de personas mayores y que soliciten a El Salvador que derogue el decreto 144 y se restituya en sus cargos a jueces y juezas que fueron cesados por dichas reformas.

“Nos interesa saber cuál ha sido el impacto a la administración de justicia y acceso a la justicia, si las víctimas confían y si esos traslados han tenido impacto en la confianza en el poder judicial”. Julissa Mantilla, presidenta de la CIDH

Estado evade preguntas

A pesar de todas las acusaciones que realizaron las organizaciones, los representantes del Estado salvadoreño se enfocaron en responder sobre el Decreto 144 y los cambios que ha realizado dentro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), justificando que este decreto era necesario ya que los «jueces ya no eran capaces».

Sobre las reformas a la LCJ, el comisionado Carlos Bernal dijo que según las reformas en los artículo 3 y 4 de la normativa, no quedaban claros los principios básicos de autonomía judicial y pidió al Estado que se pronunciara al respecto, ya que los artículo no brindaban ciertas seguridad jurídica a los jueces.

El Estado no respondió sobre los cuestionamientos, solo dijo que «la Corte se ha modernizado y que se han mejorado las condiciones del personal dentro de la institución».

Sobre el papel del Estado en esta audiencia, WIlson Sandoval, representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo y quien estuvo presente en la audiencia, dijo que el Estado no respondió de manera técnica las consultas de la CIDH, sino que mas bien evadió responderlas.

«El Estado salvadoreño dejó en evidencia que no tiene argumentos por lo realizado en materia de justicia, sobre todo en las preguntas relacionadas a las consecuencias que tuvieron las reformas a la LCJ, que como mencionaron los comisionados, son incompatibles con estándares internacionales», detalló.

Violaciones a la constitución realizadas en 2021
La mayoría de las inconstitucionalidades han sido cometidas por la asamblea y la corte.

1- Destitución de magistrados y fiscal
La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, destituyó a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. En ese mismo momento impuso a cinco nuevos magistrados y otro fiscal.

2- Reformas decreto 144 y 145
La Asamblea aprobó reformas a la Ley de la Carrera Judicial que cesaba de sus cargos a jueces y fiscales que tuvieran más de 60 años o 30 años de servicio. Estas reformas se hicieron sin estudios ni fundamentos legales.

3- Bono y régimen de disponibilidad
Para los jueces, juezas y fiscales que se retiraban, la Corte ofreció bono para los que renunciaran antes de entrar en vigencia el decreto 144 y régimen de disponibilidad para los que no lo aceptaron.

4- Nombramiento de jueces
La Corte Suprema de Justicia nombró a 98 jueces para que entraran en funciones en septiembre de 2021. Este proceso se realizó sin la debida elección y sin transparencia de los perfiles de los escogidos.

5- Traslados sin justificación
La jueza del Tribunal 6° Sentencia fue trasladada a Panchimalco y la jueza 2° de Instrucción fue removida a Mejicanos. Ambas dictaron resoluciones que no estaban apegadas al discurso gubernamental.

Fuente: La prensa gráfica

Envio:RL