PERU.

Triunfo de la impunidad: La «justicia»

ordenó liberar al genocida 

Alberto Fujimori

Por Carlos Noriega, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.

El Tribunal peruano restituyó un indulto cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La decisión violaría la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos que prohíbe los indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori.

 Triunfo de la impunidad. En un fallo que es un atentado a la legalidad, y a la justicia y la memoria, este jueves el Tribunal Constitucional (TC) ha ordenado la liberación del exdictador Alberto Fujimori, de 83 años, quien desde 2007 se encuentra en una prisión VIP, donde viene cumpliendo una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad. El TC ha dejado sin efecto un fallo judicial que en octubre de 2018 había anulado por ilegal el indulto que en diciembre de 2017 el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le había otorgado a Fujimori alegando falsas razones humanitarias, anulación que llevó al exdictador de regreso a la cárcel. Con la restitución de ese indulto, cuya legalidad fue cuestionada no solo por la justicia local sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Fujimori saldrá en libertad. Al momento del envío de este despacho se avanzaban los trámites para su liberación, lo que su abogado señaló se estaría dando entre el lunes y martes. Simpatizantes fujimoristas fueron hasta el cuartel policial de Lima donde su líder ha venido cumpliendo su condena. En las calles del centro de Lima miles se comenzaban a movilizar en rechazo a la restitución de un indulto que consagra la impunidad y es visto como un grave retroceso en los derechos humanos y una afrenta a las víctimas de la dictadura fujimorista.

Desempate

En el TC hubo un empate de tres votos a favor y tres en contra de restituir el indulto a Fujimori anulado judicialmente y fue el doble voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero, que rompió la igualdad a favor de Fujimori. Ferrero fue nombrado miembro del TC en 2017 por el Congreso con los votos fujimoristas que entonces tenían mayoría absoluta en el Legislativo. El abogado de Fujimori, César Nakasaki, justificó esta decisión dramatizando sobre el estado de salud de su cliente. El mismo argumento usado desde hace años cada vez que el fujimorismo ha buscado la liberación de su líder.

El presidente Pedro Castillo calificó el fallo del TC como “reflejo de la crisis institucional” en el país, y señaló que “los órganos de la justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”. La vicepresidenta Dina Boluarte expresó su solidaridad con las víctimas de la dictadura fujimorista. El jefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, calificó la decisión del TC como “una sentencia que atenta contra los derechos fundamentales de las víctimas de delitos atroces”, mientras la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, señaló que se trataba de “una liberación ilegal e inaceptable”.

Apelación

Organismos de derechos humanos han anunciado que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la decisión del TC que repone un indulto anulado en su momento por ser considerado ilegal. Señalan que esta decisión viola la jurisprudencia nacional e internacional en materia de derechos humanos que prohíbe los indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori. La Corte Interamericana ya se pronunció en 2018 sobre la ilegalidad del indulto que Kuczynski le otorgó a Fujimori y en ese momento le ordenó al Estado peruano revisar esa decisión. Luego de esa revisión, un juez supremo anuló el indulto por considerarlo ilegal al haber estado rodeado de una serie de irregularidades y ser falsos los argumentos dados para justificar un perdón humanitario. Se espera que ahora la Corte Interamericana ratifique su decisión anterior contraria al indulto a Fujimori.

Kuczynski le otorgó el indulto al exdictador amparado en la noche de Navidad de 2017, disfrazándolo como un perdón humanitario por razones de salud, pero inmediatamente quedó al descubierto que el indulto había sido parte de un infame pacto bajo la mesa para canjear votos fujimoristas en el Congreso por impunidad para su líder. El indulto gatilló una grave crisis política y masivas protestas, y tres meses después cayó el gobierno de Kuczynski.

Condenadopor dos masacres

El exdictador fue condenado en abril de 2009 a 25 años por el asesinato en noviembre de 1991 de 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, acribilladas a balazos durante una fiesta para recaudar fondos en una humilde vivienda de Barrios Altos en el centro de Lima, y por el secuestro y ejecución de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en las afueras de la capital peruana, en julio de 1992. El gobierno acusó sin ninguna evidencia a las víctimas de las dos matanzas de estar relacionados con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, lo que ha sido judicialmente descartado. Ambos crímenes, considerados emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos, pero no los únicos ocurridos durante la dictadura, fueron cometidos por el llamado Grupo Colina, un destacamento del ejército que actuaba como un escuadrón de la muerte bajo las órdenes y protección del gobierno de Fujimori. El exdictador también fue sentenciado por el secuestro de un periodista y un empresario, y por varios cargos de corrupción.

La negra historia de Fujimori comenzó cuando pasó de ser un desconocido a ganar sorpresivamente la elección presidencial de 1990. En 1992 dio un autogolpe, cerró el Congreso y tomó todo el poder en sus manos para gobernar con apoyo de los militares. Impuso un régimen autocrático, una política neoliberal, cambió la Constitución y se hizo reelegir dos veces. Nombró como su asesor principal a un oscuro excapitán del ejército vinculado al narcotráfico, Vladimiro Montesinos, convertido en jefe de facto de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, que se encargaba de los trabajos sucios del gobierno, desde pagar sobornos para ganar respaldo hasta ordenar asesinatos. Con el apoyo de Fujimori, Montesinos, ahora en prisión, creó y dirigió el escuadrón de la muerte Colina. Cuando su dictadura se derrumbaba en medio de denuncias de fraude para reelegirse, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, Fujimori huyó en noviembre de 2000 a Japón, el país de sus padres, donde encontró protección. Sorpresivamente en noviembre de 2005 viajó a Chile, donde fue detenido y extraditado al Perú en setiembre de 2007 para ser juzgado. 

Esterilizaciones forzadas

Desde entonces ha estado recluido, con un paréntesis de libertad entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 mientras estuvo en vigencia el perdón que le dio Kuczynski, en la misma prisión VIP de la que ahora será liberado al haberse restituido ese cuestionado indulto. Contra Fujimori, ahora indultado, hay un proceso judicial en marcha por las esterilizaciones forzadas contra más de 300 mil mujeres, en su mayoría campesinas. 

Mientras las víctimas sobrevivientes de los crímenes del régimen fujimorista y los familiares de los desaparecidos y asesinados, organismos de derecho humanos y los sectores democráticos se indignan y protestan por la restitución de un indulto ilegal para liberar al exdictador, el fujimorismo y la ultraderecha celebran. La impunidad está de fiesta

Una salida autogestionaria a la 

crisis política

Por Yerel Vásquez / Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022

Mientras haya una vena autogestionaria y autoorganizativa en nuestra sociedad, aún cabe la esperanza de tender puentes entre sus multiplicidades por la vía no estatal, es decir, a través de las fortalezas que nos confiere la noción de multitud.

La actual situación política no cesa de interpelarnos acerca de la vigencia histórica de nuestra propia clase dirigencial y la manera en cómo se producen los procesos políticos que nos confinan continuamente a la parálisis. Basta observar las dinámicas que caracterizan a las organizaciones políticas, a los líderes de opinión pública, los medios de comunicación y al elector-ciudadano promedio para entender que, en general, la lógica que subyace a la política peruana es transaccional, muy ligada a intereses privados e inmediatista.

Ciertamente, la crisis política que se ha intensificado en estos meses no comenzó con las elecciones generales del 2020. Se trata de un problema que arrastramos por más de un quinquenio, lo que nos hace cuestionar también la vigencia del Acuerdo Nacional que se construyó con el retorno a la democracia ya entrado el siglo XXI. Aquel conjunto de políticas de Estado fue consensuado por las principales fuerzas políticas del momento post-Fujimori y le brindaron soporte a un periodo aproximado de 15 años de crecimiento en un contexto económico internacional favorable para la región por la exportación de minerales.

Este periodo coincidió con la aprobación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional hacia el 2021, el Plan Bicentenario, que contó con seis ejes estratégicos como derechos fundamentales; oportunidades y acceso a servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y, recursos naturales y ambiente ¿Cuánto avanzamos hacia la imagen que tuvimos del Perú del Bicentenario? La última evaluación de este Plan de Desarrollo (1) nos mostró que aún quedan grandes retos pendientes.

«Nos encontramos en un escenario en el cual quienes deberían estar llamados a construir consensos amplios acerca del futuro del Perú en base a su representatividad frente al electorado que los eligió, no cuentan con la legitimidad y credibilidad necesarias. Por otro lado, cada vez se hace más fuerte en la ciudadanía la exigencia “que se vayan todos”. Sin embargo, en el supuesto que se lograran convocar unas nuevas elecciones generales, ¿Qué alternativas políticas serían las llamadas a promover la creación de consensos sobre el desarrollo nacional? Las opciones no son muchas y tampoco son novedosas. De hecho, gran parte de los partidos políticos y organizaciones que se dispondrían a disputar el gobierno y el Congreso serían los mismos responsables, unos más que otros, de la permanente crisis que asedia a nuestro ambiente político. En ese sentido, quizás la necesaria solución se encuentre fuera de la clase política oficial-formal que ejerce la soberanía del Estado peruano.»

Entre las limitaciones que tuvo el PEDN 2021 podemos identificar que no se logró una opinión pública favorable sobre las instituciones de justicia, la cual se proyectó en 55% para el 2021, pero en 2018 obtuvo apenas un 10.2%. De igual manera sucedió con las elecciones internas en los partidos políticos, que, si bien se registra un aumento en el indicador, no se llegó a la meta planteada, además, no se mide la calidad de la democracia interna. Los indicadores de logros de aprendizaje escolar también se alejaron de las proyecciones para el 2021, al igual que los indicadores de seguridad ciudadana, en los que por ejemplo se registraron 11.6 víctimas de delitos por cada mil habitantes en el año 2018, cuando la meta para el 2021 era de 3 víctimas por cada mil habitantes. La misma situación se repite cuando se evalúa la efectividad gubernamental y el índice de percepción de la corrupción, los que alcanzan la mitad de los valores esperados para el 2021. Respecto a lo ambiental, la deforestación no fue frenada, sino que se incrementó a más de 155,000 hectáreas de bosque amazónico, mientras que solo el 39.22% de los pasivos ambientales mineros contaron con alguna intervención de remediación, lo que significó que aproximadamente el 60% de estos pasivos no fueron atendidos.

Este consenso de mediano y largo aliento, aunque precario, elitista y, por ende, hasta cierto punto excluyente, con sus avances y limitaciones, sostuvo al sistema político para avanzar en la lucha contra la pobreza, la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica infantil, así como en materia de sostenibilidad fiscal, a pesar del centralismo y la corrupción generalizada en el gobierno multinivel. Sin embargo, el retorno del fujimorismo a la disputa por el gobierno central coincidió con el resquebrajamiento de los puntos en común hasta entonces construidos y respetados por los partidos políticos y la tecnocracia estatal vinculada a organismos financieros internacionales. Además, la pandemia del Covid-19 destapó la vulnerabilidad en la que se encontraba una porción importante de la población al no contar con acceso a servicios de salud de calidad, aseguramiento social, conectividad para actividades laborales y educativas, etc., lo que implicó, sin lugar a dudas, un retroceso importante en los pocos avances obtenidos. Por estos motivos, la renovación de los consensos políticos para continuar avanzando hacia una imagen predefinida del futuro del país es imperativa. Por ello, nos preguntamos ¿En manos de quiénes reside hoy la responsabilidad de construir un nuevo consenso amplio que coloque el desarrollo del país en el mediano y largo plazo por encima de los cálculos políticos cortoplacistas? Y la respuesta vuelve a entramparnos.

De acuerdo a la encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (2) en enero del presente año, tanto el Ejecutivo como el Legislativo registraron una aprobación paupérrima frente a la población que representan, el primero con una aprobación de 28.9% y una desaprobación de 61.5%, mientras que el segundo tuvo una aprobación del 20% y una desaprobación de 77%. En el caso del gobierno, se puede inferir que el poco respaldo popular que capitalizó estuvo relacionado básicamente a la presencia y trabajo del exministro Hernando Cevallos en salud por su labor en cuanto al proceso de vacunación contra el Covid-19, el cual fue calificado por un 49% de los encuestados como un servicio muy bien o bien gestionado. No obstante, la posterior decisión del presidente Castillo de prescindir de sus aliados de la izquierda moderada, entre los que figuraba Cevallos, se produjo en un ambiente de mayores incertidumbres y cuestionamientos que certezas por los funcionarios designados en la reformulación del gabinete ministerial. En cuanto a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, tuvo una aprobación de 26%, mientras que su desaprobación ascendió a 65%.

nos encontramos en un escenario en el cual quienes deberían estar llamados a construir consensos amplios acerca del futuro del Perú en base a su representatividad frente al electorado que los eligió, no cuentan con la legitimidad y credibilidad necesarias 

Entonces, nos encontramos en un escenario en el cual quienes deberían estar llamados a construir consensos amplios acerca del futuro del Perú en base a su representatividad frente al electorado que los eligió, no cuentan con la legitimidad y credibilidad necesarias. Por otro lado, cada vez se hace más fuerte en la ciudadanía la exigencia “que se vayan todos”. Sin embargo, en el supuesto que se lograran convocar unas nuevas elecciones generales, ¿Qué alternativas políticas serían las llamadas a promover la creación de consensos sobre el desarrollo nacional? Las opciones no son muchas y tampoco son novedosas. De hecho, gran parte de los partidos políticos y organizaciones que se dispondrían a disputar el gobierno y el Congreso serían los mismos responsables, unos más que otros, de la permanente crisis que asedia a nuestro ambiente político. En ese sentido, quizás la necesaria solución se encuentre fuera de la clase política oficial-formal que ejerce la soberanía del Estado peruano.

quizás la necesaria solución se encuentre fuera de la clase política oficial-formal que ejerce la soberanía del Estado peruano. 

Para los autores Michael Hardt y Antonio Negri (3), el mundo del siglo XXI entró en una etapa en donde las multitudes, como ellos llaman a la conformación plural, diversa, abierta y expansiva de las sociedades actuales, asumen un rol totalmente subversivo ante la soberanía entendida como el poder ejercido por los Estados. Estos autores entienden que la soberanía es una relación dual en la que los dominantes y subordinados dependen mutuamente de sí mismos para el sostenimiento del poder. Sin embargo, la configuración de las multitudes en el mundo moderno, les permiten crear relaciones sociales de manera autónoma al ámbito político centralizado, propio del Estado. Más aún, Hardt y Negri señalan que “ahora los ciudadanos tienden a ser los productores exclusivos de organización social. Eso no significa que la soberanía vaya a derrumbarse de inmediato, ni que los que gobiernan pierdan todo su poder. Pero sí significa que estos últimos son cada vez más parasitarios, y la soberanía cada vez más innecesaria. Asimismo, los que obedecen se hacen cada vez más autónomos y aptos para formar la sociedad por su cuenta” (Hardt & Negri, 2004: 382), lo que se realiza mediante la autogestión económica y la autoorganización política y social.

En el Perú, conocemos muy bien esos conceptos, basta con observar cómo se produjeron las olas migratorias de las distintas regiones del país hacia la capital durante el siglo XX, asentándose en las áreas periféricas mediante invasiones de tierras, sin importar que el Estado se opusiera frontalmente a sus intereses colectivos. Resistieron, se autoorganizaron política y socialmente en juntas vecinales y crearon el dinamismo económico necesario para la comercialización minorista en sus barrios y asentamientos humanos. Allí encontramos esa fuerza autogestionaria a la que se refieren Hardt y Negri, como producto de la confluencia de diversas costumbres, idiosincrasias y culturas, es decir, el apoyo y colaboración de un colectivo de individuos que se identificaban como iguales a pesar de provenir de distintas realidades.

El contenido político, social y económico en la resistencia de las organizaciones autogestionarias peruanas es fundamental para pensar en un renovado proyecto de desarrollo del país. 

Si se trata de autogestión y autoorganización, los ejemplos abundan. Uno de ellos está relacionado con las rondas campesinas, las que tuvieron un rol importantísimo en la lucha contra la subversión terrorista desatada por Sendero Luminoso entre los años 1980 y 1995, siendo vitales para su derrota. De igual manera sucedió con la creciente informalidad durante la crisis económica y social de los ochentas durante el primer gobierno de Alan García. Fueron los informales los que sacaron a flote una economía totalmente quebrada por la hiperinflación, pero detrás de la informalidad también se construyen lazos de identidad muy fuertes por procedencia, amistad y costumbres. Actualmente, podemos decir que la autogestión aún se mantiene vigente en el tejido social peruano. Se encuentra todavía en el sector informal, pero también en las mipymes, en las juntas vecinales, en las organizaciones de base y ollas comunes que enfrentaron los embates de la pandemia. El contenido político, social y económico en la resistencia de las organizaciones autogestionarias peruanas es fundamental para pensar en un renovado proyecto de desarrollo del país.

En consecuencia, mientras haya una vena autogestionaria y autoorganizativa en nuestra sociedad, aún cabe la esperanza de tender puentes entre sus multiplicidades por la vía no estatal, es decir, a través de las fortalezas que nos confiere la noción de multitud. Sobre esta base social, local y territorial, desde abajo hacia arriba, debe buscarse la transformación de la gubernamentalidad en base a la construcción de un nuevo pacto sobre lo que realmente importa para la sociedad peruana autogestionaria, interpelando a los organismos autónomos, a los ministerios en sus oficinas descentralizadas, a las empresas públicas y a los gobiernos regionales y locales para empujar la progresiva construcción de la dirección hacia dónde se dirigirá el país en el mediano y largo plazo.

Notas:

(1) CEPLAN. (2020). Segunda Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). Consulta: 18 de febrero de 2022. https://bit.ly/3KRnSRo

(2) IEP. (2022). Informe de Opinión – Enero 2022. Consulta: 18 de febrero de 2022. https://bit.ly/3ie9kPc

(3) Hardt, M. & Negri, A. (2004). Multitud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Barcelona: Random House Mondadori. Consulta: 18 de febrero de 2022. https://www.traficantes.net/libros/multitud

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Fuente: Publicado en la Revista Ideele N°302 en febrero de 2022: https://bit.ly/36qBDrk

Gobierno deplora fallo judicial que 

libera a Fujimori

Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022

El presidente peruano, Pedro Castillo, y el primer ministro, Aníbal Torres, criticó hoy el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dispone la libertad del exgobernante Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad.

Castillo escribió en la red Twitter que el fallo del TC refleja la crisis institucional a la que se refirió el pasado lunes en un mensaje al Congreso en la que se refirió a la precariedad del sistema de justicia y a la necesidad de una reforma del Estado.

“Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, agregó.

El primer ministro Torres, a su vez, comentó que la sentencia se tiene que acatar, “pero eso no quiere decir que no se puede criticar”, lo que hizo, a tiempo de opinar que el TC debe desaparecer.

Añadió que el TC “ha notificado a la ciudadanía que garantiza la impunidad y no la de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder, como es el caso del señor Fujimori”,

Tras señalar que no ha hablado con el presidente sobre el fallo, que en su opinión “atenta contra los derechos fundamentales de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta que son delitos atroces” que no ameritan un indulto, como el otorgado a Fujimori en 2017 por ilegal y restablecido por el TC hoy.

Además, dijo Torres, Fujimori cometió el delito de secuestro agravado y no ha pagado la reparación a las familias de las víctimas, dispuesta en la sentencia en su contra, y dijo esperar que el TC libere también a todos los presos en la situación del exgobernante.

Expresó también que el TC estas ocasión y en muchas otras “ha fallado en contra del ordenamiento jurídico, la Constitución, pero la sentencia se tiene que acatar” y las personas afectadas por los delitos de Fujimori acudirán a instancias internacionales contra el fallo de hoy y tendrán éxito.

La vicepresidenta, Dina Boluarte, expresó su preocupación por la decisión del TC a favor de Alberto Fujimori, “autor de graves crímenes que dañaron al Perú” y se solidarizó con las víctimas, civiles inermes, incluyendo un niño, asesinados por un escuadrón militar ilegal en el vecindario limeño de Barrios Altos y en la Universidad estatal La Cantuta.

“Anhelamos una justicia que no permita casos de impunidad y cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas. Luchamos por un país donde se respeten los derechos humanos y se cumplan los mandatos de los organismos internacionales que velan por esos derechos”, expresó.

FUENTE: Prensa Latina

Protestas enPerú contra orden de libertad 

a exgobernante Fujimori / Organizaciones 

de DDHH y Organizaciones Sociales 

Rechazan fallo del TC

Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022

Miles de manifestantes se congregaron hoy en la céntrica plaza San Martín de la capital peruana y rechazaron el indulto al exgobernante Alberto Fujimori, restablecido sorpresivamente hoy por el Tribunal Constitucional (TC).

Los manifestantes condenaban a viva voz el sorpresivo fallo del TC y corearon lemas como “Fujimori nunca más”, “Ni olvido ni perdón” y “Abajo el indulto”, con evidente indignación. La red de radioemisoras RPP reportó protestas similares en diversas ciudades del país

En la protesta participó Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes y un profesor en la denominada masacre de La Cantuta de julio de 1992, uno de los crímenes por los que Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel como autor mediato.

Ortiz, activista humanitaria y hasta hace poco ministra de Cultura del gobierno de Pedro Castillo, declaró que el mandatario, quien criticó el fallo e hizo una invocación a la justicia, debe emprender acciones contra la decisión del TC.

También participó el exministro de Salud del actual Gobierno, Hernando Cevallos, quien alertó sobre la posibilidad de un acuerdo político por el cual el Gobierno se abstendría de actuar contra la decisión del TC, lo cual, dijo sería traicionar la memoria colectiva.

El TC dejó sin efecto la decisión de la Corte Suprema de anular el indulto de diciembre de 2017 por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, por un acuerdo político con una fracción fujimorista, aunque a la postre tuvo que renunciar.

El fallo dividió al TC, con tres votos a favor y tres en contra, ante lo cual el conservador presidente de la corte, Augusto Ferrero, dirimió a favor del exgobernante, en un procedimiento apresurado y sin el suficiente debate, según el juez Eloy Espinoza, quien votó en contra. Entretanto, la hija del preso, Keiko Fujimori, declaró brevemente que recibió el fallo con sorpresa y gratitud y que la familia priorizará el cuidado de la salud del padre, de 83 años.

El secretario general del partido gobernante, Perú Libre, Vladimir Cerrón, manifestó que Fujimori cometió crímenes contra la humanidad, no solo contra la nación y la decisión final la tomará un tribunal internacional.

La excandidata presidencial progresista Verónika Mendoza dijo a su vez que el TC “pretende liberar a un ladrón y asesino que nunca pidió perdón ni pagó su reparación” a las familias de sus víctimas.

“El gobierno no puede ser cómplice de esta infamia y traicionar, además de todas las propuestas de cambio, la lucha de las víctimas de la dictadura”, manifestó.

Dijo también que “no se puede pisotear así las leyes, memoria y dignidad del país, el indulto a Fujimori fue ilegal e inmoral en 2017 y ahora y el pueblo lo dejará claro en las calles”.

FUENTE: Prensa Latina

RECHAZAN FALLO DEL TC QUE ORDENA LIBERACION DE ALBERTO FUJIMORI

Organizaciones de #DerechosHumanos y víctimas del régimen fujimorista en Perú rechazaron el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.

Decisión del TC que favorece al condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad fue adoptada con los votos de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero.

Liberación de Fujimori genera 

«profunda preocupación» en la CIDH

Resumen Latinoamericano, 18 de Marzo de 2022

Organismo internacional afirmó que decisión “afecta el derecho a la justicia de las víctimas” y recordó que los crímenes de lesa humanidad no deben quedar impunes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su profunda preocupación por el fallo del Tribunal Constitucional que ordena la excarcelación de Alberto Fujimori.

Esta decisión “afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de Corte IDH en los casos La Cantuta y Barrios Altos”, indicaron.

La CIDH recordó, además, que los crímenes de lesa humanidad, como los cometidos por Fujimori, constituyen una gravísima ofensa a la dignidad humana y por lo tanto no deben quedar impunes.

El pronunciamiento de la CIDH se da luego de que el TC emitiera un fallo que declara fundado un recurso para revertir la sentencia que anuló el indulto concedido a Fujimori en 2017.

Dicho indulto fue otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczysnki, pese a que no es aplicable a condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori.

Tanto las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde Fujimori fue hallado autor mediato, cuentan con resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La decisión del TC, conocida el 17 de marzo, ha generado una indignación generalizada que se expresó la noche de ese mismo día con manifestaciones en Lima y otras regiones.

Por lo pronto, representantes del gobierno han anunciado que Perú acudirá a la Corte IDH para revertir la decisión del indulto a favor de Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de cárcel.

FUENTE: Servindi

Duras críticas jurídicas a fallo que 

libera a Fujimori

Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022

Las críticas al fallo del Tribunal Constitucional (TC) que dispuso la libertad del exgobernante Alberto Fujimori tienden a intensificarse hoy, tras graves señalamientos del canciller peruano, César Landa, y del juez del TC Eloy Espinoza.

Landa, expresidente del Tribunal Constitucional y prestigioso jurista, afirmó en un tuit que la decisión del TC carece de validez legal y debería ser revertida por instancias internacionales.

“No es válida, pues va en contra de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Barrios Altos y La Cantuta”, matanzas por las que Fujimori fue condenado y esa corte, a la que está adscrita el Estado peruano, debería revertirla.

Ese tribunal internacional, advirtió, “se pronunció sobre este tema en 2018, recordando la obligación internacional del Estado Peruano de sancionar a los responsables de dichos casos y que las víctimas encuentren justicia”.

Espinoza, por su parte, dijo que coincide con Landa y agregó que no todo delito es indultable, y mencionó aquellos exceptuados por la legislación nacional y la justicia internacional en la que participe el Estado peruano, así como los delitos excluidos en el concierto mundial, como los que llevaron a la cárcel a Fujimori.

También subrayó su crítica a la insuficiente deliberación y falta de elementos de juicio en el proceso de habeas corpus que favoreció a Fujimori.

El magistrado explicó que la corte no analizó el expediente del indulto de 2017 anulado por la Corte Suprema -que, además, rechazó todas las apelaciones y recursos de todo tipo presentados por los abogados de Fujimori contra la sentencia de abril de 2009- ni contó con estudios sobre la salud del exgobernante.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, declaró que considera “de manera principista, que los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos por ningún tipo de fallo” que los excarcele, pues deben cumplir su condena.

Añadió que el fallo del TC revictimiza a los agraviados, ya que no se les ha considerado para nada por la corte antes de dictar el fallo y recordó que la justicia internacional no acepta ningún tipo de indulto para condenados por homicidio calificado o crímenes de lesa humanidad, como Fujimori.

Carrasco informó que un equipo de abogados espera el texto del dictamen del TC para analizarlo y que el Gobierno asuma las acciones que correspondan.

Ello implica, en su opinión, apelar a instancias internacionales para revertir el fallo que reabre heridas que estaban por cerrarse.

El restablecimiento del indulto a Fujimori, anulado por ilegalidades comprobadas, mereció ayer mismo movilizaciones ciudadanas de protesta en Lima y diversas ciudades del interior.

FUENTE: Prensa Latina

Consulta previa, Frontón e indulto:

Tres controvertidos fallos del 

Tribunal Constitucional

Claudia Risco / Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022

Tras declarar fundado un habeas corpus que valida los efectos jurídicos del indulto del 2017 a Alberto Fujimori, el Tribunal Constitucional se consagra como una institución que le da la espalda a los derechos humanos. Estas son otras de sus cuestionadas decisiones.

«Sardón, Blume y Ferrero cómplices», se lee en una pancarta de un manifestante en la marcha contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que otorga la liberación a Fujimori. La frase cristaliza el descontento y la indignación de miles de ciudadanos contra los cuestionados miembros de esta institución. Sin embargo, esta no es la primera vez que fallan en contra de los derechos humanos.

Los magistrados José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero han sido vinculados con el fujimorismo en diferentes momentos. Sardón financió a través de su ONG Reflexión Democrática a ocho congresistas fujimoristas, Blume sustentó la inconstitucionalidad de la prisión preventiva a Keiko Fujimori y Ferrero se reunió con la bancada de Fuerza Popular para ser elegido como integrante del TC.

CONTRA EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA

Las credenciales antidemocráticas de estos tres miembros del TC se lucen en un fallo reciente sobre el derecho a la consulta previa. En una sentencia del 20 de enero último, la institución declaró infundada una demanda presentada por representantes de las comunidades aymaras de Chila Chambilla y Chila Pucará, en Puno. Ellos solicitaban la nulidad de dos concesiones mineras transferidas en 2016 a la minera Cemento Sur S. A., empresa del Grupo Gloria que produce y comercializa cal y cemento porque fueron aprobadas sin respetar el derecho a la consulta previa y la propiedad comunal. 

Sardón, Blume y Ferrero afirman que la consulta previa no tiene rango constitucional, no es un derecho fundamental y no puede ser protegido mediante acciones de amparo. La Defensoría del Pueblo indicó que esta decisión del Tribunal Constitucional constituye un grave retroceso en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, es contraria a la Constitución Política, a los tratados internacionales y se aleja injustificadamente de los estándares previamente establecidos a lo largo de su jurisprudencia.

Comunicado de la Defensoría del Pueblo

Asimismo, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) solicitó que el Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad se “pronuncien y reviertan este tipo de acciones”.

CONTRA VÍCTIMAS DE MASACRE EN EL FRONTÓN

José Luis Sardón, Ernesto Blume y Augusto Ferrero continuaron erosionando la institucionalidad de Tribunal Constitucional al declarar fundado un habeas corpus que declara que la masacre de El Frontón no es un crimen de lesa humanidad y por lo tanto puede prescribir.

La matanza en los penales, el caso El Frontón, sucedió el 18 y el 19 de junio de 1986 a raíz del amotinamiento de los presos acusados de terrorismo recluidos en las prisiones de San Juan de Lurigancho y El Frontón y en la cárcel de mujeres de Santa Bárbara, ubicadas en las provincias de Lima y de Callao. La Marina de Guerra intervino y asesino al menos a 113 reos, las familias de las víctimas esperan justicia desde hace 36 años.

Juan Carlos Ruiz Molledo, abogado y coordinador del área de litigio constitucional del Instituto de Defensa Legal, resalta que lo resuelto por el Tribunal Constitucional va en contra de la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Durán y Ugarte, que exige al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables de la matanza de El Frontón. Además, la sentencia le da la razón a los abogados de los marinos procesados porque ellos presentaron este recurso con el fin de buscar la impunidad, según el especialista.

 «Un  tribunal no puede incumplir con una sentencia de la Corte, esta institución ha dicho investiga y procesa a los responsables. Lo que busca este recurso es dejar sin efecto el proceso contra los responsables de la matanza de El Frontón. No puedes incumplir una sentencia de la Corte, eso es lo más grosero«, subraya Ruiz

IMPUNIDAD PARA VÍCTIMAS DE BARRIOS ALTOS Y LA CANTUTA

Otro nuevo capítulo del accionar cuestionable del Tribunal Constitucional, desde la perspectiva de los derechos humanos, es el reciente fallo sobre la liberación de Alberto Fujimori: con los votos de Ferrero (dirimente), Sardón y Blume se declaró fundado el habeas corpus en favor del dictador y restableció los efectos del indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, hecho que es materia de investigación penal en el caso «Mamani audios».

Para la abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), Cruz Silva Del Carpio, esta decisión presenta varias irregularidades: «La primera es que la audiencia fue privada, por lo tanto no se pudo escuchar los argumentos de los magistrados. Eso demuestra una falta de transparencia», señala Silva. «El caso es grave porque no hay todavía respuesta sobre los casos por lo que Fujimori está en la cárcel», sostiene.

«No se ha pagado la reparación económica sobre estos casos. Hay cinco estudiantes desaparecidos aún de La Cantuta, Fujimori nunca ha mostrado arrepentimiento. Este fallo refuerza la impunidad», menciona Silva.

ALERTA: SE VIENE EL FALLO SOBRE PÍLDORA DEL DÍA SIGUIENTE

El siguiente fallo que verán dos de estos magistrados, Sardón y Ferrero, es la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, sin embargo, diferentes colectivos feministas han mostrado su desacuerdo por las credenciales conservadoras de ambos jueces. El primero es muy cercano al fujimorismo mientras que el segundo fue consejero legal del excardenal de Lima Juan Luis Cipriani y representó al Arzobispado de Lima en una demanda que impuso contra la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

«El Tribunal Constitucional ha sido capturado por un grupo muy conservador, que no quiere saber nada de derechos humanos y de derecho internacional. Lo que yo temo es que con estas sentencias le están mandando un mensaje al Congreso para que demoren la nueva elección de magistrados. Se nos vienen fallos donde van a haber mucho retrocesos en derechos», finaliza Ruiz.

FUENTE: Wayka.pe

Protestas en varias ciudades contra 

el fallo que deja en libertad al 

dictador Fujimori

Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022

Marchas contra indulto a expresidente Fujimori en diversas ciudades

La principal manifestación contra la decisión del Tribunal Constitucional, que valida el indulto otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczinsky a Alberto Fujimori, ocurrió en Lima.

En otras ciudades del país, como Cusco, Trujillo y Arequipa, también se produjeron manifestaciones de protesta, aunque lo sorpresivo de la decisión no permitió mayor organización. Por esta razón, se ha convocado a una gran marcha nacional este sábado 19 de marzo, en la tarde.

Como se sabe, el Tribunal Constitucional concedió un hábeas corpus a favor de Alberto Fujimori. Los votos a favor fueron de los magistrados Ernesto Blume, José Luis Sardón y Augusto Ferrero. En contra: Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma y Manuel Mirada. El voto dirimente de Ferrero, presidente del tribunal, inclinó la balanza.

Diversas personalidades también han reaccionado en contra de la decisión, puesto que el indulto fue anulado por la Corte Suprema, debido a irregularidades. La expresidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vasquez, pidió al Poder Ejecutivo ser más enfático y actuar inmediatamente pidiendo la intervención de la Corte Interamericana». Solicitó también el cambio del TC por uno que “garantice objetividad en la defensa de derechos”.

Aquí algunas imágenes de la marcha en Lima, con fotos del medio Inforegión. Como ha ocurrido antes en marchas similares, los protestantes han reportado que en algunas vías se ha cortado el alumbrado público. Las emisoras de televisión nacionales no registran estas imágenes.

FUENTE: Nodal

Envio:RL