La instalación de la minera rusa en
El Estor y los embates políticos que
le permitieron seguir operando
Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.
La operación ilegal de la mina de CGN y Pronico, filiales de la empresa Solway Investment Group, en El Estor, Izabal, fue posible gracias a las acciones políticas de diferentes gobiernos que, entre otras cosas, les permitieron ampliar el territorio de explotación, reprimir a comunidades que se han opuesto al proyecto Fénix y blindarse de la prohibición de la Corte de Constitucionalidad que les ordenó detenerse, de acuerdo a los hallazgos de Prensa Comunitaria y The Store Project en la filtración de Forbidden Stories.
Estos son algunos de los sucesos posteriores a la llegada de los rusos a El Estor que coinciden con el atrofiamento del sistema político a través de la consolidación del pacto de corruptos y la cooptación del Estado, además del afianzamiento del esquema de sobornos para hacer negocios públicos.

1/09/2011 – La empresa Solway Investment Group, de capital ruso-suizo, compra a la compañía canadiense HudBay Minerals Inc., y los derechos de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico) para el desarrollar el proyecto Fénix en El Estor, Izabal. Solway también adquiere las concesiones mineras: Niquegua Montufar I y II, Fénix, Chichipate y Nabej.
2012 – Otto Pérez Molina y su ministro de energía y minas, el empresario Erick Archila Dehesa, autorizan la ampliación del proyecto minero Fénix. Beneficiando al capital ruso-suizo con 247.9 kilómetros cuadrados y una concesión de 25 años.
1/03/2012 – Nahomy Lara, Juan Carlos Velásquez y Ángel de León, universitarios de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), todos menores todos de 25 años, desaparecen en las instalaciones de CGN bajo la vigilancia de Lemuel Valle, empleado de la empresa.
14/08/2016 – Empleados de la mina CGN-Pronico mueren en la explosión de una de las calderas. Ellos fueron: Yuni Sandoval Álvarez, Hamilton Milla Portillo, Enoc Ruano, Dalin Choc Prieto y Édgar Misael Coc Xol. Otros más quedan heridos.
Marzo de 2017 – Aparece la mancha roja en el Lago de Izabal.

Abril 2017 – Los pescadores se organizan bajo la Gremial de Pescadores Artesanales para exigir a las autoridades que se castigue a los responsables de la contaminación de lago.
Mayo 2017 – Las autoridades del Gobierno Central y Municipal rompen la mesa de diálogo con los pescadores y la población estoreña.
27/05/2017 – El pescador Carlos Maaz Coc es asesinado por agentes de policía en El Estor, durante la manifestación de la gremial de pescadores.
Agosto 2017 – Giran orden de captura en contra de periodistas comunitarios Jerson Xitumul y Carlos Ernesto Choc, quienes reportaban los hechos que involucraban a los pescadores y a la minera.
24/11/17- Jerson Xitumul, periodista comunitario, es enviado a prisión por 39 días y es criminalizado por la muerte del pescador Maaz.
4/05/18 – Ese mismo año, el Gobierno de Jimmy Morales designa a Consuelo Porras como Fiscal General del Ministerio Público. Una decisión que tendría efectos negativos en el sistema de justicia guatemalteco.
26/08/19 – Los abogados Aníbal Maquín Bó y Rafael Maldonado representan a un grupo de pescadores y comunitarios de El Estor, quienes presenta un amparo en contra de la operación de la mina de níquel, alegando irregularidades en la licencia.
18/07/19 – La Corte de Constitucionalidad ampara a los pescadores y comunitarios de El Estor y ordena la suspensión de la minera Fénix, temporalmente.
Noviembre 2019 – Carlos Ernesto Choc y varios pescadores, son ligados a proceso penal, tras la denuncia de la mina CGN-Pronico que intenta criminalizarlos.
3/09/19 – El Gobierno de Jimmy Morales decide que no renovara el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por considerarla injerencia extranjera y la expulsa del país.
26/09/19 – Los abogados Rafael Maldonado y Aníbal Maquín son señalados por la mina, de haber falsificado las firmas en el amparo que consiguió la suspensión de la mina.
12/06/2019 – Lemuel Valle es condenado por homicidio culposo por la muerte de los 3 estudiantes de la UVG y se establece el pago de Q51 millones como resarcimiento a los familiares de las víctimas.

2/10/2019 – La Sala de Apelaciones de Puerto Barrios, Izabal, anula la sentencia contra Lemuel Valle.
17/06/20 – La Corte de Constitucionalidad emite una sentencia en la que ordena el cese definitivo de la mina Fénix hasta que no se realice una consulta comunitaria con las poblaciones afectadas por el funcionamiento de la minera. En su resolución, la corte señala que el Ministerio de Energía y Minas incurrió en la violación sistemática de los derechos de las comunidades Q’eqchi’.
4/03/2021 – Mientras tanto, la Universidad de San Carlos renueva a Gloria Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, por tercer vez consecutiva.
13/04/2021 – La magistrada Porras abandona Guatemala y se refugia en Estados Unidos. Su salida estaría relacionada con el voto a favor del cierre de la mina.
15/07/21 – El Ministerio de Energía y Minas convoca a la preconsulta sobre proyecto minero, por orden de la Corte de Constitucionalidad.
23/07/21 – Una semana después, la Fiscal General Consuelo Porras, expulsa a Juan Francisco Sandoval, encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) que apoyaba a la CICIG en sus investigaciones en contra de políticos corruptos.
3/09/21 – Un juzgado gira orden de captura en contra del exfiscal Sandoval tras anunciar la investigación de la trama rusa, o bien, el caso conocido como “la alfombra mágica”, en el que un grupo de personas rusas fueron señaladas de visitar al presidente, Alejandro Giammattei, para entregarle una fuerte cantidad de dinero dentro de una alfombra a cambio de favores.
4/10/21 – Las comunidades de El Estor en resistencia pacífica se instalan en ruta principal del municipio para exigir ser tomados en cuenta en proceso de preconsulta. La manifestación duraría 20 días.
22/10/21 – La policía y ejército reprimen a las comunidades Q’eqchi’ de la resistencia con violencia: utilizan gases lacrimógenos para dispersarlos y liberar la carretera para permitir el paso de las góndolas de la empresa minera.
24/10/21 – El Gobierno declara estado de Sitio en El Estor, Izabal. Ese mismo día, el MP allana la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y la policía a la Defensoría Q’eqchi’.
4/11/21 – La minera realiza la preconsulta durante el estado de Sitio.
Diciembre 2021 – Concluye consulta comunitaria en El Estor sin tomar en cuenta a 94 comunidades Q’eqchi’.
1/12/21 – Algunos congresistas estadounidenses solicitan el inicio de una investigación al Departamento de Estado, para determinar si los Jeeps J-8 donados para el combate contra el narcotráfico, fueron utilizados para reprimir a la población de El Estor durante el estado de Sitio de octubre 2021.
21/02/22 – Mientras tanto, Consuelo Porras busca reelegirse como Fiscal General del Ministerio Público.
Fuente: Prensa Comunitaria
Postuladora para Fiscal General
acepta objeciones
Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.
Los imputados deben presentar sus pruebas de descargo entre durante la semana siguiente.
La Comisión de Postulación para la elección del cargo de Fiscal General de Guatemala aceptó este jueves objeciones contra cinco de los 15 aspirantes que permanecen en el proceso.
Durante la sexta reunión, la comisión evaluó los 34 impedimentos presentados por las diferentes partes, de los cuales 13 fueron dirigidos a la actual Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
Porras, quien se postula para su reelección en el cargo, debe presentar próximamente sus pruebas de inocencia para contrarrestar las acusaciones de plagio académico presentadas por Marco Vinicio Mejía. No obstante, de las 13 objeciones, 8 fueron rechazadas por la comisión.
En este sentido, entre las tachas eliminadas contra la actual Fiscal General sobresalen las vinculadas con la persecución contra operadores de justicia, así como la mora fiscal con la comunidad LGBTI+. Con respecto a estos señalamientos, se argumenta que solo el uno por ciento de los 949 casos presentados tuvo sentencias.
De igual forma se encuentran relacionados en la lista: Eliseo Quiñonez, Óscar Dávila, Henry Elías y Jorge Luis Donado, los cuales presentarán sus pruebas de descargo los días comprendidos entre el 21 y el 25 de marzo.
Asimismo, la comisión refutó los impedimentos presentados contra Gabriel García Luna y Enrique Urrutia Estrada, entre otras cuestiones, porque estos ya habían sido analizados con anterioridad.
El resto de los aspirantes continúan sin objeciones el proceso, lo cual pareciera darles cierta ventaja al respecto. No obstante, debido a lo aletargado del proceso, aun esperan complejas etapas para concretar sus objetivos.
Fuente: TeleSUR
Autoridad Ancestral exige cese de la
privatización de las orillas del lago
de Atitlán en Panajachel, Sololá
Por Diego Petzey, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.
“Le decimos NO a la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET), ya no podemos soportar este abuso de autoridad. El mismo OCRET incumplió con sus propios requisitos para otorgar el contrato de arrendamiento. Lamentablemente vivimos en un Estado fallido, donde la corrupción es el padre de todo y las influencias tienen peso. Pero hoy, como pueblo K’ak’chiquel alzamos la voz para firmar un memorial donde tiene nuestra postura como pueblo de Panajachel”, afirmó Samuel Sahon, de la Autoridad Ancestral, Consejo de Ancianos de Panajachel.
El Consejo de Ancianos “Riajaw Tinamit”, grupos de mujeres, comités pro playa y vecinos del municipio de Panajachel, en Sololá realizaron una conferencia de prensa, el pasado 11 de marzo, en la que denunciaron que la OCRET otorgó cuatro contratos de arrendamiento a personas particulares, sobre bienes y propiedades comunales en la orilla del lago de Atitlán.
Posteriormente, las autoridades comunitarias recogieron firmas de los habitantes en el parque central de Panajachel, en la calle Santander frente al puente de amistad, en la calle y playa pública Los Salpores, en el mirador Ventana del Tiempo, a orillas del lago Atitlán
“Panajachel tiene derecho a pelear por sus playas, tenemos derecho a proclamar que las playas en Panajachel son del pueblo. Hoy es tiempo que defendamos la tierra y el territorio de Panajachel, ya no más privatización de las playas por parte del Estado que se está adueñando de nuestra playa”, declaró durante la conferencia de José Chen, uno de los integrantes del concejo de ancianos.

El memorial y las firmas que recolectó la población fueron entregados en la oficina central de la OCRET, el pasado 15 de marzo. Según el Consejo de Ancianos, cuando llegaron a la oficina central de dicha entidad, para hacer entrega del memorial, les dijeron que desconocían de la reunión a pesar de que se había acordado la misma con varios días de antelación, sin embargo, las autoridades comunitarias insistieron y presionaron en que realizarían una denuncia por no ser atendidos. Finalmente Omar Oswaldo Góngora Cantoral, director de la OCRET, los atendió.
Entre las peticiones que presentaron a la OCRET están que sea derogado cualquier trámite de arrendamiento que esté en proceso; la anulación de los contratos de arrendamiento que están vigentes y que no se sigan autorizando ningún arrendamiento de bienes comunales.
Los contratos de arrendamiento otorgados por la OCRET
La acción de defensa del territorio que realizan las autoridades comunitarias e indígenas de Panajachel se da a raíz de varios contratos de arrendamiento que ha otorgado la OCRET en las orillas del lago de Atitlán a personas individuales y jurídicas para su explotación con fines comerciales.
Las autoridades comunitarias mencionan los siguientes expedientes y casos en donde evidencian los contratos de arrendamientos otorgados por la OCRET: Contrato de arrendamiento otorgado a la municipalidad de Panajachel, expedientes 106-0672; 08-0090, 2016-004, entre otros; contrato de arrendamiento otorgado a Gladys Amarilis Calvo Tercero, el 22 de junio de 2015, expediente 10-13; Contrato de arrendamiento otorgado a Lisbeth del Rosario Chay Amaya, en fecha 22 de junio 2015, expediente 10-13; contrato de arrendamiento otorgado a Héctor Esteban Mucum López ,el 03 de marzo de 2021, expediente 01-43 y contrato de arrendamiento otorgado a José David Mucum Can, expediente 20-21 -0769.
Para Lesly Lima Juárez, presidenta del órgano coordinador del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) del sector Rancho Grande de Panajachel, las mismas corporaciones municipales de administraciones anteriores han sido parte de estos contratos de arrendamiento y en muchos casos solamente se pagan entre 100 a 200 quetzales mensuales por estos espacios.

Lima Juárez señaló que Enio Roberto Urizar Batres, alcalde municipal, 9 de días antes de dejar su cargo facilitó el aval y documentación necesaria al señor Héctor Mucum para arrendar un espacio de 6 mil 710 metros cuadrados a orillas del lago de Atitlán en Panajachel. También el ex alcalde municipal firmó un oficio, de fecha 19 de marzo de 2015, donde avaló el otorgamiento de otros bienes inmuebles que le habían solicitado.
Según Lima Juárez, en ese entonces el Cocode había hecho una propuesta de proyecto de reforestación en las orillas del río San Francisco hasta su desembocadura del lago de Atitlán, sin embargo, este fue ignorado por la municipalidad y en su lugar autorizaron el arrendamiento al señor Mucum.
“El área arrendada antes era utilizada para aterrizaje de parapente de manera pública y para muchas otras actividades que realizaba la población en el lugar, pero ahora se debe solicitar autorización al señor Héctor Mucum”, concluyó Lima Juárez.

El Consejo de Ancianos hizo mención que no solo la autoridad municipal está involucrada, sino que también hay otros actores individuales que participaron en la conformación del expediente, así como abogados, notarios y arquitectos que prestaron sus servicios profesionales para los planos, declaraciones juradas, entre otras, sabiendo que los terrenos son de propiedad comunal.
Según las autoridades comunitarias, los contratos de arrendamiento fueron otorgados por 30 años y los derechos son hereditarios; si la persona que firmó el contrato falleciera los derechos pasan automáticamente a sus parientes mas cercanos o a la persona que designa.
“Hacemos un llamado a todos los profesionales, por favor, no se presten para este tipo de documentos porque están atentando contra la misma población”, declaró Samuel Sahon.
El Estado de Guatemala siempre ha excluido al pueblo maya
Para Juan Carlos Queché Pérez, vocero del Consejo de Ancianos de Panajachel, el Estado de Guatemala siempre ha promovido la marginación, discriminación y racismo en contra de los pueblos Mayas y en las últimas dos décadas ha aprobado grandes concesiones de tierra a multinacionales y a personas con intereses económicos sobre los territorios de los pueblos originarios.
Queché dijo que de manera histórica las autoridades ancestrales y los pueblos mayas han sido defensores de la vida, del territorio y que han resguardado los bienes comunales, aunque Guatemala ha suscrito tratados y convenciones internacionales para garantizar y respetar los derechos de los pueblos originarios, en la actualidad las sigue violentando y promueve la criminalización de defensores de derechos humanos.
“Nosotros, los hijos y nietos del pueblo K’ak’chiquel de Panajachel estamos acá para seguir defendiendo nuestro territorio y bienes comunales de la amenaza que se llama Estado de Guatemala. Nuestras playas no se venden, se defienden”, concluyó Queché.

El pueblo K’ak’chiquel de Panajachel siempre ha preservado su territorio
Samuel Sacarías Sahon Rosales, quien formó parte durante seis años del comité de mejoramiento de la playa, fue integrante del Cocode durante seis años y ahora integra el Consejo de Ancianos de Panajachel, mencionó que las autoridades indígenas ancestrales no solo defienden y preservan su territorialidad, sino que también promueven el buen vivir en sus habitantes.
Sahon recuerda la lucha que realizaron años atrás contra las cantinas y el descontrol en la venta de bebidas alcohólicas en el barrio Jucanyá. Estas luchas, según señaló, han representado persecución penal, pero esto no los ha detenido. Así mismo, relató, aunque el pueblo de Panajachel es promocionado por el gobierno de Guatemala como un lugar turístico siempre ha existido un pueblo originario que ha vivido en San Francisco Panajachel y que durante décadas ha sido desplazado del casco urbano por intereses comerciales.
A decir de Sahon, tienen conocimiento de que en la antigüedad el pueblo K’ak’chiquel de Panajachel tenía sus títulos de tenencia de la tierra comunal.
En el peritaje : “Tierra comunal del pueblo de San Francisco Panajachel”, realizado por el abogado Juan Carlos Peláez Villalobos, se hace un análisis histórico-jurídico para comprender la reducción de la tierra comunal del pueblo Kakchiquel de Panajchel a propiedad privada municipal.
En el documento se relata que durante los años de 1887 se menciona que el pueblo de Panajachel tenía un titulo de tierras en el que consta que su territorio estaba compuesto por 30 caballerías, y otras siete de extensión, de un supuesto pueblo desaparecido, denominado San Buenaventura. Peláez Villalobos plantea la hipótesis en el peritaje que dicho pueblo pudo haber sido una invención mestiza en el período neorepublicano, con el objeto de denunciar como baldíos las mencionadas tierras -que forman parte del Ejido de Panajachel- y buscar con ello reducirlas a propiedad privada individual. Por último, el abogado menciona que este es un hecho de interés debido a que el despojo quedó documentado.

Fuente: Prensa Comunitaria
Gobierno anuncia medidas “temporales
y paliativas” frente a crisis económica
Por Juan Calles, Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022.
En una conferencia de prensa, acompañado de sus ministros, el presidente Alejandro Giammattei anunció un plan de atención y respuesta ante el aumento general de precios. El plan anunciado esta mañana consiste en un paquete de apoyo social por un monto de Q1 mil 165 millones; el presidente insistió en que son medidas temporales y paliativas.
Giammattei señaló que Q745 millones se destinarán a la ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular, aprobada por el Congreso de la República; además, Q150 millones serán asignados como apoyo temporal a los consumidores de gas propano.
Se informó, de la misma manera, que Q180 millones se destinarán para apoyar a pequeños agricultores afectados por el alza a los precios de los agroinsumos .“Más de 180 mil pequeños agricultores se beneficiarán con este apoyo”, mencionó el presidente. Por último, se indicó que Q90 millones se usarán para favorecer a los hogares que consuman menos de 100 kilovatios al mes, aumentando así la cobertura de la tarifa social por consumo de energía eléctrica.
Medidas tardías e insuficientes opinan expertos
Según el catedrático universitario y economista Luis Armando Ruiz Morales, los precios de la canasta básica vienen al alza desde antes de la pandemia de COVID-19, pero esos datos no se publicaron, ni se tomaron en cuenta, “Si se iniciara publicando la situación económica real de los guatemaltecos se podrían tomar medidas más coherentes, hay estabilidad económica, es cierto, pero esa estabilidad económica no la viven los ciudadanos guatemaltecos”, opinó el economista.
Agregó, como ejemplo, que de apoyos como el Bono Familia que se distribuyó durante la crisis por la pandemia de COVID-19 en el 2020 no se conocen resultados. “Uno no observa que haya pasado absolutamente nada en relación al beneficio de la población”, indicó.
Para Ruiz Morales, los apoyos económicos deben llegar directamente a la población y no a los intermediarios, pues, según indicó, los subsidios a la gasolina, el gas y el transporte no llegan a las familias, sino que se quedan con los empresarios.
Por otra parte, mencionó que otras instituciones del Estado deben jugar un papel importante para tomar medidas económicas que beneficien realmente a la población “Por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística, INE, debe visibilizar la situación económica real y que con sus estudios técnicos y científicos guie las medidas económicas que son urgentes y necesarias”, afirmó.
Edgar Balsells, analista económico, opinó que las medidas gubernamentales e incluso las de la oposición son propuestas fragmentadas y neoliberales. “No hay medidas de carácter integral, medidas de protección social, no entienden lo que es eso”, dijo y agregó que es notoria la crisis de gestión en las instituciones del Estado, no se atienden las necesidades reales de la población.
“El INE y el Ministerio de Agricultura y Alimentación, MAGA, denotan una debacle, por poner sólo dos ejemplos, para tomar medidas económicas coherentes se tienen que focalizar los grupos meta, pero tanto en el INE como en el MAGA muestran una grave crisis de gestión, la economía familiar campesina por ejemplo tampoco es atendida como se necesita”, sostuvo.
Por otro lado, Balsells opinó que es necesario pensar en un seguro de desempleo, como otra medida que si ayudaría a la población, “pero yo he hablado con funcionarios de gobierno y ellos piensan que estas medidas, tales como el programa Crecer Sano, Bono Familia, el seguro de desempleo, prestamos a capital de trabajo para las Micro, Medianas y Pequeñas Empresas, MYPIMES, son solo tirar el dinero, no están de acuerdo en políticas de apoyo social”.
Para Balsells, las medidas tomadas por el gobierno son fáciles, inmediatas, no resuelven la situación económica real.
Consultado el diputado Román Castellanos, de la bancada Semilla, afirmó que el gobierno de Giammattei continúa negándose a apoyar a las familias de forma directa y le da prioridad a medidas poco transparentes que los hace ver más interesados en el saqueo de fondos públicos.
“Se niegan a asistir a las familias a través de programas de ayuda económica, como subsidios para el consumo de las familias y su canasta básica, por ejemplo, el apoyo anunciado por el presidente es poco, comparado con los Q3 mil millones aprobados para asfalto y bacheo”, dijo.
Como enfrentar la crisis según los expertos
Para los analistas consultados, las familias deben cambiar sus formas de consumo, regresar a las costumbres de consumo sanas y amigables con la madre tierra. Por ejemplo, dejar de comprar comida chatarra y consumir hierbas y productos agrícolas producidos por la misma comunidad.
La organización social es también importante, “los trabajadores deben negociar mejores salarios con las empresas y con el gobierno, tomando en cuenta los precios de la canasta básica, negociar salarios que les permitan acceder a alimentos sanos y suficientes” opinó Balsells.
“Si no hay organización social si no se moviliza organizadamente, los empresarios junto a un gobierno como éste de derecha y de extrema derecha, entonces siguen ejecutando las políticas que les beneficie únicamente a ellos”, concluyó el catedrático universitario Luis Armando Ruiz Morales.
Fuente: Prensa Comunitaria
Envio:RL
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