HONDURAS.

 

Corte Suprema concede extradición 

de expresidente Hernández a EE.UU

 Resumen Latinoamericano, 17 de marzo de 2022. 

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras concedió este miércoles la extradición hacia Estados Unidos (EE.UU.) del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de traficar miles de toneladas de cocaína a ese país.

Un juez de primera instancia resolvió la noche del miércoles conceder la solicitud de extradición remitida por la corte del distrito sur de Nueva York, EE.UU., para Hernández (2014-2022).

La defensa del exmandatario informó que apelará esta decisión de la Corte, para lo cual tiene tres días a fin de llevar a cabo el proceso judicial.

La corte neoyorquina acusa a Hernández de transportar desde el país centroamericano hacía territorio estadounidense, y desde el año 2004, más de 500.000 kilogramos de cocaína.

El vocero de la CSJ hondureña, Melvin Duarte, fue quien anunció la decisión tomada por el juez Edwin Ortez, tras concluir una audiencia que se extendió por más de 11 horas con el objetivo de «presentación y evacuación de pruebas».

“Juez de Extradición de Primera Instancia resuelve: conceder solicitud de Extradición remitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York para el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández”, indicó el poder Judicial en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el portavoz del máximo tribunal del país, si la defensa del exmandatario apela el fallo de este miércoles dentro de los próximos tres días, será el pleno de magistrados de la CSJ el que decida finalmente.

Además de los delitos de la conspiración de importación de narcóticos, la justicia estadounidense acusa a Hernández de «poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos”.

Fuente: TeleSUR

Toda ley lesiva del gobierno pasado

y del actual deber derogarse

Por Viena Hernández, Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022. 

Múltiples sectores señalan que la derogación de la denominada Ley de Secretos es un avance, pero no es suficiente, pues siguen en pie varios decretos que trasgreden la trasparencia y blindan a la corrupción, estos quedaron establecidos por el gobierno pasado, pero otras, como la ley de amnistía, son más recientes.

Esa valoración también la comparte el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, quien señaló a través de su cuenta de Twitter que el Congreso Nacional ha dado un paso, pero todavía falta investigar y judicializar diversos casos para confrontar la corrupción.

Santos exhortó a derogar ágilmente los lesivos decretos 116-2019, 57-2020 y 93-2021.

Por su parte, el analista y abogado, Oliver Erazo, apuntó que esto va más allá, pues también debería analizarse la reforma o derogación a la amnistía política, denominada “pacto de impunidad”.

En ese sentido, el Poder Legislativo debe derogar todo proyecto de decreto que sea constitutivos de mantos de impunidad, por eso hizo hincapié a observar la ley de amnistía que también está generando impunidad para altos funcionarios.

“Para dar ejemplo, debemos comenzar a revertir todo, no solo la viga del vecino, también la propia”, indicó el abogado, quien agregó evitar solo perseguir las acciones nefastas de los azules, sino también las de los rojos.

Erazo está de acuerdo con que se eliminen los decretos antes mencionados, pero sin olvidarse de tomar nota ante las leyes creadas por el nuevo Congreso Nacional, que también han sido cuestionadas por diversos sectores.

Cabe recordar que, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), manifestó su preocupación por la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Liquidación y Rendición de Cuentas, Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales contenida en el decreto 116-2019, el cual entró en vigencia el 18 de octubre de 2019, estaba encaminado a reactivar el Fondos Social Departamental (FSD).

En aquel entonces, la MACCIH explicó que la ley conocida como “Ley de reactivación del Fondo Social Departamental”, serviría para dificultar las investigaciones por malversación de fondos de bienestar social o fondos proporcionados por el Estado para los más necesitados. Otra medida introducida por la ley fue el retraso de hasta siete años para iniciar las investigaciones del Ministerio Público.

La MACCIH advirtió que la ley vulnera la Constitución por atribuir al Poder Legislativo acciones que le corresponden al Ejecutivo, además, la contradice al atribuir al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) capacidades que constitucionalmente corresponden al Ministerio Público.  

Por tanto, el decreto 116-2019 es una ley que limita las acciones del MP al momento de requerir a instituciones públicas del estado, descentralizadas, alcaldías, Congreso Nacional, las ONG que cometan actos ilícitos en la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de los fondos públicos.

El abogado Erazo dijo a Criterio.hn que en ningún momento tener el poder debe ser oportunidad para cubrirse de impunidad, si es así, cualquier derogación carecerá de coherencia al revertir acciones del gobierno pasado, pero crear otras.

“Independientemente que a los amigos diputados les moleste cuando se les analiza sus actuaciones, también cuando son buenas hay que elogiarlas”, destacó el togado, al tiempo que reconoce que se les aplaude cuando ejecutan buenas acciones a favor de las mayorías.

BANDERILLAZO PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN

En cuanto al decreto 57-2020, aprobado en mayo de 2020 por los congresistas del pasado gobierno, donde contemplaron tres artículos del Código Procesal Penal (217, 219 y 220) referente a las disposiciones de decomiso y secuestro de documentos u objetos relacionados con la investigación de un delito.

El objetivo del decreto ha sido limitar los decomisos y secuestros de documentos por parte de la fiscalía, que ahora debe esperar la autorización de un juez, lo que da la oportunidad para que los implicados oculten, eliminen o modifiquen los documentos.

El otro duro golpe para frenar la lucha contra la corrupción, aconteció con la aprobación de decreto 93-2021, en noviembre de 2021, aprovechándose de esto, los diputados nacionalistas y liberales se confabularon para reformar varios artículos del Código Penal acerca de la Ley de Lavado de Activos y otras figuras jurídicas.

Al respecto, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) había hecho un análisis sobre esas reformas, las que, en conclusión, representaron una violación a las garantías judiciales.

El especialista en temas jurídicos, destacó que todo lo que se desvié del marco institucional y del marco legal, por responsabilidad, se debe advertir y proceder a cambiarlo.

Ante todo, estimó que aparentemente la lucha contra la corrupción para generar un gobierno transparente, -distinto al del expresidente y ahora extraditable Juan Orlando Hernández-, parece estar dando sus primeros pasos.

Sin embargo, debe tenerse especial cuidado porque, “por un lado, se puede dar el banderazo de combatir la corrupción, pero por otro lado se crean leyes de impunidad”, concluyó el togado.

Fuente: Criterio

Laura Zuñiga Cáceres: “Que la ganancia 

de una mujer presidenta se refleje 

en ganancia de derechos para las 

mujeres

Por Júlia Martí Comas. Resumen Latinoamericano, 18 de marzo de 2022.

Laura Zúniga Cáceres, hija de Berta Cáceres y militante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), participó recientemente en un encuentro sobre fundamentalismos organizado por Medicus Mundi Gipuzkoa. Sobre la situación de su país y la lucha por justicia para Berta, cuando se cumplen seis años de su asesinato, hablamos con ella en esta entrevista.

Quería empezar preguntándote por el juicio por el asesinato de tu madre, ¿cómo lo habéis vivido?
Una de las cosas que siempre peleamos era el tema de la investigación. Porque en su momento, cuando fue el asesinato, exigíamos que hubiera una comisión internacional independiente, por la desconfianza que había, y no se nos dio. Pero peleamos bastante el acceso a la información, y logramos aclarar las líneas de acción que tuvieron los asesinos de mi madre. Esto fue muy importante y nuestra primera victoria. Luego se dio el juicio contra ocho personas acusadas de haber participado en la parte material, los gatilleros que se dicen. De estas ocho personas se condenó a siete, a las cuales se hizo un fallo de culpabilidad y también una sentencia que todavía estamos esperando.

-¿En qué situación quedó la empresa?

-Luego se inició el caso contra David Castillo, el gerente general de la empresa. En el transcurso del juicio, pudimos evidenciar que esta persona tenía formación militar y que la había utilizado para la persecución y el seguimiento de las comunidades, específicamente contra mi mami, contra Berta Cáceres. Fue importante el debate que se dio en el juicio: ¿para qué está funcionando la formación militar en Honduras? En este caso, él fue estudiante de West Point, lo que demuestra qué tipo de formación dan los Estados Unidos.

El fallo de culpabilidad contra David Castillo fue muy importante, porque es la primera vez que un directivo de una empresa es condenado por asesinato

Sobre cuál era el rol que tenía, lo que evidenciamos es que era coautor. Es decir, él no fue parte de la autoría intelectual. Era un engranaje más de toda esta estructura, por lo que aún faltan las autorías intelectuales, que es lo que seguimos exigiendo. Sin embargo, el fallo de culpabilidad contra David Castillo fue muy importante, porque es la primera vez que un directivo de una empresa es condenado por asesinato. Además, eso puso mayor responsabilidad sobre los bancos y financiadores de esta empresa, que estaban articulando con criminales.

-¿Y qué pasa con la sentencia?

-El 3 de abril se va a hacer la lectura de la sentencia, con la argumentación de por qué es culpable. La estamos esperando porque es otro momento que puede ser también de debate o de fragilidad. Así que nada, estamos en esa, esperando también para defender el fallo de culpabilidad, porque sabemos cómo se mueven las cosas en Honduras, y puede darse un fallo para aliviar la tensión que de aquí a unos años lo puedan romper.

-Te quería preguntar también por los cambios que está habiendo en Honduras, con la nueva presidenta Xiomara Castro y la detención del expresidente Juan Orlando Hernández. ¿Crees que es un momento esperanzador para los movimientos sociales o estáis alerta por lo que pueda pasar?

-Una de las cosas que hemos aprendido en Honduras y en América Latina, en relación con los gobiernos progresistas, es que siempre hay que estar alerta. Sabemos que el poder está más allá de los gobiernos, sobre todo en Honduras, donde han sido doce años de la estructuración del Estado en favor de las empresas extractivas, con toda la criminalidad también. Sabemos que unas elecciones no van a desarticular estas estructuras, que están ahí enquistadas y que han funcionado y se han perfeccionado a lo largo del tiempo.

Se hizo un ejercicio de disputa de la democracia, después de doce años donde vivimos un golpe de Estado, fraudes electorales, cambio de la Constitución sin la más mínima legalidad…

Esto por un lado, pero yo creo igual que es muy esperanzador, porque lo primero es que es una mujer que llega a la presidencia con un discurso progresista. Hablando, por ejemplo, de la moratoria a los proyectos extractivos, de justicia para Berta Cáceres, de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, etc. Llega también con una amplia mayoría, que es importante porque se hizo un ejercicio de disputa de la democracia, después de doce años donde vivimos un golpe de Estado, fraudes electorales, cambio de la Constitución sin la más mínima legalidad. Estamos en un momento de disputa del mismo Estado, de las mismas instituciones. También el poder judicial está activando una mayor represión, mayor confrontación contra los movimientos y las personas que estamos en lucha.

-¿Cómo os situáis ante esa coyuntura?

-Todo esto implica varios desafíos. El primer desafío tiene que ver con la apuesta por las políticas públicas en favor del pueblo, creo que tener un gobierno que lo haya prometido nos da, digamos, la posibilidad de exigirlo. Como movimientos hemos aprendido a tener autonomía sobre los gobiernos y los Estados, entendiendo que son nuestros recursos, que es nuestro trabajo, pero sin dejar de lado que en realidad tenemos que seguir defendiendo los territorios, que seguimos —por lo menos desde las comunidades indígenas— construyendo autonomía, proponiendo nuevas formas de relacionarnos que tengan que ver con justicia, con igualdad, con respeto. Entonces creo que va a ser un momento, si baja la represión, para fortalecernos en este sentido, y de articulación con otras organizaciones e instituciones también.

No es que somos ingenuos o ingenuas en apostarle todo a un gobierno, tampoco es que estemos tristes, estamos alegres. Para nosotros Juan Orlando, el que fue presidente cuando el asesinato de mi mami y que acaba de entregar el poder, es uno de los culpables también del asesinato. Y que vaya preso, más allá de que no sea directamente por el crimen de Berta Cáceres pero sí por sus actos de corrupción y criminalidad, es algo bueno. Lo malo es que va en un sistema de justicia que no es el hondureño, porque todavía ahora no podemos apostar a que funcione el sistema judicial en Honduras. Ahí hay también cuestionamientos que tenemos que llevar adentro de la población, para debatir por qué necesitamos que venga otro gobierno a hacerlo, pero estamos alegres.

-¿Cuál va a ser la reacción de las empresas transnacionales y de los grupos criminales con este nuevo gobierno?

-Yo creo que van a tratar de presionar, de seguir con sus prácticas de violencia. Ha habido una respuesta agresiva de parte de estos sectores de poder, lo hemos visto por ejemplo con la persecución que se ha hecho a los compañeros y las compañeras defensoras del río Guapinol, que es uno de los casos que se está peleando bastante. Son ocho compañeros que fueron criminalizados por defender el río de las actividades de una minera, en una zona que es una reserva protegida y donde vive una comunidad. Los han encarcelado, los declararon culpables y, aunque hubo algunos actos que hicieron retroceder el fallo, siguen presos, a pesar de que deberían estar libres.* Sus familias hoy continúan denunciando tiroteos, represión y persecución a las mujeres —a sus compañeras o a sus madres—, que son a quienes les ha tocado hacerse cargo de esta lucha.

Estamos viendo que, frente al avance que pueda haber, también hay una respuesta de mayor violencia y agresividad

Estamos viendo que frente al avance que pueda haber, también hay una respuesta de mayor violencia y agresividad. Creo que esto se va a intensificar en este tiempo, mientras no logremos desarticular realmente este tipo de estructuras que son industria extractiva, pero también son de criminalidad. Lo vimos en el caso de mi mami, con la articulación del narco y las empresas extractivas, y lo vemos con el uso de los militares y paramilitares como forma de oprimir o de generar terror en la población.

-Sobre el movimiento feminista y de mujeres, se acerca el 8 de marzo y no sé cómo se está organizando en Honduras esta fecha, si va a haber alguna reivindicación en concreto.

-Si bien hay algunas organizaciones que se están activando, todavía no nos hemos puesto tanto las pilas. Pero creo que nos encuentra de otra manera a las mujeres, estamos con una mujer presidenta por primera vez en la historia de Honduras, está una mujer gobernante y creo que esto también da un mensaje de que las mujeres tenemos capacidad de gestionar, de liderar. El reconocimiento de la sociedad a través del voto hacia esta mujer es algo importante.

Nos encontramos también con un gabinete que tiene a muchas compañeras que han sido parte de los procesos feministas, por ese lado va a haber alegría. Y va a haber también mucho cuestionamiento con que haya un mayor avance en derechos sexuales y reproductivos, que durante el golpe de Estado se echaron para atrás con ayuda de los militares y la iglesia. Ahora, por ejemplo, se está peleando por las pastillas anticonceptivas de emergencia, que es algo que está prohibido en Honduras y queremos que vuelva, por que haya mayor educación sexual… Va a ir por este lado, por la reivindicación de los liderazgos de las mujeres pero además con la necesidad de que se profundicen los derechos, que esta ganancia de una mujer presidenta implique o se refleje en ganancia de derechos para las mujeres hondureñas.

-Has comentado la importancia que han tenido los liderazgos de mujeres en la lucha por la defensa del territorio, ¿cómo vivís este momento?

-Ha sido bastante esperanzador ver cómo nos estamos viendo reconocidas como sujetas por el mismo Estado, que es algo que no había pasado antes, que se llame al diálogo a las mujeres que están haciendo la lucha territorial es importante. La gente está organizada y ha presentado diversos planes sobre cómo queremos que el gobierno trabaje respecto a la tierra y el territorio. Sobre todo, lo que yo he visto es bastante alivio, venimos de un gobierno machista que legitimó la violencia contra las mujeres, muchas lo hemos vivido en el cuerpo.

Hoy por lo menos nos vamos a alegrar de que nombren a nuestra compañera Berta Cáceres, que reivindiquen a los pueblos indígenas, a las mujeres como sujetas válidas que podemos proponer

Cuando estábamos en la toma de posesión de Xiomara una compañera me dijo “ahora ni el cuerpo me duele”. Venimos jalando estos dolores. Entonces, para mí, fue decir “démonos chance de tener esperanza”, que no significa que estemos renunciando a la lucha, pero sí que hoy por lo menos nos vamos a alegrar de que nos nombren, que nombren a nuestra compañera Berta Cáceres, que reivindiquen a los pueblos indígenas, a las mujeres indígenas como sujetas válidas que podemos proponer. Es algo que es interesante, que estamos viviendo y lo estamos disfrutando. Vamos a ver cómo funciona, pero hay un gobierno progresista y el expresidente está siendo extraditado, así que por ahora estamos alegres.

-Y es una victoria que también responde a vuestra lucha, ¿no? Lo podéis reivindicar como una victoria después de todos estos años peleando.

-Lo es. Que el discurso de toma de posesión sea de moratoria a las empresas extractivas tiene que ver con lo que peleamos para denunciar lo que está haciendo el extractivismo en nuestros territorios. Que se hable de Berta Cáceres es porque esta figura la peleamos, la luchamos. La justicia fue una bandera que agarramos y que levantamos durante todos estos años. Las comunidades estuvieron durmiendo afuera de la Corte durante tres meses, con lluvia, con lo que había, y esto era una reivindicación comunitaria, feminista. Era el campamento feminista Berta Vive. Estas cosas también se reflejan, no es que la presidenta dijera “esta lucha me cae bien”, sino que la hicimos visible.

Hemos vivido un golpe de Estado, hemos vivido más de 500 años de violencia, sabemos lo que es luchar y un cambio de gobierno no va a hacer que dejemos la lucha

Es parte de nuestra construcción, estoy bien alegre porque lo hemos hecho nosotras. Cuestionar la figura de Juan Orlando Hernández, fuimos nosotras las que estuvimos en esto. Fueron las comunidades, fue el pueblo, no sale de la nada. Hemos vivido un golpe de Estado, hemos vivido más de 500 años de violencia, sabemos lo que es luchar y un cambio de gobierno no va a hacer que dejemos la lucha. Pero si nos da mejores condiciones, si tenemos mayores posibilidades de vivir, pues buenísimo.

-Antes comentabas el tema de la migración, que es otra problemática que está atravesando Honduras por toda la gente que se ha tenido que ir, y planteabas la responsabilidad que tenemos desde aquí como territorio de llegada.

-El debate es entender que el extractivismo no funciona solo para los bienes comunes sino también para las personas. Hemos vivido el extractivismo de personas, que cuando llegan son mano de obra barata, cuerpos desechables, violentados. Con unas leyes antimigración y unos discursos de violencia que ayudan a vulnerabilizar a estas personas, no es que vaya a haber menos migración, menos exilio, solo es que se vulnerabiliza más. La humanidad es migrante, todas hemos sido parte de oleadas de migración más pequeñas o más grandes, no es que este pueblo esté exento de haber migrado.

Esperamos que este nuevo gobierno dé mejores condiciones para que no tengamos que irnos, pero en el caso de que la gente migre, que encuentre condiciones de dignidad, no de explotación ni de violencia, o de tener miedo, porque a la derecha se le ocurrió que el nuevo enemigo interno va a ser la migración. Generar mayor empatía, mayor conciencia, y que se acompañe estos procesos que son dolorosos, que no es fácil migrar, que no es fácil irse de tu país.

Unos días después de realizar esta entrevista, el 24 de febrero de 2022, los defensores del agua de Guapinol fueron liberados tras una lucha de treinta meses por su libertad.

Foto: Lucía Pérez Prat

Fuente: El Salto

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