Informe de la JEP: Al menos 5733
personas de la Unidad Patriótica
fueron víctimas del exterminio por
parte del ejército y el paramilitarismo
Resumen Latinoamericano/Contagio Radio, 23 de abril de 2022.
Fotografía cortesía Verdadabierta.com
El viernes 22 de abril a las 11.30 de la mañana la Jurisdicción Especial para la Paz presentó la priorización llevada a cabo en el macro caso que indaga sobre el exterminio de miembros del partido Unión Patriótica.
La investigación, así como lo explicó la presidenta de la Sala de Reconocimiento, magistrada Belkis Florentina Izquierdo, abarca el periodo 1984 – 2016. La JEP concluyó que en este lapso al menos 5733 integrantes de la UP fueron asesinatos o desaparecidos (4616 víctimas de homicidio, 1117 desaparecidos forzadamente). Se encontró, además, que en la mayoría de los casos los responsables pertenecían a grupos paramilitares, militares, policiales y del DAS.
Según la magistrada Izquierdo, “la violencia contra la militancia de la UP fue prevalentemente letal, pues aproximadamente dos de cada tres hechos de violencia contra ese partido se concretaron en asesinatos y desapariciones forzadas”.
Las regiones más afectadas en este patrón de violencia han sido el Ariari-Guayabero, el Magdalena Medio, el Urabá, Cundinamarca-Sumapaz y el Tolima.
Para la investigación la JEP revisó material e informes procedentes de diferentes organizaciones y entidades, entre ellos: información del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Cancillería junto con el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas. Además, un informe de la Corporación Reiniciar que agrupa a víctimas de la UP.
Denuncian la masacre número 34
durante el 2022: tres personas
asesinadas
Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.
Hasta el 18 de abril de 2022 Indepaz reportó 33 masacres con 122 víctimas fatales.
Tres personas fueron asesinadas el jueves en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
Una de las víctimas fue baleada en la trocha Los Mangos en el Corregimiento de La Parada, mientras que el resto fueron asesinados en la trocha La Ramona en el Corregimiento de Juan Frío
La masacre tuvo lugar en el Departamento Norte de Santander del municipio Villa del Rosario.
La Defensoría del Pueblo había emitido una alerta de riesgo electoral y señala que en el territorio fronterizo predomina el control de grupos armados de distinta índole, los cuales estorcionan y cobran por el paso de personas y mercancías.
Esta es la masacre número 34 que tiene lugar en el presente año en el territorio, a solo cuatro días de la última reportada por la organización.
Hasta el 18 de abril de 2022 Indepaz reportó 33 masacres con 122 víctimas de las cuales. La mayoría de los decesos fueron registrados en el departamento Putumayo en el municipio Puerto Leguízamo, donde 11 personas perdieron la vida
Los ‘afro’ de Santander se le atravesaron
a Ecopetrol y frenaron el fracking en
Puerto Wilches
Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.
La comunidad afrowilches ganó una tutela con la que obligó a suspender el proyecto para buscar petróleo hasta que no se hagan consultas previas
En la mañana de este jueves un juez de Barrancabermeja ordenó la suspensión del proyecto de fraking en Puerto Wilches, dándole la razón a las comunidades afrocolombianas del municipio que habían interpuesto una tutela para detener el proyecto que había sido aprobado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
El argumento del la comunidad afrocolombiana de Puerto Wilches, representada por la corporación Afrowilches y que presentaron bajo una tutela contra el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Ecopetrol, la cual el juez respaldó, fue la vulneración al derecho a la consulta previa de la comunidad.
El fallo del juez dice ordena la suspensión de la licencia ambiental de los proyectos pilotos de Kalé y Platero que se iban a adelantar en la zona hasta que se desarrolle el proceso de consulta previa con la Corporación Afrowilches en todas sus etapas.
Mientras que la comunidad celebra la decisión del juez, por su parte Ecopetrol indicó que la impugnarán, ya que para ellos no es procedente la consulta en aquel territorio, debido a que en sus estudios iniciales no se identificaron comunidades étnicas que se pudieran ver afectadas, con la idea de seguir adelante con el proyecto de exploración.
Foto: Alianza Colombia libre de Fracking
Fuente: Las 2 orillas
Con fuego y balas desalojan
irregularmente a comunidad
indígena del asentamiento Barrulia
Resumen Latinoamericano, 22 de abril de 2022.
Quema de asentamiento Indígena Barrulia. Fotografía @Corpoclaretiana.
Durante esta semana, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, ha denunciado graves vulneraciones de Derechos Humanos en territorios ancestrales del municipio de Puerto Gaitán, Meta. En concreto se está realizando un operativo de desalojo que ha violentado a la comunidad indígena de una manera desproporcionada y con uso de fuego y disparos con armas de fuego por parte del ESMAD y con presencia aparente de actores ilegales.
Además de las violaciones actuales, perpetradas contra las comunidades indígenas que habitan esa región de la Orinoquía, Óscar Martínez, enlace de la organización, señaló que existe una deuda con los pueblos que acompañan, pues históricamente fueron despojadas y han sido sometidas a un exterminio étnico y cultural en medio del conflicto armado.
Desde enero de 2020, las comunidades indígenas Barrulia, Sikuani de Iwitsulibo, San Rafael Warrojo y Tsabilonia, han realizado un proceso de recuperación de tierras, las cuales además fueron el centro del accionar de grupos armados ilegales, particularmente grupos paramilitares, quienes causaron el desplazamiento de decenas de familias por medio del terror difundido en medio de las masacres cometidas contra la población.
La Corporación que adelanta diversos procesos en defensa de las comunidades en la Orinoquía, señaló que pesé al Decreto 23333 de 2014 de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en donde se plasman diversas disposiciones para respetar la ancestralidad de los pueblos étnicos, actualmente se ha amenazado con la expulsión de las familias del asentamiento, cuya titulación beneficiaría intereses ajenos a las comunidades.
Acaparamiento de tierras y amenazas constantes victimizan a la población
Óscar Martínez, además denunció que habría un acaparamiento de tierras por parte de colonias menonitas, las cuales junto a la Fuerza Pública han hostigado a las comunidades. Ayer, miércoles 20 de abril, se denunció que empresas de seguridad de carácter privado arremetieron contra los y las indígenas sin mediar palabras y con armas de fuego. La comunidad asustada tuvo que esconderse de los ataques que habrían provenido de personal de La Fazenda.
Ernesto Martínez o alías “Cajuche”, quién según la CCNPB y la misma comunidad tiene nexos paramilitares y de narcotráfico con las denominadas «cocinas», ingreso al territorio en enero de 2021 insistiendo a la Policía Nacional el desalojo de las comunidades y «advirtiendo» que si no se hacía de esa manera serían otros los medios para la expulsión.
En la mañana de este jueves 21 de abril, incluso se denunció la quema de los enseres básicos de la comunidad y de sus viviendas por parte de uniformados del ESMAD, quienes no contemplaron la situación humanitaria en la que se encontraría la comunidad tras las múltiples agresiones perpetradas.
En entrevista con Contagio Radio, Óscar Martínez denunció también que el papel de la Defensoría del Púeblo ha sido únicamente «notarial», como testigo de las vulneraciones de las que son víctimas los Pueblos indígenas tras el accionar policial y paramilitar. El enlace de la CCNPB, también manifestó que el abogado que representa a los titulantes de los predios les tomó fotografías directamente del rostro y los «amenazó» de ser líderes comunitarios, lo que representa un riesgo, no solo para las y los indígenas, sino para la misma organización.
fuente Contagio Radio
Envio:RL
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