La ley prohíbe que los policías usen munición letal en manifestaciones
Represión frente a la casa de CFK: Las balas de plomo de la policía porteña y el hallazgo de los militantes
En el operativo represivo que llevó adelante la Policía de la Ciudad el sábado pasado frente al domicilio de la vicepresidenta, a un agente se le cayeron dos cargadores con 32 balas de una pistola 9 mm., iguales a los adquiridos por el gobierno porteño en 2021. El testimonio de los manifestantes que los encontraron: "Pensamos que eran de goma, pero al llegar a casa a la noche descubrimos que en realidad eran de plomo", contaron a Página/12.
En medio de la movilización del sábado pasado en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, cuando fueron corridas las vallas y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires comenzaba a empujar con sus escudos a las y los manifestantes, a uno de los agentes que estaba en la primera línea se le cayó un estuche con dos cargadores con 32 balas de plomo. El uniformado forcejeaba contra un grupo, entre quienes había integrantes del Frente Patria Grande, que levantaron los cartuchos, pensando que eran balas de goma. Al abrirlos, horas más tarde, vieron que eran de una pistola 9 milímetros. Decidieron llevarlos a la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández quien, a raíz del despliegue y la ofensiva policial, que incluyó espionaje, había presentado uno de los primeros amparos. Las municiones fueron entregadas a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). La diputada porteña anunció que este jueves se hará una denuncia y recordó que “el personal policial no está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal, lo que demuestra la profunda ilegalidad de la que estuvo teñido todo el operativo”.
La presentación en la ANMAC se hizo para que los cargadores y las balas queden bajo “resguardo provisorio” del organismo. La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás materiales controlados (UFIARM) recibirá la denuncia este jueves. “Ambos organismos están obligados por la ley 25.938 a elaborar un informe que se aproxime a determinar el origen en este caso de los cargadores y las balas. Además, si un policía pierde o detecta la falta de municiones o armamento está obligado a denunciarlo”, señaló a Página/12 Nicolás Rechanik, el abogado que representa a Ofelia Fernández. El acta de la ANMAC detalla que “se da ingreso al siguiente material”: “Un cargador calibre 9 mm Parabellum con la inscripción P.B CAL. 9 PARA - MADE IN ITALY”. Detalla otro cargador con la misma descripción y “32 municiones calibre 9mm Parabellum”.
Es probable que los cartuchos correspondan a los utilizados por una tanda de armas que fueron importadas de Italia hace algunos años para todas las fuerzas de seguridad. No hay que descartar que haya agentes que lleven las pistolas con plomo por su cuenta, en forma oculta. El artículo 99 de la ley 5688 que establece el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires dice expresamente: “No está autorizado a la portación de armas de fuego y municiones de poder letal el personal policial que por su función en el operativo esté destinado a entrar en contacto físico directo con los manifestantes”. También dice que los uniformados deben "otorgar preeminencia a la protección de la vida y la integridad física de todos los involucrados” en concentraciones o movilizaciones. También dice, en el siguiente artículo, que deben portar “una identificación clara”.
En primera persona
Alan González y Florencia Porro se presentaron en la ANMAC este miércoles por la tarde. Alan relató a Página/12: “Estábamos sobre Juncal cuando arranca la represión eso de las 18 horas. A uno de los policías de la Ciudad entre los empujones se le cae la cartuchera y luego de que avanzan las primeras líneas de manifestantes sobre el cordón policial logro con Florencia agarrarla del suelo. Más tarde, con una represión intermitente que se encendía a cada rato por intención de la metropolitana, logramos ver que eran dos cargadores. En principio pensamos que eran de goma, pero al llegar a casa a la noche descubrimos que en realidad eran de plomo. Por temor después de vivir semejante día de violencia y dudas sobre el procedimiento, luego de que el juez (Andrés) Gallardo hizo lugar al amparo que Ofelia presentó, nos acercamos a ella para contarle lo que pasó y dejarle lo que habíamos encontrado. Ahora estamos cursando los procedimientos legales correspondientes”.
El hallazgo permite entender en forma cabal los planteos de la resolución de Gallardo, que en cierta medida buscaba frenar una escalada violenta. Por un lado, el juez señaló que las funciones de custodia de la vicepresidenta corresponden a las fuerzas federales y la policía porteña debe ocuparse de cuidar la seguridad del barrio frente a posibles delitos. De esto se desprendía que debía retirarse la presencia masiva de personal policial porteño. Pero, además, alertó sobre los peligros de una espiral violenta dada la falta de coordinación entre los gobiernos nacional y de la Ciudad. “La democracia no debe sucumbir frente a las tentaciones de la violencia represiva alentada por aquellos sectores que promueven la prevalencia de la facticidad sobre la legalidad”, sostuvo el magistrado.
La respuesta del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue anunciar que no acataría la medida cautelar y felicitó a la Policía de la Ciudad por el operativo. El juzgado había recibido amparos de legisladores/as que pedían que fuera removido el vallado (colocado para restringir el acceso a la vivienda de CFK a primera hora del sábado y que no puede leerse sino como provocación), que se permitiera la libre expresión y circulación y que advertían sobre la ofensiva policial sobre los manifestantes con carros hidrantes, gases, empujones y también con espionaje, ya que fueron identificados policías tomando fotos para individualizar participantes. Las expresiones en las modulaciones policiales específicas sobre el diputado Máximo Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, informando que no tienen fueros y había que tratarlos como “un ciudadano más”, hablan por sí mismas.
Una de las voces de respaldo al jefe de gobierno, en medio de la interna de Juntos por el Cambio, fue la de Elisa Carrió. “Yo no quiero un muerto de la policía de la Ciudad de Buenos Aires porque esa gente está desarmada ahí, pero yo no sé si los otros están armados”, dijo la dirigente. “Es una policía desarmada frente a militantes que están armados”, aventuró. El tipo de cartucho y balas hallados todo indica que la desmentirían.
La denuncia
En un video que difundió al anochecer, la legisladora Ofelia Fernández contó el hallazgo de los jóvenes de Patria Grande y mostró las fotos del estuche, los cargadores y las balas. Fue entonces que recordó la prohibición de la ley que regula la actividad de la fuerza porteña en manifestaciones públicas de llevar armas de fuego y municiones de poder letal, como otro elemento que muestra que “la ilegalidad del operativo”. “Así como reprimieron y decidían quién entraba y quién no a la casa de Cristina ahora también resulta que la policía cargaba balas de plomo y encima se les caen al piso. Es decir, lejos de garantizar la seguridad de nadie, estaban garantizando que sea un episodio de peligro para la mayoría”, advirtió. Luego mostró un mapa del lugar exacto donde se cayeron y fueron encontrados los cartuchos.
También exhibió el contrato de adquisición de ese tipo de municiones por parte del gobierno porteño en 2021. “Me parece que tienen que dar algunas explicaciones --cuestionó--. Porque pasan los días, Horacio, y seguridad, paz social, tres carajos. Pusieron a la policía a cumplir tareas netamente políticas y de manera muy irresponsable”.
Ante la embestida judicial, el Gobierno busca "deskirchnerizar" el conflicto
La estrategia del Frente de Todos para defender a Cristina Kirchner
El oficialismo insiste en remarcar en que el intento de proscripción no es solo a la vicepresidenta sino al peronismo. El respaldo a CFK fue tema central en la reunión de Gabinete.
En la reunión de gabinete que ayer por la mañana se hizo en el salón Eva Perón de Casa Rosada, el tema de convocatoria y el centro de la conversación volvió a ser el mismo que el de la noche anterior en la reunión del PJ nacional y el mismo que inquieta a todo el peronismo hace ya diez días: cómo y qué estrategias trazar para defender a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, ante la embestida judicial que pretende proscribirla para siempre y condenarla a 12 años de prisión. Todas las reuniones importantes del Frente de Todos giran en torno a eso porque, desde el Gobierno, explican, la idea es "peronizar" o "deskirchnerizar" el conflicto para que se entienda que el intento de proscripción no es solo a la vicepresidenta sino a todo el peronismo.
Uno de los primeros que puso el tema sobre la mesa y repudió el accionar del Poder Judicial durante la reunión de todos los ministros y ministras que se hizo este miércoles, fue el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Soria. A su turno, también se plegaron el titular de la AFI, Agustín Rossi, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que la noche anterior había asegurado que "creo firmemente en la inocencia de nuestra vicepresidenta".
Al finalizar la reunión, el canciller Santiago Cafiero expresó que “uno de los temas de conversación fue la persecución judicial contra nuestra vicepresidenta, que tuvo respaldo y apoyo en términos políticos e institucionales. Gran parte de los que estuvimos en la reunión de Gabinete participamos de la reunión del Partido Justicialista y desde allí también se esbozó un comunicado como parte de la pertenencia política y partidaria de cada uno de nosotros". Cafiero resaltó que "el debate no es solo en torno a una injusticia contra un ciudadano, sino que lo que este Gobierno propone es luchar contra las injusticias cotidianas, que tienen que ver con la crisis en la que está hoy el sistema judicial en nuestro país”.
El presidente Alberto Fernández es otro de los que cree firmemente que el sistema de justicia está corrompido y suele repetir que "está en riesgo el estado de derecho", sin embargo, a diferencia de la vez anterior --la primera reunión de gabinete de la que participaba el ministro de Economía, Sergio Massa-- esta vez Fernández no participó del encuentro. Manzur, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, se fueron antes de que termine porque tenían una actividad sobre Bajos Submeridionales en la provincia de Santa Fe.
La idea del Gobierno con respecto a la persecución judicial contra CFK, es que este nuevo embate de la Justicia no quede signado como algo contra la vicepresidenta sino contra el peronismo en su totalidad. "El peronismo se siente atacado y reacciona en su defensa. La persecución para el peronismo es fundante, al igual que la proscripción. Es cíclica, como la figura normativa que usa siempre la derecha, que es la de asociación ilícita", dicen.
Desde el oficialismo comparan la situación actual con la vuelta de Perón del exilio en 1972 y con las largas vigilias que los peronistas hacían en las puertas de la residencia Gaspar Campos, de Vicente López, donde vivió el expresidente Perón. "La situación se parece más a eso, que a lo que sucedía en la isla Martín García", opinan cerca del mandatario. Cerca de la vicepresidenta, en tanto, creen algo similar. El ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y secretario de la Cámpora, Andrés Larroque, también comparó la situación actual de movilización constante en la puerta de la casa de CFK, con lo que sucedió en el 72 en Gaspar Campos. Compartió en sus redes sociales un hilo de fotos de ambos momentos, con situaciones muy similares de los manifestantes y puso: "Juncal y Gaspar Campos. Impresionante recopilación".
"La derecha tiene las corridas cambiarias como herramienta de presión, nosotros tenemos las calles. CFK es la que mejor puede amplificar el mensaje del peronismo y tiene una percepción aguda de dónde está el poder: está fragmentado y los estados tienen cada vez una porción más chica, por eso la quieren fuera de juego", explican desde el Gobierno. En esa línea, consideran que es necesario federalizar y "peronizar" el conflicto, incluyendo a la CGT, a los movimientos sociales y a los gobernadores, para abroquelarse y tener más fuerza.
Otros de los temas que se conversaron en la reunión de gabinete, más allá de la persecución judicial que vive la Vicepresidenta, fue el tema económico. Massa tuvo allí un rol protagónico. Hablaron de las tarifas; de la próxima revisión del FMI --que consideran que será positiva y que se concretará el desembolso--; de los índices de empleo y también de todo lo vinculado al índice de inflación de agosto, que se dará a conocer el 14 de septiembre. Desde el oficialismo ya adelantan que el número será nuevamente alto y dicen que esa es la mayor preocupación del gobierno en este momento. ”No hay ningún tipo de ajuste. El ministro de Economía fue muy explícito al respecto en la reunión”, dijo Filmus. Lo que se hizo, aclaró, fue “una reasignación de partidas de los presupuestos subejecutados a esta altura del año".
Sobre el rol del Presidente, que últimamente quedó relegado por el protagonismo que tomaron Massa y CFK, desde su entorno opinan que "hoy el principal problema que tenemos es la inflación y por eso Sergio está en el centro de la escena. Eso está bien. El rol de Alberto ahora es ir por el territorio cosechando lo que sembró. Este es el gobierno que más obra pública hizo, se invirtió mucha plata".
El Tribunal Oral Federal 7 rechazó el pedido de Marcelo Martínez de Giorgi
Ni el juez puede acceder a los originales de los cuadernos para peritarlos
El magistrado federal Martínez de Giorgi había solicitado acceder a los cuadernos del chofer Oscar Centeno para realizar un estudio pericial, algo que increíblemente nunca pudo hacerse desde que comenzó la causa. El TOF 7 negó la autorización y respondió que todo el contenido fue digitalizado, aunque no se lo enviaron ni lo habilitaron a consultar ese material.
Los cuadernos supuestamente originales de Oscar Centeno están en una caja fuerte del Tribunal Oral Federal 7 custodiados por personal de la Policía Federal desde octubre de 2019. Los jueces los guardan ahí con un celo tal que le volvieron a negar al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi acceder a ellos para poder concretar el peritaje que ordenó en mayo. En una resolución ambigua, le dicen que todo el material fue digitalizado con fotografías de alta calidad, que tampoco le enviaron o habilitaron a consultar.
Como sea, este escenario prolonga un hecho evidente: desde que comenzó este caso en agosto de 2018 jamás se concretó un análisis pericial oficial de los cuadernos que, al fin y al cabo, fueron la base de toda esta causa con la que se obtuvo el arrepentimiento de empresarios y exfuncionarios de segunda línea, bajo amenaza de ir a la cárcel en pleno apogeo de la multiplicación de prisiones preventivas.
Martínez de Giorgi ordenó ese peritaje a raíz de un pedido del empresario Armando Losón, de Albanesi SA, quien le presentó un análisis caligráfico hecho en forma privada por el estudio Latour, de donde surgía que en los cuadernos numerados 4, 7 y 8 había por lo menos 1600 alteraciones del texto original, 1373 de ellas sobre-escritos, 195 correcciones con liquid paper y 55 enmiendas. También concluyó que podía haber dos caligrafías de personas distintas que se advierten en ciertas correcciones sobre los textos. Estos peritos privados trabajaron sobre copias digitales, pero Loson reclamó el análisis de los originales y el juez estuvo de acuerdo en que era necesario estudiarlos. El caso de este empreario tramita en forma independiente y no fue elevado a juicio oral, porque es uno de los que plantean que lo que pagaron fueron aportes para la política.
Ante el TOF 7, varios de los imputados en la causa de los cuadernos pidieron ver los originales. Uno de ellos fue el propio Centeno. El argumento del tribunal para decirles que no fue que al haber 45 personas acusadas no les parece razonable que se manipulen los escritos. Sostienen que ya hay copias digitales y fotos de alta definición para consultar y analizar, y que para los jueces es lo mismo que ver los originales. A Martínez de Giorgi todavía no le habilitaron ni eso. Le dieron a entender que no pueden distinguir esos cuadernos que él pide. Por ende, el magistrado volvió a mandar un oficio donde les dice que son los cuadernos donde hay escritos con fechas de 2013 y 2015 y con enmiendas muy notorias.
En los comienzos de la causa, el chofer dijo que tenía los cuadernos en su casa. En el allanamiento no aparecieron. Después volvió a declarar y dijo que recordó que los había quemado en la parrilla. En octubre de 2019, cuando faltaban cuatro días para las elecciones presidenciales, una persona que no se identificó le entregó seis de los ocho "originales" que parece que no habían sido alcanzados por el fuego al periodista de La Nación Diego Cabot.
El tribunal del caso cuadernos está integrado por Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli. Este último es uno de los jueces designados a dedo, por el mecanismo de traslado, por Mauricio Macri. Venía de un tribunal de San Martín. Presentó una demanda, igual que los camaristas de Comodoro Py Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. La Corte Suprema se pronunció sobre ellos, al decir que los traslados no pueden ser definitivos, pero el planteo de Castelli sigue pendiente.
¿Qué argumentó Martínez de Giorgi para ordenar el peritaje oficial? Dijo que era necesario determinar “si los textos" de los cuadernos "pertenecen o no a un mismo puño escritura”; “si se aprecian sobre-escritos, testados, o cualquier tipo de adulteración y/o modificación”; “de encontrarse sobre-escritos que modifiquen el texto original”, pidió que “se estudien las alteraciones individualizando y cuantificando las mismas”. Además señaló la necesidad de precisar el contenido de las anotaciones originales donde había enmiendas: por ejemplo se enmendó el nombre "Marcelo" para que dijera "Armando" (por Loson) y donde decía "Alem 850" pusieron "Alem 855", que es el edificio donde estaba la empresa de Loson, Albanesi SA, al igual que Odebrecht y Oil Combustibles, entre otras.
Otra de las grandes dudas es si se podrá determinar cuándo fueron escritos los cuadernos: las fechas que figuran en los escritos abarcan desde marzo de 2005 hasta 2015, pero hay dudas de que hayan sido escritos en ese momento.
La reacción ante el proyecto para demoler el edificio de Desarrollo Social
Moritán y el empeño por destruir los símbolos del peronismo
Artistas plásticos, urbanistas y políticos salieron al cruce de la insólita iniciativa antipiquetera del legislador de JxC. El edificio es el primer rascacielos porteño e icono peronista.
Prohibir, proscribir y demoler. El universo semántico y político de Juntos por el Cambio engendra violencia y multiplica odio. “Hay un empeño por destruir los símbolos que tienen que ver con el peronismo”, afirma el artista plástico Daniel Santoro sobre el insólito proyecto de ley que presentó el mediático legislador porteño de Republicanos Unidos, Roberto García Moritán, con el que busca extirpar del paisaje urbano el emblemático edificio donde funciona el Ministerio de Desarrollo Social, ubicado sobre la Avenida 9 de julio, “para mejorar la circulación y disminuir los piquetes”. No es casual que la propuesta la haya presentado el 31 de agosto, el mismo día del histórico renunciamiento de Evita en 1951, cuando anunció su “irrevocable decisión” de renunciar a la candidatura como vicepresidenta de la nación.
El proyecto
García Moritán comunicó su propuesta en Twitter: “Acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de Desarrollo Social ubicado en la 9 de Julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la CABA por culpa de Nación. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan la vida a los demás”, escribió Moritán, quien ingresó a la Legislatura porteña en la lista de Ricardo López Murphy e integra el espacio de Juntos por el Cambio. En los últimos meses, en el marco de un duro contexto económico para los sectores populares, distintas organizaciones sociales impulsaron manifestaciones y acampes en el Ministerio de Desarrollo Social para reclamar más planes sociales y asistencia a los comedores comunitarios, entre otras demandas. En junio, en una protesta organizada por el Polo Obrero, el mediático legislador se acercó a un grupo de mujeres y fue increpado por varios manifestantes y dirigentes por ser “antipiquetero”.
El articulado de la iniciativa informa cuál será el uso que se hará del espacio. “El terreno será destinado a la ampliación de la Avenida 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito”. Según el texto presentado, el Poder Ejecutivo debería solicitar al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación de los bienes dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley, en caso de ser aprobada, y esa entidad tendría 90 días más para realizar las asignaciones de valor. El legislador de Juntos por el Cambio propone también que la Ciudad se tenga que presentar ante “la autoridad competente” para darle a conocer los términos de la demolición y ofrecerle la indemnización que corresponda. “Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputarán mediante reasignación de partidas correspondientes al año en curso”, se expresa en el último artículo del proyecto.
Nivel superior de gorilismo
Matías Barroetaveña, legislador por el Frente de Todos, apela a la ironía cuando dice que la iniciativa de García Moritán es “una idea que seguramente tuvo su agencia de publicidad para ganar un poco de visibilidad” y que el problema del tránsito en la ciudad “se va a resolver construyendo subtes” y no demoliendo un edificio histórico. “Frente al odio triunfa el amor, y esto no va a ser una excepción”, augura Barroetaveña y advierte que no cree que el proyecto se debata en el bloque o que llegue a las sesiones. “Es solamente una provocación mediática para poder figurar en términos de esta pelea que tienen entre ellos para ver quién es más antiperonista”, agrega. Aunque Juntos por el Cambio tiene mayoría propia en la Legislatura porteña, por tratarse de un edificio de gestión nacional, se debe cumplir con algunos requisitos previos como la declaración de utilidad pública del edificio y su posterior expropiación. En caso de avanzar en la legislatura el polémico proyecto de García Moritán implicará un aumento en la conflictividad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Ciudad.
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, expresó su rechazo en las redes sociales. “El legislador porteño Roberto García Moritán quiere demoler el emblemático edificio de la Av 9 de Julio con la imagen de Evita el día en que se recuerda su renunciamiento histórico”, sostuvo Cerruti y concluyó: “Desbloqueó un nivel superior de gorilismo”. En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dijo que los problemas de la Argentina “son demasiado profundos como para resolverlos por Twitter y de manera sensacionalista”. “No se mejora la realidad de ningún argentino demoliendo edificios”, aseguró Zabaleta.
Patrimonio urbano
El inmueble de diseño racionalista que el mediático legislador quiere eliminar de la trama urbana se inauguró en 1936 y fue la sede del entonces Ministerio de Obras Públicas (MOP). Considerado el primer rascacielos de la ciudad, está ubicado entre las avenidas Belgrano y Moreno, tiene 93 metros de altura y 22 pisos. Hernán Bisman, editor y curador de arquitectura, señala que el edificio donde funcionó el Ministerio de Obras Públicas es “un ejemplo de arquitectura racionalista de primerísimo nivel”. “El cariño al patrimonio clásico se fue consolidando en los últimos tiempos en la población y en los gobiernos. Ya está mal visto y es condenado socialmente demoler un edificio de arquitectura clásica. Es una locura en términos culturales, una barbaridad en términos intelectuales y de ninguna manera me parece razonable. Sería un delirio y una gran pérdida para el patrimonio de la Ciudad”, fundamenta Bisman.
En 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró a Eva Perón “Mujer del Bicentenario” y decidió instalar dos imágenes icónicas en las fachadas norte y sur del edificio del Ministerio de Desarrollo Social, llamadas “Eva de los Humildes” y “Eva”, realizadas por el escultor Alejandro Marmo, con la colaboración del artista plástico Daniel Santoro. Durante los cuatro años del macrismo las imágenes de Evita permanecieron apagadas y nunca hubo una explicación oficial sobre los motivos por los cuales se tomó esa decisión, aunque el argumento extraoficial alegado era “la necesidad del ahorro de energía”.
Limpieza simbólica
Santoro recuerda que Carlos Menem también intentó destruir el mismo edificio para “liberar” la Avenida 9 de julio y mejorar el tránsito; pero entonces no estaban los dos retratos de Evita en la fachada. Para el artista plástico el edificio de Desarrollo Social tiene un sentido emblemático similar al Obelisco. “El Obelisco causa mucho más daño desde la circulación que el edificio del Ministerio de Desarrollo Social porque de hecho angosta muchísimo la avenida. Ninguno de los dos podrían ser demolidos”, aclara Santoro y menciona que en el siglo pasado hubo “muchos imbéciles” que propusieron demoler la Torre Eiffel. “Siempre hay tontos que quieren demoler emblemas urbanos por una cuestión puramente ideológica. A esta altura no tiene otra lectura; hay un empeño por destruir los símbolos que tienen que ver con el peronismo, como lo hicieron en su momento con la quinta presidencial (Palacio Unzué). Siempre está operando esta piqueta de limpieza simbólica”, explica el artista cuya obra despliega, pintura tras pintura, una indagación extraordinaria de la iconografía peronista.
Santoro vive a dos cuadras del edificio que García Moritán quiere extirpar del paisaje urbano. “La gente va al Ministerio de Desarrollo Social a sacarse fotos con los retratos de Eva. El edificio hoy es también un emblema turístico”, analiza el artista plástico. Eva Perón ya no es un símbolo que encarna al peronismo, es mucho más que eso, es un ícono del uso turístico, como lo es el Che Guevara también. “Esta propuesta es de un antiperonismo rancio y antediluviano; es lo peor que ha quedado de ese antiperonismo violento que sanciona la memoria del peronismo e intenta que se olvide como una especie de pesadilla de las clases altas”, reflexiona el autor de Manual del niño peronista y desestima que esta iniciativa pueda prosperar porque hasta “el negocio del turismo se dañaría” con el proyecto de García Moritán.
Hay una especie de fetichismo, evalúa Santoro, en esta empresa de demolición. “El edificio encarna el mal que para ellos el peronismo produce en la sociedad. Se destruye el edificio, se destruye el peronismo, se olvida el peronismo. El asesinato político también es eso: se mata a alguien y, como se suele decir, muerto el perro se acabó la rabia. Lo de García Moritán es un intento de magnicidio político que busca terminar con la memoria del peronismo eliminando un edificio”, subraya Santoro la lógica de razonamiento de Juntos por el Cambio. “No es solo la valla en torno a la casa de Cristina, acá le están queriendo cobrar otro vuelto”, concluye Santoro.
Pedido de unidad y críticas por el momento del anuncio
La respuesta del Gobierno a Juan Grabois ante el posible quiebre del bloque en Diputados
El ministro bonaerense Andrés Larroque dijo que "la decisión, de mínima, es inoportuna" y remarcó que sus expresiones se interpusieron a la centralidad que tenía en la agenda pública el respaldo a Cristina Kirchner.
Repercusiones tras los dichos de Grabois
"La decisión, de mínima, es inoportuna", dijo Andrés Larroque. El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense afirmó que no comparte la postura de Grabois y remarcó que su anuncio se interpuso con la centralidad que tenía en la agenda pública "la recuperación de la épica y la mística del peronismo", a partir del amplio respaldo a Cristina Kirchner por el pedido de condena en la causa Vialidad. Sobre las demandas exigidas por las organizaciones sociales, Larroque explicó que las primeras medidas económicas que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvieron orientadas a contener la corrida cambiaria que heredó de la gestión de Martín Guzmán. "Si se profundizaba la corrida, con un número de inflación muy alto, teníamos un combo explosivo. Tenemos que salir de eso para recuperar el camino original", aclaró el secretario general de La Cámpora en declaraciones a radio Metro.
Desde el sector que lidera Alberto Fernández subrayaron, una vez, la importancia de mantener la unidad en la coalición de Gobierno. Al término de la reunión de Gabinete, el Canciller Santiago Cafiero afirmó ayer que tienen "aprecio y respeto por todos los dirigentes y, sobre todo, con Grabois" y que pretenden "continuar acercando posiciones". "El gran desafío del Presidente siempre fue sostener y ampliar la unidad del Frente, esa es la garantía de que el macrismo no vuelva con sus políticas de ajuste", agregó. Así, convocó a sostener "un espacio de diálogo, discusión y debate" en el Frente.
"Más allá de la decisión, el argumento es válido", indicó el coordinador de Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez sobre el reclamo del Frente Patria Grande en cuanto a reforzar los ingresos de los trabajadores. En ese sentido, afirmó que si bien es cierto que es necesario "fortalecer la política social", esas "discusiones que hay que darlas al interior" de la coalición. Con respecto a la situación económica, el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social sostuvo que "Argentina vive tiempos muy difíciles" y que el Gobierno está en una situación de "fragilidad para discutir con sectores concentrados" del sector agroexportador "que poseen el acceso a divisas y, hace meses, llevan adelante una extorsión en relación a liquidar o no y a qué tipo de cambio". "Hay que encontrar un equilibrio entre estabilizar la macro con políticas de distribución. Eso lleva tiempo y necesitamos la unidad del Frente de Todos para lograr ese objetivo", concluyó Menéndez.
Para el Frente Patria Grande el tiempo de espera se agotó. El anticipo de Grabois tomó por sorpresa al grueso del Frente de Todos y fue leído como un ultimátum. A un mes del desembarco de Sergio Massa en el Ministerio de Economía, no recibieron respuestas concretas a sus demandas enfocadas a garantizar un piso mínimo de ingresos para los trabajadores más vulnerados de la economía infomal. Por eso, el próximo domingo en un congreso partidario resolverán conformar sus propios bloques legislativos, tanto a nivel nacional como en la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Resta definir si estarán incluidos en un interbloque del Frente de Todos, un esquema que le permitiría al oficialismo continuar siendo la primera minoría en Diputados. En ese caso, Patria Grande seguiría en la coalición, pero con una mayor autonomía para afrontar los debates legislativos y para negociar políticas de ingresos.
Durante toda la jornada de ayer, el kirchnerismo y el massismo cruzaron llamados telefónicos para intentar frenar el quiebre del bloque. Pretenden, a contrarreloj, torcer la postura de Grabois y poder conservar a los tres diputados que forman parte de la agrupación —Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman—, junto a la legisladora porteña Ofelia Fernández y la diputada bonaerense Lucía Klug. En Patria Grande, aseguran que más que llamados, esperan anuncios. “Nos mintieron durante 25 días. Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, sentenció el miércoles Grabois.
Fuente:Pagina12
01.09.2022 / INVERSIÓN
El Gobierno anuncia un acuerdo entre YPF y Petrobras para potenciar el gas y conseguir dólares
Alberto Fernández encabeza, junto al titular de YPF, el anuncio de la Alianza entre YPF y la petrolera Petrobras para la Industrialización del Gas No Convencional", en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. El proyecto permitiría incluir la construcción de un gasoducto similar al Néstor Kirchner.
DETALLES DEL ACUERDO
El aumento de la producción gasífera, el de la capacidad de transporte y la instalación de una planta de GNL, serían las tres patas principales del proyecto. La planta de GNL se ubicaría en Bahía Blanca, YPF asumirá la mitad de la inversión y será titular del 51% de la planta. Una nota del medio Cenital que fue confirmada por fuentes oficiales afirma “la inversión directa e indirecta inicial del proyecto sería de al menos 10 mil millones de dólares para comenzar una producción relevante y el total del proyecto hasta su etapa final alcanzaría los 40 mil millones de dólares”.
El proyecto prevé entonces la construcción de un gasoducto de características similares al Néstor Kirchner, que por estos días da los primeros pasos de su construcción. El proyecto, de completarse en toda su extensión, “permitiría exportar el equivalente a 460 barcos regasificadores al año en la próxima década”. Para tomar una dimensión, “todas las importaciones argentinas de este año equivalieron a 22 buques”.
POTENCIAL DE INGRESOS
Con el proyecto funcionando plenamente, “serían unos 125 millones de m3 por día”. Sin usar los precios actuales y pensando en un escenario ciertamente más normal, “las exportaciones podrían alcanzar los 50 mil millones de dólares por año”. De esta forma, en poco tiempo se conocerá un proyecto que podría marcar un antes y un después en la economía argentina; sobre todo, en materia de ingreso de dólares y de explotación.
Juntos por el Cambio
Cristina Kirchner volvió a ser celebrada por la militancia tras 10 días de vigilia, pese a Larreta
El jefe de Gobierno porteño volvió a criticar a la Vicepresidenta y a los manifestantes que la apoyan, al igual que al juez que le ordenó el cese del operativo. La militancia recibió a CFK al regreso a su casa con saludos y festejos. Hubo un repartidor que quiso agredir pero termino preso.
El alcalde porteño afirmó en otra entrevista, esta vez a un medio de Rosario, que está "administrando" las manifestaciones en el barrio de Recoleta e insistió en que no permitirá que se vuelva algo estable. "Eso ya no es una manifestación, es un acampe. Ahí es donde no podemos permitirlo", advirtió.
"Hoy estamos administrando una situación de manifestación, que es un derecho constitucional, intentando que disrumpa lo menos posible la vida del barrio", dijo, muy en línea con el discurso que le impusieron sus pares del PRO.
Asimismo volvió a arremeter contra el juez Roberto Gallardo y su fallo que ordenó remover el operativo de seguridad montado en Uruguay y Juncal. "La orden es impracticable, porque dice que nos abstengamos de cuidar a la Vicepresidenta, pero no habla del resto de los vecinos. Es un fallo político, es inconsistente", dijo Larreta sin precisiones.
Finalmente, minimizó la importancia del debate en torno al vallado y al operativo de seguridad: "Como jefe de Gobierno le doy importancia al conflicto que tenemos en la calle, pero no tenemos que distraernos porque los problemas de la gente pasan por otro lado".
La Vicepresidenta, en tanto, estuvo fuera de su domicilio después de las 13, cuando se dirigió a su despacho del Congreso nacional en medio de expresiones de apoyo y afecto por parte de manifestantes congregados en el lugar, quienes a la salida de la exmandataria entonaron las estrofas de la marcha peronista.
Cristina saludó, se sacó varias fotos con ancianos, niños y mujeres embarazadas, y también firmó su libro "Sinceramente" a los militantes que permanecen en su domicilio haciendo una vigilia.
No había interrupción del tránsito vehicular y los simpatizantes kirchneristas se mantenían sobre la vereda a la espera de la salida de Cristina de su domicilio.
"La idea es seguir con la vigilia, y hacer una presencia más fuerte en los horarios en que ella (Cristina) sale y entra a su casa. Pero sí, la vigilia en Juncal se mantiene", indició a Télam un joven dirigente de una de las organizaciones que mantienen la acción callejera.
Raúl Delgado, concejal del Frente de Todos (FdT) y dirigente de la Corriente Nacional Martín Fierro, en el municipio bonaerense de Florencio Varela, informó a esta agencia: "Nosotros junto a otras organizaciones continuaremos acompañando a Cristina en la puerta de su casa. Seguiremos estando acá para cuidarla ante las amenazas permanente del Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta y sus seguidores. Sin dudas que el jefe de Gobierno juega a ser el brazo ejecutor del partido judicial del país".
Fuente:PoliticaArgentina
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