31 de diciembre de 2010
30 de diciembre de 2010
CAMPAÑA DEL EAAF.
SI TENÉS UN FAMILIAR VÍCTIMA
DE DESAPARICIÓN FORZADA
ENTRE 1974 y 1983,
UNA SIMPLE MUESTRA DE SANGRE
PUEDE AYUDAR A IDENTIFICARLO.
Llamá al 0800-333-2334
Esta campaña tiene como objetivo principal la recolección de muestras de sangre, pero también nos permitirá contactarnos con un número importante de familiares de desaparecidos que nos pueden aportar información esencial para el desarrollo de nuestro trabajo. Conocer la historia personal de los desaparecidos es, en muchos casos, un factor fundamental en el proceso de identificación. Por eso, les pedimos que nos manden la información que consideren importante sobre la historia de sus familiares.
•La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita.
•Todos los datos obtenidos son confidenciales.
•Pasos a seguir:
1) El familiar se comunica al 0800 o concurre directamente a la oficina de derechos humanos que le corresponda.
2) Retira un formulario y el turno para la extracción de la muestra de sangre en el centro de toma correspondiente.
3) Concurre el día del turno al centro de toma y se extrae la muestra
DESAPARECIDOS EL 30 de DICIEMBRE de 1974 a 1979.
DESAPARECIDOS EL
30/12/74
HORACIO VICTOR O'KELLY
19 años. Soltero. Argentino. Estudiante. |DNI No:11748960|
No.CONADEP:3653, Decl.No:6504
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
30/12/75
ELBIO ALBERTO ALMADA
Tenía 21 años
Fue secuestrado en la ciudad de San Francisco, Córdoba, junto a sus amigos Roberto Mesagli, de 20 años, y Luis Eduardo Scocco, de 19 años.
Había nacido el 2 de Marzo de 1954.
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
No.CONADEP:9424, Decl.No:2671
LUIS FERRO TORTI
32 años.
No.CONADEP:6558
Fue secuestrado en BS AS C.Post:0
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
OSVALDO RAUL MESAGLI
19 años. |LE No:11895166|
No.CONADEP:3317, Decl.No:6624
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
EDUARDO LUIS SCOCCO
20 años.
No.CONADEP:8016, Decl.No:5110
Fue secuestrado en S.FCO CBA C.Post:2400
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
30/12/76
LUIS ENRIQUE BIASUTTI
31 años. Soltero. Argentino. Piloto -civil. |CI No:5588020|
No.CONADEP:5842, Decl.No:4774
Fue secuestrado en CAPITAL C.Post:1000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
ERMINIA FALIK de VERGARA
21 años.
No.CONADEP:6476, Decl.No:4695
Fue secuestrada en CORDOBA CBA C.Post:5000
Vista en C.C.D. LA PERLA (UNIV) el:30/12/76
MUERTA EN TORTURA.APLICADA POR HUGO HERRERA .MANZANELLI Y TTE 1 BARREIRIO
En testimonio No:04413
RUBEN AMARO GONZALEZ SALOME
Empleado.
No.CONADEP:2294, Decl.No:2788
Secuestrado sin indicación de lugar
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
ALBERTO CARLOS LAGO
Tenía 29 años
- Era casado
- Fue detenido en Córdoba
- No hay testimonio de su paso por un CCD
No.CONADEP:2715, Decl.No:6441
MARINA LETICIA VILTE
Una maestra
Secretaria General del Gremio Docente de Jujuy
1973 - Se produce la histórica unificación de los trabajadores de la educación en Huerta Grande nace CTERA. Marina Vilte es elegida para integrar la junta ejecutiva.
1976 - Tres años después la secuestraron
Por defender la educación popular
Por luchar por las condiciones de trabajo de los maestros
Por tratar de Liberar del Hambre y la Miseria a los Niños...
Las planillas de la Dictadura no pudieron con ella; aún figura como Docente de la Escuela No. 38 "Juanita Estivel".
La Esperamos.
600 Maestros Desaparecidos
30/12/77
NORA MARGARITA de GARRA
No.CONADEP:6641
Fue secuestrada en BS AS C.Post:0
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
CARLOS ENRIQUE ARIAS SOLANES
30 años. Casado. Argentino. Militar -marina. |LE No:5039018|
No.CONADEP:315, Decl.No:291
Fue secuestrado en la vía pública en CAPITAL C.Post:1000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
MARIA ASUNCION ARTIGAS NILO de MOYANO
Un tiempo antes de la detención y el secuestro de la pareja, el domicilio de la madre había sido allanado por fuerzas policiales y de civil. En la oportunidad uno de los agentes le preguntó por su hijo de nombre Fredy, empleando el término "botija", indicador de que se trataba de un uruguayo por el modismo empleado para referirse a "pibe" o "muchacho".
La pareja fue vista en el pozo de Quilmes y en el pozo de Banfield. María Victoria Moyano Artigas nació en el pozo de Banfield el 25 de agosto de 1978. El médico Jorge Vidal falsificó su certificado de nacimiento y la beba fue dada al policía Víctor Penna y a su mujer María Elena Mauriño. En 1987 fue recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo. Desde entonces vivió en Uruguay con sus abuelos maternos.
CAROLINA BARRIENTOS de CARNEIRO
35 años. Casada. Argentina. Estudiante de Dra quimic.
No.CONADEP:458, Decl.No:7204
Fue secuestrada de su domicilio en CAPITAL C.Post:1406
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
JUVELINO ANDRES CARNEIRO DA FONTOURA
34 años. Casado. Uruguayo. Estudiante de Psicologia. |CU No:22643|
No.CONADEP:926, Decl.No:5625
Fue secuestrado de su domicilio en CAPITAL C.Post:1406
Visto en C.C.D. POZO DE QUILMES el:22/5/78
VISTO DESDE 22/04/78 AL 22/05/78.URUGUAYO.
En testimonios Nos:02538, 04086, 04085
30/12/78
OLGA RAQUEL ESCOBAR de GOMEZ
23 años. Casada. Argentina. Empleado -cajero. |DNI No:11876458|
No.CONADEP:1667
Fue secuestrada en la vía pública en BS AS C.Post:0
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
RUBEN GOMEZ
Chileno. Periodista.
No.CONADEP:2240
Fue secuestrado en SALTA S T C.Post:4400
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
30/12/79
NESTOR VILLAREAL
46 años.
No.CONADEP:9432, Decl.No:2654
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
¿Conociste a alguna de las personas antes mencionadas?, ¿Sabés algo sobre alguna de ellas?
Comunicate con www.desaparecidos.org
30/12/74
HORACIO VICTOR O'KELLY
19 años. Soltero. Argentino. Estudiante. |DNI No:11748960|
No.CONADEP:3653, Decl.No:6504
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
30/12/75
ELBIO ALBERTO ALMADA
Fue secuestrado en la ciudad de San Francisco, Córdoba, junto a sus amigos Roberto Mesagli, de 20 años, y Luis Eduardo Scocco, de 19 años.
Había nacido el 2 de Marzo de 1954.
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
No.CONADEP:9424, Decl.No:2671
LUIS FERRO TORTI
32 años.
No.CONADEP:6558
Fue secuestrado en BS AS C.Post:0
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
OSVALDO RAUL MESAGLI
19 años. |LE No:11895166|
No.CONADEP:3317, Decl.No:6624
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
EDUARDO LUIS SCOCCO
20 años.
No.CONADEP:8016, Decl.No:5110
Fue secuestrado en S.FCO CBA C.Post:2400
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
30/12/76
LUIS ENRIQUE BIASUTTI
31 años. Soltero. Argentino. Piloto -civil. |CI No:5588020|
No.CONADEP:5842, Decl.No:4774
Fue secuestrado en CAPITAL C.Post:1000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
ERMINIA FALIK de VERGARA
21 años.
No.CONADEP:6476, Decl.No:4695
Fue secuestrada en CORDOBA CBA C.Post:5000
Vista en C.C.D. LA PERLA (UNIV) el:30/12/76
MUERTA EN TORTURA.APLICADA POR HUGO HERRERA .MANZANELLI Y TTE 1 BARREIRIO
En testimonio No:04413
RUBEN AMARO GONZALEZ SALOME
Empleado.
No.CONADEP:2294, Decl.No:2788
Secuestrado sin indicación de lugar
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
ALBERTO CARLOS LAGO
- Era casado
- Fue detenido en Córdoba
- No hay testimonio de su paso por un CCD
No.CONADEP:2715, Decl.No:6441
MARINA LETICIA VILTE
Secretaria General del Gremio Docente de Jujuy
1973 - Se produce la histórica unificación de los trabajadores de la educación en Huerta Grande nace CTERA. Marina Vilte es elegida para integrar la junta ejecutiva.
1976 - Tres años después la secuestraron
Por defender la educación popular
Por luchar por las condiciones de trabajo de los maestros
Por tratar de Liberar del Hambre y la Miseria a los Niños...
Las planillas de la Dictadura no pudieron con ella; aún figura como Docente de la Escuela No. 38 "Juanita Estivel".
La Esperamos.
600 Maestros Desaparecidos
30/12/77
NORA MARGARITA de GARRA
No.CONADEP:6641
Fue secuestrada en BS AS C.Post:0
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
CARLOS ENRIQUE ARIAS SOLANES
30 años. Casado. Argentino. Militar -marina. |LE No:5039018|
No.CONADEP:315, Decl.No:291
Fue secuestrado en la vía pública en CAPITAL C.Post:1000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
MARIA ASUNCION ARTIGAS NILO de MOYANO
ALFREDO MOYANO SANTANDER
María Asunción tenía 26 años, Alfredo 21. María había nacido el 26 de marzo de 1951 en Montevideo, Uruguay. Alfredo era de nacionalidad argentina. Estaban casados y María Asunción estaba embarazada. Alfredo era obrero de construcción y María Asunción era estudiante de medicina. María Asunción había asistido al Colegio Divina Providencia, a los liceos Bauzá y Miranda y a la Facultad de Medicina en la Universidad de la República. Los dos tenían actividades gremiales y políticas, María Asunción estaba vinculada al MLN.
La pareja vivía en la calle 595 de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires. El 30 de diciembre de 1977 a las 3 de la mañana, personas fuertemente armadas irrumpieron sorpresivamente en el domicilio del matrimonio Moyano Artigas deteniendo a ambos e introduciéndolos encapuchados y esposados en unos autos Ford Falcon que aguardaban en el lugar. Finalizado el operativo permanecieron en el lugar dos vehículos y horas más tarde un camión regresó al lugar y procedieron a apoderarse de los bienes, advirtiendo a los vecinos presentes en el lugar de que guardaran silencio sobre los hechos. En el mes de mayo de 1978 la casa fue visitada nuevamente por personal del ejercito uniformado. En el operativo estuvieron envueltos el ejército argentino y uruguayo y la policía federal. Un tiempo antes de la detención y el secuestro de la pareja, el domicilio de la madre había sido allanado por fuerzas policiales y de civil. En la oportunidad uno de los agentes le preguntó por su hijo de nombre Fredy, empleando el término "botija", indicador de que se trataba de un uruguayo por el modismo empleado para referirse a "pibe" o "muchacho".
CAROLINA BARRIENTOS de CARNEIRO
35 años. Casada. Argentina. Estudiante de Dra quimic.
No.CONADEP:458, Decl.No:7204
Fue secuestrada de su domicilio en CAPITAL C.Post:1406
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
JUVELINO ANDRES CARNEIRO DA FONTOURA
34 años. Casado. Uruguayo. Estudiante de Psicologia. |CU No:22643|
No.CONADEP:926, Decl.No:5625
Fue secuestrado de su domicilio en CAPITAL C.Post:1406
Visto en C.C.D. POZO DE QUILMES el:22/5/78
VISTO DESDE 22/04/78 AL 22/05/78.URUGUAYO.
En testimonios Nos:02538, 04086, 04085
30/12/78
OLGA RAQUEL ESCOBAR de GOMEZ
23 años. Casada. Argentina. Empleado -cajero. |DNI No:11876458|
No.CONADEP:1667
Fue secuestrada en la vía pública en BS AS C.Post:0
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
RUBEN GOMEZ
Chileno. Periodista.
No.CONADEP:2240
Fue secuestrado en SALTA S T C.Post:4400
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
30/12/79
NESTOR VILLAREAL
46 años.
No.CONADEP:9432, Decl.No:2654
Fue secuestrado en CORDOBA CBA C.Post:5000
No hay testimonio de su paso por un C.C.D.
¿Conociste a alguna de las personas antes mencionadas?, ¿Sabés algo sobre alguna de ellas?
Comunicate con www.desaparecidos.org
JUICIO BASE NAVAL 1 - LAS VOCES DEL DESPUÉS.
Juico Base Naval 1: las voces del después
Mónica Roldán sostiene la foto de su hermano Tristán y su cuñada Delia Garaguzzo.
(Foto Marcelo Nuñez)
Mónica Roldán recordó a su hermano Tristán Roldán y a su cuñada de Delía Garaguzzo, secuestrados por la Armada y desaparecidos en la Base Naval: “La verdad es inapelable” dijo
Después del día que tuvo que prestar declaración como testigo por el secuestro y la desaparición de su hermano y su cuñada, Mónica Roldán no faltó a ninguna audiencia. Ayer guardaba una foto de sus familiares para poder levantarla apenas finalizara la lectura del fallo. Los fotógrafos y camarógrafos la abarajaron a la salida del tribunal y mostró otra vez la foto. Se reía y lloraba, después de 34 años sintió justicia.
Mónica, Juan Bourg -hijo de Raúl y Alicia Rodríguez- y María Luisa “Marucha” Riva, Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora improvisaron algunas palabras ante los periodistas y el centenar de personas que habían esperado en la calle la condena de los tres militares.
“Marucha” Riva fue la primera en tomar el micrófono.
“Hemos conseguido algo de lo que teníamos que conseguir pero vamos por más”, dijo la representante de Madres de Plaza de Mayo. De inmediato celebró el fallo del tribunal y aseguró que “es bueno saber que estos canallas y asesinos que se ensañaron con nuestros hijos y cometieron crímenes inimaginables para un ser humano estén presos”.
Los padres de Juan Bourg fueron secuestrados en septiembre de 1977 y todavía permanecen desaparecidos. Por esos crímenes fue condenado el general de brigada Alfredo Arrillaga.
Juan, muy emocionado, destacó el papel fundamental de las Madres de Plaza de Mayo que “luchan cada día para que después de tantos años todavía haya justicia”. También tuvo palabras para una “gran parte del pueblo argentino” que “ya condenó socialmente a estos genocidas”.
Bourg se mostró muy conmovido por el fallo del tribunal oral federal 1 y aseguró que todavía le cuesta creer lo que se logró después de tantos años.
Por último se escucharon las palabras de Mónica Roldán, quien recordó a Carlos Labolita, el militante peronista secuestrado y desaparecido en Las Flores. Sucede que el mismo tribunal con excepción de Jorge Michelli, absolvió en 2009 al teniente coronel Duret acusado de la desaparición de Labolita y entre los familiares flotaba la idea de que pudiera pasar lo mismo.
Mónica recordó ayer a Labolita y a todas las víctimas que aún esperan justicia. Aseguró que la verdad es inapelable y contra eso no hay nada que hacer.
Frente a todas las personas que la escuchaban, Roldán evocó el último día que vio a su cuñada, aún desaparecida. Recordó que ese día Delia le dijo que estaba embrazada de tres meses y que sería tía. “Estaba fresco y yo le presté mi abrigo y la vi irse por el pasillo de paredes rojas que había en mi casa. La última imagen es ella yéndose dándome la espalda. Ahora la veo volver por ese mismo pasillo, caminando hacía mi. Vuelve porque hay justicia”, contó Mónica.
Por último, Mónica se preguntó por ese sobrino o sobrina, un hombre o una mujer de 34 años que puede estar en cualquier lugar sin saber cual es su verdadera identidad.
SECRETARÍA DE DD.HH BONAERENSE
“Este fallo produce un cambio en al Justicia”
El abogado Alejo ramos Padilla, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense destacó la importancia de la condena contra los integrantes de la Armada.
“Por primera vez se condena a marinos por crímenes de lesa humanidad. Esto nos da la pauta que ya no hay complicidad que podemos ir por todos los genocidas”, explicó Ramos Padilla.
Con respecto al resultado, el querellante, aseguró que estaba convencido de las pruebas que se habían presentado y de la responsabilidad de los imputados. “Este fallo produce un cambio en la Justicia. Nos demuestra que la complicidad de los años ’90 se terminó y que estos jueces de la democracia no están subordinados al poder”.
FISCALÍA
“Las familias tuvieron justicia”
El fiscal Daniel Adler respiró con el alivio de saber la tarea cumplida. Después de cuatro meses de audiencias, los tres imputados fueron condenados. Ahora sentado en su oficina reflexiona: “Es un veredicto muy importante para la sociedad. Las familias tuvieron justicia”.
Desde el punto de vista de Adler fue un juicio ejemplar donde la cantidad de prueba presentada por las querellas fue contundente y en el cual las defensas pudieron ejercer su trabajo sin problemas. Además aseguró que se pudo determinar la interrelación entre el Ejército y la Armada dentro del aparato represivo que actuó en Mar del Plata.
Por último se refirió a los jueces y dijo que “no importa quienes son los magistrados sino que “son jueces elegidos por la democracia y que deben ajustarse a derecho”.
Por Juan Carrá y Federico Desántolo
Fuente:ElAtlantico
Mónica Roldán sostiene la foto de su hermano Tristán y su cuñada Delia Garaguzzo.
(Foto Marcelo Nuñez)
Mónica Roldán recordó a su hermano Tristán Roldán y a su cuñada de Delía Garaguzzo, secuestrados por la Armada y desaparecidos en la Base Naval: “La verdad es inapelable” dijo
Después del día que tuvo que prestar declaración como testigo por el secuestro y la desaparición de su hermano y su cuñada, Mónica Roldán no faltó a ninguna audiencia. Ayer guardaba una foto de sus familiares para poder levantarla apenas finalizara la lectura del fallo. Los fotógrafos y camarógrafos la abarajaron a la salida del tribunal y mostró otra vez la foto. Se reía y lloraba, después de 34 años sintió justicia.
Mónica, Juan Bourg -hijo de Raúl y Alicia Rodríguez- y María Luisa “Marucha” Riva, Madre de Plaza de Mayo línea Fundadora improvisaron algunas palabras ante los periodistas y el centenar de personas que habían esperado en la calle la condena de los tres militares.
“Marucha” Riva fue la primera en tomar el micrófono.
“Hemos conseguido algo de lo que teníamos que conseguir pero vamos por más”, dijo la representante de Madres de Plaza de Mayo. De inmediato celebró el fallo del tribunal y aseguró que “es bueno saber que estos canallas y asesinos que se ensañaron con nuestros hijos y cometieron crímenes inimaginables para un ser humano estén presos”.
Los padres de Juan Bourg fueron secuestrados en septiembre de 1977 y todavía permanecen desaparecidos. Por esos crímenes fue condenado el general de brigada Alfredo Arrillaga.
Juan, muy emocionado, destacó el papel fundamental de las Madres de Plaza de Mayo que “luchan cada día para que después de tantos años todavía haya justicia”. También tuvo palabras para una “gran parte del pueblo argentino” que “ya condenó socialmente a estos genocidas”.
Bourg se mostró muy conmovido por el fallo del tribunal oral federal 1 y aseguró que todavía le cuesta creer lo que se logró después de tantos años.
Por último se escucharon las palabras de Mónica Roldán, quien recordó a Carlos Labolita, el militante peronista secuestrado y desaparecido en Las Flores. Sucede que el mismo tribunal con excepción de Jorge Michelli, absolvió en 2009 al teniente coronel Duret acusado de la desaparición de Labolita y entre los familiares flotaba la idea de que pudiera pasar lo mismo.
Mónica recordó ayer a Labolita y a todas las víctimas que aún esperan justicia. Aseguró que la verdad es inapelable y contra eso no hay nada que hacer.
Frente a todas las personas que la escuchaban, Roldán evocó el último día que vio a su cuñada, aún desaparecida. Recordó que ese día Delia le dijo que estaba embrazada de tres meses y que sería tía. “Estaba fresco y yo le presté mi abrigo y la vi irse por el pasillo de paredes rojas que había en mi casa. La última imagen es ella yéndose dándome la espalda. Ahora la veo volver por ese mismo pasillo, caminando hacía mi. Vuelve porque hay justicia”, contó Mónica.
Por último, Mónica se preguntó por ese sobrino o sobrina, un hombre o una mujer de 34 años que puede estar en cualquier lugar sin saber cual es su verdadera identidad.
SECRETARÍA DE DD.HH BONAERENSE
“Este fallo produce un cambio en al Justicia”
El abogado Alejo ramos Padilla, querellante en representación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense destacó la importancia de la condena contra los integrantes de la Armada.
“Por primera vez se condena a marinos por crímenes de lesa humanidad. Esto nos da la pauta que ya no hay complicidad que podemos ir por todos los genocidas”, explicó Ramos Padilla.
Con respecto al resultado, el querellante, aseguró que estaba convencido de las pruebas que se habían presentado y de la responsabilidad de los imputados. “Este fallo produce un cambio en la Justicia. Nos demuestra que la complicidad de los años ’90 se terminó y que estos jueces de la democracia no están subordinados al poder”.
FISCALÍA
“Las familias tuvieron justicia”
El fiscal Daniel Adler respiró con el alivio de saber la tarea cumplida. Después de cuatro meses de audiencias, los tres imputados fueron condenados. Ahora sentado en su oficina reflexiona: “Es un veredicto muy importante para la sociedad. Las familias tuvieron justicia”.
Desde el punto de vista de Adler fue un juicio ejemplar donde la cantidad de prueba presentada por las querellas fue contundente y en el cual las defensas pudieron ejercer su trabajo sin problemas. Además aseguró que se pudo determinar la interrelación entre el Ejército y la Armada dentro del aparato represivo que actuó en Mar del Plata.
Por último se refirió a los jueces y dijo que “no importa quienes son los magistrados sino que “son jueces elegidos por la democracia y que deben ajustarse a derecho”.
Por Juan Carrá y Federico Desántolo
Fuente:ElAtlantico
ESQUEL: UNA HISTORIA QUE SE RELACIONA CON 1500 DESAPARECIDOS.
Esquel
Una historia que se relaciona con 1.500 desaparecidos
30/12/2010 | Juan Carlos Avena, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad, alias “Capitán Centeno”, un represor que fue director de la Unidad Penitenciaria Nº 14 de Esquel hasta 1988, fue uno de los doce condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de detención ilegal Club Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Se calcula que unos 1500 cautivos –en su mayoría desaparecidos- pasaron por este único “chupadero” que comenzó a funcionar aun poco después del golpe de marzo de 1976 en un depósito policial ubicado en Paseo Colón y Garay, rebautizado Club Atlético Banco Olimpo.
Avena había llegado a Esquel como parte de su carrera de penitenciario, y se vio beneficiado por las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987) dictadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, lo que le permitieron convertirse en un respetado vecino de la Esquel, que ignoraba el pasado del “Capitán Centeno”.
En 1988, un grupo de dirigentes políticos esquelenses se hicieron eco de un proyecto de Declaración del vecino Juan Carlos Corallini, que solicitó al Concejo Deliberante se lo declare a Avena “persona no grata” por su activa participación en la dictadura, según constaba en el libro Nunca Más, de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep).
El Tribunal Oral Federal 2 condenó días atrás a prisión perpetua a doce represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de detención ilegal Club Atlético-Banco-Olimpo (ABO) e impuso penas de 25 años de prisión a otros cuatro, en tanto absolvió de culpa y cargo a uno de los imputados.
Las penas a prisión perpetua correspondieron a los ex policías, penitenciarios y gendarmes Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinek, Eufemio Uballes, Juan Donocik, Oscar Rolon, Julio Simón, Roberto Rosa, Guillermo Cardozo, Eugenio Rodríguez Apestegui y Enrique del Pino.
En todos los casos el tribunal consideró probado que fueron “partícipes necesarios” en cinco homicidios calificados en perjuicio de cinco desaparecidos cuyos restos aparecieron, y de un número variable de casos -aunque superior al centenar- de privaciones ilegales de libertad y aplicación de tormentos.
Fuente:DiarioElChubut.
Una historia que se relaciona con 1.500 desaparecidos
30/12/2010 | Juan Carlos Avena, hoy condenado por crímenes de lesa humanidad, alias “Capitán Centeno”, un represor que fue director de la Unidad Penitenciaria Nº 14 de Esquel hasta 1988, fue uno de los doce condenados a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de detención ilegal Club Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Se calcula que unos 1500 cautivos –en su mayoría desaparecidos- pasaron por este único “chupadero” que comenzó a funcionar aun poco después del golpe de marzo de 1976 en un depósito policial ubicado en Paseo Colón y Garay, rebautizado Club Atlético Banco Olimpo.
Avena había llegado a Esquel como parte de su carrera de penitenciario, y se vio beneficiado por las leyes de Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987) dictadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, lo que le permitieron convertirse en un respetado vecino de la Esquel, que ignoraba el pasado del “Capitán Centeno”.
En 1988, un grupo de dirigentes políticos esquelenses se hicieron eco de un proyecto de Declaración del vecino Juan Carlos Corallini, que solicitó al Concejo Deliberante se lo declare a Avena “persona no grata” por su activa participación en la dictadura, según constaba en el libro Nunca Más, de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep).
El Tribunal Oral Federal 2 condenó días atrás a prisión perpetua a doce represores por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de detención ilegal Club Atlético-Banco-Olimpo (ABO) e impuso penas de 25 años de prisión a otros cuatro, en tanto absolvió de culpa y cargo a uno de los imputados.
Las penas a prisión perpetua correspondieron a los ex policías, penitenciarios y gendarmes Samuel Miara, Raúl González, Juan Carlos Avena, Eduardo Kalinek, Eufemio Uballes, Juan Donocik, Oscar Rolon, Julio Simón, Roberto Rosa, Guillermo Cardozo, Eugenio Rodríguez Apestegui y Enrique del Pino.
En todos los casos el tribunal consideró probado que fueron “partícipes necesarios” en cinco homicidios calificados en perjuicio de cinco desaparecidos cuyos restos aparecieron, y de un número variable de casos -aunque superior al centenar- de privaciones ilegales de libertad y aplicación de tormentos.
Fuente:DiarioElChubut.
COLOMBIA: NUEVO HALLAZGO DE FOSAS COMUNES.
Wednesday 29 december 2010
Nuevo hallazgo de fosas comunes: al menos 1.500 cadáveres de “falsos positivos” y desaparecidos
“Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que vela por los intereses de las grandes multinacionales, en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, la biodiversidad a las empresas multinacionales” Ramiro Orejuela, abogado defensor de las víctimas de crímenes de Estado.
Defensores de los derechos humanos denuncian la gravísima crisis humanitaria que vive Colombia. Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente, con 2.000 cadáveres hallada en diciembre 2009, y cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos de julio 2010 acerca de la gigantesca Fosa Común de la Macarena. La mayor fosa común del continente americano está situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que cuenta con estrecha asesoría militar estadounidense.
Defensores de los derechos humanos denuncian que los nuevos 1.505 restos humanos hallados en la región podrían ser más asesinatos de civiles perpetrados por el ejército.
Varios defensores de los derechos humanos, los congresistas del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda Castro, acompañaron al grupo de técnicos de la Fiscalía General de la Nación, que el jueves 16 de diciembre realizó una inspección judicial con el fin de exhumar 66 cuerpos que se encontraron en una tumba colectiva en el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Esta tumba coincide con las denuncias del PDA en dos sesiones del Congreso de la República, hace algunos meses; denuncias basadas en las reiteradas y valientes denuncias de familiares de desaparecidos y pobladores de la zona.
Aunque el gobierno aduce que los cuerpos encontrados pertenecerían a personas "muertas en combates" (lo mismo adujo en el caso de la Fosa de la Macarena, y se reveló falso), los dirigentes del Polo y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien también se desplazó a la zona, han advertido que hay muchos menores de edad fallecidos, por lo que podría tratarse de bombardeos contra la población civil, y también puede tratarse de casos de desaparecidos y de casos de asesinatos "falsos positivos" a manos del ejército. Los "falsos positivos" son raptos de civiles a manos del ejército, que después asesina a los civiles y los disfraza de "guerrilleros abatidos en combate"; son miles de casos denunciados de asesinatos "falsos positivos" en Colombia.
Acerca de este dantesco nuevo hallazgo, Telesur entrevistó a Ramiro Orejuela, abogado defensor de los derechos humanos:
"Gracias a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, familiares de desaparecidos, se ha logrado que la fiscalía encuentre una nueva enorme fosa común (...) es importante ahora que a los familiares que han venido denunciando la desaparición de sus familiares se les tome y coteje las muestras de ADN (…) lo más importante es que las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo se están corroborando... situación que negó el gobierno a través del ministerio de Defensa que decía que no había fosas comunes; nosotros estamos demostrando que en los últimos cuatro meses se han encontrado 1.500 personas NN, sin identificar (…) solamente en 3 cementerios del Meta se han encontrado más de 1.500 personas, una situación dantesca para la humanidad, que muestra la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra el pueblo"
Y acerca de lo que aduce la fiscalía acerca del origen de las muertes:
"(…) Pueden existir algunos casos de gente 'muerta en combate', pero esa situación ha sido utilizada por el gobierno, por el ejército para asesinar personas inocentes y hacerlas pasar como 'guerrilleros dados de baja en combate', lo que aquí se ha denominado "falsos positivos". El gobierno aprovecha esta circunstancia para desacreditar a los defensores de los derechos humanos: los defensores de los derechos humanos somos perseguidos, víctimas de amenazas, de asesinatos, de encarcelamientos… algunos compañeros nuestros hoy en día están presos con falsas acusaciones del ejército de gente que trabaja bajo sueldo del gobierno (...) La tragedia humanitaria de Colombia es enorme: esta situación de desplazamiento de millones de personas viene produciéndose desde hace varios años, los asesinatos de miles de personas por parte del ejército y por bandas paramilitares que trabajan en compañía del ejército y con apoyo y defensa por parte del ejército a los asesinos paramilitares viene desde hace decenios, la tragedia viene básicamente por parte del ejército colombiano".
Acerca de si las otras fosas comunes halladas en Colombia pueden servir como jurisprudencia para este nuevo hallazgo:
"Colombia es una fosa común (...) Alertamos a la comunidad internacional: más de 1.500 cuerpos sólo en una región... ¿cómo será en todo el país? (...) la comunidad internacional debe conocer esto. Y debemos recibir ayuda para investigar y castigar a los responsables por acción, por omisión y por connivencia (...) estas investigaciones tienen que llegar al más alto nivel: aquí deben estar involucrados altos generales, políticos, inclusive nos atrevemos a pedir responsabilidad al ex presidente Uribe por su connivencia con tanto crimen contra el pueblo colombiano (...) muchos de sus altísimos funcionarios están hoy investigados, algunos huyendo por crímenes que han cometido contra nuestro pueblo (...)
"(...) Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que solamente vela por los intereses de las grandes multinacionales, por los intereses de los multimillonarios de Colombia en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, las esmeraldas, la biodiversidad a las empresas multinacionales, y por eso es que persiguen a nuestros campesinos que son los únicos que están prestando resistencia para defender la soberanía y para defender las riquezas naturales de Colombia, que es uno de los países más ricos del mundo"
Fuente:Rebelion
Nuevo hallazgo de fosas comunes: al menos 1.500 cadáveres de “falsos positivos” y desaparecidos
“Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que vela por los intereses de las grandes multinacionales, en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, la biodiversidad a las empresas multinacionales” Ramiro Orejuela, abogado defensor de las víctimas de crímenes de Estado.
Defensores de los derechos humanos denuncian la gravísima crisis humanitaria que vive Colombia. Denuncian el hallazgo de al menos 1.505 cuerpos más en fosas comunes en Colombia, en el Meta, en la misma región que la mayor fosa común del continente, con 2.000 cadáveres hallada en diciembre 2009, y cuyos cadáveres son cuerpos de desaparecidos y asesinados por el ejército, como quedó evidenciado en las Audiencias públicas a testigos y familiares de desaparecidos de julio 2010 acerca de la gigantesca Fosa Común de la Macarena. La mayor fosa común del continente americano está situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega del Plan Colombia, que cuenta con estrecha asesoría militar estadounidense.
Defensores de los derechos humanos denuncian que los nuevos 1.505 restos humanos hallados en la región podrían ser más asesinatos de civiles perpetrados por el ejército.
Varios defensores de los derechos humanos, los congresistas del Polo Democrático Alternativo Gloria Inés Ramírez e Iván Cepeda Castro, acompañaron al grupo de técnicos de la Fiscalía General de la Nación, que el jueves 16 de diciembre realizó una inspección judicial con el fin de exhumar 66 cuerpos que se encontraron en una tumba colectiva en el municipio de Granada, en el departamento del Meta. Esta tumba coincide con las denuncias del PDA en dos sesiones del Congreso de la República, hace algunos meses; denuncias basadas en las reiteradas y valientes denuncias de familiares de desaparecidos y pobladores de la zona.
Aunque el gobierno aduce que los cuerpos encontrados pertenecerían a personas "muertas en combates" (lo mismo adujo en el caso de la Fosa de la Macarena, y se reveló falso), los dirigentes del Polo y el sacerdote jesuita Javier Giraldo, quien también se desplazó a la zona, han advertido que hay muchos menores de edad fallecidos, por lo que podría tratarse de bombardeos contra la población civil, y también puede tratarse de casos de desaparecidos y de casos de asesinatos "falsos positivos" a manos del ejército. Los "falsos positivos" son raptos de civiles a manos del ejército, que después asesina a los civiles y los disfraza de "guerrilleros abatidos en combate"; son miles de casos denunciados de asesinatos "falsos positivos" en Colombia.
Acerca de este dantesco nuevo hallazgo, Telesur entrevistó a Ramiro Orejuela, abogado defensor de los derechos humanos:
"Gracias a las denuncias de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas, familiares de desaparecidos, se ha logrado que la fiscalía encuentre una nueva enorme fosa común (...) es importante ahora que a los familiares que han venido denunciando la desaparición de sus familiares se les tome y coteje las muestras de ADN (…) lo más importante es que las denuncias que venimos haciendo desde hace tiempo se están corroborando... situación que negó el gobierno a través del ministerio de Defensa que decía que no había fosas comunes; nosotros estamos demostrando que en los últimos cuatro meses se han encontrado 1.500 personas NN, sin identificar (…) solamente en 3 cementerios del Meta se han encontrado más de 1.500 personas, una situación dantesca para la humanidad, que muestra la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública contra el pueblo"
Y acerca de lo que aduce la fiscalía acerca del origen de las muertes:
"(…) Pueden existir algunos casos de gente 'muerta en combate', pero esa situación ha sido utilizada por el gobierno, por el ejército para asesinar personas inocentes y hacerlas pasar como 'guerrilleros dados de baja en combate', lo que aquí se ha denominado "falsos positivos". El gobierno aprovecha esta circunstancia para desacreditar a los defensores de los derechos humanos: los defensores de los derechos humanos somos perseguidos, víctimas de amenazas, de asesinatos, de encarcelamientos… algunos compañeros nuestros hoy en día están presos con falsas acusaciones del ejército de gente que trabaja bajo sueldo del gobierno (...) La tragedia humanitaria de Colombia es enorme: esta situación de desplazamiento de millones de personas viene produciéndose desde hace varios años, los asesinatos de miles de personas por parte del ejército y por bandas paramilitares que trabajan en compañía del ejército y con apoyo y defensa por parte del ejército a los asesinos paramilitares viene desde hace decenios, la tragedia viene básicamente por parte del ejército colombiano".
Acerca de si las otras fosas comunes halladas en Colombia pueden servir como jurisprudencia para este nuevo hallazgo:
"Colombia es una fosa común (...) Alertamos a la comunidad internacional: más de 1.500 cuerpos sólo en una región... ¿cómo será en todo el país? (...) la comunidad internacional debe conocer esto. Y debemos recibir ayuda para investigar y castigar a los responsables por acción, por omisión y por connivencia (...) estas investigaciones tienen que llegar al más alto nivel: aquí deben estar involucrados altos generales, políticos, inclusive nos atrevemos a pedir responsabilidad al ex presidente Uribe por su connivencia con tanto crimen contra el pueblo colombiano (...) muchos de sus altísimos funcionarios están hoy investigados, algunos huyendo por crímenes que han cometido contra nuestro pueblo (...)
"(...) Creemos que el ejército colombiano se convirtió en un ejército de ocupación contra su propio pueblo: un ejército que solamente vela por los intereses de las grandes multinacionales, por los intereses de los multimillonarios de Colombia en contra de nuestro pueblo, un ejército que quiere entregar las riquezas, el petróleo, el oro, las esmeraldas, la biodiversidad a las empresas multinacionales, y por eso es que persiguen a nuestros campesinos que son los únicos que están prestando resistencia para defender la soberanía y para defender las riquezas naturales de Colombia, que es uno de los países más ricos del mundo"
Fuente:Rebelion
BAHÍA BLANCA: PREOCUPA LA DEMORA EN EL INICIO DE LOS JUICIOS.
Preocupa la demora en el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca
Legisladores mostraron su preocupación ante la demora en el inicio de los juicios a represores, por delitos de lesa humanidad ocurridos en el ámbito de Bahía Blanca.
La diputada Virginia Linares presentó un proyecto, donde asegura que "nada se sabe de las posibles fechas de inicio de los juicios a los represores, correspondientes a la jurisdicción del Comando del Vº Cuerpo de Ejército, a pesar de que la causa se reabriera hace cinco años y de la promesa de que en el 2010 comenzarían los juicios".
Detalla además que, miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local, militantes y querellantes, entregaron dos petitorios al Tribunal Federal N° 1 de la ciudad de Bahía Blanca el pasado 11 de noviembre: el primero vinculado con la formulación de una fecha concreta de inicio de los debates, y el segundo solicitando que se confirme a la Universidad Nacional del Sur como sede de los mismos, y hasta el momento no se han obtenido respuestas.
En su proyecto la legisladora, critió el accionar de la Cámara Federal local, afirma que "la parsimonia de la Cámara Federal de Bahía Blanca respecto a su actuación por los crímenes cometidos durante la dictadura ha permitido que en este ámbito ya sean más los fallecidos y prófugos que los imputados".
Detalla también algunos de los hechos ocurridos en esta zona, "La Escuelita fue el único centro del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en la región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales y tres campos de concentración".
"El más cruel de ellos fue un campo de exterminio en una zona de la Base Naval conocida como Baterías, donde sólo quedaron dos supervivientes y por donde pasaron numerosos militantes desaparecidos", afirma el proyecto.
Fuente:LaBrujula24
Legisladores mostraron su preocupación ante la demora en el inicio de los juicios a represores, por delitos de lesa humanidad ocurridos en el ámbito de Bahía Blanca.
La diputada Virginia Linares presentó un proyecto, donde asegura que "nada se sabe de las posibles fechas de inicio de los juicios a los represores, correspondientes a la jurisdicción del Comando del Vº Cuerpo de Ejército, a pesar de que la causa se reabriera hace cinco años y de la promesa de que en el 2010 comenzarían los juicios".
Detalla además que, miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) local, militantes y querellantes, entregaron dos petitorios al Tribunal Federal N° 1 de la ciudad de Bahía Blanca el pasado 11 de noviembre: el primero vinculado con la formulación de una fecha concreta de inicio de los debates, y el segundo solicitando que se confirme a la Universidad Nacional del Sur como sede de los mismos, y hasta el momento no se han obtenido respuestas.
En su proyecto la legisladora, critió el accionar de la Cámara Federal local, afirma que "la parsimonia de la Cámara Federal de Bahía Blanca respecto a su actuación por los crímenes cometidos durante la dictadura ha permitido que en este ámbito ya sean más los fallecidos y prófugos que los imputados".
Detalla también algunos de los hechos ocurridos en esta zona, "La Escuelita fue el único centro del que se ha podido recoger un testimonio escrito, pero se sabe que en la región de Bahía Blanca hubo por lo menos cuatro centros de detención ilegales y tres campos de concentración".
"El más cruel de ellos fue un campo de exterminio en una zona de la Base Naval conocida como Baterías, donde sólo quedaron dos supervivientes y por donde pasaron numerosos militantes desaparecidos", afirma el proyecto.
Fuente:LaBrujula24
SANTA FE: EL REPRESOR MORALES VOLVERÁ A LA CÁRCEL.
El represor Morales volverá a la cárcel
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la excarcelación que benefició al ex capitán Domingo Morales, acusado por delitos de lesa humanidad en Santa Fe durante la última dictadura.
30.12.2010
El ex capitan del Ejército Domingo Morales, quien durante la dictadura integró el Destacamento de Inteligencia 122 en nuestra región, deberá volver a prisión. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió revocar la excarcelación con que la Cámara de casación había beneficiado al ex militar, imputado en una megacausa federal que tramita en Santa Fe el juez federal Reinaldo Rodríguez.
Morales pasó una temporada a la sombra en el penal del barrio Las Flores, en la capital santafesina, acusado de haber participado en 16 homicidios, de haber formado una asociación ilícita en el marco del plan criminal que militares y civiles ejecutaron entre 1976 y 1983. Además, se lo acusa de haber ocultado con dolo la identidad de una bebé. Desde octubre del 2009 hasta el 7 de abril de este año el ex militar estuvo alojado en el anexo tres del pabellón de la unidad penal santafesina, donde ya cumplen condenas los represores Víctor Brusa, Eduardo Ramos y Horacio Barcos.
Morales fue el único de los militares que perdió la libertad en el marco de la megacausa judicial, ya que otros tres fallecieron y cuatro gozan de la prisión domiciliaria. En la misma investigación, hay dos ex policías imputados, aunque ya cumplen condenas por hechos también vinculados con la represión ilegal.
Con 64 años, el ex capitán del Destacamento de Inteligencia quedó en libertad luego de un fallo de la Cámara de Casación, que fue apelado por el Ministerio Público. Ayer, la Corte Suprema de Justicia revocó la excarcelación por lo que Morales volverá a quedar preso. Ahora, deberá decidirse si el militar retirado será alojado en la cárcel de Marcos Paz, o en el penal de Las Flores. Esa decisión deberá ser resuelta por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien no pudo definirla antes porque la Cámara de Casación ya había resuelto excarcelarlo. En abril de este año recuperó la libertad con una caución de 50 mil pesos y con la promesa de presentarse ante una delegación de la Policía Federal cada 15 años, además de la imposibilidad de salir del país. Apenas le abrieron las rejas en Las Flores, volvió a Buenos Aires, a la casa que habita en la localidad de Pergamino.
El fallo de la Corte que revocó la excarcelación fue votado por todos los ministros y dos de ellos, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, lo hicieron en disidencia.
El capitán Morales siempre estuvo vinculado a causas relacionadas con la represión ilegal, sobre todo por su activa participación en el Destacamento de Inteligencia 122, desde donde salían todas las denominadas “operaciones antisubversivas”. En esa dependencia del Área 212 - que abarcaba a Santa Fe pero también a todo el litoral -.
Su nombre fue mencionado el año pasado, mientras se debatía la Causa Brusa. La ex detenida Cecilia Mazzetti, quien fuera secuestrada y encarcelada en la Guardia de Infantería con tan solo 17 años, lo señaló como un represor.
Mazetti recordó que vió a Morales en la Seccional Cuarta en septiembre de 1976, donde fue torturada por una patota que integraba el militar. La mujer, pese a tener un embarazado avanzado, fue brutalmente golpeada a tal punto que debió ser hospitalizada. Luego, la mujer fue trasladada a la GIR, donde volvió a cruzarse con el rubicundo represor. “Te vas a podrir acá adentro”, le dijo. Ya en democracia, Mazetti se encontró en la calle con Morales que, con absoluta naturalidad indicó. “Hola Cecilia”. Lo acompañaba aquella vez otro torturador, el fallecido Nicolás Correa. La versión de Mazetti fue confirmada por otras víctimas, entre ellas Silvia Suppo, que recordó en la testimonial brindada el 5 de octubre de 2009 al capitán retirado.
- ¿Vió en la GIR al capitán Morales?, le preguntó la abogada querellante Leticia Fascendini.
- Sí, en el patio, siempre que la veía a Cecilia, iba a presionarla, le decía “vos no me dijiste una cosa que yo quiero saber, así que te vas a pudrir acá dentro, ellas dos van a salir y vos no”.
Fuente:Notife
La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la excarcelación que benefició al ex capitán Domingo Morales, acusado por delitos de lesa humanidad en Santa Fe durante la última dictadura.
30.12.2010
El ex capitan del Ejército Domingo Morales, quien durante la dictadura integró el Destacamento de Inteligencia 122 en nuestra región, deberá volver a prisión. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió revocar la excarcelación con que la Cámara de casación había beneficiado al ex militar, imputado en una megacausa federal que tramita en Santa Fe el juez federal Reinaldo Rodríguez.
Morales fue el único de los militares que perdió la libertad en el marco de la megacausa judicial, ya que otros tres fallecieron y cuatro gozan de la prisión domiciliaria. En la misma investigación, hay dos ex policías imputados, aunque ya cumplen condenas por hechos también vinculados con la represión ilegal.
Con 64 años, el ex capitán del Destacamento de Inteligencia quedó en libertad luego de un fallo de la Cámara de Casación, que fue apelado por el Ministerio Público. Ayer, la Corte Suprema de Justicia revocó la excarcelación por lo que Morales volverá a quedar preso. Ahora, deberá decidirse si el militar retirado será alojado en la cárcel de Marcos Paz, o en el penal de Las Flores. Esa decisión deberá ser resuelta por el juez federal Reinaldo Rodríguez, quien no pudo definirla antes porque la Cámara de Casación ya había resuelto excarcelarlo. En abril de este año recuperó la libertad con una caución de 50 mil pesos y con la promesa de presentarse ante una delegación de la Policía Federal cada 15 años, además de la imposibilidad de salir del país. Apenas le abrieron las rejas en Las Flores, volvió a Buenos Aires, a la casa que habita en la localidad de Pergamino.
El fallo de la Corte que revocó la excarcelación fue votado por todos los ministros y dos de ellos, Enrique Petracchi y Carmen Argibay, lo hicieron en disidencia.
El capitán Morales siempre estuvo vinculado a causas relacionadas con la represión ilegal, sobre todo por su activa participación en el Destacamento de Inteligencia 122, desde donde salían todas las denominadas “operaciones antisubversivas”. En esa dependencia del Área 212 - que abarcaba a Santa Fe pero también a todo el litoral -.
Su nombre fue mencionado el año pasado, mientras se debatía la Causa Brusa. La ex detenida Cecilia Mazzetti, quien fuera secuestrada y encarcelada en la Guardia de Infantería con tan solo 17 años, lo señaló como un represor.
Mazetti recordó que vió a Morales en la Seccional Cuarta en septiembre de 1976, donde fue torturada por una patota que integraba el militar. La mujer, pese a tener un embarazado avanzado, fue brutalmente golpeada a tal punto que debió ser hospitalizada. Luego, la mujer fue trasladada a la GIR, donde volvió a cruzarse con el rubicundo represor. “Te vas a podrir acá adentro”, le dijo. Ya en democracia, Mazetti se encontró en la calle con Morales que, con absoluta naturalidad indicó. “Hola Cecilia”. Lo acompañaba aquella vez otro torturador, el fallecido Nicolás Correa. La versión de Mazetti fue confirmada por otras víctimas, entre ellas Silvia Suppo, que recordó en la testimonial brindada el 5 de octubre de 2009 al capitán retirado.
- ¿Vió en la GIR al capitán Morales?, le preguntó la abogada querellante Leticia Fascendini.
- Sí, en el patio, siempre que la veía a Cecilia, iba a presionarla, le decía “vos no me dijiste una cosa que yo quiero saber, así que te vas a pudrir acá dentro, ellas dos van a salir y vos no”.
Fuente:Notife
JULIO SCHLOSSER HOMENAJEÓ A TODOS LOS DESAPARECIDOS.
Julio Schlosser homenajeó a todos los desaparecidos
29.12.2010
“Cuando entramos a la plaza seca y vemos esa pieza de arte que recuerda a los desaparecidos judíos en la época del terrorismo de estado podemos ver que han sido 1.900 o 2.000. Tengamos en cuenta que en esa época el uno por ciento de la población del país era judío, y de los 30.000 desaparecidos más del seis por ciento eran judíos. Es un dato que hay que tener en consideración y relacionarlo con la Shoá. En la Alemania Nazi menos del uno por ciento de la población era judía y allí surgió el nazismo. Entonces son realmente válidos todos los razonamientos que se fueron dando del por qué el ensañamiento con los judíos en la época de la dictadura militar.
El compromiso de todas las instituciones que integran la comunidad judía, que hemos sabido lo que es el dolor y lo que representa la muerte de un ser querido es, en las palabras del presidente de la Corte Suprema, el motor que va a seguir atrás de cada uno de los procesos en búsqueda de justicia. Nosotros vamos a estar acompañando a la justicia en este momento en que, realmente, estamos tratando de que nuestros muertos descansen en paz.
Los judíos, aunque hace 65 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, seguimos buscando criminales de guerra nazis, porque es una obligación, porque participamos en todos los foros internacionales en los que se busca justicia para la Shoá.
Hace 30 años aproximadamente que finalizó la dictadura militar, comparado con esto es muy poco tiempo y estamos dispuestos a no bajar los brazos.
El compromiso real es que vamos a estar en todos los foros en donde se trate y se debata el tema de los desaparecidos, no el de los desaparecidos judíos, porque en este – hoy – estamos recordando y homenajeando a los desaparecidos judíos, pero en ellos estamos homenajeando y recordando a los 30.000 desaparecidos. También estamos recordando a los seis millones de judíos que murieron en el Holocausto, a las víctimas de la Embajada de Israel y a las víctimas de la AMIA. Es nuestro compromiso la búsqueda de justicia y la memoria.
A veces nos preguntamos cómo sucedió esto. Por qué el Holocausto sucedió en la parte más educada de Europa y nosotros creíamos que estábamos viviendo el paraíso de la educación en nuestro país. Quiere decir que la educación no alcanza. El compromiso de la AMIA está con la educación, pero también es necesaria la justicia para que aquellos que hicieron lo que hicieron sepan que no se la llevan de arriba.
Por eso escuchar al Poder Judicial en las palabras del Dr. Rafecas, del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es algo que nos vamos a llevar de este acto, más de allá de que hayamos escuchado una canción o recordado a las víctimas. Nos llevamos la paz interior de que hoy en la Argentina se busca justicia y nosotros decimos: nunca más una Shoá, nunca más víctimas de la AMIA y la Embajada, y nunca más víctimas del terrorismo de estado”.
Fuente:ItonGadol
29.12.2010
El compromiso de todas las instituciones que integran la comunidad judía, que hemos sabido lo que es el dolor y lo que representa la muerte de un ser querido es, en las palabras del presidente de la Corte Suprema, el motor que va a seguir atrás de cada uno de los procesos en búsqueda de justicia. Nosotros vamos a estar acompañando a la justicia en este momento en que, realmente, estamos tratando de que nuestros muertos descansen en paz.
Los judíos, aunque hace 65 años que terminó la Segunda Guerra Mundial, seguimos buscando criminales de guerra nazis, porque es una obligación, porque participamos en todos los foros internacionales en los que se busca justicia para la Shoá.
Hace 30 años aproximadamente que finalizó la dictadura militar, comparado con esto es muy poco tiempo y estamos dispuestos a no bajar los brazos.
El compromiso real es que vamos a estar en todos los foros en donde se trate y se debata el tema de los desaparecidos, no el de los desaparecidos judíos, porque en este – hoy – estamos recordando y homenajeando a los desaparecidos judíos, pero en ellos estamos homenajeando y recordando a los 30.000 desaparecidos. También estamos recordando a los seis millones de judíos que murieron en el Holocausto, a las víctimas de la Embajada de Israel y a las víctimas de la AMIA. Es nuestro compromiso la búsqueda de justicia y la memoria.
A veces nos preguntamos cómo sucedió esto. Por qué el Holocausto sucedió en la parte más educada de Europa y nosotros creíamos que estábamos viviendo el paraíso de la educación en nuestro país. Quiere decir que la educación no alcanza. El compromiso de la AMIA está con la educación, pero también es necesaria la justicia para que aquellos que hicieron lo que hicieron sepan que no se la llevan de arriba.
Por eso escuchar al Poder Judicial en las palabras del Dr. Rafecas, del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es algo que nos vamos a llevar de este acto, más de allá de que hayamos escuchado una canción o recordado a las víctimas. Nos llevamos la paz interior de que hoy en la Argentina se busca justicia y nosotros decimos: nunca más una Shoá, nunca más víctimas de la AMIA y la Embajada, y nunca más víctimas del terrorismo de estado”.
Fuente:ItonGadol
URUGUAY: ACUERDO PARA REANUDAR EXCAVACIONES EN BATALLON 14.
ACUERDO PARA REANUDAR EXCAVACIONES EN BATALLON 14
MONTEVIDEO, 28 (ANSA) - El gobierno uruguayo y la Universidad de la República firmaron un acuerdo para reanudar las excavaciones dentro del Batallón 14 de Toledo, próximo a Montevideo, a los efectos de hallar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). El convenio estipula que las tareas de remoción de tierras serán realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2011, aunque si no hubiera resultados, el documento permite la posibilidad de prorrogar el contrato hasta el mes de octubre.
Las tareas que estarán a cargo del jefe de Antropología Forense de la Udelar, José López Mazz, tendrá un costo de 114 mil dólares y será financiado por el Estado.
Si bien las excavaciones se reanudarán en el Batallón 14 de Paracaidistas, podría extenderse luego a otros predios, en virtud de la información en poder de los antropólogos.
El gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) realizó excavaciones en el Batallón 13 y en una chacra privada que perteneció a la Fuerza Aérea, predios en los cuales se hallaron en 2005 los restos del profesor Fernando Miranda y del obrero metalúrgico Ubagesner Chavéz Sosa. Organizaciones de derechos humanos estiman en unos 200 los desaparecidos durante la dictadura, la mayoría de ellos secuestrados en Argentina en virtud del llamado Plan Cóndor que coordinó la represión de los regímenes militares del Cono Sur en los años 70 y 80.
Fuente:AnsaLatina
MONTEVIDEO, 28 (ANSA) - El gobierno uruguayo y la Universidad de la República firmaron un acuerdo para reanudar las excavaciones dentro del Batallón 14 de Toledo, próximo a Montevideo, a los efectos de hallar restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). El convenio estipula que las tareas de remoción de tierras serán realizadas entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2011, aunque si no hubiera resultados, el documento permite la posibilidad de prorrogar el contrato hasta el mes de octubre.
Las tareas que estarán a cargo del jefe de Antropología Forense de la Udelar, José López Mazz, tendrá un costo de 114 mil dólares y será financiado por el Estado.
Si bien las excavaciones se reanudarán en el Batallón 14 de Paracaidistas, podría extenderse luego a otros predios, en virtud de la información en poder de los antropólogos.
El gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010) realizó excavaciones en el Batallón 13 y en una chacra privada que perteneció a la Fuerza Aérea, predios en los cuales se hallaron en 2005 los restos del profesor Fernando Miranda y del obrero metalúrgico Ubagesner Chavéz Sosa. Organizaciones de derechos humanos estiman en unos 200 los desaparecidos durante la dictadura, la mayoría de ellos secuestrados en Argentina en virtud del llamado Plan Cóndor que coordinó la represión de los regímenes militares del Cono Sur en los años 70 y 80.
Fuente:AnsaLatina
LA JUSTICIA ARGENTINA COMENZÓ UNA INVESTIGACIÓN POR EL CRIMEN DEL EX SOLDADO URUGUAYO.
Investigación. La Justicia argentina comenzó a indagar el eventual crimen del ex soldado uruguayo
"Mi hermano tenía más de una puñalada en el abdomen"
Luis Ramírez, el hermano del ex soldado Julio Ruperto Ramírez, probablemente asesinado en una isla argentina llamada Sauce, en el río Uruguay, frente a Nueva Palmira, dijo a LA REPUBLICA que el juez argentino de la causa le dijo que su hermano tendría al menos dos puñaladas en el abdomen.
Por Víctor Carrato
Luis Ramírez. El hermano de la víctima dialogó ayer con LA REPUBLICA.
Sin embargo la autopsia parece que no se realizaría hasta el 15 de enero, casi un mes después de su muerte.
El juez Eduardo García Jurado le dijo a Luis Ramírez que no le podían entregar el cuerpo porque tenía más de una puñalada. Tales las afirmaciones de Luis Ramírez, hermano del probablemente asesinado ex soldado Julio Ruperto Ramírez. Pero hasta el 15 de enero no se haría la autopsia, según los datos aportados por el hermano del ex soldado.
Luis Ramírez estuvo durante una semana en Colonia, aún careciendo de medios económicos para subsistir allí, donde el juez García Jurado le aseguró que después del 15 de enero lo llamaría telefónicamente para darle datos sobre la autopsia de su hermano.
"Yo iba a ver a mi hermano desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, durante las fiestas de fin año, junto con mi hijo. Siempre voy todos los fines de año. Yo lo veía siempre tranquilo a mi hermano". El ex soldado revistó durante alrededor de 17 años en el ejército, según afirmó su hermano. Su cuerpo apareció a 15 kilómetros de distancia de la isla donde trabajaba.
Julio Ruperto Ramírez trabajaba una quinta propiedad de Diego Gómez. Este aseguró que Julio Ramírez no le dijo nada que hiciera sospechar que le podía pasar algo. "Julio no se metía con nadie, era tranquilo. La gente de la isla lo quería. Me parece raro todo. Nadie, ni siquiera su hermano, me dijo que el cadáver tenía heridas. Mañana mismo (por el lunes pasado) le pido autorización a mi médica y voy a ir a preguntar".
Luis Ramírez no cree mucho en la versión del patrón de su hermano, Diego Gómez ni en la versión ni tampoco en la denuncia de Carlos Ferreyra que denunció que Julio Ruperto Ramírez se había caído al agua.
Cualquiera puede imaginar que Ramírez, caído al agua se puede haber destrozado la cara, el pecho y hasta haberse sacado un brazo, de acuerdo a lo que se informa sobre su estado por parte de Prefectura argentina, pero dos puñaladas en el abdomen es difícil encontrarlas bajo el agua. El cuerpo de Ramírez, de 60 años, apareció el pasado 19 de diciembre en un avanzado estado de putrefacción en la rivera argentina del río Uruguay con el rostro desfigurado, un brazo mutilado y el abdomen abierto.
El juez de Instrucción de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, comenzará hoy a tomar declaración a personas que estuvieron con Julio Ruperto Ramírez, el ex militar uruguayo que fue asesinado y hallado sin vida en el río Uruguay, informaron fuentes judiciales.
El juez señaló que, hasta ahora, no tiene elementos para vincular la muerte con la decisión del ex militar de brindar testimonio sobre lugares de enterramientos clandestinos durante la dictadura uruguaya (1973/85).
"No tengo absolutamente nada sobre la hipótesis planteada desde cierto sector del periodismo uruguayo", dijo y advirtió que "esa hipótesis implicaría el compromiso de mucha gente y acá no se ve nada de eso".
"Sin embargo, mi experiencia judicial y mi compromiso militante con los derechos humanos me hace tomar todas las precauciones del caso y ahondar en la investigación para tratar de no dejar ninguna duda", sostuvo.
Lille Caruso, militante de derechos humanos y dirigente del Partido Comunista de Uruguay, confirmó que la víctima "era una persona retirada del Ejército que tenía datos" y "estaba dispuesto a declarar" ante la Justicia.
Prefectura argentina encontró a Ramírez a 10 kilómetros del lugar donde supuestamente ocurrió el hecho, pero nueve días más tarde. Luego también apareció ante la Policía otro poblador del Delta para decir que él había visto la caída de Ramírez.
La Prefectura Naval argentina encontró una semana atrás, en el Río Uruguay, el cuerpo de Julio Ruperto Ramírez, un ex soldado uruguayo de unos 60 años, testigo clave en varias causas de Derechos Humanos en el país vecino. La noticia fue difundida por el diario montevideano LA REPUBLICA. Ramírez había aportado datos certeros sobre fosas comunes en los batallones 13 y 14.
En ese mismo lugar, en febrero próximo, la Justicia uruguaya retomará las excavaciones para buscar los restos de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
Según fuentes periodísticas argentinas, el juez de Instrucción de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado comenzó hoy a tomar declaración a personas que estuvieron con Julio Ruperto Ramírez, el ex militar uruguayo que fue asesinado y hallado sin vida en el río Uruguay.
LA REPUBLICA volvió a comunicarse con el Juzgado de Paranacito, pero el juez García Jurado estaba en una audiencia.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
"Mi hermano tenía más de una puñalada en el abdomen"
Luis Ramírez, el hermano del ex soldado Julio Ruperto Ramírez, probablemente asesinado en una isla argentina llamada Sauce, en el río Uruguay, frente a Nueva Palmira, dijo a LA REPUBLICA que el juez argentino de la causa le dijo que su hermano tendría al menos dos puñaladas en el abdomen.
Por Víctor Carrato
Luis Ramírez. El hermano de la víctima dialogó ayer con LA REPUBLICA.
Sin embargo la autopsia parece que no se realizaría hasta el 15 de enero, casi un mes después de su muerte.
El juez Eduardo García Jurado le dijo a Luis Ramírez que no le podían entregar el cuerpo porque tenía más de una puñalada. Tales las afirmaciones de Luis Ramírez, hermano del probablemente asesinado ex soldado Julio Ruperto Ramírez. Pero hasta el 15 de enero no se haría la autopsia, según los datos aportados por el hermano del ex soldado.
Luis Ramírez estuvo durante una semana en Colonia, aún careciendo de medios económicos para subsistir allí, donde el juez García Jurado le aseguró que después del 15 de enero lo llamaría telefónicamente para darle datos sobre la autopsia de su hermano.
"Yo iba a ver a mi hermano desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, durante las fiestas de fin año, junto con mi hijo. Siempre voy todos los fines de año. Yo lo veía siempre tranquilo a mi hermano". El ex soldado revistó durante alrededor de 17 años en el ejército, según afirmó su hermano. Su cuerpo apareció a 15 kilómetros de distancia de la isla donde trabajaba.
Julio Ruperto Ramírez trabajaba una quinta propiedad de Diego Gómez. Este aseguró que Julio Ramírez no le dijo nada que hiciera sospechar que le podía pasar algo. "Julio no se metía con nadie, era tranquilo. La gente de la isla lo quería. Me parece raro todo. Nadie, ni siquiera su hermano, me dijo que el cadáver tenía heridas. Mañana mismo (por el lunes pasado) le pido autorización a mi médica y voy a ir a preguntar".
Luis Ramírez no cree mucho en la versión del patrón de su hermano, Diego Gómez ni en la versión ni tampoco en la denuncia de Carlos Ferreyra que denunció que Julio Ruperto Ramírez se había caído al agua.
Cualquiera puede imaginar que Ramírez, caído al agua se puede haber destrozado la cara, el pecho y hasta haberse sacado un brazo, de acuerdo a lo que se informa sobre su estado por parte de Prefectura argentina, pero dos puñaladas en el abdomen es difícil encontrarlas bajo el agua. El cuerpo de Ramírez, de 60 años, apareció el pasado 19 de diciembre en un avanzado estado de putrefacción en la rivera argentina del río Uruguay con el rostro desfigurado, un brazo mutilado y el abdomen abierto.
El juez de Instrucción de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, comenzará hoy a tomar declaración a personas que estuvieron con Julio Ruperto Ramírez, el ex militar uruguayo que fue asesinado y hallado sin vida en el río Uruguay, informaron fuentes judiciales.
El juez señaló que, hasta ahora, no tiene elementos para vincular la muerte con la decisión del ex militar de brindar testimonio sobre lugares de enterramientos clandestinos durante la dictadura uruguaya (1973/85).
"No tengo absolutamente nada sobre la hipótesis planteada desde cierto sector del periodismo uruguayo", dijo y advirtió que "esa hipótesis implicaría el compromiso de mucha gente y acá no se ve nada de eso".
"Sin embargo, mi experiencia judicial y mi compromiso militante con los derechos humanos me hace tomar todas las precauciones del caso y ahondar en la investigación para tratar de no dejar ninguna duda", sostuvo.
Lille Caruso, militante de derechos humanos y dirigente del Partido Comunista de Uruguay, confirmó que la víctima "era una persona retirada del Ejército que tenía datos" y "estaba dispuesto a declarar" ante la Justicia.
Prefectura argentina encontró a Ramírez a 10 kilómetros del lugar donde supuestamente ocurrió el hecho, pero nueve días más tarde. Luego también apareció ante la Policía otro poblador del Delta para decir que él había visto la caída de Ramírez.
La Prefectura Naval argentina encontró una semana atrás, en el Río Uruguay, el cuerpo de Julio Ruperto Ramírez, un ex soldado uruguayo de unos 60 años, testigo clave en varias causas de Derechos Humanos en el país vecino. La noticia fue difundida por el diario montevideano LA REPUBLICA. Ramírez había aportado datos certeros sobre fosas comunes en los batallones 13 y 14.
En ese mismo lugar, en febrero próximo, la Justicia uruguaya retomará las excavaciones para buscar los restos de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
Según fuentes periodísticas argentinas, el juez de Instrucción de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado comenzó hoy a tomar declaración a personas que estuvieron con Julio Ruperto Ramírez, el ex militar uruguayo que fue asesinado y hallado sin vida en el río Uruguay.
LA REPUBLICA volvió a comunicarse con el Juzgado de Paranacito, pero el juez García Jurado estaba en una audiencia.
FuentedeOrigen:LaRepublica
Fuente:Agndh
TUCUMÁN: LISTADO DE LAS VÍCTIMAS DEL CCD ARSENALES.
Uno de los depósitos utilizados como CCDD
28/12/2010 - Realizado por testimonios de sobrevivientes y familiares
El listado de las victimas en el CCDD "Arsenales"
Alrededor de 100 personas conforman la larga lista de víctimas que sufrieron tormentos en el Centro Clandestino de Detención que funcionó durante la última dictadura en Arsenales "Miguel de Azcuénaga".
La nómina fue confeccionada sobre la base de testimonios aportados por sobrevivientes y familiares de las víctimas.
En cada uno de estos nombres está encerrada una identidad que no podrán borrar de la memoria y es la siguiente:
HOLMQUIST Luis Adolfo, FERNÁNDEZ Enrique Raúl, CORRAL Ana Cristina, CAMPOPIANO César Gustavo, MEDINA Celia Georgina, CAMPOPIANO Julio César, NIEVA Oscar René, YACKEL Ernestina Teresa; BARRIONUEVO Mario, BARRIONUEVO Antonia del Valle, DÍAZ SARAVIA José Horacio, GUERRERO DE DÍAZ SARAVIA Teresa Mercedes, OSORES Carlos Raúl, RONDOLETTO Pedro, CENADOR DE RONDOLETTO María, RONDOLETTO Silvia Margarita, RONDOLETTO Jorge Osvaldo y BERMEJO DE RONDOLETTO Azucena.
GONZÁLEZ GALLO María Celestina, ARGAÑARAZ Rosario, ARGAÑARAZ Miguel Alberto, GONZÁLEZ TOLEDO Víctor Hugo, SOLDATI Luis Alberto, IRAMAIN María Trinidad, QUINTEROS René Manuel, CORBALÁN Félix Viterbo, DÍAZ MACÍAS Enrique Gonzalo, AUGIER Alberto Argentino, JIMÉNEZ DE SOLDATI María Isabel, SAADE SAIEG Antonio Naief, BUSTAMANTE Juan Carlos, BERÓN Oscar Rafael, SOSA DE REYNAGA Ana María, MANFREDI Ángel Vicente, MEDINA GUTIÉRREZ Ángel Alfonso, FOTE Fortunato Leandro, MÁRQUEZ Damián Octavio, RODRÍGUEZ Juan Faustino, RODRÍGUEZ Pedro Ricardo, JUSTO Héctor Oscar y PALMIERI DE CERVIÑO Matilde de los Ángeles.
ACUÑA Baltasar, BARRIONUEVO Nemesio Humberto, ALMERICO José, GÓMEZ Juan de Dios, GODOY Enrique, DÍAZ Manuel Julio, PEREYRA Beningno Alberto, ALARCÓN Rina Rosa, DÍAZ Alberto, OLIVERA Manuel Eugenio, FÜRTH Federico Adolfo, GIRIBALDI Osvaldo José Gregorio, FALÚ Luis Eduardo, GONZÁLEZ Hernán Eugenio, VACA RUBIO Raúl Alberto, RODRÍGUEZ ROMÁN DE FIAD María Cristina, YAÑEZ Rafael Vitalino, SAFAROV Víctor Hugo, SÁNCHEZ María Teresa, ARCHETTI Armando, CANO José Antonio, DEL CASTILLO Julio Arnaldo, SÁNCHEZ Enrique Alberto, FOCHI Gustavo Adolfo, MORALES Reyes Humberto, LERNER Rodolfo Hugo, CARRERAS Juan Francisco y GONZÁLEZ Humberto Alfredo.
LORENZO LERMA Andrés Héctor, PASTORI Juan Carlos, CRUZ Ernesto José Segundo, CHAPARRO Santos Aurelio, IÑÍGUEZ Gloria del Valle, BRIZUELA Ramón, CORONEL Alfredo Antonio, CARABAJAL Ercilia Dolores, HOYOS Blanca, ABAD Julio Ricardo, ALDERETE SORIA Alejandro Federico, ALDERETE Víctor Fernando, CAJAL Nora Alicia del Valle, FABIO Diana Elsa, QUINTEROS Juan Manuel, MAZZAMUTO DE ROMERO María Angélica, ROMERO Roberto, ROMERO Antonio Raúl, SUÁREZ Julio Guillermo, SUÁREZ Manuel Humberto, MONASTERIO Francisco Carlos, MOYANO María Candelaria, HAZURÚN Teresita Cándida, MÉNDEZ BRANDER Ángel Adolfo, LASKOWSKI María Margarita, CANTOS Anabel Beatriz, CANTOS Luis y CANTOS Germán.
FuentedeOrigen:TucumanHoyFuente:Agndh
Carta de Juan José Cazorla dando cuenta de la restitución de los restos de su madre Mercedes Morales, secuestrada en Monteros
Queridos compañeras/os
Me llamo Juan José Cazorla, muchos de ustedes me conocen sin saber quién soy pues estuve presente, lo más que pude, en el juicio a los genocidas de Jefatura.
Quiero compartir con todos la restitución de los restos de mi madre, Mercedes del Valle Morales que fue secuestrada, en Monteros durante el mes de mayo de 1976, junto a mis abuelos - Toribia Romero de Morales y José Ramón Morales- y tíos -José Silvano Morales, Juan Ceferino Morales y Julio César Morales- , todos se encuentran desaparecidos salvo mi tía abuela, Angélica Romero, que fue liberada a los pocos días.
Hace un par de años me reencontré con mi familia materna, gracias a la excelente investigación realizada por la CONADI y el Nodo Tucumán de Abuelas de Plaza de Mayo, nunca hubo denuncia sobre mi existencia ante Abuelas por lo que el mérito de la CONADI es muy valorable.
Sé que es gracias a la persistente actividad de los organismos de derechos humanos que hoy puedo disfrutar el haber encontrado a mi familia y destaco el trabajo del EAAF que encontraron e identificaron los restos de mi madre.
Por todo esto es que quiero compartir con ustedes esta triste alegría de poder cerrar un capítulo de mi historia.
Me gustaría que nos acompañen a toda la familia Morales en el momento del entierro de mi mamá, les avisaré la fecha en el momento oportuno.
Reitero mi agradecimiento a la lucha de los organismos de derechos humanos, la CONADI, EAAF, Nodo Tucumán de Abuelas de Plaza de Mayo y a todos aquellos que me apoyaron y acompañaron en esta búsqueda. No quiero dejar de tener presente a mi tía abuela Máxima Rita de Moreno y a su hija Isabel que son quienes, desafiando las persecuciones y represión de la dictadura, hicieron todo lo posible para encontrar a mi familia.
Reciban todos y todas un afectuoso abrazo en mi nombre y el de mi familia.
Juan José Cazorla (tengo en trámite la rectificación de mi identidad)
Fuente:Agndh
Detalle minucioso de las torturas a las que sometían a los detenidos
28 de Diciembre de 2010 Picana eléctrica, submarino, muerte por tétanos, arrastre por campos de espinas, eran algunos de los tormentos que aplicaban los asesinos.
Dice la resolución de Bejas que "conforme relatos coincidentes de los sobrevivientes los detenidos eran interrogados mediante la aplicación de picana eléctrica en diferentes partes del cuerpo especialmente sensibles como genitales, lengua, párpados, pechos, oídos, etc; que para tales fines eran atados a la estructura metálica de una cama (“parrilla”) y en ocasiones mojados u obligados a beber agua para mejorar la conductividad de la electricidad en su cuerpo y aumentar de esa manera el dolor; que también se les aplicaba la técnica del “submarino”, conforme la cual se sumergía al detenido con las manos atadas a la espalda en un tacho con agua, excrementos y orines, hasta producirles asfixia, aplicando incluso electricidad en el tacho, lo que llevó a la muerte de muchos de los cautivos."
En otro parrafo destaca que "también se realizaba el llamado “enterramiento”, “pozo” o “arbolito”, método particularmente atroz por el cual las personas en poder de sus captores eran enterradas desnudas, dejando solamente su cabeza fuera de un pozo cavado en la tierra, que previamente era mojado a fin de compactarlo, lo que provocaba en la persona una pérdida absoluta de manejo de su cuerpo, grandes dolores, fuertes calambres e infecciones en la piel de toda índole, produciéndose en muchos casos la muerte por tétanos".
Otra técnica de tortura descripta por los sobrevivientes era el denominado “arrastre” que consistía en atar a los prisioneros a un tractor que se ponía en marcha y éstos resultaban muy lastimados por el suelo irregular, plagado de espinas y desniveles; asimismo se realizaba el colgamiento de los detenidos de una barra ubicada a unos tres metros de altura, sin poder tocar el suelo con los pies, lo que desgarraba sus músculos, o bien de ganchos que se colocaban en la pared del edificio del CCD, a veces de sus testículos …; también se impartía a los prisioneros golpes en todo el cuerpo, los que en ocasiones producía severos deterioros en la salud de los detenidos, simulacros de fusilamiento y otras acciones igualmente devastadoras.-
Los castigos físicos de los responsables del centro clandestino eran acompañados de sofisticadas torturas psicológicas, induciendo a los detenidos a colaborar, careándolos unos con otros para producir “quiebres”, amenazándolos a ellos o a sus familiares y en muchos casos torturando a personas enfrente de familiares cercanos o a propósito de éstos y de sus actividades, o enfrentándolos a sus parejas, compañeros o vecinos."
Consecuentemente con el relato precedente, cabe concluir que los tormentos constatados sobre las personas detenidas clandestinamente en el centro clandestino Arsenal, se produjeron en forma sistemática, simultánea y continúa, se realizaron intencionalmente como medio intimidatorio a efectos de obtener supuestas confesiones, ocasionando a sus víctimas sufrimientos físicos y mentales.
Además corresponde advertir que al momento de los hechos, las Fuerzas Militares y de Seguridad seleccionaron a las víctimas dentro del grupo de población que calificaron como “la subversión”, al que consideraron compuesto tanto por personas con alguna afiliación o afinidad política, como por aquellas que -sin intervención en partidos o grupos políticos- tenían alguna vinculación con reclamos o reivindicaciones sociales, o bien por quienes simplemente mantenían relaciones personales con personas vinculadas a la actividad política o social.
Torturas seguidas de muerte: El tercer párrafo del art. 144 ter conforme ley 14616 del C.P., tipifica una agravante del tipo penal de torturas, la que se configura cuando, a consecuencia de los tormentos, se produce la muerte de la víctima… Del análisis de la prueba obrante en las causa conexas a la presente, surge demostrado presuntamente el delito de torturas seguidas de muerte en perjuicio de Julio César CAMPOPIANO, Juan de Dios GOMEZ, Enrique Gonzalo DIAZ MACIAS, Víctor SAFAROV, Humberto Alfredo GONZALEZ, Gustavo Adolfo FOCHI, Julio Ricardo ABAD y Ángel Adolfo MÉNDEZ BRANDER
Fuente:ElDiario24
miércoles 29 de diciembre de 2010
Tucumán: Desnudan el horror en el centro clandestino más sangriento del NOA
PRIMERA FUENTE
El ex Arsenal Miguel de Azcuénaga habría comenzado a funcionar en los primeros meses del año 1976, y allí habrían sido alojadas personas secuestradas de sus domicilios o en la vía pública, muchas de las cuales habrían sido detenidas primeramente en otros centros clandestinos de la provincia. Allí las víctimas, alrededor de unas 80 personas, sufrieron torturas y algunas, hasta encontraron la muerte.
“Allí funcionó como destino final del circuito represivo, donde se habrían ejecutado las decisiones finales respecto de las víctimas detenidas clandestinamente”, concluyó el juez federal Nº1, Daniel Bejas, en la resolución en la que procesó a 21 personas de mandos medios involucrados en los delitos de lesa humanidad cometidos en ese predio militar, ubicado sobre la ruta nacional Nº9.
Los acusados, encabezados por el ex policía Roberto “El Tuerto” Albornoz (hoy preso en el penal de Villa Urquiza, después de ser condenado por los delitos cometidos en la ex Jefatura de Policía), fueron imputados por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, torturas agravadas, torturas seguidas de muerte, homicidio agravado, asociación ilícita agravada.
“Aquellos imputados –expresa el escrito de Bejas- que poseían capacidad de decisión conforme su ubicación en la cadena de mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como de las fuerzas de seguridad, habrían prestado una colaboración imprescindible para la comisión de tales ilícitos al amparo de tres decisiones que sí habrían conformado directamente el plan criminal: la clandestinidad de la detenciones; la autorización relativa a que los/las detenidos/as clandestinos sufran condiciones inhumanas a fin de quebrar su resistencia moral; la garantía de impunidad para los ejecutores”.
En el expediente también se destaca que los sobrevivientes relataron el horror de las torturas, con la aplicación de picana eléctrica, en partes del cuerpo especialmente sensibles como genitales, lengua, párpados, pechos, oídos. “Para ello –se expresa en el expediente- eran atados a la estructura metálica de una cama (“parrilla”) y en ocasiones mojados u obligados a beber agua para mejorar la conductividad de la electricidad en su cuerpo y aumentar de esa manera el dolor. Otros métodos atroces que se aplicaron fueron los llamados “submarino” o “enterramiento”, “pozo” o “arbolito”. A través de estos últimos, las personas detenidas eran enterradas desnudas, dejando solamente su cabeza fuera de un pozo cavado en la tierra, y en muchos casos terminaban en casos de muerte por tétanos.
Por primera vez, Bejas también procesó a los imputados por delitos sexuales. “Los delitos sexuales cometidos por subordinados contra detenidos/as clandestinos/as, si bien no habrían conformado el conjunto de ilícitos directamente ordenados por las Fuerzas Armadas, si habrían conformado el conjunto de delitos a producirse como consecuencia natural de la clandestinidad del sistema y de la garantía de impunidad vigente”, concluyó, luego de marcar los antecedentes del Derecho Internacional respeto a este tipo de delitos.
En tanto, Bejas confirmó a primerafuente que se trata de la megacausa más importante por los delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán, y que será unificada con el primer expediente (Arsenales I), donde ya fueron procesados los represores Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez.
Fuente:Argenpress
HABLÓ LA HIJA DEL MILITANTE DEL ERP DESAPARECIDO QUE FUERA IDENTIFICADO: TOMÁS FRANCISCO TOCONÁS.
DESAPARECIDO - Esther Toconas habló sobre la identificación de los restos de Tomás Francisco Toconas
“Siempre esperé vivo a mi padre”, dijo la hija del militante del ERP
La mujer contó la dolorosa experiencia de vivir en la incertidumbre desde la desaparición de su padre.
Emotivo. Esther, junto a sus hijos, se emocionó al observar el informe periodístico a través del cual se iniciara la investigación judicial. Actualmente reside en la localidad tucumana de Santa Lucía.
Los familiares de Tomás Francisco Toconas, el integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fuera identificado por el Equipo de Antropología Forense en una tumba del cementerio de Pozo Hondo todavía no pueden contener las lágrimas luego de conocer la noticia de que podrán darle sepultura después de 35 años.
Esther Toconas, hija de Tomás, habló ayer en exclusivo con un equipo periodístico de Canal 7, quien dijo que la historia de su padre comienza a tener un final y que siempre lo esperó vivo.
“De la noche a la mañana desapareció y nunca más lo volvimos a ver, nunca más. No sabíamos nada, absolutamente nada. No saber nada es una desesperación para que alguien nos dijera algo. Después de tantos años, gracias a Dios, es un momento muy triste pero también es un momento lindo por saber que lo hemos encontrado. Yo siempre lo esperé y creía que mi padre iba a llegar vivo”, expresó la mujer que reside en la localidad tucumana de Santa Lucía.
Esther recordó la dureza de la infancia sin sus progenitores. “Después de que mi padre desapareció –narró-, a los pocos años mi madre también murió, quedamos muy chiquitos. Nos hemos criado muy mal porque no teníamos dónde estar, quién nos contenga, no teníamos nada”.
Dijo que su mamá también fue presa pero la liberaron. “Después estuvo con nosotros muy poco tiempo. Los hermanos nos criamos uno por un lado y por el otro, pero siendo más grandes nos unimos y siempre estamos juntos. Siempre nos acordábamos de ellos, toda la vida lloramos por él (por mi padre), pero nunca sabíamos nada. No teníamos a quién ni cómo preguntar”, sostuvo ante las cámaras.
Los familiares también pidieron que estas investigaciones continúen para encontrar a quienes todavía están desparecidos y no identificados.
Tomás Francisco Toconas había nacido el 2 de abril de 1934 en Tucumán. Se desempeñaba como hachero y había ingresado al ERP, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en noviembre de 1974, con el alias de Alberto, en el grado de combatiente. De acuerdo con el expediente judicial, fue secuestrado el 26 de junio de 1975 en Tucumán y los pobladores de Pozo Hondo (en Santiago del Estero) referenciaron que los primeros días de julio de ese año vieron que desde un helicóptero se arrojaba un cuerpo en una zona montuosa.
FuentedeOrigen:ElLiberal
Fuente:Agndh
“Siempre esperé vivo a mi padre”, dijo la hija del militante del ERP
La mujer contó la dolorosa experiencia de vivir en la incertidumbre desde la desaparición de su padre.
Emotivo. Esther, junto a sus hijos, se emocionó al observar el informe periodístico a través del cual se iniciara la investigación judicial. Actualmente reside en la localidad tucumana de Santa Lucía.
Los familiares de Tomás Francisco Toconas, el integrante del Ejército Revolucionario del Pueblo, que fuera identificado por el Equipo de Antropología Forense en una tumba del cementerio de Pozo Hondo todavía no pueden contener las lágrimas luego de conocer la noticia de que podrán darle sepultura después de 35 años.
Esther Toconas, hija de Tomás, habló ayer en exclusivo con un equipo periodístico de Canal 7, quien dijo que la historia de su padre comienza a tener un final y que siempre lo esperó vivo.
“De la noche a la mañana desapareció y nunca más lo volvimos a ver, nunca más. No sabíamos nada, absolutamente nada. No saber nada es una desesperación para que alguien nos dijera algo. Después de tantos años, gracias a Dios, es un momento muy triste pero también es un momento lindo por saber que lo hemos encontrado. Yo siempre lo esperé y creía que mi padre iba a llegar vivo”, expresó la mujer que reside en la localidad tucumana de Santa Lucía.
Esther recordó la dureza de la infancia sin sus progenitores. “Después de que mi padre desapareció –narró-, a los pocos años mi madre también murió, quedamos muy chiquitos. Nos hemos criado muy mal porque no teníamos dónde estar, quién nos contenga, no teníamos nada”.
Dijo que su mamá también fue presa pero la liberaron. “Después estuvo con nosotros muy poco tiempo. Los hermanos nos criamos uno por un lado y por el otro, pero siendo más grandes nos unimos y siempre estamos juntos. Siempre nos acordábamos de ellos, toda la vida lloramos por él (por mi padre), pero nunca sabíamos nada. No teníamos a quién ni cómo preguntar”, sostuvo ante las cámaras.
Los familiares también pidieron que estas investigaciones continúen para encontrar a quienes todavía están desparecidos y no identificados.
Tomás Francisco Toconas había nacido el 2 de abril de 1934 en Tucumán. Se desempeñaba como hachero y había ingresado al ERP, el brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) en noviembre de 1974, con el alias de Alberto, en el grado de combatiente. De acuerdo con el expediente judicial, fue secuestrado el 26 de junio de 1975 en Tucumán y los pobladores de Pozo Hondo (en Santiago del Estero) referenciaron que los primeros días de julio de ese año vieron que desde un helicóptero se arrojaba un cuerpo en una zona montuosa.
FuentedeOrigen:ElLiberal
Fuente:Agndh
CAUSA PAPEL PRENSA.
Avanza la causa por irregularidades
La justicia citó a declarar al titular de Papel Prensa
Publicado el 30 de Diciembre de 2010
Está acusado de falsificar balances de la empresa. Clarín y La Nación querían impedir que el Estado accediera a la información.
Después de un año de idas y vueltas de dilaciones, el juez Alejandro Catania le tomará declaración indagatoria al presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, acusado por el delito de falsificación de balances. Será el próximo 23 de febrero. Se trata, al fin, del primer conflicto judicial de los muchos que siguieron después y que enfrentaron al Estado nacional con los accionistas privados encabezados por Clarín y La Nación. Un mes atrás, el magistrado había secuestrado siete cajas de documentación durante un allanamiento a la empresa.
La resolución tomada en el juzgado nacional en lo penal económico es simbólica por donde se la mire. Da cuenta de los múltiples artilugios judiciales empleados por los accionistas privados para impedir el acceso a la información por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en Papel Prensa. Y de la persistencia de los funcionarios en hacer valer el rol de control y de gestión que le corresponde al Estado Nacional en la empresa que tiene, hoy día, el virtual monopolio de la industria de papel para diarios en la Argentina.
El hecho que se investiga es que en la aprobación de un balance la firma de quien presidía la reunión no se correspondía con alguien que hubiese estado presente ese día. En rigor, en el apuro, con la motivación de que los funcionarios designados por el gobierno nacional no accedan a los datos cruciales que alimentan un balance, tacharon una firma de manera ilegal y la remplazaron por otra. Nada hubiera ocurrido si los accionistas privados hubieran accedido a discutir esa aprobación con los funcionarios que lidera Guillermo Moreno.
“Es la primera causa judicial de una larga serie. La motivación que tuvieron para no aprobar el balance como corresponde es que no accedamos a la información. En un principio, ni siquiera podíamos conocer cuánto cobraban los gerentes. Fuimos avanzando, aunque aún hoy hay datos relevantes a los que nos impiden el acceso”, explicó Alberto González Arzac, consejero del Estado en Papel Prensa, quien formuló la denuncia 12 meses atrás (Moreno pidió ser querellante).
La directora de Papel Prensa, por parte del Estado, Beatriz Paglieri festejó la determinación del juez. “El juez Catania tiene la causa avanzada. No firmamos los balances porque notamos las irregularidades. Están vaciando a la empresa y no están abasteciendo al mercado. El precio igualitario del papel para medios sigue vigente”, advirtió ayer.
El balance aprobado sin los requerimientos legales fue apenas un episodio de los tantos que se conocieron durante 2010. El más conocido, desde ya, fue la mañana en que Guillermo Moreno evitó que los accionistas privados consiguieran que el Estado se quedara sin representante en la comisión fiscalizadora de la empresa. Para eso generó un pequeño escándalo con un par de guantes de box y un casco.
Fuente:TiempoArgentino
PAPEL PRENSA
La Secretaría de DDHH reitera pedido contra Magnetto
Eduardo Luis Duhalde, en diálogo con CN23, confirmó que la cartera que dirige reiteró ante la Fiscalía Federal de La Plata el pedido para que se cite a declaración indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y a Jorge Rafael Videla, entre otros, por la apropiación de Papel Prensa cometida durante la última dictadura.
29.12.2010
Eduardo Luis Duhalde reiteró pedido contra Magneto
La Secretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Fiscalía Federal de La Plata el pedido para que se cite a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Raimundo Podestá, Reinaldo Gregorio Bandini, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos por la apropiación de Papel Prensa cometida durante la última dictadura.
En ese sentido, el secretario de DDHH señaló por CN23, que la causa "no estuvo inactiva", "No es que la fiscalia haya dejado la causa en estado inactivo, solo estaba recabando pruebas que lleven a la ampliación de la indagatoria", sostuvo.
Duhalde, consideró además que las pruebas demuestran la asociación ilícita entre los militares golpistas y los periódicos Clarín, La Nación y La Razón, que se apropiaron de la fábrica de papel para diarios.
Además, destacó la responsabilidad de los empresarios de los “grandes diarios” en las detenciones, la tortura y las muertes de integrantes del Grupo Graiver.
El funcionario, también aseguró que "hay que investigar el rol de los civiles que participaron del terrorismo de Estado desde lugares de poder durante la última dictadura".
Por último, el secretario remarcó "la importancia" de la imagen que tiene la Argentina en el campo internacional en materia de derechos humanos: "Se ha avanzado mucho en este tema", concluyó.
Fuente:ElArgentino.com
La justicia citó a declarar al titular de Papel Prensa
Publicado el 30 de Diciembre de 2010
Después de un año de idas y vueltas de dilaciones, el juez Alejandro Catania le tomará declaración indagatoria al presidente de Papel Prensa, Alberto Maquieira, acusado por el delito de falsificación de balances. Será el próximo 23 de febrero. Se trata, al fin, del primer conflicto judicial de los muchos que siguieron después y que enfrentaron al Estado nacional con los accionistas privados encabezados por Clarín y La Nación. Un mes atrás, el magistrado había secuestrado siete cajas de documentación durante un allanamiento a la empresa.
La resolución tomada en el juzgado nacional en lo penal económico es simbólica por donde se la mire. Da cuenta de los múltiples artilugios judiciales empleados por los accionistas privados para impedir el acceso a la información por parte de los representantes del Poder Ejecutivo en Papel Prensa. Y de la persistencia de los funcionarios en hacer valer el rol de control y de gestión que le corresponde al Estado Nacional en la empresa que tiene, hoy día, el virtual monopolio de la industria de papel para diarios en la Argentina.
El hecho que se investiga es que en la aprobación de un balance la firma de quien presidía la reunión no se correspondía con alguien que hubiese estado presente ese día. En rigor, en el apuro, con la motivación de que los funcionarios designados por el gobierno nacional no accedan a los datos cruciales que alimentan un balance, tacharon una firma de manera ilegal y la remplazaron por otra. Nada hubiera ocurrido si los accionistas privados hubieran accedido a discutir esa aprobación con los funcionarios que lidera Guillermo Moreno.
“Es la primera causa judicial de una larga serie. La motivación que tuvieron para no aprobar el balance como corresponde es que no accedamos a la información. En un principio, ni siquiera podíamos conocer cuánto cobraban los gerentes. Fuimos avanzando, aunque aún hoy hay datos relevantes a los que nos impiden el acceso”, explicó Alberto González Arzac, consejero del Estado en Papel Prensa, quien formuló la denuncia 12 meses atrás (Moreno pidió ser querellante).
La directora de Papel Prensa, por parte del Estado, Beatriz Paglieri festejó la determinación del juez. “El juez Catania tiene la causa avanzada. No firmamos los balances porque notamos las irregularidades. Están vaciando a la empresa y no están abasteciendo al mercado. El precio igualitario del papel para medios sigue vigente”, advirtió ayer.
El balance aprobado sin los requerimientos legales fue apenas un episodio de los tantos que se conocieron durante 2010. El más conocido, desde ya, fue la mañana en que Guillermo Moreno evitó que los accionistas privados consiguieran que el Estado se quedara sin representante en la comisión fiscalizadora de la empresa. Para eso generó un pequeño escándalo con un par de guantes de box y un casco.
Fuente:TiempoArgentino
PAPEL PRENSA
La Secretaría de DDHH reitera pedido contra Magnetto
Eduardo Luis Duhalde, en diálogo con CN23, confirmó que la cartera que dirige reiteró ante la Fiscalía Federal de La Plata el pedido para que se cite a declaración indagatoria a Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble y a Jorge Rafael Videla, entre otros, por la apropiación de Papel Prensa cometida durante la última dictadura.
29.12.2010
Eduardo Luis Duhalde reiteró pedido contra Magneto
La Secretaría de Derechos Humanos reiteró ante la Fiscalía Federal de La Plata el pedido para que se cite a declaración indagatoria a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Jorge Rafael Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, Raimundo Podestá, Reinaldo Gregorio Bandini, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos por la apropiación de Papel Prensa cometida durante la última dictadura.
En ese sentido, el secretario de DDHH señaló por CN23, que la causa "no estuvo inactiva", "No es que la fiscalia haya dejado la causa en estado inactivo, solo estaba recabando pruebas que lleven a la ampliación de la indagatoria", sostuvo.
Duhalde, consideró además que las pruebas demuestran la asociación ilícita entre los militares golpistas y los periódicos Clarín, La Nación y La Razón, que se apropiaron de la fábrica de papel para diarios.
Además, destacó la responsabilidad de los empresarios de los “grandes diarios” en las detenciones, la tortura y las muertes de integrantes del Grupo Graiver.
El funcionario, también aseguró que "hay que investigar el rol de los civiles que participaron del terrorismo de Estado desde lugares de poder durante la última dictadura".
Por último, el secretario remarcó "la importancia" de la imagen que tiene la Argentina en el campo internacional en materia de derechos humanos: "Se ha avanzado mucho en este tema", concluyó.
Fuente:ElArgentino.com
SIETE REPRESORES VUELVEN A PRISIÓN.
LA CORTE REVOCO LA LIBERTAD DE ACUSADOS EN LA CAUSA ESMA
Siete represores vuelven a prisión
En el marco de la compleja causa ESMA, siete acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino durante la dictadura fueron detenidos por orden del juez federal Sergio Torres. Se trata de Antonio Pereyra, Miguel Clements, Rubén Franco, Paulino Altamira, Eugenio Vilardo, Eduardo Morris Girling y Daniel Cuomo. Los arrestos se produjeron luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que los había liberado. El magistrado les había dictado la prisión preventiva a estos represores, luego de que se reactivaran las causas por violaciones a los derechos humanos tras la anulación de las leyes de impunidad.
Clements había sido desplazado de la conducción del Servicio de Hidrografía Naval en abril de 2004, poco después de que un grupo de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse, lo identificara como uno de los integrantes del grupo de tareas que operaba en ese campo de exterminio en 1981. Altamira y Cuomo fueron detectados en junio de 2008 por los querellantes reunidos en Justicia Ya! y dados a conocer a la prensa “porque el juez de la causa no hacía nada”, según explicaron en alusión a que no había orden de detención en su contra.
Al ex comandante de la Armada Rubén Franco se le imputaron 225 delitos, al igual que a Girling, en el procesamiento dictado por el juez Torres en abril de 2008. El fiscal federal Eduardo Taiano había incluido a estos ex oficiales en un requerimiento de instrucción, hecho en 2005 pero recién en marzo de 2008 el magistrado dio curso a ese tramo de la investigación. Estos represores habían estado detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, al que ahora volverían.
Los jueces de Casación habían argumentado que no existen riesgos de fuga ni entorpecimiento de la Justicia por parte de los imputados. Junto a otros 13 represores irán a juicio oral a partir de la decisión del juez Torres, de junio de este año, de enviar otro tramo de la investigación para que sean juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos seguidos de muerte. El expediente también quedó en manos del Tribunal Oral Federal 5, que desde el 14 de diciembre del año pasado lleva el proceso oral de una parte de la megacausa ESMA, en la que ya declararon centenares de testigos, algunos por teleconferencia porque viven exiliados desde que fueron liberados de ese centro clandestino. Otros en la sede de la curia como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Los hechos que se juzgan son 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluidos el secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leónie Duquet, y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.
En esta etapa están convocados al banquillo Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
Fuente:Pagina12
Siete represores vuelven a prisión
En el marco de la compleja causa ESMA, siete acusados de cometer crímenes de lesa humanidad en ese centro clandestino durante la dictadura fueron detenidos por orden del juez federal Sergio Torres. Se trata de Antonio Pereyra, Miguel Clements, Rubén Franco, Paulino Altamira, Eugenio Vilardo, Eduardo Morris Girling y Daniel Cuomo. Los arrestos se produjeron luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal que los había liberado. El magistrado les había dictado la prisión preventiva a estos represores, luego de que se reactivaran las causas por violaciones a los derechos humanos tras la anulación de las leyes de impunidad.
Clements había sido desplazado de la conducción del Servicio de Hidrografía Naval en abril de 2004, poco después de que un grupo de sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos Víctor Basterra y Carlos Lordkipanidse, lo identificara como uno de los integrantes del grupo de tareas que operaba en ese campo de exterminio en 1981. Altamira y Cuomo fueron detectados en junio de 2008 por los querellantes reunidos en Justicia Ya! y dados a conocer a la prensa “porque el juez de la causa no hacía nada”, según explicaron en alusión a que no había orden de detención en su contra.
Al ex comandante de la Armada Rubén Franco se le imputaron 225 delitos, al igual que a Girling, en el procesamiento dictado por el juez Torres en abril de 2008. El fiscal federal Eduardo Taiano había incluido a estos ex oficiales en un requerimiento de instrucción, hecho en 2005 pero recién en marzo de 2008 el magistrado dio curso a ese tramo de la investigación. Estos represores habían estado detenidos en el pabellón de lesa humanidad de la cárcel de Marcos Paz, al que ahora volverían.
Los jueces de Casación habían argumentado que no existen riesgos de fuga ni entorpecimiento de la Justicia por parte de los imputados. Junto a otros 13 represores irán a juicio oral a partir de la decisión del juez Torres, de junio de este año, de enviar otro tramo de la investigación para que sean juzgados por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos seguidos de muerte. El expediente también quedó en manos del Tribunal Oral Federal 5, que desde el 14 de diciembre del año pasado lleva el proceso oral de una parte de la megacausa ESMA, en la que ya declararon centenares de testigos, algunos por teleconferencia porque viven exiliados desde que fueron liberados de ese centro clandestino. Otros en la sede de la curia como el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. Los hechos que se juzgan son 85 casos de delitos de lesa humanidad, incluidos el secuestro y desaparición del escritor y periodista Rodolfo Walsh, de las monjas francesas Alice Domon y Leónie Duquet, y del grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo que integraban Azucena Villaflor, Mary Bianco y María Esther de Careaga.
En esta etapa están convocados al banquillo Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Antonio Pernías, Juan Antonio Azic, Carlos Capdevilla, Ricardo Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Donda, Juan Carlos Fotea, Manuel García Tallada, Pablo García Velazco, Alberto González, Oscar Montes, Jorge Rádice, Juan Carlos Rolón, Raúl Scheller y Ernesto Weber.
Fuente:Pagina12
TODOS LOS ANÁLISIS GENÉTICOS TENDIENTES A IDENTIFICAR HIJOS DE DESAPARECIDOS DEBERÁN HACERSE EN LA BNDG.
LA CORTE RESOLVIO QUIENES TIENEN QUE IDENTIFICAR A HIJOS DE DESAPARECIDOS
Aval supremo al Banco Genético
Ante un pedido de la Procuración, la Corte Suprema resolvió que el Banco Nacional de Datos Genéticos realice los estudios para identificar a posibles hijos de desaparecidos y no el Cuerpo Médico Forense.
La Corte Suprema respaldó, de hecho, el planteo de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Imagen: Leandro Teysseire
Todos los análisis genéticos tendientes a identificar hijos de desaparecidos deberán hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así lo estableció la Corte Suprema tras un pedido de la Procuración General de la Nación, donde ratificó que en estas causas “no corresponde la intervención del Cuerpo Médico Forense”. Las implicancias de la medida alcanzan al expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Mediante la resolución 4102/2010, el máximo tribunal confirmó que los integrantes del BNDG son los “peritos oficiales exclusivos” ante los jueces para los casos de identificación de familiares de víctimas de desaparición forzada –tal como lo indica la ley 26.548 aprobada por el Congreso– y que el Cuerpo deberá apegarse “a las normas vigentes”. El fallo lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.
De esta manera, la Corte respondió una solicitud de la Procuración de diciembre de 2009 donde el Estado pedía que el Cuerpo Médico Forense “no intervenga en este tipo de peritajes”, ya que ese organismo, “al no contar con medios ni capacidad para ello, delega con criterios dispares la realización de estos peritajes en laboratorios públicos y privados”. La queja fue planteada luego de que el Estado detectara “una serie de casos en los que jueces de distintas jurisdicciones del país encargan la práctica de estos estudios” a establecimientos distintos al BNDG, el único perito oficial.
El caso más sonante de este tipo es el de Felipe y Marcela Noble Herrera , los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la extracción de nuevas muestras que permitan la comparación con las muestras de familiares de desaparecidos pero la defensa de los Noble Herrera apeló la decisión. El caso entró así nuevamente en el engranaje de sucesivas revisiones que impedirán una resolución inminente. Las apelaciones que vienen haciendo sus abogados han logrado dilatar los distintos intentos de llegar a la verdad y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión, algo que puede demorar cerca de un año.
En este marco, aún subsisten algunas dudas sobre si las muestras que actualmente posee la Justicia corresponden a Felipe y a Marcela. Esto incluye la ropa incautada –que resultó estar contaminada con muestras de otras personas– y la extracción de sangre y de saliva que, precisamente, no se hizo en el BNDG sino en el Cuerpo Médico Forense con la supervisión del anterior juez. La resolución de la Corte despeja dudas sobre quiénes son los especialistas que deben realizar las pruebas que permitan llegar a tener certeza sobre el origen genético de jóvenes que pueden ser hijos de desaparecidos.
Fuente:Pagina12
Aval supremo al Banco Genético
Ante un pedido de la Procuración, la Corte Suprema resolvió que el Banco Nacional de Datos Genéticos realice los estudios para identificar a posibles hijos de desaparecidos y no el Cuerpo Médico Forense.
Imagen: Leandro Teysseire
Todos los análisis genéticos tendientes a identificar hijos de desaparecidos deberán hacerse en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). Así lo estableció la Corte Suprema tras un pedido de la Procuración General de la Nación, donde ratificó que en estas causas “no corresponde la intervención del Cuerpo Médico Forense”. Las implicancias de la medida alcanzan al expediente en el que se intenta determinar la identidad de los hijos adoptivos de la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble.
Mediante la resolución 4102/2010, el máximo tribunal confirmó que los integrantes del BNDG son los “peritos oficiales exclusivos” ante los jueces para los casos de identificación de familiares de víctimas de desaparición forzada –tal como lo indica la ley 26.548 aprobada por el Congreso– y que el Cuerpo deberá apegarse “a las normas vigentes”. El fallo lleva las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda.
De esta manera, la Corte respondió una solicitud de la Procuración de diciembre de 2009 donde el Estado pedía que el Cuerpo Médico Forense “no intervenga en este tipo de peritajes”, ya que ese organismo, “al no contar con medios ni capacidad para ello, delega con criterios dispares la realización de estos peritajes en laboratorios públicos y privados”. La queja fue planteada luego de que el Estado detectara “una serie de casos en los que jueces de distintas jurisdicciones del país encargan la práctica de estos estudios” a establecimientos distintos al BNDG, el único perito oficial.
El caso más sonante de este tipo es el de Felipe y Marcela Noble Herrera , los hijos adoptivos de la dueña del diario Clarín. La jueza Sandra Arroyo Salgado ordenó la extracción de nuevas muestras que permitan la comparación con las muestras de familiares de desaparecidos pero la defensa de los Noble Herrera apeló la decisión. El caso entró así nuevamente en el engranaje de sucesivas revisiones que impedirán una resolución inminente. Las apelaciones que vienen haciendo sus abogados han logrado dilatar los distintos intentos de llegar a la verdad y amenazan con postergar los estudios de ADN hasta que la Corte se expida sobre el fondo de la cuestión, algo que puede demorar cerca de un año.
En este marco, aún subsisten algunas dudas sobre si las muestras que actualmente posee la Justicia corresponden a Felipe y a Marcela. Esto incluye la ropa incautada –que resultó estar contaminada con muestras de otras personas– y la extracción de sangre y de saliva que, precisamente, no se hizo en el BNDG sino en el Cuerpo Médico Forense con la supervisión del anterior juez. La resolución de la Corte despeja dudas sobre quiénes son los especialistas que deben realizar las pruebas que permitan llegar a tener certeza sobre el origen genético de jóvenes que pueden ser hijos de desaparecidos.
Fuente:Pagina12
EL JUICIO POLÍTICO A MIRET COMIENZA EL 8 DE FEBRERO.
EMPIEZA EL 10 DE FEBRERO EL JURY DE ENJUICIAMIENTO AL CAMARISTA MENDOCINO LUIS MIRET
Juicio a la Justicia colaboracionista
Fue denunciado por organismos de derechos humanos como uno de los exponentes de la complicidad civil con la última dictadura. El Consejo dijo que tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones”.
Por Irina Hauser
El camarista Luis Miret presentó su renuncia, pero hasta el momento no se la aceptaron.
Imagen: Gentileza Diario Los Andes
Luis Miret, el juez mendocino que le dijo a un detenido en 1975 que tenía que “aguantar” las sesiones de tortura y que ignoró las denuncias sobre la violación de una menor presa por la llamada “ley antisubversiva”, a quien dejó detenida en una cárcel de adultos, deberá enfrentar su juicio político a partir del 10 de febrero. Será juzgado por el jury de enjuiciamiento y podría perder su cargo de camarista por esos y otros casos que muestran su “actitud colaboracionista con los delitos de lesa humanidad” antes y durante la dictadura, según la acusación con la que lo suspendió en septiembre el plenario del Consejo de la Magistratura.
Miret fue denunciado por organismos de derechos humanos de Mendoza como uno de los exponentes de la complicidad civil con los crímenes de la última dictadura. Cuando el Consejo –con el voto de todos los sectores– lo suspendió, señaló que como juez de primera instancia tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones”. “Los hechos que se le imputan evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante el período comprendido entre 1975 y 1977.”
A pesar de que el camarista presentó su renuncia poco antes de que lo suspendieran, por ahora todo va encaminado para su enjuiciamiento porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca se la aceptó. Hay un solo inconveniente que el Consejo deberá resolver, y es que el caso se quedó sin los consejeros que iban a actuar como fiscales. Uno de ellos era Héctor Masquelet, ex representante del Poder Ejecutivo, que era viceministro de Justicia y dejó su cargo dos semanas atrás; la otra era la diputada Diana Conti, a quien se le venció el mandato. Todo indica que el reemplazante de Masquelet, Hernán Ordiales, será uno de los que ejerzan la acusación contra Miret. El problema es que todavía no asumió como consejero y recién lo hará el 3 de febrero. En lugar de Conti, actuaría alguno de los legisladores del oficialismo que se incorporaron al organismo el mes pasado: tendrían chances los diputados del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba y Carlos Moreno.
Los primeros testigos previstos para el jury son Fernando Rulé y Silvia Ontiveros, firmantes de la denuncia inicial contra Miret. Ambos estuvieron detenidos en el centro de detención clandestino que funcionó en el D2 de Mendoza. Rulé estuvo a disposición de Miret, y cuando la madre le fue a preguntar al juez por su hijo, a quien no encontraba pero salía en los diarios, la respuesta fue que no tenía constancia de que estuviera preso. Para la primera ronda también estará citada María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos de la provincia.
Más adelante, brindarán sus relatos algunas de las víctimas que ya declararon en el Consejo, como René Tomini, quien contó que cuando Miret lo fue a ver al calabozo del D2 después de la tortura, le dijo “hay que aguantar”, y no denunció nada. También testificará Luz Faingold, que fue detenida en 1975 siendo menor de edad, alojada en una cárcel de adultos por decisión de Miret y prohibida la restitución a su familia, que la reclamaba. Otros detenidos denunciaron que había sido violada, pero el juez tampoco investigó. Otra testigo será Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido, quien se vio privada de recuperar su identidad durante años por una resolución del magistrado suspendido, que archivó la causa donde se investigaba su origen invocando las leyes de impunidad.
El abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, dijo que la permanencia en tribunales de jueces denunciados por convalidar el terrorismo de Estado, como Miret, “es uno de los factores que demoraron la realización de los juicios por violaciones a los derechos humanos en la provincia, que comenzaron a destrabarse este año con las investigaciones que los dejaron en evidencia”. Salinas alude también a Otilio Romano, que tiene un proceso abierto en el Consejo, igual que Julio Petra Fernández, ambos camaristas federales. Romano también renunció. Junto con Miret enfrentan una causa penal, a cargo del juez Walter Bento, a quien habían apartado con apoyo de otros camaristas (entre ellos Petra Fernández) pero luego fue repuesto. Miret fue indagado por desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y torturas y Romano interrumpió su indagatoria y nunca la terminó.
El jury que comienza en febrero estará integrado por los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.
Fuente:Pagina12
Juicio a la Justicia colaboracionista
Fue denunciado por organismos de derechos humanos como uno de los exponentes de la complicidad civil con la última dictadura. El Consejo dijo que tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones”.
Por Irina Hauser
Imagen: Gentileza Diario Los Andes
Luis Miret, el juez mendocino que le dijo a un detenido en 1975 que tenía que “aguantar” las sesiones de tortura y que ignoró las denuncias sobre la violación de una menor presa por la llamada “ley antisubversiva”, a quien dejó detenida en una cárcel de adultos, deberá enfrentar su juicio político a partir del 10 de febrero. Será juzgado por el jury de enjuiciamiento y podría perder su cargo de camarista por esos y otros casos que muestran su “actitud colaboracionista con los delitos de lesa humanidad” antes y durante la dictadura, según la acusación con la que lo suspendió en septiembre el plenario del Consejo de la Magistratura.
Miret fue denunciado por organismos de derechos humanos de Mendoza como uno de los exponentes de la complicidad civil con los crímenes de la última dictadura. Cuando el Consejo –con el voto de todos los sectores– lo suspendió, señaló que como juez de primera instancia tuvo “un papel absolutamente pasivo frente a la denuncia de torturas, violaciones y vejaciones”. “Los hechos que se le imputan evidenciarían una actitud colaboracionista con la comisión de delitos de lesa humanidad perpetrados por el Estado durante el período comprendido entre 1975 y 1977.”
A pesar de que el camarista presentó su renuncia poco antes de que lo suspendieran, por ahora todo va encaminado para su enjuiciamiento porque la presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca se la aceptó. Hay un solo inconveniente que el Consejo deberá resolver, y es que el caso se quedó sin los consejeros que iban a actuar como fiscales. Uno de ellos era Héctor Masquelet, ex representante del Poder Ejecutivo, que era viceministro de Justicia y dejó su cargo dos semanas atrás; la otra era la diputada Diana Conti, a quien se le venció el mandato. Todo indica que el reemplazante de Masquelet, Hernán Ordiales, será uno de los que ejerzan la acusación contra Miret. El problema es que todavía no asumió como consejero y recién lo hará el 3 de febrero. En lugar de Conti, actuaría alguno de los legisladores del oficialismo que se incorporaron al organismo el mes pasado: tendrían chances los diputados del Frente para la Victoria Stella Maris Córdoba y Carlos Moreno.
Los primeros testigos previstos para el jury son Fernando Rulé y Silvia Ontiveros, firmantes de la denuncia inicial contra Miret. Ambos estuvieron detenidos en el centro de detención clandestino que funcionó en el D2 de Mendoza. Rulé estuvo a disposición de Miret, y cuando la madre le fue a preguntar al juez por su hijo, a quien no encontraba pero salía en los diarios, la respuesta fue que no tenía constancia de que estuviera preso. Para la primera ronda también estará citada María José Ubaldini, directora de Derechos Humanos de la provincia.
Más adelante, brindarán sus relatos algunas de las víctimas que ya declararon en el Consejo, como René Tomini, quien contó que cuando Miret lo fue a ver al calabozo del D2 después de la tortura, le dijo “hay que aguantar”, y no denunció nada. También testificará Luz Faingold, que fue detenida en 1975 siendo menor de edad, alojada en una cárcel de adultos por decisión de Miret y prohibida la restitución a su familia, que la reclamaba. Otros detenidos denunciaron que había sido violada, pero el juez tampoco investigó. Otra testigo será Celina Manrique Terrera, hija de un matrimonio desaparecido, quien se vio privada de recuperar su identidad durante años por una resolución del magistrado suspendido, que archivó la causa donde se investigaba su origen invocando las leyes de impunidad.
El abogado Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos de Mendoza, dijo que la permanencia en tribunales de jueces denunciados por convalidar el terrorismo de Estado, como Miret, “es uno de los factores que demoraron la realización de los juicios por violaciones a los derechos humanos en la provincia, que comenzaron a destrabarse este año con las investigaciones que los dejaron en evidencia”. Salinas alude también a Otilio Romano, que tiene un proceso abierto en el Consejo, igual que Julio Petra Fernández, ambos camaristas federales. Romano también renunció. Junto con Miret enfrentan una causa penal, a cargo del juez Walter Bento, a quien habían apartado con apoyo de otros camaristas (entre ellos Petra Fernández) pero luego fue repuesto. Miret fue indagado por desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y torturas y Romano interrumpió su indagatoria y nunca la terminó.
El jury que comienza en febrero estará integrado por los jueces Carlos Bossi y Alejandro Tazza, los senadores Eric Calcagno y José Manuel Cano, los diputados Jorge Landau y Daniel Katz y la abogada Verónica Pedrotti.
Fuente:Pagina12
POLICÍA METROPOLITANA: LA HERENCIA DE LA DICTADURA.
PIDEN LA REMOCION DE TODA LA CUPULA DE LA POLICIA METROPOLITANA
La herencia de la última dictadura
Legisladores de distintas bancadas que formaban parte de una comisión que debía revisar los legajos de los policías recomendó remover a 38 oficiales. Recordaron que el 73 por ciento tuvo participación en alguna fuerza de seguridad durante la dictadura.
Los legisladores pidieron el desplazamiento de la cúpula de la fuerza que es de la época de Jorge Palacios.
Imagen: DyN
Por Werner Pertot
La comisión legislativa que tenía a su cargo revisar los legajos de la Policía Metropolitana entregó su informe final en el que le recomienda a la gestión PRO que remueva a toda la cúpula de la fuerza que proviene de la época de Jorge “Fino” Palacios. Lo firmaron diputados de los bloques de Proyecto Sur, Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el kirchnerismo, el radicalismo y el MST. La comisión se creó luego de que surgieran una decena de casos de oficiales que tenían causas abiertas y que el gobierno de Mauricio Macri debió separar. En el documento advirtieron que el gobierno porteño no contestó los diversos pedidos de información que hicieron sobre el pasado de los metropolitanos.
La recomendación de remover a los 38 oficiales que conducen la Metropolitana ya había sido formulada en el dictamen que presentó toda la oposición en la Comisión Investigadora Especial (CIE) de las escuchas ilegales. En tanto, la otra comisión, que se creó luego de los sucesivos escándalos de oficiales de la Metropolitana por las causas abiertas que arrastraban por protección de prostíbulos y otros delitos, estaba destinada a revisar uno por uno los legajos de los agentes. En la práctica, la gestión PRO les dejó ver sólo algunos documentos proyectados sobre una pared y tuvieron un escaso acceso a los legajos reales.
En el informe final, los legisladores recordaron las conclusiones de un documento preliminar que habían presentado, en el que establecieron que en la conducción de la Metropolitana hay oficiales que “han tenido actuación policial en los años de la dictadura”. También advirtieron que la incorporación del personal no parece haber seguido los fines que le indica la ley a la Metropolitana. “Prueba de ello es la incorporación de agentes de inteligencia cuando la Ley de Seguridad Pública no habilita ese tipo de tareas. Mucho menos se entiende el interés por la incorporación de agentes de inteligencia para una fuerza que ha sido creada como comunitaria y de proximidad”, indicaron. Los legajos no cuentan con antecedentes del pasado de los policías en las fuerzas de origen: no están ni la foja de servicios ni el certificado de antecedentes disciplinarios.
La comisión había pedido a la gestión PRO “que intime a los agentes a completar la información”, que consiga que figure en los legajos la foja de servicios de la fuerza de origen, que averigüe si trabajaban en alguna empresa de seguridad privada, que consulte con organismos de derechos humanos y del gobierno nacional si tuvieron alguna implicación en violaciones a los derechos humanos en la dictadura o en casos de gatillo fácil. “Ninguna de éstas ha sido contestada ni se conoce que se hayan implementado”, señala el informe.
En el documento, recordaron que el 73 por ciento de los altos oficiales de la Metropolitana tuvo participación en alguna fuerza de seguridad durante la última dictadura. También advirtieron que el subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Luis Alem, afirmó en su testimonio a la CIE que en el gobierno nacional se piden los legajos de los oficiales y “si existe alguna mención de que esta persona estuvo involucrada en hechos de represión ilegal, violaciones a los derechos humanos o atentados al orden constitucional se informa y el Ejecutivo procede a no darles el ascenso”.
“No tuvimos acceso a la información que pedimos en septiembre, pese a que había una ley que establecía que podíamos hacerlo, además de que lo establece la Constitución. La violación de acceso a la información es algo que se repite en el gobierno de Macri”, señaló la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre. “En el trabajo de la comisión, quedó muy en evidencia cómo se conformó la policía con el modelo del Fino Palacios, que tenía que ver con la inteligencia. No hubo luego una planificación de una policía con otras características. Esto tiene como consecuencia que, después, cuando existen situaciones como la de Parque Indoamericano, el gobierno de Macri alega que no tiene capacidad de intervenir”, advirtió. “Es necesario repensar todo el armado, por eso pedimos que renuncie toda la cúpula. Hay que conformar una nueva policía.”
Sospechas de corrupción
Los legisladores de Proyecto Sur Julio Raffo y Rafael Gentili presentaron una denuncia penal para que se investigue si existió un “delito de acción pública” en la compra de un inmueble por parte del Consejo de la Magistratura porteño. Los diputados recordaron el ofrecimiento de cargos en el consejo como parte de la negociación del Presupuesto 2011, por lo que todas las compras y designaciones “están sospechadas de constituir articulaciones para obtener o retribuir apoyo político. Los legisladores denunciaron ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional la compra de un inmueble en Lavalle 369 en la que “se estaría pagando un sobreprecio del 21 por ciento más que la tasación oficial y además el dinero se habría desviado de su finalidad originaria, que sería la refacción del edificio judicial que queda en Beruti 3345”. Además, señalaron que la compra se hizo el día en que se les vencía el mandato a los actuales integrantes del Consejo.
Cambios en la Justicia porteña
El juez Luis Lozano fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre de 2012, mientras que su colega Alicia Ruiz fue designada vicepresidenta. “De esta manera se da cumplimiento al sistema de rotación instrumentado desde la creación de este Tribunal”, informó a través de un comunicado el máximo organismo judicial porteño. En tanto, el juez José Casas fue designado para actuar durante la feria judicial del 1º al 9 de enero y Ruiz completará la guardia en el Tribunal hasta fin de mes, cuando se reanude normalmente la actividad judicial en la Ciudad.
Fuente:Pagina12
La herencia de la última dictadura
Legisladores de distintas bancadas que formaban parte de una comisión que debía revisar los legajos de los policías recomendó remover a 38 oficiales. Recordaron que el 73 por ciento tuvo participación en alguna fuerza de seguridad durante la dictadura.
Imagen: DyN
Por Werner Pertot
La comisión legislativa que tenía a su cargo revisar los legajos de la Policía Metropolitana entregó su informe final en el que le recomienda a la gestión PRO que remueva a toda la cúpula de la fuerza que proviene de la época de Jorge “Fino” Palacios. Lo firmaron diputados de los bloques de Proyecto Sur, Coalición Cívica, Nuevo Encuentro, el kirchnerismo, el radicalismo y el MST. La comisión se creó luego de que surgieran una decena de casos de oficiales que tenían causas abiertas y que el gobierno de Mauricio Macri debió separar. En el documento advirtieron que el gobierno porteño no contestó los diversos pedidos de información que hicieron sobre el pasado de los metropolitanos.
La recomendación de remover a los 38 oficiales que conducen la Metropolitana ya había sido formulada en el dictamen que presentó toda la oposición en la Comisión Investigadora Especial (CIE) de las escuchas ilegales. En tanto, la otra comisión, que se creó luego de los sucesivos escándalos de oficiales de la Metropolitana por las causas abiertas que arrastraban por protección de prostíbulos y otros delitos, estaba destinada a revisar uno por uno los legajos de los agentes. En la práctica, la gestión PRO les dejó ver sólo algunos documentos proyectados sobre una pared y tuvieron un escaso acceso a los legajos reales.
En el informe final, los legisladores recordaron las conclusiones de un documento preliminar que habían presentado, en el que establecieron que en la conducción de la Metropolitana hay oficiales que “han tenido actuación policial en los años de la dictadura”. También advirtieron que la incorporación del personal no parece haber seguido los fines que le indica la ley a la Metropolitana. “Prueba de ello es la incorporación de agentes de inteligencia cuando la Ley de Seguridad Pública no habilita ese tipo de tareas. Mucho menos se entiende el interés por la incorporación de agentes de inteligencia para una fuerza que ha sido creada como comunitaria y de proximidad”, indicaron. Los legajos no cuentan con antecedentes del pasado de los policías en las fuerzas de origen: no están ni la foja de servicios ni el certificado de antecedentes disciplinarios.
La comisión había pedido a la gestión PRO “que intime a los agentes a completar la información”, que consiga que figure en los legajos la foja de servicios de la fuerza de origen, que averigüe si trabajaban en alguna empresa de seguridad privada, que consulte con organismos de derechos humanos y del gobierno nacional si tuvieron alguna implicación en violaciones a los derechos humanos en la dictadura o en casos de gatillo fácil. “Ninguna de éstas ha sido contestada ni se conoce que se hayan implementado”, señala el informe.
En el documento, recordaron que el 73 por ciento de los altos oficiales de la Metropolitana tuvo participación en alguna fuerza de seguridad durante la última dictadura. También advirtieron que el subsecretario de Derechos Humanos de Nación, Luis Alem, afirmó en su testimonio a la CIE que en el gobierno nacional se piden los legajos de los oficiales y “si existe alguna mención de que esta persona estuvo involucrada en hechos de represión ilegal, violaciones a los derechos humanos o atentados al orden constitucional se informa y el Ejecutivo procede a no darles el ascenso”.
“No tuvimos acceso a la información que pedimos en septiembre, pese a que había una ley que establecía que podíamos hacerlo, además de que lo establece la Constitución. La violación de acceso a la información es algo que se repite en el gobierno de Macri”, señaló la legisladora kirchnerista Gabriela Alegre. “En el trabajo de la comisión, quedó muy en evidencia cómo se conformó la policía con el modelo del Fino Palacios, que tenía que ver con la inteligencia. No hubo luego una planificación de una policía con otras características. Esto tiene como consecuencia que, después, cuando existen situaciones como la de Parque Indoamericano, el gobierno de Macri alega que no tiene capacidad de intervenir”, advirtió. “Es necesario repensar todo el armado, por eso pedimos que renuncie toda la cúpula. Hay que conformar una nueva policía.”
Sospechas de corrupción
Los legisladores de Proyecto Sur Julio Raffo y Rafael Gentili presentaron una denuncia penal para que se investigue si existió un “delito de acción pública” en la compra de un inmueble por parte del Consejo de la Magistratura porteño. Los diputados recordaron el ofrecimiento de cargos en el consejo como parte de la negociación del Presupuesto 2011, por lo que todas las compras y designaciones “están sospechadas de constituir articulaciones para obtener o retribuir apoyo político. Los legisladores denunciaron ante la Cámara Nacional Criminal y Correccional la compra de un inmueble en Lavalle 369 en la que “se estaría pagando un sobreprecio del 21 por ciento más que la tasación oficial y además el dinero se habría desviado de su finalidad originaria, que sería la refacción del edificio judicial que queda en Beruti 3345”. Además, señalaron que la compra se hizo el día en que se les vencía el mandato a los actuales integrantes del Consejo.
Cambios en la Justicia porteña
El juez Luis Lozano fue elegido presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre de 2012, mientras que su colega Alicia Ruiz fue designada vicepresidenta. “De esta manera se da cumplimiento al sistema de rotación instrumentado desde la creación de este Tribunal”, informó a través de un comunicado el máximo organismo judicial porteño. En tanto, el juez José Casas fue designado para actuar durante la feria judicial del 1º al 9 de enero y Ruiz completará la guardia en el Tribunal hasta fin de mes, cuando se reanude normalmente la actividad judicial en la Ciudad.
Fuente:Pagina12
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