El Posadas incumple el fallo que pide la reincorporación de los despedidos
Ni con orden judicial
Imagen: Prensa Fesprosa
Los trabajadores del Hospital Posadas denunciaron que el gobierno nacional y las autoridades administrativas de ese centro asistencial incumplen el fallo de la Justicia Federal de San Martín que ordenó reincorporar a diez de los 152 despedidos en enero pasado. “Denunciamos el manoseo al que son sometidos los trabajadores y la dilación del cumplimiento de una orden judicial”, puntualizó Jorge Yabkowski, titular de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa).
El reclamo fue hecho esta mañana durante una conferencia de prensa en la que se denunció la situación de “moratoria judicial” en que se encuentra el cumplimiento del fallo de la jueza en lo contencioso administrativo Martina Forns que el 10 de julio pasado hizo lugar a un amparo que benefició a una decena de trabajadores pero que, de ser aplicado, podría extenderse al resto.
Lo que también se planteó en la conferencia es que “hay una complicidad de la Cámara federal de San Martín, que desde hace siete meses tiene fallos condenatorios (contra los despidos) que no los hace cumplir”, según cuestionó Yabkowski en diálogo con PáginaI12. La situación es “irregular” por donde se la vea, añadió.
Desde los inicios del conflicto, hay doce fallos de reincorporación, entre ellos de al menos 30 delegados sindicales protegidos por fueros gremiales que, no obstante sus fueros, fueron despedidos. Lo que la jueza Forn planteó en su decisión fue que se les devuelvan los puestos a diez trabajadores que se habían negado a acatar la flexibilización laboral que ampliaba de 8 a 10 la cantidad de horas de trabajo.
Respecto de las reincorporaciones, “el hospital no dijo que ‘no’ ni que ‘sí’”, agregó el dirigente gremial, quien cuestionó “el manoseo al que son sometidos los trabajadores y la dilación del cumplimiento de una orden judicial”.
A la conferencia que tuvo lugar en el hall del hospital nacional ubicado en la localidad bonaerense de Morón asistió también la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Allí, los trabajadores despedidos dieron cuenta de la situación en que se encuentran.
La cantidad de personal despedido del Posadas se fue acrecentando con el transcurrir de los meses. A los 122 telegramas enviados a principios de año se le sumaron en marzo otro 30 a médicos, con lo cual en lo que va de 2018 ya suman 152 los trabajadores echados.
Fuente:Pagina12
Fuente:Pagina12
17 julio, 2018
Con detalles pergeñados desde Roma, que incluyeron reuniones en las sombras del Papa Bergoglio con la gobernadora Vidal y la ministra Stanley, la jerarquía de la Iglesia decidió jugar las cartas que conserva. Para ejercer presión desde todos los frentes, despliega una ofensiva inescrupulosa desde las escuelas y hospitales que administra con la venia del Estado, así como desde las misas y reuniones que mantiene con funcionarios y legisladores de diversos bloques. Aunque no despierta entusiasmo ni gana nuevos adeptos, la cruzada oscurantista ha dado un salto.
Por Sol Bajar para La Izquierda Diario
Después de la media sanción que arrancó la movilización masiva, el giro en la campaña eclesiástica fue consagrado por la Conferencia Episcopal Argentina. Hubo misas con funcionarios de Cambiemos en el Tedeum del 9 de julio, una reunión con veintidós diputados y diputadas de todos los bloques que votaron en contra de la media sanción, y audiencias informativas de la Cámara alta, donde volvieron a exponer médicos, abogados y periodistas que trabajan para el lobby de la cúpula clerical. Esta semana, hablarán defendiendo sus intereses el periodista Mariano Obarrio, el ex senador Eduardo Menem y el titular del grupo “pro-vida” Portal de Belén, Juan Quarracino.
Un dato en esas audiencia viene siendo el silencio de los integrantes del Frente para la Victoria, que conduce Cristina Fernández de Kirchner, quien luego de rechazar 12 años el tratamiento del proyecto, por creencias personales y religiosas, anunció que votará a favor de la legalización. Al interior de Cambiemos, la noticia la dio en estos días la bonaerense Gladys González. La candidata a intendenta del partido de Avellaneda, que el oficialismo se propone disputar al peronista Jorge Ferraresi, pasó de su comprometido voto en contra a un apoyo a la media sanción.
En este último tramo del debate parlamentario, y ante la enorme simpatía que conquistó el reclamo del aborto, la jerarquía de Iglesia busca dar también un mensaje de “unidad”. Desde la elite de la Conferencia Episcopal Argentina que tiene como representante a Oscar Ojea, hasta los llamados “curas villeros” que se referencian con el Padre “Pepe” Di Paola (quien afirmó este sábado que el aborto es un problema “de las mujeres de clase media”, y “no de las mujeres pobres”), todos cerraron filas para calificar de “antinatural” el reclamo de este derecho, cuya negativa sigue condenando a las mujeres -fundamentalmente a las más jóvenes y pobres- a morir por la clandestinidad.
Hacia el 8 de agosto, temiendo una movilización superior a la del 13J, el clero busca extender el lobby también hacia la conducción de las centrales sindicales y de algunos movimientos sociales con los que mantiene vínculos, a través de su enrolamiento con el Papa argentino. Así parece expresarlo la preparación de la jornada convocada en el marco de la conmemoración, un día antes, de San Cayetano. Ese día, como en años anteriores, se harían presentes el llamado “tridente San Cayetano” (que integran el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular – CTEP alineada con Pérsico y Grabois, la Corriente Federal de los Trabajadores alineada con Palazzo, la CTA de los Trabajadores alineada con Yasky y la CTA Autónoma alineada con Godoy, también cruzadas por el debate de la legalización de la interrupción del embarazo.
En algunos lugares el debate se hace muy concreto. En la CTA Autónoma que conduce “Cachorro” Godoy, por ejemplo, un importante sector de trabajadores y trabajadoras repudiaron la participación del dirigente en un encuentro de la Iglesia con María Eugenia Vidal, exigieron un pronunciamiento concreto en favor del aborto y el cambio de fecha de la elección convocada, justamente, para el 8A.. El debate también atravesó públicamente a la conducción de la CGT, que debió recibir a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, junto a una treintena de referentes sindicales, por su negativa a garantizar en las obras sociales el acceso a la práctica.
Iglesia y Estado, asuntos separados
La jerarquía de la Iglesia busca contener la potencialidad de la fuerza que hoy se expresa en la pelea por el aborto legal, cuestionando sus mandatos y su papel en la sociedad. Su preocupación no es “la vida”, sino la defensa del poder social, político y cultural que le garantiza es rol, puesto tantas veces al servicio de mantener este orden social. De hecho, obtuvo por ello retribuciones diversas, como las que significan los millones de pesos con los que se la financia de manera directa, en concepto de dietas, jubilaciones de privilegio, pasajes, becas y otros aportes monetarios de los que ningún trabajador o trabajadora puede disfrutar.
Con leyes que provienen de la dictadura, que ningún gobierno constitucional quiso derogar, hoy no sólo obtiene aportes millonarios por parte del Estado, sino también un poder de veto sobre derechos elementales, como los que establecen las leyes de educación sexual integral, de salud sexual y procreación responsable, o de adhesión a los protocolos de abortos no punibles. El grado de injerencia del clero en el debate por el derecho al aborto tiene esa explicación de fondo, y por eso el Frente de Izquierda insiste en la inmediata separación de la Iglesia del Estado y en el cese del financiamiento que la garantiza hace décadas.
Para que el 8 de agosto la interrupción voluntaria del embarazo se convierta en ley, la respuesta hay que darla con la movilización de millones en las calles: el único lenguaje que entiende el Congreso Nacional. Como mostró el pasado 13J, cuando la marea verde arrancó la media sanción a la Cámara de Diputados, esa es la principal herramienta con la que cuentan quienes quieren conquistar el aborto legal.
En los próximos días, la Campaña Nacional intensificará sus acciones, con los martes y miércoles verdes frente al Senado y con acciones a nivel federal, en las diversas provincias, como parte de la preparación de la movilización llamada para ese día. Para que sea una nueva acción masiva, no sólo para arrancar el aborto legal, sino también para enfrentar el plan de ajuste que quieren imponer sobre el pueblo trabajador, la preparación de esa acción no puede construirse de otra forma que con la organización de miles desde abajo, con asambleas y comisiones de mujeres, con pronunciamientos y compromisos públicos de las centrales y sindicatos, con medidas como el paro y el cese de actividades, para que todas y todos puedan participar.
*Por Sol Bajar para La Izquierda Diario
Fuente:LaTinta
El texto de la carta para Cristine Lagarde que firmaron más de 400 opositores al acuerdo con el FMI
Lagarde llegará este viernes a Buenos Aires para participar de la tercera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales en el contexto del G20.
iputados de la oposición, referentes de organizaciones sociales y gremiales y otras 400 artistas, intelectuales, periodistas, escritores o catedráticos firmaron este lunes una carta abierta dirigida a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en rechazo al acuerdo que firmó el organismo financiero con el Gobierno.
En tre otros calificativos los firmantes calificaron el acuerdo como "odioso o execrable" y sostienen que "buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno". Además se hace expresa mención al artículo 75 de la Constitución Nacional.
Lagarde llegará este viernes a Buenos Aires para participar de la tercera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales en el contexto del G20.
El texto le advierte "al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas". Además, la oposición señala que "estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social", sino que "se destinaron a la fuga de capitales".
En este sentido, consideran que "es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida" para evitar que eso suceda. "El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo", explican en el texto dirigido a Lagarde.
La carta fue subida a la página Change.org con el objetivo de sumar las firmas de todas las personas que se quieran adherir al reclamo contra el FMI. El petitorio asegura que "a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo" y resalta que el propio presidente Mauricio Macri "tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo" al organismo.
Sra. Christine Lagarde
Directora Gerente Fondo Monetario Internacional
Washington, D.C. 20431 EE.UU.
"Artículo 75: Corresponde al Congreso: Inciso 4: Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. Inciso 7: Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación", Constitución Nacional de la República Argentina.
Sra. Lagarde: El día 20 de junio del corriente año, el Directorio del FMI dio por aprobado el acuerdo stand by con la República Argentina. Pocos días antes, se había dado a conocer la Carta de Intención fechada el día 13 de junio y firmada el 07 de julio de 2018 por dos funcionarios del Poder Ejecutivo, uno de los cuales, presidente del BCRA, fue relevado de su función y el otro ascendido al cargo de Ministro Coordinador.
El propósito de esta comunicación es informarle que dicho acuerdo es rechazado por la mayoría de la sociedad argentina, la oposición política con representación parlamentaria mayoritaria y casi la totalidad de las organizaciones sociales y políticas del país. Es decir, a excepción del Gobierno, no hay quien apoye este acuerdo.
El propio Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri, tanto en su campaña electoral como en el ejercicio de su cargo, se comprometió explícitamente a no solicitar ningún préstamo ni a firmar un acuerdo con el FMI. Lo mismo hicieron todos los ministros del área económica.
Comprenderá Usted que, por tanto, se trata de una decisión no sólo inconsulta sino que además configura una clara violación de los compromisos asumidos por actual gobierno con una sociedad que lleva en su memoria el desastroso papel jugado por el FMI a lo largo de nuestra historia. Esta circunstancia pone claramente en cuestión la legitimidad del acuerdo. Debemos también poner en conocimiento del FMI que en vistas de esta situación, se le exigió públicamente al Gobierno desde múltiples sectores que el Acuerdo, los montos del empréstito, los términos y condiciones aceptadas fueran sometidas a la discusión y aprobación del Parlamento.
Es que según el artículo 75 de nuestra la Constitución Nacional "corresponde al Congreso contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación y arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación".
El Presidente, sin embargo, basándose en ciertas interpretaciones legales, desoyó este reclamo y se negó a someterlo a un Congreso Nacional que sin duda lo rechazaría. Tampoco accedió a aplicar otros mecanismos participativos como la consulta popular o referéndum frente a una decisión de vital trascendencia para el futuro de nuestro país. También queremos trasmitirle objeciones al uso que hará el gobierno de los créditos concedidos. La aplicación de los fondos en estos días contradice claramente no sólo la búsqueda del desarrollo humano integral en la Argentina sino los preceptos y objetivos del FMI.
Más allá del llamativo esfuerzo comunicacional por aclarar que el plan económico es una decisión del señor Macri y no una imposición del organismo que Usted preside, consideramos que de no tomar inmediatas medidas ello no excusará a usted y al Directorio de su corresponsabilidad en el desfalco que se realiza con fondos del empréstito en favor de grupos financiero-especulativos privilegiados y en las desastrosas consecuencias sociales que traerá este acuerdo, en particular para los sectores más empobrecidos. Basta para comprenderlo un ejemplo: diariamente se están rifando entre 100 y 150 millones de dólares del empréstito, mediante el cuestionable mecanismo de subastas, al que sólo acceden empresas financieras cartelizadas que compran dólares y luego provocan su suba para aumentar su rentabilidad.
Los antecedentes de esta conducta son notorios y no debieron pasar desapercibidos al Organismo. Desde que asumió el Presidente Macri, en 32 meses, la deuda pública aumentó en términos netos en más de USD 80.000 millones, a través de la colocación de emisiones equivalentes a más de USD 224.000 millones, de los cuales USD 140.400 millones fueron en moneda extranjera con privados. El peso de la deuda sobre el PIB de Argentina pasó del 41% en 2015 a representar el 69,8%, según reconoció el Secretario de Finanzas ante el Congreso de la Nación el pasado 2 de julio. Es decir, pusieron al país en una situación de alto riesgo, según sostiene el propio FMI al evaluar los márgenes prudentes para esta relación.
De este modo, bajo la presidencia de Mauricio Macri, la República Argentina ha sido el país de mayor emisión de deuda en el mundo en el año. Y éste, el gobierno que más títulos emitió en nuestra historia. Estos volúmenes elevadísimos de deuda no fueron empleados ni para el desarrollo nacional ni para la inclusión social.
Se destinaron a la fuga de capitales, de modo que tampoco engrosaron las reservas ni proveyeron mayor estabilidad financiera. En efecto, pese a este proceso de acelerado y cuantioso sobre-endeudamiento, las reservas internacionales, que se encontraban en USD 25.092 millones el día de la asunción, 10/12/2015, sólo ascendían a USD 48.102 millones el 19 de junio de 2018. Es decir que se incrementaron en sólo USD 23.000 millones.
Para conocer el despilfarro que se ha hecho de la deuda contraída basta con repasar el balance cambiario del BCRA que muestra que en este período se erogaron USD 25.236 millones en concepto de intereses, justamente como resultado de este fuerte sobre-endeudamiento. Pero, llamativamente, la exorbitante cifra de USD 47.724 millones terminó financiando la Formación de Activos Externos, generalmente asociada a la denominada "fuga de capitales".
Es una verdadera irresponsabilidad que se contradice con los objetivos del FMI otorgar en esta oportunidad un crédito récord sin tomar ninguna medida para evitar que, con los nuevos recursos, la política económica del gobierno arroje los mismos resultados. Seguramente sabe Usted que el actual gobierno colocó a la tasa de interés en el mercado interno en niveles elevadísimos. Los más altos del mundo.
El propósito declarado por el gobierno era reducir la inflación. Aquel objetivo nunca se logró ya que la inflación alcanzó según la oficina de estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires el 41% el primer año, el 26,1% el segundo y acumula ya 15% en los primeros seis meses de 2018, totalizando más de 107,5% desde la asunción de Macri. Un nivel también récord. Sin embargo, lo que sí produjo esa elevada remuneración es una inmensa acumulación de pasivos por parte del BCRA, cuyo volumen llegó a 1,2 billones de pesos, una suma mayor que la base monetaria completa y el total de las reservas internacionales. Una verdadera bomba de tiempo financiera.
También corresponde que el Directorio conozca los números que exhiben el carácter fraudulento que tuvo la administración de la corrida cambiaria que resultara en el intempestivo pedido del empréstito en cuestión. Entre el 19 de abril al 21 de junio de 2018 tuvieron lugar a la vez tres fenómenos que nunca deberían haber ocurrido simultáneamente. La tasa de interés en pesos pasó de 26.3% a 47% anual, el tipo de cambio creció de 20,16 a $/dólar 27,55 y, por su parte, las reservas se redujeron desde USD 62.456 millones a USD 48.478 millones.
En este marco, se realizaron innumerables operaciones que favorecieron intereses especulativos de inversores locales, extranjeros y a los propios funcionarios permitiéndoles la dolarización de sus carteras a tasas de cambio que resultaron ser 35% menores que las que hoy imperan. Entre las más resonantes, podemos citar el caso de JP Morgan, o el del fondo de inversión Templeton. Por otra parte, el déficit fiscal al que se apela para justificar la colocación de deuda es en gran medida producto de una serie de decisiones gubernamentales destinadas a aumentar la rentabilidad de sectores económicos concentrados, cuyos privilegios viene a financiar este nuevo empréstito. El caso emblemático son los beneficios impositivos otorgados al complejo de los grandes agroexportadores y corporaciones mineras.
La quita generalizada de retenciones ya produjo pérdidas al Estado valuadas en USD 5.500 millones, que quedaron en muy pocas manos. En el mismo sentido, la eliminación de las obligaciones vinculadas a la liquidación local de las exportaciones en plazos razonables tuvo como consecuencia una conducta especulativa que agravó esta injusticia distributiva en perjuicio del país: las divisas se retuvieron en el exterior para forzar un tipo de cambio más favorable a sus intereses, al racionar la oferta de dólares en la plaza local.
La misma lógica puede aplicarse al resto de las actividades extractivas y los privilegios impositivos que beneficiaron a los sectores más acomodados como la reducción de impuestos a los bienes personales.
Lejos de corregir estas injusticias que distorsionan las cuentas públicas, las medidas establecidas en el Memorándum y el Acuerdo las agravan. Queremos, además, alertar al Directorio sobre la explosiva situación social que vive la Argentina y que seguramente se agravará a medida que se apliquen las medidas pactadas.
Buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno con dinámica de círculo vicioso. Las tan publicitadas "salvaguardas" que establece el Acuerdo aplicables "en caso de que las condiciones sociales empeoren" parecen una burla a quienes hoy ya ven peligrar sus haberes jubilatorios, salarios, empleos o directamente sufren hambre.
Si se distribuyera la suma establecida como "salvaguarda" entre los 13 millones de pobres durante los 6 meses que restan a 2018, son USD 6 mensuales que alcanzan para consumir menos de dos kilos de pan per cápita al mes, en un contexto de suba generalizada de precios que afecta particularmente los alimentos, el trasporte público y los servicios esenciales. Es evidente que nada de ello permitirá atenuar una catástrofe anunciada.
Es por eso que los abajo firmantes no tenemos otro camino que repudiar este Acuerdo ya firmado y considerar a la nueva deuda contraída bajo sus condiciones como "odiosa o execrable". Bregaremos, además, para que los compromisos suscriptos en el Acuerdo sean sujetos a revisión tanto de la Justicia como del Parlamento. Le solicitamos que en su carácter de Directora Gerente transmita al Directorio que este acuerdo entre el Organismo y el Poder Ejecutivo no cuenta con legitimidad jurídica, política ni social; que los fondos comprometidos se utilizarán de manera claramente fraudulenta en perjuicio del país; que el programa económico impuesto producirá una catástrofe social; y que, por lo expuesto, ante un cambio de gobierno, será puesto en crisis".
Fuente:DiarioUnoER
Conocé quiénes son los “candidatos aportantes” de Varela, Ameghino, Arenales, Villegas, Mar del Plata, Malvinas Argentinas, La Matanza, La Plata, Laprida, Lobería, Patagones, Pinamar, Saladillo y Tres Arroyos
El escándalo de los “aportes truchos” en Cambiemos pegó de lleno en la provincia que encabeza María Eugenia Vidal. Una investigación exclusiva de Diagonales comprobó que en 81 municipios bonaerenses aparecen como “aportantes privados” las listas completas de candidatos municipales del PRO en 2015. Las supuestas donaciones van desde los $ 13.000 hasta los 50.000 pesos.
El mapa de responsabilidades a nivel provincial apunta de lleno a tres personas: la tesorera del PRO y contadora general de la Provincia, María Fernanda Inza, el jefe de Gabinete y jefe de campaña (2015 y 2017) de Cambiemos, Federico Salvai; y la a la Gobernadora, que también es presidenta del PRO.
A continuación, el detalle de cada uno de los aportes de campaña en: Florencio Varela, Florentino Ameghino, General Arenales, General Villegas, Mar del Plata, Malvinas Argentinas, La Matanza, La Plata, Laprida, Lobería, Patagones, Pinamar, Saladillo y Tres Arroyos.
Fuente:Diagonales
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